modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo...

l presente artículo aborda la te-mática del extractivismo, a travésdel caso de la megaminería a

cielo abierto, que hoy se expande en va-rios países latinoamericanos. Para ilus-trar esta problemática tan compleja y dearistas multidimensionales, nos centrare-mos en el caso de la Argentina, un paísque -a diferencia de México, Perú, Boli-via y Chile-, no cuenta con una tradiciónminera a gran escala, y dentro del cual,ha surgido una importante red de movi-mientos socio-ambientales, de carácterasambleario, que cuestiona fuertementeel modelo de desarrollo que promueveeste tipo de minería. En primer lugar, através de la reconstrucción de un esce-

nario particular, buscaremos dar cuentadel estado de los conflictos en la Argen-tina. En segundo lugar, haremos un ex-cursus sobre las características generalesdel modelo minero, buscando estableceruna mirada comparativa entre los diver-sos países de la región. En tercer lugar,daremos cuenta de los movimientos deresistencia surgidos en Argentina, queilustran lo que denominamos el giro eco-territorial de las luchas, a través de laconvergencia de un lenguaje ambienta-lista y una matriz comunitaria. En fin, ce-rraremos con una reflexión acerca del rolde los imaginarios y los modelos de de-sarrollo.

Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la ArgentinaMaristella Svampa1y Marian Sola Alvarez2

Argentina es un país que ingresó tardíamente a la producción minera. Esta circunstancia ha sig-nificado la factibilidad de un modelo desarrollista de tipo extractivista. La implantación de laminería a cielo abierto se encuentra cuestionada por la movilización social que propone desdeun enfoque de derechos humanos la defensa de las localidades afectadas por la explotaciónminera. Se trata de una trama compleja en la que están involucrados el Estado, las empresasmineras transnacionales y los gobiernos locales. Las resistencias sociales a la minería han mos-trado una clara posibilidad de veto desde una red de movimientos socio-ambientales.

E

1 Investigadora Independiente del Conicet (Argentina) y Profesora de la Universidad Nacional de La Plata.2 Becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) e Investigadora Do-

cente de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento.

Andalgalá o la vuelta a los orígenes

Andalgalá es una pequeña localidadcordillerana de 40.000 habitantes que seencuentra en Catamarca, en la región delnoroeste, una de las provincias más po-bres y desiguales de la Argentina. Haciafines de 2009, un documento elaboradopor la Dirección Provincial de Minería, apedido del Concejo Deliberante de An-dalgalá confirmaba lo que hasta enton-ces era solo un rumor: el gobiernoprovincial había adjudicado, entre otrostantos permisos de cateo minero, unoque abarcaba a la ciudad misma. Esdecir, se había autorizado - a través delotorgamiento de la concesión a la em-presa Billington Argentina BV - a ejercerlos derechos de prospección, explora-ción y futura explotación del subsuelo dela ciudad.

Todavía atónitos, los andalgalensesleyeron en el informe oficial que indi-caba que “el área de la mina cubre prác-ticamente la ciudad de Andalgalá /…/ yque en el caso de llegar a una explota-ción se deberá contemplar la indemni-zación correspondiente y el mayorinterés público por parte del Estado, parala prioridad de Desarrollo”. Fue enton-ces cuando los vecinos, reunidos enasamblea, decidieron impedir el paso devehículos que transportan materialespara Minera “Agua Rica”3, un megapro-yecto que se encuentra en un importanteestado de avance, operado por Yamana

Gold, una transnacional de origen cana-diense, y localizado a sólo 25 km de laciudad. La acción directa, esto es, elcorte selectivo del camino comunal amaquinarias, camionetas y camionescon insumos, fue así una de las medidasemprendidas no sólo para resistir la po-sibilidad de ser desplazados en un futuropróximo; tampoco solamente para im-pedir la puesta en marcha de la nuevaexplotación, sino para manifestar el re-chazo hacia una actividad con la cual laciudad convive desde hace más de 13años.

Ciertamente, Andalgalá no es unpunto más en la actual cartografía mi-nera de la Argentina, país que asiste hoya la expansión vertiginosa e inconsultade las fronteras de la minería, que abarcadirectamente doce provincias y de ma-nera indirecta, quince, sobre las veinti-cuatro existentes. Andalgalá constituyeun caso testigo, dado que ésta se en-cuentra a solo 70 km de Bajo Alumbrera,la primera explotación minera de estascaracterísticas en la Argentina y una delas mayores de América Latina. MineraLa Alumbrera, yacimiento que extrae oroy cobre a cielo abierto, arrancó en 1997en medio de grandes promesas de em-pleo y desarrollo, todas ellas incumpli-das, y arrastra desde entonces unafrondosa historia de violación de dere-chos humanos, que incluyen desde de-nuncias de enterramientos clandestinosde derrames producidos por el minera-

106 MARISTELLA SVAMPA Y MARIAN SOLA ALVAREZ / Modelo minero, resistencias sociales y estilosde desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina

3 Se trata de un proyecto en construcción orientado a la obtención de cobre, molibdeno y oro, cuyo ini-cio de explotación estaba previsto para el año 2012. Las formas de extracción del mineral, procesa-miento y traslado serían similares a las adoptadas por Minera Bajo La Alumbrera, a la cual triplicaría envolumen. Su puesta en marcha conllevaría un importante aumento en el impacto ambiental tanto a nivellocal como regional involucrando la cuenca del río Salí-Dulce y territorios de las provincias de Tucumán,Santiago del Estero y Córdoba.

loducto (que atraviesa tres provincias ar-gentinas), denuncias por deforestación ydestrucción de patrimonio arqueológico(a través del tendido de un electroducto),y múltiples denuncias por contamina-ción, una de las cuales hizo que éstafuera procesada el 2007 por la justiciafederal por el delito “de contaminacióngrave”.

Un nuevo capítulo en el conflictominero se abría así en Argentina, nadamenos que en la provincia pionera. Enlas calles de Andalgalá, una marcha porel ‘Sí a la minería’, se contrapuso concuatro Caminatas “Por el sí a la vida”, enlas que participaron miles de personas yen las que se recolectaron firmas por lanulidad de la aprobación del proyectoAgua Rica. En los tribunales, la presen-tación de un amparo ambiental solici-tando la suspensión definitiva de laexplotación de Agua Rica por parte de laAsamblea local, corría en paralelo a lasgestiones de funcionarios del poder localpara obtener la autorización del uso dela fuerza policial para “despejar” el ca-mino a la minera.

El 15 de febrero de 2010, fuerzas po-liciales locales, grupos de elite provin-ciales y efectivos de infantería, conperros y equipos especiales para repri-mir, intentaron disolver el corte. Doce-nas de asambleístas fueron detenidos yheridos. Detrás de la policía aparecieronunas máquinas para la explotación mi-nera. Frente a la represión, la respuestade los pobladores tampoco se hizo es-perar, y en medio de los desórdenes ge-nerados por la fuerza de seguridad, los

vecinos indignados atacaron los localesde la minera y sus proveedores, y fueronincendiadas las oficinas de la municipa-lidad.

Pero esto no sería todo, pues esta vezel conflicto alcanzaría una repercusiónmediática de alcance nacional. Impor-tantes marchas se realizaron en la ciudadde Andalgalá y en varios puntos del país.Los informes especiales, titulados “An-dalgalá: un pueblo que dijo Basta”, pre-sentados en el noticiero televisivo delGrupo Clarín, en el horario central, rom-pieron con la invisibilización que carac-terizaba al tratamiento del tema por partede los medios masivos de comunicación.El conflicto entre el Grupo Clarín y elEjecutivo Nacional, abrió así una brecha– en la estructura de oportunidades polí-ticas - para su tratamiento. El multime-dios, valiéndose del trabajo de equiposde producción, encontró en la minería acielo abierto una política sostenida ypromovida desde el gobierno nacionalque, en la medida en que se conoce,provoca indignación en gran parte de laopinión pública.4

Días más tarde, la fiscal que habíaordenado la represión en Andalgalá, de-claró públicamente que “de haber sa-bido las consecuencias de la ordenemitida no la hubiera dado”. Un juez re-solvió suspender provisoriamente la ac-tividad minera Agua Rica, ‘paracontribuir a la paz social’, y otro diolugar al amparo ambiental. Mientras lasasambleas socio-ambientales formabanuna Coordinadora Territorial y continua-ban con el bloqueo, el 11 de marzo, el

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 107

4 Coincidentemente, el periódico Página 12 publicó el 22/02/10 como nota de tapa, el trabajo periodís-tico “Los desplazados por la soja y la minería”, de Darío Aranda, un especialista en el tema.

