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MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA INFORME AL CONGRESO
31 de mayo
2010
ESTE DOCUMENTO REOCOGE LOS LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS 2 ÚLTIMOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 2002-2006 Y 2006-2010
Documento para remisión al DNP
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1. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 1.1. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 1.1.1. COMBATE AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Y EL CRIMEN
ORGANIZADO
a. Liderazgo en el diseño y ejecución de la política contra la producción y el consumo
Durante este periodo 2002-2006 el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ) logró empoderar
al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y especializar a la Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE), en la coordinación de la política integral contra las drogas ilícitas.
Nuestro país ha sido muy exitoso en el combate contra la producción y el tráfico
internacional. El convenio SIMCI, “Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos”
celebrado entre el gobierno de Colombia y las Naciones Unidas fortaleció la obtención de
información para medir los resultados de la acción antidrogas.
Los logros en la lucha contra el narcotráfico no tienen precedentes. Entre 2002 y 2009 hubo
una reducción del 33% en el área sembrada con cultivos ilícitos en el país al pasar de 102
mil hectáreas a 68 mil hectáreas entre un año y otro. La cifra de 2009 es la más baja
registrada en los últimos 11 años.
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La reducción en la producción de cocaína ha sido del 39% al pasar de 640 toneladas
métricas en 2002 a 390 toneladas métricas en 2009.
El nuevo desafío es enfrentar el abuso de las drogas a nivel nacional. Según el más reciente
estudio nacional de consumo de drogas en Colombia (2009), nuestro país está catalogado
como de consumo intermedio de drogas ilícitas a nivel mundial. Aunque las metodologías y
el cubrimiento son distintos, este estudio solo es contrastable con el realizado sobre el
“consumo de sustancias psicoactivas” en 1996. El comparativo de la prevalencia de
consumo en ambos estudios evidencia que, entre un año y otro, el uso de marihuana
aumentó al pasar de 5,4% al 8%, y el de cocaína creció de 1,6% a 2,5%.
Existen en el país 335 mil adictos, cifra a la que contribuyó la sentencia de la Corte
Constitucional que aprobó la dosis mínima (1994).
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Por lo anterior, el Gobierno después de cinco intentos fallidos logró ante el Congreso de la
República la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2009, que prohíbe el porte y consumo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a partir de una aproximación desde la
perspectiva de la salud pública, sin penalizar el consumo, pero tampoco permitiendo su
liberalización y menos la legalización de la producción y distribución de las drogas ilícitas.
Ello impacta el microtráfico, la inducción del consumo de drogas a menores y su utilización
como correos humanos
La prohibición de la dosis mínima incluye tanto medidas pedagógicas, profilácticas y
terapéuticas para tratar al adicto y como el aumento de penas para los traficantes y “jibaros”
(expendedores) pasando de 8 a 12 años las penas mínimas y de 20 a 24 las máximas. Estas
penas serán duplicadas cuando se involucre a menores de edad en el tráfico y la
distribución. También se reducen a la mitad los términos del proceso de extinción de dominio
en el caso de los bienes utilizados en el tráfico de drogas (para eliminar las llamadas “ollas” o
“plazas de vicio”).
Como un mecanismo para prevenir el consumo de drogas ilícitas, el MIJ, el CNE, la DNE y
las Naciones Unidas, lanzaron el viernes 14 de mayo de 2010, la campaña “Colombia
Territorio Libre de Drogas” que busca crear una comunidad de libertad creando conciencia
de que la droga limita la libertad y que debe tomarse la decisión auténticamente libre de
hacer de nuestro cuerpo, la familia, el campo, la ciudad, la escuela, el colegio, la universidad
y el sitio de trabajo, verdaderos territorios libres de drogas.
El mayor reto que afronta ahora el país es el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional en el seno del CNE, desde una visión integral que aborde la lucha contra la
producción y el consumo.
Así mismo, la sostenibilidad a la medición de las áreas sembradas y de la productividad de
coca, a través del convenio entre el gobierno nacional y las Naciones Unidas para el sistema
de medición SIMCI.
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b. Administración y enajenación de bienes incautados y con extinción de dominio
Después de un proceso complejo, se creó y entregó la administración y enajenación de los
bienes a la Sociedad de Activos Especiales – SAE (organismo técnico especializado en la
administración y venta de los bienes incautados y extinguidos del narcotráfico) filial de CISA
y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Actualmente, la DNE tiene 74.465 bienes en administración, de los cuales 17.184
corresponden a bienes inmuebles, urbanos y rurales. De estos 9.600, tienen extinción de
dominio, 703 rurales y 5.240 urbanos, el resto corresponden a bienes muebles. De los
17.184 bienes, a la fecha han sido asignados mediante acto administrativo el 68% y el
resto será entregado antes de concluir el gobierno. Hoy la SAE tiene en oferta pública 666
bienes, estimados en un valor no inferior a $200 mil millones de pesos. En una segunda
fase (a partir del 30 de junio de 2010), se entregará a la SAE 57.281 bienes más,
incluyendo las sociedades.
El total de ventas de bienes con extinción de dominio (Proceso iniciado en 2006), a mayo
de 2010 asciende a 310.000 millones de pesos. El 2009 fue el año de mayor venta de
bienes, por un monto de 125.600 millones de pesos. Los recursos provenientes de la venta
de los bienes del narcotráfico, han financiado, entre otros, 242.000 millones de pesos que
representan el 24% del valor total de la estrategia de construcción de los 11 nuevos
establecimientos de reclusión. En los años anteriores al 2006, teniendo en cuenta que no se
había adoptado el mecanismo de venta masiva por parte del Consejo Nacional de
Estupefacientes, no se realizo gestión de monetización de activos por parte de la DNE.
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Es importante precisar que el recaudo se obtiene una vez se culmina un proceso de
negociación comercial por la venta de bienes en el cual se pactan los plazos de
desembolsos. A partir del 2007 se empezaron a ver resultados significativos en el
recaudo al ingresar 85.705 millones de pesos, antes de ese año los ingresos de la nación
por este concepto fueron de 1.793 millones de pesos. Entre 2007 y julio de 2010 el
recaudo totaliza 370.792 millones de pesos.
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c. La Dirección Nacional de Estupefacientes
Con la reorientación de la política y la creación de SAE, la DNE vuelve a concentrarse en su
objetivo central de ser la entidad coordinadora operativa de la política antidrogas y ejercer la
secretaría técnica del CNE. En los dos últimos años se destacan la reactivación los 32
Consejos Seccionales de Estupefacientes, la creación el observatorio antidrogas pionero en
el continente, el fortalecimiento del control de precursores y sustancias químicas.
La entidad ha hecho esfuerzos significativos en su reorganización funcional y por procesos lo
cual se evidencia con el reciente reconocimiento por parte de la Contraloría General de la
República al fenecer por primera vez la cuenta, producto de la implementación de los planes
de mejoramiento para dar solución a los hallazgos administrativos y financieros.
Adicionalmente, la entidad se encuentra en un avanzado proceso para obtener la
certificación al Sistema de Gestión de Calidad.
d. Extradiciones
El Gobierno reconoce que a través de la cooperación en materia de extradición, se ha
logrado combatir de manera exitosa el delito del narcotráfico. Desde 1984 a la fecha (mayo
de 2010), se han realizado 1.511 extradiciones, de las cuales 1.178, fueron aprobadas entre
agosto de 2006 y mayo de 2010, frente a las 333 extradiciones aprobadas por gobiernos
anteriores. En los últimos ocho años el número de extraditados por narcotráfico fue de 961
personas.
