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México, 2012

Partido de la Revolución DemocráticaBenjamín Franklin núm. 84Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo04410, México, D.F.www.prd.org.mx

Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno Odontología núm. 76 Col. Copilco, Del. Coyoacán 04360, México, D.F.http://formacion.prd.org.mx

Miradas alternativas al neoliberalismo II. Dimensiones económicas de la crisis Arcadio Sabido Méndez, Andrés Peñaloza Méndez y María Alejandra Hernández (coords.)

ISBN: 978-607-9219-06-2ISBN de la obra completa: 978-607-9219-04-8

Coordinación de producción: Édgar Abel Avilés GómezSelección de las apostillas: Ignacio Rodríguez Moncada

Producción editorial Altas y Bajas, Servicios Editoriales, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. [email protected]

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, ya sea mediante fotocopias o cualquier otra forma, requiere autorización por escrito del representante legal de los editores.

Impreso en México / Printed in Mexico

Partido de la Revolución Democrática

Jesús Zambrano GrijalvaPresidente

Dolores Padierna LunaSecretaria general

Órgano Directivo del Instituto Nacional de Investigación,Formación Política, Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno

Agustín González CázaresDirector general

Gisela Raquel Mota OcampoSecretaria de Educación Democrática y Formación Política

del Secretariado Nacional del PRD

Cristina Ismene Gaytán HernándezDirectora ejecutiva de Formación Política

Jezabel Galván OrtegaDirectora ejecutiva editorial y de Divulgación Nacional

Arcadio Sabido MéndezDirector ejecutivo de Investigación Socioeconómica y Política

Elpidio Tovar de la CruzDirector ejecutivo de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno

Juana Bonilla JaimeDirección de Proyecto de País

Índice

Presentación 7

Introducción Las alternativas progresistas, por la vía democrática Arcadio Sabido Méndez 9

Desarrollo regional, empresarios y política pública Luis Alfonso Ramírez Carrillo 23

La participación del Estado en el desarrollo económico de México Gerardo González Chávez 41

Economía amafiada / El crimen organizado en el México neoliberal Felipe Zermeño 57

Política macroeconómica, crisis global y coyuntura de transformación Jorge Franco López 67

Crisis, neoliberalismo e industria audiovisual en México Irma Portos Pérez 77

Propuesta para revertir la política neoliberal en la exploración y extracción petrolera Fabio Barbosa Cano 89

6 Miradas alternativas al neoliberalismo / II. Dimensiones económicas de la crisis

Campo y soberanía alimentaria Armando Bartra y Víctor Suárez 99

Neoliberalismo y pobreza María Alejandra Hernández 131

El bajo crecimiento económico y las políticas públicas Gustavo Aguilar Micceli 159

Desarrollo económico alternativo Andrés Peñaloza Méndez 165

Presentación

Miradas alternativas al neoliberalismo, I. Dimensiones sociales de la crisis, y II. Dimensiones económicas de la crisis, es el primer resultado de la

investigación “Estudio de grandes problemas nacionales y alternativas de-mocráticas. El México del siglo XXI”, que se desarrolla en el Instituto Nacio-nal de Investigación, Formación Política, Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática, con financiamiento público otorgado por el Instituto Federal Electoral.

En términos generales, con esta investigación se intenta responder a la crítica que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se plantea a los partidos políticos por haber perdido su capacidad de refor-madores sociales. El desinterés en la formulación de propuestas de reformas, según el PNUD, ha permitido que los ciudadanos orienten sus apoyos electo-rales hacia la personalidad de los líderes, dando paso a la reproducción del caudillismo, en vez de hacerlo hacia los partidos y sus programas políticos.

En lo particular, el propósito de dicho estudio es sumarnos a la tarea emprendida por una pluralidad de individuos y colectividades, tanto de México como de América Latina, para construir proyectos de desarrollo nacional alternativos al que en la actualidad impone el neoliberalismo. Me-diante sus reformas estructurales (modernización), este tiene el propósito de cambiar las prioridades productivas y distributivas de la riqueza, para el beneficio de los consorcios empresariales.

Con Miradas alternativas aspiramos a colaborar, junto con intelectuales, movimientos y partidos de centro-izquierda, en la construcción de los consensos sociales y políticos que requiere todo proyecto progresista de desarrollo para convertirse en programa de gobierno.

Introducción Las alternativas progresistas,

por la vía democrática

Arcadio Sabido Méndez

Cambiar el mundo, ya no es un sueño

M-15, España

Las alternativas como lucha ideológica

No hay alternativas al modelo neoliberal. Esta es la idea central del discurso gubernamental y de los organismos financieros internaciona-

les. Toda crítica y propuesta para cambiar dicho modelo es desechada y reducida a deseo sin fundamento. Los neoliberales se niegan a reconocer las propuestas que han surgido del Foro Social Mundial y de la sociedad civil crítica al Foro de Davos, la Organización Mundial del Comercio y el G-20; se niegan a escuchar los reclamos sociales de los movimientos de indí-genas, de obreros, de jóvenes e indignados del mundo, e incluso combaten las alterativas programáticas de los partidos y gobiernos progresistas de América Latina. Esta soberbia los lleva a no interesarse por conocer las formulaciones teóricas elaboradas por intelectuales críticos de dentro y fuera de las universidades.

Los neoliberales no quieren discutir con sus críticos. Y esta actitud auto-ritaria, del ya conocido ni los veo ni los oigo, se afianzó cuando se debilitaron los contrapesos sociales y políticos representados por el socialismo real, la socialdemocracia y el sindicalismo. De este modo, han impregnado el ambiente público mundial con el dogmatismo de la supremacía del merca-do sobre el Estado, considerado como la única estrategia viable para el desarrollo económico, e insisten en que cambiarla significa empeorar las cosas. Pero ya transcurrida la primera década del siglo XXI, en el horizonte se configuran nuevos contrapesos representados por los movimientos y


organizaciones progresistas del mundo, y por el ascenso de los partidos y gobiernos de centro izquierda en Latinoamérica. Estos nuevos contrapesos abren la esperanza de cambiar el modelo neoliberal por un proyecto pro-gresista y democrático.

El neoliberalismo no es solo un programa económico, también es polí-tico e ideológico. Sus defensores, con un discurso hegemónico en los medios de comunicación, construyen consensos en su favor y, al mismo tiempo, abren un abismo entre los ciudadanos y las oposiciones críticas. Por un lado, generan conformismo y fomentan el individualismo con la intención de aislar a los gobernados; suprimir el espíritu de solidaridad necesario para enfrentar los problemas sociales e individuales que produce su programa; y neutralizar los reclamos y exigencias ciudadanos para que los gobernantes actúen con transparencia, rindan cuentas y entreguen buenos resultados sociales. En el dogma mercantilista no caben los ciudadanos críticos, solo los consumidores, y al instituir al empresario como su modelo social, mar-gina y desprecia al trabajador, y le cierra las puertas del progreso a los pobres. Por el otro lado, a golpe de propaganda los neoliberales presentan a sus críticos, en especial a los partidos y organizaciones de centro-izquier-da, como irresponsables y carentes de propuestas viables para el desarrollo económico.

Ante el programa neoliberal que se autoerige como la única opción posible, la construcción de alternativas constituye un objetivo estratégico para las fuerzas progresistas. Desde la perspectiva de la democracia mexi-cana, el diseño de un programa político, económico y cultural alternativo al neoliberalismo podría ser un elemento sustancial para su consolidación, pues solo así los ciudadanos tendrán la posibilidad de escoger entre opcio-nes diferentes. Se sabe que gran parte del malestar contra la democracia responde a los malos resultados sociales de los gobiernos que se han alter-nado la silla presidencial desde 1982. Para transformar ese malestar en apoyo cívico, los ciudadanos y ciudadanas requieren de verdaderas alter-nativas para que puedan seleccionar la que más les convenga. Solo cuando la ciudadanía ejerza en libertad y a conciencia su derecho de premiar y castigar con su voto a los representantes, podrá obtener mejores resultados del gobierno, y con ello mejorará su opinión sobre nuestra democracia.

En México hay dos grandes opciones de desarrollo nacional. Si miramos con atención los programas de los principales partidos políticos, descubri-remos que los dos que han llegado a la presidencia de la república desde 1982, postulan y defienden los lineamientos económicos y sociales derivados

11Introducción / Las alternativas progresistas, por la vía democrática

del consenso de Washington. Por su parte, las oposiciones de centro-izquier-da proponen proyectos alternativos. Y como la hegemonía mediática neoli-beral impide que la mayoría de los ciudadanos distinga las diferencias entre estas dos opciones, las fuerzas progresistas necesitan socializar un discur-so para evidenciarlas, y hacer efectiva la competitividad entre opciones políticas diversas.

La construcción de una alternativa al neoliberalismo pasa por diversos procesos. Los inevitables son tres: su formulación teórica-programática, la creación de los consensos sociales que le imprima fuerza competitiva, y su conversión en política de gobierno con el voto mayoritario de los ciudada-nos. Todos estos procesos implican discusión, diálogo, controversia, lucha ideológica y acuerdos políticos.

Para culminar este objetivo estratégico, las fuerzas progresistas nece-sitan afianzar su papel de reformadoras sociales. Para ello tendrán que romper las barreras que simultáneamente las ha mantenido dispersas en distintos campos organizativos, y socialmente separadas de la mayoría de los ciudadanos. Pero, sobre todo, les resulta imperativo emprender una lucha cultural e ideológica en todos los espacios de la sociedad, en espe-cial en los medios de comunicación, para popularizar la idea de que sí existen alternativas democráticas de desarrollo nacional y regional. Para conquistar el apoyo de la ciudadanía a este nuevo modelo, se necesita con-vencerla de que sí es posible retomar el crecimiento económico; que Méxi-co sí puede ser una potencia emergente y soberana; que sí es posible disminuir las desigualdades sociales, sacar de la marginación a quienes viven en la pobreza, y darles a todos certeza de progreso con base en una econo-mía fuerte capaz de garantizarles educación, salud, trabajo, buenos ingresos y seguridad.

En México las alternativas de desarrollo al neoliberalismo se mueven simultáneamente en el terreno de la construcción científica y programática, y en el de la creación de consensos sociales. El pensamiento crítico, desde la academia, las organizaciones civiles y los partidos políticos, ha desarrollado serios análisis sobre los principales problemas nacionales y formulado di-versas propuestas de solución. Si bien a estas alternativas les faltan los consensos sociales y electorales necesarios para ser convertidas en progra-ma de gobierno, ello no ha impedido que en las experiencias gubernamen-tales del PRD, se hayan aplicado algunas medidas alternativas, sobre todo en aspectos de política social, como la pensión universal para los adultos mayores en el Distrito Federal.


A pesar de los avances en la construcción de alternativas, constatables en los escritos de intelectuales y en los documentos básicos de las organi-zaciones políticas del centro izquierda, aún se padece de una debilitante dispersión teórica y práctica. Existen todavía dificultades para desatar la deliberación pública de modo sistemático, debido a que buena parte de las propuestas alternativas no se traduce en contenidos del discurso progre-sista, ni se encuentra en la agenda de la lucha ideológica contra el neoli-beralismo. Ante esta realidad, es necesario impulsar acciones de consensos que se planteen dos metas simultáneas: por un lado, rearticular las diversas propuestas alternativas, y por el otro, promover la cohesión programática de un amplio bloque social e ideológico progresista.

No puede obviarse que la conversión de las ideas alternativas en dis-curso político, en consensos sociales y en programas de gobierno, no es un asunto de simple voluntad. Dicho proceso es el resultado de la lucha ideo-lógica y política que se desarrolla cotidianamente en todos lo espacios públicos, en los medios de comunicación, en las escuelas, los cafés, las fa-milias, los recintos legislativos, los partidos, los sindicatos, las manifesta-ciones públicas, en fin, en todos los espacios donde se platica, se discute, se delibera.

La importancia de esta deliberación pública muestra otra realidad: las rutas contradictorias que han seguido el neoliberalismo y el progresismo. El programa neoliberal se convirtió en estrategia política, ideológica y eco-nómica mundial a partir del acuerdo adoptado entre las élites financieras internacionales, y los gobiernos de las potencias europeas y estadouniden-se, que culminó en el conocido consenso de Washington. A este acuerdo se sumaron con docilidad los políticos neoliberales de las naciones subde-sarrolladas, quienes coincidieron con dicho consenso y aceptaron la aper-tura económica para sus países mientras las metrópolis practicaban el proteccionismo (Stiglitz, 2002:16 y 31).

Colocados en la cúpula del poder, los neoliberales mexicanos cumplie-ron la tarea de imponer de modo autoritario su programa. Ofrecieron la modernización y sus reformas estructurales como el camino que llevaría a México al primer mundo, al crecimiento económico, a la disminución de la deuda externa y a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Este discurso esconde su objetivo estratégico: debilitar la acción social y económica del Estado, fortalecer a las llamadas fuerzas del mercado (es decir, consorcios empresariales nacionales y extranjeros), y cambiar en favor de estas la distribución de la riqueza nacional.


Las propuestas alternativas en México y Latinoamérica han seguido la ruta contraria: la ruta de la democracia. En la medida en que se enfrentan a los grupos y partidos en el poder presidencial y sus aliados internacionales, las fuerzas progresistas se ven en la necesidad de luchar a contracorriente para conquistar el consenso ciudadano. Con este objetivo, sus alternativas se ponen en juego en los espacios de deliberación pública y, sobre todo, en los procesos electorales. Como se podrá leer en Miradas alternativas al neoliberalismo, sí existen propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo justo, democrático, soberano, socialmente incluyente y ambien-talmente sustentable. Lo que falta es la fuerza política que les proporciona la aceptación social, y el voto mayoritario de la ciudadanía, pues solo con este las alternativas progresistas tendrán una representación mayoritaria en las cámaras de Senadores y de Diputados, en el ejecutivo federal y en sus similares de las entidades de la república.

Como se observa en la experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina, las alternativas cuando alcanzan la legitimidad electoral no se pueden aplicar como los paquetes de las reformas estructurales, sino que se mueven en parcialidades, poco a poco, pues cada medida alternativa encuentra la oposición de las fuerzas neoliberales internas y externas. Así, incluso, lograda la formulación programática, los consensos y el éxito elec-toral, las alternativas tienen que bregar contra las resistencias de dichas fuerzas que conservan importantes recursos de poder. En este sentido, es claro que el mayor o menor avance en las reformas alternativas depende de la correlación de fuerzas que haya entre el progresismo y el neoliberalismo, en cada país y en el escenario internacional.

La estrategia neoliberal

Un hecho ya aceptado de modo general es que entre el liberalismo autori-tario aplicado por el PRI, y sus antecesores, en su calidad de partido hege-mónico, y el neoliberalismo que empieza en 1983, se observan dos ritmos diferentes de la economía: altos índices de crecimiento entre 1940 y 1970, y el estancamiento de la producción y el ingreso nacionales desde 1976 (Ál-varez, 2011:77-78 y 82; y Aguilar, 2002:16-19). Los altos índices de crecimien-to se alcanzaron mediante un fuerte sector primario orientado al mercado interno y a la exportación de alimentos y materias primas, la industrialización sustitutiva de importaciones; el proteccionismo económico estatal, y un


creciente Estado empresario. Esta estrategia entró en crisis en el periodo 1976-1982 derivando en contracción económica, crecimiento espectacular de la deuda externa, quiebra de importantes empresas, creciente déficit presupuestal del gobierno federal, altos niveles de inflación, y descapitali-zación por la fuga de capitales.

La medicina para dicha crisis fue la estrategia neoliberal. En su paque-te de reformas estructurales destacaron sus acciones monetaristas de control de la inflación, que castigaron la demanda con recortes presupues-tales y frenaron los incrementos salariales; y también la privatización de empresas públicas, la renegociación de la deuda externa, y la apertura de las fronteras a las inversiones y mercancías extranjeras. Los tecnócratas priistas primero y los panistas después, convencidos de que dicha medicina curaría los males que llevaron a la crisis, señalaron como causantes de la debacle económica al Estado interventor −cuyo desorden financiero había alcanza-do déficits presupuestales insostenibles− y al proteccionismo −que había producido empresas sin capacidad de competir en el mercado externo.

Siguiendo el dogma, los neoliberales mexicanos se propusieron reducir el papel del Estado en la economía y la sociedad, y fortalecer a los grandes grupos empresariales vinculados al mercado internacional. Entre sus refor-mas estructurales priorizaron: a) la reducción del déficit público para ga-rantizar el pago de la deuda externa; b) la ampliación de la base impositiva y el incremento de impuestos; c) el drástico retiro del presupuesto público destinado a la economía para reducirlo a los programas de pobres, la edu-cación, y la infraestructura; d) la privatización de las empresas gubernamen-tales; e) la apertura de fronteras para permitir la libre circulación del capital financiero y de las mercancías; y f) la regulación de altas tasas de interés y un tipo de cambio sobrevaluado, para estimular las ganancias de los secto-res externo y financiero, concebidos como los motores de la economía.

Los neoliberales no han cumplido sus promesas. La crisis no se disuel-ve, México no entró al primer mundo, la economía lleva largo tiempo semies-tancada, las fuentes de empleo son raquíticas y las condiciones de vida de la mayor parte de la población no mejoran. Por el contrario, con dicho mo-delo las deudas internas y externa se incrementan, y los costos financieros absorben ingentes recursos; la pobreza sigue creciendo, al igual que el desempleo, la informalidad y precariedad laboral; el poder adquisitivo del salario se sigue deteriorando debido al propósito gubernamental de incre-mentar el costo de la canasta básica y de los energéticos hasta igualarlos a los precios internacionales. Las exportaciones y las importaciones no son


el motor de la economía pues sus componentes nacionales son mínimos; la competitividad de México en el mundo no mejora; las cadenas productivas nacionales están desarticuladas del sector externo; la crisis productiva y social del campo se profundiza pues a la sequía natural el gobierno le agre-gó la sequía financiera. Por todo ello, el mercado interno se debilita, junto con nuestra soberanía nacional (Álvarez, 2011:82-84, 96-99, y 2006:26-29; Calva, 1999:96-106; Ortiz, 2010:211-222; y Villagómez, 2011:171-198).

Las consecuencias sociales de la estrategia neoliberal están a la vista: la planta productiva nacional no puede proporcionar trabajo a quienes lo necesitan. El gobierno ya no quiere financiar la educación pública gratuita en los niveles medio, superior y de posgrado, pues su proyecto es dejar estos niveles educativos bajo el control del capital privado, sin importarle que un creciente número de jóvenes se quede sin estudiar ni trabajar. La corrupción sigue aumentando y el uso patrimonial de los recursos públicos que enriquecen a los amigos y parientes de los gobernantes, es una seria ofensa nacional. La inseguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los mexicanos, y el gobierno muestra seria incapacidad para frenar la violencia criminal. La desigualdad social se ha profundizado como lo muestra la indignante polarización entre una élite de muy ricos y una mayoría de muy pobres. En tales condiciones los ciudada-nos han perdido la esperanza de prosperar.

Estos indicadores son el resultado del dramático cambio regresivo en la distribución de la riqueza producido por la estrategia neoliberal. De con-tinuar las reformas estructurales para insistir en fortalecer al mercado y debilitar al Estado, con las que los ciudadanos no encuentren otra salida a su situación de limitaciones económicas, la nación podría caer en una espi-ral de violencia social. Estas expresiones de violencia se han presentado ya: están en el sentimiento de la gente de aquellas comunidades que, cansadas de la impunidad y la ineficacia gubernamental para hacer justicia, se han atrevido a tomarla con sus propias manos. El peligro aumenta ante la reali-dad actual caracterizada por la otra violencia, la estimulada por la guerra gubernamental contra el crimen organizado, que ha traído más sufrimiento para los mexicanos inocentes que han quedado atrapados en las estadísticas de las decenas de miles de muertos y desaparecidos.

En el contexto internacional el neoliberalismo muestra síntomas de debi-lidad. Si bien sigue instalado como la estrategia de dominio mundial del ca-pital financiero y de las potencias económicas, su agotamiento se evidencia con la crisis financiera que desde 2007-2008 padecen las grandes y medianas


economías. Las tendencias macroeconómicas hacen pensar en una “Gran Recesión Global” (Villagómez, 2011:219). Esta realidad está más cerca de lo esperado, como lo anuncian tanto la inestabilidad económica de Europa, como las alarmas prendidas por los tecnócratas del G-20. Sin embargo, la crisis capitalista global y del modelo neoliberal, así como su incapacidad para impulsar el crecimiento económico y la distribución justa de la rique-za, nos recuerda la paradoja apuntada por Atilio Borón en el sentido de que si bien el neoliberalismo ha fracasado, pues no ha sacado del subdesarrollo a ningún país, mantiene una gran fortaleza ideológica.

Los neoliberales mexicanos acostumbran decir que la crisis viene de fuera, que la economía mexicana está blindada a sus efectos recesivos, y que si las cosas no marchan bien estarían peor con otro modelo económico. Así, aunque la medicina ha agravado la enfermedad, los neoliberales insisten en que es necesario continuar con las reformas estructurales. Sus objetivos siguen en pie, ahora tienen en la mira privatizar el petróleo, la electricidad, las pensiones, la educación, la salud, y legalizar la flexibilización del trabajo para aumentar su precarización y, con ello, las ganancias empresariales. Todo esto a contracorriente de las críticas, reclamos y protestas que señalan sus devastadores efectos en el bienestar de millones de seres humanos.

Las alternativas progresistas

En México y en América Latina sí hay alternativas económicas y sociales al neoliberalismo. En nuestro país estas se pueden ver en las críticas y propuestas formuladas por intelectuales, partidos políticos (PRD, PT y Mo-vimiento Ciudadano) y movimientos sociales como el Movimiento de Rege-neración Nacional (Morena) y la Fundación para la Democracia. Algunas de esas propuestas se pueden apreciar en Miradas alternativas al neoliberalismo, y en el disco compacto que lo acompaña. Aunque no se cuenta todavía con una formulación integrada de alternativas progresistas, hay que reconocer que algunas de ellas ya se han aplicado, sobre todo en los gobiernos perre-distas del Distrito Federal.

En el plano de la formulación teórico-programática, se pueden constatar las coincidencias que existen en temas como: el giro que requiere la economía para hacer cumplir la esperanza del buen vivir; la creación de un nuevo Es-tado de bienestar que en equilibrio con el mercado y las organizaciones sociales, garantice dicha función económica; la necesidad de diversificar las


relaciones comerciales, en especial con Latinoamérica, para reducir la pesa-da dependencia respecto al mercado norteamericano; y la centralidad que en todos esos cambios debe tener la sustentabilidad medioambiental del desarrollo.

También destacan las propuestas para cambiar la dependencia de las inversiones extranjeras por el impulso del ahorro y la inversión endógena; reactivar el crecimiento económico con un nuevo papel regulador del Estado y de sus inversiones; rearticular el mercado interno con base en cadenas productivas estratégicas; elevar la productividad con innovaciones tecnoló-gicas como palancas para la competitividad internacional; vincular el sector externo con el mercado interno; regular el movimiento parasitario del capital financiero y estimular la inversión productiva; hacer que los bancos, inclui-do el Banco de México, cumplan con su función de desarrollo y de estímulo a la inversión; equilibrar el desarrollo entre las regiones; colocar de nuevo al campo con una función económica y social estratégica, como es alcanzar la soberanía alimentaria; revisar los tratados de libre comercio con criterios de políticas compensatorias y de reconocimiento de las asimetrías entre los países firmantes; y, en general, buscar la reducción de la pobreza y de las de-sigualdades sociales con base en el estudio, el empleo y los salarios.

El neoliberalismo se propuso y logró cambiar las prioridades en la pro-ducción y distribución de la riqueza nacional. Las estrategias alternativas de desarrollo también se proponen cambiar dichas prioridades. Contra este propósito de cambio se centra la resistencia de los neoliberales, y es allí donde se encuentra el meollo de la lucha política e ideológica de las alter-nativas. Estas parten de establecer un vínculo de cooperación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Dentro de la globalización reivindican la soberanía económica nacional, proponen democratizar la economía y, por lo tanto, abrir la competencia para limitar el poder de los monopolios.

Las propuestas progresistas conciben la ciencia, la tecnológica y la educación como la columna vertebral del desarrollo nacional. Consideran urgente cerrarle el paso a la corrupción, al tráfico de influencias y al uso patrimonial de los recursos públicos, para destinarlos al impulso del creci-miento económico y del bienestar. En lo social las alternativas plantean impulsar políticas universales financiadas con recursos estatales derivados del fortalecimiento de las finanzas públicas, y valorar la propuesta del in-greso ciudadano universal. Llaman a no seguir desperdiciando las bondades del bono demográfico, y a tomar medidas efectivas para garantizar estudio y trabajo a los jóvenes.


El criterio general que orienta las propuestas alternativas es el principio de la justa relación entre producción y distribución de la riqueza. Y esta justa relación se funda en una activa participación del Estado, a partir de la cual se tendrán que revisar los mecanismos de la distribución de los recur-sos económicos. Entre estos, se prioriza la educación, la generación de empleos −para satisfacer la demanda de 1’200 000 mexicanos que anualmen-te ingresan al mercado de trabajo− y la recuperación del poder de compra de los ingresos. Se insiste en que estudio, empleo y salarios son los mejores mecanismos para garantizar el progreso de los mexicanos. Esta es una lógi-ca contraria a la neoliberal, para el cual, primero hay que producir y luego repartir. Y como en el luego se sobreponen los intereses del mercado, estos erigen un muro infranqueable que excluye a la mayoría de los mexicanos del reparto de la riqueza con el desempleo, la precariedad laboral, la impo-sición de bajos salarios, precios altos y educación escasa.

Propuestas como las mencionadas se recogen en la investigación titu-lada “Estudio de grandes problemas nacionales. Alternativas democráticas de solución. El México del siglo XXI”. Con este estudio se pretende recupe-rar ideas del pensamiento crítico formuladas tanto por académicos como por organizaciones sociales y partidarias del centro-izquierda. El propósi-to es incorporar al Instituto Nacional de Investigación, Formación Política, Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática, al dinámico proceso de integración de las variadas propues-tas teóricas y programáticas alternativas al neoliberalismo. Y, al mismo tiempo, contribuir a la discusión pública y a la construcción de consensos ciudadanos en favor de las alternativas. Con estos objetivos se publica el primer resultado de dicho estudio titulado Miradas alternativas al neolibe-ralismo, I. Dimensiones sociales de la crisis, y II. Dimensiones económicas de la crisis.

En esta publicación los ciudadanos interesados encontrarán ideas críti-cas y propositivas sobre el neoliberalismo y tendrán la posibilidad de iden-tificar los programas del polo centroizquierdista mexicano. Para ello, Miradas alternativas se confecciona con los ensayos de 23 intelectuales, en los cuales, a modo indicativo se les consigna en apostillas ideas sintéticas de propues-tas acuñadas por las organizaciones sociales y partidarias centroizquier-distas. Cada apostilla tiene como referente una sistematización temática de dichas propuestas, que se podrán consultar en el CD que acompaña esta publicación. En el Instituto estamos convencidos de que el debate político nacional sobre los programas alternativos críticos del neoliberalismo, en la


medida en que se torne de interés general, contribuirá también a la cons-trucción de ciudadanías críticas y, en consecuencia, al proceso de consoli-dación de la democracia mexicana.

La lucha ideológica y política de los promotores de las propuestas al-ternativas, no funda su esperanza en que estas se encaucen por el camino que siguió la formulación teórica de Frederick Hayek, Ludwig von Misses y Milton Friedman, al convertirse en proyecto político de los banqueros suecos, los organismos financieros internacionales, y los gobiernos esta-dounidense y británico (Álvarez, 2011:85). Las elaboraciones teóricas y programáticas alternativas al neoliberalismo, a pesar de contar con las aportaciones de connotados científicos sociales, en la medida en que con-tradicen los dogmas hegemónicos, tendrán que seguir la ruta de la legitimi-dad democrática. Por esta razón cobra relevancia la lucha ideológica y cultural para convencer y conseguir el apoyo social, político y electoral de la ciudadanía en favor de las alternativas progresistas.

Ya hemos señalado que a pesar de los avances teóricos y programáti-cos y de las experiencias parciales de las alternativas, este proceso padece la debilidad de la dispersión teórica y práctica. En especial, hace falta un mayor acercamiento crítico y recíproco entre los programas políticos de las fuerzas de centro-izquierda, y las elaboraciones de los intelectuales de dentro y fuera de las universidades. Por ello, en Miradas alternativas se intenta un movimiento de encuentro entre construcciones teóricas y pro-grama político. Esfuerzos de esta naturaleza podrían darle tanto a la teoría crítica como a la política de centro-izquierda, la solidez necesaria para hacer ideológicamente coherente un bloque social progresista, y programática-mente competitivo a este polo político.

En el tomo I, Dimensiones sociales de la crisis, el lector interesado podrá hallar proposiciones que ponen el énfasis en la necesidad de priorizar en la agenda nacional para el desarrollo, la investigación científica y tecnológica, así como la educación nacional en todos sus grados, incluida la educación para sustentabilidad medioambiental. En este primer tomo se hace un lla-mado de atención sobre la importancia de desplegar una actitud democrá-tica para el reconocimiento de los derechos de las minorías, como aquellos ciudadanos con preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales. Tam-bién se aborda el grave problema nacional de la inseguridad y la fallida es-trategia militar del gobierno para enfrentar al crimen organizado, así como el sacrificio que esta guerra, cuyo diseño viene del vecino del norte, ha provocado en los derechos humanos.


Con una convivencia nacional deteriorada por la violencia y la violación a los derechos, donde la juventud es la más castigada, se propone una agen-da social de los jóvenes, centrada en la estratégica necesidad de incorpo-rarlos al estudio y al trabajo, no solo como asunto de justicia sino de fortaleza de la nación. A la vista de las dramáticas transformaciones que el neoliberalismo ha impuesto al trabajo con la flexibilización laboral, cuyo re-sultado es su precarización para satisfacer las exigencias empresariales de competir con base en los bajos salarios, se plantea la necesidad de una re-forma laboral pero con sentido democrático y progresista. Para reivindicar la importancia estratégica que para el desarrollo tiene la soberanía nacional, se argumenta sobre la necesidad de impulsar un cambio sustancial en la política internacional del gobierno mexicano, con miras a pasar del unilate-ralismo proestadounidense al multilateralismo de cooperación con los países de economía emergentes, y con la región latinoamericana. Una propuesta alternativa en política social es cambiar los programas focalizados, como los que se aplican en el combate contra la pobreza, hacia programas de cober-tura universal, y dentro de estos cobra relevancia la discusión sobre el in-greso ciudadano universal, concebido como un derecho de ciudadanía.

En el tomo II, Dimensiones económicas de la crisis, se abordan los temas ya señalados sobre la reordenación de las relaciones económicas entre el estado, el mercado y la sociedad. Parte de este reordenamiento se refiere a la vinculación del desarrollo nacional con el de las regiones, como un as-pecto estratégico para revertir los rezagos que separan el norte y el centro del sur-sureste. La estrategia alternativa significa reinventar la participa-ción del Estado como un agente central en la distribución de los recursos y por lo tanto como agente con iniciativa en la formulación de políticas públicas para el desarrollo nacional en perspectiva regional. En este cambio, se llama la atención sobre los problemas que presentan las organizaciones empresariales delictivas, cuyo poder no se reduce al control de mercados ilegales nacionales, sino que penetran las esferas financieras y de gobierno y tienden a formar parte de consorcios mundiales. Esto les confiere una fortaleza inimaginable por los conductores de la fracasada estrategia de violencia militar para combatir el crimen organizado.

La crítica al relativo estancamiento económico se vincula con la nece-sidad de regular los monopolios, poniéndoles el contrapeso de la compe-tencia, como sería el caso paradigmático de las comunicaciones. En este segundo tomo de Miradas alternativas, se muestra la urgencia de revisar tanto la corrupción que existe en la industria petrolera como los costosos


errores técnicos que los neoliberales han cometido en Pemex, empresa que debería ser una sólida palanca del desarrollo nacional. También se aborda el grave problema del rezago productivo y social del campo mexicano, que padece las consecuencias de la política mercantilista que presenta como ventaja para México comprar los alimentos en el extranjero en vez de pro-ducirlos en el país. Esta corta visión mercantilista nos ha convertido de productores en importadores de alimentos, con el peligro que significa la dependencia alimentaria para nuestra soberanía política.

El gran problema nacional de la pobreza, que afecta cuando menos a 55 millones de mexicanos, de origen no es un asunto social sino estrictamente económico, pues es el resultado de la incapacidad del sistema productivo nacional para emplear a la abundante mano de obra, con salarios suficientes para el buen vivir, y darle condiciones adecuadas de estudio. Al final de este tomo se expone en extenso una propuesta de desarrollo económico alter-nativa y progresista, contextualizada en el ambiente de la crisis mundial del capitalismo y del modelo neoliberal.

