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CUESTIONAMIENTOS A LA PROVINCIA POR LAS INUNDACIONES El bloque de senadores del Frente para la Victoria le exigió al gobierno de María Eugenia Vidal que brinde información relativa a sus responsabilidades y acciones respecto a las inundaciones registradas en la Provincia durante las últimas semanas. Mediante un pedido de informes, los legisladores pidieron conocer el detalle de las obras en ejecución y planificadas por el Ministerio de Infraestructura, específicamente aquellas destinadas a la zona de San Nicolás, afectada gravemente por las inundaciones. “Existen obras en la zona que fueron presupuestadas y ejecutadas por la gestión anterior y que este año no avanzaron. Queremos saber por qué, y cuál es el motivo por las que se detuvo el plan” sostuvo la senadora nicoleña Cecilia Comerio.

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El compromiso de que en diciembre de este año se completarán las obras hidráulicas para evitar inundaciones en la Región -asumido por el ejecutivo provincial a mediados de 2016- se ve, por ahora, lejano. A meses de que se cumplan cuatro años de la trágica inundación de abril de 2013, apenas 17 de las 58 obras hidráulicas están terminadas y, en paralelo, cerca del 30% del resto de los proyectos se encuentra frenado por diferentes motivos, según datos oficiales. Sin embargo, desde el ministerio de Infraestructura provincial confían en que en el transcurso de los próximos meses las obras paralizadas se irán reiniciando y para fin de año estarán terminando. “Las principales seguro. Dependemos del clima. Pero venimos a buen ritmo. Cada metro que avanza la obra, es un metro menos que avanza el agua. La Plata es un objetivo de la gobernadora (María Eugenia Vidal), así que estamos obsesivamente encima de todo para que no se atrase nada”, aseguró Rodrigo Silvosa, subsecretario de Infraestructura Hidráulica. Distinto es el diagnóstico que trazan integrantes de distintas asambleas de inundados, quienes consideran que es una “misión imposible” que las obras estén lista para diciembre de 2017. Hoy por hoy, los damnificados por la catástrofe de 2013 afirman que en los últimos meses el avance global de las obras “es mínimo”.

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Cifras que inquietan Alejandro Alba, miembro de la Asamblea de Tolosa, resaltó que, según los datos que les suministran oficialmente cada mes, al 31 de diciembre pasado el nivel total de avance de las obras de todas las cuencas era de entre el 40 y 45%. Según enumeró, de 65 obras incluidas en el ambicioso plan diseñado para atacar desde varios frentes simultáneos las deficiencias hidráulicas de nuestra región, 19 están neutralizadas, 12 terminadas, 21 en ejecución y el resto, aún, sin licitar. En la Provincia, en tanto, manejan otras cifras: de 58 obras (lo que no incluye limpiezas ni proyectos aún sin lanzar), 17 están terminadas (29%), 24 en ejecución (41%), 14 neutralizadas (24%) y tres en las que se rescindió el contrato a la empresa adjudicataria. Precisamente, entre las neutralizadas y las que dieron de baja el contrato suman 30% de obras paralizadas. “Las que se rescindieron ya se encuentran en proceso para volver a licitarlas”, remarcó Silvosa, quien, a su vez, señaló que los contratos se dieron de baja “básicamente, porque la empresa no está dispuesta a hacer la obra”. Los frentes a atacar, se sabe, son numerosos y todos cruciales para el funcionamiento del sistema hidráulico regional. Entre los de mayor relevancia se cuentan el ensanchamiento y canalización del arroyo El Gato, originariamente el principal desagüe natural de la Región; el conducto derivador de avenida 31, entre el barrio Cementerio y El Gato, para “atajar” y desviar el agua que entra al casco histórico desde el arroyo Regimiento; el canal derivador de avenida 143, desde San Carlos hasta El Gato, para aliviar los entubamientos del arroyo Pérez a su paso por el casco y Tolosa; y la adecuación de los drenajes del Maldonado, otro de los grandes arroyos platenses, que muere en los bañados del sur de Berisso. Como se sabe, en distintos tramos los avances de las obras se encontraron con obstáculos imprevistos desde el punto de vista logístico, territorial y operativo: una etapa del conducto de avenida 31, por caso, se frenó en 2015 al toparse con un gasoducto; en El Gato, para avanzar con el ensanche primero hay que reubicar a familias que viven a la vera del arroyo; la papelera que está al margen de ese cauce, a la altura de 514, presentó, a su vez, dificultades no menores. “Dicen que van a terminar en diciembre de este año. Pero la obra si no se termina en su totalidad no sirve, porque es integral y van a generarse cuellos de botella”, resaltó Alba. Y puso como ejemplo las etapas III, IV y V del saneamiento de El Gato entre calle 1 y Centenario, “cada una con 540 días de plazo estimado para su realización. La etapa tres, por ejemplo, en el (último) mes avanzó menos del 2% y en su totalidad un 5%”. Especialmente complejo se presentó el avance en el tramo que va de calle 1 a 13, donde existen numerosas familias que todavía deben relocalizar en el complejo habitacional que toma forma en 1 y 514. sorteando interferencias Desde Infraestructura, no obstante, sostienen que apuran gestiones para sortear todos esos inconvenientes. “Ya nos pusimos de acuerdo con la papelera, se corrieron oficinas y está a punto de hacerse la demolición de un puente que interfería con el ensanche”, dijo Silvosa. El titular de Hidráulica bonaerense destacó además que está en vías de resolución la interferencia de un electroducto que corre paralelo al Gato y hacía imposible avanzar con los tres grandes nuevos desagües planteados. “La obra necesaria ya está adjudicada; Edelap está aprobando el proyecto ejecutivo de la obra. Cuando llegó nuestra gestión no tenían ni proyecto”, resaltó. “La reubicación de familias avanza a buen ritmo. En la 143 se inició la excavación (para el conducto aliviador). Y todos los tramos del derivador de la avenida 31 están iniciados. Es cierto que en un tramo está frenado por la interferencia de un gasoducto, pero eso sale en licitación en febrero”, aseguró Silvosa. También aseguró que están trabajando en siete nuevos puentes proyectados a lo largo del cauce. “Uno importante, el de las ruta 15 y arroyo El Gato, sale a licitación en febrero”, indicó el

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funcionario y subrayó: “Cuando llegamos las obras estaban abandonadas, todas paradas. Las interferencias ni siquiera estaban abordadas”. Piden informes Por otro lado, los asambleístas reclamaron que, más allá de las obras estructurales, “que sirven para mitigar el impacto de una inundación, aunque en ningún caso resuelven la totalidad del fenómeno, son importantes los planes de contingencia, esto es, que la gente sepa lo que tiene que hacer. Por eso, uno de los pilares es la concientización, y no se está haciendo”. Por último, Alba señaló: “Hemos pedido a la anterior y la actual gestión contar con un plan de cada una de las obras, diciendo cuándo inician y cuándo finalizan. Pero no dan la información, a pesar del fallo judicial que convalidó el pedido y a la promesa que nos hicieron los funcionarios”.

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Hartos de tan prolongada escasez de agua, los vecinos de Hernández que vienen sufriendo ese déficit en sus domicilios organizaron para hoy una protesta que los reunirá, a las 10, en la intersección de las calles 25 y 511. Para manifestar su malestar, anticiparon, cortarán el tránsito. Hace semanas que más de una zona de la localidad del norte platense padece inconvenientes con el servicio de Absa. Tanto que la situación obligó a salir al “rescate” de los vecinos con canillas secas y se realizaron operativos de provisión de agua en los que participaron el Municipio local y hasta el Ejército Argentino. El último fin de semana la entrega de agua se llevó a cabo en calle 29 entre 512 y 513; 27 y 512 bis; y 134 y 518. La semana anterior se habían ejecutado en 512 y 28 bis. Tal fue en estos últimos días el padecimiento de los usuarios de la zona por la falta de servicio que, en plena ola de calor, con más de 30 grados de temperatura sostenidos durante varias jornadas, que numerosos vecinos optaron por dejar su barrio y mudarse durante a casas de familiares y amigos que sí tenían servicio. EL PLAN DE ABSA Para incrementar el caudal de agua que llega a las localidades de Hernández y Los Hornos, Absa informó que puso en marcha un plan de mejoras a corto plazo; programa que, señaló la empresa, se encuentra en ejecución. Según puntualizó la distribuidora de los servicios sanitarios de la Región, en Hernández la empresa ya culminó la obra de una nueva perforación situada en la esquina de 131 y 505. Se trata de un pozo para la extracción de agua. Operarios de la empresa se encuentran ultimando detalles de la obra, como la colocación del tablero eléctrico, el cableado, y las bombas. En relación al servicio de energía eléctrica que se necesita para poner en marcha las perforaciones se informó que se realizaron las gestiones correspondientes ante EDELAP. Asimismo, según se anticipó, la semana entrante comenzará el tendido de 850 metros de cañería de impulsión, tramo que unirá la nueva perforación con otra existente, situada en las calles 505 y 25. De acuerdo a la estimación de la empresa, el trabajo que se inicie la semana próxima “ampliará el caudal entregado a la red y beneficiará a la zona comprendida por avenida 25, desde calle 500 hasta 523”. EN LOS HORNOS También hay una obra de mejora para la distribución de agua en una zona de Los Hornos. En ese sentido ABSA señaló que se recuperó la perforación de calle 140 y 56, la que se encontraba fuera de servicio, y en la que se colocó la bomba. El mecanismo ya se encuentra conectado a red, luego de haberse realizado el drenaje y las pruebas necesarias para comprobar su funcionamiento. En tanto, ayer operarios de la empresa trabajaron sobre la perforación nueva de 143 y 57 con el objetivo de que pueda conectarse a la red de la zona antes del fin de semana.