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1.1.2. LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA: OTRO PILAR PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
a. Atención y vigilancia en ciudades y municipios
Con modernas funcionalidades y tecnología de avanzada, el Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad – SIES brinda respuesta oportuna a los requerimientos de la
ciudadanía. Entre 2006 y 2009 se instalaron y están en funcionamiento 110 líneas 123
(número telefónico único de seguridad) y 24 sistemas de video y vigilancia (circuitos cerrados
de televisión – CCTV). En ambos casos el avance (47% y 11%, respectivamente) es
relativamente bajo frente a las metas fijadas debido a la restricción presupuestal que indujo a
priorizar la implementación de los dos sistemas en capitales y ciudades intermedias. La
cobertura alcanzada corresponde a una inversión de 100.000 millones de pesos entre 2007 y
2010.
b. Otros logros de convivencia y seguridad ciudadana
Con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON,
administrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, este Gobierno (2002-2010) invirtió
320.000 millones de pesos para la construcción y reconstrucción de 7 CAI, 278 Centros
Administrativos Municipales, 14 Centros de Convivencia Ciudadana, 28 Casas de Justicia,
80 Estaciones de Policía, 73 proyectos de seguridad militar y policial, entre otros.
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Un aporte trascendental en la vigencia 2009 fue la puesta en operación de la Sala de
Estrategia en Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en coordinación con el SIES a nivel
nacional, permite la articulación con todas las entidades relacionadas con la seguridad
ciudadana y el orden público y con los Sistema Nacional de Prevención de desastres y de
Vigilancia Electrónica a la población reclusa. Durante 2009 y 2010 desde la sala de
estrategia se han cubierto eventos entre los que destacan las elecciones 2010, el puesto de
mando unificado Haití, el Plan Democracia, la asistencia técnica a las Comisiones
Departamentales de fútbol y las capacitaciones en gobernabilidad local.
Para prevenir actos de violencia se impulsó la aprobación de la Ley 1270 de 2009 de
seguridad y convivencia en el fútbol, reglamentada por el Decreto 1267 de 2009, que crea la
Comisión Nacional y las Comisiones Locales de las cuales a mayo de 2010 se han
instaladas 14. Además, se realizó seguimiento a 77 partidos de alto riesgo y diseñó el
protocolo de seguridad en el fútbol adoptado mediante decreto. Igualmente, se diseñó la
campaña contra la violencia en el futbol que comenzó a difundirse en mayo de 2010.
1.2. DESPLAZAMIENTO FORZADO, DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN
1.2.1. SUPERACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA
La población desplazada como víctima de la violencia han sido prioridad en la atención del
Gobierno; el MIJ, como coordinador entre la nación y el territorio, a partir del 2007, crea el
Grupo de Coordinación Territorial en materia de desplazamiento forzado con el propósito de
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hacer corresponsables a las autoridades territoriales para que generen mayores
compromisos administrativos y presupuestales, coordinen y diseñen acciones encaminadas
a la implementación de la política pública de atención al desplazamiento forzado.
En cumplimiento de su compromiso de reivindicar a los desplazados, el Gobierno nacional,
entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318 planes integrales únicos para esa población.
En 2008 se diseñó e implementó el Sistema de Información de Coordinación y Seguimiento
Territorial –SICST- para la recolección, procesamiento y análisis de información general y
específica de esfuerzos presupuestales y administrativos de los entes territoriales en cuanto
a la atención integral a la población desplazada. En cumplimiento de su compromiso de
reivindicar a los desplazados, el Gobierno nacional, entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318
planes integrales únicos para esa población (en junio los Planes totalizarán 330).
Desde finales de 2009 a la fecha, se han efectuado (14) sesiones técnicas preparatorias con
las entidades territoriales previas a las audiencias regionales citadas por la Honorable Corte
Constitucional. En la actualidad, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Departamento
Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional adelanta la formulación de un documento Conpes sobre los
lineamientos de coordinación nación – territorio para avanzar en acciones articuladas a nivel
local.
1.2.2. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Bajo el principio de cero tolerancia a la violación de los derechos humanos como fundamento
de la política de seguridad democrática, el Gobierno centró su atención en velar por la
situación y protección de personas, grupos y comunidades vulnerables en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario y el diseño de una política pública en
prevención de violaciones de DDHH.
a. Programa de Protección
Como resultado de la política de seguridad democrática es significativo el avance y
mejoramiento de las condiciones de seguridad con una notable reducción entre 2002 y 2009
en homicidios (45%), secuestros (93%) y acciones terroristas (81%). Se ha otorgado una
especial protección individual y colectiva a 16 poblaciones vulnerables, tales como,
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dirigentes políticos, sindicalistas, concejales, defensores de derechos humanos y población
con enfoque diferencial (indígenas y afrocolombianos). Entre 2002 y 2009 la reducción en el
número de homicidios es apreciable. En el caso de los sindicalistas la disminución fue del
86% (la estadística registra el paso de 196 homicidios en 2002 a 28 homicidios en 2009)
mientras que para los concejales la reducción fue del 67% (77 casos en 2002 y 10 en 2009).
El hecho que ninguna persona cubierta por el programa de protección con medidas duras
haya sido víctima de homicidio evidencia la garantía a la vida y el libre ejercicio de la
actividad de los protegidos.
En 2002 el Programa otorgó protección a cerca de 4.900 personas, en el 2009 algo más de
11.000, en los cuatro primeros meses de 2010 van 8.733 personas y se proyecta que a
diciembre de 2010 ascienda a 12.000 el total de beneficiarios (incremento que alcanzaría el
56% en los 8 años). El Anexo No.1 registra el detalle del número y tipo de beneficiarios por
año en el período de referencia.
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El gobierno nacional desde 2002 ha destinado 388 mil millones de pesos al programa de
protección a personas.
b. Política pública en prevención a violaciones de DDHH
En desarrollo de la política pública preventiva de violación de derechos humanos se han
promovido 18 planes de contingencia que responden a situaciones de riesgo presentadas en
una zona determinada. En 2009 se creó la Mesa Nacional de Garantías como escenario de
diálogo y concertación con las autoridades de gobierno. En el contexto departamental
existen 12 mesas de garantías brindando un espacio de diálogo permanente entre los
defensores de derechos humanos, la comunidad y autoridades y organismos del estado
vinculados con el tema. A julio de 2010, 16 departamentos cuentan con planes de acción en
derechos humanos y derecho internacional humanitarios vigentes.
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A corto plazo es prioritario mantener el diálogo político directo y los escenarios de
concertación con las poblaciones vulnerables consolidando el programa de protección de
derechos humanos de acuerdo con las redefiniciones de la normatividad vigente.
c. Lucha contra la trata de personas
En el marco de la política preventiva se ha creado 18 comités departamentales de lucha
contra la trata de personas, en los departamentos de mayor índice de la actividad,
capacitando a las entidades y a la ciudadanía en la prevención y denuncia del delito.
En 2008 se lanzó la campaña publicitaria “lucha contra la trata de personas, la siguiente
víctima puedes ser tu” y en 2010 “con la trata no hay trato” (actualmente en divulgación
nacional). Un logro importante está en la sostenibilidad y funcionamiento de la línea nacional
de denuncia, gratuita contra la trata de personas, que entre 2007 y 2009 recibió un total de
1.700 llamadas que fueron atendidas brindando la orientación y la ayuda solicitada. En 2008
se creó el Centro Operativo Anti Trata de Personas – COAT para prevenir, proteger y
ofrecer asistencia psicológica y judicial a las víctimas.
Colombia es reconocida en América Latina como líder en la lucha contra la trata de personas
y como segundo en el mundo después de Canadá. Desde junio de 2010 nuestro país
participará en la Red Iberoamericana contra la trata de personas impulsada por el gobierno
español.