En los escritos que se exponen en ambos tomos de Miradas alternativas al neoliberalismo se constata que la construcción de estas es un proceso que exige una amplia y plural participación de individuos y organizaciones. En tal sentido, esta publicación tiene el propósito de contribuir al debate nacional y latinoamericano con el que se están conquistando los consensos sociales y políticos de la ciudadanía, que culminarán, esa es nuestra espe-ranza, en la legitimidad democrática de las alternativas progresistas. Sola-mente con esta legitimidad, o sea, con el consenso mayoritario de los ciudadanos y ciudadanas, nuestras naciones alcanzarán un desarrollo justo, democrático, soberano, socialmente incluyente, y ambientalmente susten-table. Solo así haremos posible el sueño de ser países desarrollados y sobe-ranamente articulados en una patria grande latinoamericana y caribeña.

Bibliografía

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México, Tusquets Editores.

Desarrollo regional, empresarios y política pública*

Luis Alfonso Ramírez Carrillo

Sobre las regiones de México

Pablo Neruda dijo en su poesía que México está en sus mercados. Es verdad, aunque sociológica y antropológicamente México está en sus

regiones. Al hablar de la política pública y el desarrollo en el México neoli-beral resaltan las grandes diferencias regionales y la creciente divergencia económica y social entre los estados de la república. Pero antes de hablar sobre la diferente participación de espacios y actores específicos como los empresarios en los procesos de transformación del país, es necesario acla-rar nuestro concepto de región. Las regiones y las identidades regionales de México son muy variadas, pese a que la historia ha tendido a reducirlas en número y ampliarlas cada vez a mayores espacios. A las más de 60 regio-nes culturales correspondientes a las distintas lenguas y grupos indígenas de la conquista, siguieron no más de ocho o nueve agrupaciones socioes-paciales, producto del mestizaje cultural y los accidentes políticos del siglo XIX, y disminuyeron a lo largo del siglo XX hasta llegar en la actualidad a tres grandes macrorregiones que, pese a sus grandes diferencias y matices in-ternos, presentan muchas similitudes.

Esta definición de tres macrorregiones es estrictamente operativa y se ciñe a los criterios histórico-geográficos establecidos por Claude Bataillon (1988), válidos hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la multiplicación de la inversión extranjera en 1993.

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación de ciencia básica apoyado por Cona-cyt, clave CB-2008-01 0105749.


…México, país en tres estratos, recupera la percepción del escalonamiento

climático montañoso en zona tropical, con la clásica visión originada desde la

época colonial, de las tierras frías, templadas y cálidas […] soluciones ternarias

[…] nortes, un centro, trópicos húmedos […] atribuimos un destino particular

al centro de un Estado políticamente muy centralizado, de gran importancia

económica y demográfica […] estos bloques no son de la misma naturaleza,

porque unos perduran por largos periodos, estratificando economías y equipa-

mientos sucesivos, en tanto otros enfrentan ciclos separados, raras veces acu-

mulativos […] (Bataillon, 1997:8).

Pero a partir de la apertura de los años noventa, la globalización esta-blece una permeabilidad diferente al mundo y la sociedad externa y trans-forma los procesos internos de acumulación, dando origen a nuevos espacios regionales. El mismo Bataillon plantea que ahora puede pensarse en otra re-gionalización, sin olvidar que esta es una metodología operativa y un recorte analítico discrecional. Así, en el México del siglo XXI identifica que se están construyendo en términos espaciales cinco macrorregiones: el occidente mexicano, el norte y sus fronteras, el trópico, la ciudad y valle de México y la región central (Bataillon, 1997:11-19). En su esquema es preferible no hacer una delimitación por entidad federativa, pues se trata de recortes po-líticos, y un mapa de la república mexicana ubicaría a distintos espacios estatales en una misma macrorregión. Sin embargo, consideramos que estas cinco macrorregiones propuestas están aún en construcción y son resulta-do de la transición y la apertura.1 A efectos de ubicar a los empresarios mexicanos, la mayor parte de los cuales están anclados a la historia previa al TLCAN y lidiando ahora con él, y dado que en este trabajo la región solo nos sirve como escenario y no es el tema de análisis, mantenemos vigente la clásica división ternaria del norte, un centro y trópicos (o sur-sureste).

1 Bataillon añade respecto a estas nuevas fronteras movedizas de las regiones mexicanas modernas: “El México del último cuarto del siglo XX es un espacio que ya no tiene vacíos y en el que se dispone en todas partes de comunicaciones y de mano de obra. La dinámica exportadora atañe a zonas cada vez más periféricas: la zona petrolera emigró hacia el este, los cultivos de exportación se desplazaron hacia el noroeste, los cultivos clandestinos de droga prosperaron en el sureste. Las industrias exportadoras progresan desde la frontera norte hacia el interior del país y el turismo internacional se desarrolla en las costas del pa-cífico o del Caribe. Los flujos de divisas hacia el interior se dirigen sobre todo hacia el centro-oeste y secundariamente hacia Oaxaca, regiones de intensa emigración internacional” (Bataillon, 1997:15).

25Desarrollo regional, empresarios y política pública

Los trópicos o el sur-sureste

La macrorregión Sur-Sureste de México se define en especial por su mayor rezago social, pobreza, economía y mercados poco dinámicos, valiosos re-cursos naturales y un mayor peso social y cultural de la población indígena. En esta macrorregión el empresariado tiene una menor; fortaleza económi-ca;2 las empresas son más tradicionales y familiares; la infraestructura es menor; el rezago tecnológico, tanto de tecnologías duras como blandas, es más visible; y la tendencia a tomar riesgos financieros, créditos y endeu-damiento es la más baja del país.3

Un centro y su occidente

La macrorregión Centro-Occidente es la que posee mayor concentración de capital en las empresas, un componente tecnológico más moderno y una actitud financiera más dinámica. Es decir, se toman mayores riesgos respecto al crédito. Hay asimismo una tasa de incorporación más alta de tecnologías blandas y duras a la empresa. Se revela también un mayor aso-ciacionismo con corporativos transnacionales y en especial con capital estadounidense. Por sector económico se revela una mayor presencia de inversión extranjera directa, más diversificada, así como la instalación y operación de una gran cantidad de oficinas corporativas. El eje Distrito Federal-Estado de México es el que presenta una actividad empresarial más moderna y rica, y una mayor presencia de corporativos tanto nacionales como extranjeros. Los análisis y estudios recientes sobre la competitividad4 muestran, en sus escalas de actividades y valores, que el empresario del Centro-Occidente y en especial del Centro (Distrito Federal, valle de México) es el que ha incorporado con mayor rapidez los ideales asociados a la em-presa moderna y otorga mayor valor al corporativo privado, tratando de acomodarse a sus principios organizativos en el mundo de los negocios.

2 Véanse los resultados de las encuestas sobre competitividad, fortalezas y debilidades de los empresarios del sureste en Abud, 2007:457-534.

3 Consúltese el capítulo sobre “Mejorar la competitividad y la cohesión social”, en OECD, 2006. Véanse de la misma serie los análisis sobre la competitividad empresarial comparada en OECD, 2007. Sobre las diferencias regionales de los empresarios mexicanos véase también Ramírez, 2010:239-270.

4 Véanse las tablas comparativas que se encuentran en Banco Mundial y Corporación Finan-ciera Internacional, 2008.


Los nortes y su frontera

El empresario de la macrorregión Frontera Norte es muy diversificado. Las escalas y estudios sobre valores empresariales y sobre composiciones mo-dernas o tradicionales de las empresas muestran una identidad con compo-nentes contradictorios. Por un lado tiene en alta estima todo el proceso de modernización tecnológica y organizativa del corporativismo moderno; y en cuanto a lo que podemos llamar su identidad profesional, busca identi-ficarse con los componentes del mundo de los negocios estadounidense. Pero por otro lado muestra ser un empresario muy nacionalista y apegado a principios éticos y, al menos en el nivel del discurso, a los valores de la empresa familiar y de las viejas élites empresariales del norte. La situación de frontera introduce una nueva dimensión en la identidad empresarial, que es el nacionalismo, o al menos una actitud y una objetivación y toma de posición respecto a lo nacional, a lo “mexicano”, que no se encuentra, o al menos no con esa fuerza, en el empresariado de las otras dos regiones

En la Frontera Norte las características de una cultura empresarial di-ferenciada y competitiva no comienzan con la firma del TLCAN; tienen una larga historia y un momento cumbre de definición política frente al Estado. Para ser breves, la historia moderna del empresariado del norte puede ubicarse con la transformación de los grandes latifundios en varios estados y el desarrollo de la industria pesada en Nuevo León5 en el siglo XX. Está marcada por el sentimiento común y compartido de ser colonos, de estar solos frente al espacio regional y de tener poco apoyo y control del Estado mexicano. Existe la sensación de aislamiento frente al Estado, pero es rela-tiva, pues los grandes capitales se formaron en íntima asociación con la inversión, los créditos y las políticas públicas de industrialización en Nuevo León; con el desarrollo de la industria petrolera en Tamaulipas; con la crea-ción de los grandes distritos de riego en Sonora y Sinaloa; con la apertura legal para la instalación de maquiladoras en territorio mexicano, en Chihua-hua y Baja California; así como, posteriormente, con el contubernio y pro-tección de las autoridades políticas y judiciales para el desarrollo de una criminalidad dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que tam-bién ayudó a la formación de poderosos capitales.

5 El caso de Monterrey ha sido ampliamente documentado por el historiador Mario Cerrutti (2000) y por Mario Cerrutti, Isabel Ortega y Lilia Palacios (1999).


La fuerte sensación de autonomía, individualismo y orientación al logro personal que surge en el discurso de los empresarios del norte, parece provenir de esta historia de lejanía con el poder del Estado, pero en realidad tiene un componente mucho más objetivo: la colindancia con el mercado más poderoso y dinámico de América. Es en la frontera con Estados Unidos don-de han surgido innumerables oportunidades de hacer negocios, de corto, mediano y largo plazos, lícitos e ilícitos, en la industria, en el comercio o en cualquier otro sector. El desarrollo del empresariado mexicano fronterizo ha ido de la mano de la expansión y crecimiento económico del sur de Es-tados Unidos, desde la incipiente explotación petrolera en Texas, hasta el Silicon Valley de California. La economía estadounidense ha ido integrando a la frontera norte a sus circuitos, y los empresarios mexicanos han teni-do que competir, desarrollar, innovar y crecer en una cultura empresarial basada en empresas privadas, al mismo tiempo que han mantenido los viejos mecanismos de negociación corporativa y corrupta con las agencias económicas del Estado mexicano.6 De esta manera, el empresario fronterizo tiene una doble estructura de oportunidades, las que surgen de la intensidad del mercado estadounidense y las que provienen de negociar con el Estado para obtener créditos preferenciales, concesiones, permisos, información privilegiada y políticas industriales a la medida.

La inversión extranjera, el empresario mexicano y la competitividad

Después de Brasil, México es la nación con mayor captación de inversión extranjera directa (IED) en América Latina. Los flujos disminuyeron a partir de la crisis de 2008, pero en 2007 la entrada de dólares alcanzó un nivel de 232 mil millones, el segundo más alto en toda la historia, solo superado por el año de 2001, cuando entraron 295 mil millones de dólares (aunque 125 mil millones fueron por la adquisición que Citigroup hizo de Banamex). La distribución de la inversión muestra cómo las desigualdades regionales se mantienen en México. Cinco entidades federativas: el Distrito Federal, Nue-vo León, Baja California, Chihuahua y el Estado de México captaron 90 por

6 Respecto a los apoyos que nunca dejó de tener el empresariado norteño por parte del Esta-do mexicano, véase Isabel Ortega Ridaura (2000 y 1998).


ciento de la IED en 2001 y 73 por ciento en 2007. En contraste, los estados del sur y sureste −excepto Quintana Roo− mostraron descensos, especialmente Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán (Banco de México, 2007).

Es indudable que la IED llegada a México desde la firma del TLCAN, en 1993, hasta la fecha se ha multiplicado y ha tenido efectos favorables y desfavorables en el país. Entre los favorables están, por supuesto, la gene-ración de miles de empleos y la exposición de las firmas locales a nuevas tecnologías. Entre los desfavorables está la quiebra de miles de pequeñas empresas particularmente en los sectores comerciales y de servicios, que han lanzado a otros miles al desempleo. Lo más grave para el empresario nacional es la falta de encadenamientos productivos y, a pesar de la crecien-te exposición a nuevas tecnologías, duras y blandas, su falta de aplicación y uso en las empresas mexicanas. Hasta ahora la competencia no ha signi-ficado incrementos de competitividad en nuestras firmas.

Esto es un serio problema para México si consideramos que el desarrollo ligado a la inversión de capital privado está proviniendo de fuentes endó-

genas de crecimiento empresarial y empleo, mismos que los empresarios mexicanos no están consiguiendo crear. La columna verte-bral del crecimiento empresarial mexicano está en las empresas pequeñas y medianas (pymes). En la mayor parte de los países en desarrollo es en las pymes donde se genera el mayor crecimiento de empleos y surgen los nuevos y más capaces empresarios. En

otras palabras, en ellas se realiza la nueva cultura empresarial. En la Unión Europea las pymes brindan las dos terceras partes del empleo total; en Mé-xico brindan 80 por ciento del empleo, lo que no está mal y nos pone en el nivel de países como Italia y Corea.7

Sin embargo, en cuanto a número de unidades productivas, la empresa mexicana está constituida fundamentalmente (95 por ciento) por pymes. El problema es aún más grande si consideramos que la mayor parte de las pymes son en realidad empresas micro, con menos de 10 trabajadores. En las manufacturas y el comercio, 94 por ciento de las empresas son micro y

7 Según el Observatory of European SMEs (UE, 2007); Korea Federation of Small Business (2007); e Inegi, Censos Eonómicos (2004).

Son las pequeñas y medianas em-presas las que más generan empleo en México, por lo que habrá progra-mas de crédito y facilidades para el autoempleo para multiplicar este tipo de empresas. (Proyecto de Na-ción, p. 13)


en los servicios sube hasta 97 por ciento (SE, 2003). Un dato que no hay que dejar pasar es que, si bien las pymes son el tipo de empresa más común en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ninguno tiene un porcentaje tan alto de microempresas como México. De hecho, con un sector de pymes constituido en 95 por ciento por empresas micro, México prácticamente duplica al común de los países de la OCDE. Además, en nuestro país casi 95 por ciento del empleo en pymes está en las microfirmas (INEGI, 2004).

¿De qué competitividad o de qué nueva cultura empresarial hablamos cuando nuestro sector empresarial está constituido principalmente por changarros? Como es lógico, el empleo formal que generan estas micro-empresas no solo es poco sino de muy baja calidad. Dos tercios de todos los empleos de la economía formal, donde se ubican estas empresas, pagan apenas poco más de dos salarios mínimos al día (8 dólares estadouniden-ses, USD), por no hablar de la falta de seguridad social. Esto, por supuesto, genera un gran sector informal. Se calcula que 27 por ciento de todo el empleo en México se ubica en este sector (INEGI, 2007), y aunque no suele considerarse empresas ni empresarios a aquellos ubicados en la informa-lidad, muchos de estos negocios son similares a las microempresas in-cluidas en las pymes formales. También es cierto que algunas categorías de empleo, como los ubicados entre 2 y 5 salarios mínimos, han crecido más de 10 por ciento, y los de ingreso superior, hasta 4 por ciento anual (INEGI, 2007), lo que significa que hay una nueva generación de técnicos y profesionistas mejor calificados y pagados, pero son una minoría y suelen estar en las grandes empresas y corporativos, tanto nacionales como transnacionales.

Los problemas de competitividad del empresario mexicano no radican en sus limitaciones para construir una “nueva” cultura empresarial, ni en cambiar valores y actitudes. Radican en que en el pasado corporativo las políticas públicas crearon estructuras de oportunidades de inversión dife-rentes en las regiones, y que a partir de un escenario económico neoliberal han apuntalado a los monopolios y no a las pymes.

La mayor fortaleza de los empresarios de la Frontera Norte radica en el dinamismo económico del sur de Estados Unidos; la de los empresarios del Centro de la República, en haber sido los beneficiarios de las políticas de industrialización durante casi cuarenta años, un mayor mercado interno y su cercanía al poder político de la capital del país. Las debilidades del em-presario del Sur y del Sureste son exactamente estas ausencias.


La lejanía del mercado estadounidense, un Estado que ha especializado a la región en la extracción de materias primas y la eliminó por décadas de sus políticas de industrialización, generó un empresariado con un pobre mercado interno, dependiente política y económicamente de la inversión pública y de los enclaves económicos del Estado como el petróleo.

Las culturas empresariales que encontramos, aunque son dinámicas y proactivas, corresponden a estas condiciones históricas. Cambiando solo la cultura socioprofesional del empresario, generando solo valores y mo-dernización administrativa, no se generarán empresas más competitivas, aunque seguramente las que existen mejorarán su desempeño. Si el cambio no es integral y se modifican las políticas crediticias, de mercado y de ac-ceso a tecnologías, con el necesario liderazgo y protección del Estado, no veremos nuevas estructuras de oportunidades para las empresas locales y el éxito será siempre la excepción que confirma la regla. El desarrollo de las regiones de México estará, por muchas décadas más, en manos de lo mucho o poco que puedan hacer los sectores empresariales. Y esto es demasiado importante como para dejarlo solo en manos del mercado.

Desigualdades sectoriales, regionales y empresariales

Los impactos desiguales de la globalización sobre el sector empresarial se observan también en los estudios de carácter sectorial, donde, como con-secuencia del cambio en las políticas públicas sobre el capital privado, la debilidad sectorial se transfirió en especial a la empresa privada por el acelerado proceso de privatización que se vivió en el primer sexenio de libre comercio. Al parecer la globalización empezó a aumentar la disparidad y desigualdad de las empresas de manera diferente según los sectores de la

economía de que se hable y la región del país de que se trate. Eso se concluye cuando se revisan los procesos de divergencia en el desarrollo de las regiones. Por poner unos pocos ejemplos, los trabajos de Unger y Sal-daña (1999:633-682) muestran que las empre-

sas industriales del norte han logrado crear un mayor número de empleos y con mejor salario, mientras que en el sur del país todos los indicadores de empresas industriales muestran muy bajo desempeño, incluyendo los

Sin una política económica inclu-yente no hay política social ade-cuada… (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 21)


aspectos de participación de población en el sector y número de estableci-mientos. La zona sur presenta algunas diferencias por estado, pero todas las participaciones de las empresas industriales son menores que la media nacional. También queda claro que no se pueden generalizar todos los fac-tores empresariales por zonas geográficas, pues si el empleo industrial es más amplio en el norte, la productividad industrial es mayor en las empresas del centro que en las de las otras dos zonas.

Otros estudios indican que quizás hay que relativizar el impacto del libre comercio sobre las empresas. El trabajo de Berenice Trejo (2008:88-109) al menos así lo sugiere para el sector industrial. De él se desprende que el ajuste lento que ha presentado la manufactura no fue desatado en realidad por la competencia provocada por la liberalización económica, pues ni el libre comercio ni la estrategia exportadora fueron los que generaron la relo-calización y el crecimiento de la importancia de la empresa manufacturera en el norte y el bajío, sino que reforzaron un proceso ya en marcha años antes. La autora señala que como la relocalización y la relativa dispersión de las empresas manufactureras ya estaban en proceso, no pueden ser atribuidas completamente a las reformas económicas, aunque estas parecen haber tenido algún impacto, pero ha sido mínimo, pues la actividad manu-facturera aún sigue concentrada territorialmente. La desigualdad de las empresas entre los estados mexicanos era una realidad antes de la apertu-ra y sigue siéndolo años después, por lo que los impactos de la liberalización comercial sobre el desarrollo regional, en lo que a las empresas se refiere, ha sido adverso, pero al menos en el sector manufacturero solo ha reforza-do tendencias regionales que ya venían dándose desde años anteriores.

El comportamiento de la pequeña y mediana empresa mexicana ha sido estudiado con mucho interés los últimos años. Esto tiene varias explicacio-nes, fundamentalmente relacionadas con la competitividad y el empleo. Hemos visto ya que dentro de los países de la OCDE México es uno de los que mayor número de pymes tiene en su economía. Además, su número no solo no parece disminuir sino que está aumentando desde la firma del TLCAN, en un proceso más relacionado con la precarización del empresariado y el autoempleo que con la aparición de nuevos segmentos empresariales com-petitivos y profesionales. En otras palabras, nuestras pymes son más señal de problemas, déficits y fracasos en el modelo de desarrollo, que de éxitos.

Si el empresario es el principal agente económico e incluso social dentro de un modelo liberal y se empobrece y vuelve menos competitivo, entonces el modelo está en problemas. Así, por ejemplo, Bianchi y Di Tommaso


(2001:1089-1095) señalan que en el escenario nacional después de casi vein-te años de apertura comercial, la gran mayoría de las pymes se concentran en la producción local y tienen problemas graves para sobrevivir en el mer-cado abierto, lo que es preocupante pues son las que proporcionan la mayor parte de los empleos del país. Las pymes podrían ser competitivas si recu-peraran como conjunto las ventajas colectivas de las que carecen indivi-dualmente. Sin embargo, para que esto suceda tendría que darse un proceso simultáneo de mayor capacitación de los pequeños empresarios y nuevas formas de política pública que los apoyen.

La creciente competencia obliga ahora a todos los empresarios a entrar a una dinámica de aprendizaje y cambio permanente, tanto para exportar como para mantener sus nichos de mercado. Ramírez Reyes (2001:1102-1115) plantea cómo poco a poco el capital intelectual es la base de la capacidad competitiva de la organización, se trate de una gran empresa o de una pyme. Sin embargo, aunque esto ya se acepta por casi todos, el pequeño empre-sario nacional no parece estar en camino de mejorar sus niveles de capaci-tación, en gran medida porque las condiciones para competir con el capital extranjero son desiguales incluso en sus propios mercados locales y tradi-cionales.

Las políticas públicas de apoyo a las pymes no están siendo muy efec-tivas, ni en su proceso de capitalización vía créditos ni en su proceso de capacitación para dotarlas de nuevas habilidades empresariales, vinculadas a la nueva sociedad y economía del conocimiento. Además queda clara la necesidad no solo de nuevas políticas, sino también de que sean diferencia-das por sector productivo. Hubert Bernal (2005:300-307) analiza este punto y plantea que si el reto actual de la economía mexicana es incorporarse de manera competitiva al proceso de mundialización, no basta una política industrial orientada a la exportación, se precisa la articulación y el fomento de las pequeñas empresas como entidades innovadoras vinculadas a la estructura de producción en áreas geográficas definidas. En especial en el caso de las pequeñas empresas manufactureras, que tienen que buscar las posibilidades de formar parte de una red productiva con base en la subcon-tratación o aglomeración. Aunque tenemos que aceptar que en la práctica no está sucediendo.

La gran empresa, en especial la industrial pero también cada vez más la especializada en los sectores de telecomunicaciones, continúa siendo analizada con mucho interés. Celso Garrido (2001:1063-1070), autor con un largo interés en la gran empresa industrial privada nacional, estudia sus


respuestas ante los cambios internacionales y concluye que lógicamente son las que mejor se han adaptado a la economía mundial, aunque solo un número limitado de ellas ha logrado combinar de manera adecuada los cam-bios organizacionales y productivos necesarios para enfrentar la nueva competencia, con el aprovechamiento de las ventajas relativas que se derivan de sus posiciones de liderazgo en el mercado interno, y establecer nuevas articulaciones entre exportaciones e inversiones directas en el exterior. Pocas son las que, como Cemex, pueden plantear que su viejo mercado in-terno protegido es ahora parte de su mapa global de negocios. La mayoría de las grandes empresas industriales (GEI) que han sobrevivido continúan apoyándose en el mercado interno aunque hayan tenido éxito en el interna-cional. Pero su principal problema es que su evolución se acompaña con bajos encadenamientos al resto de las empresas nacionales, lo que limita la transmisión de su dinamismo al resto de la economía.

Las investigaciones en torno a las empresas que han sido exitosas y competitivas en la apertura comercial destacan que el tamaño y la ubicación geográfica previa en zonas con alta actividad empresarial, densidad económi-ca y oportunidades de mercado han sido claves para mantenerse operando y aumentar su competitividad. No obstante, muestran también la aparición de características empresariales entre las que destacan nuevos conoci-mientos y mejor capacitación de trabajadores y cuadros directivos. Ordóñez (2001:610-620), al estudiar empresas con distintos niveles de competitividad en el estado de Morelos, encontró que en las empresas de las que proceden 60 por ciento de las exportaciones, la nueva industrialización cuenta con ventajas competitivas de orden superior fundamentadas en los recursos de conocimiento, la alta densidad de capital, la oferta de cuadros empresaria-les de nivel medio, una fuerza de trabajo calificada y el pago de salarios relativamente elevados. En cambio, en las empresas exportadoras de la rama textil y del vestido y en las otras manufacturas que aportan 40 por ciento de las exportaciones de ese estado, las ventajas competitivas son de orden inferior, basadas en los bajos niveles de densidad de capital, de la produc-tividad del trabajo y en los salarios menores.

Estudios realizados en estados con importante actividad empresarial muestran otras características de las empresas exitosas. Así, Corona Jiménez (2002:724-734) al estudiar empresas exportadoras relativamente exitosas en Puebla, concluye que todas muestran una importante mejoría del capital humano y mayor complejidad organizacional. Plantea que en los hechos es el mercado el que ha guiado a los empresarios, más que la programación


interna o el apoyo del gobierno. Al acomodarse a las demandas internacio-nales, las empresas van realizando de manera pragmática los cambios ne-cesarios, además de que la mayor parte de ellas se dedican a la exportación por las condiciones adversas de la economía nacional, y una vez que en-traron a la dinámica de la actividad empezaron a desarrollar capacidad competitiva. Esto deja en claro la gran importancia que revisten las carac-terísticas de los directivos, así como su capacidad de desempeño en el ex-tranjero, por lo que el capital social y humano ha resultado crucial en el éxito exportador poblano, dado el carácter más pragmático que planificador de la empresa mexicana.

El caso de Guanajuato muestra otras facetas que complementan el de Puebla. Estrada y Terrés (2003:948-954) afirman que las empresas de bajo éxito tienden a subestimar las actividades y los resultados que se pueden asociar a una conducta innovadora, en especial en lo que respecta a la uti-lización de maquinarias y equipos complejos. En cambio, aquellas empresas que han sobrevivido y crecido muestran un aprendizaje tecnológico asocia-do a las rutinas de producción, por lo que formalizar la actividad de inge-niería facilita la codificación del conocimiento al proporcionar un soporte organizacional a la acumulación de la memoria y el capital tecnológico de las empresas. Quisiera destacar que en el estudio que cito, queda muy claro que la innovación es más rápida cuando va de la mano de un corporativo y que la pertenencia de las empresas a un grupo, sobre todo industrial, au-menta la probabilidad de observar conductas innovadoras, ya que la eviden-cia que nos presenta parece indicar que las empresas independientes tienen un comportamiento aislado que dificulta la incorporación de tecnología.

Política pública, competitividad empresarial y desarrollo regional

Dos décadas de apertura comercial y financiera están evidenciando que el desarrollo regional obtenido en México no solo no corresponde a las expec-tativas del Estado que impulsó el TLCAN, sino que incluso muestra tendencias que, si bien no puede plantearse que sean involutivas, sí están aumentando las divergencias regionales.

Las teorías liberales del crecimiento económico afirman que hay un proceso de convergencia regional cuando las regiones pobres tienden a crecer con mayor rapidez que las ricas, con lo cual se reduce el diferencial


de ingreso que las separa, y suponen que esto se refuerza en una economía abierta. Esto no ha sucedido en México, como diversos autores señalan (véanse en especial a Asuad, Quintana y Ramírez, 2007; y Alba 2007). Fuen-tes (2003:970-978 y 2008) comprueba que el proceso de crecimiento econó-mico por entidad federativa se alimenta a sí mismo, haciendo que las regiones ricas crezcan más de prisa que las pobres, y aumentando así su ventaja con el paso de los años; esta divergencia fue aún mayor a partir de la apertura comercial que acentuó la diferencia de ingresos. Pero no se trata solo de una divergencia en los ritmos de crecimiento, sino que se minan las bases mismas de la competitividad futura de las regiones para desarrollar empresas tanto por empresarios locales como foráneos, al concentrarse en unas pocas entidades la infraestructura y el capital económico y social. Según se desprende de las fuentes citadas, cuatro factores influyen en ello, y en todos tienen mucho que ver las políticas públicas que orientan la in-versión y el gasto social del gobierno, lo que repercute de manera decisiva en el comportamiento de la empresa y el capital privado, y por supuesto en los empresarios que toman decisiones que pueden aumentar o disminuir las divergencias regionales.

El primero corresponde a las economías externas y a las dotaciones de capital del exterior, ya sea a través de la presencia directa de empresas transnacionales, de inversión o de flujos financieros a través de la banca y la bolsa. El segundo corresponde al capital público y a la inversión directa del Estado en infraestructura. Ambas han privilegiado a las regiones con mayor peso en los sectores exportadores que tenían ya, desde antes de la apertura comercial, niveles de productividad y producción superiores a la media. Esto ha llevado a una intensa y creciente concentración de la in-versión extranjera y pública en las regiones de México que ya venían presen-tando los mayores niveles de desarrollo y crecimiento desde los años setenta e incluso desde la segunda posguerra. La relocalización territorial de la industria mexicana y la elevada concentración de inversión, infraes-tructura y población siguen mostrando una elevada desigualdad en cuanto a la capacidad para atraer inversión y generar desarrollo.

El tercer factor corresponde a las notables disparidades interregionales respecto a la disponibilidad y formación de capital humano, con su secuela de una mayor capacidad de progreso tanto técnico como social y cultural. Esto es visible en especial si se estudian las ofertas y demandas educativas, que en las regiones más atrasadas corresponden a estructuras producti-vas sectoriales y demandas sociales más tradicionales, en tanto que en las


regiones más dinámicas de México la educación y capacitación es más flexible, variada y oportuna.

El cuarto factor es una consecuencia de los otros tres y corresponde al desplazamiento del capital privado, la ubicación territorial de las empresas medianas y pequeñas y las decisiones de los empresarios mexicanos, que siguen concentrándose en las regiones del país que desde hace varias dé-cadas han mostrado mayor competitividad, estimuladas por la intensidad de los otros tres factores.

La cultura empresarial, en consecuencia, no puede comprenderse como un fenómeno regional aislado ni como la respuesta a un entorno inmedia-to de mercado, sino como una serie de decisiones que toman en considera-ción, de manera implícita o explícita, los demás factores mencionados. El resultado final de este proceso es que, contra lo previsto en los modelos económicos tradicionales, la apertura comercial se ha visto acompañada en México de una mayor divergencia en los procesos de crecimiento econó-mico y desarrollo regional y un comportamiento muy tradicional y poco arriesgado del empresariado en las regiones de México que, en el último medio siglo, han mostrado menores tasas de crecimiento y bajos índices de desarrollo social, crecimiento económico y modernidad política.

Un ejemplo de lo anterior es la frontera norte, que ha acumulado un gran potencial de exportación desde que se le impulsó para estas capacida-des a mediados de los años sesenta. Como López Villafañe señala (2004:674), constituye la zona exportadora más grande de América Latina y, por sí sola, una de las regiones exportadoras más grandes de su tipo. Sus empresarios son activos, fuertes económicamente y vinculados al mercado norteameri-cano y a la exportación. Pese a ello, no podemos encontrar grandes cadenas productivas ni un sector empresarial altamente integrado. Los clusters y corporativos existentes, si bien controlan grandes sectores de sus mercados regionales, no están integrados con fuerza a las cadenas de maquila.

La modernización tecnológica de la industria de la frontera norte se ha hecho en correspondencia a las necesidades de las empresas transnaciona-les más que a los requerimientos económicos y de empleo de México, ha ido ligada a los ciclos de las manufacturas en Estados Unidos y a las devalua-ciones, que han hecho a la mano de obra mexicana más barata. Por eso el crecimiento de la empresa exportadora no ha provocado un encadenamien-to con los empresarios regionales en conjunto, ni una expansión sostenida de la economía. Mucho menos encontramos una vinculación productiva importante con empresarios de otras regiones del país, por lo cual, pese a


ser una de las regiones empresariales más importantes, no ha mostrado gran capacidad de arrastre o integración con otras regiones de México.

La divergencia regional en cuanto a fortaleza y desarrollo empresarial tiene mucho que ver con la competitividad del país en su conjunto y, por supuesto, con el tipo de ventajas que presentan los núcleos empresariales. Como Romo y Abdel (2005:200-214) han demostrado, la ventaja comparativa es impulsada por las diferencias en los costos de los insumos como la mano de obra y el capital. La ventaja competitiva, por otra parte, es impulsada por las diferencias en la capacidad de transformar estos insumos en bienes y servicios para obtener la máxima utilidad. La tasa de crecimiento de la productividad es la medida última de la competitividad. Aunque no estoy de acuerdo con estos autores cuando siguen el planteamiento clásico de que la productividad de un país determina su nivel de vida, porque no con-sideran que esto sucede a largo plazo, y a corto plazo se puede sostener por muchos años la inmensa desigualdad que provoca una injusta redistri-bución de la riqueza, no obstante que haya crecimiento. Si bien es cierto que alcanzar una productividad elevada es condición para sustentar un rendimiento más atractivo del capital invertido y también mejores salarios y más empleos. En México existen algunos grandes corporativos y ejemplos paradigmáticos de empresarios competitivos. Sin embargo, si nos acerca-mos a las regiones y las comparamos entre sí, encontramos que las diver-gencias regionales en cuanto a los niveles de desarrollo de los empresarios mexicanos se construyen en su mayoría más sobre ventajas comparativas que sobre ventajas competitivas, y aunque seguimos teniendo regiones y empresarios regionales ganadores, el conjunto de los empresarios mexicanos sigue siendo poco competitivo.