Concejo Deliberante decidió llamar a unreferéndum vinculante, para que la po-blación de Andalgalá se exprese por el“si” o por el “no” al proyecto de AguaRica el próximo 25 de mayo. Un puntode inflexión, sin duda, en la breve peroagitada historia de las resistencias que sedesarrollan a este tipo de minería en Ar-gentina.

Sin embargo, escenarios como el deAndalgalá, con sus matices y particulari-dades, se presentan en otros países desdemediados de los `90, sobre todo en lalarga franja que ocupa la cordillera delos Andes, desde Guatemala y Ecuador,pasando por Perú, hasta Chile y Argen-tina, y dan cuenta de la importanciacada vez mayor de los conflictos socio-ambientales, ligados a las industrias ex-tractivas.

Es sabido que el paradigma extracti-vista cuenta con una larga y oscura his-toria en América Latina, marcada por laconstitución de enclaves coloniales, al-tamente destructivos de las economíaslocales y directamente relacionado conla esclavización y empobrecimiento delas poblaciones. Ahora bien, pese a quela explotación y exportación de bienesnaturales no son actividades nuevas ennuestra región, resulta claro que en losúltimos años del siglo XX, y en un con-texto de cambio del modelo de acumu-lación, se ha venido intensificando laexpansión de proyectos tendientes alcontrol, extracción y exportación de bie-nes naturales a gran escala.

En términos de relaciones económi-cas, la globalización planteó una nuevadivisión internacional del trabajo queacentuó aún más las asimetrías entre lospaíses centrales y periféricos. Así, se tratade una tendencia de los países del norte

a desplazar fuera de sus fronteras las pri-meras fases la actividad extractiva queabarca incluso las primeras etapas de losprocesos, privilegiando el medio am-biente local pero a costa de un mayordeterioro del medio ambiente global, yparticularmente de los países del surcuyos territorios son utilizados comofuente de recursos y sumidero de resi-duos (Naredo, 56).

En consecuencia, la actual etapa ex-presa una demanda cada vez mayor delos países desarrollados hacia los paísesdependientes, en términos de materiasprimas o de bienes de consumo, lo cualaparece reflejado en la consolidación deuna matriz productiva, de corte extracti-vista, basada en la sobre-explotación derecursos naturales y en la expansión delas fronteras hacia territorios antes consi-derados como “improductivos”: la me-gaminería a cielo abierto, la privatizaciónde tierras, la construcción de grandes re-presas, el boom de los agro-negocios ba-sados en los transgénicos y la siembradirecta, los proyectos de infraestructuraprevistos por el IIRSA y los llamados bio-combustibles, ilustran a cabalidad estanueva división territorial y global del tra-bajo entre el Norte y el Sur en el contextodel capitalismo actual, que repercute enuna “desigual distribución de los con-flictos ecológicos” (Martínez Alier: 2004)y territoriales. Este vertiginoso proceso dereconfiguración de los territorios abarcaasí desde México hasta el extremo sur delcontinente, en Argentina y Chile, y per-judica sobre todo a aquellas regionesmás apartadas de los grandes centros ur-banos, pequeñas y medianas localidades,o vastos territorios semiaislados, como esel caso de la región amazónica, en mu-chos casos, habitados por poblaciones


originarias. No es casual que una de lasconsecuencias de esta inflexión hayasido la potenciación de las luchas ances-trales por la tierra, de la mano de los mo-vimientos indígenas y campesinos, asícomo el surgimiento de nuevas formasde movilización y participación ciuda-dana, centradas en la defensa de los re-cursos naturales (definidos como “bienescomunes”), la biodiversidad y el medioambiente.

Lejos de cualquier linealidad, este es-cenario va instalando a los diferentes go-biernos latinoamericanos, y muyparticularmente a aquellos que se consi-deran de centro izquierda y de izquierda,frente a nuevas tensiones y conflictos, porno decir verdaderos dilemas y contradic-ciones visibles en la colisión incipienteentre, por un lado, las luchas por la de-fensa de la tierra y el territorio, en nom-bre de los “bienes comunes”; por otrolado, el afianzamiento de matrices pro-ductivas, orientadas al mercado externo,en nombre de un discurso neodesarro-llista, con base extractivista. Uno de loscasos paradigmáticos, es la megamineríaa cielo abierto. Veamos entonces cuálesson las características de este modelo.

Un modelo altamente excluyente: lamegaminería a cielo abierto

Hasta hace poco tiempo, en AméricaLatina había sólo cuatro países con unatradición minera importante: Chile, Perú,Bolivia y México. Sin embargo, la reforma

de los `90 incluyó a países que no eran“tradicionalmente” mineros, como Ar-gentina, Ecuador, Venezuela, Honduras yGuatemala (De Echave, 2007 y 2009). Enefecto, sea porque la estrechez de las do-taciones mineras disponibles en los paí-ses industrializados se iría articulandocon políticas que desalientan la minería;sea por razones de dominio geopolítico,lo cierto es que la actividad minera enpaí ses periféricos tomó proporciones des-conocidas en territorios tradicionalmentevinculados a la extracción y se orienta ala búsqueda de nuevas reservas para suexplotación en sitios que no guardan tra-dición minera.5 Así, entre los diez paísesque recibieron inversión minera entre1990 y 2001, cuatro de ellos son de Amé-rica Latina: Chile (en el primer puesto),Perú (sexto), Argentina (noveno) y México(décimo). Esta expansión se concentró enSudamérica pero cada vez hay más indi-cios de que en años venideros Centroa-mérica también verá un marcadoincremento de inversión minera, procesoque ya comenzó en Guatemala y Hon-duras, teniendo en cuenta el crecimientode la demanda de países como China eIndia (Bebbington, 2007: 23/24).

En consonancia con ello, durante los´90, la mayor parte de los países latino-americanos involucrados, llevó a cabouna profunda reforma del marco regula-torio, para conceder amplios beneficiosa las grandes empresas transnacionales.Dicha reforma fue respaldada por dife-rentes organismos internacionales


5 En países como Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra - entre otros – la actividad minera se ha ido reti-rando de manera acelerada en los años 70 y 80 y hoy en día solo quedan algunos pequeños rezagos.(De Echave, 2007). La exigente normativa de la Comunidad Europea, que conlleva a que los proyectossean rechazados por implicar un alto costo ambiental, es presentada en América Latina como una suertede oportunidad “histórica” para los territorios.

(Banco Mundial, BID, entre otros), a finde facilitar, promover y garantizar elauge regional de la nueva minería.

Debido a las posibilidades de explo-tación que ofrecen las nuevas tecnolo-gías, en la actualidad la Argentina pasó aocupar el sexto puesto en el mundo encuanto a su potencial minero, y los in-formes consignan que el 75% de lasáreas atractivas para la minería todavíano han sido sometidas a prospección. Asíes que en los últimos años, la actividadminera se desarrolló de un modo vertigi-noso: el volumen de metros perforados,los cuales son todo un indicador de lastareas vinculadas a la exploración parafuturos proyectos, superaron en el año2008 en más del 300% los alcanzadosen el 2003, según datos de la Secretaríade Minería de la Nación. También segúninformes del mismo organismo, entre2003 y 2008, el monto de las inversio-nes anuales en el país fue multiplicadopor más de diez, pasando de 220 millo-nes de dólares a 2230 millones de dóla-res. El crecimiento acumulado deproyectos fue más increíble todavía: au-mentó un 907% en esos cinco años, parallegar en 2008 a superar los 400 proyec-tos – en diferentes grados de avance y sinque ello implique la utilización de la me-todología a cielo abierto en todos loscasos-. En cuanto al valor de la produc-ción total, fue de 5047 millones de dó-lares en 2008 y las exportacionesalcanzaron los 3750 millones de dólares,o sea catorce veces más que en 1995.(Fuente: Minería en números, Secretaríade Minería 2009).