1.2.3. POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN
Como parte del rediseño institucional del MIJ, a finales de 2008 se creó la Dirección de
Justicia Transicional encargada de las funciones de formulación, coordinación y fomento de
una política de estado en materia de justicia para la consecución de la paz y la reparación de
las víctimas. El Ministro del Interior y de Justicia preside y lidera el Comité Interinstitucional
de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que está compuesto por los subcomités de reparación,
atención a las víctimas, información y memoria histórica.
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a. Reparación por vía administrativa a las víctimas
En 2008 se crea el Comité de Reparaciones por vía administrativa. Desde agosto de 2008 a
julio de 2010 se entregan 500.000 millones de pesos a 25.391 familias para un total de
60.000 beneficiarios, como resultado de un esfuerzo sin precedentes en el mundo, como lo
reconocieron tanto la comunidad internacional como la propia Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR).
De las solicitudes de indemnización radicadas hasta la fecha, en lo que a la caracterización
del hecho victimizante se infieren las siguientes estadísticas.
66.6% víctimas de homicidio. 92% son hombres.
3,13% víctimas de secuestro
0.57% víctimas de delitos contra la integridad sexual
11.56% víctimas de desaparición forzosa
0.89% víctimas de reclutamiento de menores
6.00% victimas de lesiones
2.92 % reclutamiento de menores
Del total de solicitudes, el 78 % fueron realizadas por mujeres y de todas las solicitudes
presentadas, 5.668 corresponden a desplazados con otro hecho victimizante adicional al
desplazamiento mismo.
Bajo el liderazgo de Gobierno Nacional dentro de la consolidación de una política integral de
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de la violencia se han
obtenido avances significativos en los siguientes frentes.
El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, diseñado y
desarrollado para el manejo de documentación y estadísticas, unificando todas las
bases de datos y archivos que sobre el tema existen en varias instituciones del
estado para facilitar el control y la toma de decisiones en la orientación y desarrollo
de la política.
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El modelo piloto interinstitucional regional de atención integral a las víctimas que se
implementó en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Santa Marta y
está próximo a implementarse en Cartagena y Pasto. como resultado de la
implementación de este modelo, se han atendido 13.500 víctimas desde mayo de
2009. a las cuales se les ha prestado los servicios que requieren según sus
necesidades.
La Comisiones Regionales de Restitución de Bienes con el diseño de un plan piloto
para descentralizar la atención integral a las víctimas en materia de restitución de
bienes en 12 ciudades del país. Entre 2009 y 2010 se instalaron las 7 primeras
Comisiones Regionales de Restitución de Bienes en Bogotá, Antioquia, Bolívar,
Bucaramanga, Sucre, Valle y Quibdó; están próximas a instalar en: Pasto,
Villavicencio, Valledupar y Mocoa mientras a corto plazo serán aprobadas otras dos
en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander.
La instalación de las Comisiones dio impulso a los trámites de restitución en las regiones,
mostrando los primeros resultados (están en desarrollo 3 proyectos piloto de restitución de
bienes en turbo, Mampujan y Chengue). En conjunto con la CNRR, se propició en el
municipio de turbo la restitución de 105 predios a 177 propietarios, con una extensión total
de 534 hectáreas, por un valor de $13.350 millones de pesos. Con el apoyo de la
organización internacional para las migraciones -OIM- se viene avanzando en los programas
piloto de Mampujan y Chengue, con el propósito de identificar y formalizar la propiedad de
las tierras.
Los retos más importantes están en garantizar los recursos que permitan la sostenibilidad del
modelo interinstitucional de atención a las víctimas de la violencia, al igual que para las
políticas de verdad, justicia reparación y garantía de no repetición. Al igual que la continuidad
a la descentralización de los programas de atención y restitución de bienes a las víctimas y
la asignación presupuestal para la sostenibilidad de la reparación por vía administrativa de
las víctimas.
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2. UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
2.1. GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
Sistema de atención y prevención de desastres de Colombia modelo en el mundo
De las 6 millones 25 mil personas damnificadas por eventos de desastres naturales que
solicitaron atención al Fondo Nacional de Calamidades entre 2002 y 2010, se atendieron 5
millones 781 mil, lo que representa una cobertura del 96% de la población afectada con una
inversión de 273.000 millones de pesos. El Anexo No. 2 incluye el detalle de las cifras de
atención a personas 2002-2010 por año.
La inversión de recursos entre 2002 y 2010 para la atención de desastres y emergencias en
el país asciende a 287.000 millones de pesos.
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La cobertura del programa de Banco de Materiales, iniciado en 2005, fue de 23
departamentos, 88 municipios y un total de 15.730 viviendas con una inversión aproximada
de 37.000 millones de pesos.
De 2002 a 2010 se ejecutaron 483 proyectos de prevención y mitigación de desastres por un
valor de 83.000 millones de pesos beneficiando a 239 municipios y 30 departamentos. Para
la atención de obras de prevención y mitigación por afectaciones ocasionadas por la ola
invernal del 2008 y 2009, las alcaldías presentaron los proyectos ante el MIJ y están en
ejecución obras en 19 departamentos y 52 municipios con un costo de 40.000 millones de
pesos financiados por el Fondo Nacional de Regalías (FNR).
En materia de prevención, sobresale el diseño una política frente a la actividad volcánica
para los casos de: Galeras, Cerro Machín y nevado del Huila, que comprende la elaboración
de un plan de contingencia (en este modelo la inversión ascendió a 51.850 millones de
pesos). A julio de 2010, el gobierno nacional logrará el reasentamiento de 400 personas por
fuera de la zona de amenaza volcánica alta (ZAVA) del Volcán Galeras (Nariño) mediante la
adquisición de 100 predios habitados.
El exitoso modelo de reubicación y reasentamiento de la población afectada en el caso del
volcán nevado del Huila resultó de un trabajo entre el MIJ, la Corporación Nasa Kiwe (CNK)
y otras entidades estatales.
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Culminó el desarrollo e implementación del sistema integrado de información para la
prevención y atención de desastres (7 módulos) con lo cual el Gobierno nacional al SNPAD
un instrumento de gran funcionalidad para la toma de decisiones y el seguimiento y control
de cada una de las fases establecidas para el ciclo de gestión del riesgo.
En la actualidad avanza la formulación del documento Conpes para atender y reubicar a la
población en riesgo asentada a lo largo de la cuenca del río Páez en los departamentos del
Cauca y Huila. La población del municipio de Belalcázar (Cauca) fue beneficiaria de las
siguientes obras: construcción del proyecto de vivienda “Las Américas” para 70 familias del
municipio (por valor 2.720 millones de pesos); entrega de las fases 1 y 2 de la normal de
Belalcázar para 1.500 estudiantes (convenio Nasa Kiwe-Fonade-Mineducación por valor
2.600 millones de pesos); construcción el hogar infantil múltiple en resguardo de calderas,
municipio de Inzá, Tierradentro, cauca. para 160 niños paeces. (convenio ICBF-Nasa Kiwe
por 1.200 millones de pesos); renovación de 450 hectáreas de café en zona de Tierradentro
beneficiarias 700 familias cafeteras (convenio Federación de Cafeteros-Nasa Kiwe);
habilitación de tres (3) vías (convenio Invías-Nasa Kiwe por valor de 1.690 millones de
pesos); construcción de 9 puentes peatonales y dos cable vías en la región de Tierradentro,
(Recursos del FNR por valor de 3.000 millones de pesos).