El tema central para los empresarios regionales a raíz de la apertura comercial es la competitividad, y al constatar que sus regiones se alejan cada vez más unas de otras, su principal reto sería mantener sus empresas operando con eficiencia y creciendo en sus territorios de origen. Sin embar-go, no se puede observar la articulación y el fomento de las pequeñas y medianas empresas como entidades innovadoras, vinculadas a la estructura de producción en áreas geográficas definidas y con posibilidades de formar parte de redes productivas. En gran medida esto se debe a que las políticas públicas que marcan el modelo actual de país, y a las que están atentos los empresarios más dinámicos, impulsan la creencia de que el futuro econó-mico de México reside en el comercio exterior y en incorporarse de manera competitiva al proceso de mundialización.


Pero la competitividad para el conjunto de la población de México tiene relación en especial con el desarrollo social y la redistribución del ingreso y no solo con el crecimiento económico de las regiones. Si los empresarios, del tamaño que sean, tienen en sus manos la obligación y la necesidad de impulsar el crecimiento económico de sus regiones a través de sus empre-sas, el Estado tiene en las suyas instaurar políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar tanto las empresas locales como el desarrollo social, para revertir los procesos de divergencia en el desarrollo regional que hoy existen.

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La participación del Estado en el desarrollo económico de México

Gerardo González Chávez

La participación directa del Estado en la economía es un factor fundamen-tal para entender las condiciones de la evolución capitalista en la obten-

ción y distribución de la riqueza mediante el fomento de la innovación tecnológica, el gasto en educación, el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, etcétera, para lograr el incremento de la productividad y la competitividad en un mundo globalizado. El papel que desempeña el Estado le da el carácter específico a cada periodo histórico del capitalismo y nos permite entender las particularidades del desarrollo de las fuerzas pro-ductivas en la sociedad contemporánea.

En México, el periodo que va de los años treinta hasta mediados de los ochenta del siglo XX se caracteriza por un modelo de acumulación interven-cionista con un Estado proteccionista-keynesiano, en el que se logran altas tasas de crecimiento de la economía, una distribución más equitativa de la riqueza y una estabilidad de la tasa de ganancia. En esta etapa, el Estado fue el gran promotor de la acumulación capitalista mediante el consumo social, por la vía de la masa salarial, incluyendo una fuerza de trabajo barata y controlada; proporcionó un entorno de estabilidad social de largo plazo al convertirse en el actor económico más importante en la generación de empleos directos e indirectos, mediante la inversión pública en infraestruc-tura, así como el creador de las empresas estratégicas para el beneficio y expansión del capital privado nacional y extranjero.

El desarrollo de las fuerzas productivas y las nuevas formas de acumu-lación, producto del agotamiento del modelo de sustitución de importacio-nes, planteó la necesidad de transformar el Estado intervencionista en otro que colocara al mercado en el centro de las decisiones. Este modelo fue impuesto por el Banco Mundial (BM)1 y el Fondo Monetario Internacional (FMI),2 mediante una “reforma del Estado” que adaptara sus funciones a las


necesidades de la acumulación neoliberal, lo que se tradujo en un Estado minimalista ligado a políticas fiscales y monetarias restrictivas. En esta fase, la industrialización se orientó hacia las exportaciones, lo cual requería de la apertura económica, la disminución de la participación directa del Estado en la economía (la privatización de las empresas públicas), el estímulo a la inversión privada y la regulación de la fuerza de trabajo.

En este nuevo contexto se fomenta la ideología de una “nueva cultura laboral” que por decreto acaba con la lucha de clases y el desempleo, al mismo tiempo que incrementa la productividad y la competitividad median-te la individualización de las condiciones de trabajo, el control salarial, la fragmentación de la mano de obra, la temporalidad laboral y el desmantela-miento de los contratos colectivos, además de la privatización de las pres-taciones sociales, la disminución de los subsidios y demás obligaciones que el Estado desempeñaba. Se planteó el retiro del Estado3 en la inversión pro-ductiva y los aspectos sociales, así como una política de estabilización entre salarios y productividad,4 conocida como flexibilidad del trabajo, tendiente a abaratar sus costos e incrementar las utilidades.

El modelo de acumulación neoliberal puso en marcha una política de restructuración y modernización productiva que redefinió la acción del Estado hacia la apertura económica y el funcionamiento del mercado. En este marco, el Estado liberal debería intervenir lo menos posible en la eco-nomía y limitarse a ser regulador y auspiciador del proceso, es decir, a ser un “observador”,5 además de adaptar las condiciones generales a las situa-ciones tipo, para garantizar al individuo libertad de acción en circunstancias

1 El Banco Mundial y otras organizaciones internacionales sugieren programas para ayudar a los países siempre y cuando pongan en práctica reformas en las funciones del Estado orien-tadas a reducir su papel en algunas áreas de la economía y a encauzar los recursos así libe-rados hacia actividades básicas (Banco Mundial, 1997:180).

2 El FMI, institución que por mucho tiempo sustentó el proyecto intervencionista, rebasó su campo básico de competencia en macroeconomía hacia cuestiones estructurales, como los mercados de trabajo, las reformas de las pensiones, entre otras, para impulsar la nueva re-ligión −el fundamentalismo del mercado− que remplazó a aquella que había demostrado ser tan defectuosa (Stiglitz, 2002:69, 174).

3 En una economía de este tipo el único orden posible es el “espontáneo”; por tanto, cualquier intento que haga el Estado por sustituirlo con la planeación, estará mal encaminado (Chang, 1996:173-179).

4 Las modificaciones salariales estarían determinadas por el incremento de la productividad de la mano de obra (Banco de México, 1994:24), con lo que se reforzaron los mecanismos para establecer los programas de flexibilidad de la fuerza de trabajo.

43La participación del Estado en el desarrollo económico de México

específicas; el ideólogo neoclásico más importante de esta corriente señala que “…sólo el individuo puede conocer perfectamente las circunstancias particulares que le permiten moldear su propia conducta. Su función es la de hacer cumplir la ley y respetar el orden, proporcionar los medios para de-finir las reglas de conducta, fallar en materia de litigios, facilitar los trans-portes y las comunicaciones y supervisar la emisión de moneda” (Friedman, 1980:56-57). El paradigma teórico se resolvió finalmente “…a favor de la ortodoxia neoclásica, con lo cual quedaron sentadas las bases intelectuales e ideológicas de lo que se ha dado en llamar la reforma neoliberal o de libre mercado” (Rivera, 2000:19-20).

La forma de organización del trabajo que funciona mejor en el modelo neoliberal es el toyotismo, especialización flexible o neofordismo, en la medida en que propicia el establecimiento de mecanismos para asignar precios y crear empleos en un mercado cada vez más competido. Se hicieron a un lado los esquemas empresariales rígidos y se flexibilizó la organización del trabajo con la incorporación de técnicas mucho más funcionales para las necesidades competitivas: el trabajo en equipo, los círculos de calidad, la organización departamental para aumentar la productividad y la calidad de los productos y propiciar un control mayor de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la innovación tecnológica siguió siendo la forma más efi-ciente de generar una fuerza de trabajo disponible con la ampliación del desempleo como forma de darle mayor movilidad al capital y facilitar los mecanismos para incrementar la productividad e intensidad del trabajo a través del incremento de la plusvalía absoluta y relativa. De allí que el de-sarrollo de las nuevas tecnologías, en particular las tecnologías de la infor-mación y las comunicaciones (TIC),6 permita una gran eficiencia del trabajo inherente a la creatividad, la investigación y el desarrollo; también son sistemas de aprendizaje que obligan a reflejar y acomodar la necesidad de un aprendizaje de por vida, para desarrollar instituciones y servicios que

5 El Banco Mundial define así las funciones fundamentales del Estado: mantener el orden públi-co, salvaguardar los derechos de propiedad, encargarse de la gestión macroeconómica, sumi-nistrar servicios sociales básicos y proteger a los indigentes (Banco Mundial, 1997:180).

6 Término que hace referencia a una gama de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos y que con frecuencia se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. Las TIC incluyen servicios tales como: telefonía, telefonía móvil y fax, correo electrónico, transferencia de archivos e internet (Manpower, 2008:59).


apoyen y permitan el desarrollo de habilidades durante toda la vida laboral del empleado (Manpower, 2006:14-15).

Los avances en el transporte dan la pauta para que las empresas tras-planten su producción a cualquier lugar del mundo en donde pueden apro-vechar una mano de obra mucho más abundante, barata y controlable. Con estas acciones se pulveriza la distancia geográfica, se intensifica la distri-bución y se borran barreras para la distribución en el mercado mundial, se intensifica la competencia y la necesidad de la innovación, así como el im-pulso por establecer nuevas relaciones de trabajo como es el teletrabajo7 que simplifica, perfecciona y multiplica sus funciones con los nuevos ins-trumentos de trabajo, creando obreros más hábiles, ordenados y multifun-cionales.

Las nuevas relaciones laborales requieren cambios en los sistemas de enseñanza para el trabajo por lo que los planes de estudio se reforman hacia una educación que propicie procesos de actualización continua, en donde “…los jóvenes sean capaces de aprender sobre la marcha para adaptarse a los cambios del mercado y de la tecnología en los centros de educación. Una persona que empieza su vida profesional ahora, a lo largo de su vida cambiará, no de puesto de trabajo, sino de profesión, más o menos cuatro veces” (Manpower, 2008:7).

Los cambios en los procesos productivos derivados de los requerimientos del

mercado ponen en evidencia la necesidad de una fuerza laboral con un nivel de

habilidades que le permita adaptarse al mercado laboral, es decir, una fuerza

laboral que tenga la capacidad de aprender continuamente para adaptarse a los

cambios con autonomía. Es crucial, en ese sentido, una educación secundaria

de calidad que aliente a los jóvenes a estudiar y a aprender por sí mismos, así

como a trabajar en equipo, de forma tal que apunte a formar más productiva-

mente a la futura fuerza de trabajo (Espinoza, 2011:248).

Para ser competitivo en la economía global, se necesita que los tra-bajadores sean capaces de laborar en equipo, cuenten con habilidades de comunicación y relación interpersonal y con la capacidad para la toma de

7 Es una forma flexible en la que una organización permite a un empleado desempeñar la ac-tividad profesional sin su presencia física en la empresa durante el horario laboral, y englo-ba una amplia gama de actividades por realizar en tiempo completo o parcial (Manpower, 2008:59).


decisiones. Si quiere mantenerse en su empleo, el trabajador requiere múl-tiples habilidades y una calificación permanente, lo que impone la necesidad de programas de capacitación y especialización permanentes para todas las áreas de la empresa, sobre todo en donde se encuentran los modernos equipos de computación o las nuevas tecnologías, formas de organización del trabajo y certificación de acuerdo con normas internacionales de calidad. De aquí surge la necesidad de modificar la política educativa del Estado para dedicar más recursos a la educación profesionalizante y de carácter tec-nológico.

La relación entre educación y trabajo ha sufrido profundas transforma-ciones en México en los últimos 25 años; el nuevo modelo educativo consi-dera que la educación técnica es un factor esencial para ser competitivos y cubrir los requerimientos del mercado. Los cambios incluyen el diseño de nuevas estrategias de formación, instituciones y actores en el campo edu-cativo, así como nuevos esquemas de financiamiento. Otra modificación se refiere a la relación educación-trabajo como vehículo para el progreso per-sonal y social, la cual ha sido cuestionada seriamente por el alto porcenta-je de jóvenes mexicanos que no pueden insertarse en el mercado laboral, a pesar de tener la calificación necesaria (Morales, 2010:3). Es importante señalar el creciente monto en la cantidad de recursos destinados a la edu-cación en México que permitió un aumento significativo del promedio educativo nacional al pasar de un promedio nacional de 4 años en 1980 a 8.7 en 2010. El dato es significativo en términos nacionales, aunque no lo es tanto cuando lo comparamos con otros países como España, por ejemplo, que pasó de una educación promedio de 5 años a 10.4, o Estados Unidos, que inicia con 10.8 y alcanzó una tasa de 12.4 en el periodo de 1980 a 2010. (Aragonés, 2011:t.4).

La globalización neoliberal puso en el centro de la competitividad, la innovación tecnológica como forma fundamental de la sociedad del cono-cimiento para el desarrollo, la inversión y los beneficios. Son estas variables las que nos muestran las asimetrías existentes entre los países desarrollados y subdesarrollados, cuando se destaca la proporción del producto interno bruto (PIB) dedicado a la investigación y desarrollo (I+D). De acuerdo con los datos de Ana María Aragonés, en el año 2000, Estados Unidos destinó 2.75 por ciento del PIB a investigación y desarrollo, en tanto que México solo gastó 0.37 por ciento (un año antes fue de 0.44); en 2008 Estados Unidos gastó en I+D 2.82 por ciento de su PIB, en tanto que México invirtió solo 0.37 por ciento (Aragonés, 2011:t.5).


Los cambios en los planes y programas de estudio en la educación su-perior orientaron su política a la evaluación por competencias, el financia-miento por programas, la apertura tecnológica, una mayor vinculación con el sector productivo y a la innovación organizativa y reordenación adminis-trativa. Se instrumentaron medidas para

…deshomologar el salario a través de programas de estímulo al personal aca-

démico, la conformación de fondos específicos sometidos a concurso entre las

instituciones como es el caso de los fondos manejados por el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Fondo para la Modernización de la Edu-

cación Superior (Fomes). Se transformó la educación secundaria a través de la

renovación curricular, pedagógica y organizativa que tenía un enfoque acade-

micista hacia la implantación del modelo basado en competencias generales:

comprensión lectora, habilidades en matemáticas y la transmisión de valores

éticos y ciudadanos; reducir la cantidad de asignaturas y aumentar el tiempo

dedicado a cada una de ellas para “ofrecer servicios educativos de calidad para

formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de

manera productiva y competitiva en el mercado laboral”. (Morales, 2010:3).

Esta política estableció una serie de acciones entre las que se encuen-tran: aumentar la cantidad de personas formadas en los centros educativos para el trabajo, tanto en la modalidad presencial como la educación a dis-tancia, promover los cursos de formación basados en competencias e in-tensificar el contacto de los alumnos con el sector productivo por medio de pasantías.

Todas estas políticas públicas “…cambiaron el esquema de asignación de recursos; la diversificación de las fuentes de financiamiento y la amplia-ción de los ingresos propios de las instituciones; el establecimiento de procesos de evaluación en distintos niveles: instituciones, programas, per-sonal académico y estudiantes, a cargo de distintos organismos de evalua-ción; el inicio de trabajos en materia de acreditación y el establecimiento de criterios comunes de certificación de profesionales en el marco del Tra-tado de Libre de Comercio de América del Norte” (Morales, 2010:5).

El éxito de estos programas ha sido muy limitado y se ha concentrado más en la generación de autoempleo, a partir de la creación de empresas innovadoras y el papel desempeñado por los empresarios en la creación de fuentes de empleo propio que incorporen una fuerza de trabajo altamente calificada en el área de la innovación tecnológica utilizando su ingenio y


habilidad para iniciar una empresa o un negocio, aprovechando una opor-tunidad comercial que les genere ganancias o la subsistencia. Muchas de estas iniciativas han sido exitosas porque se ubican en sectores de punta para el desarrollo tecnológico; sin embargo, también muestran cómo un programa público puede entrar en contradicción entre el fin social de las instituciones públicas y los resultados que tienen carácter de propiedad privada, lo que genera la indefinición y el burocratismo que inhiben los nuevos programas de innovación.

A raíz de estas transformaciones surgió “…el Colegio Nacional de Edu-cación Profesional Técnica (Conalep), organismo originalmente a cargo del gobierno federal y actualmente descentralizado y operado por los estados, aunque con instancia y coordinación federal. Constituye un bachillerato de tres años en donde los alumnos adquieren un conjunto de técnicas relacio-nadas a ocupaciones, además de los conocimientos tradicionales de la educación general, es decir, está orientado a la formación de profesionales técnicos”. Dentro de la educación no formal, de carácter público o privado, destacan los centros de Capacitación para el Trabajo (Cecati)8 y los institu-tos de Capacitación para el Trabajo (Icat), con más de 200 unidades. Los primeros pertenecen a la federación y los segundos, a los estados. “En este rubro educativo, se forman recursos humanos para satisfacer las necesida-des de los distintos sectores productivos y de servicios. Tiene bajo su res-ponsabilidad la capacitación para y en el trabajo (educación para la vida y el trabajo). Constituye la oferta más importante en la formación de trabaja-dores a nivel operarios” (Morales, 2010:14).

Es decir, en el desarrollo de las fuerzas productivas se detecta una transformación profunda de las relaciones de producción y la organización social del trabajo y plantea un nuevo paradigma para el funcionamiento de las “...instituciones gubernamentales, de la sociedad, e incluso de la ideolo-gía y la cultura [lo cual] supone un inmenso costo social en términos de pérdida de prestaciones sociales, empleos y habilidades así como en el desplazamiento geográfico de las actividades. Por lo tanto, a medida que el desajuste crece, las tensiones centrífugas y los procesos de desacopla-miento socavan las bases de la economía, acarreando problemas de go-bernabilidad y de cuestionamiento a la legitimidad del marco institucional establecido” (Pérez, 2004:55).

8 Se crearon desde 1988 y a la fecha se han estabilizado (Morales, 2010:14).


Los resultados que reportan denotan que, a pesar de contar con altos niveles escolares, una gran proporción de los egresados se enfrentan al desempleo o se ven obligados a aceptar trabajos temporales, con sueldos miserables y en los que las tareas tienen poco o nada que ver con los cono-cimientos adquiridos en la escuela. Por tanto, la calidad de la educación es uno de los principales factores que hay detrás de los problemas de desem-pleo actual. Hoy en día, al parecer no existen vías de conexión entre estos dos mundos, tan alejados entre sí, porque por un lado aumenta la distan-cia entre los conocimientos de los jóvenes y, por el otro, no se cubren las necesidades de las empresas. La formación profesional ha dejado de ser un privilegio, carece de valor en el mercado de trabajo y fomenta la desigualdad, porque si bien el sector productivo demanda trabajadores con mayor prepa-ración, lo cierto es que ocupan empleos que antes eran realizados por personas sin escolaridad; al mismo tiempo, esta situación da lugar a transi-ciones escuela-trabajo desiguales, porque para algunos significa nuevas oportunidades tanto económicas como de desarrollo personal y profesional, mientras que para otros ha implicado no solo una creciente precariedad laboral, sino además, el entrampamiento en situaciones de vulnerabilidad que parecen condenarlos a la inmovilidad en condiciones de desventaja social (Morales, 2010:16).

Muchas de las prestaciones obtenidas por los trabajadores dependen de nuevos criterios, por ejemplo, la antigüedad en el trabajo como requisi-to para la reclasificación se sustituye por el de aptitud para el desempeño del puesto, o bien se vincula con otros factores para la movilidad de los salarios, sujetos ahora a los aumentos de la productividad del trabajo. Se condiciona el ascenso a los programas permanentes de capacitación, y la movilidad de los trabajadores en los distintos departamentos (multifuncio-nalidad) es establecida como una forma de intensificar el trabajo, fragmen-tar la organización obrera y perder la materia de trabajo, entre otros mecanismos (Hernández, 2010:56).

En síntesis, se pierde la estabilidad en el empleo, las prestaciones so-ciales son condicionadas a otros mecanismos como el outsourcing, además de imponer condiciones de trabajo de permanente acoso al trabajador y amenaza de separación (downsizing y reingeniería) o finalmente darle una “palmadita” cuando se prescinde de sus servicios (outplacement). Todo esto muestra la precariedad del mercado de trabajo y se impone con distintos mecanismos como “…la teoría de la organización del trabajo que ofrece e impone al trabajador joven mecanismos extralegales, en tanto le ofrece su


primer empleo y el mercado de trabajo lo posibilita” (Lañas y Bouzas, 2010:268).

En la producción, la distribución y los servicios, la subcontratación9 experimenta un éxito espectacular porque a través de este mecanismo se establecen rápidamente las condiciones requeridas por el neoliberalismo para reducir los costos laborales, aumentar la productividad, mejorar la calidad de los productos y lograr un entrenamiento especializado en todas las áreas del proceso productivo para hacer uso de los modernos equipos de computación, además de aplicar las nuevas formas de organización del trabajo. Con ello se logran grandes ventajas para las empresas contratantes como son: el traslado de diversas funciones o actividades de un proceso productivo integrado a otras unidades económicas (personas físicas o mo-rales) real o ficticiamente ajenas a la empresa que organiza el trabajo, dele-gando tareas específicas asociadas con una empresa particular que va a desempeñar la función o funciones que antes se desarrollaban dentro de la propia empresa. Además, les permite disminuir costos de producción y obtener ganancias extraordinarias vía la productividad e intensidad del trabajo, pero también por la extensión de la jornada de trabajo o la fragmen-tación de la misma con la subordinación a las necesidades de la demanda; asimismo, con la eliminación de cláusulas contractuales −asistencia, pun-tualidad, antigüedad, capacitación y productividad− logran beneficios ex-traordinarios al condicionar el pago del reparto de utilidades, prima vacacional, aguinaldo, prima por asistencia, premio por productividad, entre otros.10 Aunque también destaca la limitación de la libertad sindical, el derecho de huelga, la disminución de las prestaciones sociales e in-demnizaciones,11 en conjunto se obtienen bajos salarios y deplorables condiciones de trabajo. Sin embargo, esos cambios aligeran la estructura administrativa de la gran empresa y transfieren parte del riesgo y el costo

9 Son empresas contratadas ex profeso para elaborar parte del producto o realizan alguno de los servicios que requieren las plantas, como limpieza, mensajería y cobranza (De la Garza, 1998:23).

10 La propia OIT señala que la creación de los empleos informales ha generado: bajos ingresos, inexistencia de contratos laborales, falta de prestaciones sociales, no-afiliación a organiza-ciones laborales, con un uso de tecnología atrasada y empresas muy pequeñas (OIT, 2002:38).

11 En las primeras propuestas de reforma laboral en la Cámara de Diputados, ya se discutían los aspectos relacionados con el banco de horas, eliminación del tiempo extra, contratación a prueba y eventuales, y facilidades para el despido sin indemnización (Barba, 2003:52).


de la crisis a sus socios (Martínez, 1998:307-308), al mismo tiempo que logran un mayor control sobre la fuerza de trabajo porque los asalariados tienen menores posibilidades de organización y protesta.

La precarización del mercado de trabajo ha sido generalizada y ello se demuestra cuando se revisan los datos mundiales proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la crisis de 2000, el número de desempleados en el mundo alcanzó más de 210 millones, aunque esta tendencia registró una disminución significativa a partir de 2002 cuando alcanzó la cifra de 185 millones de personas, se incrementó a 190 millones en 2003, y se mantuvo en esos niveles hasta 2005, cuando se registró una disminución sensible al pasar a 180 millones en 2006 y 170 en 2007. Al inicio de la crisis más reciente, el número de desempleados aumentó a 175 millo-nes de personas en 2008 y 200 millones entre 2009 y 2011. Es decir, en un periodo de cuatro años aumentó en 30 millones el número de desempleados a partir de 2007. La recuperación económica registrada en 2011 permitió una disminución del desempleo a 200 millones; sin embargo, en términos absolutos significó un crecimiento de 27 millones adicionales de desemplea-dos desde el estallido de la crisis. Esta situación profundizó la tensión social, debido a que la adopción de las nuevas tecnologías, la intensificación del trabajo, la falta de crecimiento económico, además de la incorporación natural de los jóvenes al mercado de trabajo, impidieron la creación de nuevos empleos. Es necesario crear 600 millones de puestos de trabajo en el mundo, durante los próximos diez años, para cubrir la demanda de tra-bajo (ILO, 2012:9). En 2011, 74.8 millones de jóvenes de entre 14 y 24 años se encontraban desempleados en el mundo, un incremento de más de 4 millones desde 2007.

De acuerdo con los datos de la OIT, el desempleo promedio de América Latina desde mediados de la década oscilaba entre 5 y 6 por ciento. La tasa más baja se alcanzó en 2008, cuando se ubicó el porcentaje de desempleados en 4.2 por ciento; sin embargo, la crisis hizo caer el PIB a -1.8 por ciento y el desempleo se disparó a 8.1 por ciento (OIT, 2011:25). En términos generales, 60 por ciento de los jóvenes ocupados en América Latina tienen empleos informales, y enfrentan no solo la falta de oportunidades sino también las malas condiciones laborales, especialmente en los segmentos de empleo informal, caracterizados por salarios bajos, la poca seguridad del empleo y la falta total de representación, mientras que 20 por ciento de ellos no estu-dian ni trabajan.12 La tasa de desocupación juvenil es de 12.7 por ciento, el doble de la tasa general de desempleo urbano (ILO, 2012:9).


La OIT sostiene que hay una brecha que separa a los jóvenes de un tra-bajo decente, definido como el trabajo productivo en condiciones de liber-tad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos, y que cuenta con remuneración adecuada y protección social, en donde convergen cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fun-damentales en el trabajo, la promoción del empleo, la protección social frente a las condiciones de vulnerabilidad, y el fomento del diálogo social (OIT, 2011:15). Sin embargo, en el ámbito mundial los nuevos trabajadores tienen como única opción incorporarse a empleos precarios, por lo que se detecta un fuerte aumento del empleo informal, especialmente en los países que carecen de sistemas de seguro de desempleo amplios, como es el caso de México (OIT, 2002:1). De aquellos que logran empleo en el sector formal de empresas, 37 de cada 100 no están protegidos por la seguridad social, porque en la práctica acceden a empleos precarios y son más vulnerables a los ciclos económicos. “El sector terciario de la economía es también el principal empleador de los jóvenes de 15 a 24 años de edad, particularmen-te en el comercio y los servicios […] Los sectores de actividad más afectados por la crisis internacional que comenzó en el segundo semestre de 2008 fueron la industria manufacturera y la construcción” (OIT, 2011:15, 50).

En el caso de México, el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) a principios del siglo XXI intensificó la puesta en marcha del proyecto neoli-beral impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las décadas anteriores, por lo que se incrementó el control de las variables macroeconómicas fundamentales: la inflación, la estabilidad laboral, el control corporativo de los sindicatos y la generación de empleos. Se recru-deció la política de destrucción y cambio de los contratos colectivos de trabajo, así como la proliferación de los contratos de protección, la sub-contratación y el pago de honorarios por servicios profesionales.

El nuevo gobierno prometía alcanzar un crecimiento anual de 7 por cien-to, la recuperación de los salarios reales, el incremento de la competitividad, la reducción de las tasas de interés y la expansión del crédito. Para ello, el

12 “En 16 países con información disponible hacia fines de la década del 2000, 93 millones de personas (50 por ciento de la población ocupada) tenían un empleo informal. De ese total, 60 millones estaban en la economía informal propiamente dicha, 23 millones tenían un empleo informal sin protección social trabajando en el sector formal, y 10 millones un empleo infor-mal en el servicio doméstico. En el caso de los jóvenes, 6 de cada 10 que consiguen trabajo sólo tienen acceso a empleos informales” (OIT, 2011:5).


“gobierno del cambio” se sustenta en la confianza empresarial para sacar al país del estado en que se encontraba pero con características humanita-rias en donde la productividad, la competitividad, la creación de empleos, la persona humana y el “amor” fueron los ingredientes del discurso ideoló-gico de la “nueva cultura laboral”. Intentan “derrumbar el mito de la lucha de clases”, descartan el “neopopulismo” salarial, además de evitar la crea-ción de un nuevo sindicalismo para impulsar los cambios legales necesarios con un profundo sentido humanista que permitiría garantizar el bienestar de los trabajadores, elevar el nivel de vida de la población y multiplicar la creación de empleos hasta llegar a 1.3 millones de plazas al año, además de igualar el salario mínimo en todo el país (González, 2002:16).

La nueva administración mantuvo las tácticas de control y manejo de la incipiente organización sindical con “acuerdos” similares a los del PRI, mediante la conformación del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, que intentaba integrar en un solo proyecto los distintos inte-reses de clase a la simple voluntad de sus miembros. El gobierno panista propició altos beneficios a las grandes empresas y la generación de nuevos capitales a los allegados al poder ejecutivo. La inflación mantuvo su tenden-cia a la baja; sin embargo, la recuperación del salario real fue mínima.

La propuesta de reforma laboral que ya desde entonces se discutía plan-teaba desmantelar, destruir, dos de los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo: el principio de la estabilidad en el empleo y el de irrenunciabili-dad de los derechos, mediante la contratación temporal, los despidos fáciles y económicos, la flexibilización laboral, la productividad, la desreglamen-tación de la jornada de trabajo, la supresión de los sindicatos, así como la limitación de la contratación colectiva y del ejercicio del derecho de huelga.

La administración de Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012 impulsó el Programa de Primer Empleo (PPE), el cual estableció el objetivo de la crea-ción de empleos permanentes y bien remunerados en la economía formal, junto a iniciativas como el apoyo a jóvenes emprendedores y el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Mediante este programa, el gobierno federal apoyaría a las personas físicas o morales para generar nuevos em-pleos permanentes, a través de un subsidio aplicado a la parte de las cuotas obrero-patronales que les corresponde pagar a los empleadores al dar de alta a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este estímulo por parte del gobierno surge de la idea de generar empleos mediante la disminución de costos para la empresa, estimulando así la contratación de más personal. De igual manera, este mecanismo permite


incrementar la cobertura del Seguro Social y fomentar la creación de empleo formal. El programa contó con un presupuesto, en 2007, de 3 mil millones de pesos, con el fin de otorgar un subsidio a las empresas durante un pe-riodo máximo de 12 meses, destinado a cubrir la parte de las cuotas obrero-patronales que les correspondería pagar ante el IMSS por la contratación de nuevos trabajadores. Sin embargo, a finales de 2007 se publicó un decreto ajustando el esquema con el fin de permitir que los trabajadores que ya hubieran laborado y sido registrados en el IMSS pudieran participar en el Programa de Primer Empleo, siempre y cuando dicho periodo no fuera su-perior a nueve meses consecutivos con un mismo patrón (Ruiz, 2009:40-41). Este programa fue reformado y en el papel sigue funcionando.

En 2005 la población económicamente activa (PEA) ascendía a 43.3 millo-nes de trabajadores con un desempleo de 1.3 millones de personas. Se tiene que cubrir una demanda adicional de trabajo de más de un millón de empleos al año. En la medida en que la economía ha crecido a niveles muy bajos ha sido incapaz de generar la demanda de trabajo, principalmente de jóvenes, por lo que en 2010, la PEA aumentó a 47.1 millones de personas en tanto que el desempleo creció a 2.6 millones. Al no crecer el empleo formal, la fuerza de trabajo se ha desplazado hacia la informalidad y la migración, receptáculos importantes para disminuir la presión del ejército de desempleados. Esta si-tuación implicó mayores presiones para la fuerza de trabajo ocupada, ya que el incremento del desempleo y la informalidad permitió una mayor precari-zación del mercado de trabajo en su conjunto, que viene desde mediados de la década de los setenta, cuando se registran las mayores pérdidas de los salarios por el establecimiento de los topes salariales, el aumento del desem-pleo, el incremento del empleo informal y la expulsión de trabajadores por la migración ante la escasa generación de empleos formales.

Conclusiones

El modelo de acumulación neoliberal ha tenido resultados positivos para el gran capital, principalmente para las empresas transnacionales que han logra-do aumentar su tasa de ganancia mediante la intensificación de las formas de extracción de plusvalía absoluta y relativa con la apertura económica, el des-mantelamiento de las incipientes cadenas productivas de los países atrasados, y el incremento de las exportaciones e importaciones en una situación de profunda asimetría entre los países firmantes de los tratados comerciales.


La participación del Estado en el proceso de acumulación capitalista sigue siendo esencial tanto en la expansión económica como en la regulación laboral. Con el libre mercado se logró una auténtica transformación en la organización y relaciones de trabajo: se estableció la flexibilidad, la indivi-dualización de las condiciones de trabajo, la fragmentación de la mano de obra, la temporalidad laboral y, en los hechos, la reforma laboral. Estos cambios impactaron los contratos colectivos de trabajo, eliminaron diversas prestaciones sociales aportadas por el Estado (subsidios), establecieron bajos salarios, jornadas de trabajo más largas, recortes de personal, elimi-nación de cláusulas contractuales (asistencia, puntualidad, antigüedad, capacitación y productividad), además de actividades multifuncionales y de calificación permanente.