Resulta importante aclarar cincocuestiones respecto al tema: en primerlugar, a qué tipo de minería hacemos re-ferencia cuando hablamos de nueva mi-

nería o megaminería a cielo abierto. Aúnsi las consecuencias económicas puedenser homologadas, lejos estamos de aque-lla minería de socavón, propia de épo-cas anteriores, cuando los metalesafluían en grandes vetas, desde el fondode las galerías subterráneas. Pocos paí-ses, entre ellos, Bolivia, conservan unaminería tradicional, a pequeña escala,fundamentalmente basada en el estaño.Un elemento central que explica el pa-saje de la minería tradicional a la mo-derna, está dado por el progresivoagotamiento -a nivel mundial- de los me-tales en vetas de alta ley. Esto implicaque, al disminuir la concentración delmineral contenido en las rocas, deja deser rentable la explotación mediante so-cavones. La explotación minera a cieloabierto con técnicas de lixiviación esprecisamente la tecnología que permiteactualmente extraer los minerales dise-minados en la roca portadora. Mediantela utilización de dinamita, se producenvoladuras de montañas que permiten re-mover grandes volúmenes de roca. Asíse forman escalones que dan lugar al“tajo abierto” u “open pit”. Esto ocasionaque se movilicen tonelajes de roca cre-cientemente superiores a los directa-mente utilizados, acentuando con ello eldeterioro ocasionado en el medio, al quese suma el provocado por los residuos.

A estos importantes niveles de afec-tación al ambiente, es preciso sumarle eluso desmesurado de recursos, funda-mentalmente de agua y energía, ambosimprescindibles para la implementaciónde este tipo de explotaciones. El agua,principal insumo en el proceso extrac-tivo, es obtenida de ríos, glaciares y acuí-feros cercanos a los proyectos a razón devarios cientos o miles de litros por se-


gundo. En razón de ello, las explotacio-nes se sitúan en el origen de las cuencashídricas y en las proximidades de las re-servas de agua fósil. El agua y la energíason aportadas a bajo costo o directa-mente sin ser cuantificadas en términoseconómicos; su inclusión en la contabi-lidad del proyecto pondría en duda larentabilidad del método.

En segundo lugar, estamos hablandode “megaminería” metalífera; esto es, deminería a gran escala orientada a la ex-tracción de oro, plata, cobre y otros mi-nerales estratégicos. De este modo, lautilización de recursos es mayor y, porende, también los impactos económicosy socio-ambientales. Así, un tema quesuelen minimizar los informes de im-pacto ambiental de las compañías mine-ras es que este tipo de minería entra encompetencia con otras actividades eco-nómicas regionales (agricultura, ganade-ría), por los mismos recursos (tierra yrecursos hídricos). Por ejemplo, para elcaso del agua, la ya citada Minera Alum-brera, situada en el noroeste argentino,una de las mineras más grandes de Amé-rica Latina, utiliza 1200 litros por se-gundo (alrededor de 100 millones delitros por día) en una zona desértica, ex-traídos de una reserva natural de aguafósil (Machado Aráoz, 2009: 209). Asi-mismo, según datos recientes, dicho ya-cimiento estaría consumiendo el

equivalente al 25% de la energía de todala región del noroeste, que incluye nadamenos que cuatro provincias argentinas.

En tercer lugar, si las implicacionessocio-ambientales son ciertamente gra-vosas y nos colocan ya en el centro deun paradigma extractivista, sumamentecuestionado desde diferentes vertientesdel pensamiento (ecología política, indi-genismo, economía social), a esto hayque añadir que también estamos lejos deasistir a la expansión de un modelo “na-cional” de desarrollo. Para el caso em-blemático de Argentina y Perú, gracias ala continuidad del marco normativo san-cionado en los ´90, la expansión y con-trol de la nueva megaminería a cieloabierto es potestad exclusiva de las gran-des empresas transnacionales. Aún en unpaís como Chile, la minería ha sufrido unproceso de desnacionalización, a partirde la ley 19137, y es bajo el gobierno dela concertación que se efectuó el tras-paso de los yacimientos de Codelco, queaún no estaban en explotación (Que-vedo y otros: 2002).

Para el caso de Argentina, fue du-rante las dos presidencias de CarlosMenem (1989-1999), que se aprobaronuna batería de leyes nacionales que es-tablecieron la autoexclusión del Estadopara llevar a cabo la actividad minera yen el otorgamiento de beneficios y exen-ciones al capital transnacional.6 La re-


6 Algunas de las medidas adoptadas son las siguientes: estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años desdela presentación del proyecto, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100%de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago delcanon por tres años; exención de aranceles y tasas aduaneras, exención del impuesto a la ganancia mí-nima presunta y de contribuciones sobre la propiedad minera, exención a las empresas del pago de re-tenciones por exportaciones. A esta sumatoria de exenciones, se les adicionó la no obligación de liquidardivisas en el país. En cuanto al pago de regalías, se estableció un porcentaje máximo del 3% al valor bocamina declarado por la empresa (y del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su ex-tracción hasta el traslado para la exportación).

forma constitucional de 1994 fue evi-dentemente un parteaguas, pues implicóun cambio profundo en relación con laexplotación de los recursos naturales;por un lado, consagró la provincializa-ción de los recursos naturales7 (gas, pe-tróleo, minería), que dejó de dependerdel Estado central; por otro lado, marcóla renuncia del Estado (nacional y pro-vincial) a la explotación de los mismos,lo cual dio paso a una obligada privati-zación.

Este modelo de transnacionalizaciónencontró continuidad en la política deNéstor Kirchner y Cristina Fernández deKirchner. Mientras que el primero de-claró en 2004 el plan minero nacionalun “objetivo estratégico” y avanzó in-cluso en la exención total de IVA para laminería y otros puntos estratégicos parael desarrollo del sector, la segunda aplicóel veto presidencial (fines de 2008) a laley de protección de los glaciares (ley24.618), votada por una amplia mayoríadel Congreso Nacional, lo cual consti-tuyó un claro gesto de apoyo a los inte-reses de la minería transnacional, en estecaso en favor de la compañía BarrickGold, quien a través del proyecto bina-cional Pascua-Lama, compartido conChile, se encamina a desarrollar una ex-plotación de oro y plata que afectaría alos glaciares de altura en la región cor-dillerana.8

En cuarto lugar, la minería a gran es-cala suele combinar multiescalaridad ytipología del enclave, muy presente enla historia de América Latina, e inextri-cablemente ligadas al paradigma extrac-tivo.9 En este contexto, las asimetríaspropias de la dinámica entre lo local(movimientos campesinos, organizacio-nes indígenas y asambleas de autocon-vocados) y lo global (empresasmultinacionales) se exacerban: las gran-des empresas tienden a concentrar unnúmero importante de actividades, com-pitiendo y subalternizando la economíadel lugar hasta conformar enclaves deexportación. El peso económico de estasempresas es tal que no resulta extrañoque los intereses de las corporacionesatraviesen y hasta sustituyan al Estado,menospreciando y/o violentando proce-sos de decisión ciudadana. Por otro lado,la relación entre tipología de enclave ydeterioro de los derechos civiles expresala tendencia a la territorialización de losconflictos, a partir de los cuales éstosquedan librados a la intervención de lajusticia y los entes municipales y/o pro-vinciales, cuyo grado de vulnerabilidades mayor que el de sus homólogos na-cionales. La implementación del modelotiende, por ende, a ser acompañada porpolíticas represivas y autoritarias que cri-minalizan la pobreza y la protesta social,algo que aparece con claridad en la ex-


7 El artículo 124 de la Constitución Nacional señala “Corresponde a las provincias el dominio originariode los recursos naturales existentes en su territorio”.

8 En junio de 2009, las presidentas Fernández de Kirchner y Bachelet mostraron su apoyo a la empresa alrecibir en las respectivas casas de gobierno a un alto ejecutivo de Barrick. Fuente: CONSENSUS Men-sual IAE Business School, Julio de 2009, disponible en http://www.iae.edu.ar/SiteCollectionDocu-ments/Investigacion/Consensus/pascualamabuscasulicenciasocialparaoperar.pdf

9 Por economías de enclave entendemos aquellas que transfieren recursos a favor de los actores extrate-rritoriales sin generar encadenamientos endógenos relevantes.

periencia peruana (Palacín Quispe,2008, De Echave et all, 2009b) y co-mienza a percibirse en Argentina, a tra-vés de una política de judicialización yrepresión de la protesta socio-ambiental.

Por último, cabe aclarar que pese alas grandilocuentes declaraciones de lasempresas, estamos lejos de una minería“socialmente responsable”. Ciertamente,la Responsabilidad Social Empresarial(RSA) forma parte de un dispositivo masamplio, que apunta a instalar y legitimarel nuevo modelo extractivista. Haciaafuera, las empresas se orientan a desa-rrollar vínculos estrechos con institucio-nes, universidades privadas y públicas, apartir de convenios y subsidios, altiempo que desarrollan una intensa pu-blicidad en los más diversos medios decomunicación, en el marco de un dis-curso que subraya la opción por una“minería responsable”. Hacia adentro,en relación a las comunidades en lascuáles se desarrolla la actividad extrac-tiva, sus efectos son aún mayores, en lamedida en que sus intervenciones foca-lizadas y el entramado que generan, in-troducen cambios sustantivos en el planode la ciudadanía.