La CNK en cumplimiento de su misión frente a la reconstrucción y rehabilitación de la cuenca
del río Páez y zonas aledañas entre agosto de 2002 y mayo de 2010 alcanzó los siguientes
resultados: 168 vías; 26 puentes peatonales; 1.960 viviendas ubicadas en 65
reasentamientos del Cauca y 17 del Huila; 3 puestos de salud; 107 sistemas de acueducto y
alcantarillado; 14 proyectos de recuperación de microcuenca; adquisición 862 hectáreas de
tierra en Cauca; adquisición de 240 hectáreas de tierra en Huila; 45 centros escolares
construidos; 1.030 viviendas electrificadas en el Cauca; 206 viviendas electrificadas en el
Huila; 54 proyectos pecuarios implementados; 86 proyectos agrícolas implementados; 1 hotel
turístico en San Andrés de Pisimbalá; 1 distrito de riego; 12 proyectos microempresariales.
estas han tenido una inversión de 16.000 millones de pesos que cubren a 21.000
beneficiarios directos y más de 70.000 indirectos en los departamentos del Cauca y Huila.
Colombia exportó su modelo de atención y apoyó humanitariamente en varios países
afectados por desastres naturales: Haití, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y
Bolivia. Por la dimensión del desastre destaca la presencia de Colombia en Haití: con el fin
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de coordinar la asistencia humanitaria del gobierno y del pueblo colombiano hacia Haití se
instalaron dos puestos de mando unificado, uno en Bogotá y otro en Puerto Príncipe, que
aun sigue funcionando. La ayuda humanitaria a este país es la más grande prestada por
Colombia en un desastre natural con el envío de 7.000 toneladas por vía marítima, terrestre y
aérea.
Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley de autorización para la
donación de 120 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción de Haití en la región
de “cabaret”.
La gestión del riesgo debe ser prioritaria en el próximo Plan Nacional de Desarrollo como
tema transversal a la planificación en lo nacional, departamental y local, dando mayor
impulso a la prevención del riesgo.
3. UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
3.1. LOS REQUISITOS DEL ESTADO COMUNITARIO 3.1.1. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DEMOCRÁTICO
La participación ciudadana, elemento esencial de la democracia
En 2007 se diseña y desarrolla el Sistema Nacional de Información del sector de la
participación SIDEPAR que permite el registro eficaz de los diferentes procesos y dinámicas
sociales generadas en el nivel territorial y nacional.
En los dos últimos años ha sido prioritario el desarrollo de la gestión institucional para
fortalecer la organización comunal y la construcción de una nueva cultura participativa
electoral.
Por primera vez se logró iniciar el trabajo previo a los comicios electorales un año antes de
los mismos con el funcionamiento permanente de la Comisión Nacional de Seguimiento
Electoral.
Se efectúo el monitoreo con las Comisiones departamentales y municipales para la
coordinación y seguimiento de los procesos electorales, en 62 casos de elecciones atípicas,
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las consultas de los partidos y la elección del Congreso de la República, en la cual se
coordinó la actividad con los 32 delegados presidenciales y 32 ministeriales.
La unidad de reacción inmediata “URIEL” se instala para recibir las denuncias y quejas de los
ciudadanos durante el proceso electoral. A mayo 15 de 2010 se habían recibido 417
denuncias que tuvieron trámite ante las autoridades competentes.
Como parte de la pedagogía ciudadana frente a la jornada electoral, se diseñó la campaña,
ampliamente difundida en medios de comunicación, contra los delitos electorales antes de
los comicios de marzo de 2010 y para la elección presidencial de mayo.
En 2010, se impulso y aprobó el documento Conpes para las Juntas de Acción Comunal –
JAL que tiene como propósito apoyar la solución de los problemas asociados con la
estructura organizacional, reconocimiento, gestión y sostenibilidad financiera de las JAL.
El programa nacional de formación de formadores, creado en 2002 para la acción comunal
fue desarrollado en coordinación con las entidades territoriales; este gobierno ha capacitado
350 equipos de formadores a nivel nacional que equivalen a 16.000 personas.
3.1.2. JUSTICIA EFICAZ Y CERCANA AL CIUDADANO
Política criminal y penitenciaria
El país experimenta una verdadera transformación de sus establecimientos de reclusión al
pasar de “escuelas del crimen” a centros de resocialización. La política del gobierno en este
tema tiene fundamento en cinco puntos: modernos establecimientos de reclusión, cero
hacinamiento, cero violación a los derechos humanos, cero corrupción y salud y
resocialización para los internos.
En el año 2002 el hacinamiento de la población reclusa era del 16%, llegando a niveles del
38% en 2009. Por ello, para el gobierno fue una prioridad la disminución del sobrecupo de
reclusos al 10%, mediante la entrega efectiva de 22.453 nuevos cupos. La meta será
superada al lograr que en julio de 2010 un hacinamiento de 4,6%. En los ocho años de
gobierno, la población penitenciaria y carcelaria creció en un 53%, lo que representa un
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aumento de 28 mil personas, debido a varias razones: La acción contundente de la fuerza
pública, la aplicación efectiva de las leyes que incrementaron las penas y limitaron la
excarcelación y la declaratoria de inexequibilidad, en septiembre de 2008, de la Ley de
pequeñas causas que habilitó nuevamente el encarcelamiento por delitos menores.
El primero de los dos logros más importantes asociados a la política penitenciaria de
deshacinamiento es la construcción y entrega de los nuevos establecimientos de reclusión.
Este gobierno está entregando 10 modernos establecimientos de reclusión. Entre junio de
2008 y lo que se proyecta a julio de 2010, el avance en la construcción pasará del 17% al
99% lo que representa un incremento del 82%, a mayo 16 de 2010 el avance de obra es del
95.7%.
21
En este mismo periodo de tiempo se ha ejecutado el 60% del presupuesto asignado al total
de la estrategia, que asciende a un billón de pesos.
Para julio de 2010 estarán a disposición del INPEC los establecimientos reclusión de Cúcuta,
Yopal, Puerto Triunfo, Acacías, Florencia, Ibagué, Jamundí, Guaduas, Medellín y Bogotá.
El segundo gran éxito de la política penitenciaria, es la implantación de la vigilancia
electrónica. La población en detención domiciliaria asciende a cerca de 22 mil personas. Su
control, de acuerdo con la Ley, se limita a visitas esporádicas, llamadas telefónicas y
entrevistas al vecindario. El INPEC únicamente dispone de 11 mil hombres y mujeres para
vigilar y controlar a cerca de 106 mil personas, entre internos y domiciliarios, por lo que la
vigilancia electrónica constituye una verdadera solución tanto para el mayor control como
para la disminución del hacinamiento y la resocialización eficiente.
El programa piloto de vigilancia electrónica, puesto en marcha en febrero de 2009, estaba
previsto solo para Bogotá y hoy cubre los 25 Distritos Judiciales del país. En julio de 2010
más de 5.500 personas serán objeto de monitoreo a través de las manillas electrónicas. Del
total de personas monitoreadas, apenas el 2,5% registra alguna infracción a la medida. La
mayoría de estos casos corresponde a personas que por su perfil delictivo no deberían
acceder a la casa por cárcel, pero a quienes los jueces de la República (única autoridad
facultada para otorgar el beneficio) han favorecido con la medida.
22
Los resultados indican que la pertinencia del Sistema amerita la ampliación de su cobertura.
Después de realizar un muestreo de cerca de 5.000 visitas a personas que gozan del
beneficio domiciliario sin tener instalado el brazalete electrónico, se verificó que el 60% de
ellas no se encontraban en su residencia.
Otro gran eje de la política penitenciaria es lograr cero corrupción en los establecimientos de
reclusión porque el país debe impedir que los internos continúen delinquiendo desde las
cárceles y penitenciarías. Durante 2009 y 2010 tuvieron lugar 4.000 operativos de control
ordinarios y 123 especiales, donde se 230 armas de fuego, 27 mil teléfonos celulares, 156
mil armas blancas, 6 mil piezas de municiones y cerca de 1 millón 500 mil gramos de
estupefacientes.