Una política distinta, dentro del capitalismo, es un modelo de acumula-ción que busque mantener la estabilidad social con una participación direc-ta del Estado en la economía, cuyo fin sea el mejoramiento social a través de la generación de empleos productivos con una inversión fuerte en edu-cación, investigación y desarrollo tecnológico. Se requiere la recuperación

del salario real de los trabajadores para dinamizar el mercado interno e incentivar la producción de bienes y servicios, lo que permitiría recobrar las franjas de la producción arrebatadas por la globaliza-ción económica. Es necesario que el Es-tado modere la rapiña capitalista y realice inversiones públicas productivas, median-te la construcción de grandes obras de infraestructura necesarias para el propio capital, pero también en la producción de alimentos, la construcción de viviendas, el fomento a la producción textil, entre

otros bienes manufacturados esenciales para cubrir los grandes rezagos sociales que la globalización canceló.

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No pretendemos que el Estado sea el dueño y regente de la totalidad de los medios de producción […], no quere-mos una economía estatista que obs-truya la libertad y la iniciativa individual o social, pero tampoco queremos una economía monopólica controlada por una minoría oligárquica que, como aho-ra, están asfixiando a la nación. (Plata-forma, 2009-12, PRD, p. 24)


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Economía amafiada El crimen organizado en el México neoliberal

Felipe Zermeño

El sexenio que está por terminar se distingue ya y pasará a la historia como el sexenio de la guerra de Calderón contra el crimen organizado.

Una guerra fallida, motivada por afanes políticos de legitimación, primero ante su enturbiado triunfo electoral y después ante la incapacidad de que la economía mejore las condiciones de vida de la gente.

Entre más gastos se destinan a la milicia, a las policías y a todos los organismos de seguridad, y más acciones punitivas se realizan en contra del enemigo criminal, los carteles despliegan más violencia y más poder des-tructivo, acumulan más riqueza y extienden y profundizan más el clima de inseguridad en todo el territorio nacional.

El crimen organizado que se dedica a la producción y tráfico de enervantes y a otras actividades ha existido en México desde hace mucho tiempo, la mayor parte del mismo en connivencia con autoridades gubernamentales. Pero en las últimas tres décadas su acción y su impacto en la sociedad se han intensificado de manera notable, y no es casualidad que esto ocurra durante el establecimiento y la vigencia en México del modelo econó-mico neoliberal, conocido también como el fundamentalismo del mercado, que da lugar y sentido al capitalismo salvaje en un país subdesarrollado.

¿Ante qué fenómeno estamos?En Italia se utiliza un concepto más amplio y más preciso que el de crimen

organizado para entender el fenómeno: organización empresarial delictiva (OED). Su acción no se restringe al crimen, menos aún al tráfico de drogas. Como toda empresa, su objetivo es la acumulación de capital dinero y en general de riqueza y poder; y para ello realiza todo tipo de acciones, incluso

Es necesario combatir al crimen organizado, la corrupción y la ex-pansión de la violencia social por-que amenazan la soberanía, la democracia, el bienestar social y la seguridad pública. (Un México para Todos, p. 60)


las criminales. Para cumplir su objetivo, la OED establece relaciones econó-micas, políticas y sociales con otras empresas dedicadas a negocios legales y/o ilegales, con funcionarios gubernamentales e incluso religiosos, y con vastos sectores de la sociedad en donde tiene no solo su mercado, sino también bases de apoyo y reserva para el reclutamiento de personal. La rela-ción de la OED con el sistema financiero es de gran importancia para ambos.

El peso que las OED tienen en el capitalismo global es cada vez mayor. Los multimillonarios fraudes financieros que se destaparan en Wall Street con la crisis que estalló en 2008 y que se ha globalizado, muestran, entre otras cosas, la proclividad delictiva de algunos de los más altos directores de las finanzas mundiales y por tanto su disposición a establecer relaciones con las OED. Ellos mismos constituyen ya una organización de ese tipo.

Las OED de Italia se conectan con las de Rusia, China, Estados Unidos, Colombia, México y otros países, y tienen una gran importancia en el capi-

talismo global. No solo trafican con drogas y per-sonas, también mueven todo tipo de mercancías en el comercio mundial, legales e ilegales, piratería y contrabando, servicios industriales y financieros. Las OED tienen su organigrama: gerentes legales e ilegales, abiertos y clandestinos, departamentos de ingeniería financiera, contabilidad, comerciali-

zación, relaciones políticas y empresariales, defensa (sicariato), etcétera. Lo que más se nota es el narcotráfico y los crímenes de los sicarios, pero eso solo constituye una punta de la madeja.

La OED se conecta con empresas legales y se distingue de estas por el uso habitual del soborno y la amenaza −plata o plomo− como instrumentos de negociación. Algunos fundamentos del capitalismo corresponden a los valores en que fundamenta su acción la OED:

» La acumulación de capital dinero como objetivo supremo, símbolo del poder y del éxito

» La competencia como método primordial, que se vuelve cada vez más feroz, en pos del predominio sobre las otras empresas o personas

» El consumismo sin límite, símbolo también de poder, de la virtud y del placer como sentido de la vida

Si bien las organizaciones criminales son un fenómeno mundial, en cada país tienen sus formas de acción, un impacto social distinto y su propia

El narcotráfico se ha conver-tido en una de las actividades económicas más lucrativas del mundo. (Un México para Todos, p. 60)

59Economía amafiada / El crimen organizado en el México neoliberal

historia. En algunos lugares surgieron como organizaciones locales o regio-nales de autodefensa ante gobiernos despóticos, y con su poder evoluciona-ron hacia actividades delictivas.

¿Por qué hay más violencia en el México actual?

El fenómeno de la OED es global, opera con mayor fuerza en algunos países desarrollados, especialmente de Europa y en Estados Unidos, pero en Méxi-co en la última década se ha manifestado de manera más violenta, dominan-do en algunas regiones del país, e impactando con crímenes atroces a toda la sociedad. La guerra de Calderón solo ha exacerbado la violencia. Se re-conocen más de 50 mil muertos durante el sexenio de la mencionada guerra. Entre los muertos hay sicarios por la confrontación entre carteles, pero también policías, soldados, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, migrantes, víctimas de extorsión o secuestro, y gente del pueblo ajena a los bandos en pugna, “víctimas colaterales” de la acción de los gru-pos criminales o de la fuerza pública.

La actividad delictiva de los carteles se ha intensificado y diversificado en casi todo el territorio nacional: exportación y distribución en el merca-do interno de drogas, trata de personas, secuestros, extorsión, asesinatos múltiples, por conflictos intercarteles, como forma de la competencia, por los enfrentamientos con la fuerza pública o con el fin de imponer su poder mediante el terror.

Actualmente, en México, la actividad homicida de las OED es de las más intensas del mundo, incluso más fuerte que en países en donde el poder económico que ejercen es mayor.

México es un país subdesarrollado que tiene una enorme frontera con el país de mayor desarrollo económico del mundo, que es también el más grande mercado de la droga. Esa ubicación geográfica cuenta para entender la especificidad de la tragedia mexicana. Además, aquí la mayor parte de las OED aún están en un proceso de acumulación originaria de capital y no se ha consolidado la estructura oligopólica del crimen organizado, cosa que en otros países ya ocurrió. Estos son elementos que contribuyen a explicar la exacerbación de la violencia.

Hay otras condiciones que debemos considerar para entender el agra-vamiento del problema en las últimas tres décadas. En primer lugar, el funcionamiento de la economía, su efecto social.


El neoliberalismo, la nación y la competencia criminal

Desde 1982, el gobierno impulsó un gran cambio de la política económica y de la economía política del desarrollo, orientado hacia el neoliberalismo. El modelo neoliberal se consolidó mediante importantes reformas estructura-les durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Las principales líneas de ese cambio han sido: disminución del papel del Estado en el desarrollo económico del país, privatización de empresas públicas, liberalización co-mercial, apertura al capital extranjero y desregulación financiera, y al mismo tiempo, una política de estabilización, fiscal y monetaria, de carácter con-tractivo. Se logra reducir a casi cero el déficit fiscal a la vez que se genera un enorme superávit primario, en función de un creciente gasto financiero del Estado.

El modelo neoliberal, como todo modelo económico, establece y justi-fica su implantación con una gran promesa: la minimización económica del Estado permitirá que se manifieste libremente el poder del mercado. La estabilidad monetaria conducirá a un vigoroso crecimiento económico, reforzado por flujos financieros del exterior y por el impulso de las expor-taciones. La apertura a la competencia externa determinará un aparato productivo más eficiente. Con el crecimiento se alcanzarán mejores niveles de empleo y aumento de los salarios.

Han pasado ya casi tres décadas de la implantación del nuevo modelo y la promesa no se ha cumplido. Ha sido exitoso solo para unos cuantos grandes capitalistas, especialmente grandes corporaciones comerciales, industriales y principalmente financieras. Para esos pocos sí ha sido exito-so el modelo, pero para los trabajadores y la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios solo ha producido exclusión y miseria.

En los hechos, el periodo neoliberal ha reducido más de 30 por ciento del poder adquisitivo de los salarios.

El desempleo ha alcanzado cifras históricas. La tasa de crecimiento promedio de la economía no es ni la tercera parte de la que se requiere para incorporar productivamente el aumento de la población económicamente activa. Más de un millón de jóvenes se incorporan al año al mercado de trabajo; para ocuparlos se requiere una tasa de crecimiento del PIB de más de 6 por ciento y el crecimiento promedio de las tres décadas es de menos de 2 por ciento. Más que en la tasa de desempleo, la insuficiencia del empleo se ve más claramente en el incremento de la emigración a Estados Unidos, y en la enorme expansión de la economía informal y de la economía delictiva.


El México siempre fiel: los costos de la ideología

Los gobiernos priistas y panistas que han impuesto este modelo no recono-cen ese enorme fracaso social porque solo sirven a los intereses de los pocos beneficiarios del modelo y participan de sus privilegios, y también porque son dogmáticos: cuando los gobiernos de muchos países de América Latina se han alejado del dogma, el gobierno de México se distingue por su fidelidad, por su permanente alineamiento a los principios de lo que se conoció como el consenso de Washington, que se concreta en la puntual aplicación del paquete de estabilización y cambio estructural que impone el Fondo Mone-tario Internacional (FMI).

Esa filiación ideológica neoliberal en la que el PRI y el PAN coinciden, ha tenido enormes costos para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, la reducción salarial obedece estrictamente a la política de estabilización mone-taria del Banco de México. Hacer que el salario real vaya por debajo del creci-miento de la productividad es necesario para que los costos unitarios del trabajo disminuyan en relación con los del exterior, especialmente con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Eso permite estabilizar el tipo de cambio y, por tanto, contener la inflación. Según el Banco de México así se logra compatibilizar la estabilidad monetaria con el incremento de la competi-tividad, lo que traerá crecimiento de la producción y finalmente de los mismos salarios. En los hechos, esa política salarial para lo único que ha servido es para aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación y concentración de un enorme excedente económico, que, por la misma contrac-ción del mercado interno, se canaliza a inversiones especulativas del capital financiero. He ahí la ideología: todo lo que sirva a la acumulación y concentra-ción en manos privadas del capital dinero conducirá al desarrollo de la econo-mía. Esa es la oscura ideología, pero el interés es diáfano: la estabilización monetaria al costo social que sea, es lo que demanda el capital financiero.

Otro enorme costo que la ideología neoliberal le ha impuesto al país es la falta de desarrollo de la industria petrolera. Desde hace treinta años no se ha construido ninguna refinería, se dejó en la anemia al Instituto Mexicano del Petróleo, que llegó a realizar grandes avances en investigación tecnológi-ca, toda la industria petrolífera se rezagó, incluso se registra un enorme re-traso en exploración petrolera. ¿Por qué han ocurrido esos rezagos cuando Pemex ha generado en estos tiempos una enorme masa de recursos financie-ros gracias a periodos de bonanza del mercado petrolero en los que se ha participado con grandes volúmenes de producción de crudo?


No fue por falta de capacidad financiera que la industria se estancó, fue por el apego al dogma que ha dominado en sucesivos gobiernos. El dogma neoliberal establece: solo al capital privado le corresponde la producción industrial en general y energética en particular. Así que si el capital privado no hace las refinerías, mejor que nadie las haga. Esperemos a que la Cons-titución se reforme; mientras tanto, que el país se pudra.

El costo de este dogma ha sido enorme. Exportar crudo e importar gaso-lina es lo más contrario a las necesidades de desarrollo del país, y eso lo hi-cieron los gobiernos neoliberales porque quisieron, por pura convicción dogmática. Ello conforma un rasgo característico de nuestro modelo de ex-portación: su principal defecto es el poco valor agregado de las exportaciones, que permite entender por qué siendo México campeón de las exportaciones en América Latina es al mismo tiempo el campeón del déficit comercial.

Ha sido también el dogma neoliberal el que ha hundido al sector agro-pecuario del país. Se abandonó desde hace tres décadas la política de de-sarrollo rural, y ahora solo existe una política de subsidios de asistencia social, que no resuelve el problema social de la miseria de los pobladores del campo, y menos contribuye al fomento de la producción. Además, ese abandono de las políticas de desarrollo rural se lleva a cabo cuando la agri-cultura mexicana se abre a la competencia con la primera potencia agrícola del mundo, que es Estados Unidos. Resultado: la creciente y cada vez más gravosa dependencia alimentaria, así como la acelerada exclusión produc-tiva de la población rural, que ha incrementado dramáticamente los índices de pobreza y de migración a Estados Unidos.

Este funcionamiento de la economía durante la era neoliberal, en el cual crece la producción poco, pero mucho más que el empleo, y la productividad también crece poco en relación con nuestras necesidades de competitividad, pero mucho más que los salarios, ha generado gran miseria en el país, y también enorme acumulación de riqueza en unos cuantos. Solo unas pocas corporaciones económicas y sobre todo financieras ganan, y pierden no solo los trabajadores sino también la mayor parte de las empresas, que son las que se orientan al mercado interno y las que más empleos pueden generar.

La política económica y la economía política han generado así un ambien-te social de miseria y desesperación, con enormes privilegios para unos cuan-tos, ambiente propicio para la inseguridad y para la expansión de las OED.

El neoliberalismo es el fundamento del capitalismo salvaje. Los valores del capitalismo salvaje son también los que guían a los empresarios del crimen organizado.


Los pequeños y medianos empresa-rios excluidos en el actual proceso de globalización capitalista de orientación monopólica pueden buscar en las OED un camino de progreso personal que el sis-tema les negó. También los trabajadores que han perdido su empleo, o los jóvenes a quienes el sistema les ha cerrado todo camino de desarrollo laboral o profesional, pueden buscar en las OED ese camino.

Así, las OED se han podido expandir en gran forma, porque encuentran una gran reserva de talento empresarial y de personal joven dispuesto a incorporarse a sus filas.

Hacia un diagnóstico y una estrategia

Tenemos ya importantes elementos para construir el diagnóstico del ex-plosivo fenómeno de la delincuencia organizado que tanta inseguridad y zozobra ha causado en el país. A la naturaleza general del fenómeno inhe-rente al sistema económico global, añadimos las particularidades de nuestro país, el grave deterioro económico de la sociedad que ha generado la era neoliberal y, junto ello, los fuertes lazos de corrupción que se han construi-do entre el crimen organizado y los organismos de seguridad del Estado, desde el origen mismo de los carteles en largos años de connivencia y acuerdo. Lazos de corrupción que existen no solo entre las OED y funcionarios públicos, sino también entre las OED y empresarios legales de todo tipo, industriales, agrícolas, comerciales, financieros.

La acción de las OED no se reduce al tráfico de drogas. Su objetivo mayor es, como el de cualquier otra empresa, la acumulación de dinero. La droga es solo un medio para ese fin, por lo tanto diversifican sus actividades, y una vez realizada su acumulación originaria mediante el tráfico de drogas, siguen y seguirán adelante en sus afanes de acumulación.

De un diagnóstico objetivo, que abarque las diferentes aristas del fenó-meno, se pueden derivar las líneas estratégicas para un combate eficaz al crimen organizado. En México no ha existido ese diagnóstico, lo cual no es

Como resultado de la estrategia de “guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico” mantenida a lo largo de la actual administración federal, la vio-lación de los derechos humanos y ga-rantías individuales se ha recrudecido en forma desmedida. A ello ha contri-buido la preexistencia de un sistema de justicia negligente, complaciente, corrup-to, ineficiente, parcial, arbitrario y en muchos casos cómplice de las trans-gresiones perpetradas en contra de estos derechos y garantías. (Movimien-to Progresista, Plan de Gobierno, p. 17)


una falla técnica. El gobierno panista que declaró la guerra al crimen orga-nizado, no derivó su estrategia de un diagnóstico objetivo, porque este pasa por un cuestionamiento crítico del sistema económico. El PAN ha demostra-do ser fiel creyente de los dogmas neoliberales, por lo que ni siquiera ese fundamento del capitalismo salvaje puede criticar, mucho menos los funda-mentos más generales del sistema vigente. Aquí radica la imposibilidad del diagnóstico y, por tanto, de una verdadera estrategia.

Del diagnóstico aquí esbozado podemos deri-var algunas líneas estratégicas para enfrentar con eficacia al crimen organizado en México. En el contexto actual es muy difícil esperar que se logre la eliminación de las OED, ya que ellas son consus-tanciales al sistema económico dominante como se puede observar en los principales países capi-

talistas desarrollados. La frontera entre la injusticia legal y la injusticia ilegal es muy delgada, se brinca fácilmente, y el impulso a brincarla es irrefrenable. También la frontera entre la competencia feroz que caracteriza al capitalismo global actual y la competencia de aniquilamiento que caracteriza la acción de las OED, es muy delgada, y casi sin querer se traspasa. Entonces la elimi-nación de las OED nos lleva a pensar en una transformación de gran enver-gadura histórica, en otro sistema económico, quizás en otra civilización.

Lo que es viable hacer ya

Pero lo que sí se puede hacer desde ya en el corto y mediano plazos es pensar y actuar para contener la expansión de las OED, limitar su campo de acción, impedir su creciente influencia social e impacto negativo en el ánimo de la gente, acotar su acción violenta y, sobre todo, que menos jóvenes consideren el crimen organizado como el único camino para su desarrollo. Para avanzar hacia un México con más seguridad, sin pretender que este sea un programa completo, proponemos llevar a la práctica las siguientes líneas estratégicas:

La primera condición para cualquier estrategia de éxito es un modelo económico de alternativa, con crecimiento suficiente y sostenido que per-mita generar los empleos necesarios, con salarios dignos, no con los salarios de miseria que actualmente se pagan. Fracasó la estrategia que desde hace muchos años diseñó el Banco de México, según la cual, a menores salarios, más empleo. Necesitamos romper ese círculo vicioso e impulsar una relación

No se permitirán más actos de impunidad desde el poder y se investigarán las violacio-nes a los derechos humanos. (Proyecto de Nación, p. 60)


virtuosa: entre más salarios, habrá mayor mercado, mayores estímulos a la inversión productiva y, en consecuencia, más empleo.

Para ello requerimos un modelo de alternativa, cambiar el motor y el eje del modelo de desarrollo. Actualmente el motor es la demanda externa, centrada casi exclusivamente en Estados Unidos. Necesitamos un motor más complejo, con un mejor balance entre los mercados externo e interno y con una gran diversificación del mercado externo.

También es preciso cambiar el eje pro-ductivo actual, conformado por unas cuantas empresas de exportación manufacturera, muy poco vinculado a cadenas productivas del interior, un eje maquilador y cuasimaquilador. Con el propósito de que el sector exportador sea capaz de jalar al crecimiento al conjunto de la eco-nomía, necesitamos incrementar el valor agregado de nuestras exportacio-nes, desarrollar al respecto ciertos sectores estratégicos, por ejemplo, el energético, para, primero, depender menos de la importación de derivados y luego, exportar. Otro sector estratégico por desarrollar es el agropecuario: se debe disminuir primero nuestra dependencia alimentaria y en seguida generar excedentes para la exportación. Se requiere también más énfasis en el desarrollo de bienes de capital y en ciencia y tecnología.

En suma, se trata de un modelo económico de alternativa que genera crecimiento suficiente, sostenido, sustentable y equitativo, condición indis-pensable para que el crimen organizado no tenga el ambiente social depre-sivo que tanto contribuye a su expansión.

A partir de esa nueva situación económico-social, se puede combatir directamente a las OED en varios frentes:

» Detectar las relaciones de las OED con los organismos gubernamen-tales encargados de la seguridad y la justicia en todos los niveles −municipal, estatal, federal. Dar prioridad a labores de inteligencia y golpes precisos, quirúrgicos, en lugar de aparatosas exhibiciones de fuerza militar o policiaca.

» Investigar a fondo las relaciones de las OED con todo tipo de empre-sas legales, agropecuarias, industriales, comerciales, y especialmen-te con el sector financiero.

» Reducir lo más posible la base social de reclutamiento de personal de las OED. Esto implica una particular atención en las regiones de

En otras palabras, si hay voluntad, el combate al crimen organizado es más un problema de inteligencia que de fuerza. (Movimiento Progre-sista, Plan de Gobierno, p. 12)


más influencia de las OED, generando ahí oportunidades de empleo productivo y bien remunerado. Especialmente, se debe desarrollar un vigoroso programa de atención a los jóvenes, que les ofrezca oportunidades de estudio y de trabajo, a fin de que encuentren me-jores caminos para su desarrollo laboral, profesional y humano.

» En los últimos años, una de las causas de que se haya incrementado la violencia del crimen organizado en nuestro país, es que se ha venido creando un gran mercado interno de narcóticos. En décadas anteriores, los carteles de las drogas eran unas cuantas organiza-ciones que se dedicaban casi exclusivamente a la exportación hacia Estados Unidos. La expansión del mercado interno ha generado una gran batalla de varios carteles por el control de plazas en el país. En la etapa de acumulación originaria de capital en que están muchas OED, este tráfico doméstico de drogas adquiere importancia. Al respecto, por asunto no solo de seguridad sino principalmente de salud pública, se le debe dar una gran atención a programas para prevenir y reducir la adicción a las drogas. Actualmente existe un gran desbalance entre los recursos usados para combatir la oferta y los que se destinan al combate a la demanda de drogas. Se debe tender a un mayor equilibrio, diseñando programas de salud públi-

ca para prevenir y reducir el consumo y ca-nalizando recursos significativos para este propósito.» En relación con Estados Unidos, se deben cambiar drásticamente las relaciones de colaboración en el combate al crimen orga-nizado. En lugar de basarse fundamentalmen-te en ayuda o, peor aún, intervenciones policiacas o militares, se debe dar prioridad a que el gobierno de Estados Unidos haga todo lo posible por frenar el tráfico de armas y de dólares hacia el crimen organizado, que vienen de allá, y poner un verdadero empeño en descubrir y evitar el lavado de dinero en el sistema financiero.

Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cual-quier nueva propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostene-mos que nosotros sí vamos a resol-ver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos, no solo con criterios policiacos, que han com-plicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tran-quilidad son frutos de la justicia. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 12)

Política macroeconómica, crisis global y coyuntura de transformación

Jorge Franco López

Destrucción del aparato productivo histórico

No es posible explicarse el escaso crecimiento económico de México, el rezago creciente en la generación de empleo, la pérdida de derechos

y dignidad en los empleos disponibles y la reducción del bienestar de las familias mexicanas, sin asociar estas tendencias a la destrucción masiva del aparato productivo “histórico”. Le llamo de esta manera para distin-guirlo de la producción globalizada, de última tecnología, monopólica, que es la que se expande. Pareciera sin embargo que esta expansión del sector moderno de la economía justifica, o debe hacerse a costa de la inutiliza-ción de la producción familiar, pequeña o mediana, que no se ubica en la punta tec-nológica sino, posiblemente, dos o tres escalones abajo.

Al respecto, la pregunta central que debemos hacernos como sociedad es si acaso es aceptable que la expansión de la producción moderna justifique la destruc-ción de otras unidades de producción. ¿Es posible crecer sin destruir?

Miles de talleres familiares, pequeños y medianos han cerrado inutilizando vas-tos recursos productivos y las capacida-des, experiencia y talentos de millones de mexicanos. Se han dejado de producir grandes cantidades de telas y prendas de vestir, calzado, muebles y objetos de madera, enseres de cocina, preparados alimenticios, materiales de

Promovemos iniciar la transición de un modelo económico basado en la especulación financiera y en la expor-tación, a uno basado en la producción e inversión en bienes, servicios y conocimiento, fortaleciendo de ma-nera simultánea el mercado interno y la adecuada inserción del aparato productivo nacional en los circuitos comerciales, financieros y tecnoló-gicos internacionales. (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 21)


construcción, viviendas y sus insumos, en empresas que han cerrado. Muchas más empresas continúan operando con una alta subutilización de sus capacidades y potencial productivo.

La explicación usual de esta situación es que la desaparición de los no competitivos no se encuentra a discusión; no es un asunto de voluntades personales o políticas; es inevitable porque así lo determina el mercado. En esta interpretación, las empresas, los trabajadores, las tecnologías, la ma-quinaria, el equipo y la herramienta que son expulsados del mercado corren esa suerte no tanto porque hayan dejado de ser competitivos, sino porque se les retiraron privilegios que nunca debieron haber tenido. Se encontraban protegidos de las realidades del mercado nacional por políticas nacionalis-tas, o paternalistas, obsoletas.

En todo el mundo encontramos que un cierto nivel tecnológico y de costo de insumos (incluyendo mano de obra) puede ser competitivo en un país y resultar no serlo en otro porque no es solo un asunto de una deter-minada empresa, sino de todo un conjunto de mercado y de relación con

el exterior. La competitividad, la posibilidad de producir y vender en condiciones que permitan la supervivencia, incluso la renta-bilidad, de una unidad de producción, es algo altamente variable.

El hecho es que miles de micro, peque-ñas, medianas y hasta grandes empresas que un día son competitivas, dejan de serlo de un día para otro y salen del mercado. México ha

perdido, por ejemplo, la mayor parte de las empresas textiles, de la madera y el papel, que operaban en 1995. También las de maquinaria y equipo, productos metálicos e industrias metálicas básicas. En este punto, destruc-ción de aparato productivo y desindustrialización significan lo mismo.

Pero a pesar del discurso mediático predominante, el mercado, todo mercado es una determinación económica y social que se expresa en el conjunto de normas que lo regulan y en la política pública. Otros países regulan de distintas maneras la inversión extranjera productiva y comercial, el movimiento de los flujos de capital financiero, los sueldos y salarios, los impuestos a las ganancias y más.

…urgencia de modificar este mo-delo de desarrollo económico que ahora vive su etapa más negativa, cuando se han sumado los efectos de la crisis general del capitalismo con la crisis interna que ya se vi-vía. (Programa PRD, p. 26)

69Política macroeconómica, crisis global y coyuntura de transformación

Competitividad y paridad cambiaria: el caso de 1994

Uno de los cambios más importantes que se han dado en el mercado mexi-cano es el de la paridad cambiaria, que puede alterar en cosa de días o se-manas el estatus de competitividad de una empresa. Durante 1996, las exportaciones de México fueron 60 por ciento más altas que las de 1994. En solo dos años, se dio un crecimiento sorprendente en las condiciones más difíciles: sin crédito disponible, sin inversión productiva y con una alta des-articulación de las cadenas productivas, producto de la grave crisis de fin de 1994. Las condiciones eran difíciles pero existía un incentivo muy favorable. La devaluación del peso encareció internamente el dólar y abarató el peso en el exterior; se había ganado una importante competitividad cambiaria.

Con un peso más barato, las exportaciones de México resultaban muy atractivas. Para aprovechar la situación, las empresas hicieron uso de ca-pacidades productivas subutilizadas y sustituyeron importaciones haciendo compras internas, incluso provenientes de empresas que pocas semanas antes eran “no competitivas”.

Lamentablemente, la recuperación de la competitividad para el exterior no se aprovechó internamente porque lejos de una política de fortalecimien-to del mercado interno se instrumentó una de reducción de gasto público y de disminución de salarios reales.

De cualquier manera, el mensaje es claro: la competitividad es, entre otras cosas, algo determinado por la paridad cambiaria. Visto en otra pers-pectiva, la avalancha de productos chinos no sería competitiva en México y no desplazaría a la producción nacional, si China no tuviera una moneda muy débil, barata, subvaluada, y tampoco lo sería si México no tuviera una moneda cara, sobrevaluada. El peso fuerte del que presumen algunos, es una piedra al cuello del desarrollo productivo del país.

Política macroeconómica y blindaje financiero

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda justifican la política econó-mica con el objetivo del combate a la inflación. Para ello hacen uso de tres

Proponemos, asimismo, la adop-ción e instrumentación del impues-to patrimonial, que es un impuesto que grava a quien más tiene sin afectar la inversión y el crecimien-to. (Plataforma, 2009-12, PT, p. 21)


instrumentos fundamentales, que son a la vez los ejes que determinan y sustentan el modelo económico del país. Se trata de:

» El encarecimiento del peso» La imposición de altas tasas de interés» La contención, incluso disminución, de los ingresos de los traba-

jadores

Encarecimiento del peso

La política macroeconómica de México se ha distinguido en las últimas décadas por el empeño continuado en encarecer el peso. Sin embargo, este encarecimiento es artificioso dado que no se sustenta en las exportaciones y el superávit comercial de un aparato productivo vigoroso y en crecimien-to. Lejos de ello, buena parte de los dólares que entran al país provienen de las remesas de trabajadores emigrados, de la venta (promocionada como política oficial) de empresas (acero, cerveza, sector bancario, cadenas comerciales y muchas más), del endeudamiento público y privado, del crimen organizado, de la entrada de capital especulativo y de la venta de petróleo sin procesar (un sector de enclave, desvinculado del aparato productivo).

Tales entradas provocan abundancia de dólares que se traducen en importaciones y terminan dañando al aparato productivo y al empleo. Méxi-co es esencialmente un país importador sobre la base de fuentes de divisas no sustentables.

Una política de peso caro se traduce en baja competitividad del apara-to productivo en los mercados internacionales y también, hay que sub-rayarlo, en el mercado interno. Tal situación determina la quiebra masiva de empresas y el desempleo, así como la muy baja o nula rentabilidad de la enorme mayoría de las unidades de producción. Esto a su vez se traduce en insuficiencia en la formación de ahorro en las mismas unidades de produc-ción e imposibilidad para el ahorro y la inversión. Cierto que para una mi-noría esta situación se compensa por el acceso a ahorro caro proveniente del aparato financiero. Finalmente, en ausencia del ahorro y la inversión dispersos, se provoca un proceso de concentración de la inversión que, sumado a la destrucción del aparato productivo histórico, conduce a la concentración oligopólica, o incluso monopólica, de la producción, el co-mercio y los servicios.


Altas tasas de interés

La imposición persistente de tasas de interés muy superiores a las del mer-cado internacional, las estadounidenses e incluso las que determinarían la oferta y demanda internas, tiene como objetivo pagar un “premio”, una ganancia extraordinaria al capital financiero para atraerlo y retenerlo inter-namente; e implica una extracción continua de recursos del aparato pro-ductivo y a favor de la ganancia financiera. Esto se traduce en el reforzamiento de las tendencias destructivas del modelo al mismo tiempo que hace más atractiva la inversión financiera que la productiva.

Contención, disminución salarial

La micro, pequeña, mediana e incluso gran empresa operan en un contexto sumamente adverso que conjunta el exceso de dólares baratos (por lo menos en relación con una situación sin remesas, venta patrimonial, narco, capital especulativo y petróleo) con fronteras abiertas a la importación. Si bien las tasas impositivas de México son sumamente bajas en cualquier comparación internacional, la tasa de interés que se paga a la inversión financiera funcio-na como una especie de impuesto sobre el capital productivo.

Es un contexto en el que la supervivencia de buena parte de las empresas depende de pagos salariales cada vez más bajos. De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, con un salario mínimo de 1982 se podían adquirir 26.59 kilos de tortillas; con el de 2007 solo se podían comprar seis kilos. De 2007 en adelante la situación empeoró.

Las tendencias salariales e incapacidad para generar empleo, asociadas a la inutili-zación o subutilización masiva de capacida-des y recursos productivos que impone el modelo, impiden la configuración de un mer-cado interno dinámico.

Posiblemente en las mentes que lo determinaron existía la idea de que el crecimiento productivo se sustentaría en las exportaciones a nuestro principal socio comercial. Es claro que ese esquema ha fallado doblemente: primero, por la política de encarecimiento de la moneda nacional; segundo, por la crisis financiera centrada en los Estados Unidos (y Europa) y sus impactos negativos en la capacidad adquisitiva de estas poblaciones y en la producción.

Cambiaremos la actual política eco-nómica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades pro-ductivas y no se continuará privile-giando la especulación financiera. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 48)


Blindaje financiero

La perversidad del modelo económico es evidente; no obstante, conocer sus impactos negativos no basta para comprenderlo, es fundamental entender que dentro del modelo hay ganadores y también cuáles son sus intereses. Nada nos ilustra mejor al respecto que el llamado “blindaje fi-nanciero”.