Así, puede establecerse que en aque-llos contextos en los que se implanta ha-bitualmente la actividad minera (matrices

socio-políticas jerárquicas, pequeñas lo-calidades, vulnerabilidad económica;debilidad institucional), las grandes em-presas tienden a convertirse en un actorsocial total. En efecto, en primer lugar,éstas tienden a reconfigurar bruscamentelas economías locales preexistentes, reo-rientando la actividad económica de lacomunidad en función de la minería, ycreando nuevos enclaves de exporta-ción; en segundo lugar, producen un im-pacto negativo en términos ambientalesy sanitarios, que repercute sobre las con-diciones de vida de la población. En ter-cer y último lugar, a través de la llamadaRSA, las empresas tienden a ampliar suesfera de acción, convirtiéndose enagentes de socialización directa, me-diante una batería múltiple de accionessociales, educativas y comunitarias. EnArgentina, el caso de la minera La Alum-brera, en Catamarca-Tucumán, consti-tuye uno de los ejemplos másambiciosos,10 en los cuales las empresasasumen su condición de agente sociali-zador, apuntando así a un control gene-ral de la producción y reproducción dela vida de las poblaciones.

En este contexto, la mega-minería acielo abierto termina configurándosecomo una figura extrema, una suerte deexpresión descarnada de la dinámica de


10 Un informe especial de Foco (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos)sobre las empresas transnacionales en Argentina, firmado por R. Ortiz (2008), consigna “Las organiza-ciones sociales han constatado que las grandes mineras en Catamarca, Tucumán, San Juan y Chubutefectúan donaciones a escuelas y hospitales de esas provincias tratando de provocar la captación indi-recta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades. Esto ha sido corro-borado por el Defensor del Pueblo de la Nación, quien manifestó su preocupación porque estasdonaciones están acompañadas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado porlas empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aún más, res-tringir la participación y el ejercicio de la población en defensa de los derechos ambientales que consi-deren afectados” (cursivas nuestras).

desposesión, en la cual las más crudaslógicas del saqueo económico y la de-predación ambiental se combinan conescenarios regionales caracterizados poruna gran asimetría de poderes. En suma,en este escenario, las poblaciones cam-pesino-indígenas y los nuevos movi-mientos contra la megaminería a cieloabierto son conscientes de que han sidoarrojados a un campo de difícil disputa yde posiciones claramente asimétricas, enel cual los adversarios van consolidandocada vez más una densa trama articu-lada, con efectos multiplicadores y com-plejos, en pos de la legitimación delmodelo minero. Así, el correlato del dis-positivo hegemónico, va desde el avasa-llamiento de los derechos de laspoblaciones, entre ellos, de los derechosterritoriales de las poblaciones indígenas,reconocidos por los más diversos trata-dos internacionales incluidos en las di-ferentes Constituciones; la destrucciónde patrimonios arqueológicos, la instala-ción de explotaciones en zonas protegi-das, hasta las más diversas estrategias dedisciplinamiento, que incluyen desde laviolación de procesos ciudadanos, silen-ciando a la población, impidiendo u ob-turando la posibilidad de llevar a caboconsultas populares al interior de las co-munidades afectadas, o buscando dero-gar las leyes de prohibición yasancionadas.

Finalmente, cabe acotar que en losúltimos años, este tipo de minería hasido prohibida en Turquía (1997), Repú-blica Checa (2000), Nueva Gales del Sur,Australia (2000), Estado de Montana(1998) y los condados de Gunnison

(2001), Costilla (2002) y Summit (2004)del Estado de Colorado, EEUU, y Repú-blica de Alemania (2002). En AméricaLatina, la lucha iniciada en 1997 contrala instalación de una empresa minera, enCotacachi, Ecuador, fue seguida porTambo Grande, en Perú, donde en 2002,se llevó a cabo el primer plebiscito poreste tema en América Latina. En años re-cientes, se han realizado consultas en Ar-gentina (Esquel, 2003); dos consultasmás en Perú, Piura y Cajamarca (ambosen 2007); tres en Guatemala, Sipa-capa, (2005), Huehuetenango (2006); Ix-tahuacan (2007). Sin embargo, lo usuales que las empresas eviten consultar a laspoblaciones afectadas, buscando mini-mizar los daños y silenciar a las pobla-ciones, con la complicidad de lasautoridades regionales y nacionales.

Los Movimientos de Resistencia: lasasambleas socio-ambientales

Tal como hemos señalado, en Argen-tina fue en Catamarca, en el año 1997,donde se implementó el primer proyectode minería a gran escala. Sin embargo,sería en la localidad chubutense de Es-quel, en la región patagónica, donde lamegaminería encontró un primer granescollo, que ningún manual de “respon-sabilidad social empresarial” había pre-visto. Allí, el alerta de profesionales dediversas disciplinas y de antiguos am-bientalistas y la conformación de unaasamblea multisectorial, promovieronuna consulta popular, que en marzo de2003 arrojó un rotundo “no” y desem-bocó poco después en la primera ley


provincial de prohibición de este tipo deminería.11

El “efecto Esquel” tuvo un arrastremultiplicador, despertando a otras regio-nes donde ya se habían implantado o seproyectan emprendimientos mineros degran envergadura, constituyéndose en uncaso testigo para las comunidades que seiban enterando de su “destino minero”.Sin embargo, la exitosa experiencia, quesorprendió a las compañías mineras, pro-dujo el posterior reacomodamiento deorganismos nacionales, gobiernos pro-vinciales y de las propias empresas trans-nacionales, que multiplicaron susintervenciones en defensa de este tipo deminería y comenzaron a ensayar nuevasestrategias de “disuasión”.

En este contexto, al compás de la im-plementación de proyectos de explora-ción y explotación minera a cieloabierto, tuvo lugar el surgimiento y la ex-pansión de movimientos que se oponenal desarrollo de los mismos. Actual-mente, existen unas 70 organizacionesde autoconvocados, dispersas en la ex-tensa geografía argentina, que desde2006 están nucleadas en la Unión deAsambleas Ciudadanas (UAC). Los ini-cios de la articulación se remontan alaño 2003, cuando se conformó la red deComunidades Afectadas por la Minería–Red CAMA -. Sin embargo, fue hacia el

año 2006 cuando la temática ambientalasumió una mayor visibilidad a partir delconflicto por la localización de las pa-peleras sobre el Río Uruguay, y el surgi-miento de la Asamblea Ambientalista deGualeguaychú. A partir de allí, los vín-culos entre los colectivos socioambien-tales comenzarían a fortalecerse.

Tanto la UAC como las diferentesasambleas de base que la componenadoptan la acción directa como herra-mienta de lucha, acompañada de la ac-ción institucional, desde los bloqueos ocortes de rutas y caminos, hasta la pre-sentación de recursos de amparo y peti-ciones para la derogación de las leyesnacionales de minería y del código mi-nero, y la demanda de una legislaciónque prohíba la minería a cielo abierto,realizada con sustancias tóxicas. En oca-sión de cada encuentro, la UAC lleva acabo una serie de actividades en el es-pacio público, entre las cuales se en-cuentran charlas en las escuelas locales,proyección de videos en las plazas, en-trevistas y difusión en los medios de co-municación locales, marchas ocaravanas por el centro de la ciudad, ma-nifestaciones y escraches.12 Uno de susreclamos fundamentales es la activaciónde otros mecanismos y figuras institucio-nales, ligados a la democracia directa,entre ellos, la realización de consultas o


11 El conflicto con la empresa minera canadiense Meridian Gold tuvo lugar en un escenario nacional to-davía caracterizado por una gran efervescencia social. En este contexto y siguiendo los pasos de Tam-bogrande, en Perú, los vecinos autoconvocados de Esquel organizaron un plebiscito el 23 de marzo de2003, que arrojó un rotundo “no” a la mina (81%).

12 El escrache consiste en una manifestación pública que busca romper con el anonimato de los respon-sables de un hecho valorado como repudiable. Se trata de una acción directa introducida por una or-ganización de derechos humanos (Hijos de desaparecidos), orientada a señalar las viviendas de losrepresores de la última dictadura militar. En el caso de los conflictos aquí analizados, los escraches hanestado dirigidos a funcionarios vinculados a las áreas de minería y medio ambiente, y a diputados.

plebiscitos a nivel local y provincial, enlas comunidades afectadas.