Como parte de la colaboración armónica entre el ejecutivo y la Rama Judicial, el INPEC
cuenta hoy con la tecnología necesaria para realizar audiencias virtuales en 30
establecimientos de reclusión evitando el desplazamiento de internos y abogados para los
trámites judiciales. Además, los nuevos establecimientos están dotados con modernas salas
para audiencias judiciales y entrevistas con los abogados.
En el nuevo enfoque de la política penitenciaria reviste de suma importancia el impulso a la
resocialización. El avance logrado en los programas de atención a los reclusos en este
gobierno incluye la implementación del modelo educativo propio del Sistema Penitenciario y
Carcelario en 47 establecimientos de reclusión, el fortalecimiento de 415 proyectos
productivos (generación de 70.000 millones de pesos anuales incorporados al presupuesto
nacional en 2010) y la implementación de programas de prevención de la drogadicción en
23
101 establecimientos de reclusión (como parte de la campaña “Colombia Territorio Libre de
Drogas”).
En el marco de la política de cero violación a los derechos humanos, se implementaron
observatorios piloto en 6 establecimientos de reclusión del orden nacional con la designación
un delegado de derechos humanos en cada patio. Así mismo, con el sistema de Visitas
Virtuales, el INPEC coloca la tecnología al servicio de la población reclusa para permitir el
reencuentro y el diálogo con los familiares que residen en lugares distantes.
Como otra iniciativa para dignificar la situación de las familias de los reclusos, se diseñó
como proyecto piloto en el establecimiento de reclusión de Bellavista en Medellín, el sistema
automático de asignación de visitas mediante citas telefónicas para evitar las largas filas.
Por primera vez en la historia del país, toda la población reclusa ha sido afiliada al sistema
general de seguridad social en salud. El exitoso proceso, iniciado en 2009, permite que hoy
cerca de 100 mil personas, entre internos y sus hijos menores de 3 años, sean beneficiarios
del régimen subsidiado de salud. Colombia ya no puede dar marcha atrás en el proceso de
humanización de la política penitenciaria.
Justicia alternativa: recurso de resolución controversias en forma pacífica y de acceso a la justicia para los ciudadanos
Cuatro grandes líneas ejecutan la política de justicia alternativa formulada por el gobierno
nacional: las Casas de Justicia, los Centros de Convivencia Ciudadana, los Centros de
Conciliación y los programas de justicia en equidad.
El programa de las Casas de Justicia, promueve la prevención del delito, acerca la justicia al
ciudadano, orienta a las comunidades sobre sus derechos, impulsa el ejercicio de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, promueve la justicia comunitaria y el
derecho propio de las comunidades étnicas, armonizando las dos jurisdicciones.
En agosto de 2002 estaban en funcionamiento 44 Casas de Justicia, en julio de 2010 el país
contará con 69 Casas operando (el Anexo No. 3 referencia los municipios donde operan las
Casas de Justicia), superando la meta de cuatrienio estimada en 67 casas en operación. Del
total de casas de Justicia en operación, 25 han sido producto de la gestión de los últimos 8
24
años. Desde enero de 2002 a la fecha, las Casas de Justicia han atendido más de 8
millones de solicitudes en todo el territorio nacional.
La demanda de solicitudes y de atención en las Casas de Justicia comportó un notable
incremento al pasar 396.802 solicitudes atendidas en 2002 a 1,3 millones de solicitudes
atendidas en 2009 (aumento del 230%), cifra que demuestra la efectividad del programa y
justifica su permanencia.
Los Centros de Convivencia Ciudadana (CCC) promueven la justicia alternativa, desde la
prevención al brindar espacios donde la comunidad tiene acceso a entidades del orden local
Número de Casas de Justicia por departamento
25
que desarrollan iniciativas de promoción a los valores ciudadanos, la convivencia, los
derechos humanos, la cultura ciudadana y la cátedra en convivencia, civilidad y ciudadanía,
así como el respeto por el medio ambiente. En agosto de 2002 estaban en funcionamiento 9
centros de convivencia ciudadana, a la fecha han entrado en operación 11 centros más, para
un total de 20 (el Anexo No. 4 referencia los municipios donde operan los Centros de
Convivencia Ciudadana). Entre 2002 y 2010 los CCC han atendido cerca de seis millones
de ciudadanos en todo el país.
El Programa Nacional de Conciliación en Derecho brinda igualdad en el acceso y en el
tratamiento para resolver oportuna, confiable y pacíficamente las diferencias, con la
participación de un tercero abogado conciliador, buscando hacer efectivos derechos y
obligaciones de los ciudadanos, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. En 2002,
existían 141 centros de conciliación autorizados; a la fecha el país cuenta con 334, para un
total de 193 centros de conciliación nuevos.
Número de Centros de Convivencia Ciudadana por
departamento
26
Los centros de conciliación han tramitado más de 75 mil conflictos jurídicos, la mayoría de
ellos en un término inferior a 30 días. Entre 2002 y 2009 se recibieron 523.232 solicitudes en
los centros de conciliación.
El programa de justicia en equidad propicia la solución de los conflictos y promociona de la
justicia por medio de ciudadanos escogidos por la propia comunidad. Los conciliadores en
equidad son capacitados para desarrollar sus habilidades en la resolución pacífica de
conflictos. La figura de conciliación en equidad está presente en más de 230 municipios y
funciona con el concurso de 5.700 conciliadores seleccionados.
27
Ordenamiento Jurídico
Para avanzar en el propósito de disponer de información actualizada y veraz sobre las leyes
y decisiones de los tribunales, en 2007 el Gobierno inició la implementación del Sistema
Único de Información Normativa – SUIN para ofrecer a los ciudadanos, de manera gratuita y
a través de la página de internet www.suin.gov.co, las normas del ordenamiento jurídico
colombiano, así como los análisis de vigencia de leyes y decretos, y la jurisprudencia que
afecta la validez de los mismos.
Durante los dos últimos años de la implementación del Sistema, se han publicado en el SUIN
15.164 normas, superando ampliamente la meta del cuatrienio establecida en 13.500
normas. También se publicaron en el SUIN 7.300 partes resolutivas de sentencias
producidas por las altas cortes. Los avances en el SUIN posibilitaron la publicación de
decretos únicos sectoriales o temáticos con el propósito de facilitar la consulta y aplicación
de las decisiones del Gobierno nacional.
Más de 500 normas han sido objeto de análisis de vigencia para el aseguramiento de la
calidad de proyectos de decretos únicos sectoriales y de compilaciones legislativas. A mayo
de 2010 han sido remitidos a la Presidencia de la República para su aprobación 18
proyectos únicos y a julio de 2010 se habrán remitido 12 más llegando a 30 proyectos
sectoriales únicos en el último cuatrienio.
28
Defensa Jurídica del Estado
El MIJ diseña e implementa las políticas de prevención del daño antijurídico, coordina con las
oficinas jurídicas para la adecuada defensa de los procesos en los que es parte el Estado y
que superan los 2 mil salarios mínimos legales, y realiza seguimiento a la correcta aplicación
de la política de conciliación, así como del uso de las acciones de repetición a través de la
asesoría a los comités de conciliación.
En cumplimiento de la función de coordinación de procesos, la Dirección de Defensa Jurídica
del Estado identificó el universo de procesos con cuantía superior a 2.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes equivalentes a 4.035 casos a través de la instalación de mesas
temáticas e intersectoriales, con la participación en estrategias de defensa en casos
específicos y la expedición de protocolos de defensa y Circulares se logró coordinar 3.430
casos equivalente al 85% del universo mencionado.