Durante 2008, las abundantes pérdidas de los inversionistas financieros en el mercado hipotecario marginal (subprime en inglés), es decir, los prés-tamos particularmente desventajosos promovidos entre consumidores de vivienda apenas solventes, provocaron una retracción de sus inversiones en México. Importa señalar que entre los inversionistas especulativos se en-contraban varias empresas mexicanas que perdieron fuertes cantidades y para cubrir sus compromisos vendieron activos para comprar dólares y así cubrir sus compromisos en Estados Unidos.

A finales de 2008, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostraba una pérdida de alrededor de 50 por ciento respecto a su máximo del año (Santander, 2011). El dólar se encarecía en pesos; de junio de 2008 a marzo de 2009 subió 36 por ciento.1

La devaluación progresiva inducía inquietud entre los inversionistas, que parecían aprestarse a hacer su “toma de ganancias” y sacar sus capitales. Posiblemente no habría sido tan malo; incluso, acompañado de una política apropiada, habría sido positivo. Unos meses antes, en octubre de 2008, el presidente

Felipe Calderón, llamó al gremio a aprovechar las ventajas que representa la

depreciación de nuestra moneda. […] el jefe del ejecutivo reconoció que por

años, y no por meses, los empresarios han tenido que enfrentar un tipo de

cambio notablemente apreciado, que dificulta su competitividad. “Sin embargo,

dijo, las nuevas condiciones del mercado cambiario representan ‘una ventaja

para los exportadores mexicanos; hay una ganancia en competitividad cambia-

ria’” (El Financiero, 27/10/2008).

1 Cálculo propio sobre datos del tipo de cambio real del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (Cámara de Diputados). Disponible en su página web.


Ciertamente que es del interés del aparato productivo contar con una moneda competitiva, pero nunca se le había hecho mayor caso (Franco, 2006). Posiblemente ahora se trataba de afrontar lo irremediable.

Sin embargo, el Banco de México encontró una manera de revertir el proceso. Estableció un acuerdo de intercambio “temporal” de divisas con la Reserva Federal estadounidense (en la práctica, una línea de crédito),2 y más adelante contrató con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible, por 48 mil millones de dólares (mmd), ambos para afrontar una eventualidad cambiaria.

En abril, a la firma de la línea de crédito flexible se inició el cambio de la tendencia. Se había asegurado a los inversionistas que si acaso no basta-ban las reservas para su eventual toma de ganancias, podrían confiar en que el país se endeudaría lo suficiente para contar con dólares para ellos. No eran solo palabras. Entre finales de 2008 y el primer semestre de 2009, Banxico subastó la cuarta parte de las reservas internacionales, algo más de 30 mmd, para aprovisionar a los demandantes de dólares.

A fines de 2010, se renovó y amplió el instrumento central de la es-trategia:

México fortaleció su blindaje financiero al solicitar la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene contratada con el Fondo Monetario In-ternacional (FMI) pero ampliando el monto de 47 a 73 mil millones de dóla-res y la vigencia de 1 a 2 años.

Con ese monto sumado a los más de 115 mil millones en que cerrarán la reservas internacionales del país en este año, en 2011 contaremos con cerca de 200 mil millones de dólares “para blindar a la economía ante cual-quier avatar externo”, dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens (El Financiero, 15/12/2010).

Al endeudamiento potencial del país para cubrir una eventual demanda de dólares de los inversionistas se sumó una campaña de difusión de la dis-posición favorable del país a la inversión especulativa. Ejemplos de ello:

México no considera necesarios por el momento los controles a la entrada de flujos de capital externo, y deja a los mercados la decisión sobre el mejor

2 Portal internet del Banco de México, 27 de enero de 2010.


tipo de cambio de su moneda, declaró este domingo el secretario de Ha-cienda, Ernesto Cordero. “Sobre el gran nivel de flujos que están entrando en este momento en México y su impacto en el tipo de cambio nosotros en-tendemos que así se regulan los mercados”, declaró Cordero a la prensa al margen de la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (AFP, 26/4/2010).

México se pronunció contra la tentación de otros países de utilizar medidas de

control de cambio como un arma de política comercial, con el fin de proteger

las exportaciones (El Financiero, 10/10/2010).

Las declaraciones del secretario de Hacienda respondían a las adver-tencias emanadas tanto del medio académico, como de los grandes orga-nismos financieros. Uno de los efectos de la crisis central fue el deterioro del dogmatismo neoliberal (Krugman, 2009), que dio lugar a sorprendentes virajes en las posiciones de, entre otros, los grandes organismos financieros internacionales.

En abril de 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su In-forme sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), incluyendo un capítulo denominado “Expansión de la liquidez mundial: Efectos en las economías ‘receptoras’”, donde, de manera algo sorprendente, recomendaba el uso de controles de capital para defenderse de la entrada de inversiones especu-lativas (FMI, 2010). Aparte de advertir de los peligros de la formación de burbujas financieras y de la conveniencia de gravar los flujos de capital, el FMI recomendó a México “crear un impuesto a los flujos de capital de corto plazo, uno de los factores que están detrás de la reciente revaluación del peso frente al dólar” (La Jornada, 25/4/2010).3

La respuesta mexicana fue dejar que el mercado regulara, a sabiendas de que en realidad alentaba la entrada de capitales, la revaluación del peso y las ganancias de la bolsa. Es decir que se alentó la formación de una bur-buja especulativa en la BMV e incluso en la moneda nacional.

Durante dos años, las ganancias de la BMV fueron espectaculares4 en un país en crisis. En 2009 y 2010, el crecimiento económico acumulado de

3 Véanse también: <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/fmi-ad-vierte-america-latina-por-posibles-burbujas-financieras> y <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/fmi-aconseja-latinoamerica-mantenerse-en-guardia-pese-la-liquidez-actual>.


México fue negativo, con alto número de quiebras empresariales y pérdida de em-pleos; pero la bolsa ganó 120 por ciento en pesos y 160 por ciento en dólares (recorde-mos que el peso subió de precio).

Entretanto, los voceros de las empresas productivas han solicitado insistentemente detener el fortalecimiento del peso.5

Coyuntura y perspectiva 2012

La exitosa campaña de atracción de capitales y de creación de una burbuja financiera, el principal negocio del sexenio, coloca al país en una situación delicada. Un enorme monto de capital financiero volátil puede moverse en los próximos meses (2012) con una dinámica impredecible que refleje los vaivenes de la crisis de la globalización en marcha, sin el asidero de una economía vigorosa en México y con las incertidumbres asociadas a un cam-bio de régimen político que pudiera no ser tan absurdamente a favor del capital financiero y en contra del aparato productivo nacional (el no mono-pólico u oligopólico por supuesto).

Entre los mayores riesgos se encontraría el que, ante una posible marejada de salidas de capital, se gasten las reservas internaciona-les en aprovisionarlos de dólares (como a lo largo de 1994) y, mucho peor, que se utilice la línea de crédito flexible endeudando al país para contener la apreciación del dólar antes de que los inversionistas hagan su toma de ganancia. Una política de ese tipo vaciaría las reservas y endeudaría al país para posteriormente dejarlo a mer-ced de las imposiciones del capital financiero mundial.

4 Existen numerosas notas al respecto; por ejemplo, El Financiero, 31/12/2010. 5 Por ejemplo, El Financiero, 8/2/2011.

El estímulo a los capitales priva-dos nacionales y extranjeros para realizar inversiones productivas, es decir que incrementen la capaci-dad productiva del país, el número y la productividad de los trabaja-dores mexicanos, y la competitivi-dad de la economía nacional en un marco de crecimiento económico sostenido y sustentable, atractivo, propuesto, regulado y estimulado por el Estado y las instituciones nacionales (Un México para Todos, p. 17)

…el Estado debe instrumentar la complementariedad de las políti-cas macroeconómicas con las mi-croeconómicas, sectoriales y regionales. (Programa PRD, p. 38)


Es posible que en la coyuntura política de 2012 ocurra un ajuste en la paridad cambiaria, una devaluación importante, para ajustarla a las reales condiciones de la economía real. En esos momentos, habrá que recordar que un país solo puede competir en el ámbito internacional con salarios muy bajos o con una moneda barata. La primera opción permite una com-petencia temporal pero es un callejón sin salida altamente autodestructivo. Esa ha sido la estrategia de México.

Por otra parte, experiencias como las de Argentina, China o la India nos muestran que la opción de competir con una moneda barata y acompañada de otras políticas apropiadas (entre ellas un Estado fuerte) promueve el crecimiento acelerado de las capacidades productivas y la también rápida elevación de los salarios. Esta sería la vía de fortalecimiento sustentable del mercado interno y de un modelo orientado a producir para nosotros.6

Nada sería peor que la entrada de una nueva administración pública amarrada políticamente a la defensa de la ganancia financiera intentando sostener de manera desesperada y contra la pared un peso sobrevaluado a lo largo de todo un sexenio adicional; atada, por tanto, al resto de los pode-res fácticos (lo que sería necesario para la gobernabilidad en un contexto adverso a los intereses de la población).

Bibliografía

FMI, Fondo Monetario Internacional (2010), Informe sobre la estabilidad fi-nanciera mundial (GFSR). Disponible en: <www.imf.org/external/spanish/index.htm>.

Franco, Jorge (2006), Banco de México, el enemigo en casa, Puebla, Benemé-rita Universidad Autónoma de Puebla.

Krugman, Paul (2009), “How Did Economists Get It So Wrong?”, en The New York Times Magazine, 2 de septiembre. Disponible en: <http://www.nyti-mes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?pagewanted=all>.

Santander, Latin American Equity Research (2011), El Informe Semanal, junio 13. Disponible en: <http://www.megaupload.com/?d=SOVPQS27>.

6 Título de un libro mío publicado en 1990 por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Disponible en mi blog del mismo nombre: <http://producirparanosotros.blogspot.com/>.

Crisis, neoliberalismo e industria audiovisual en México

Irma Portos Pérez

Un tema impostergable que debe constituir parte fundamental en el proyecto alternativo de nación frente al neoliberalismo, con el propósito

de superar el atraso y la desigualdad social del país, es sin duda el de la industria mediática, o sector industrial audiovisual, eje sobre el que descan-sa el paradigma tecnológico actual y el ejercicio del poder en el planeta.1

El presente trabajo tiene la intención de cuestionar el discurso y las acciones gubernamentales acerca de impulsar el uso y acceso de las llama-das tecnologías de la información y la comunicación (TIC) solamente con fines económicos, para “elevar la competitividad del país” y no mejorar sustancialmente las condiciones de vida de amplias capas de la población mexicana que sobreviven en un panorama nacional de creciente deterioro productivo, social y cultural (SE, 2010).

Mientras que un amplio grupo de países han impulsado estrategias de desarrollo claramente definidas en materia de inclusión digital para la mayoría de su pobla-ción, con la perspectiva de insertarse “exito-samente” en la actual división internacional del trabajo, basada en el conocimiento, en México predomina la visión empresarial, de hacer negocios con la infraestructura audiovisual, en detrimento del pro-yecto nacional de desarrollo.

1 “El poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la mente humana me-diante los procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales-lo-cales de comunicación de masas, incluida la autocomunicación de masas […] la capacidad para emplear con éxito la violencia o la intimidación requiere el enmarcado individual y colectivo de las mentes…” (Castells, 2010).

México vive hoy una gran crisis y una profunda polarización social, política e ideológica (Programa PRD, p. 63)


2 La industria de servicios de telecomunicaciones, en conjunto con la industria de equipos de telecomunicaciones, constituye una parte de la infraestructura que posibilita la nueva arti-culación entre el sector científico-educativo y la producción social, por lo que desempeña un papel cada vez más importante en la transmisión, intercambio y difusión de la ciencia y el conocimiento entre los países en el llamado ciclo global del conocimiento. (Ordóñez y Bouchain, 2011).

El sector audiovisual, denominado estadísticamente como “información en medios masivos” (Inegi), se constituye por los medios de comunicación tra-dicionales y los nuevos medios producto de la convergencia entre las tele-comunicaciones, la computación y el desarrollo de diversos dispositivos móviles digitales que en la actualidad se encuentran en dinámico crecimien-to configurando nuevas formas de comunicación social.

Estudios recientes han dado seguimiento al desarrollo del llamado sector electrónico-informático, constituido por un conjunto de actividades de producción, distribución y comercialización de las industrias que con-forman el sector audiovisual en México, entre las que se destaca la industria de servicios de telecomunicaciones y las denominadas por el Inegi como “información en medios masivos”. Su importancia reside en el papel que juegan en la llamada economía del conocimiento, cuya fuerza productiva principal reside en este.2

Hasta ahora, se ha desenvuelto como una industria exitosa, que fun-damentalmente finca su poder económico a partir de los servicios de in-terconexión de telefonía móvil; por cierto, altamente concentrada y con crecimiento constante, fruto de las privatizaciones en materia de telecomu-nicaciones (Portos, 2008). Situación que ha impulsado la dinámica expansión y desarrollo de los llamados nuevos medios de información y comunicación, cuyo eje está sustentado en el desarrollo de las telecomunicaciones (básica-mente de los negocios de la telefonía móvil), el crecimiento del internet y la dinámica incorporación de dispositivos móviles cada día más sofisticados que posibilitan la convergencia digital, incorporando los contenidos que provienen de los medios tradicionales (TV, radio y medios impresos), a los que tienen acceso un significativo número de personas, aunque siguen exclu-yendo a una amplia proporción de mexicanos, que no cuentan con ingresos suficientes ni con los niveles educativos que supone la educación digital.

Por otra parte, existe un consenso cada vez mayor en que el modelo neoliberal implantado en el país desde mediados de los años ochenta y vi-gente aún, ha propiciado el desmantelamiento de varios sectores vinculados

79Crisis, neoliberalismo e industria audiovisual en México

al mercado interno, principalmente de proyectos industriales productivos de numerosas empresas pequeñas y medianas; y ha fortalecido la concen-tración monopólica de varios grupos empresariales exitosos dentro y fuera de México, entre los que destacan los monopolios de la comunicación: te-lecomunicaciones e industria mediática, fundamentalmente de la televisión (Portos, 2010).

La paradoja es que, por un lado, se implanta una economía “de libre mercado”, que afecta fundamentalmente a los productores de bienes indus-triales manufactureros, base del proyecto nacional de desarrollo; y por otro lado, se reproduce una exacerbada concentración en las empresas (industrias de servicios de comunicación: telecomunicaciones e industrias “de la infor-mación” y el entretenimiento), con fines lucrativos, esencialmente protegidos por el gobierno en turno, el cual fortalece los negocios privados en detrimen-to de una regulación propicia para la estrategia de desarrollo, que efectiva-mente impulse a la sociedad y al país a posiciones de mejor competencia en el mundo. Como se sabe, la apertura comercial, con el desmantelamiento arancelario de la mayoría de bienes de consumo básico e intermedio, ha sido indiscriminada y fuertemente lesiva para el sector productivo no monopoli-zado del país. De manera contradictoria, existe un proteccionismo a ultranza en el sector de medios de información y comunicación, que impide de ma-nera reiterada la entrada de nuevos competidores, sobre todo en la produc-ción y transmisión de contenidos, lo que posibilitaría la diversificación y ampliaría la oferta de propuestas con mejor calidad, que podría mejorar el consumo cultural (siempre y cuando se establezcan sinergias con el sector educativo para generar receptores críticos y mejor calificados en la elección de contenidos).

Por su parte, las industrias de la radio y la televisión siguen siendo los principales medios con los que se informa (forma y deforma) en el México neoliberal, aun cuando ha avanzado de manera progresiva la mayor utiliza-ción de los medios derivados de las nuevas tecnologías de la información, basadas en la expansión del internet a partir de usos variados por medio de los dispositivos móviles, fundamentalmente la telefonía celular con sus innovadoras aplicaciones (texto, voz e imagen). Todo ello ha impulsado el uso de las redes sociales como nuevas formas de comunicación digital, en auge, sobre todo entre los jóvenes y personas con ingresos medios y altos que pueden acceder al dinámico mercado de los dispositivos digitales que son ofrecidos en México, incluso por las empresas de televisión, lo que ha renovado y aun revolucionado los mecanismos de comunicación. El tránsito


a la industria digital se ha anunciado desde hace tiempo; sin embargo, la realidad social y económica del país ha limitado su implantación, además de la competencia suscitada entre los grupos de la comunicación por el otorgamiento de concesiones para operar en el espacio radioeléctrico.3

Se puede argumentar que el nuevo y dinámico panorama en el campo de la diversificación comunicativa implica fuertes retos de carácter social y político, al ampliar las formas de participación social e individual, que representan las amplias posibilidades de la nueva era. Sin embargo, los lí-

mites siguen siendo la fuerte concentración en un número reducido de empresas que han limitado la posibilidad de diversificación de contenidos, la cual resulta estratégicamente imprescindible para el desarrollo y consoli-dación de la sociedad amplia, abierta, plural y democrática que requiere el México de

nuestros días y que haría posible generar un ambiente crítico del discurso neoliberal predominante y, junto con la educación básica, fundamentar las bases de una sociedad consciente y propositiva cuyo objetivo sea el de-sarrollo del país.

Estas industrias han sido básicamente orientadas al consumo suntuario no directamente productivo, pues la tendencia se orienta a satisfacer el gusto por la moda y el entretenimiento. Por ello resulta de gran importancia señalar la paradoja que se presenta entre la existencia de una economía y un sector de la sociedad crecientemente parasitarios y menos productivos, con una concentración del ingreso cada vez más acentuada, y el rezago educativo y cultural fomentado por la deficiente política de educación y la difusión masiva de mensajes con niveles de bajo contenido educativo, emi-tidos principalmente por los medios electrónicos tradicionales. Desde luego, hace falta motivar los cuestionamientos sobre las nuevas formas de consu-mismo, la moda y los grandes negocios que se encuentran explotando las industrias de servicios de comunicación en el boom actual.

3 La competencia ha implicado que se detenga este proceso, pues los grupos mediáticos que controlan la industria de la televisión en México (y que por cierto han ampliado y reforzado sus negocios hacia la telefonía celular y la TV por cable), han ejercido su poder ante el go-bierno y han impedido la operación de otros competidores tanto nacionales como extranje-ros. (Para un seguimiento de la problemática, consúltense las revistas: Zócalo, Revista Mexicana de Comunicación, Etcétera y Proceso.)

La desigualdad económica y social se profundizó durante este periodo de gobierno ilegítimo con un incre-mento de seis millones de pobres (Línea Política PRD, p. 5)


Por otra parte, el decreto que establece acciones para agilizar la tran-sición a la televisión digital terrestre, y que permitiría concluir las transmi-siones analógicas entre 2011 y 2015, ha quedado varado en el poder legislativo, ante las frecuentes y visibles irregularidades cometidas por las entidades reguladoras del otorgamiento de concesiones para la radio y la televisión. Por ello no se ha avanzado en contrarrestar el monopolio ejerci-do por el oligopolio que opera en el país, que favorece las restricciones, y aun exclusiones, de nuevos competidores. Sin embargo, a principios de diciembre de 2011, se dieron a conocer los resultados de la consulta públi-ca efectuada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre la licitación de dos cadenas de televisión abierta en formato digital. A esa fecha, solo habían respondido 181 de los 834 participantes a quienes se les mandó el cuestionario (Reforma, 7/12/2011).

Para los expertos consultores y agentes que vienen actuando en el marco legislativo del sector telecomunicaciones, radio y TV digital, existen pocas opciones, pues continúa la concentración en pocas manos: de las 461 estaciones de TV abierta que existen en México, 224 las concentra Televisa y 180 Televisión Azteca; 99 por ciento de la inversión en TV durante 2011 se concentró en estas dos empresas. Desde nuestro punto de vista, la poca respuesta al cuestionario enviado por la Cofetel en noviembre de 2011, puede indicar el grado de credibilidad sobre el uso y otorgamiento de las concesiones en juego.4

Infraestructura audiovisual en México, uso y disponibilidad de TIC

Frente al panorama de carencias y desigualdad social, en México se ha lo-grado crear una infraestructura audiovisual amplia, pero con significativas disparidades regionales, expresión de las severas dificultades para tener acceso a la compra de los dispositivos y las inversiones en nuevas tecnolo-gías de información y en la consiguiente educación digital para amplios

4 Sin embargo, en opinión de los expertos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), “…se inscribieron a este ejercicio importantes actores del sector de telecomunicaciones […] Se re-gistraron gente de todo tipo, gente de empresa, de cámaras empresariales y […] eso es im-portante, que sea una suma de opiniones muy plural porque son temas muy complejos” (Reforma, 7/12/2011, Sección Negocios, p. 7).


grupos de la sociedad mexicana. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información (Inegi, 2010) dio a conocer que en el país:

» 38.9 millones de personas eran hacia mayo de 2010, usuarias de una computadora y 32.8 millones tenían acceso a internet

» Los usuarios de internet registraron un aumento de 20.6 por ciento respecto a 2009

» Quienes más utilizan el servicio de internet pertenecen al rango de edad de 12 a 34 años, con una participación de 66.8 por ciento

» Existen 8.44 millones de hogares equipados con computadora, lo que representa 29.8 por ciento del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 13.2 por ciento con relación a 2009

» 6.3 millones de hogares cuentan con conexión a internet: 22.2 por ciento del total en México

» Como usuarios de computadora, los hombres tienen una participa-ción de 50.6 por ciento y las mujeres de 49.4 por ciento

» Como usuarios de internet las mujeres representan 49.3 por ciento y los hombres 50.7 por ciento

» Respecto a la disponibilidad de televisores digitales en los hogares, solo 13.2 por ciento cuentan con estos; mientras 81.5 por ciento del total de hogares declararon disponer solo de televisor de tipo analógico

» En cuanto a disponibilidad de computadora: en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California, cuatro de cada diez hogares cuentan con equipo de cómputo; mientras que en Chiapas, Guerre-ro y Oaxaca solo uno de cada diez hogares tiene acceso a una computadora

» Sobre la concentración de los servicios de comunicación, la infor-mación disponible revela que la concentración en México del sector telecomunicaciones es del orden siguiente: » Telmex domina 85 por ciento de la telefonía fija, 80 por ciento

de larga distancia, 75 por ciento de la telefonía móvil y 70 por ciento del servicio de internet

» En la industria de la televisión existen 461 concesiones en el país, de las cuales, Televisa tiene 55.7 por ciento y TV Azteca 39 por ciento, y el 5.3 por ciento restante pertenece a pequeñas tele-visoras


» En televisión digital, Televisa ha avanzado en la alianza con Nex-tel para convertirse en monopolio convergente con servicios de cuádruple play (televisión, telefonía fija, internet y telefonía móvil)

La crisis actual y sus perspectivas en materia de conectividad y dispo-nibilidad de las llamadas TIC en México, probablemente agraven la dispari-dad regional y de grupos de la población, incluyendo a pequeñas y medianas empresas, lo que alimentará la exclusión social ya existente, que en el tema que nos ocupa se conoce como exclusión digital, la cual atenta contra los objetivos de lograr una economía y sociedad impulsadas por el conocimien-to que siente las bases de un posible futuro desarrollo del país.

En los resultados más recientes de las empresas que actúan en el sector industrial audiovisual, se observa un singular dinamismo, pues este sector si-gue creciendo y generando importantes ventas y beneficios para los prin-cipales grupos mediáticos5 que ofrecen servicios de telefonía móvil, TV de paga y en general servicios de comunicación para el entretenimiento y la venta de publicidad (sobre todo política en tiempos electorales), por lo que existe un panorama que choca fuertemente con la realidad económica y social que vive México.

Evolución de la economía nacional convergente actual (variación anual)

Concepto 2009/2008 2010/2009

PIB total -6.1% 5.5%

PIB economía convergente 0.8% 5.6%

Impresos, radio, TV -4.7% 4.4%

Cine, video y música 0.9% 10.3%

Internet -5.1% -1.8%

Telecomunicaciones 2.4% 5.9%

Medios de comunicación -3.8% 4.8%

Fuente: Inegi, Información en Medios Masivos.

5 Al año 2011, por ejemplo, existían más de 100 millones de teléfonos celulares en circulación, según datos de la Cofetel.


Durante los primeros años del siglo XXI, el país siguió un proceso de lento crecimiento, que incluso se convertiría en estancamiento económico ocasionado en buena medida por el impacto de la crisis estadounidense y la baja competitividad que presentó México frente a sus nuevos competido-res, al no impulsarse una dinámica de crecimiento sustentada sólidamente en el mercado interno. Esta situación de precariedad económica, con una desigual distribución del ingreso, generada, como se sabe, por la implanta-ción del modelo neoliberal, favoreció un escenario de profunda desigualdad y agudización de los viejos problemas sociales, así como el surgimiento de otros más graves derivados del deterioro social y la concentración de la riqueza en pocos capitalistas.

En esta perspectiva, de acuerdo con el Centro de Análisis Económico (Facultad de Economía) de la UNAM, algunos resultados recientes ofrecen

el siguiente panorama: 3.2 millones de nue-vos pobres generados entre 2008 y 2010; 12.2 millones de personas en carestía alimenticia; 2.7 millones de personas desocupadas a septiembre de 2011; 4.5 por ciento de creci-miento del PIB en el tercer trimestre de 2011; y más de 7 millones de jóvenes (se dice que son mayoritariamente mujeres que atienden labores domésticas sin remuneración ni re-conocimiento social) en situación precaria de abandono escolar y empleos informales sin prestaciones sociales ni seguridad.

Reflexiones finales

El discurso de la competitividad (muy en boga en los círculos de la política neoliberal, de la que México no está ausente), lejos de abonar para el de-sarrollo y la disminución de la desigualdad social y económica del país, lo ha hecho a favor de los negocios privados de las telecomunicaciones y en general de las industrias del sector audiovisual, altamente concentrado y dominante en el ejercicio del poder.

Frente a la crisis actual, es de esperarse que los negocios derivados de la comunicación y el entretenimiento, observen un panorama favorable y con crecimiento durante los próximos años, debido a las necesidades de

...se promoverá una política eco-nómica y social alternativa basada en el desarrollo sostenido, susten-table e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso, que tenga por objetivo la promoción del crecimiento econó-mico, la generación de empleos y el combate de las desigualdades (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 20)


información, comunicación social y entretenimiento que día a día crecen en el mercado mexicano, pero particularmente por las inversiones en merca-dotecnia política derivadas del proceso electoral y en la perspectiva funda-mental del capitalismo neoliberal en el nivel global: el ejercicio del poder.

Esto favorece fundamentalmente a los grupos multimedios, que seguirán obteniendo amplios beneficios por el grado de monopolización con el que operan, con la anuencia del gobierno mexicano.

Los dispositivos móviles son los negocios más dinámicos, que incluso han suplido a la telefonía fija, ante la falta de inversión en el plano regional, por lo que la estrategia de desarrollo del proyecto alternativo deberá con-templar, además de una mayor competencia entre operadores, las inversio-nes que doten a las zonas más atrasadas del país de redes para internet y banda ancha, posibilitando un mayor acceso a las regiones con mayor atra-so y revirtiendo el impacto negativo para los propósitos de la “sociedad de la información y el conocimiento”.

Pero esta estrategia debe ir de la mano de una reforma a fondo de la educación, pues la disponibilidad de redes y tecnologías de la información y la comunicación no es suficiente para generar personas más ilustradas y preparadas para los retos de la construcción social de nuevo tipo que urge impulsar en la nación.

En ese sentido, ¿cómo revertir la creciente tendencia actual del consumo de medios, orientado en lo fundamental a la satisfacción de necesidades abo-cadas al entretenimiento como mecanismo defensivo para paliar las angustias cotidianas, que favorece la necesidad de benefactores emocionales para so-brevivir en un país que vive la violencia e inseguridad como nunca antes?

Debemos insistir en la necesidad de conocer más a los mexicanos que han sido educados por más de tres decenios de neoliberalismo. ¡Por ahí debería empezar la llamada economía y sociedad del conocimiento en una perspectiva no neoliberal!

Bibliografía

Castells, Manuel (2010), Comunicación y poder, Madrid, Ariel.Inegi, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censos Económicos,

2004 y 2009.Ordóñez, Sergio y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e indus-

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Portos P., Irma (2010), Las industrias audiovisuales en México y Brasil. Tele-visa y globo en la convergencia digital, tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, FFyL, UNAM.

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Vidal, Francisco (2008), Los dueños del cuarto poder, México, Planeta.Villamil, Jenaro (2010), El sexenio de Televisa, México, Planeta.Zepeda Patterson, Jorge (coord.) (2007), Los dueños de México, México,

Planeta.

Hemerografía

Etcétera, varias fechas.Revista Mexicana de Comunicación, varias fechas.Revista Expansión, Las 500 empresas más importantes de México.“Reportes financieros de las empresas de medios”, varias fechas.Zócalo, varias fechas.


Anexo

Ventas de empresas de medios 2009 (millones de pesos)

Lugar en las 500

EmpresaVentas totales

101 595.0Variación % 2008/2009

34 Grupo Televisa 52 352.5 9.1

136 SKY 10 005.2 9.2

137 TV Azteca 9 968.0 16

179 Megacable Holdings 6 895.0 17.8

207 Cablevisión 5 277.0 10.8

259 Cablemás 3 653.0 15.6

273 Editorial Televisa 3 356.1 -9.3

279 Grupo Imagen 3 304.0 15.1

384 El Universal 1 520.5 -2.1

397 Grupo Prisa 1 387.4 1.7

422 Grupo Editorial Notmusa 1 144.0 -8.3

424 Impresora y Encuadernadora Progreso 1 140.6 24.8

479 Grupo Santillana 805.8 nd

486 Grupo Radio Centro 785.9 6.9

Fuente: Expansión, 21 de junio-4 de julio de 2010.

Ventas de empresas de entretenimiento 2009

Lugar en las 500

EmpresaVentas totales

29 617.6Variación %2008/2009

142 Corporación Interamericana de Entretenimiento 9 470.2 0.1

148 Cinépolis 8 770.0 16.3

205 Grupo Caliente 5 350.0 2.9

347 Cinemex 1 965.6 8.0

360 Codere México 1 743.7 -10.9

Propuesta para revertir la política neoliberal en la exploración y extracción petrolera

Fabio Barbosa Cano

En este texto solo abordaremos uno de los aspectos de la industria petrolera: la situación de la exploración y extracción de petróleo crudo,

y formularemos algunas medidas necesarias para defender y aprovechar, en beneficio de los mexicanos, lo que aún queda de esa materia prima es-tratégica.

En el sexenio anterior se inició la caída de la producción y de las expor-taciones de petróleo crudo; intentando atenuar la declinación, desde el gobierno de Fox y durante el actual, se ha desplegado un gran esfuerzo en tres renglones: 1) la aplicación de nuevas tecnologías en campos gigantes viejos; 2) la reapertura o “reentrada” a campos y pozos cerrados; y 3) la exploración en busca de nuevos yacimientos de aceite.

Al conjunto de medidas orientadas en ese esfuerzo, los neoliberales lo llaman reforma energética. Aducen que la extracción de petróleo crudo es el mejor negocio. Ernesto Zedillo formuló su tesis de doctorado en la universidad estadounidense de Yale con un planteamiento que defiende esa falacia. En el mismo sentido, el también doctor Suárez Coppel, direc-tor de Pemex, acaba de formular declaraciones desafiando a sus críticos con los más recientes costos de producción, por barril de crudo en Chicon-tepec. Según sus cifras: “el costo de desarrollar reservas probadas en Chicontepec es de 27 dólares por barril, y se vende alrededor de 100 dólares; esa rentabilidad no la vemos en ninguna industria legal, fuera de Pemex”.

Con apoyo en este tipo de planteamientos se han desarrollado algu-nas de las acciones más importantes en la materia: la aplicación de recupera-ción terciaria y mejorada en grandes campos y proyectos. Básicamente se trata de inyección de nitrógeno para represionar los yacimientos y elevar los volúmenes de su producción.


La inyección de nitrógeno fracasó y, acaso aunada a los retrasos en las obras para el control de la invasión de agua a los pozos, condujo al colap-so de Cantarell, el campo más importante que existió en México. Lo mis-mo ocurrió con su aplicación en los más grandes campos del sureste, como Samaria, Oxiacaque, Cunduacán, Jujo y Tecominoacán. En ellos, a pesar de que se ha incrementado la inyección de nitrógeno, la producción no repun-ta, continúa declinando, pero los onerosos contratos se mantienen y las plantas, verdaderos elefantes blancos, continúan operando.

Los resultados son la destrucción prematura de los campos gigantes, columna vertebral de la industria petrolera. La lección aprendida en los proyectos de nitrógeno del sureste es que las nuevas tecnologías no son recetas mágicas que funcionarán en cualquier campo y en cualquier etapa del desarrollo del yacimiento.

Desde luego la ruina de los campos gigantes es un proceso que comen-zó desde los años ochenta, como lo demostraron los estudios del ingeniero José Eduardo Beltrán, que desde entonces concluyó que la política de ace-lerar la producción provocaba la ruina prematura de los yacimientos.