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Cinco personas murieron ayer, dos de ellas menores de edad, y una sexta resultó gravemente herida tras chocar dos vehículos sobre la ruta provincial 11, entre las localidades bonaerense de General Lavalle y San Clemente del Tuyú, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las 19, en el kilómetro 300 de dicha ruta interbalnearia de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, donde colisionaron un utilitario Renault Kangoo con seis ocupantes y una camioneta Ford Ranger en la que viajaban padre e hijo. Fuentes policiales informaron que a raíz del choque, aparentemente frontal, ambos vehículos terminaron sobre la banquina. Como consecuencia del impacto murieron cinco de los ocupantes de la Kangoo, identificados por la Policía como César Gustavo Torres (44), Zulma Torres (58) y Oscar Aníbal Ruíz Díaz (53), los dos últimos con domicilio en General Lavalle; y dos menores de edad cuyos datos personales no habían sido confirmados hasta anoche. Según las fuentes, el sexto ocupante del utilitario, también menor de edad, resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó. Mientras que el hombre de 46 años y su hijo de 20 que iban en la Ranger resultaron ilesos, agregaron los voceros. En el lugar de la colisión trabajaban anoche personal del Destacamento Vial y de Bomberos, ambos de General Lavalle.

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Un accidente que terminó en vuelco se produjo en la localidad de El Peligro durante la noche del lunes, cuando eran poco más de las 23. Sucedió a la altura del kilómetro 43 de la ruta 2. A decir de los voceros policiales que trabajaron en el lugar, se trató de un evento “espectacular”. Los vehículos implicados fueron un camión que transportaba piedras -que terminó tumbado-, y una camioneta Ford EcoSport. El saldo fue de dos heridos. Luego de la llegada del personal policial al sitio del accidente, se convocaron a dos ambulancias para trasladarlos. Los conductores de ambos rodados terminaron internados en distintos centros sanitarios: uno en el hospital de Melchor Romero, y otro en el Evita Pueblo de Berazategui. Además de los médicos, dos dotaciones de bomberos voluntarios de El Peligro, a cargo del subcomandante Oscar Vega, debieron intervenir en colaboración con el operativo policial. “El accidente generó múltiples inconvenientes en la circulación del tráfico”, añadieron los voceros. Los trastornos tuvieron que ver con que “parte del cargamento del camión quedó desparramado en la calzada”, según comentó una fuente. Los policías de seguridad vial organizaron el operativo hasta que ambos vehículos fueron removidos.

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Se avecina una paritaria docente muy compleja en la Provincia. Y no es un decir: altos dirigentes del Frente Gremial Docente Bonaerense opinaron que “la falta total y absoluta de convocatoria y de diálogo” por parte de las autoridades “responde a una política que desvaloriza la educación pública, porque para este gobierno, en consonancia con el de la Nación, la educación pública no es una prioridad”. Con esa premisa, los maestros esperan el llamado a discutir “no sólo sueldos” para este año, dijo a este diario la “capitana” del equipo paritario del Suteba, María Laura Torre, quien también habló de números, los cuales están muy lejos de los que insinúa el gobierno. El titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó en una entrevista radial que las negociaciones comenzarán en febrero, y admitió que la cartera que encabeza trabaja en “algo parecido” a lo que se acordó con gremios estatales: 18% y cláusula gatillo (dispara una suba adicional si la inflación supera ese monto). “Con esto que ha instalado el ministerio de Trabajo, la cláusula gatillo, las proyecciones sobre la inflación del año se vuelven casi abstractas”, consideró el funcionario. Los docentes no quieren saber nada. “No vamos a empezar a discutir el salario 2017 hasta que no nos garanticen la recuperación del 8 al 10% de poder adquisitivo que perdimos en 2016, y hasta que el 100% de los educadores cobren hasta el último peso que les deben”, subrayó Torre, para asegurar que “a los trabajadores de los programas orquesta escuela y de los centros de actividades infantiles y juveniles aún les adeudan 6 meses”. Pero además afirmó que si les ofrecen “el 20% del que se habla, ni siquiera lo discutiremos. Esa cifra es totalmente irreal, una barbaridad”. “Hace poco leí una entrevista a (Alejandro) Finocchiaro donde decía que los docentes somos fundamentales. También suele decirlo su par de la Nación, Esteban Bullrich. Pero los maestros sabemos que eso no se refleja en el día a día. Hay docentes que ya no llegan a fin de mes, sin exagerar; todas las obras de infraestructura están paradas; no entregaron una sola computadora; bajaron el presupuesto educativo; no nos llaman desde el 9 de agosto”, enumeró, para aseverar que “el gobierno tiene un doble discurso, uno para el público, en el que los maestros y la educación pública son lo más importante, y otro para el trabajador, al que ningunea”. “La gobernadora (María Eugenia) Vidal decidió cerrar mal el 2016, sin diálogo, es decir que ella decidió marcar un piso muy desfavorable para iniciar el debate educativo de cara a este año”, enfatizó Laura Torre.

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El gobierno bonaerense comenzará a estudiar una nueva metodología para el cálculo del valor del Impuesto Inmobiliario que apunta a su actualización automática, tal como ocurre con la Patente. Así se lo adelantó a EL DIA el titular de la Agencia de Recaudación (ARBA), Gastón Fossati, quien dijo además que comenzará a trabajar en “transparentar un índice de evasión” de sectores que tributan Ingresos Brutos con la idea de avanzar en acciones tendientes a “combatir la informalidad de la economía”. “Tenemos en mente empezar a pensar alguna metodología de actualización del Inmobiliario. En 2016 hicimos el revalúo pero no se aplicó y estamos viendo si es la mejor metodología o vamos hacia otra que sea básicamente de aplicación automática todos los años”, afirmó Fossati. ¿Se busca así una actualización automática del Inmobiliario como se hace con el Automotor? Exactamente. El objetivo es que automáticamente haya un sistema, una metodología que permita todos los años calcularlo y que se implemente año a año sin la necesidad de un revalúo cada 10 años, porque después pasa lo que pasó. Como es cada 10 años, y en el medio se registró mucha inflación, se atrasan mucho los valores. En el revalúo que hicimos en 2016 el promedio de aumento de la valuación fiscal era de 8 ó 9 veces con un techo de 23 veces y una base de 3 veces. Podría tomarse un valor de mercado. Todos saben cómo crece el mercado inmobiliario año a año según las zonas. Y la idea es que ese crecimiento vaya acompañado de la valuación fiscal de ARBA. Eso no quiere decir que se vaya a gravar el mismo porcentaje, sino quiere decir apuntar a un sistema equitativo donde todos, para hacer política tributaria, sepamos cuál es el valor de un inmueble determinado o cuál se acerca más al valor de mercado. Y no lo ficticio de hoy. Con el correr de los años, el Inmobiliario ha perdido presencia en la torta recaudatoria provincial, dominada en casi el 75% por Ingresos Brutos que tributa la actividad económica. “Hace algunos años representaba el 15% del total de lo recaudado y hoy apenas llega al 8%”, indicó el funcionario. Pero en contraposición ha crecido Ingresos Brutos que es un impuesto distorsivo. ¿Hay chances de bajarlo para algunos sectores? El gobierno nacional convocó a una mesa para discutir una reforma tributaria integral que compartimos. Hay una presión fiscal elevada en los distintos niveles del Estado pero también hay una situación de cuentas públicas que hay que sostener. Sí compartimos que para que haya competitividad en la Provincia y en el país hay que dar una discusión integral para que mejore la producción y el empleo. Hoy el sistema tributario en los distintos niveles estaduales es un parche como consecuencia de varios parches. Y hay que sumar la discusión por la coparticipación porque la Provincia está claramente discriminada. Compartimos que hay que bajar impuestos, y de hecho en la actual ley Impositiva hemos bajado un poco Ingresos Brutos para dos sectores. Ese es el camino, es una primera señal en el marco de una discusión más integral. ¿Qué porcentaje de evasión existe en la Provincia?