En los sucesivos encuentros, la UACdio cuenta de un exponencial creci-miento que se cristalizó en la incorpora-ción de nuevas asambleas de vecinosautoconvocados, principalmente de lasregiones del noroeste argentino, a raíz dela movilización de localidades amena-zadas por proyectos mineros, así comode comunidades originarias, organiza-ciones campesinas, asambleas de cen-tros urbanos, en convergencia con laparticipación de numerosos colectivosculturales e investigadores de universi-dades públicas. Otra innovación del úl-timo año fue la organización decomisiones de trabajo en áreas priorita-rias – formación política, educación, le-gales y prensa y comunicación, lascuales operativizan acciones de acuerdoa su especificidad. Asimismo, se han pro-fundizado las discusiones sobre otrasproblemáticas socio-ambientales, estoes, la necesidad de discutir en términosde “modelo productivo” abarcando tantoa la minería a cielo abierto como las pa-peleras, el monocultivo y la construcciónde represas en el marco del IIRSA. Ciertoes que, en algunas asambleas se destacala presencia de reconocidos ambienta-listas, de larga trayectoria profesional ymilitante, pero en su gran mayoría losvecinos de las diferentes asambleas -desde amas de casa, comerciantes, pro-ductores y profesionales - han debido re-alizar un aprendizaje acelerado,incorporando el abc del ambientalismo yconstituyéndose poco a poco en verda-deros expertos en la temática minera.Así, contrariamente a lo que divulgan go-biernos y empresas transnacionales y

gracias a la elaboración de un saber ex-perto independiente realizado por profe-sionales, técnicos y miembros de lasasambleas, cada vez son más las comu-nidades informadas que toman concien-cia de lo que significa la instalación deun emprendimiento minero a cieloabierto, tanto en lo que se refiere a su im-pacto económico y ambiental, como alenorme consumo de agua y energía queéstos conllevan.

Otra de las características de la UACes el énfasis en la autonomía, que ha ad-quirido un mayor relieve frente a las su-cesivas tentativas de cooptación porparte de organizaciones o instancias es-tatales o pro-gubernamentales. Tambiénse ha problematizado las tentativas deacercamiento y/o apropiación de ciertospartidos de izquierda. Así, desde el iniciola UAC se ha manifestado como un es-pacio plural, horizontal, apartidario,pero cuyos actores centrales continúansiendo las asambleas y organizacionesde base afectadas, en la medida en queéstas son las protagonistas del conflicto ylas encargadas de llevar a cabo las ac-ciones en sus respectivas localidades.

En suma, la dinámica de la UAC, queha realizado ya once encuentros nacio-nales, da cuenta de una gran serie de vir-tudes y, al mismo tiempo, de ciertasdificultades. Ciertamente, se trata de unespacio novedoso y marcadamente alu-vional, en el cual se forjan nuevos reper-torios y se amplía el horizonte de acciónasí como la plataforma discursiva y re-presentativa. Por otro lado, no es menoscierto que la convergencia entre carácterdefensivo, diferentes temporalidades (res-pecto de las organizaciones de base), yformato asambleario de la UAC (con sus


demandas de autonomía, y su rechazo,a veces extremo, a la delegación), suelenconspirar contra la posibilidad de cons-truir una instancia de segundo grado, quepotencie los antagonismos existentes enfunción de una lógica de acumulaciónpolítica. Sin embargo, pese a las realesdificultades internas como a las asime-trías externas, la UAC se convirtió en unlugar de intercambio y nacionalizaciónde las experiencias y, por ende, de am-pliación de las demandas, entre las cua-les, se destaca una incipiente afinidadelectiva con la visión de los movimien-tos campesinos e indígenas, así como laconformación de una red de territorios aescala regional.

Ya hemos dado cuenta de la enver-gadura del modelo minero en Argentina.Aunque la lógica del modelo sea única,las tramas relacionales y los resultados(parciales) de las luchas no suelen ser losmismos en todas y cada una de las pro-vincias y/o regiones afectadas. En granparte, los escenarios de conflicto a loscuales se ven arrojados las poblacionesson de una gran asimetría, como se re-fleja dramáticamente en San Juan, LaRioja y Catamarca, provincias que cons-tituyen el núcleo duro del modelo mi-nero, caracterizadas por altos niveles dedesigualdad y pobreza estructural. Noobstante, entre 2003 y 2008, gracias a laarticulación de resistencias regionales,siete provincias sancionaron leyes prohi-biendo, en algunos aspectos, este tipo deminería: Chubut (2003), Río Negro(2005), La Rioja, Tucumán, Mendoza yLa Pampa (2007 - año electoral) y, porúltimo, (2008) Córdoba y San Luis.(Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009).

La conflictividad y la configuraciónde escenarios de lucha, debe ser leída en

clave provincial y regional, antes quedesde una perspectiva nacional. Unacuestión importante es que, pese a quela provincialización de los recursos na-turales trajo consigo una gran fragmen-tación, visible en la posibilidad de unmayor enclaustramiento en las dinámi-cas locales, la minería se topó con “es-labones fuertes” en aquellas provincias yregiones que cuentan con una economíamás diversificada y una matriz socialmás abierta. En otros términos, allí dondehabía una pequeña o mediana burguesíaarraigada al territorio y la producciónlocal era medianamente competitiva, laresistencia al gran capital internacionalextractivista resultó ser más efectiva queen aquellas otras regiones y/o provinciasmuy sumergidas, o ya colonizadas o de-vastadas social y ambientalmente. Laprovincialización abrió así a nuevasoportunidades políticas, y en esa brecha,las legislaturas de siete provincias (conavances y retrocesos, en un escenario to-davía abierto), presionadas por las asam-bleas socio-ambientales, ONGS yalgunos políticos locales, sancionaronleyes que prohíben la megaminería acielo abierto. Vinculado a lo anterior, laexistencia de espacios regionales, con si-milares características socio-demográfi-cas también devino como un factorrelevante en el proceso de articulaciónde las resistencias, contribuyendo a laampliación de oportunidades políticas.Por último, tanto “el efecto Esquel” (ensu dimensión positiva, como “modeloejemplar”), así como “el efecto La Alum-brera” (los efectos negativos están ahí,como contramodelo), jugaron un rol in-negable, lo que sumado a la articulaciónde los colectivos y la construcción de


redes territoriales le otorgó al movi-miento una importante potencialidad.

Sin embargo, los escenarios son muydinámicos y conflictivos; tal es así, queno sólo las empresas y los gobiernos pro-vinciales apuntan a las brechas abiertasque han dejado las diferentes leyesprohibitivas, a fin de llevar a cabo losemprendimientos (con propuestas de zo-nificación territorial, que incluyen “áreasde sacrificio”, o llevando a cabo meto-dologías de extracción sin cianuro), sinoque desde 2009 existen numerosas pre-siones para derogar las leyes “del no”13,a fin de ampliar los márgenes de la ex-plotación minera.

Entre el giro eco-territorial de lasluchas y el cuestionamiento del modelode desarrollo

Otra característica mayor es que lasactuales luchas socio-ambientales que sedesarrollan en Argentina forma parte delactual giro eco-territorial (Svampa,

2009b) que atraviesa la región y tiendena colocarse –aunque no de manera ex-clusiva- dentro de aquellas líneas queplantean una redefinición de las reglasde juego, a partir del cuestionamientodel modelo de desarrollo y las lógicas deacumulación. Por giro eco-territorial en-tendemos la potenciación de un “len-guaje de valoración”14 acerca de laterritorialidad, que expresa la conver-gencia entre visión ambientalista y reva-lorización de la matriz comunitaria-indígena. El resultado es un lenguaje quese opone radicalmente al discurso ecoe-ficientista y la visión desarrollista, propiade la narrativa dominante. Este lenguajede valoración divergente sobre la territo-rialidad pareciera ser más inmediatopara el caso de las organizaciones indí-genas y campesinas, debido tanto a la re-lación que éstas plantean entre tierra yterritorio, en términos de comunidad devida, como a la notoria reactivación dela matriz comunitaria indígena acaecidaen las últimas décadas. Sin embargo,


13 El derrotero de la legislación en torno a la actividad minera en la provincia de La Rioja, ilustra la fragi-lidad de estos instrumentos legales frente a la presión de las empresas trasnacionales y la estrecha alianzaque con ellos establecen los gobiernos locales. En dicha provincia, fue en el año 2006 cuando comen-zaron las movilizaciones de las comunidades de Chilecito y Famatina, a raíz de las tareas de explora-ción que en el sistema serrano de Famatina realizaba la empresa Barrick Gold. En un convulsionadoescenario político provincial, en marzo del 2007, el entonces gobernador Ángel Maza (activo promotorde la legislación minera de los 90), fue suspendido en sus funciones, y reemplazado por el vicegober-nador, Beder Herrera, quien se reapropió del discurso “antiminero”: en ese marco, se sancionó una leyde prohibición de la megaminería, una segunda ley que llamaba a consulta popular, y una tercera quepreveía la conformación de una comisión que investigara el traspaso de los derechos de explotación dela empresa pública provincial a manos privadas y, particularmente, el acuerdo firmado con la empresaBarrick. Sin embargo, en agosto de 2008, el Gobernador Beder Herrera, una vez que fue legitimado porlos votos, derogó las leyes y dio inicio a una serie de acciones (prohibición de charlas informativas sobrela minería en las escuelas de la provincia, medidas represivas en las actividades que las asambleas de-sarrollan en el espacio público, inicio de procesos de judicialización a miembros de las asambleas, entreotras) tendientes a promover el modelo minero y a acallar las voces disonantes. No obstante, a pesar dela derogación de la ley, y gracias al bloqueo al acceso a la empresa que mantienen las asambleas desdehace tres años, el proyecto de la Barrick Gold continúa paralizado.