Fracaso en la región Norte

Se creía que el regreso con diversas medidas de rehabilitación en campos cerrados podría aportar volúmenes muy importantes de pe-tróleo. Teóricamente, si su factor de recupe-ración es de los más bajos del mundo y aún quedan en el subsuelo millones de barriles, era razonable esperar que aplicando nuevas

tecnologías pudiera elevarse la producción en ellos.En los últimos años se han realizado varios experimentos en la región

Norte, el principal fue la concesión de 400 pozos en Ébano (San Luis Po-tosí), Pánuco y otras localidades en el norte de Veracruz, contrato obtenido por la empresa privada Diavaz y la estatal china Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation). Agreguemos que 400 pozos son alrededor de 10 por ciento del total de pozos en México. Los resultados han sido decep-cionantes.

Se esperaban unos 200 mil barriles diarios, como nueva producción; apenas se ha logrado 10 por ciento de ese volumen. El experimento se

Impulsaremos la industria petroquí-mica y la producción de gas para frenar la creciente dependencia del exterior. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 46)

91Propuesta para revertir la política neoliberal en la exploración y extracción petrolera

repite ahora en Tabasco, y seguramente se logrará algún incremento pero no los volúmenes que se pregonan en la propaganda.

Paralelamente a las medidas anteriores se intensificó la exploración. En la década pasada, las inversiones se duplicaron. Entre 2001 y 2010, se per-foró un número de pozos de exploración casi igual que en el sexenio de López Portillo. Resumiendo las estadísticas, podemos afirmar que en la dé-cada 2001-2010 se descubrieron 263 campos o nuevos yacimientos, es decir, en promedio, más de dos nuevos descubrimientos cada mes. Insistimos, porque la cifra nos parece impresionante: en los últimos diez años, en este país, se ha descubierto un nuevo campo cada quince días.

Pero el problema es que solo 97 de ellos resultaron aceiteros, es decir, en dos de cada tres nuevos campos solo se ha encontrado gas natural.

Por otro lado, los 97 nuevos yacimientos con petróleo descubiertos entre 2001 y 2010, el nuevo petróleo posterior a Cantarell, se ha encontra-do en depósitos pequeños, en pozos muy profundos y con crudo pesado. Este es de menor valor porque es difícil de extraer y de procesar y, finalmen-te, el rasgo que más interesa enfatizar: en áreas difíciles, con impactos socia-les y costos que contribuirán a la crisis económica e intensificarán el encono en la distribución de la renta petrolera.

México se ha agregado a la larga lista de países que han pasado el pico de descubri-mientos y el pico de la producción petrolera. Desde luego, la misma estadística está mos-trando que el petróleo no se ha agotado, pero, evidentemente es insostenible el volumen de exportaciones y son urgentes inversiones que permitan nuevas fuentes de energía en el futuro, así como un uso más ra-cional de lo que aún queda, evitando su derroche, por ejemplo reinstalando el transporte ferroviario que clausuró Zedillo.

Las aguas profundas

Las aguas profundas fueron y siguen siendo una gran posibilidad de mejo-rar las deterioradas condiciones del sector.

A la fecha, aunque con solo un poco más de veinte pozos perforados es temprano para desprender conclusiones definitivas, un balance ya ofre-ce elementos para concluir que las expectativas estaban sobrevaloradas:

Se estimulará una política energé-tica alternativa con propuestas de producción, distribución y consumo ambiental, económica y socialmen-te viable. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 56)


únicamente se ha descubierto gas natural frente a las costas del sur de Ve-racruz, y unos cinco o seis campos de crudo extrapesado frente a las costas de Campeche.

En los próximos meses las inminentes perforaciones en la región fron-teriza del golfo de México aún podrían modificar el panorama, pero en el mejor de los casos podrían descubrirse volúmenes similares a los descu-biertos en Estados Unidos, lo que no permite revertir la caída de la extracción nacional.

El nuevo potencial aceitero mexicano y sus características

Cantarell ha perdido casi dos millones de barriles de su producción en el pico. Pemex ha logrado compensar parcialmente esa caída con el desarrollo de Ku Zaap Maloob, que actualmente aporta arriba de 800 mil barriles dia-rios. Pero este complejo no es eterno, y en el próximo sexenio alcanzará su punto máximo e iniciará su declive.

¿De dónde está saliendo otro medio millón, para sumar los 2.6 millones de barriles de la producción actual? De algunos campos muy jóvenes, que aunque fueron descubiertos hace diez o veinte años, por las dificultades de su explotación, permanecieron inactivos, “en reserva”, y su desarrollo ape-nas está arrancando. Posiblemente los más importantes son los agrupados en el llamado “proyecto Crudo Ligero Marino” (CLM), en el que la mayor parte son los de Litoral de Tabasco. Al comenzar el actual sexenio apenas producían unos 60 mil barriles diarios, a finales de 2010 superaron los 300 mil barriles diarios y su producción continuará creciendo. Pemex está ini-ciando los preparativos para ampliar este proyecto, lo llama “la fase tres del CLM”, por lo que en esta área puede esperarse un pico de hasta 350-400 mil barriles diarios.

El crudo ligero marino es petróleo difícil. Ahora Pemex está realizando verdaderas hazañas tecnológicas: son pozos caracterizados por sus altas temperaturas y elevadas presiones, en una zona proclive a brotes de gas que pueden provocar “reventones”. La perforación de algunos pozos frente a las costas de Centla en Tabasco se ha prolongado más de un año, en otros casos se han perforado pozos horizontales de hasta cuatro kilómetros de largo, con costos arriba de los convencionales.

En las cuencas del sureste, muy recientemente ha surgido una nueva área de apariencia muy prometedora, que se extiende en el mar y, según recientes


estudios, también cubre una vasta superficie hacia Tabasco, el sur de Vera-cruz, y parte de Chiapas. En esta nueva área ya se han descubierto varios nuevos campos que podríamos calificar como criaturas de las nuevas tec-nologías, producidas en los años noventa, que permitieron el surgimiento de los yacimientos subsalinos, similares a los que en Brasil llaman “pre sal”; en realidad los nuestros se encuentran arriba y debajo de los cuerpos de sal, y mezclados con extrañas formas salinas. Nada, por el momento, per-mite esperar que tengan la magnitud de los cariocas, pero es una nueva área de oportunidad y algunos, como el campo Nelash, ya están en producción. Los más notables son Bricol y Pareto. En esta cuenca, Pemex tiene unas 300 oportunidades exploratorias. Sin duda es un área importante pero, insisti-mos: permitirá que Pemex prolongue sus actividades acaso por una o dos décadas en la región, aunque ningún elemento permite esperar que sosten-drá las exportaciones millonarias en las que los neoliberales se empeñan.

En suma, de acuerdo con algunos escenarios, en fecha tan cercana como el próximo sexenio, la producción solo será suficiente para la actual carga de las refinerías; será imposible continuar las exportaciones de crudos. Otros ejercicios prospectivos consideran que si se conjugan diversos fac-tores como la conclusión del diseño del proyecto de explotación de los crudos extrapesados, este país podría contar con algunos excedentes para la década de 2020.

Los impactos sociales

La inserción de México en una nueva división internacional del trabajo como proveedor de sus recursos naturales, es también una disputa por los espa-cios. La ampliación de las áreas petroleras en el golfo de México ha ocurri-do paralelamente al desalojo de los pescadores.

En 2003, una comisión intersecretarial del gobierno mexicano emitió un simple acuerdo, extendiendo la “Zona de Prevención y de Exclusión en la Sonda de Campeche” hasta 65 000 kilómetros cuadrados, lo cual implicaba una multiplicación de más de ocho veces del área petrolera en la Sonda de Campeche, que originalmente comprendía unos 8 mil kilómetros cuadrados. Así, dos o tres burócratas deciden sobre la vida y la muerte de miles de trabajadores mexicanos.

La flota pesquera camaronera de Frontera, Tabasco, que en los años setenta sumaba alrededor de medio centenar de embarcaciones, hoy ha


desaparecido por completo. Como mudos testigos de la catástrofe aún pueden verse los últimos tres barcos anclados, pudriéndose, en los muelles de ese puerto tabasqueño.

Pero ninguna amenaza tan grave como la que pende sobre las regiones totonaca y huasteca baja, comprendidas en el proyecto Chicontepec.

En octubre de 2011, como presume Suárez Coppel, la producción se encuentra arriba de 60 mil barriles diarios de crudo. La pregunta es cómo lo han conseguido. Es necesario explicar las nuevas tecnologías de “pozos horizontales” y “multilaterales” y además con “fracturamientos” en los “laboratorios” de Chicontepec.

A unos días de la publicación de los decretos de la reforma energética, el 24 de noviembre de 2008, la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE) de Pemex Exploración y Producción presentó el “Plan de Infraestructura del Activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec)”, el cual fue elevado al rango de “proyecto estratégico de Pemex”, es decir, aquellos que “definen el rumbo de la industria para el largo plazo”. A la fecha, Pemex solo ha trabajado en una pequeña franja que comprende los munici-pios de Coatzintla y Papantla, en Veracruz y un segmento oriental de Venus-tiano Carranza y Francisco Mena, en Puebla. Así, puede decirse que Pemex hasta la fecha ha estado concentrado en una parte de la región totonaca, pero en los próximos años aspira a avanzar hacia la Huasteca Baja (munici-pios de Chicontepec, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero y, sobre todo, el segmento más occidental de Álamo Temapache).

Con tales “obras estratégicas”, esa región quedará convertida en una de las zonas petroleras con una de las más altas tasas de densidad de per-foración, en el mundo (más de 16 mil pozos en poco menos de 4 000 kiló-metros cuadrados).

Modelo dual de desarrollo productivo

En un diagnóstico del proyecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertía que: “a nivel económico el proyecto Chicontepec tendrá un gran impacto en la región debido a la intensidad de sus operacio-nes y a su extensión territorial”; explicaba que “generará reconversiones territoriales en los usos del suelo agrícola y ganadero que afectarán a pro-ductores de ejidos, comunidades y pequeña propiedad” y que la participa-ción de actores coadyuvantes de Pemex modificará “la demanda agregada


local, situación que acarreará distorsiones en los mercados”. Claramente advertía que “dado el atraso de la estructura socioeconómica de la re-gión es imposible una integración económica lo-cal derivada de la actividad petrolera”, y en ese contexto, “las economías de enclave se pueden reproducir muy rápidamente”, lo que provocaría “un modelo dual de desarrollo productivo”.

Pozos multilaterales, desviados y fracturados

Un pozo “multilateral” se define como aquel que tiene varios brazos o ramas, lo que le permite extraer hidrocarburos de dos o más hoyos productores; al salir a superficie, el pozo está conectado a un solo cabezal de producción. El pozo puede producir conjuntamente todos los brazos o ramales desde un mismo yacimiento o tener brazos o ramales con producción independiente desde diferentes yacimientos. Una imagen muy aproximada de estos pozos es la de un pulpo succionando en el subsuelo que extiende sus brazos para alcanzar pequeños depósitos dispersos. En 2003 se perforaron los primeros pozos multilaterales en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla.

Teóricamente, esta tecnología permite incrementos entre 1.5 y 2.5 res-pecto a los pozos horizontales y de 3.5 a 5 con relación a un pozo vertical. Asimismo, permite la disminución del número de agujeros desde la superficie y, supuestamente, también reduce el área de afectación, lo que puede ser cierto en superficie, pero no debe omitirse lo que pasa en el subsuelo. Para Pemex, lo anterior repercute en un ahorro de tiempo, logística y transporte. Como vemos, la nueva tecnología está referida básicamente a instrumentos de desarrollo que permiten extraer los hidrocarburos ya descubiertos que no podían llevarse a la superficie con las técnicas convencionales. Sin em-bargo, no se trata solamente de la intensidad de las perforaciones ramifica-das. Hay otro elemento, ya empleado en los campos de México, pero cuya aplicación, con la intensidad que se anuncia, acaso constituye una amenaza para las aguas subterráneas: son los ominosos progresos en la tecnología del “fracturamiento”.

Fracturar es romper una estructura, en este caso, las arenas muy com-pactas y de escasa permeabilidad. Las grietas se consiguen inyectando a una elevada presión un fluido (con la vieja tecnología era agua, aceite o agua

Impulsar el desarrollo de una economía verde, ampliando las capacidades de generación de energía renovable… (Mo-vimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 46)


de la misma formación) mezclado con arenas u otro material llamado “sus-tentante”. Actualmente se inyecta un gel, un fluido gelatinoso preparado en superficie y bombeado a una presión de unas 20 mil PSI (PSI es una unidad de medida, pounds per square inch, libras por pulgada cuadrada). Las 20 mil PSI equivalen a unas 666 veces más que la presión de una llanta de automó-vil, que es de 30 PSI. El fluido penetra a razón de entre 15 y 20 metros cúbi-cos por minuto y la inyección se realiza a temperaturas arriba de los 100 grados centígrados. Las fracturas creadas artificialmente incrementan la permeabilidad y facilitan el movimiento de los hidrocarburos hacia el agu-jero perforado. La función del material llamado sustentante es mantener abiertas las fracturas.

Una vez realizada la inyección, se deja reposando el pozo lastimado y una semana más tarde se abren las válvulas para ponerlo a producir, inicialmente, a ritmo lento, lo que permite recuperar una parte de los fluidos inyectados y limpiar las fracturas. Luego se mide el éxito de la operación, sumando la nueva producción obtenida, llamada “producción incremental”, estimando los nuevos ingresos y restando los costos específicos de la operación.

Las innovaciones tecnológicas recientes consisten en el control de las operaciones con computadoras, el monitoreo en tiempo real y especialmente el uso de simuladores que permiten la detección y medición del área impac-tada. La principal amenaza es que para lograr mayor efectividad de pene-tración y fracturas múltiples, la presión se ha elevado, en algunos casos, veinte veces. En fracturamientos realizados en el campo Horcones, en el municipio de Temapache hace diez años, la presión era de 1 300 PSI; en los del campo Tajín es de 20 mil PSI actualmente.

Se mantiene en secreto el volumen y especialmente la composición de los fluidos que se están inyectando en los campos de Chicontepec; solo podemos documentar datos aislados de algunas experiencias en los años noventa y en los primeros años de la siguiente década, así como de los fracturamientos realizados en Burgos e información genérica que las em-presas contratistas permiten conocer. Probablemente desde los años ochen-ta empezaron a emplearse ácidos y otros químicos en los ingredientes de los geles de fracturamiento. En los noventa fueron utilizados en los fractu-ramientos de los pozos 276 y 293 en el campo Coyotes en el municipio de Temapache y, actualmente, en Burgos los ácidos son mencionados incluso en el texto de las licitaciones. En cuenca de Burgos, Pemex pide a las com-pañías contratistas que después del fracturamiento recuperen los fluidos inyectados −llamados “fluidos residuales”− en presas metálicas, y describe


la composición de estos residuos como “ácido gastado, arena, lodo y otros sólidos”.

Un estudio de Schlumberger sobre experiencias internacionales de fracturamientos describe un caso en el que se empleó “ácido clorhídrico concentrado, para lograr un grado de penetración profundo y un mejor nivel de conductividad de la fractura creada por el ácido”. Esta misma empresa ha diseñado nuevos aditamentos para lo que llama “tratamientos ácidos” o “estimulación ácida” y reporta en 2006 casos en los que empleó “ácido or-gánico fluorhídrico”.

En los campos Agua Fría, Coapechaca y Tajín, se han realizado de los años noventa a la fecha unas 600 fracturas en total. Pero ahora se programan estas ominosas operaciones en más de 16 200 pozos. Proponemos que se aproveche esta campaña electoral para preguntar: ¿Qué consecuencias puede tener la inyección de decenas de millones de metros cúbicos de agua y ácidos en el subsuelo? Desde luego, ya aclaramos que una parte de esos fluidos se recuperan en presas metálicas.

Aún más grave, no se trata solamente de una fractura por cada pozo. Desde 2004, el entonces gerente de las operaciones, ingeniero Alcázar-Cancino, planteó la posibilidad de realizar hasta tres fracturas por cada pozo, desde luego no como una fórmula que se aplicará mecánicamente en todos los pozos, sino dependiendo del “comportamiento” de cada perfora-ción. Pero la posibilidad existe, y eventualmente podría elevarse el número de inyecciones de los extraños líquidos, a más de 50 mil. En Estados Unidos, donde, como empieza a ocurrir en México, se intenta sacar hasta la última gota, se fractura y, al poco tiempo, el mismo pozo vuelve a ser fracturado; incluso los pozos más viejos son sometidos a estos tratamientos, con pro-cedimientos especiales para no dañar sus debilitadas tuberías. La misma empresa que ya citamos, Schlumberger, examina casos en la cuenca Fort Worth, al norte de Texas, donde un viejo pozo duplicó su producción después de ocho tratamientos. ¿Para mantener las exportaciones de crudo se efec-tuarán decenas de miles de inyecciones de ácidos en Chicontepec?

El proyecto Chicontepec apenas está comenzando, muchos de sus im-pactos todavía están por estudiarse, pero ya es previsible la afectación de las actividades productivas tradicionales y el consecuente desplazamiento de la población, incremento del desempleo y oleadas de nuevos migrantes. Un nuevo gobierno democrático tiene que introducir criterios de gradualidad y búsqueda de equilibrios para no agravar los problemas ya existentes a cambio de ganancias que a la postre resultarán irrisorias.


En relación con el petróleo, lo que en esta campaña electoral debemos debatir, es que después de casi 30 años de política neoliberal, la industria petrolera de este país ha quedado inserta en un nuevo esquema de división mundial del trabajo; y abandonó sus metas originales como el impulso al empleo y al desarrollo regional. Hace más de treinta años que se construyó la última refinería en este país. Hoy, más de la mitad de las gasolinas que se consumen en México son importadas. Lo que ahora queda de la industria petrolera, por la índole, el ritmo o intensidad y carácter de sus operaciones, se encuentra enfrentada a las comunidades, pues contribuye a la destruc-ción de empleos en la agricultura, la pesca y la ganadería, lo cual impulsa desplazamientos masivos de la población.

El sector petrolero, que podría apoyar el desarrollo y empleo regional, en manos de los neoliberales ha quedado convertido en un problema.

La actividad petrolera, combinada con los efectos de la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el derrumbe del sector agrícola y la desaparición de ramas enteras de la manufactura, con miles de empleos perdidos en ramas otrora importantes −como textiles y calzado−, al crear masas enormes de desempleados en lucha desesperada por sobre-vivir, coadyuvaron a generar las condiciones para la emigración, el comercio informal y luego la expansión del negocio de las drogas.

La inserción de Pemex en el nuevo orden petrolero mundial fue uno más de los factores en la gestación de la violencia, la inseguridad, la emi-gración y el crimen que flagelan al país. Solo un cambio político a profun-didad, que se proponga revertir el curso neoliberal y recuperar Pemex y al sector energético, puede permitir que estos vuelvan a contribuir al de-sarrollo de México.

México, D.F., noviembre de 2011

Campo y soberanía alimentaria*

Armando Bartra Víctor Suárez

El campo de México se encuentra en una situación económica, social y ambiental insostenible. El grito “El campo no aguanta más” del movi-

miento campesino y su proclama de “Salve-mos al campo para salvar a México” sintetizan la raíz y la razón del creciente descontento de campesinos, pueblos indios, jornaleros, jóve-nes y mujeres a lo largo y ancho del espacio rural de nuestro país.

Una verdadera guerra −económica, polí-tica, social e ideológica− contra la agricultura campesina ha sido desplega-da por los gobiernos del PRI y el PAN desde 1982 a la fecha, provocando la mayor crisis social y alimentaria desde tiempos de la Revolución mexicana de 1910 y afectando a millones de campesinos y pobladores rurales así como a la gran mayoría de los mexicanos. También ha contribuido al agravamiento de la crisis ecológica que amenaza la calidad de la vida en las ciudades y la viabilidad de la economía del país, principalmente del sector industrial y de servicios.

En el campo no se respetan los derechos de 30 millones de mexicanos. Los campesinos y campesinas, los pueblos indios, los jóvenes y mujeres del México rural sobran, no sirven, son prescindibles: han sido excluidos del de-sarrollo económico y social del país. El mejor campesino e indio es el emigra-do, el deportado a las ciudades y a los Estados Unidos.

* Este texto forma parte del libro Nuevo proyecto de nación. Por el renacimiento de México, coordinado por Jesús Ramírez Cuevas (México, Grijalbo, 2011).

Un programa alternativo frente al desastre rural debe plantear, entre sus principales objetivos, la sobe-ranía alimentaria. (Un México para Todos, p. 31)


La mayoría de la población rural no tiene derechos ni ciudadanía plena; son mexicanos de segunda; se les discrimina, desvaloriza y se les estigmatiza desde la oli-garquía, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los medios de comunicación.

La guerra contra el México rural empren-dida por la oligarquía, los gobiernos del PRI y del PAN, las corporaciones transnacionales y los intereses hegemónicos de Estados Uni-

dos, se ha desarrollado sistemáticamente a lo largo de más de 25 años contra uno de los sectores fundamentales en la construcción de nuestra nación e identidad en sus diferentes momentos históricos decisivos: Independencia, Reforma, Revolución, cardenismo y modernización urbana e industrial.

¿Cómo se explica la guerra contra la agricultura campesina y los pueblos indios que fueron, son y seguirán siendo fundamentales para la alimentación, identidad, cultura, existencia y viabilidad de nuestra patria?

¿Por qué la guerra contra los herederos de una de las culturas originarias más importantes en el mundo, la mesoamericana? Miguel León-Portilla ha establecido que la civilización mesoamericana constituye uno de los seis focos civilizatorios originarios en la historia de la humanidad, junto con los desarrollados en la región andina, Egipto, Mesopotamia, Valle del Indo y Valle del Río Amarillo. Para Miguel León-Portilla, “en los procesos civiliza-torios que ha desarrollado la humanidad, hay algunos que deben recono-cerse como originarios, es decir, que en su origen se han producido autónomamente. Todas las otras civilizaciones, por muy desarrolladas que han llegado a ser, deben considerarse como derivadas o encaminadas por distintos núcleos civilizatorios”.

¿Por qué la guerra contra los herederos de uno de los centros de origen de los cultivos agrícolas en el mundo? Nikolai Vavilov (1887-1943), uno de los más grandes genetistas y estudiosos de las plantas cultivadas del siglo XX, definió a la región mesoamericana como uno de los centros de domes-ticación de plantas cultivadas más importantes del mundo. En Mesoaméri-ca se originó el maíz y otras 49 especies de cultivos agrícolas.

En las diversas etapas históricas de lucha del pueblo mexicano por la construcción de una nación independiente, libre, republicana, democrática y justa, ¿no fueron los campesinos, peones e indios quienes produjeron los alimentos para el esfuerzo de guerra y quienes aportaron la mayor parte de soldados y muertos?

Es indispensable recuperar el es-píritu que el Constituyente de 1917 dio al concepto de la propiedad social, en el marco de un ejercicio pleno de nuestra soberanía. (Un México para Todos, p. 31)

101Campo y soberanía alimentaria

Y en la etapa del desarrollo industrial y la urbanización del país (1940-1975), ¿no fueron los campesinos quienes produjeron los alimentos reque-ridos en este acelerado crecimiento, e incluso quienes produjeron excedentes para la exportación y la consecuente obtención de divisas a fin de importar maquinaria, equipo y bienes intermedios para el desarrollo industrial del país?

¿Por qué entonces la guerra de la oligar-quía y los gobiernos del PRI y el PAN contra la agricultura campesina y los pueblos indios? ¿Será verdad que el campo y los campesinos ya no son necesarios para contribuir a resol-ver los grandes problemas nacionales? ¿Cuál podría ser la vía para frenar y revertir la guerra neoliberal contra el campo mexicano? ¿Cómo poder salvar al campo para salvar a México?

Guerra contra el agro

A partir de 1982, se impuso la política neoliberal a nuestro país por los in-tereses hegemónicos de Estados Unidos y de sus grandes corporaciones, con la complicidad de la oligarquía mexicana y los gobiernos priistas y pa-nistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

La política neoliberal es una estrategia de las grandes corporaciones y grupos financieros para detener el proceso de caída de sus ganancias y de estancamiento de las economías de Estados Unidos y demás países desa-rrollados por medio del control de los mercados, las economías, los sistemas financieros, y el petróleo y otros recursos naturales del resto del mundo.

La imposición del modelo neoliberal en México se inscribe en la res-tructuración de la economía mundial a partir de la década de los ochenta en función de las necesidades de acumulación del capital financiero inter-nacional y de las corporaciones transnacionales de los países desarrollados, en el contexto de la llamada tercera revolución industrial (revolución cien-tífico-tecnológica impulsada por el desarrollo de la informática, las teleco-municaciones, la transportación y logística masiva de mercancías, las llamadas ciencias de la vida, la nanotecnología, etcétera).

Con el estallido de la crisis de la deuda a principios de los años ochen-ta, el gobierno mexicano y la élite político-empresarial optaron por ceder a

Recuperar la soberanía alimenta-ria debe ser una prioridad nacional (Un México para Todos, p. 32)


los condicionamientos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Interna-cional (FMI) para renegociar la deuda y “salvar” la economía nacional por medio de la apertura comercial, la privatización y desregulación de la eco-nomía, así como el debilitamiento de la rectoría del Estado en la economía y el desarrollo social.

A partir de 1982, nuestro país experimentó un cambio radical de mode-lo de (sub)desarrollo para asumir la propuesta de Estados Unidos y sus corporaciones con los lineamientos del llamado consenso de Washington, a saber: a) libre empresa, libre comercio, libertad económica y ventajas comparativas como principios ideológicos de la “nueva economía”; b) re-orientación de la economía hacia la exportación en sustitución del mercado interno; c) privatización de las empresas y entidades públicas; d) desregu-lación de la economía; y e) inversión privada, extranjera principalmente, como motor del crecimiento económico, en lugar de la inversión pública y

el ahorro interno.Como consecuencia de las políticas de

ajuste estructural impuestas por el FMI a México, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) inició un proceso acelerado y unilateral de apertura comercial. Lo anterior, adicionalmente, formó parte de los prerre-quisitos exigidos para la adhesión de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), misma que

se formalizó en 1986. De esta forma, se determinó sustituir los permisos previos de importación por un sistema de aranceles decrecientes, y en al-gunos casos se mantuvo un sistema de cuotas de importación.

Campesinos y territorio

De los seis mil seiscientos millones de habitantes del mundo, la mitad vive en zonas rurales y constituye también la mitad de la población económica-mente activa.

En el caso de México, existen 5.8 millones de hogares rurales en 180 mil localidades de 2 500 habitantes o menos (INEGI, ENIGH, 2002). Los habi-tantes rurales ascienden a 25 millones y representan 25 por ciento de la población nacional. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para

O revitalizamos al campo o segui-remos destruyendo la naturaleza, importando comida, perdiendo nues-tra identidad, expulsando mexica-nos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones ente-ras (Proyecto de Nación, p. 22)


el año 2010 habrá 26.1 millones de mexicanos en el medio rural. Si te toma en consideración el criterio más recientemente aceptado por la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por el propio gobierno mexicano (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012), de que las localidades rurales son aquellas de diez mil habitantes o menos, 30 por ciento de la población mexicana se considera rural, es decir, poco más de 30 millones.

A pesar de que en las décadas recientes se ha acelerado el éxodo cam-pesino, la población rural en términos absolutos aumenta año con año y se renueva sin cesar. Esto supone reconocer que la población y la pobreza en el medio rural no son mera herencia del pasado sino resultado contempo-ráneo de los modelos de modernización sin campesinos, aplicados desde principios de 1982.

Los cinco millones de campesinos y campesinas –ejidatarios, comune-ros y pequeños propietarios– a los que se pretende excluir, son poseedores de 90 por ciento del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de propietarios privados.

La mayoría de los cinco millones de unidades de producción rural son minifundistas: 3.3 millones únicamente poseen cinco hectáreas o menos. Se trata fundamentalmente de un sistema de producción/reproducción agroa-limentario y de gestión del territorio rural en pequeña escala y con base en la organización familiar del trabajo.

Desde un enfoque económico, el sector agropecuario, forestal y pes-quero aporta 5 por ciento del producto interno bruto, 12 por ciento si se considera la aportación del sector de la agroindustria y de los servicios asociados. La población económicamente activa del sector agropecuario representa 15.8 por ciento del total nacional (XII Censo General de Población y Vivienda). Si se evaluara el papel del sector con un enfoque amplio, inte-gral, multifuncional –considerando los aportes ambientales, sociales, cul-turales...–, entonces su contribución al desarrollo nacional se elevaría y apreciaría justamente.

De los cinco millones de unidades de producción rural, un millón (20 por ciento) es propiedad de comunidades indígenas de 54 grupos étnicos de más de 25 estados.

La población indígena representa 10 por ciento de la población nacional, está distribuida en 6 830 ejidos y comunidades (23 por ciento del total de es-tos núcleos agrarios) y posee 22.6 millones de hectáreas (21.9 por ciento


del total de la superficie que estos comprenden), 5.3 millones de las cuales corresponden a pequeños propietarios indígenas.

La pobreza en México es sobre todo rural. Baste mencionar que 572 mil hogares rurales sobreviven con hasta un salario mínimo general; 817 mil, con entre 1.1 y 1.5; y 761 mil, con entre 1.6 y dos salarios mínimos generales.

Demográficamente, el campo está envejecido: la edad promedio de los ejidatarios es de 51 años, y 49 por ciento de los ejidatarios tienen 55 años o más. Al mismo tiempo, el campo se ha feminizado: 400 mil mujeres son poseedoras legales de derechos ejidales, esto es, 20 por ciento del total de los sujetos de estos derechos, según datos de 2004.

Del territorio rural nacional, 90 por ciento está en manos de campesinos, campesinas e indígenas y es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Comprende un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país: tierras, aguas, costas, biodiversidad, recursos genéticos, recur-sos minerales, conocimientos tradicionales, activos históricos y culturales, recursos escénicos, etcétera. Son recursos en extremo valiosos que se en-cuentran en manos campesinas e indias como resultado del pacto social posrevolucionario y de la lucha social ininterrumpida, si bien han sido so-breexplotados por intereses ajenos a las comunidades rurales. No obstante, dichos recursos son considerados por los neoliberales como “activos en manos muertas, y por ello han de estar sujetos a procesos de desamortización y mercantilización para trasladarlos a manos vivas, productivas, competiti-vas, eficientes, globalizadas” (con información de Héctor Robles).

Credo agrario neoliberal

La política de guerra contra la agricultura campesina y la soberanía nacional ha estado sustentada en una concepción político-económico-ideológica coherente, que conforma un verdadero credo, cuyos principales axiomas, dogmas y supuestos se enuncian a continuación:

» Determinismo histórico. Si México quiere transformarse hoy en un país desarrollado, debe reducir drásticamente su población rural a no más de 5 por ciento de la población total. Así lo demuestra la evolución de los países más ricos, ¿por qué ir en contra de la historia y la evolución económica de las naciones? Nuestro país no


puede avanzar y superar la pobreza con una alta población rural que, además, aporta una pequeña proporción del producto interno bruto. No hay otro camino en la historia de los pueblos ni en el desarrollo económico de los países. En este sentido, ¿por qué no acelerar el curso de la historia?

» Reduccionismo economicista. La agri-cultura es un sector igual al resto de los sectores de la economía. Por tan-to, debe ser evaluado con los mismos criterios de desempeño económico y debe ser sometido a las mismas con-diciones que la industria y los servicios tanto a escala nacional como mundial. Así, la multiplicidad de funciones de la agricultura y la gestión del territorio rural se reduce a una sola de ellas. La agricultura, la alimentación y el territorio rural no son más que simples mercancías, sujetas a las leyes del valor y a los equilibrios de la oferta y la demanda.

» Principio de las ventajas comparativas. En una economía globalizada y sujeta a procesos de integración de bloques económicos regionales, la agricultura mexicana tiene que reorganizarse en función del prin-cipio de las ventajas comparativas; es decir, concentrarse en aquellos subsectores y ramas en los que se tiene ventajas respecto a Esta-dos Unidos y Canadá y abandonar aquellos en que la ventaja corres-ponde a nuestros socios comerciales. Esto significa que México debe dejar de producir granos básicos, oleaginosas, lácteos y productos cárnicos para mejor importarlos más baratos de Estados Unidos y Canadá, y reorientar el conjunto de sus agriculturas a la producción de hortalizas, flores y frutas tropicales. Por supuesto que este prin-cipio aplica a todos los países, excepto a los desarrollados.

» Gran escala, sí; pequeñas y medianas escalas, no. En la globalización e integración de bloques económicos regionales, la única forma de que las economías y las agriculturas sean viables y competitivas es con las grandes escalas. Para competir con la agricultura de Esta-dos Unidos, que tiene un promedio de 180 hectáreas por granjero, México necesita acabar con el minifundismo (3.5 hectáreas por campesino) y acelerar el surgimiento de un fuerte sector de grandes propietarios rurales. Consecuentemente, la inversión y los subsidios

Tenemos la esperanza de que en nuestro país podamos estar segu-ros, protegidos, acompañados; donde puedan florecer la creativi-dad, las capacidades, la inteligen-cia y la bondad de todos y de todas. (Proyecto de Nación, p. 25)


públicos deben tener un destinatario inequívoco: los grandes agri-cultores. ¿Cuál es el sentido de invertir recursos productivos en un sector inviable y que va de salida? Es evidente que el culto a las grandes escalas significa expulsar de sus territorios y de la agricul-tura a los 3.8 millones de minifundistas y sus familias. Lo anterior, sin considerar que, por ejemplo, las escalas pequeñas y medianas de producción han demostrado mayor eficiencia y viabilidad econó-mica, social, ambiental y política en países tales como los de la Unión Europea, cuya superficie promedio por campesino es de 18.7 hectá-reas; Japón, con 3.1; y China, con 0.3 hectáreas por campesino.