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Vamos a transparentar un índice de evasión donde midamos las diferentes actividades económicas, el nivel de actividad y cuál es la declaración en Ingresos Brutos de esas distintas actividades. En función de eso informaremos qué acciones vamos a implementar para combatir esa informalidad en la actividad económica. Tenemos indicios de que la evasión puede ser alta. Cuando asumimos teníamos 1,6 millones de contribuyentes de Ingresos Brutos y cerca del 50% no presentaba las declaraciones juradas. Empezamos a intimar y hasta ahora tenemos casi un 11% de mejoría en el cumplimiento de este impuesto. ¿Cuáles son los temas que, estima, se discutirán en el marco de la reforma que propone la Nación? Seguramente la coparticipación y los impuestos patrimoniales, porque hoy se grava a nivel nacional (Bienes Personales), a nivel provincial (Patente e Inmobiliario) y a nivel municipal el ABL. Se genera una superposición porque por el mismo bien se paga en los tres niveles. Seguro se discutirá Ingresos Brutos porque todos le suman un poco más y llega al consumidor final muy cargado. Y puede que se sustituya por un IVA provincial o un IVA nacional que se coparticipe a las provincias.

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Un hotel del municipio de San Pedro fue escenario ayer del acto de lanzamiento de la mesa de Cambiemos en la Segunda sección electoral, una movida que apunta a consolidar el armado oficialista en el interior de la provincia de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo. El encuentro de ayer estuvo encabezado por el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En ese espacio, que el oficialismo puso en marcha a principios de año, los referentes de Cambiemos destacaron “la gran importancia de la tarea de los intendentes” para las elecciones legislativas de 2017. El lanzamiento, realizado en el Hotel Howard Johnson del partido bonaerense de San Pedro, contó con la participación de un amplio número de legisladores, jefes comunales y funcionarios. Al encuentro acudieron los intendentes Cecilio Zalazar (San Pedro), Claudio Rossi (Rojas), Javier Martínez (Pergamino), Javier Oleata (Arrecifes), y Fernanda Antonijevic (Baradero), entre otros. Además, participaron de la reunión el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación bonaerense, Jorge Elustondo; el vicepresidente de la UCR bonaerense, el senador Carlos Fernández; y el administrador de Vialidad Nacional, ingeniero Javier Iguacel, entre otros.

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E ese marco, para algunos llamó la atención la ausencia del intendente de San Nicolás Ismael Passaglia, uno de los jefes comunales del peronismo de muy buena sintonía con Vidal y cuya incorporación a las filas de Cambiemos era centro de fuertes especulaciones. ACUERDOS LOCALES Con la mira puesta en reforzar el armado territorial en la Provincia, el frente Cambiemos busca avanzar con los acuerdos seccionales y contener a todos los espacios que lo integran. Así, tras el encuentro, Salvador manifestó en un comunicado que el “objetivo” de juntarse es para “saber” que están “en el camino correcto”. En tanto, Mosca destacó el “volumen” de la mesa de la segunda sección electoral del frente Cambiemos, y consideró “importante que la conformemos y la sostengamos fundamentalmente de cara a la elección que se viene, que es trascendental”. “La elección que se viene, que es trascendental, nos tiene que encontrar consolidados como estamos, y con mucha comunicación”, manifestó. Por su parte, Ritondo pidió “hacer el trabajo dialogando, con consenso”.

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“No queremos techo salarial en paritarias para los trabajadores municipales”. Así lo declaró el secretario general de ATE y la CTA autónoma de la Provincia, Oscar de Isasi, en referencia al planteo del gobierno bonaerense de que las comunas no se salgan de la pauta de aumento del 18% en cuatro cuotas para todo el año dispuesta por la administración Vidal para los empleados estatales. Y en ese marco vaticinó conflictos en varias comunas. “Tal cual lo manifestamos, tanto en la calle como en las reuniones en el ámbito provincial, consideramos que el aumento del 18% en cuatro cuotas para todo el 2017 profundiza la pérdida del poder adquisitivo de todos los estatales”, manifestó de Isasi. “Este es el criterio de aumento que se aplicó a los trabajadores del ámbito provincial y que nuestra organización rechazó, y que ahora se quiere aplicar a los trabajadores municipales, por lo cual lo rechazamos contundentemente. Por otra parte, repudiamos las insinuaciones de la gobernadora Vidal que dice que todo aquel intendente que supere el techo del 18% va a desfinanciar el municipio. Esto demuestra que quiere aplicar el ajuste sobre los trabajadores sin importarle la suerte de los ciudadanos de los distintos distritos y por esto disciplina con el miedo a cada uno de los intendentes”, añadió. ATE exigió “paritarias libres” donde cada distrito habilite la discusión y que se otorgue estabilidad laboral los trabajadores. “Nos vamos a poner al frente de la lucha en todos los distritos”, concluyó. Como informara este diario, el gobierno bonaerense pretende que las comunas tomen como parámetro el aumento del 18% que firmó con los estatales y lo trasladen a sus propios trabajadores. Así, busca contribuir a que no se dispare la inflación, dicen los funcionarios.

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La gobernadora decidió extender por otro trimestre la intervención en el sistema carcelario. Tres funcionarios del Ministerio de Justicia continuarán conduciendo la fuerza mientras se avanza en varios frentes: transparencia, cambio en el plexo legislativo y reformas en la capacitación del personal La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal decidió prorrogar por tres meses la intervención civil del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de continuar con la evaluación del desempeño del personal jerárquico a cargo de las 56 Unidades Carcelarias y Alcaidías, donde están alojados cerca de 33.500 reclusos. El Ejecutivo bonaerense, a través del Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari, optó por renovar la intervención, la cual quedará oficializada en el decreto que se encuentra en la Jefatura de Gabinete, a la espera de la firma de Federico Salvai. El 24 de octubre pasado, Vidal, en medio de la reforma que ordenó aplicar en el SPB, mandó un proyecto de ley a la Legislatura para reformar el actual estatuto de esa fuerza, el cual rige desde 1980. Además, la restructuración incluyó el desplazamiento de la cúpula y el pase a retiro de un centenar de agentes, para, según dijeron desde el Ejecutivo, terminar con el “autogobierno” de la fuerza. Por lo que trascendió desde fuentes del gobierno, la complejidad del sistema penitenciario requirió más tiempo que tres meses. Los interventores civiles son Juan Baric, el subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Fernando Rozas, a cargo de la Auditoría de Control y Gestión, y Fernando Manzanares, que se ocupa del área de Evaluación de Desempeño. El triunvirato busca evaluar el desempeño de todo el personal jerárquico a cargo de las cárceles bonaerenses, muchos de los cuales (directores y subdirectores) fueron desplazados y más de 130 oficiales se pasaron a retiro. Este primer trimestre de gobierno civil apuntó contra las administraciones anteriores al sostener que los cambios no se llevaron adelante años atrás “porque había pactos de connivencia”. Reincidencia del 43 por ciento Baric, Rozas y Manzanares entraron en acción luego de que Vidal y Ferrari desplazaran al que era jefe del Servicio, Fernando Díaz, quien había sido designado por la gobernadora en diciembre de 2015 tras la triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y de Víctor Schillaci del penal de General Alvear. Paralelamente, Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto para reformar el Estatuto del SPB que rige desde la época de la última dictadura y que incluye cambios en la modalidad de ingreso y evaluación de sus integrantes. También se busca una modificación en el sistema educativo y de trabajo carcelario, propuesta que contempla la reactivación de los talleres de oficios, con el objetivo de revertir las cifras actuales que indican que el 43 por ciento de los internos reincide en el delito y vuelve a ingresar a la cárcel. Vidal entiende que el Servicio Penitenciario cumple un rol protagónico en el sistema de seguridad ciudadana, pero encontró una situación compleja: hacinamiento y nichos de corrupción.

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El fiscal federal Federico Delgado imputó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para que se investiguen los presuntos pagos que recibió en 2013 por parte de un cambista de la empresa brasileña de la construcción, Odebretch, involucrada en el caso del Lava Jato; el mayor escándalo de corrupción de ese país que salpicó a toda América. El funcionario, que ayer se defendió a través de un comunicado, adelantó que se presentará ante la Justicia para hacer un descargo. "Planteado así el panorama, el juez debe iniciar la investigación a fin de chequear los hechos narrados", sostuvo el fiscal en su dictamen, a la vez que presentó los requerimientos que considera necesarios "para desentrañar lo denunciado". En primer lugar, Delgado le solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que está siendo subrogado por el juez Ariel Lijo, que requiera a la justicia brasileña los testimonios de dos de los arrepentidos del caso, Leonardo Meirelles y Alberto Youssef, y que Meirelles declare vía Skype. También ordenó obtener las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos de la multinacional ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos e invitar al periodista Hugo Alconada Mon para que aporte la documentación utilizada para su nota en el diario La Nación del 11 de enero, lo que desató el escándalo. En el artículo, denunció que Arribas recibió cinco transferencias bancarias por 600 mil dólares de parte del operador brasileño de Odebrecht, Meirelles, hoy condenado por confesar que pagó más de 400 millones de dólares en coimas para conseguir contratos fuera de ese país. Arribas admite una de esas cinco supuestas transferencias (por poco más de70 mil dólares) por parte de Meirelles y asegura que responde a una parte del pago de la venta de un inmueble y que el comprador eligió al cambista que se encargó del pago. Para poder corroborar estas versiones, Delgado pidió que la sucursal Zurich del Credit Suisse, vía exhorto internacional, brinde todos los datos de las transferencias registradas entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013 en la cuenta de Gustavo Arribas; e incluso solicitó realizar un peritaje informático sobre la base de datos de la cuenta, a fin de determinar si no se alteraron sus movimientos. Las fechas son clave porque según la investigación periodística, las transferencias a Arribas se hicieron un día después de que se reactivara el contrato para la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la constructora Odebrecht es una de las que está a cargo del proyecto. Lo curioso es que en su requerimiento de instrucción, el fiscal también le solicitó a Canicoba Corral que reflote e incorpore una vieja denuncia contra Arribas por presunto lavado de dinero, vinculada al mercado de pases del fútbol. Se trata de la denuncia realizada en 2005 ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por el ex diputado, Mario Cafiero, a raíz de irreguralirades detectadas en el millonario pase de Carlos Tévez de Boca al Corinthians. En ese entonces Mauricio Macri era presidente de Boca. Este episodio, según Delgado, haría al contexto de la denuncia.