14 Tomamos la expresión de J. Martínez Alier (2004).

como lo muestra el caso de la Argentina,el giro eco-territorial no se halla restrin-gido al ámbito rural, exclusivamente re-ferido a las resistencias campesinas eindígenas; también se expande al ámbitourbano, sobre todo en pequeñas y me-dianas localidades, ampliando el regis-tro étnico y de clases y, por ende, el tipode actores involucrados.

Tres serían los pilares que dan sus-tento a este lenguaje sobre el territorio,que coexisten dándole forma al movi-miento, generando tensiones y a la vezpotencialidades. Por un lado, la defensade los recursos naturales aparecen resig-nificados como “bienes comunes” quegarantizan y sostienen las formas de vidaen un territorio determinado. La luchapor el respeto a las formas de vida a nivellocal son las que dan lugar a moviliza-ciones en zonas urbanas y rurales dondesus habitantes perciben que estos bienesestán amenazados. Así, en algunos terri-torios, los nuevos colectivos están inte-grados por hombres y mujeres quenacieron y se criaron en esos pueblos yciudades donde la migración hacia laciudad capital u otros centros urbanos esun fenómeno frecuente. En ellos, la va-loración del territorio está ligada, entreotras cuestiones, a la historia familiar, co-munitaria e incluso ancestral (territorioheredado). En otros, involucra a quieneshabiendo hecho la opción de abandonarlos grandes centros urbanos del país, hanelegido los lugares hoy amenazados. Setrata de sectores medios, algunos de ellosprofesionales, motivados por la bús-queda de una mejor calidad de vida o dejóvenes que optaron por un estilo devida diferente en el cual la relación con“lo natural” y el ambiente juega un papel

central (territorio elegido). En otros casos,la concepción del territorio “heredado”y/o del territorio “elegido”, va conver-giendo con la concepción del territoriopropio de las comunidades indígenas ycampesinas (territorio originario). Cual-quiera sea el caso, lo que se pone enjuego aquí son los derechos territoriales,en oposición a los intereses de las em-presas y de las autoridades políticas in-volucradas. Así, no se trata exclusiva-mente de una disputa en torno a los “re-cursos naturales”, sino de una disputapor la construcción de un determinado“tipo de territorialidad” (Porto Gonçal-ves, 2001). La defensa del espacio pro-pio, en algunos casos, le otorga uncarácter localista, el cual, por momen-tos, entra en tensión y en otros, se com-plementa con encuadres que apuntan auna crítica al modelo de desarrollo adop-tado y a las consecuencias de la repro-ducción globalizada del capital. Quienesplantean el conflicto en estos términostienen, en general, una trayectoria de mi-litancia social, comunitaria o vinculada alos derechos humanos.

En contraste con el Perú, dondecomo señala Bebbington (2009) convi-ven conflictivamente varias tendenciasdel ambientalismo, que van desde la de-manda de resarcimiento económico alrechazo general del modelo, en Argen-tina el giro eco-territorial apunta a unadefensa en términos de tierra y territorioy adopta rápidamente el lenguaje de losderechos humanos. Asimismo, dichoambientalismo reflejado en las Asam-bleas de Autoconvocados contra la mi-nería, aparece vinculado el nuevo ethosmilitante, difundido por el campo con-testatario de las izquierdas, que afirma


como imperativo la desburocratizacióny democratización de las organizacionesy se alimenta, por ende, de una gran des-confianza respecto de las estructuras par-tidarias y sindicales, así como de todainstancia articulatoria superior. En estesentido, el giro eco-territorial que se per-cibe en Argentina en las luchas contra lamegaminería a cielo abierto, dejan cons-tancia de un alto nivel de rechazo y ra-dicalidad política.

Asimismo, para entender el actualgiro eco- territorial conviene distinguirentre diferentes visiones del ambienta-lismo, y el modo en cómo estos cuestio-nan o no el modelo de desarrollo. Así,Martínez Alier (2004) propone distinguirentre tres corrientes del ecologismo: elculto de la vida silvestre, el credo ecoe-ficientista y el ecologismo popular. Laprimera corriente se preocupa por la pre-servación de la naturaleza en estadopuro; es indiferente u opuesta al creci-miento económico, valora negativa-mente el crecimiento poblacional ybusca respaldo científico en la biologíade la conservación. De ahí que su ac-cionar se encamine a crear reservas yparques naturales en aquellos lugaresdonde existen especies amenazadas o si-tios caracterizados por la biodiversidad.Grandes internacionales conservacionis-tas, muchas veces poco respetuosas delas poblaciones nativas, se instalan eneste registro biocéntrico. La respuestaque esta perspectiva ofrece al desplieguede la minería a gran escala, consiste endesarrollar iniciativas, ya sea a través delas empresas o de fundaciones y ONGs,tendientes a demostrar la feliz conviven-cia entre la actividad minera y las accio-nes de protección a especies de flora y/o

fauna nativa. Esto se inserta en una es-trategia de vinculación con empresastransnacionales, que al menos en las úl-timas décadas, han desarrollado las or-ganizaciones conservacionistas conmayores recursos.

La segunda corriente postula el usoeficiente de los recursos naturales y elcontrol de la contaminación. Dado elénfasis puesto en “la capacidad de res-puesta tecnológica”, sus conceptos cla-ves son “modernización ecológica”,“desarrollo sustentable” y, de maneramás reciente, “industrias limpias”, entreotras, cuya apuesta es la mitigación deldaño y a la remediación de los pasivosambientales. De acuerdo a esta postura,los males producidos por la tecnologíase resolverían a partir de la aplicación denuevos desarrollos tecnológicos orienta-dos en pos de garantizar la sustentabili-dad. La “sustentabilidad de la minería”–y no “la minería sustentable”- pareceser la postura de estos sectores, preocu-pados por « la construcción de una ima-gen positiva de la actividad, ladesautorización de los conflictos y susactores, y la obtención de la aceptaciónsocial» (Antonelli: 2007, 4). Sin em-bargo, en relación a las cuestiones es-trictamente ambientales, los debates soneludidos apelando a visiones supuesta-mente democratizantes.

La tercera posición que MartínezAlier bautizó como “ecología popular”congrega a quienes definen sus objetivos“en términos de las necesidades ecoló-gicas para la vida”, “tratan de sacar losrecursos naturales de la esfera econó-mica, de la racionalidad mercantil”(Martínez Alier: 2009). Se trata de unacorriente que crece en importancia y co-


loca el acento en los conflictos ambien-tales que se ocasionan por la reproduc-ción de la vida en los territorios. Esta esla corriente que, con matices, entende-mos define al movimiento de asambleasde autoconvocados contra la minería.

Tal vez resulte apresurado interpretaresta posición a la luz de lo que algunosautores y los propios actores denominan“movimiento de justicia ambiental” ycuyo origen se sitúa en los años 80 encomunidades negras de Estados Unidos.Los puntos en común entre ambos sonempero significativas. Actores que enotros países, se nuclean en torno a estacorriente entienden que la noción de jus-ticia ambiental “implica el derecho a unambiente seguro, sano y productivo paratodos, donde el medio ambiente es con-siderado en su totalidad, incluyendo susdimensiones ecológicas, físicas, cons-truidas, sociales, políticas, estéticas y eco-nómicas. Se refiere así a las condicionesen que tal derecho puede ser librementeejercido, preservando, respetando y rea-lizando plenamente las identidades indi-viduales y de grupo, la dignidad y laautonomía de las comunidades” (Acse-lard: 16).