El MIJ expidió el protocolo para la defensa judicial de los recursos del Sistema General de
Participaciones y dictó circulares cuya observancia permitió el acompañamiento del
desembargo de algunas cuentas de municipios de los departamentos de Bolívar, Chocó y
Magdalena, entre otros. Mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de la Protección
Social, se apoyó el diseño de la propuesta de conciliación para reliquidación de la pensión
gracia de los docentes, contribuyendo en el proceso de descongestión administrativa y
judicial, estimado en 15.234 procesos.
Está en proceso de consolidación de una base de datos de información litigiosa con
información reportada por entidades estatales, la cual viene siendo utilizada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cálculo del presupuesto requerido para
afrontar el pasivo contingente del Estado.
Según la información recopilada en 2009, el pasivo contingente del Estado superaba los 100
billones de pesos, distribuidos en 214 mil procesos, en 207 entidades públicas. Las diez
entidades cuyas demandas tienen el mayor valor en sus pretensiones son en su orden:
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, corporaciones autónomas, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de
Planeación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de las Tecnologías de información y las
29
Comunicaciones, Ministerio del Transporte, Ministerio de Minas y Energía, y la Presidencia
de la República. Para estas 10 entidades las pretensiones suman cerca de 77,8 billones de
pesos.
4. LOS RETOS DEL ESTADO COMUNITARIO
4.1.1. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Reformas institucionales y certificación en calidad
Varias de las entidades del Sector se fortalecieron estructural y funcionalmente para hacerlas
cada vez más eficientes en la prestación de los servicios a los ciudadanos. A finales de 2008
el MIJ culminó un proceso de restructuración orientado principalmente a la mejora en su
gestión misional y a la búsqueda del equilibrio en las condiciones laborales de los
funcionarios.
Después de 14 años, el INPEC logró, a mediados de enero de 2010, reestructurarse para
cubrir un déficit histórico de su recurso humano creando 4.035 cargos entre cuerpo de
custodia y personal administrativo para cubrir las necesidades de personal de los nuevos
establecimientos de reclusión.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en coordinación con el Programa de
Renovación de la Administración Pública – PRAP del DNP, avanza en la profesionalización
de la planta de personal para, entre otras cosas, equiparar las condiciones laborales de
todos sus servidores. En el 2006 inició el concurso público y abierto para el nombramiento
de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial que culminó en los primeros
meses de 2010, después de un largo proceso interrumpido varias veces por tutelas, recursos
jurídicos y decisiones judiciales.
Cuatro entidades del Sector hoy están certificadas en calidad: la Imprenta Nacional de
Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Fondo para la Participación y el
Fortalecimiento de la Democracia y el Ministerio del Interior y de Justicia, institución que el
pasado 14 de mayo recibió por parte del ICONTEC este reconocimiento. Antes de terminar
este período de gobierno se espera contar con la certificación de la Superintendencia de
30
Notariado y Registro, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Corporación Nasa Kiwe,
para alcanza la meta de 7 de las 8 entidades del Sector certificadas en calidad. Además, se
anticipa que la Contraloría General de la Republica, fenecerá las cuentas de 7 de las 8
Entidades sectoriales por su buen manejo administrativo y financiero.
Mejoras en la prestación del servicio de frente al ciudadano
En el marco de la estrategia gubernamental de acercamiento de la administración pública al
ciudadano, el Sector registra avances significativos en la simplificación y automatización de
sus trámites.
En 2004 la SNR inició el Sistema de Información Registral –SIR que ya está implementado
en 110 Oficinas de Registro, correspondientes al 57,2% del total de Oficinas a nivel nacional
y que incluyen el 91% de los folios de matrícula del país. Además, antes de terminar 2010
el 87,5% de las Oficinas de Registro estarán sistematizadas.
Otro gran logro en notariado y registro es sin duda la implementación de la Ventanilla Única
de Registro (VUR) que desde su entrada en operación logró la reducción del 22% de los
trámites, la disminución del 13% del tiempo del usuario y ahorro del 2% de los costos. Este
sistema permite consultar en línea desde las notarías, la situación jurídica del inmueble en el
folio de matrícula, la valorización, el impuesto predial, la información catastral, tanto a través
del portal www.registratupropiedad.com, como a través de un call center habilitado para el
trámite.
Con la implementación de la VUR, Colombia ganó posiciones en la medición del doing
business realizada por el Banco Mundial, pasando del puesto 78 al 51 del ranking en cuanto
al registro de inmuebles (avance de 27 puestos). El proyecto, implementado inicialmente en
Bogotá, amplia su cobertura a todo el país iniciando por los departamentos de Atlántico y
Cundinamarca. Además, la SNR lanzó en 2010 el “Botón de Pago” que da inicio a la
expedición de certificados de tradición de bienes inmuebles por internet. En su comienzo el
proyecto entró en funcionamiento en 58 Círculos Registrales del país, y antes de terminar el
año, funcionará en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
31
La Dirección Nacional de Derecho de autor en la actualidad cuenta con el registro en línea
del derecho de autor y los derechos conexos. También aplica la sistematización de registro
de obras a través de internet. La utilización de la tecnología generó un aumento de las
inscripciones de registro que pasaron de 13.107 en 2006 a 37.614 en el 2009. La entidad es
depositaria de amplio reconocimiento a nivel internacional por su seriedad y nivel técnico.
Generación de recursos para el presupuesto nacional
El Sector aporta recursos para mejorar la eficiencia estatal y autofinanciar sus acciones de
mayor repercusión. Entre los fondos especiales de fuente propia están los recursos
originados en la Ley 55 de 1985 que genera aportes para la Rama Judicial y los proyectos de
construcción y dotación de establecimientos de reclusión. Estos últimos también se nutren
de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el
Crimen Organizado - FRISCO (venta y administración de bienes incautados y extinguidos al
narcotráfico) que a su vez financia otras iniciativas de las entidades territoriales y de los
programas nacionales de alto impacto social.
Otras fuentes son en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
FONSECON, los proyectos productivos de la población reclusa y los excedentes financieros
de la Imprenta Nacional de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro. El 35%
del presupuesto apropiado al MIJ y sus entidades adscritas y vinculadas entre 2002 y 2010
fue financiado con recursos generados por el Sector.
32
5. DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLO
5.1.1. GRUPOS ÉTNICOS Y RELACIONES INTERCULTURALES
Grupos étnicos y poblaciones vulnerables: una prioridad para el Gobierno
La política indígena basada en el dialogo y la concertación fue el criterio que prevaleció
para la reactivación en 2009 de espacios institucionales tan importantes como la mesa
permanente de concertación indígena, la comisión nacional de derechos humanos y la mesa
regional amazónica (luego del rompimiento de las relaciones entre los pueblos indígenas y el
gobierno nacional en 2007 con episodios como el levantamiento de la mesa nacional de
derechos humanos y la minga indígena). En 2010 el gobierno creó un espacio de
concertación para el pueblo indígena AWÁ a raíz de las masacres que afectaron a esta
comunidad por ataques de la organización terrorista de las FARC y de parte de bandas
criminales.
Colombia cuenta en la actualidad con 1.392.623 indígenas, población que corresponde al
3,4% de la población nacional; este grupo étnico fue adjudicatario por el Gobierno de 34
millones de hectáreas que representan el 30% del territorio del país. El Estado colombiano
adquirió en 1991 el compromiso comprar 15.663 hectáreas para la reparación del pueblo
Nasa perjudicado por la masacre de la Hacienda El Nilo en el departamento del Cauca. En
2002 estaban pendientes por adquirir 7.065 hectáreas. Entre ese año y 2008 este Gobierno
33
adquirió 4.532 hectáreas y a la fecha existen recursos por un monto de 8.000 millones de
pesos para la adquisición de resto de terrenos que demanda el cumplimiento total de
compromiso. La inversión 2002-2010 en las tierras del Nilo asciende a 37.680 millones de
pesos, de modo que este Gobierno deja casi cumplido un compromiso del Estado de hace
más de 20 años.