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Por otra parte, Delgado considera necesario determinar si Gustavo Arribas tuvo y/o tiene algún vínculo con las empresas que integraron el conjunto adjudicatario de la obra precedentemente señalada y plantea requerir la declaración jurada de Arribas ante la Oficina Anticorrupción. Lo cierto es que todos los requerimientos quedarán en manos de Canicoba Corral que debe decidir si dará curso a la investigación, quien la semana pasada había declarado: "No sé si puede hablarse de soborno porque este señor era un ciudadano común, no era funcionario público".

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Espías de la Agencia Federal de Inteligencia, un juez, el fiscal, funcionarios de la Corte Suprema que hizo la transcripción y hasta un investigado. La "escucha" del diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli estuvo al alcance de una pequeña multitud de personas. También te puede interesar Habló el fiscal Marijuan sobre la escucha entre Cristina y Parrilli y confirmó que hará otra denuncia Cristina Kirchner: "Las escuchas no se ordenaron para investigar nada, se usó esa causa para hacer espionaje político" Ariel Lijo fue el magistrado que ordenó las "captaciones" y el que autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a acceder a las escuchas. El fiscal Guillermo Marijuan también pudo disponer de los CD's al igual que directivos y personal de la oficina de la Corte que desgrabó los audios. Más: Parrilli, y sus abogados, tuvieron a mano las escuchas "porque están en el expediente", según confiaron a Clarín fuentes judiciales (ver aparte). El ex jefe de la AFI en la era K declaró ante Lijo por la causa sobre Ibar Esteban Pérez Corradi y accedió a todo el expediente antes de presentarse ante el juez. En total, se trató de más de 2.000 páginas de desgrabaciones de horas y horas de conversaciones mantenidas a través de varios números telefónicos -no solo el de la charla entre Cristina y Parrili- durante los meses de junio y septiembre de 2016. Previsible: los distintos actores de la cadena formal que tuvieron acceso a las escuchas negaron haberlas filtrado. En el tumulto, Elisa Carrió profundizó su espadeo con Ricardo Lorenzetti. "Me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el Presidente de la Corte maneje las escuchas en el país" dijo Carrió según reprodujo la agencia DYN. Paradoja: la jefa de la Coalición, socia brava de Mauricio Macri, compartió blanco con Parrilli que apuntó contra Lorenzetti en una ráfaga diversa que alcanzó a Lijo, Marijuan y coronó con Mauricio Macri a los que acusó de "espionaje político". Vía Twitter, Cristina de Kirchner rastreó otro eje: citó al portal Infocielo que contó que Juan Rodríguez Ponte, director ejecutivo del organismos que hace las escuchas, es hijo del intendente PRO del municpio de General Lavalle. Ayer, en tribunales trascendió que Rodríguez Ponte es un funcionario judicial que se desempeñó -aunque ya no lo hace- como secretario del juzgado 4 que ocupa Lijo donde estaba desde antes que esa oficina esté a cargo del actual magistrado La ex presidente habló, a través de las redes, de #watergateautoctono y lanzó imputaciones a la Corte, el juez y el fiscal. Cristina remitió, a la vez, a un informe de la abogada Graciana Peñafort que asegura que el juez Lijo debió ordenar la destrucción de las escuchas. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que adminsitra Rodrígugez Ponte, está bajo el mando de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun, y en la órbita de la Corte.

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Fue la primera oficina que se despegó del escándalo: "No ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno" indica el breve texto que validó Lorenzetti y se difundió anteayer por la tarde, casi en paralelo al comunicado en el que Parrilli denunció "escuchas ilegales". Marijuan fue el siguiente en tratar de desmarcarse. Sobre el fiscal pesan todas las miradas, sobre todo porque hace unos meses trascendió un audio donde le anticipaba medidas a un conductor de TV. "En la fiscalía no tenemos los CD con estas escuchas, no tenemos los audios. Yo no tuve acceso al audio, lo conocí igual que ustedes", se defendió Marijuan. Desde la AFI, que comanda Gustavo Arribas, hicieron lo mismo: "La Agencia desmiente de forma categórica las acusaciones que la involucran en la divulgación de comunicaciones telefónicas", expresó a través de un comunicado. En la Corte, ayer sonaron algunas quejas porque el texto que difundió el Centro de Información Judicial (CIJ) no habría sido puesto a consideración de los demás supremos. Ayer se apuntó en una sutileza que puede servir como pista: Marijuan denunció a la ex presidente y se basó en un material que tenía frases que no existían en el audio ni en la transcripción hecha por los técnicos de la Corte. El fiscal señaló que recibió un informe de inteligencia donde, según la tesis que trasmitieron funcionarios judiciales a Clarín, incluía párrafos que no están en la transcripción "oficial" hecha por el personal de la Dirección de Asistencia judicial.

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A pocos días de que Donald Trump asumiera la presidencia estadounidense, un grupo de senadores republicanos y demócratas reclamaron a la nueva administración que considere a la Argentina como un importante aliado de EE.UU. en la región. Los senadores republicanos Marco Rubio y su colega James Lankford; más los demócratas Tim Kaine (candidato a vicepresidente con Hillary Clinton) y Chris Coons presentaron el lunes una resolución ante la Cámara Alta en la que expresaron el respaldo público a las reformas económicas del presidente Mauricio Macri y alentaron al mandatario a cultivar una alianza con nuestro país. La iniciativa toma relevancia porque surge cuando la designación del secretario de Estado –el ex CEO de Exxon Mobile, Rex Tillerson-- aún no ha sido aprobada en el Senado y tampoco hay demasiadas pistas sobre cuál será la política de Trump sobre América latina. Los senadores que tienen en sus manos la aprobación parecen estar buscando fijar ciertos parámetros a la flamante gestión. “Desde que tomó posesión, me ha alentado ver las medidas que el presidente (Macri) ha tomado para seguir integrando a Argentina en la economía global y mejorar la relación bilateral con Estados Unidos”, expresó Kaine, que habla español y ha dicho públicamente que debe mucho de su personalidad a América latina ya que de joven fue misionero jesuita en Honduras. “Es importante que la nueva administración (de Trump) continúe fortaleciendo nuestros lazos económicos y de defensa con la Argentina, sobre todo como un aliado extra OTAN”, sostuvo. El senador Coons agregó que las reformas económicas de Macri “deberían transformar a la Argentina en un motor del crecimiento económico en el Hemisferio Occidental. En los próximos años, los Estados Unidos deben continuar estrechando la cooperación con Argentina en temas bilaterales, regionales y desafíos globales”, reclamó. Por su parte, el senador Lankford resaltó los valores de libertad y democracia compartidos y reclamó: “EE.UU. necesita aliados responsables como Argentina en el Hemisferio occidental y espero seguir trabajando con la administración Trump en el cultivo de la importantes relaciones en América latina”. Rubio también saludó la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y alentó al Gobierno a seguir en ese camino y también a perseguir a los responsables del atentado contra la AMIA.

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La empresa PC Arts (Banghó) cerró ayer su fábrica de computadoras y despidió a más de 200 empleados, que tomaron la planta de Vicente López con apoyo de dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). “Como consecuencia de la eliminación del arancel del 35% para la importación de productos informáticos, PC Arts Argentina se vio obligada a cerrar una de sus principales plantas de fabricación, ubicada en Vicente López y a la desvinculación de 205 trabajadores”, anunció la empresa. Emiliano Gallo, secretario de Prensa de la UOM, dijo que fueron más los empleados despedidos, ya que “hubo 183 de la UOM, 40 de Comercio y unos 20 fuera de convenio. La empresa les quiere pagar las indemnizaciones al 50%, porque pretende aplicar el artículo 247” de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita ese pago cuando hay una caída en las ventas por causas que no sean imputables a la empresa. "Pero Banghó debe pagar las indemnizaciones que corresponden, al 100%", agregó Gallo. La anunciada eliminación del arancel a la importación de notebooks, PC y tablets, a partir del 1 de abril, está provocando una crisis entre los fabricantes nacionales. Fuentes del Ministerio de Producción lamentaron “la decisión de la empresa, ya que nos mostramos abiertos al diálogo y pusimos a su disposición diferentes instrumentos para acompañarlos en la transición. Queremos incorporar a sus trabajadores al Programa de Transformación Productiva, para facilitar y acelerar su reinserción laboral”.

