Mineros

Rodolfo Yanzn

Mineros

Fueron ms de 30 disparos de los Carabineros contra los trabajadores que se manifestaban en el campamento minero de El Salvador. En pleno desierto de Atacama, Chile, los mineros enterraron a Nelson Quichillao Lpez despus de morir tras la balacera el pasado 24 de julio. "Me preocupa cmo le colocan tanta fuerza a resolver un movimiento social, en vez de una mesa de dilogo. La gente tiene rabia", se lament el alcalde Pedro Araya, que intent en vano hablar con quien se hallaba al frente de los carabineros. En el parte policial qued asentado que los trabajadores atacaron previamente.

"Quin ha dicho algo de la muerte de Nelson Quichillao?", se pregunt el alcalde. Tras la represin, el agregado laboral de la Embajada de Chile en Espaa y militante comunista, Cristin Cuevas Zambrano, renunci a su cargo: "He realizado una profunda reflexin poltica y tica que me obliga moralmente a renunciar a esta responsabilidad que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet me ha mandatado." Mantenerse en el cargo sera incoherente con su pensamiento, dijo, "debido a que mi principal deber es proteger los derechos de los hombres y mujeres de trabajo". Su comunicado finaliza con un llamado a la unidad de los trabajadores para luchar contra las injusticias.

Dentro de la coalicin gobernante se oyeron otras quejas, como las de la diputada Camila Vallejo: "Para los comunistas no tiene sentido permanecer en la Nueva Mayora si no se cumple con el programa, no tiene sentido permanecer en una alianza en que su nica preocupacin sea mantener un espacio de poder porque s". Cuestiones como la educacin, el aborto y la reforma de la constitucin pinochetista son parte de las deudas que la diputada dice tienen con el pueblo chileno.

Una bala termina con una vida y 30 sofocan una manifestacin. Pero una sola justificacin desde el gobierno hace tambalear el Estado de Derecho.

Bachelet recibi a Carmen Quintana, una de las vctimas del caso "quemados", que le pidi el levantamiento del secreto de 50 aos establecido para el informe sobre prisin poltica y tortura elaborado en 2004, conocido como "informe Valech". "La presidenta qued muy seriamente comprometida a estudiar estos temas", afirm Quintana. El caso "quemados" acaba de ser reabierto en sede judicial a partir de las declaraciones de un soldado que rompi el pacto de silencio, para investigar el secuestro de dos jvenes que protestaron contra la dictadura de Pinochet. Los militares los quemaron vivos el 2 de julio de 1986. Quintana tena 18 aos al momento de los hechos. La otra vctima, Rodrigo Rojas, muri como consecuencia de las quemaduras.

Pinochet orden personalmente que se frenaran las investigaciones para llegar a los autores. La responsabilidad del dictador surge de unos cables del gobierno de EE UU, que permitirn robustecer lo dicho por el soldado Fernando Guzmn que denunci una operacin de encubrimiento montada por el Ejrcito: "A cambio de nuestro silencio, la institucin nos provey de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados." Al respecto, dijo Bachelet el lunes pasado: "Basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que an permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmn, que ayuden a reparar tanto dolor." Adems del encubrimiento, los cables dan cuenta que la dictadura tach pblicamente de terroristas a las vctimas, a quienes acusaron de haberse ocasionado las heridas con sus propias bombas molotov. Los cables tambin dan cuenta que se emprendi una campaa de intimidacin para presionar a los testigos del crimen, al fiscal y a los jueces de la causa para desestimar el caso por falta de pruebas. Esto sucede cuando el ex jefe de la DINA condenado por violaciones a los DDHH, Gral. Manuel Contreras, se encuentra internado de gravedad. Segn el diputado de la ultraderechista UDI Jorge Ulloa, se debera rendir honores a Contreras. "Hay muchas figuras, como Salvador Allende, que dividi el pas y se le hizo igual un funeral. No veo por qu debera ser lo contrario en este caso", dijo Ulloa, para quien los DDHH son slo una cortina de humo para tapar los problemas de Chile. Para levantar el secreto del informe Valech es necesaria una mayora calificada. Pero se incrementa el nmero de quienes piden terminar con el silencio.

Mientras tanto, en la Argentina se acaba de publicar en el Boletn Oficial la ley 27.156 por la que se prohbe indultar, amnistiar o conmutar penas a autores de crmenes de lesa humanidad, y se reprimi a los trabajadores de la lnea 60 que iniciaron paros para reclamar por la reincorporacin de compaeros despedidos por la empresa. El secretario general del sindicato Unin Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernndez, critic a los huelguistas y a la izquierda por impedir trabajar a quienes queran hacerlo, y el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dio orden de desalojar y reprimir a los trabajadores con dos argumentos conocidos: fueron ellos quienes comenzaron la agresin contra los gendarmes (a quienes tambin llam "trabajadores") y estaban cometiendo un delito federal cortando el trnsito. "Los trabajadores estn buscando un muerto", dijo Berni, que los trat de inadaptados y violentos. El diputado Edgardo Depetri utiliz similares argumentos y el candidato a gobernador Anbal Fernndez aval la labor de los gendarmes con sus decenas de heridos y detenidos.

Quin ha dicho algo de los heridos y presos por la represin? El Cels, la Comisin Provincial por la Memoria y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otros, recordaron que durante el ao pasado se produjeron otras represiones contra los trabajadores de Lear y Gestamp con similares caractersticas y justificaciones. El dirigente de SMATA, Ricardo Pignanelli, culp a los trabajadores de promover la anarqua y critic la presencia de militantes polticos y de DD HH, y es recordada la actuacin del gendarme infiltrado tirndose de palomita sobre un auto. El SIPREBA denunci que en la represin a los trabajadores de la lnea 60 varios reporteros fueron heridos con gas pimienta y que la Gendarmera los desaloj golpendolos con bastones, rompiendo cmaras para encubrir la ilegalidad y disparndoles balas de goma y gases lacrimgenos. El Cels sostuvo que se reprimi sin antes promover un canal de negociacin y que los gendarmes dispararon indebidamente sus balas de goma desde arriba de la Panamericana a trabajadores que se encontraban en la ruta 197. Pero el silencio de muchos es preocupante.

Una bala termina con una vida y 30 sofocan una manifestacin. Pero una sola justificacin desde el gobierno hace tambalear el Estado de Derecho. Los logros se consolidan cuando hay compromiso de no reproducir metodologas repudiables.