Un último elemento que confluye,también con dispares niveles de intensi-dad de acuerdo a los territorios, son en-foques espirituales sobre la naturaleza,los que le otorgan a la misma un sentidode sacralidad. Podría asemejarse al mo-

vimiento que Naess desde su fundacióndefinió como “ecologismo profundo” yque ha tenido mayor influencia en cier-tos países europeos y Estados Unidos.15Sin embargo, no fueron determinadas re-ligiones ni filosofías las que han tenidoun papel importante, sino que más bien“los participantes más influyentes son ar-tistas y escritores que no articulan superspicacia en términos de filosofía pro-fesional, expresándose más bien a travésdel arte y de la poesía (Naess: 1984) losque han nutrido con su aporte al ecolo-gismo popular.

En suma, pese a que en Argentina elgiro eco-territorial encuentra una pri-mera formulación en los incipientes mo-vimientos campesinos, principalmente através del Movimiento Campesino Indí-gena (MNCI), ligado internacionalmentea Vía Campesina, que desde hace añosviene combatiendo el modelo de agro-negocios, el dato novedoso lo constitu-yen las asambleas de autoconvocados encontra de la megaminería a cielo abierto,nucleadas en la UAC. Dichas asambleasvan desarrollando un lenguaje de valo-ración sobre la territorialidad, a partir dela reconstrucción de mediaciones, comoel vínculo estrecho entre paisaje, histo-ria larga de la región, defensa del medioambiente y oportunidades de vida, queenfatizan la “comunidad de vida y terri-torio”. Vale la pena agregar que, para elcaso argentino, este giro eco-territorial,


15 Desde esta posición se insiste en que el medio natural tiene igual derecho a vivir que las personas dadoque no es concebido meramente como un instrumento que sirve a otras finalidades (la satisfacción dederechos y deseos humanos; la regulación y reproducción del sistema ecológico global; etc.) sino un entecon derechos y valores inherentes. En este marco, ningún objeto natural es concebido únicamente comoun recurso. Naess (1984) sostiene que cuando se argumenta desde premisas ecológicamente profundas,la mayoría de las complicadas soluciones tecnológicas propuestas no necesitan ni siquiera ser discuti-das.

constituye una novedad, en la medida enque exhibe de manera progresiva unaafinidad electiva de parte de sectoresmedios y populares, con la cosmovisiónde los movimientos campesinos e indí-genas, históricamente invisibilizados yrelegados al margen de la sociedad.

Revisitando los diferentes imaginariosdel desarrollo

En los últimos años, el cambio deépoca registrado en América Latina havenido configurando un escenario tran-sicional en el cual dos de las notas ma-yores son, por un lado, la actualizaciónde la matriz nacional-popular, por otro,la expansión de un modelo “desarro-llista”, con base extractivista (Gudynas,2009; Svampa, 2009a). Ciertamente, laexpansión vertiginosa del modelo ex-tractivo-exportador y los grandes pro-yectos de infraestructura de la cartera delIIRSA, parecen haber traído consigo unacierta “ilusión desarrollista”, habidacuenta que, a diferencia de los años ́ 90,las economías latinoamericanas se vie-ron enormemente favorecidas por losaltos precios internacionales de los pro-ductos primarios (commodities), refle-jado durante los últimos años en lasbalanzas comerciales y el superávit fis-cal. El hecho no puede ser desestimado,muy especialmente luego del largoperío do de estancamiento y regresióneconómica de las últimas décadas. Enesta coyuntura favorable (al menos, hastaantes de la actual crisis financiera mun-dial), no son pocos los gobiernos latino-americanos que han relegado en unsegundo plano o sencillamente escamo-tean las discusiones de fondo acerca dela cuestión del desarrollo, habilitando el

retorno en fuerza de una visión produc-tivista. Para el caso argentino, las pro-puestas del matrimonio presidencial, losKirchner, han sido de corte claramentecontinuista. En realidad, el gobierno ar-gentino ha reactivado la retórica nacio-nal-popular tardíamente (sobre todoluego del conflicto con los productoresagrarios), al tiempo que ha venido pro-moviendo la continuidad del paradigmade los agronegocios, tanto como la delmodelo extractivista, en todas sus moda-lidades.

No obstante, la referencia a los mo-delos de desarrollo vigente merece co-mentarios adicionales. En ciertasocasiones, las dificultades para abrir undebate público sobre los “modelos dedesarrollo” y sus consecuencias (socia-les, ambientales) no están ligados sola-mente a los contextos políticos –másabiertos o más represivos- o a las carac-terísticas de los actores de gobierno y susalianzas. Existen también obstáculos detipo cultural y epistemológico. Con esto,nos referimos a la persistencia y/o la ac-tualización de diferentes imaginarios na-cionales –cuando no también regionales-sobre el desarrollo. Al hablar de imagi-narios, estamos aludiendo a la construc-ción de un relato unificador, que reposasobre ciertas marcas identitarias, mitosde origen, que van moldeando las repre-sentaciones colectivas acerca del pre-sente y del futuro. En este sentido, esmuy probable que en la actual fase ca-pitalista, la presencia de fuertes imagi-narios desarrollistas constituya tambiénun obstáculo para abrir una verdaderadiscusión sobre los modelos de sociedaden pugna y en ese marco, sobre el al-cance del nuevo desarrollismo extracti-vista.


Aunque con diferente alcance y en-vergadura, en Argentina históricamentese han configurado tres “modelos de de-sarrollo”: el agrario, el industrial y el ex-tractivo. Más allá de las drásticastransformaciones en las últimas décadas,el modelo agrario continúa operando demanera explícita o implícita como na-rrativa social fundamental y horizonte deexpectativas de una parte de la sociedad.En efecto, el “campo” aparece asociadoa la Argentina del Primer Centenario, elpaís agro-exportador, próspero y pode-roso. Precisamente porque el modeloagrario se instala en la continuidad ima-ginaria, y más allá de los intereses eco-nómicos en juego, ha sido tan difícilinstalar la discusión sobre el alcance ylas consecuencias negativas del modelode agronegocios, especialmente el so-jero, y los argentinos han llegado tarde ala discusión del mismo, cuando éste yaestaba consolidado, en una fase de fuertetendencia al monocultivo y la concen-tración económica. 16

Otra cosa sucede con el modelo in-dustrial, vinculado a la época de oro delperonismo (1945-1955), símbolo de la

integración de las clases obreras urba-nas. Su desactivación y la posterior olade desindustrialización que el país viviódesde los ´70, pero con mayor fuerza enlos ´90, con la consecuente descolecti-vización de las clases populares, instalala actual “recuperación industrial”, apartir de 2003/2004 (esto es, bajo el go-bierno de N. Kirchner), en el imaginariodel “retorno a la normalidad”.

En contraste con estos dos modelos,reiteradamente evocados por el matri-monio Kirchner, el extractivo, ilustradopor la expansión de la megaminería acielo abierto, en su carácter netamentetrasnacional, aparece invisibilizado, de-negado en su realidad. Pese a la retóricanacional-popular, en este punto el silen-cio del actual gobierno es completo, aúnsi la temática comienza a ganar los me-dios de comunicación. Cierto es que,respecto del modelo sojero o del indus-trial, el modelo minero tiene –todavía-un rol “subordinado”, más allá de que laArgentina aparezca como la sexta po-tencia mundial en términos de reservasminerales. Cierto es también que la mi-nería no posee una historia nacional sig-


16 A raíz del conflicto que enfrentó al Gobierno argentino con los diferentes actores del sector agrario du-rante 2008, se abrió por primera vez la posibilidad de una discusión sobre las consecuencias de la ex-pansión del modelo sojero, hasta ese momento reservada a unos pocos especialistas, ecologistasmarginales y movimientos campesinos. Aclaremos que, en un contexto de rentabilidad extraordinariapara el sector agrario, a fines de 2007, con un objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidentaCristina Fernández de Kirchner decidió aumentar las retenciones de las exportaciones de las mineras, hi-drocarburos y productos agrícolas. En marzo de 2008, anunció un nuevo aumento de las retenciones alagro, elevándolo al 44%. Estas medidas generaron un enfrentamiento entre el Gobierno y los diferentessectores organizados del campo, que agrupó de manera inédita tanto a las grandes organizaciones ru-rales como a aquellas representantes de los pequeños productores. Dicho conflicto implicó el bloqueode numerosas rutas del país que paralizaron al país durante casi cuatro meses, dejando a las grandes ciu-dades al borde del desabastecimiento. Finalmente, la medida gubernamental fue rechazada en el Con-greso. El conflicto no solo debilitó al nuevo gobierno sino que significó el re-ingreso en fuerza de lossectores rurales a la escena política, como actores opositores a las posiciones gubernamentales, confuerte capacidad de veto.