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La creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario tiene fecha de arranque: el 14 de febrero. Así lo estipularon en la reunión que mantuvieron ayer las tres organizaciones sociales firmantes de la Emergencia Social, ellas son Barrios de Pie (BP), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC), con funcionarios de Desarrollo Social. El dato demuestra que el Gobierno avanza en la implementación de la ley que obtuvo una aprobación rotunda en el Parlamento a la par de que ayer se instalaron ollas populares para que empiece a regir a la brevedad. De hecho, con respecto a los tiempos hay divergencias: mientras que las "orgas" piden rapidez, por ejemplo para Daniel Menéndez, de BP, "es asombrosa la pereza con la que el Gobierno resuelve los problemas de los más humildes", desde el Gobierno dijeron a este diario que "reglamentar una ley no es tomarse un café entre cinco y resolverlo". Por esta cuestión de la celeridad es que hay en carpeta dos movilizaciones más: una para el 31 de enero y otra para mediados de febrero en la que piensan sumar a la CGT. Volviendo a la reunión de ayer, ambas partes coincidieron en que fue un mitin ameno en el que se confirmó que del Consejo participarán y tendrán voto resolutivo seis personas: tres por parte de los mencionados movimientos sociales y otros tres por parte del Gobierno, que estaría representado por un funcionario de Desarrollo Social (el que más suena es Matías Kelly, quien ayer dirigió la reunión), otro de Trabajo y el tercero de Hacienda. También hubo acuerdo de que se abrirá el cerco para que participen otras organizaciones no firmantes, además de que se convocará a la Iglesia, ONG's y académicos para una mesa disertante previa a los votaciones. En diálogo con Clarín, Rafael Klejser, de la CTEP, planteó que "esperábamos habernos ido con una borrador de cómo se va implementar pero no fue así; esta tardanza implica, por ejemplo, que no se les gire el dinero adecuado a las unidades ejecutoras para que puedan comprar herramientas para que los beneficiarios de planes puedan trabajar: se repite el esquema del kirchnerismo que es la continuidad de los planes sin prestaciones laborales".

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El Gobierno está decidido a mantener la calma y a minimizar el impacto de la decisión de la nueva administración de Donald Trump de frenar por 60 días la importación de limones del norte argentino, que estaba a un paso de ser levantada sobre el final de la gestión del demócrata Barack Obama. Fue el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien ayer salió al ruedo y contó que había hablado con el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, y que juntos verificaron que "esta decisión que tomó el gobierno de Donald Trump es la misma que había fijado el gobierno de Obama, que era tomarse 60 días para analizar las últimas medidas que del gobierno anterior". A su vez, en la embajada argentina en Washington ayer hubo una reunión del día entre Lousteau y su equipo para ver cómo se desarrollará la situación de ahora en más y con archivos en la mano siguieron comparando medidas similares que tomaron los gobiernos de Bush y Obama con sus antecesores, y cómo se fueron resolviendo los distintos casos. “Es una medida general que sí afecta nuestro mercado de limones, pero no creemos - a menos que algo demuestre lo contrario- que tenga que ver específicamente con la Argentina y con los limones en particular", aseguró por su parte Cabrera durante una rueda de prensa en la Casa Rosada en la que anunció la resolución sobre "Transparencia de precios". Entre los citricultores en cambio el ánimo sigue alterado. La primera salida ayer del presidente de la Asociación Tucumana de Citrus, Roberto Sánchez Loria, fue reclamar que el Gobierno estadounidense le diera “explicaciones” al de Argentina, por una decisión que sin embargo, en la administración de Mauricio Macri no consideran ni personalizada hacia Macri o hacia la Argentina, ni “perjudicial a otros sectores de la producción”. Fue Cabrera quien en octubre pasado en Washington anunció que Estados Unidos levantaba las restricciones que ese país había impuesto en 2001 a los limones de Argentina, primer productor y exportador mundial del cítrico. Ayer, la acción de la citrícola San Miguel se recuperó 2,2% tras caer casi 7% el lunes. Cabrera dijo ayer que la secretaria de Comercio saliente de Estados Unidos, Penny Pritzker, le hizo un llamado unos días antes de dejar su despacho para decirle que ya había hablado con su reemplazante, Wilbur Ross, repasando la agenda del diálogo comercial con la Argentina. "Me dijo que hasta ese momento creía que todos los temas que estábamos tocando iban a seguir su marcha sin ningún inconveniente porque eran una agenda positiva para los dos países", sostuvo Cabrera. Cabrera viajará en los próximos días a Brasil para un encuentro con su par en la previa a la bilateral que allí tendrán Mauricio Macri y Michel Temer. También sobre este viaje han decidido que el proteccionismo que promete Trump no consuma una agenda que se centrará, aseguran, en los temas bilaterales y regionales

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La Argentina tiene una noticia buena y otra muy preocupante en materia de transparencia. La positiva es que en el último año logró escalar 12 puestos en un ranking mundial de 176 países. La mala es que la percepción sobre la corrupción en el Estado sigue siendo crítica y ubica el país en una posición inferior a otros de la región, como Brasil, Uruguay, Chile, Panamá y Colombia. En 2016, la Argentina obtuvo 36 puntos en una escala de 0 a 100 y se ubicó en el puesto 95 sobre un total de 176 países auditados, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), uno de los indicadores más difundidos a nivel global, elaborado por Transparencia Internacional. El IPC clasifica los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. El índice se elabora a partir de una combinación de trece fuentes, que son encuestas y evaluaciones efectuadas por diversas instituciones mundiales especializadas. Según el informe al que accedió LA NACION, a través de Poder Ciudadano (que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional), en 2015 la Argentina había obtenido 32 puntos y se ubicaba en el puesto 107. El año pasado mejoró su nota en cuatro puntos y escaló a la posición 95 de la tabla, un lugar que comparte con otros cinco países: El Salvador, Kosovo, Maldivas, Sri Lanka y Benín. Según manifestaron en Poder Ciudadano, "el pequeño avance a nivel global de la Argentina puede responder a que el gobierno anterior era percibido como altamente corrupto, y un cambio de gestión, en principio, puede hacer que esa percepción baje". Agregaron que otro aspecto que pudo haber influido fue "la sanción de normas que se consideran claves", como la ley de acceso a la información pública. La tabla La Argentina se ubica entre los cinco países que más escalaron en el ranking, junto con Bielorrusia, Surinam, Timor Oriental y Laos. "Más allá de esos avances, en líneas generales, la percepción sobre corrupción sigue siendo muy elevada", explicaron en Poder Ciudadano. En los últimos cinco años, el país nunca pudo "aprobar" con un cuatro. José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, manifestó que "en muchos países las personas se ven privadas de sus necesidades básicas debido a la corrupción". El IPC arrojó que casi el 70% de los países obtuvieron una puntuación inferior al 50, lo que evidencia el carácter generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Los países mejor posicionados en el IPC son Dinamarca y Nueva Zelanda (con 90 puntos), seguidos por Finlandia (89), Suecia (88) y Suiza (86). En la otra punta de la tabla, con el peor puntaje se ubicaron Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte y Siria. Si se observa sólo el continente americano, la Argentina se ubica en la mitad inferior de la tabla. Con mejor puntaje figuran, entre otros, Uruguay (con 71 puntos), Chile (66), Brasil (40), Panamá (38) y Colombia (37). Los tres peor posicionados en la región son Venezuela (17), Haití (20) y Nicaragua (26). En su metodología, el IPC combina 13 fuentes de datos de instituciones que se especializan en análisis de gobernabilidad. Entre otros, tiene en cuenta las calificaciones de riesgo país, evaluaciones del Banco Mundial y encuestas del Foro Económico Mundial.