» Los campesinos e indios, lastre del pasado. Un principio que subyace en la concepción neoliberal de la agricultura es que los campesi-nos e indios representan una herencia del pasado y un pesado fardo que el país debe sacudirse si es que quiere progresar. La agricultura y los patrimonios territoriales de campesinos e indios se consideran activos improductivos y, más aún, recursos sujetos a la aniquilación por parte de los rústicos ecocidas. Por tanto, es un imperativo categórico trasladar el dominio de dichos recursos a manos privadas y de preferencia de grandes corporaciones naciona-les y, sobre todo, extranjeras. Bajo el cobijo del racismo y la exclusión social, se trata de promover la privatización total de la agricultura y la alimentación, incluidos los conocimientos y los recursos genéticos: en suma, todos los recursos patrimoniales de campesinos e indios.

Modelo agroalimentario hegemónico

Más allá del credo ideológico neoliberal, el proceso de reordenamiento de la agricultura y la alimentación en México y en el mundo está sobredeter-minado por un modelo coherente en el plano global, promovido por los intereses de Estados Unidos y sus corporaciones. Los rasgos constitutivos de dicho modelo se enuncian a continuación:

Fomento a la concentración de la producción mundial de alimentos en unos cuantos países (Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil) y, como contraparte, promoción del desmantelamiento de las agriculturas campesi-nas e indígenas en el resto del mundo, así como la reorientación hacia la exportación por parte de agroempresarios. Lo anterior, de conformidad con los supuestos ideológicos y los axiomas arriba señalados.


Sin dejar de reconocer los avances tecnológicos, las inversiones en in-fraestructura productiva y la existencia de políticas de Estado favorables a la agricultura, tal concentración no podría ser posible sin la utilización de sistemas intensivos de producción a gran escala con base en subsidios dumping; la utilización de tecnologías altamente riesgosas para la salud hu-mana, la salud animal y el ambiente, y la externalización de los costos am-bientales. Sin el uso masivo, creciente, de tales prácticas desleales, antiéticas e irracionales de producción, procesamiento y comercio de alimentos, las potencias agroalimentarias no podrían imponer su hegemonía en los merca-dos internacionales y en la definición de las políticas agrícolas nacionales y globales.

Cuando este sistema de agricultura y comercio agroalimentario tiene obstáculos para imponerse por medio de prácticas eco-nómicas desleales, los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, no dudan en utilizar mecanismos extraeco-nómicos, incluida la coerción político-militar, para imponer su dominio en los mercados internacionales.

Dicho modelo, que bien podría denominarse imperialismo alimentario y de agricultura sin campesinos, propicia una desruralización forzada, compul-siva. Se trata de acelerar el despoblamiento de los territorios rurales de los países en vías de desarrollo, para debilitar la resistencia social a la privatiza-ción y monopolización de los patrimonios de comunidades campesinas y pueblos indios: recursos energéticos, tierras de alto valor económico, agua, costas, biodiversidad, recursos minerales, recursos genéticos, sitios históricos y ceremoniales, territorios con valores escénicos, etcétera. Paralelamente se persigue incrementar y hacer aún más precaria la oferta de trabajo a las nue-vas generaciones en las zonas de expulsión, para sostener el desfalleciente modelo maquilador en México y la debilitada economía estadounidense.

Ofensiva salinista contra la agricultura campesina

La presión del gobierno de Estados Unidos, del capital financiero interna-cional y de las corporaciones transnacionales se exacerbó cuando arribó al poder presidencial Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Porque un pueblo que importa 40% de lo que come es un pueblo some-tido a las potencias agroexportado-ras, ejerceremos el derecho a definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución y con-sumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados (Proyec-to de Nación, p. 22)


Esos agentes aprovecharon la debilidad del nuevo equipo gobernante −en razón de su arribo a la Presidencia de la República vía el fraude electo-ral−, su ilegitimidad y su escasa credibilidad interna e internacional. La presión estadounidense y corporativa se tradujo entre otros hechos signi-ficativos en la privatización de los bancos, en la profundización de la priva-tización y desincorporación de empresas y entidades públicas y en el inicio de negociaciones secretas a principios de los años noventa entre los gobier-nos de Estados Unidos y México para suscribir un tratado de libre comercio. En 1989, Estados Unidos y Canadá habían firmado un acuerdo de ese tipo.

En este contexto, entre 1988 y 1994, se llevaron a cabo las reformas más radicales en el sector agroalimentario y rural del país desde la Revolución de 1910 y el cardenismo (1934-1940), siempre en favor de los intereses de una élite nacional y del poder transnacional. Sobresalen las siguientes:

» Reformas en el sistema de crédito rural (1989-1992): eliminación del subsidio a la tasa de interés; concentración de la banca de de-sarrollo (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA y el Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural) en los produc-tores comerciales; y creación del llamado Crédito a la Palabra para los productores marginales.

» Surgimiento del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y crea-ción del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes).

» Contrarreforma agraria del artículo 27 constitucional (1992), con la cual se cancela el reparto agrario establecido en la Constitución de 1917 y se abre paso a la privatización y compra-venta de las tierras ejidales y comunales.

» Privatización y/o cierre durante el periodo 1990-1994 de Fertilizan-tes de México (Fertimex), Aseguradora Nacional Agrícola y Gana-dera (Anagsa), Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), Tabacos Mexicanos (Tabamex), Alimentos Balanceados de México (Albamex), Industrias Conasupo (Iconsa), Maíz Industrializado Conasupo (Mi-consa), Trigo Industrializado Conasupo (Triconsa) y Centros Cona-supo de Capacitación (Ceconca).

» Desaparición de los precios de garantía del arroz, trigo, sorgo, soya, cártamo y copra (1989). La Compañía Nacional de Subsistencias Po-pulares (Conasupo) restringió su actividad al acopio de maíz y frijol.

» Creación de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca, 1991), en previsión del cierre de Conasupo.


» Eliminación del precio de garantía del frijol (1994).» Negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN, 1990-1993).» Modificaciones privatizadoras a la Ley Federal del Agua (1994).» Sustitución de los subsidios indirectos por directos al productor

vía el Programa de Apoyos Directos al Ingreso del Productor (Pro-campo, otoño-invierno 1993-94).

» Entrada en vigor del TLCAN (primero de enero de 1994).

Crisis alimentaria: cambio de escenario

Después de la segunda guerra mundial, se vivió un largo periodo de cotiza-ciones agropecuarias decrecientes. En los últimos 30 años, el precio de los alimentos se redujo 75 por ciento, no tanto por apertura de nuevas tierras al cultivo sino por mayores rendimientos y cosechas, resultantes de tecno-logías asociados a la llamada revolución verde que dieron lugar a una suerte de agricultura industrial donde, en apariencia, se puede aumentar casi ilimi-tadamente la productividad con relativa independencia de las condiciones agroecológicas. Al explosivo incremento del riego (en el siglo XX se constru-yeron 800 mil presas: 45 mil de más de 15 metros de altura y 100 aún mayo-res), se agregó la mecanización a ultranza, las semillas mejoradas, un mayor empleo de fertilizantes químicos, nuevos herbicidas y una amplia gama de pesticidas. Esto, los subsidios y en muchos casos el saqueo impago de re-cursos naturales no renovables, como aguas fósiles, transformaron a los países metropolitanos en granero del mundo dejando a los periféricos como abastecedores de algunas materias primas agropecuarias e importadores netos de comida.

Para renunciar a la seguridad alimentaria basada en autoproducción y en reservas estratégicas propias, los neoliberales al mando argumentaban que los países de la gran franja equinoccial no tienen vocación cerealera y era más razonable que importaran granos baratos a que los produjeran caros. Y, más allá del dumping económico y ambiental que practican las me-trópolis primermundistas, lo cierto es que sus rendimientos técnicos y sus abundantes cosechas permitieron mantener bajos los precios de los granos básicos, lo cual proporcionó una apariencia de validez a la decisión.

Esto terminó en 2007, cuando el índice de precios de alimentos de The Economist llegó a su punto más alto desde que empezó a hacerse en 1845


y los inventarios de los cereales, como porcentaje de la producción, fueron los menores jamás registrados. A fines de 2007, como saldo de un incre-mento de 130 por ciento durante el año, el trigo llegó a 400 dólares la to-nelada –el mayor precio del que haya memoria–, y el maíz escaló los 175 dólares, también un récord. Cierto, se trata de picos, pero aun cuando después descendieron bastante, las cotizaciones se mantuvieron elevadas respecto de las que habían prevalecido durante la década anterior. Y estas alzas provocan desplazamiento y encarecimiento de otros cultivos como el arroz, que en los primeros meses de 2008 tuvo un alza de 75 por ciento, y en tanto que se dan en insumas ganaderos, ocasionan el encarecimiento de la carne, el huevo y los lácteos. Según el Banco Mundial, de fines de 2006 a principios de 2008, el precio de los alimentos en general se incrementó en casi 50 por ciento.

Las malas cosechas influyen en este comportamiento de los precios, pero más allá de fluctuaciones anuales las causas de fondo del encarecimiento son otras, de modo que el mediano y largo plazo resultan igualmente omi-nosos: según The Institute of Science in Society, con datos del International Food Policy Research Institute, de continuar las tendencias actuales, el pre-cio de los alimentos aumentará entre 26 y 35 por ciento para 2020.

Por parte de la demanda, hay que considerar el incremento del empleo de granos para la alimentación de ganado (provocado, entre otras cosas, por el cambio de hábitos alimentarios en países como China e India), y más recientemente la explosiva demanda de maíz y otros productos de potencial consumo humano para producir agrocombustibles fuertemente subsidiados (15 mil millones de dólares anuales solo en los países de la OCDE, según The Financial Times). La combinación es explosiva, pues entre 2004 y 2007, el mismo incremento que tuvo la producción maicera lo tuvo el empleo de este grano para fabricar etanol, de modo que el aumento de la demanda forrajera presionó sobre las reservas, el saldo: alzas bruscas de los precios. La con-versión de granos a combustibles y carne resulta ruinosa en un mundo con hambre, pues con la cantidad de cereal que aporta las calorías que una persona gasta en un día, apenas se produce un cuarto de litro de etanol o seis gramos de carne de res.

Por parte de la oferta, debe tomarse en cuenta la degradación de los sistemas agrícolas intensivos, cuyos altos rendimientos se lograron erosio-nando los recursos naturales, y los altos costos sociales, ambientales, productivos y de transporte, asociados a la apertura de nuevas tierras al cultivo, muchas de ellas vulnerables al cambio climático.


Otro factor no coyuntural que coadyuva al alza de precios por el lado de la oferta, es la imposibilidad de seguir soslayando indefinidamente los altos costos ambientales directos e indirectos de una actividad que con su actual modelo tecnológico emplea −y en gran medida contamina− la mayor parte del agua potable de la que disponemos, que genera un tercio de todos los gases de efecto invernadero (18 por ciento por deforestación y 14 por ciento por la producción misma) y que es usuaria de una porción sustanti-va del transporte, que a su vez genera 14 por ciento de dichos gases.

El fin de los alimentos baratos es inseparable del fin de los combustibles baratos. Agotamiento energético que es también el término del ciclo histó-rico que empezó hace más de doscientos años con el despliegue del capi-talismo industrial: un orden basado en la ganancia y sostenido por un creciente gasto de energía (en los últimos 20 años se empleó más energía que en toda la historia previa de la humanidad), que solo fue posible por la generosidad de los combustibles fósiles.

La crisis energética gravita decisivamente sobre la crisis agropecuaria. No solo porque una de las opciones frente a los combustibles fósiles son los agrocombustibles, cuya expansión se da, en parte, sobre tierras antes destinadas a otros cultivos; sino también porque la agricultura siguió los mismos patrones que la industria y hoy depende en gran medida de la disponibilidad y bajo costo de los derivados del petróleo: las máquinas agrícolas, muchos sistemas de riego y toda la agroindustria son grandes consumidores de energía, ciertos fertilizantes nitrogenados (urea, amo-niaco) provienen de la industria petroquímica, y la globalización agrope-cuaria supone mover cosechas masivas a grandes distancias con enorme costo en combustibles. El agotamiento del modelo energético es también el agotamiento del paradigma de la agricultura industrial que empezó a imponerse hace dos siglos.

En una era de caos climático y recursos disminuidos −sostiene el Manifiesto

sobre las transiciones económicas globales− el modelo neoliberal se vuelve invia-

ble. Su dependencia de las exportaciones con enormes gastos de transporte y

creciente empleo de recursos [...] es insostenible [...] La viabilidad económica

futura demandará un dramático vuelco hacia las economías locales, [...] reintro-

ducir una versión modernizada de la sustitución de importaciones [y] promover

una ordenada rerruralización y revitalización de las comunidades a través de

reforma agraria, educación, métodos agroecológicos de pequeña escala, con-

trol de importaciones-exportaciones y énfasis en la democracia local. Todo en


preparación de la inevitable desindustrialización de la agricultura que vendrá

al declinar la disponibilidad de combustibles baratos.1

El mundo necesita más y mejor comida, pero no puede producirla del modo como lo hacía antes. Con altos precios, bajos inventarios, ascendentes costos de transporte, progresiva derivación de las tierras y de los cultivos a fines no directamente alimentarios, y crecientes efectos del cambio climático sobre las cosechas, depender de la importación de granos básicos es ruinoso para los países que quizá podrían pagarla y suicida para los más pobres. En adelante no solo será social y políticamente pertinente sino también econó-micamente rentable en la perspectiva de las cuentas nacionales, recuperar la soberanía y seguridad alimentarias buscando autosuficiencia cuando menos en los bienes de mayor consumo. En palabras de Blanca Rubio:

La orientación de los países desarrollados hacia la producción de alimentos para

energéticos y con ello la reducción de la oferta mundial de granos para alimen-

tos implica que los países dependientes se verán obligados a fortalecer la auto-

suficiencia alimentaria a riesgo de orientar elevados montos de sus divisas a la

compra de los encarecidos alimentos en el exterior.2

Pero, ¿quién y cómo puede producir en cada país los alimentos que hacen falta? La salida no está en el agronegocio por tres razones: primera, su modelo tecnológico es depredador, de modo que si encabezara la nueva expansión agrícola, el daño ambiental sería incalculable; segunda, su racio-

nalidad económica es especulativa, lo que maximizaría las rentas a las que dará lugar el necesario cultivo de tierras cada vez más lejanas y menos fértiles; tercera, su mane-jo político del hambre le permite extorsio-nar pueblos y chantajear gobiernos.

Seguir dejando en manos privadas el aprovisionamiento alimentario cuando

1 Jerry Mander (ed.), Manifesto on Global Economic Transitions, s/l, The Internacional Forum on Globalization, The Institute for Policy Studies, Global Project on Economic Transitions, septiembre de 2007.

2 Blanca Rubio, “¿Hacia un nuevo orden agroalimentario energético mundial?”, en Revista In-terdisciplinaria de Estudios Agrarios, núms. 26-27, Buenos Aires, 2007.

Hacer realidad el derecho a la alimen-tación y a la soberanía y seguridad alimentaria para toda la población, así como programas especiales de nutri-ción materno-infantil (Movimiento Pro-gresista, Plan de Gobierno, p. 43)


este se encuentra en riesgo, es propiciar el arrasamiento final de campesinos y comunidades indígenas por una agricultura especulativa controlada por transnacionales que, además, no genera empleo (en el caso ejemplar de la soya, apenas dos jornales por cada mil hectáreas); es alentar la degradación de suelos, aguas y biodiversidad por un sistema de cultivo extractivo o minero que ya mostró sus límites. Pero también es profundizar las distor-siones del mercado pues la apropiación y valorización de recursos naturales limitados y de distinto potencial productivo genera rentas diferenciales y facilita las rentas absolutas especulativas. Estas últimas, no solo porque al monopolizar el medio de producción, los insumas de patente y los sistemas de mercadeo se controla la oferta, sino porque al tratarse de alimentos básicos la demanda es inelástica y los precios no tienen más límite que la voracidad corporativa y la capacidad de pago del hambreado consumidor. Rentas que se embolsan en mayor proporción las transnacionales graneleras que sus personeros en la operación del cultivo, empresarios por lo general ajenos al campo que buscando la mayor ganancia en el plazo más corto, se asientan temporalmente en la tierra para establecer una agricultura preda-dora y sin agricultores. Ejemplo de esto son los “desiertos verdes” soyeros que invaden el cono sur del continente americano.

Dada su relevancia alimentaria, su importancia laboral y la trascenden-cia de sus aportes ambientales y culturales, el buen manejo de los bienes comunes y patrimonios colectivos del mundo rural es socialmente priori-tario. Interés primario que en un contexto de crisis energético-alimentaria deviene asunto de seguridad nacional y global donde los requerimientos de los mexicanos todos y de la humanidad entera, están por encima de la “mano invisible” del mercado y la no tan invisible de las transnacionales y sus protectores imperiales. En su entreverada e integral multidimensiona-lidad, el campo es ámbito de interés público cuya conducción debe ser compartida por el Estado y la sociedad organizada: comunidades rurales, pobladores, productores agropecuarios, consumidores, creadores de cul-tura, expertos...

La dependencia alimentaria mexicana se disparó en los tiempos del TLCAN. En los últimos 15 años, México incrementó 400 por ciento las impor-taciones de alimentos, para lo cual se erogaron alrededor de 180 mil millones de dólares. En 1980, antes de la conversión neoliberal, el país importaba 27 ciento del consumo nacional de arroz, en 2010 adquirimos en el exterior 75 por ciento; en cuanto al maíz, importábamos 17 por ciento y hoy impor-tamos 25 por ciento; del trigo traíamos de fuera 10 por ciento y ahora


importamos 42 por ciento. De 1990 a 2010, la importación de carne de bo-vino en canal se incrementó 281 por ciento; la de huevo, 185 por ciento; la de ave, 1 035 por ciento.

Para México, como para muchos otros países severamente deficitarios en alimentos, restaurar la autosuficiencia en básicos supone incrementar sos-tenidamente los rendimientos pero también recuperar la superficie antes sembrada y aun ampliarla. Expansión de la frontera agrícola que para que no sea predadora sino sostenible debe incorporar criterios ecológicos, es decir, un manejo múltiple y flexible de los recursos naturales y sociales adecuado a su frágil condición. De lo contrario, si la expansión de los cultivos se rige por la maximización de las ganancias en el tiempo más corto, la nueva pro-ducción alimentaria adoptará la forma de monocultivos “extractivos” que ya tiene en buena parte del planeta, con saldos ambientalmente catastróficos.

Ha llegado el día en que los productores de escala modesta alimenten de nuevo al mundo. La alternativa local, nacional y global es la pequeña y mediana producción familiar o colectiva, operando en un marco institucional que, en vez de inhibirlas o suplantarlas, potencie sus virtudes sociales, am-bientales, tecnológicas y económicas. El cultivo doméstico y asociativo, por lo general multiactivo y diversificado, puede incrementar su oferta directa-mente agropecuaria y su aportación de bienes sociales, ambientales y cultu-rales, como ya lo hizo en el pasado. Pero si no tiene apoyo público y no se regula su entorno económico, acabará vendiendo a precios de costo y consu-miendo sus recursos naturales y productivos en vez de conservarlos e incre-mentarlos. Porque si el agronegocio cobra rentas a la sociedad, la agricultura campesina por lo general las paga y con ello, a la larga, deja de ser viable.

Necesitamos, entonces, un nuevo entendimiento entre el surco y la banqueta, donde la ciudad reconozca y retribuya las reales aportaciones de un campo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamen-te eficiente. Y esto se deberá materializar en políticas públicas orientadas a darle viabilidad técnico-económica a lo que es social y ambientalmente necesario, en acciones que revitalicen el mundo rural interviniendo decidi-damente el mercado agropecuario de alimentos mediante regulaciones y políticas compensatorias. Hoy sabemos que solo la diversidad tecnológica y productiva es agroecológicamente sustentable y socialmente incluyente, pero el mercado (aun el de la “libre concurrencia” y no digamos el realmen-te existente, jineteado por las transnacionales) hace tabla rasa de la diver-sidad virtuosa pues no entiende de costos legítimos pero desiguales y es sordo y ciego para “externalidades” socioambientales, decisivas como


preservar la naturaleza, generar empleo e ingreso, propiciar la equidad social, sustentar la diversidad cultural...

Hacia un nuevo pacto entre el campo y la ciudad

Durante el siglo XX, la relación agricultura-industria siempre fue asimétrica y desfavorable al campo, pero en los ochenta el viraje neoliberal rompió totalmente la complementariedad entre el México urbano y el México rural, al emprender una integración económica con Estados Unidos donde el gran perdedor fue nuestro sector agropecuario, y en particular los campesinos que producen para el mercado interno. Este es el origen de la prolongada degradación rural que nos conmueve.

Para sentar las bases del debate, es necesario reconocer que el agrocidio en curso fue premeditado y alevoso. La destrucción de la agricultura mexi-cana −particularmente la campesina y de mercado interno− fue premedita-da, no resultado de torpezas o circunstancias. Las políticas desreguladoras de los años ochenta del pasado siglo dejaron saldos comerciales negativos y a principios de los noventa todos los estudios anunciaban una catástrofe rural por el TLCAN. Entonces, no dejar fuera cuando menos maíz y frijol −como sí lo hizo Canadá con lácteos y aves− fue intencional; y junto con los cambios al artículo 27 de la Constitución, la reducción y reorientación del gasto público y la cancelación de políticas de fomento, buscaba minimizar al campo en términos de producción, empleo y demografía. También pre-tendía acabar con la comunidad agraria y la cultura campesina e indígena, como parte de un cambio de identidad que nos haría modernos por la vía de integrarnos con el norte. Pero el acelerado crecimiento de la industria y los servicios que daría empleo a los desplazados del campo no ocurrió, de modo que el deterioro económico se transformó en deterioro social y la crisis rural devino crisis nacional.

Para recuperar el proyecto de país es indispensable rectificar la ruta antiagraria, anticampesina y antinacional impuesta por los gobiernos neo-liberales. Cambiar el curso suicida en que nos metieron las últimas admi-nistraciones priistas y en el que perseveraron los gobiernos del PAN, significa reconocer que el agrocidio fue premeditado y romper expresamen-te con esa línea. Porque no bastan ajustes menores y darle aún más tiempo a las políticas neoliberales que ya llevan dos décadas de estropicios. Hace falta un nuevo modelo de desarrollo que rescate al campo y a los campesinos


en términos de economía, sociedad, medio ambiente y cultura. No se trata de volver atrás, a las políticas clientelares y la corrupción. Es necesario un nuevo pacto entre el México urbano y el rural, y en este contexto, un nuevo

trato entre el Estado y los campesinos.Para restaurar el México rural, habrá que

reconocer, ponderar y retribuir la multifun-cionalidad de los campesinos. La base de los cambios que se demandan está en reconocer las múltiples y decisivas funciones del campo en las tareas del desarrollo, lo que algunos

llaman externalidades positivas en forma de servicios sociales, ambientales y culturales. Porque los campesinos no quieren compasión ni piden limosnas. Los campesinos tienen compromisos económicos, sociales, ambientales y culturales con la nación y quieren cumplirlos. Pero para hacerlo necesitan condiciones adecuadas que hoy no existen.

Para reactivar e integrar las cadenas productivas es necesario fomentar la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comer-cializadoras asociativas. Las funciones económicas del campo no se pueden medir solo por el peso del sector agropecuario en el PIB. Si este es pequeño y disminuye, no es tanto porque caigan los volúmenes de la producción agropecuaria, como porque decrecen sus precios relativos.

Los campesinos cada vez dan más y cada vez reciben menos. Y el ses-go antiagrícola de la economía se profundiza al devaluarse los cereales básicos por importaciones dumping y depreciarse las materias primas de exportación por sobreoferta inducida y prácticas comerciales monopólicas y especulativas. Pero al caer los precios, se desalienta el cultivo y disminuye físicamente la producción. El círculo vicioso se origina en un mercado agropecuario mundial asimétrico, politizado y controlado por las transna-cionales, la especulación financiera y las grandes potencias, que no tiene nada que ver con el “libre comercio”; y romperlo supone decisiones de Estado en el sentido de proteger del comercio desleal y abusivo un sector de la producción que aun en términos económicos pesa más de lo que parece, si tomamos en cuenta los valores reales de las cosechas y su efec-to multiplicador, horizontal y vertical, sobre la industria de insumos y maquinaria, la transformación, los servicios y el comercio.

Para recuperar la soberanía alimentaria hay que fomentar la producción campesina de granos y otros básicos. El valor de la producción agropecua-ria no se mide solo en volúmenes y precios, pues se trata en gran medida

Desarrollar programas sustenta-bles de cobertura universal para el desarrollo económico y social del sector rural. (Movimiento Progre-sista, Plan de Gobierno, p. 43)


de alimentos de los que depende la subsistencia de la población. Si es malo no producir máquinas, energía o materias primas, no cosechar los alimen-tos básicos nos pone en riesgo como nación. Garantizar la autosuficiencia en básicos y la seguridad alimentaria −como lo hacen las economías más poderosas− es indispensable para países pobres y dependientes que, de otra manera, estaremos sometidos a las eventualidades del mercado y de ro-dillas ante los dictados del imperio. Y esta capacidad se perdió cuando los tecnócratas sacrificaron la agricultura en nombre de la globalización. En-tonces, recuperar para el pueblo y el Estado mexicanos la soberanía alimenta-ria −entendida como capacidad de garantizar la producción nacional y el acceso de la población a los bienes básicos de consumo− es componente fundamental del nuevo modelo de desarrollo que necesitamos.

Para frenar el éxodo rural y recuperar la soberanía laboral, se debe impulsar una agricultura doméstica y asociativa intensiva en trabajo. En el campo vive uno de cada cuatro mexicanos y en la agricultura trabaja uno de cada cinco, de modo que continuar desmantelándolos significa descobijar a una cuarta parte de los connacionales que el resto de la economía, estan-cada por lustros, no puede absorber. Reactivar la agricultura campesina es cuestión de soberanía y seguridad laborales, pues un país incapaz de emplear dignamente a la mayoría de sus ciudadanos y atenido a las circunstancias económicas y políticas de quien recibe a sus migrantes, es una nación min-usválida. Queremos una economía que no solo le produzca utilidades al capital, sino que también le genere empleo e ingresos al trabajador. Y eso es lo que ha hecho y puede seguir haciendo nuestra agricultura si no se empeñan en destruirla. Porque la mayor parte de los cultivadores mexica-nos son pequeños campesinos impuestos a sobrevivir en condiciones hostiles, que además aportan materias primas y alimentos al mercado y sustentan la mano de obra que la agricultura de riego y de plantación solo emplea por temporadas.

Para contrarrestar la crisis ambiental habrá que impulsar una produc-ción campesina amigable con la naturaleza. Rico en recursos naturales, hoy degradados, y diversidad biológica que se pierde aceleradamente, México está al borde de una enorme crisis ambiental. El modelo de urbanización-industrialización es culpable, y también una estrategia agrícola depredado-ra que dañó severamente tierra, agua, aire, flora y fauna. Pero si en sus etapas de expansión dicha estrategia destruyó ecosistemas, es aún más ecocida cuando la actividad rural retrocede. Despoblar el campo no es conservar la naturaleza, pues los ecosistemas se reproducen socialmente.


Para restaurar los recursos y equilibrios perdidos hace falta restaurar también una economía campesina sustentable capaz de aprovechar sin destruir.

Para recuperar la convivencia, es indispensable devolver a los campe-sinos la confianza en un futuro digno. La descomposición del tejido social es el saldo más doloroso de la crisis rural. La migración compulsiva, la to-lerancia con un narconegocio que activa las economías locales y, ocasional-mente, las estrategias de sobrevivencia delincuenciales, la agudización de los conflictos, la proliferación de grupos guerrilleros, el descreimiento en las instituciones, la ingobernabilidad hormiga, son procesos perversos que no remitirán mientras el campo siga siendo cárcel y condena para las nuevas generaciones rurales. Hay que restaurar la economía y la naturaleza, pero también la esperanza. Y el desprecio a lo campesino, no solo en las políticas sino en el discurso público, es parte del problema.

Para retomar las raíces de nuestra identidad, es indispensable darle viabilidad económica a la comunidad agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóctonas y mestizas. En el campo están nuestras raíces culturales. El México urbano perderá irremisiblemente su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Pero no se trata de preservar reliquias arqueológicas sino de restaurar la vitalidad socioeconómica del campo como sustento de su vitalidad cultural. No caben aquí nostalgias reaccionarias, que los jóvenes rurales son los primeros en rechazar. Queremos un México moderno, plural y abierto al mundo, pero que sea también un México indígena y campesino.

Para impulsar la democracia participativa es necesario reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indios. Si al país le falta tradición de-mocrática, el campo ha sido territorio privilegiado del autoritarismo nacional. El México rural ha sido y es el México bronco; un ámbito donde por norma general no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos. El clientelismo corporativo es tradición acendrada de nuestras organizaciones sociales y el caciquismo autoritario sigue predominando en los gobiernos locales. Si bien los ejércitos campesinos forjaron nuestra historia como país, en tiempos de paz se restablecen en el agro los autoritarismos. La democra-cia es una gran asignatura pendiente del México rural. Desde hace tiempo los hombres del campo están empeñados en transformar profundamente nuestros sistemas de convivencia gremial y ciudadana. En particular los pueblos indios han puesto la muestra de lo que puede ser una nueva socia-lidad democrática, participante y autogestiva. Pero el Estado se ha negado a reconocer constitucionalmente sus derechos autonómicos. Los campesinos


reivindican la Ley Cocopa, como garante de los derechos de nuestra porción indígena, pero también como modelo de las autonomías cívicas, sociales y económicas que todos, indios y mestizos, estamos empeñados en construir.

Otro campo y otro mundo son posibles

Víctimas directas de la crisis energética que dispara sus costos y, en la opción de los agrocombustibles, compite por tierras y aguas; protagonistas desta-cados de la debacle alimentaria y opuestos a falsas soluciones como los transgénicos, que no solo atentan contra productores y consumidores sino contra la diversidad biológica; torrente fundacional y aun caudal importan-te del éxodo transfronterizo; damnificados mayores de un sistema político que si en general está en deuda con la verdadera democracia, en el campo sigue repitiendo las fórmulas clientelares del viejo “ogro filantrópico”; víc-timas mayores de todos los males, los campesinos persisten y los que están organizados para resistir vislumbran otro campo posible como parte de otro mundo posible.

Rescatar el campo es oponerse a la desruralización que el capitalismo emprendió desde sus años mozos. Porque plantear una nueva y más justa relación entre agricultura e industria y entre el campo y las ciudades, es marchar a contracorriente de la ancestral tendencia del sistema a desarrollar al mundo urbano-industrial a costa del rural-agrario. Porque proponer e impulsar en la práctica una conversión agroecológica orientada a la susten-tabilidad social y natural, es confrontarse con los patrones científico-tecno-lógicos depredadores del hombre y la naturaleza impuestos desde la primera revolución industrial. Porque reivindicar tierras, aguas, biodiversi-dad, saberes y cultura como bienes colectivos es hacerle frente a la com-pulsión capitalista de mercantilizarlo todo.

Porque reclamar el derecho a la alimentación y a un trabajo digno, pues comida y empleo no pueden ser dejados a los designios del mercado, es atentar contra el sagrado principio de la libre concurrencia. Porque conce-bir y edificar el “mercado justo” entendido como una relación no solo eco-nómica sino principalmente social donde productores y consumidores acuerdan cara a cara, es un contrasentido, en un orden donde el mercado es, por definición, ciego y desalmado. Porque levantar las banderas de la autogestión económico-social y la autodeterminación política dentro de un


sistema donde se pretende que todos nos sometamos a los dictados del mercado y del Estado, es un atentado a los principios del liberalismo indi-vidualista acuñados desde la Ilustración.

Porque proclamar el buen vivir como opción a un progreso y un desarro-llo siempre discutibles como conceptos y que además incumplieron sus promesas, es poco menos que una herejía.

Estas alternativas campesinas y muchas más permiten avizorar algunos de los rasgos que deberá tener una modernidad otra. Altermundismo que en algunos es pura elucubración de cubículo, en el mundo rural es realidad en construcción, es utopía hecha a mano.