En 2005 en acuerdo con los indígenas de Cauca, el Gobierno se comprometió a adquirir
8.000 hectáreas de las cuales compró y entregó 3.400 hectáreas quedando pendientes
4.600 hectáreas. Para cumplir por completo con la obligación, el MIJ acordó con los
Ministerios de Agricultura y Hacienda la compra de 700 hectáreas más en 2010 financiada
con 4.000 millones de pesos del presupuesto del INCODER y el resto de terrenos con una
partida de 15.000 millones de pesos serán ejecutados por la misma entidad en 2011.
En el marco del Auto 004 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, el MIJ coordinó el
diseño del Programa Nacional de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas,
inicialmente ordenado para los pueblos en situación de desplazamiento. Con el propósito de
fijar una política de Estado para la salvaguarda de los pueblos indígenas, el Gobierno decidió
ampliar este programa dando cobertura no solo a los 34 pueblos señalados por la Corte, sino
al total de la población indígena del país (102 pueblos indígenas). La propuesta de política
pública para los pueblos indígenas tiene varios enfoques: diferencial, territorial, humanitario,
restitutivo y de derechos. A julio de 2010 estarán instalados 15 planes de salvaguarda de los
pueblos indígenas.
34
En cuanto a la política para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, con la preocupación permanente por la mejora de las condiciones de vida y
garantía de los derechos de esta población, el esfuerzo gubernamental se concentró en el
fortalecimiento de la política pública que la favorece como lo demuestra la formulación de
cuatro documentos Conpes. El primero de ellos corresponde a la política que identifica,
incrementa y focaliza el acceso de la población negra o afrocolombiana a los programas
sociales del estado. Otro documento Conpes refiere al pacífico colombiano y la región de
Urabá. El tercero es el Conpes del Chocó y Montes de María. El último, aprobado el 10 de
mayo de 2010, recoge las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para comunidades
negras, palenqueras y raizales, creada en 2008.
En este caso, el Gobierno también recuperó los escenarios de concertación y dialogo. En el
último año fueron realizadas cuatro consultivas nacionales de comunidades negras, cuatro
mesas de seguimiento del Auto 005, una consultiva departamental ampliada y una asamblea
de consejos comunitarios.
Los dos avances más importantes en el cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte
Constitucional son el inicio de la caracterización de 160 territorios colectivos y ancestrales
de comunidades negras para establecer las condiciones de salud, educación, vivienda, entre
otros y la asignación de 10.621 millones de pesos para la vigencia 2010 para el Fondo de
Préstamos condonables de comunidades negras con el ICETEX.
El Gobierno también trazó políticas dirigidas a otras poblaciones vulnerables. Para la
población gitana (grupo humano compuesto por cerca de 5.000 personas), a partir del 2009
el MIJ coordinó un trabajo interinstitucional para concertar y diseñar una política pública en
materia de salud, vivienda, fortalecimiento institucional, proyectos productivos y
templabilidad. Los acuerdos quedarán incluidos en un decreto, próximo a expedirse, que
contiene la política pública para esta población incluyendo la creación de la mesa de diálogo
para el pueblo Rom.
En el último año las organizaciones más representativas de la población LGTBI y el Gobierno
lograron un acercamiento que condujo a la identificación y consenso de tres puntos claves
en el diseño de una política pública sobre este grupo humano: derechos sucesorales,
derechos para prestación del servicio de salud y pensión. Este hecho fue destacado por
35
organismos internacionales y gobiernos de otros países como un gran avance en el
reconocimiento a la diversidad. Está próxima la instalación de la mesa de diálogo Gobierno
– Población LGTBI con la realización de un evento en julio de 2010 con participación
nacional e internacional.
Consulta previa
El proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y negras es de obligatoria
aplicación. De 2002 a 2010 tuvieron lugar 307 actividades de consulta previa. Entre 2003 y
2010 el avance fue dinámico al pasar 3 procesos a 110 procesos.
Como resultado de la labor de unificación normativa para la consulta previa, el Gobierno
nacional publicó en 2010 dos tomos que recopilan las normas, jurisprudencia y documentos
de trabajo existentes sobre el tema. Con ello empieza a cubrir el vacío de información de las
normas y jurisprudencia sobre la materia.
La Directiva Presidencial 01 de 2010, expedida en marzo, indica a las entidades nacionales
la obligatoriedad del proceso de consulta previa cuyo resultado no es vinculante. La Directiva
establece con claridad las etapas y metodología para el proceso, lineamientos inexistentes
hasta esa fecha.
Estos avances posicionaron a Colombia como líder mundial en consulta previa y en la
garantía de los derechos fundamentales a los grupos étnicos. En este sentido, los distintos
países asistentes al Foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas
efectuado en Nueva york en marzo de 2010 expresaron su reconocimiento sobre el
particular.
El próximo reto es situar a la consulta previa como un eje transversal en las relaciones con
las comunidades étnicas. En ese sentido, debe realizarse la consulta previa del proyecto de
Ley sobre esta materia a todas las comunidades indígenas y a las comunidades negras.
36
5.1.2 DIMENSIÓN REGIONAL
El MIJ: Puente entre el Gobierno Nacional, entes Locales y la sociedad
El Sistema Administrativo del Interior – SAI (creado por la Ley 199 de 1995), puesto en
marcha en febrero de 2010 (Decreto 565), permite una real articulación entre la nación y los
entes territoriales. En mayo de 2010 los 32 departamentos están vinculados al SAI con sus
respectivas comisiones regionales que aplican, en el marco de la descentralización, ocho
líneas estratégicas (derechos humanos, desplazados, igualdad de oportunidades para
grupos étnicos, seguridad, convivencia ciudadana y orden público, descentralización,
procesos electorales, prevención y atención de desastres y derecho de autor).
El SAI cuenta hoy con una metodología única para la formulación de planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana que tiene aplicación por priorización en los 32
departamentos del país, 17 ciudades capitales y 23 municipios. Estos planes deben ser
actualizados anualmente; para 2010 tendrá aplicación en los departamentos de Caquetá (14
municipios), Cauca (9 municipios), Nariño (14 municipios), Norte Santander (16 municipios)
y putumayo (9 municipios).
En julio de 2010 existen 98 Planes de Seguridad y Convivencia (diseñados conjuntamente
con la Policía Nacional y los entes territoriales entre 2008 y 2010) superando la meta de
gobierno de formular 97 Planes. Además, mediante el Decreto de mayo de 2010 quedaron
actualizados la metodología, las tipologías de alertas, los criterios objetivos para declarar la
alerta temprana y los mecanismos de seguimiento.
6. RESPUESTA A LAS NECESIDADES LEGISLATIVAS DEL PAIS
Durante los 8 años de este Gobierno, el Congreso de la República aprobó 241 Leyes y 5
Actos Legislativos de iniciativa gubernamental, de los cuales 35 Leyes y 4 Actos Legislativos
corresponden a temas del Sector Administrativo del Interior y de Justicia
37
Dentro de las aprobadas, destacan las siguientes Leyes: Ley 793 de 2002 (establece reglas
que gobiernan la acción de extinción de dominio), Ley 796 de 2003 (se convirtió en el Acto
Legislativo 01 de 2004 que convocó a un referendo y sometió al pueblo un proyecto de
reforma constitucional), Ley 1142 del 28 de junio de 2007 (reforma parcial de las Leyes 906
de 2004 y 599 de 2000 y adopción de medidas para prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y la seguridad ciudadana), Ley 1285 de
2009 (reforma la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia) y Ley 1309 de
2009 (aumento de penas para delitos contra sindicalistas).