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El ministro de Producción, Francisco Cabrera, espera lograr en siete días lo que hasta ahora no pudieron las millonarias licitaciones de Lebac, ni la reducción de la emisión monetaria ni la menor transferencia de recursos al Estado, todas decisiones del Banco Central, que encabeza Federico Sturzenegger. Por medio de una resolución que se publicará hoy en el Boletín Oficial, el ministro les ordenará a todos los comercios que distingan claramente el precio de un producto que se paga al contado de su valor financiado mediante el pago en cuotas con tarjetas de crédito. Según el Gobierno, eso debería ocasionar una merma de hasta 20% en el desembolso final que haga quien elija pagar en efectivo. Eso se debe a que incluso las opciones de pago que se promocionan como "cuotas sin interés" encierran un gasto adicional oculto, algo que llevó a Cabrera a asegurar que en la Argentina "hoy no hay cuotas sin interés; hay cuotas con interés oculto". Pese a la expectativa, que se basa en cálculos del Banco Central, los funcionarios no saben aún cuál será el impacto de la medida sobre el índice de inflación del mes próximo. "Se da la situación de que, si uno compra al contado un producto durable que tiene una oferta en cuotas, está pagando implícitamente una parte del costo de financiamiento que ya hoy tienen esos productos", resumió Cabrera, que dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con el secretario de Comercio, Miguel Braun. Y completó: "Esta resolución apunta a diferenciar el precio contado del costo de financiamiento y obliga a que los comercios tengan que exhibir claramente lo que es el precio contado del producto, el valor de cada cuota que tiene que pagar y el costo de financiamiento total implícito en el financiamiento con cuotas". Si los comercios no cumplen con la orden de mostrar ambos precios, pueden sufrir multas millonarias. Los funcionarios dieron algunos ejemplos. Por caso, si un jean hoy cuesta $ 1200 cualquiera que sea la modalidad de pago (sostienen que los comercios incluyen en el precio el valor del financiamiento), con la nueva modalidad costará $ 1054. Ése será el precio por pago al contado, pero si el comprador lo adquiere con pagos en 12 cuotas, desembolsará $ 105,83, con un costo financiero total del 42,9%, por lo que desembolsará casi $ 1270. Con el Plan Ahora 12, que tiene subsidio estatal, el costo del financiamiento sería menor al de otras alternativas, pero también por encima del pago al contado. Braun aclaró que el Gobierno no intervendrá en los precios: "El comercio tiene un montón de costos: financieros, laborales, energéticos, entre otros. Hace sus cálculos de a qué precio puede vender según le conviene o no. Nosotros no nos metemos a decir «el precio tiene que ser tanto», sino que creemos que la competencia entre comercios hace que el consumidor tenga el mejor precio". Competencia, palabra clave El objetivo oficial no sólo apunta a que bajen los precios por pago al contado. Según Cabrera, el hecho de mostrar el costo del financiamiento despertará una mayor competencia entre bancos y tarjetas que beneficiará al consumidor con menores tasas de interés. "La economía ya arrancó, estamos acompañando el crecimiento del consumo. Queremos que accedan a los mejores productos, con los mejores precios, que todos digamos al verdad y tomemos decisiones con la mejor información posible. Es un paso claro en la normalización de la economía y

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uno más para estar cada día un poco mejor y acercarnos a la pobreza cero", sostuvo Braun, en una especie de resumen de las creencias neurálgicas del Gobierno respecto del manejo del comercio y de la actividad económica. El sector privado tiene algunas dudas respecto de la medida que se conocerá hoy en su totalidad. Por caso, algunos entienden que desestimulará el uso de tarjetas de crédito y débito, dos herramientas que se convirtieron en grandes promotoras del consumo en los últimos años. Por otra parte, plantean incertidumbre respecto de las futuras preferencias de los comerciantes al momento de sugerir un medio de pago. Si bien por ley no pueden tener precios diferentes para un mismo producto que se pague mediante algunas de las alternativas incluidas en el contado, el uso de los plásticos les implica, como mínimo, el desembolso de comisiones que, en el caso del efectivo, no ocurrirían.

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Una familia tipo necesitó al cierre de 2016 tener ingresos por 13.155,83 pesos mensuales para superar la línea de pobreza, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En tanto, la línea de indigencia quedó determinada por ingresos por 5458,6 pesos para un matrimonio con dos hijos. Éstos son los valores que alcanzaron la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), medidas por el organismo oficial. En diciembre pasado, ambas subieron 0,2 por ciento respecto de noviembre. La CBT está compuesta por un conjunto de bienes y servicios mínimos para el desarrollo mensual de una familia tipo, mientras que la CBA se circunscribe sólo a alimentos. Con esta variación y ante una mejora en el poder adquisitivo de los salarios por las últimas cuotas de las paritarias, es posible deducir una caída en el nivel de pobreza para el cierre de 2016 desde el último 32 por ciento informado. Sin serie anual Durante diciembre la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,2 por ciento, de lo que se desprende que, de acuerdo a los números oficiales, la suba de precios de los bienes básicos fue muy inferior a la de aquellos que consumen los estratos superiores En lo que respecta a alimentos, en diciembre se produjeron subas de 1,2 por ciento en carnes, 1,8 por ciento en frutas, 1,5 por ciento en panificados y 2,1 por ciento en aceites, entre los más importantes. A su vez, se verificó una baja de 11,3 por ciento en verduras. Debido a que el Indec restituyó las series de IPC, CBA y CBT entre abril y mayo, no se puede realizar el balance anual de la evolución de cada serie. Según el último informe oficial disponible, el 70 por ciento de la población tiene ingresos inferiores a 13.000 pesos, con lo cual deben sumarse al menos dos ingresos para que la familia supere la línea de pobreza. Asimismo, el Gobierno mantuvo el programa "Precios Cuidados" que buscan contener los precios de unos 500 productos que componen una canasta básica de alimentos para apuntalar su consumo en los hogares de menos recursos.

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Atento a las altas expectativas de inflación que aún tiene el sector privado, el Gobierno decidió finalmente desistir de la idea de volver a emitir hoy un título en pesos a tasa fija, como el que había logrado colocar sobre el final del año pasado, y en cambio salir a financiarse con la colocación de un bonos atado al índice de precios. La operación consistirá en reabrir los "BonCer 2021" (Bonos del Tesoro Nacional con Ajuste por CER), que pagan un cupón del 2,5% anual más lo que varíen los precios minoristas. En el Ministerio de Finanzas quieren aprovechar la visión pesimista que tiene el mercado sobre la inflación, para que ésta se vea reflejada en la demanda de los títulos en pesos que se saldrán a colocar. El plan inicial de Luis "Toto" Caputo había sido salir a captar más de $ 30.000 millones en esta emisión. Pero la poca profundidad y las expectativas del mercado local lo hicieron ser algo más conservador en su estrategia. Hoy, las consultoras privadas prevén que habrá un piso, en el corto plazo, en el descenso de la inflación (al menos hasta marzo, por cuestiones estacionales). Y que a lo largo del 2017 el índice podría ubicarse cerca del 21% anual, muy por encima de las metas que se fijó el Banco Central. El escenario al que se enfrenta hoy el Poder Ejecutivo, posterior a la elección de Donald Trump en Estados Unidos, es muy diferente al que había encontrado en los meses en que salió a colocar los Bote, que son los títulos a tasa fija que se animó a lanzar el Tesoro. Por esos días, el mercado esperaba una tendencia claramente descendente sobre los precios. Esta vez, también, los títulos podrán ser suscriptos tanto en moneda local como en dólares, lo que facilitará la demanda de fondos del exterior. Según lo dispuesto, la recepción de ofertas comenzará hoy y se extenderá hasta mañana, mediante el sistema de "indicación de precio". En el llamado "tramo competitivo" se deberá indicar el precio que se ofrece (incluyendo intereses devengados), expresado por cada mil pesos de valor nominal, y en el no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. La amortización será íntegra al vencimiento y devengará intereses del 2,5% anual, que se pagarán una vez por semestre en enero y julio de cada año. En el mercado veían ayer con algo de desconfianza las condiciones de emisión. Algunos consideraban que el spread que se pagarán los títulos sobre la inflación es demasiado bajo y que la suscripción sólo se justificaría ante un escenario de alta inflación. Paralelamente, el Gobierno también saldrá a licitar hoy letras en dólares, en dos versiones: una a 77 días, que vencerá en abril y pagará un rendimiento del 3% anual (el precio de suscripción será de u$s993,71 por cada u$s1.000 de valor nominal); y otra a 168 días, que terminará en julio y dejará un retorno del 3,3% anual (u$s985,04 por cada u$s1.000). Sobre la demanda de estos títulos influyen las expectativas que tenga en el mercado sobre la evolución del dólar. Habría poco vuelo para la divisa con un blanqueo aún vigente, las colocaciones de deuda y la llegada de cosecha gruesa.