nificativa a la cual apelar, un imaginariodesde el cuál instalarse y proceder a la“naturalización” del modelo de desarro-llo, como sucede en otros países (Perú,Bolivia, Chile). Pero precisamente poresa misma razón, porque la Argentina noproviene de una economía minera a granescala, el modelo minero presenta “unaparticular producción socio-discursiva ycultural a nivel de todos los actores in-volucrados” (Antonelli, 2009). Así, a di-ferencia de otros modelos de desarrollo,aquel ligado a la megaminería a cieloabierto requiere “no sólo inscribirse enlas significaciones del presente mode-lando visiones de futuro, sino fundar unlinaje, crear mitos de origen, para volverdeseable y razonable la Argentina mi-nera” (ibídem). Por ello no es extrañoque las empresas transnacionales, en sualianza estratégica con el gobierno na-cional, pongan en práctica una bateríade estrategias que incluyen la coopta-ción de las propias universidades públi-cas, a fin de obtener la legitimidad quelas comunidades, representadas por lasasambleas de auto-convocados, le nie-gan de manera contundente. Por otrolado, sin tradición minera, capaz de na-turalizar el extractivismo (como en Perúy Chile), sin actor estatal capaz de vehi-cular un discurso “progresista” o desa-rrollista en clave nacional (como enBolivia), esto es, sin imaginario positivodisponible, la desposesión aparece demanera descarnada, con toda su viru-lencia, sin disfraz alguno.

En suma, a diferencia de otros países,en Argentina la ausencia de discusiónsobre el extractivismo y la actual nega-tiva del gobierno por incluirlo en laagenda pública se explica por diferentes

cuestiones: frente a la imposibilidad desu naturalización, frente al carácter des-carnado de la desposesión y la profundi-zación del modelo de mineríatransnacional, el gobierno de los Kirch-ner no tiene una imagen supuestamente“progresista” que ofrecer sobre la mine-ría, ni tampoco el modo en cómo incor-porarla a la agenda pública, en unaescena política ya degradada institucio-nalmente, sin que esto arrastre un quie-bre de la alianza establecida con lasgrandes corporaciones mineras, abriendoasí a nuevos e inesperados frentes deconflicto.

Bibliografía

ACSELARD, Henri, (Org.)2004 Conflitos ambientais no Brasil, Ed. Relume

Dumará: Fundaçao Heinrich Böll, Rio deJaneiro.

ANTONELLI, M. 2007 “El discurso de la “minería responsable”

y el “desarrollo sustentable”: notas localespara reconstruir políticas que nos hablanen lengua global”, Revista AlFilo, Fac. deFilosofía y Humanidades, UniversidadNacional de Córdoba, octubre de 2007.

2009 “Minería transnacional y dispositivos deintervención en la cultura. La gestión delparadigma hegemónico de la “mineríaresponsable y el desarrollo sustentable”,en Svampa, M. y M. Antonelli, (eds.), Mi-nería Transnacional, narrativas del desa-rrollo y resistencias sociales, BuenosAires, Editorial Biblos.

BEBBINGTON, A. (editor)2007 Minería, Movimientos sociales y respues-

tas campesinas, Lima, IEP. D. Humprheys Bebbington2009 “Actores y Ambientalismo: continuidades

& cambios en los conflictos socioambien-tales en Perú, en J.de Echave et all (coor-dinadores), Minería y Territorio en el Perú.Conflicto, resistencias y propuestas entiempo de globalización, Lima, ediciónconjunta Programa de Democracia y


Transformación Global, Conacami, Coo-peración, Univ. Mayor de San Marcos.

De ECHAVE, J. 2008 Diez años de minería en el Perú, Lima,

CooperAcción.2009a et all. Minería y Conflicto social, Lima,

IEP, CIPCA, CIES y Centro Bartolomé delas Casas.

2009b J.de Echave et all (coordinadores), Mineríay Territorio en el Perú. Conflicto, resisten-cias y propuestas en tiempo de globaliza-ción, Lima, edición conjunta Programa deDemocracia y Transformación Global,Conacami, Cooperación, Univ. Mayor deSan Marcos.

GUDYNAS, E 2009 “Diez tesis urgentes sobre el nuevo ex-

tractivismo. Contextos y demandas bajoel progresismo sudamericano actual”, enExtractivismo, Política y Sociedad, variosautores. CAAP (Centro Andino de AcciónPopular) y CLAES (Centro Latino Ameri-cano de Ecología Social), Quito, Ecuador.

HARVEY, D. 2004 “El nuevo imperialismo: Acumulación por

desposesión”, Socialist Register, bibliote-cavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/har-vey.pdf

D. LUNA QUEVEDO, C. PADILLA y J.A. Olivares2004 El exilio del Cóndor, Hegemonia transna-

cional en la frontera. El tratado Mineroentre Argentina y Chile, Observatorio La-tinoamericano de Conflictos Ambientales,www.olca.cl

MACHADO ARAOZ 2009 “Minería transnacional, conflictos socio-

territoriales y nuevas dinámicas expropia-torias. El caso de Minera Alumbrera”, enSvampa, M. y Antonelli, M. (eds.), Mine-ría Transnacional, narrativas del desarro-llo y resistencias sociales, Buenos Aires,Editorial Biblos.

MARTINEZ ALIER, J. 2004 El ecologismo de los pobres. Conflictos

ambientales y lenguajes de valoración;Barcelona; España; Icaria Antrazo;FLACSO ECOLOGÍA.

2009 “El ecologismo de los pobres, veinte añosdespués: India, México y Perú”, enwww.ecoportal.net/content/view/full/90029/

NAESS, A. 1984 “El movimiento de ecología profunda. Al-

gunos aspectos filosóficos”, en Kwiat-kowska, T. e Issa, J., Los caminos de laética ambiental, México, 2001

NAREDO, J. M. 2006) Raíces económicas del deterioro ecológico

y social. Más allá de los dogmas. EditorialSiglo XXI, Madrid.

PALACIN QUISPE, M. 2008 Respuesta comunitaria a la invasión mi-

nera y la crisis política. CONACAMI parael mundo, Lima, Ed. De la Conacami.

PORTO GONÇALVES, C. 2001 Geografías, Movimientos Sociales. Nue-

vas Territorialidades y Sustentabilidad;México; Siglo XXI.

RENAUD, J. 2009 Informe sobre el Impacto de la Mega Mi-

nería sobre las Poblaciones Locales en Ar-gentina, Buenos Aires, SERPAJ

SANTOS, M.2005 O retorno do territorio. En “Reforma agra-

ria y lucha por la tierra en América Latina,territorios y movimientos sociales”, enOSAL, Observatorio Social de AméricaLatina, Año VI Nº 16 enero-abril 2005.CLACSO

Secretaría de Minería de la Nación2009 Minería en números 2009, disponible en

http://www.mineria.gov.ar/pdf/mineriaen-numeros.pdf

SVAMPA, M. 2009a “Movimientos Sociales, matrices político-

ideológicas y nuevos escenarios en Amé-rica Latina”, la I Jornada de AnálisisCrítico, Bilbao, 14-15 de noviembre de2008, publicado en Problémes d´Améri-que Latine, nro 74, otoño 2009, y RevistaParaguaya de Sociología, en prensa.

2009b “Modelos de desarrollo, cuestión am-biental y giro eco-territorial”, trabajo pre-sentado 2° Seminario internacional depensamiento crítico “Teoría y praxis polí-tica latinoamericana. Las izquierdas lati-noamericanas frente a la crisis delcapitalismo: hacia nuevos paradigmas so-ciales y políticos –el Buen Vivir-”, SEN-PLADES, Instituto de Altos EstudiosNacionales, Grupo independiente de jó-venes ecuatorianos, Centro de Documen-tación y Difusión de Filosofía Crítica,


CLAES, Quito. 9-11 de diciembre de2009, mímeo.

SVAMPA, M, SOLA ALVAREZ, M, y L, BOTTARO 2009 “Los movimientos contra la minería me-

talífera a cielo abierto: escenarios y con-

flictos. Entre el “efecto Esquel” y el “efectoLa Alumbrera”, en Svampa, M. y M. An-tonelli, (eds.), Minería Transnacional, na-rrativas del desarrollo y resistenciassociales, Buenos Aires, Editorial Biblos.


modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo...

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