Los Actos Legislativos más relevantes son: el Acto Legislativo número 2 de diciembre 18 de
2003 (impulsado en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, que modificó la
Constitución Nacional para enfrentar el terrorismo), el Acto Legislativo número 2 del 21 de
diciembre de 2009 (reforma del artículo 49 de la Constitución Política, prohibiendo el porte y
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas) y el Acto Legislativo número 1 de
julio 14 de 2009, (modifica y adiciona la Constitución Nacional y aprueba la reforma política).
En 2009 se aprobó la reforma política para castigar severamente a directivos y partidos o
movimientos que permitan el ingreso de delincuentes y dineros mal habidos en las
actividades políticas o electorales, saneando así la política. Habrá “Silla Vacía” para
congresistas investigados por nexos con el narcotráfico y otros delitos. También existirá “Silla
Vacía” en los casos de delitos electorales. Finalizan las suplencias de los congresistas y el
38
carrusel de las curules. Los aspectos centrales de la reforma política aplicables requieren de
reglamentación.
39
Anexo No. 1
Programa de Protección a Personas
Número de Beneficiarios 2002-2010
Beneficiarios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Concejales 404 1.120 832 1.195 1.198 2.150 2.462 3.565 3.210
Sindicatos 1.566 1.424 1.615 1.493 1.504 1.959 1.980 1.550 1.327
ONG 1.077 1.215 733 554 683 613 1.003 573 393
Institucional 0 0 0 0 69 320 360 430 403
Alcaldes 212 344 214 87 76 390 295 233 290
Desplazados 0 0 0 59 92 594 776 1.400 522
Personeros 26 125 65 45 94 101 148 176 190
Acuerdos de paz 0 0 0 0 68 69 69 68 78
Diputados 0 43 45 33 58 74 105 115 95
Testigos 0 0 0 0 21 32 25 32 21
Misión medica 0 0 0 0 4 4 11 2 0
Lideres 699 456 545 552 516 951 966 1.079 950
UP-PCC 775 423 1.158 1.402 1.648 2.058 2.220 1.621 1.011
Justicia y Paz 0 0 0 0 0 0 82 135 61
Periodistas 168 71 125 46 64 128 154 171 157
Ex - Alcaldes 0 0 114 41 2 1 60 29 25
TOTAL 4.927 5.221 5.446 5.507 6.097 9.444 10.716 11.179 8.733
Nota: Los datos del año 2010 están consolidados a 30 de abril de 2010
40
Anexo No. 2 Atención de personas Fondo Nacional de Calamidades - FNC
2002-2010
Año Número de personas
afectadas Número de personas que
solicitan apoyo al FNC
Número de personas que solicitaron apoyo y fueron
atendidas con recursos FNC
2002 343.149 198.198 198.098
2003 436.052 345.638 327.010
2004 851.276 706.695 582.703
2005 1.103.612 966.471 944.694
2006 711.447 594.191 550.562
2007 1.559.377 1.367.261 1.349.874
2008 1.877.504 1.472.372 1.464.127
2009 435.641 292.677 282.829
2010 483.737 81.744 81.502
Total 7.801.795 6.025.247 5.781.399
41
Anexo No. 3
Casas de Justicia en Operación
No. CASAS DE JUSTICIA
ANTIOQUIA
1 Medellín - Villa del Socorro
2 Medellín - Robledo
3 Bello
4 Caucasia
5 Chigorodó
6 El Bagre
7 Itaguí
8 Remedios
9 Segovia
10 Vegachí
11 Yalí
12 Zaragoza
ATLANTICO
13 Barranquilla - La Paz
14 Barranquilla - Simón Bolívar
BOGOTA D.C.
15 Bosa
16 Ciudad Bolívar
17 Los Mártires
18 Suba
19 Usme
BOLIVAR
20 Cartagena Chiquinquirá
21 Cartagena Country
22 Cartagena Canapote
BOYACA
23 Tunja
CALDAS
24 Manizales
CASANARE
25 Yopal
CAUCA
26 Popayán
27 Buenos Aires
28 Corinto
29 Toribio
30 Puerto Tejada
CESAR
31 Valledupar La Nevada
32 Valledupar Primero de Mayo
CHOCO
33 Quibdó
34 Condoto
35 Itsmina
42
Anexo No. 3
Casas de Justicia en Operación
No. CASAS DE JUSTICIA
36 Novita
37 Tadó
CORDOBA
38 Montería
CUNDINAMARCA
39 Chía
40 Girardot
41 Soacha
HUILA
42 Neiva
LA GUAJIRA
43 Riohacha
MAGDALENA
44 Santa Marta
META
45 Villavicencio
NARIÑO
46 Tumaco
47 Pasto
NORTE DE SANTANDER
48 Cúcuta
PUTUMAYO
49 Mocoa
50 Puerto Asís
QUINDIO
51 Armenia
RISARALDA
52 Pereira Cuba
53 Pereira Villasantana
54 Dosquebradas
SAN ANDRÉS ISLA
55 San Andrés
SANTANDER
56 Bucaramanga
57 Floridablanca
TOLIMA
58 Ibagué
59 Ataco
60 Chaparral
61 Ortega
62 Rioblanco
VALLE
63 Cali Aguablanca
64 Cali Siloé
65 Buenaventura
43
Anexo No. 3
Casas de Justicia en Operación
No. CASAS DE JUSTICIA
66 Buga
67 Cartago
68 Palmira
69 Tuluá
Nota: Las Casas de Justicia de Caucasia (Antioquia), Palmira (Valle) y Dosquebradas (Risaralda) inician en operación de julio de 2010.
44
Anexo No. 4
Centros de Convivencia en Operación
No. Municipio y Departamento
1 Barrancabermeja - Santander
2 San Vicente del Caguán - Caquetá
3 San Gil – Santander
4 Ocaña - Norte de Santander
5 Aguachica – Cesar
6 Magangué – Bolívar
7 Cantagallo – Bolívar
8 Leticia – Amazonas
9 Sonsón – Antioquia
10 Baranoa – Atlántico
11 Arauquita - Arauca
12 Tibu - Norte de Santander
13 Juan Atalaya - Cúcuta - Norte de Santander
14 La Dorada - Caldas
15 Sogamoso - Boyacá
16 Convención - Norte de Santander
Centros de Convivencia en Construcción y en Operación en Julio de 2010
17 Sabana de Torres - Santander
18 Puerto Wilches - Santander
19 La Salina - Casanare
20 Sácama - Casanare
45
Anexo No. 5
Sector Administrativo del Interior y de Justicia
Documentos Conpes 2002-2010
Número Nombre del documento Fecha de
aprobación
Política, programa, proyecto,
trámite
3277 Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios
Mar-04 Proyecto
3278
Autorización a la nación para contratar una operación de crédito externo hasta por un monto de US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas, con destino a la financiación del programa "paz y desarrollo"
Mar-04 Trámite
3310 Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana
Sep-04 Política
3412 Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios. - Seguimiento del Conpes 3277.
Mar-06 Proyecto
3437 Implementación del Sistema integrado de emergencias y seguridad SIES de Colombia.
Ago-06 Proyecto
3559
Concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la Banca Multilateral hasta por US$62.000.000, o su equivalente en otras monedas, para financiar un proyecto de fortalecimiento a los servicios de Justicia
Dic-08 Trámite
3566
Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por US$7.812.500 dólares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar la segunda fase del programa “Paz y Desarrollo”
Feb-09 Trámite
3575 Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios- seguimiento a los conpes 3277 de marzo de 2004 y 3412 de marzo de 2006
Mar-09 Programa
3590 Consolidación de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Colombia
Jun-09 Política
3629 Sistema de responsabilidad penal para adolecentes Dic-09 Política