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El dólar cerró casi estable este martes a $ 16,24 en agencias y bancos de la city porteña, en una jornada donde los inversores estuvieron atentos a la decisión del BCRA sobre la tasa de política monetaria (centro del corredor de pases a 7 días), que finalmente se mantuvo inalterada en el 24,75%. De esta manera, el billete -que subió un centavo, su segundo avance consecutivo- se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa retrocedió dos centavos a $ 15,96 y cortó una racha de tres subas consecutivas. En una rueda que mostró una moderada recuperación en el volumen de negocios (creció un 20% a u$s 307 millones), la moneda operó con tendencia mixta pero sin abandonar el escenario de acotada fluctuación de los precios. La amplitud entre máximos y mínimos operados volvió a ser escasa debido al relativo equilibrio entre la oferta y la demanda que sólo se modificó en el último tramo del día. Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que sobre el final de la rueda aparecieron órdenes de venta de exportadores y de bancos con necesidad de contar con pesos para la liquidación de Lebac, cuya tasa a 49 días (la de menor plazo), se ubicó en el 23,2%. El economista Gustavo Ber consideró a ámbito.com que el mercado de cambio "está teniendo un lento y gradual reacomodamiento alcista, cuando las primeras medidas del presidente Donald Trump generan incertidumbre en el mundo". La suba es gradual, agregó Ber, debido a que es limitada por "el repunte de la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador (la semana pasada creció un 18,1% interanual) y la colocación de deuda en el exterior". Consultado sobre el impacto del recorte de tasas o su mantenimiento sobre la cotización del dólar, Ber indicó que "el BCRA debería bajar las tasas para empujar al dólar en vista del atraso cambiario que existe y que se puede profundizar con el ingreso de divisas por colocación de deuda, sobre todo ahora que la inflación parece más calma". En el segmento paralelo, en tanto, el blue cayó un centavo a $ 16,87, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" repuntó tres centavos a $ 15,96 y el dólar Bolsa bajó cuatro centavos a $ 15,92. En el mercado a futuro ROFEX, donde se operaron u$s 165 millones, el 20% fue en "roll-over" de enero ($ 16) a febrero ($ 16,22) con una tasa implícita de 17%TNA. El plazo más largo operado fue agosto, que cerró a $ 17,85 con una tasa del 19,7%TNA. Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 88 millones hasta los u$s 39.914 millones.

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Desde tiempos inmemorables, las relaciones entre las provincias estuvieron signadas por historias y fantasías de persecuciones políticas, recelos históricos, límites naturales profusos (y confusos) y rivalidades económicas de todo tipo. Hoy, casi 200 años después, las rencillas siguen siendo inocultables. La Pampa vs. Mendoza Un conflicto de vieja data que inclusive llegó a la Corte Suprema revivió por la construcción de la presa de Portezuelo del Viento, en Mendoza. La Pampa se opone a la obra por considerar que afectará aún más a la provincia en la escasez de agua. Inclusive, la campaña estuvo en manos del gobernador, Carlos Verna, quien estuvo al frente de marchas para reclamar que en Mendoza se apropian del cauce del Río Atuel y, así, se perjudica a los pampeanos. Ahora, lanzó una polémica protesta con hashtag para las redes sociales: #NoAPortezueloEnManosDeMendoza. En 1987, la Corte Suprema le había dado la razón al reclamo pampeano. Santa Fe vs. Córdoba Las trágicas inundaciones con que recibió el año Santa Fe reflotaron el cruce por la construcción de canales aliviadores. En pleno desastre, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, cuestionó a Córdoba por "tirar el agua a Santa Fe". El mandatario pidió hacer un análisis integral de las cuencas, que incluya a Córdoba, que no acusó recibo del golpe. "Nos tiran el agua hacia acá y nosotros tenemos poca capacidad para poder evacuarla de manera rápida, y eso termina en los campos", dijo Lifschitz. Chubut vs. Buenos aires El decreto de Mauricio Macri para terminar con los reembolsos a los puertos patagónicos (decreto frenado por la comisión bicameral del Congreso Nacional que los trata) desencajó al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien señaló a Buenos Aires por hacer lobby para favorecer a sus puertos. "¿De qué país federal estamos hablando? Nos sacan para beneficiar a la provincia de Buenos Aires", disparó Das Neves y abroqueló un frente que tuvo éxito en el Congreso. Fue principalmente duro con las ciudades portuarias de Bahía Blanca y Mar del Plata. Santa Cruz vs. Tierra del Fuego Las provincias más australes se cruzaron en un capítulo más ligado a internas del FpV que a intereses regionales. La gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, salió a apoyar al intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto, en una disputa por el cobro de impuestos que mantiene con la gobernadora Rosana Bertone. Un round entre el kirchnerismo duro frente al FpV dispuesto a negociar con la Casa Rosada. Este último sector, encabezado por la mandataria fueguina, respondió a Vuoto: "Si quieren el régimen de coparticipación municipal de Santa Cruz, lo agarramos con las dos manos, porque sus municipios reciben menos que los nuestros". Corrientes vs. Santa Fe Un operativo de la Policía santafesina en la correntina Goya en el que terminó demorado el jefe de la división de Drogas Peligrosas, José Moyano, desató un cruce entre gobernadores a fines del año pasado. El operativo había sido ordenado por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde. Pero en

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Corrientes entendieron que se invadió jurisdicción sin autorización local. El mandatario Ricardo Colombi pidió al Ministerio de Seguridad de su provincia que impidiera los allanamientos y dijo que fue "lamentable" el accionar del jefe del Operativo. Desde Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz consideró "llamativa la intervención" de su par de Corrientes. "El operativo fue por orden de un juez federal, que tiene jurisdicción en todo el país", manifestó Lifschitz. La Rioja vs. Tierra del Fuego Una pelea más compleja, por las distancias que las separan. Lo cierto, es que el Gobierno riojano elaboró un documento en defensa del empleo local para elevar peticiones a la Casa Rosada donde pidió eliminar los beneficios a los fueguinos. Uno de los puntos del documento, el "f", refirió: "Realizar las acciones y gestiones pertinentes a los efectos de eliminar las distorsiones provocadas por los productos que ingresan al territorio continental desde la provincia de Tierra del Fuego que constituye una competencia desleal respecto a la producción del resto del país". El documento pasó inadvertido en el sur del país. Salta vs. Catamarca Las cuestiones limítrofes no generan tensión sólo entre países. A nivel provincial puede haber discordia por ganar metros. En este caso, la disputa es por el Salar de Diablillos, una zona que tomó relevancia a mitad de la década pasada por la explotación minera. Catamarca reclama esos territorios entre los departamentos de Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Pero la Corte Suprema, en 2015, no avanzó con el pedido catamarqueño, que acusa a Salta de dar concesiones mineras en su territorio. La Corte delegó el tema al Congreso. Fue la tercera vez que el máximo tribunal de Justicia resolvió a favor de Salta en diferendos de límites con Catamarca. Antes: 1985 por las posesiones de Diablillos y en 1987 por el Salar del Hombre Muerto. La puja limítrofe en la zona tiene casi 120 años y también involucra a Jujuy. Tucumán vs. Santiago del Estero Ambas provincias forman parte del comité que regula la cuenca del Salí-Dulce. Desde Santiago del Estero advirtieron a los ingenios azucareros tucumanos por contaminar un lago y provocar daños ambientales en el embalse de Río Hondo. La escalada tuvo su pico en 2011, cuando el intendente de Río Hondo amenazó con no dejar entrar al territorio a camiones tucumanos. En Santiago del Estero dicen que empresas de la vecina provincia tiran allí sus desechos, acusación que se repite de forma cíclica. San Juan vs. Mendoza En la antesala de los festejos del bicentenario por el histórico cruce de la Cordillera de los Andes del general José de San Martín, San Juan cuestionó a Mendoza por apropiarse de la gesta histórica. Los mendocinos avalan la hipótesis de que las columnas salieron de El Plumerillo, en su distrito. Los sanjuaninos no lo niegan, aunque aclaran que fueron sólo 60 hombres y que los 800 restantes partieron a Chile desde su Pismanta. Todos los años se hacen tres cruces a caballo rememorativos: uno desde cada provincia y otro desde La Rioja. Este año, el 200 aniversario del cruce hizo que se recalentara la disputa por organizar los festejos oficiales, que finalmente partirán desde Mendoza. Todos vs. Buenos aires La división histórica del interior y la de Buenos Aires del puerto suele supurar de forma periódica. Los beneficios fundacionales suelen abrir la herida federal cada vez que aparece una medida a favor de Buenos Aires. Este año, el estallido de los caudillos llegó por la decisión de Mauricio Macri de transferir $25.000 M al Gobierno de María Eugenia Vidal. Si bien no era fondos coparticipables, sino de Tesoro Nacional, los gobernadores dispararon contra la "falta de federalismo" del Gobierno y pidieron un "trato igualitario". Quienes más alzaron la voz fueron los mandatarios de Chubut, San Luis, Tucumán, San Juan, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Santa Fe.

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Transcurrido un año del levantamiento de los controles en el mercado de cambio y la eliminación de las barreras para el comercio, en 2016 se registró un superávit en la balanza comercial de u$s 2128 millones. De esta manera, se volvió a tener un resultado positivo (al igual que entre 2000 y 2014), tras el déficit de u$s 2969 millones que se había registrado en 2015, según informó ayer el Indec. En total, se exportó por u$s 57.737 millones durante el año pasado, un incremento de sólo un 1,7% frente a 2015. En cambio, las importaciones (vinculadas a la evolución del PBI argentino) cayeron un 6,9% y alcanzaron los u$s 55.610 millones. El crecimiento de las exportaciones en 2016 se dio debido a incrementos de 17,7% en productos primarios y de 0,2% en manufacturas de origen agropecuario (MOA). En tanto, hubo caídas de 11,5% en combustible y energía y 6,6% en manufacturas de origen industrial (MOI). A nivel de principales rubros, los mayores aumentos del acumulado del año respecto de 2015 correspondieron a cereales (aumento de u$s 2136 millones); productos químicos y conexos (u$s 335 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (u$s 268 millones); grasas y aceites (u$s 267 millones); hortalizas y legumbres sin elaborar (u$s 262 millones); pescados y mariscos sin elaborar (u$s 240 millones) y tabaco sin elaborar (u$s 179 millones), principalmente. Dentro de las manufacturas de origen industrial sobresalió la baja de 16,4% en automotores a u$s 5010 millones, de 10,7% a u$s 2246 millones, de piedras y metales precioso, entre otras. Estas bajas tuvieron una parcial compensación con el incremento de 8,1% en las ventas al exterior de productos químicos. Sobre las importaciones, al comparar la evolución de 2016 respecto de igual período del año anterior cayeron 6,9%. Las compras de combustibles y lubricantes, bienes intermedios, y piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 30,7%, 14,4% y 10,8% respectivamente. Y aumentaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros 33,5%, bienes de consumo 9,1% y bienes de capital 2,2%. Sobre el aumento de las importaciones de bienes de capital en los 12 meses, las compras externas de estos excluido equipos de transporte cayeron 6,7% y las correspondientes a equipos de transporte industriales crecieron un 32,5%. Debido a la composición del comercio exterior, el Mercosur fue en 2016 el principal socio comercial del país, pero el intercambio arrojó un déficit de 372 millones de dólares. La peor situación se dio con Brasil ya que el desequilibrio anual ascendió a los u$s 4640 millones. En diciembre, puntualmente, se obtuvo un magro superávit de u$s 65 millones, el más bajo de todo 2016 (en el que además hubo 3 meses en los que se registró déficit). En diciembre de 2015 el rojo comercial llegó a u$s 1091 millones. Durante el último mes de 2016, las exportaciones crecieron fuerte, un 34%, a u$s 4591 millones y, las importaciones, se mantuvieron casi estables (aumentaron un 0,2%) a u$s 4516 millones.

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Las ventas al exterior desde el sector agropecuario explicaron que en diciembre las exportaciones aumentaran fuerte. Las de productos primarios más que se duplicaron (crecieron 119,9%). También aumentaron el resto de los rubros: manufacturas de origen agropecuario (MOA), 31,2%; combustibles y energía, 25,9%; y manufacturas de origen industrial (MOI) 10,1%. Al analizar cómo evolucionaron los precios y las cantidades exportadas surge que en diciembre los precios internacionales crecieron sólo un 0,7%, mientras que las cantidades lo hicieron en un 33,1%. A su vez, los precios de las importaciones descendieron 3,3% y las cantidades aumentaron 3,7%. Clasificadas por usos económicos, se observaron mayores importaciones de vehículos automotores de pasajeros (69,2%), bienes de capital (25,9%), bienes de consumo (9,9%); en tanto que se redujeron las compras al exterior de combustibles y lubricantes (-60,1%), bienes intermedios (-15,8%) y piezas y accesorios de capital (-7,7%). En diciembre nuestros principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos. Con todos se registró déficit: con Brasil, de u$s 493 millones; con China, de u$s 647 millones; y con EE.UU., de u$s 299 millones.

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El brote de fiebre amarilla, detectado en Minas Gerais hace diez días, acaba de llegar a San Pablo. Las autoridades sanitarias del estado paulista confirmaron que tres personas fallecieron por causa de esa enfermedad. Dos casos fueron autóctonos, es decir, adquiridos dentro del propio territorio provincial. Y un tercer fallecimiento fue de una persona que había estado en Minas. Se informó también que sube a más de 50 el número de muertos por la dolencia, aunque se estima que la cifra puede resultar mucho mayor. Esto convierte a la dolencia en la peor en una década en Brasil. El último dato disponible es de 2008, cuando la enfermedad cobró 27 víctimas. Lo que más preocupa a los gobiernos mineiro y paulista es la rápida progresión del virus. En este fin de semana, en Minas subió 28% en relación al viernes último. Según los últimos informes, los casos notificados pasaron de 272 a 391; y hay otras 51 muertes en investigación que podrían haber sido causados por la fiebre. El gobierno paulista adoptó medidas de emergencia para reforzar la vacunación. Otro tanto hicieron los estados de Río de Janeiro y de Espírito Santo. De acuerdo con los especialistas del Instituto Emilio Rivas –que atiende todas las enfermedades tropicales- las regiones más impactadas son el norte del país, especialmente Bahía. Y en el sur Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. La institución recomendó la vacunación de los habitantes de esas provincias; un consejo que se extiende a todos aquellos que viajen hacia estos territorios brasileños. Desde ese punto de vista, puede ser el caso de los turistas argentinos. Se informó, también, que un equipo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud ya se encuentran en Minas Gerais para seguir de cerca las investigaciones sobre el brote. La OMS actualizó los alertas epidemiológicos para las Américas. Además de Brasil otros dos países sudamericanos relataron algunos casos: Colombia y Perú. La dolencia es endémica en las zonas tropicales de América Latina. En el caso de Argentina las zonas de mayor riesgo son Misiones y Formosa, limítrofes con Brasil, Paraguay y Bolivia. En cuanto a Buenos Aires, la última epidemia ocurrió hace 146 años. Siglo y medio después, es la primera vez que se insinúa un riesgo potencial. Como a fines del siglo XIX, también podrá llegar “importado” de Brasil, en avión y no en barco como antiguamente. El Aedes aegypti es el agente transmisor entre personas y es la causa principal de la propagación en regiones urbanas. Es que en las zonas tropicales selváticas, la enfermedad se transmite de monos a humanos por medio de otros dos mosquitos: Haemagogus y Sabethes.

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Quedan tres días para el año nuevo chino pero en Beijing ya tienen motivos para celebrar. Con su renuncia al tratado de libre comercio en el Pacífico (TPP), Donald Trump obsequió este lunes al gobierno de Xi Jinping con un regalo que hace sólo tres meses ni soñaba con tener: la retirada de EE.UU. de la pelea por la hegemonía en el Pacífico. China se convirtió ayer en el país de referencia para los 11 huérfanos del TPP. “Existe la posibilidad de que China se una al TPP,” dijo el mandatario de Australia, Malcolm Turnbull. “Debemos trabajar con China, los países de Asia, la India, Australia, Nueva Zelanda”, dijo el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El pedido del australiano tiene pocas chances de prosperar. Por su propia regulación, el TPP no puede funcionar sin la participación de EE.UU.:su PBI representa el 60% del bloque de los 12 países firmantes y tiene que haber un mínimo del 85% para que entre en vigor. Pero es un indicador del nuevo peso que tendrá China en las negociaciones comerciales de la zona. Beijing lleva años impulsando su propio acuerdo, la Asociación Económica Regional Integral (RCEP). Igual que el gobierno de Barack Obama había diseñado al TPP como una forma de ganar influencia en el Pacífico (dejando fuera a China), Beijing no tiene ninguna intención de ampliar el RCEP para hacerle un hueco a EE.UU. “China continúa comprometida con promover la integración económica en la región AsiaPacífico, e impulsará las negociaciones para la Asociación Económica Regional Integral y el Acuerdo de Libre Comercio para Asia Pacífico”, dijo ayer la vocera de la cancillería chinaHua Chunying. Japón no parece haberse adaptado tan bien al nuevo panorama. Su primer ministro, Shinzo Abe, veía en el TPP el estímulo necesario para una economía que lleva décadas estancada. Aunque sabía que Trump quería ponerle fin, el parlamento japonés se apresuró la semana pasada a aprobar el acuerdo. “Creo que el presidente Trump reconoce la importancia del comercio libre y justo y me gustaría concentrarme en hacerle entender la importancia económica y estratégica del TPP”, dijo Abe ayer. ¿Tozudez o tesón? El tiempo lo dirá, pero Abe es de los pocos empeñados en mirar al pasado. El primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, ya dijo que su país no podía permitirse el lujo de pasarse sin un tratado:“EE.UU. es tan grande que se las puede arreglar vendiendo cosas para ellos mismos. Nosotros tenemos que comerciar”, dijo. Malasia y Vietnam también están buscando ya alternativas regionales de integración. El TPP imponía un régimen legal común a los 12 firmantes, que representaban el 40% del PBI mundial, en el que se forzaba a los adherentes más pobres, como Vietnam, a elevar sus estándares medioambientales y laborales. Se esperaba que ejercieran presión también sobre China, para que mejorara sus prácticas. En cambio el RCEP promovido por Beijing, en el que entran 16 países (que representan el 33%de la economía mundial), se limita a las barreras a la exportación y no exige tener más cuidado con el medio ambiente ni con los empleados o las falsificaciones. “Demostrando un sorprendente grado de analfabetismo económico, el presidente de EE.UU. aseguró en su discurso de inauguración que el proteccionismo llevará a la prosperidad”, escribió ayer en su newsletter el analista del grupo de inversión Ashmore, Jan Dehn. Lo cierto es que la globalización y el aumento en los flujos comerciales ha sido decisivo para mejorar la vida de gran parte del mundo. En 1990, dos mil millones de personas vivían en la extrema pobreza, el 37% de la población mundial.