Compromisos

Reconocer el aporte de pequeños y medianos productores

y jornaleros agrícolas

Los trabajadores del campo no solo producen comida y vestido en forma de maíz, frijol, carne, leche, fibras; los trabaja-dores del campo también cosechan aire puro, agua limpia, tierra fértil y diversidad biológica. Además, su modo de vivir y trabajar genera cultura: infinidad de lenguajes, vestimentas, peinados, juegos, cantos, bailes, sabores y decires. Por si fuera poco, durante muchas décadas ofrecieron alimentos y mano de obra barata al servicio del crecimiento de la industria, y en las crisis eran el mejor seguro de desempleo, pues proporcionaban trabajo, autoabas-to e ingresos, cuando el resto de la economía se estancaba o caía. Por eso demandan que se reconozca la multifuncionalidad campesina: las numero-sas y decisivas aportaciones del agro a la vida humana. Los productores rurales tienen compromisos económicos, sociales, ambientales y culturales con sus pueblos, con sus países, con sus regiones, pero para poder cumplir-los necesitan condiciones adecuadas, condiciones que hoy no existen.

Salvar al campo para salvar a México

Para restaurar al campo y reanimar a México hay que cambiar radicalmen-te el curso antiagrario y anticampesino donde nos metieron los gobiernos neoliberales. De nada sirven los ajustes menores. No se puede dar más

Incluir el desarrollo rural susten-table del sector agropecuario, forestal y pesquero en un siste-ma nacional de planeación de-mocrática y desarrollo regional (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 43)


tiempo a las políticas antinacionales que llevan más de dos décadas destru-yendo nuestros países.

Esta visión no es nostálgica. No es una vuelta atrás, a las prácticas clien-telares y la corrupción, que por lo demás persisten. Es una exigencia de fu-turo establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate al campo y a los campesinos; que los revalore como sector viable de la pro-ducción, pero también como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral; como base de una socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad; como laboratorio cultural; como matriz de nuestra identidad; como condición de la goberna-bilidad democrática.

Por un nuevo pacto entre el México urbano y el México rural

Como todo el planeta, México marcha hacia una gran catástrofe civilizatoria: ciudades atestadas donde no hay empleo ni servicios suficientes, saldo del agrocidio neoliberal y el éxodo campesino; aire sucio, agua es-casa y turbia, tierra estéril, bosques talados, especies en extinción, clima errático, comida contaminada, producto todo de un modelo industrial y agropecuario insostenible; pueblos fantasma y megaurbes inhóspitas, testi-monios de una irracional vía de poblamiento.

Y para revertir esta catástrofe en curso, es necesario que los mexicanos del campo y los mexicanos de las ciudades pactemos una relación distinta de la que tenemos. Sin duda, también hace falta un nuevo trato de los gobiernos hacia el campo, pero estas nuevas políticas solo serán viables si son expre-sión de un renovado equilibrio entre agricultura e industria, de una inédita armonía entre lo urbano y lo rural, de un nuevo entendimiento entre cam-pesinos y citadinos.

Hacia una nueva reforma agraria

La tierra no es una mercancía. La tierra, con todos sus atributos superficia-les y profundos, es la que hace posible el trabajo productivo en el campo. La tierra es el territorio de las autonomías indias y los autogobiernos negros y mestizos. Pero ante todo, la tierra es raíz, es vida, es cultura.

O revitalizamos al campo o seguire-mos destruyendo la naturaleza, im-portando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras (Proyecto de Nación, p. 22)


El suelo, junto con el agua, los bosques y la biodiversidad toda, así como los saberes agrícolas, la medicina tradicional y la cultura indígena, son bienes colectivos, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

La tierra es bien natural y medio para producir, pero también el lugar donde los pueblos tenemos nuestra historia y nuestra cultura. Entonces la reforma agraria del tercer milenio no solo reivindica parcelas para los cam-pesinos como productores, demanda también el derecho al usufructo soste-nible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios. Ámbitos de gestión y gobierno, que en el caso de los pueblos indios son ancestrales y anteriores al establecimiento de los estados nacionales y de su derecho.

Por la defensa y reactivación del mercado interno

Ante el fracaso del modelo agroexportador y maquilador, que no ve más que al mercado externo, es necesario −sin darle la espalda− atender de nuevo los mercados locales, regionales y nacionales. Y en lo rural, reactivar e integrar las cadenas productivas, donde la producción se vuelve mercado de la producción, significa impulsar la agricultura pequeña y mediana, así como las agroindustrias, comercializadoras y financieras, asociativas.

Porque las funciones económicas del campo no se miden solo por el peso del sector agropecuario en el PIB. Si éste es pequeño y disminuye, no es tanto porque caigan los volúmenes de la producción, como porque de-crecen sus precios relativos. En perspectiva histórica, los campesinos cada vez dan más y cada vez reciben menos. Y el sesgo antiagrícola de la econo-mía se profundizó después de la firma del TLCAN, al devaluarse los cereales básicos por importaciones dumping y depreciarse las materias primas de exportación por sobreoferta inducida y prácticas comerciales monopólicas y especulativas. Pero al caer los precios se desalentó el cultivo, y la produc-ción creció menos que la demanda. Paradójicamente, cuando los precios internacionales de los granos suben sucede lo mismo: las corporaciones globales y los grandes compradores especulan y el alza perjudica a los consumidores y no beneficia a los productores. El círculo vicioso tiene su origen en un mercado agropecuario mundial asimétrico, politizado y con-trolado por transnacionales y grandes potencias, que no tiene nada que ver con el “libre comercio”, y cuya ruptura supone decisiones de Estado en el sentido de proteger del comercio desleal y abusivo a un sector de la pro-ducción que aun en términos económicos pesa más de lo que parece, si toma-mos en cuenta los valores reales de las cosechas y su efecto multiplicador


horizontal y vertical sobre la industria de insumos y maquinaria, las activi-dades de transformación, y los servicios y el comercio.

Recuperar la soberanía y seguridad alimentarias

Un pueblo que no tiene asegurada su alimentación es un pueblo sometido. Es por eso que mediante tratados de libre comercio, exportaciones a precios de dumping y programas de “ayuda alimentaria”, los países poderosos y sus transnacionales se empeñaron en una guerra por desmantelar las agricul-turas de los países económicamente débiles. Así, la comida se transformó en arma de los imperios; potencias que protegen y subsidian sus agricultu-ras, mientras a nosotros nos imponen la apertura comercial, arrasando cultivos, arruinando campesinos y poniendo de rodillas a naciones incapa-ces de emplear a su población y producir sus alimentos.

Por eso luchamos por la soberanía alimentaria, entendida como el de-recho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de produc-ción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como el derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente. En nuestros países, el derecho a la alimentación solo se garantiza fomentando la agricultura destinada al mercado interno y, en particular, respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuaria, forestal, pesquera y artesanal, así como sus sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales.

Rechazamos, entonces, la introducción y el uso de organismos genética-mente modificados, tanto por sus impactos en nuestras reservas biológicas y en la salud de los consumidores, como porque remachan la dependencia de los agricultores respecto de las transnacionales productoras de semillas y agroquímicos. Como pueblo de maíz nos agravia particularmente la con-taminación de los maíces nativos con transgénicos.

Restablecer la seguridad y soberanía en el empleo

Para frenar el éxodo es necesario que el gobierno desarrolle políticas de fomento económico comprometidas con el empleo y no solo con la presun-ta competitividad. Y para contener el éxodo rural hay que impulsar una agricultura familiar y asociativa intensiva en trabajo. En el campo vive uno de cada tres mexicanos, de modo que continuar desmantelando nuestra


agricultura significa descobijar a un tercio de la población, que el resto de la economía no puede absorber. Reactivar la agricultura campesina es, en-tonces, cuestión de seguridad nacional, pues países incapaces de emplear dignamente a la mayoría de sus ciudadanos y atenidos a las circunstancias económicas y políticas de quien recibe a sus migrantes, son naciones mi-nusválidas.

Por los derechos del que migra, pero también por el derecho a no migrar

El campo mexicano se está vaciando. Sin trabajo, sin ingresos y sin futuro, muchos campesinos emprenden el camino de la migración, un peregrinar que ya no es solo estacional y relativamente cercano, sino distante y con frecuencia definitivo. Algunos gobiernos piensan que es buen negocio ex-portar ciudadanos a cambio de las remesas en dólares que los migrados envían. Esto es una vergüenza.

Para nosotros la emigración forzada por la miseria es un cáncer que deber ser combatido y erradicado antes de que nos destruya como nación. Pero, entretanto, el éxodo campesino y de otros sectores es un hecho y debemos reivindicar los derechos humanos y laborales de los migrantes. Derechos sistemáticamente violados, no solo por gobiernos como el de Estados Unidos, sino también por el gobierno mexicano, que se comporta frente a los migrantes centroamericanos como policía y cancerbero de los yanquis.

Los asalariados estacionales, migrantes o no, son el sector más nume-roso, pobre y desamparado de nuestra muy pobre y desamparada población rural, pues por lo general se emplean por temporadas, y no solo no se res-petan sus derechos laborales y carecen de seguridad social, sino que tam-poco se respetan sus derechos humanos. Es indispensable, entonces defender los derechos del trabajo rural y en particular de los trabajadores migratorios y jornaleros.

Pero no podemos conformarnos con pelear por una migración con rostro humano. Así como luchamos por el derecho a la alimentación y por la soberanía alimentaria, luchamos también por el derecho al trabajo y por la soberanía laboral. Porque un país que no puede garantizarle a sus ciudada-nos un empleo digno y bien remunerado, un país que para sostenerse debe exportar a sus jóvenes, un país que vive de los ahorros que su población transterrada envía de regreso a sus familiares, es un país sin soberanía.


Sabemos que los flujos migratorios solo van a disminuir, y a perder su carácter compulsivo, cuando en México existan condiciones de vida dignas y expectativas de progreso. Crear estas condiciones supone impulsar un desarrollo hacia adentro y no solo hacia fuera, un desarrollo comprometido con la creación de empleo y con la distribución más justa del ingreso. En particular, un desarrollo que reactive la agricultura campesina y la produc-ción alimentaria.

Por una economía rural popular y solidaria

La economía popular es el modo en que los productores por cuenta propia y los consumidores pobres se organizan de manera autogestiva para sobre-vivir en el mundo deshumanizado del capital. En la economía popular lo que cuenta no es la ganancia sino la producción de bienes para la satisfacción de necesidades. Acorralada y agredida por las políticas neoliberales y la competencia desleal de los monopolios y de los productos agrícolas subsi-diados de los países centrales, la economía autogestiva, popular y campe-sina resiste, y en su resistencia prefigura el orden justo y solidario por el que luchamos.

Los campesinos parcelarios o asociativos, que son el núcleo de la economía popular, padecen una guerra de exterminio impulsada por las transnacionales y los gobiernos imperiales, pues doblegada la agricultura mediana y pequeña que produce alimentos, estaremos por completo a merced del capital. Entonces, defender la economía popular es defender el presen-te y el futuro de México, porque en un país estragado donde hasta la bur-guesía es, en general, torpe y mezquina, atenerse a la otra economía, a la economía empresarial, es apostar a la exclusión y al desempleo, y en el mejor de los casos, a una explotación asalariada maquiladora y finquera, propia del régimen fabril y las plantaciones esclavistas del siglo XIX.

Mientras que la lógica del capital es rapaz y depredadora, la pequeña producción agropecuaria es, cuando la dejan, amable con el medio ambiente y con los trabajadores. Una producción respetuosa de la naturaleza, pero también socialmente justiciera. No es verdad que la economía campesina por definición no sea competitiva. Quizá los pequeños y medianos productores no tienen los rendimientos físicos y económicos de los grandes, pero pueden ser mucho más eficientes que los empresarios en la generación de empleo e ingreso dignos, en la producción de comida y seguridad alimentaria, en la preservación y reproducción de los recursos naturales y la biodiversidad.


Pero la economía popular no está solo en la producción primaria, se encuentra también en los servicios técnicos, el financiamiento, la industria-lización y el mercadeo, actividades de las que los productores directos tienen que apropiarse colectivamente si no quieren estar siempre en des-ventaja frente al capital privado.

La integración horizontal entre productores diversos y consumidores locales y la integración vertical en cadenas productivas, operada por em-presas asociativas, es una opción irrenunciable de los pequeños y media-nos productores del campo. Como lo es la búsqueda de acuerdos con los consumidores, tanto los nacionales como los solidarios de los países de-sarrollados, que sustentan las redes internacionales del comercio justo: un intercambio basado en la conciencia y no en el lucro, que demuestra que aun en el terreno del mercado puede prevalecer la solidaridad.

Contra la privatización de la vida

La diversidad biológica, pródiga en México, es nuestra principal herencia y patrimonio. Preservarla y restaurarla, pero también aprovecharla produc-tivamente, es responsabilidad mayor de todos los mexicanos. Por eso re-chazamos la privatización de códigos genéticos y saberes comunitarios. Patentes inaceptables, pues privatizan la vida, que pasa a ser una mercancía más, y nulifican el derecho de las comunidades rurales y campesinas al usufructo de los recursos genéticos y la biodiversidad. Por eso defendemos los saberes tradicionales que son patrimonio de las comunidades: conoci-mientos de creación colectiva y disfrute compartido que no deben caer en manos de corporaciones que trafican y especulan con ellos. Por eso repu-diamos, también, la privatización del agua dulce, recurso cada vez más contaminado y escaso que es base de todas las formas de vida.

Por una producción ambientalmente sostenible

Rico en recursos naturales, hoy degradados, y en diversidad biológica que se pierde aceleradamente, México está al borde de una enorme crisis ambien-tal. El modelo de urbanización-industrialización es culpable, pero también una estrategia agrícola depredadora que dañó severamente tierra, agua, aire, flora y fauna; una tecnología intensiva en el uso de agroquímicos, que envenena la tierra, el aire y el agua; pero igualmente envenena al trabajador y envenena al consumidor.


Y si en sus etapas de expansión, dicha estrategia destruyó ecosistemas, es aún más ecocida cuando la actividad rural retrocede. Despoblar el campo no es conservar la naturaleza, pues los ecosistemas se reproducen socialmente. Para restaurar los recursos y equilibrios perdidos, hace falta restaurar también una economía agrícola sustentable capaz de aprovechar sin destruir.

Por los derechos de la mujer campesina

Las mujeres del campo tienen derechos, no solo reproductivos, también económicos, la-borales, sociales, políticos, agrarios... Dere-chos disminuidos o de plano negados, tanto por la sociedad nacional, como por las comunidades agrarias, las organiza-ciones sociales y en el ámbito familiar. La labor de las mujeres campesinas no ha sido reconocida, de modo que el valor de su trabajo no se refleja en el precio de los productos; y tampoco se reconoce su aportación primordial a la conservación de las semillas y de los saberes agrícolas. Defendemos el derecho de las mujeres del campo a ser vistas, escuchadas y tomadas en cuenta, porque queremos que la democracia, la justicia y la equidad empie-cen por el hogar pero se extiendan a la comunidad, la organización, el país.

Restablecer la esperanza en el campo y recuperar a los jóvenes

La necrosis del tejido social es el saldo más doloroso de la crisis rural. La migración compulsiva, las estrategias de sobrevivencia delincuenciales, la agudización de los conflictos, el descreimiento en las instituciones y la in-gobernabilidad hormiga son procesos perversos que no remitirán mientras el campo siga siendo cárcel y condena para las nuevas generaciones. Porque cada vez más jóvenes rurales ya no creen en la agricultura ni encuentran su destino en el campo, hay que restaurar la economía y la naturaleza, pero también la esperanza, pues sin sangre nueva el campo no tiene futuro.

Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad

Para recuperar las raíces de nuestra identidad debemos darle viabilidad eco-nómica a la comunidad agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóc-tonas, afroamericanas y mestizas.

México enfrenta un deterioro ecoló-gico y ambiental de grandes propor-ciones. (Programa PRD, p. 63)


En el campo están nuestras raíces, y el México urbano perderá irremi-siblemente su identidad si no se reconcilia con el México rural. Se trata de restaurar la vitalidad socioeconómica del campo como sustento de su vita-lidad cultural. Proponemos un México moderno, plural y abierto al mundo, pero que sea también indígena y campesino.

Por el reconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indios

Durante más de cinco siglos, los pueblos originarios del continente fueron oprimidos y humillados casi hasta la extinción. Hoy los indios americanos, el corazón étnico de nuestros países, están de pie reclamando todos sus derechos: políticos, socioeconómicos y culturales.

El alzamiento zapatista de Chiapas colocó en primer plano la urgente necesidad de reconocer los derechos autonómicos de los pueblos autócto-nos, lo que significa reconocer su territorio, normas políticas y jurídicas, saberes y prácticas productivas, lenguas y culturas.

Defender la democracia representativa y profundizar la participativa

La lucha por las libertades políticas es vieja en los pueblos agrarios, pero en el campo, la democracia como forma de gobierno sigue pendiente y, por el contrario, existe una larga historia de autoritarismo y represión. Historia negra que no ha terminado. El campo ha sido territorio privilegiado de la prepotencia y la arbitrariedad; un ámbito donde por norma no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos. Pero, además, el cliente-lismo corporativo es hábito acendrado de muchas de nuestras organizacio-nes sociales y el caciquismo sigue dominando en los gobiernos locales.

Por eso, desde hace tiempo, los hombres y las mujeres de la tierra están empeñados en transformar profundamente sus sistemas de convivencia gremial y ciudadana. En particular, los pueblos indios han puesto la muestra de que los vicios más acendrados pueden erradicarse, de que las cosas pueden cambiar, de que en el campo puede crearse una nueva socialidad democrática, partici-pante y autogestiva. Pero el Estado se ha negado a reconocer y respetar esos derechos. Los derechos autonómicos competen directamente a nuestra por-ción indígena, pero también son modelo de las autonomías cívicas, sociales y económicas que todos, indios y mestizos, estamos empeñados en construir.


Los pequeños y medianos productores del campo quieren seguir cose-chando alimentos sanos para todos; quieren seguir generando empleo e ingreso para millones; quieren seguir cuidando los recursos naturales que nos dan aire puro, agua limpia, tierra fértil y diversidad biológica; quieren mantener y desarrollar nuestra cultura y nuestros usos y costumbres indios, afroamericanos y mestizos, que son orgullo nuestro y patrimonio de todos; quieren impulsar nuevas formas de convivencia democrática.

Diez acciones estratégicas

1. Moratoria a la siembra de maíz transgénico y al uso de tierras agríco-las y de alimentos para la elaboración de agrocombustibles.

2. Renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organiza-ción Mundial de Comercio, a fin de rescatar la soberanía alimentaria, proteger los derechos de los campesi-nos, trabajadores agrícolas y migran-tes, así como el derecho a no migrar y los modos de vida rurales.

3. Exclusión del maíz, el frijol y demás cultivos estratégicos del TLCAN. Esta-blecimiento, con base en el artículo 131 constitucional, de un sistema permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y otros alimentos estra-tégicos, a efecto de que únicamente se autoricen importaciones o exportaciones en casos comprobados de desabasto o excedentes.

4. Aprobación por el Senado de la República de las minutas por las cuales se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación y se aprueba la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobadas en la Cámara de Diputados en la LXI y LIX legislaturas, respectivamente.

5. Reformas legales para el restablecimiento del papel rector del Es-tado en la estabilización de los mercados agroalimentarios, inclu-yendo precios mínimos garantizados y la constitución de una reserva estratégica de alimentos, con funciones de regulación de

Para construir esta economía pro-ductiva y un desarrollo sustenta-ble, justo e igualitario, se requiere la movilización y la participación de la sociedad y la definición y la ejecución de políticas públicas encaminadas hacia este objetivo. (Plataforma, 2009-12, PRD, p. 23)


los precios al productor y al consumidor y para garantizar la segu-ridad alimentaria del país.

6. Reforma al artículo 27 constitucional a efecto de garantizar y for-talecer la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de pueblos indios, ejidos y comunidades. Creación de la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino y establecimiento de un programa especial de fomento a la producción campesina y susten-table de alimentos que incluya: inversiones públicas estratégicas para el desarrollo productivo, precios justos para el productor, control de precios a los insumas, subsidios a la capitalización de las unidades de producción, acceso universal a créditos y servicios financieros, asistencia técnica, desarrollo tecnológico, infraestructura de almace-namiento y transporte, etcétera. Programa especial que deberá incluir acciones afirmativas para abatir la desigualdad, la exclusión y la dis-criminación en contra de pueblos indios, mujeres y jóvenes rurales.

7. Programa para la creación de empleos rurales por medio de inver-siones públicas estratégicas para el desarrollo productivo y social en el sector rural (caminos, tramos ferroviarios, electrificación, infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego, conservación del agua y suelo, reforestación comunitaria, manejo sustentable de la cubierta forestal, hospitales, centros de salud, escuelas, espacios deportivos y culturales, etcétera).

8. Programa especial para eliminar la desnutrición y anemia infantil y materna en 2015.

9. Programa de acciones contra la concentración oligopólica y las prácticas anticompetitivas en el mercado agroalimentario.

10. Ciudadanía plena y democracia en el medio rural. Combate frontal al clientelismo y al corporativismo. Apoyo y fomento (productores, campesinos, mujeres, jóvenes, jornaleros agrícolas, pobladores rurales, etcétera) al asociacionismo autónomo y autogestivo, pro-ductivo y social, en el nivel local, en redes regionales, estatales y nacionales. Nueva relación con organizaciones rurales: autonomía y respeto a la pluralidad; no al clientelismo y corporativismo como en el viejo régimen.

Neoliberalismo y pobreza

María Alejandra Hernández

El neoliberalismo, corriente de pensamiento económico sustentado en la premisa de que la única manera viable de administrar los recursos de

la economía es el libre mercado, y que por lo tanto se opone a la regulación por parte del Estado, es una fórmula impulsada por Estados Unidos y orga-nismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Esta fórmula tuvo una amplia promoción desde la década de los ochenta, cuando los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret That-cher en Inglaterra la instituyen y extienden al resto de los países, tanto desa-rrollados como en vías de desarrollo. Entre sus características destaca que:

» Se sustenta en el principio del dejar hacer (laissez faire) a las gran-des empresas, es decir, comerciar sin rendir cuentas a ningún ente superior (en este caso, a las instituciones estatales).

» Se opone a la intervención del Estado como ente regulador de la economía, reduciendo su papel al de garante de la competencia monopolista y su impulso, así como a la venta de sus empresas a los hombres de negocios, tanto nacionales como extranjeros.

» Busca evitar el proteccionismo y, en contraste, promueve la libre circulación de mercancías, donde la apertura del comercio, defini-da como la libertad de comerciar entre los diferentes países sin restricción alguna, y las nuevas inversiones, son la prioridad.

» Da prioridad al mercado mundial, dejando en un segundo plano al mercado interno de cada país.

Los problemas que el neoliberalismo atribuye a la intervención estatal: déficit fiscal producto de las regulaciones de la economía y la existencia de programas sociales; corrupción en el control de los medios de producción;


recesión e inflación del capitalismo industrial; desequilibrio económico y de productividad, traducidos en problemas de subsistencia para los ciudada-nos, bajo crecimiento económico, desempleo, desequilibrio en la balanza de pagos, así como caída y estancamiento de la productividad, se endosan a la erosión que sufrieron las condiciones de estabilidad política internacio-nal y crecimiento económico rentable, sobre las que se apoyaban todos los Estados de bienestar.

Estos desequilibrios se tradujeron en escasez de recursos disponibles por los Estados para cumplir con todos los programas sociales planteados y retraimiento de la inversión privada, lo que a su vez produjo fenómenos como: la hiperburocracia estatal, programas sociales sin recursos para operarlos, inversión privada sin tasas de ganancia acostumbradas y movi-mientos sociales que cuestionan la estructura estatal (Guillén, 2010).

De ello se desprendió un cambio en las prioridades de los factores reales de poder: se impuso que fuera el mercado y las empresas las encar-gadas de la asignación económica, optimizar los procesos de producción para incrementar las ganancias pero, al mismo tiempo, diluyendo el gasto en rubros como el social, trasladando a los agentes privados las funciones que antes eran competencia exclusiva de los estados (Calva, 2000:22).

A pesar de la aparente bonanza para los grandes consorcios empresa-riales, las contradicciones entre la población con amplio acceso al consumo y la cada vez mayor proporción de la población que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, generó señales de alarma desde mediados de los años noventa, en virtud de que la concepción dominante según la cual todo lo relacionado con la vida humana (la educación, la atención a la salud, el trabajo remunerado, la posibilidad del descanso, el esparcimiento y el ac-ceso a la cultura, la investigación científica, la creación artística) está deter-minado por la rentabilidad y no por el logro del bienestar de los seres humanos, incrementó los niveles de pobreza.

Pero la pobreza no es solo asunto de los países en desarrollo o de de-sarrollo medio. También en los países altamente desarrollados, la brecha entre ricos y pobres no deja de ampliarse. Por el contrario, la privatización de servicios públicos crea nuevas y mayores exclusiones en materia de salud, educación, servicios públicos; un consumismo exacerbado incrementa el deterioro del medio ambiente y agota los recursos naturales; la constante amenaza de perder el empleo (que de suyo, ya no cuenta con prestaciones sociales) y la ampliación de los empleos precarios contribuyen a disminuir la calidad de vida de la fuerza laboral, tanto en los trabajos no calificados como

133Neoliberalismo y pobreza

en los de alta especialización, debido a la exten-sión de los horarios de trabajo, la falta de con-diciones de salubridad o de seguridad laboral.

Es decir, a pesar de todo, en los países de-sarrollados el neoliberalismo tampoco ha lo-grado reducir los niveles de desempleo, ni ha aumentado la calidad de vida. Contrario a la idea de que aumentar los impuestos al consumo, des-mantelar la seguridad social y reducir los costos salariales reanima a la economía, la realidad da cuenta de la creciente falta de empleo, el nulo crecimiento económico y el incremento de la pobreza. Esto, a su vez, ha provocado fenómenos colaterales como el aumento de la violencia urbana, el racismo y la generación de un caldo de cultivo para las ideas conserva-doras y de extrema derecha (Teitelbaum, 2000:7).

Fracaso neoliberal para combatir la pobreza

En este escenario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció en el año 2000 los denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), a concretarse en 2015, y cuyo primer propósito es “Erradi-car la pobreza extrema y el hambre”. Al respecto, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y los ideólogos neoliberales han hecho suyo el combate a la pobreza extrema. Es decir, de acuerdo con los objetivos fijados por la ONU, tratar de combatir los niveles extremadamente altos de pobreza, producto del mismo sistema económico neoliberal que promueven, se ha convertido en una prioridad (PNUD, 2008).

Esta poco común unanimidad en torno a la necesidad de combatir la pobreza extrema es producto del hecho de que a pesar de que el modelo neoliberal ha generado riquezas, las consecuencias estructurales de un sistema que genera y desarrolla desigualdades sociales han ido en aumen-to, sin que se prevean cambios en el mediano y largo plazos. Es por ello que en la actualidad, en el discurso dominante ya no se habla de “satisfacer las necesidades de los individuos”, sino de “satisfacer las necesidades mínimas”. Es decir, los empresarios neoliberales insisten en la negativa de mejorar los bienes materiales y espirituales de la humanidad, en tanto que se ha ampliado la brecha de los núcleos sociales, entre los que tienen acceso al consumo y los que no.

Es fundamental la intervención pública –de sociedad y gobier-no– para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en épocas de recesión. (Proyec-to de Nación, p. 12)


Así planteado, el combate a la pobreza intenta remplazar a la lucha contra las desigualdades sociales y ocultar la cuestión de la redistribución de la riqueza y de las causas estructurales de dichas desigualdades.

De acuerdo con Gordon (2004:13), el Banco Mundial y el Fondo Mone-tario Internacional promueven como estrategias para combatir la pobreza: el crecimiento económico, la instrumentación de sistemas o redes sociales de apoyo o protección para los pobres, así como el impulso de estrategias de desarrollo del capital humano.

Sin embargo, las mismas no han tenido éxito en la medida en que se sustentan en la privatización (traducida en el aumento de los precios de bienes y servicios para consumo de los pobres); la liberalización de los mercados de capitales (lo que alienta la actividad de especuladores, quienes fijan los precios y desequilibran cualquier plan económico); la instauración de mecanismos de libre mercado para fijar precios (lo que aumenta el cos-to de bienes básicos, como alimentos y energéticos); y el libre comercio regido por la Organización Mundial de Comercio (Gordon, 2004:46).

La agenda internacional de combate a la pobreza “se limita a la promo-ción de más crecimiento y deja de lado las políticas encaminadas en con-creto a reducir la pobreza”. Una de las principales consecuencias de estas estrategias es la reducción progresiva de los estándares laborales y la anulación de las políticas de cobertura social (Toye, 2004:78-79),

Siguiendo a Gordon (2004:70-71), las políticas neoliberales del denomi-nado “consenso de Washington”, impulsadas por el BM y el FMI, han fracasa-do en su tarea de erradicar la pobreza. En principio, por su enfoque del problema: no es su interés que los seres humanos tengan el mismo acceso a niveles de bienestar, sino evitar revoluciones, atentados contra el statu quo o la propagación de epidemias que llegaran a tocar a la población élite.

El verdadero interés de las élites en reducir la pobreza se explica por la permanente y potencial amenaza que representa para el statu quo la presencia de los pobres, traducida en posibilidad de rebelión, transmisión de enfermedades por pandemias o el incremento de la criminalidad.

El neoliberalismo en México

La discusión sobre el neoliberalismo en México y sus repercusiones ha sido abordada por diversos autores (Brachet-Márquez, 2004; Boltvinik, 1994, 2004; Calva, 2002, 2007; Cordera, 2008; Hernández Laos, 2008; Huerta,


2006; Méndez, 1998; Tello, 2009). La mayoría coincide en señalar que en nuestro país, este modelo, inducido entre 1981-1983 al escenario mexicano, puede identificarse en tres grandes reformas estructurales de la economía, a saber:

» En las finanzas públicas: eliminación del déficit público; reducción de inversión fija y en gasto social; eliminación de subsidios para los ciudadanos, no para las grandes empresas; incremento en precios de bienes y servicios; privatización de la banca y apertura al capital ex-terno; eliminación de gravámenes y controles al comercio exterior.

» Venta o cierre de empresas del sector público; eliminación del con-trol de cambios; ausencia de regulaciones por parte del Estado para los bienes bancarios.

» Desregulación de las actividades económicas y sociales del sector privado; ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Organización Mundial de Comercio (OMC) y Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); eliminación de la banca de desarrollo; apertura a la inversión ex-tranjera directa.

Los costos de este cambio estructural han sido sumamente elevados:

» De 1983 a 1999 los salarios perdieron 63.9 por ciento de su poder adquisitivo; en la industria manufacturera, además de la caída en las remuneraciones, más de 90 por ciento de las pequeñas y media-nas empresas desaparecieron o fueron absorbidas por los grandes consorcios. En el campo, el ingreso real de los maiceros se redujo 52.7 por ciento y más de 20 millones de mexicanos se ubicaron en la pobreza y la marginación (Calva, 2000:7-8).

» Y en la fase de globalización, de 1990 a 2009 se registra un estanca-miento económico severo: si bien entre los periodos 1991-1994 y 1996-2000 se registró cierto crecimiento, la crisis de 1994-1995 ge-neró la necesidad de instrumentar programas de ajuste, presentes también de 2001 a 2003, donde el PIB por persona no ha superado la tasa de crecimiento de 0.5 por ciento en promedio, por debajo de la tasa de 3 por ciento anual que se registraba en el periodo 1933-1982 (Tello, 2009:249).


Al analizar la evolución de la deuda externa total del país, ad-vertimos que al concluir 1982 era de 84 800 millones de dólares (mdd) y llegó a más de 212 500 mdd el 31 de diciembre de 2010.

Cuadro 1. Tasa media anual de crecimiento (porcentaje)

Periodo PIB por persona Precios

1983-1988 -2.1 90.5

1989-1994 1.9 16.7

1995-2000 1.6 21.6

2001-2006 1.0 4.8

2007-2009 -2.1 5.5

Fuente: Carlos Tello (2010), con datos del Inegi, Banxico, BM, FMI y reportes de SHCP.

Cuadro 2. Deuda externa, 2003-2011

AñoMonto

(millones de dólares)Posición mundial

Cambio porcentual

Fecha de la información

2003 150 000 6 2000e

2004 159 800 9 6.53 2003e

2005 149 900 13 -6.20 2004e

2006 137 200 25 -8.47 2005e

2007 178 300 26 29.96 30/6/2006e

2008 179 800 26 0.84 31/12/2007

2009 200 400 31 11.46 31/12/2008

2010 204 500 28 2.05 31/12/2009e

2011 212 500 28 3.91 31/12/2010e

Fuente: CIA World Factbook ofrece la posición mundial de México, tomando como base un listado de 201 países y los datos de su deuda externa. También datos del Banco de México y Secretaría de Economía, 2011.e valor estimado.

» Como consecuencia de la reprivatización, de manera colateral se incrementaron dos fenómenos: el desempleo y el subempleo. Este último disparó la presencia de comercio informal o en vía pública, lo que es considerado el indicador más perceptible de la llamada


“economía informal”. De acuerdo con indicadores del Inegi, se es-tima que más de 50 por ciento de la población en edad productiva tiene que refugiarse en la informalidad para sobrevivir. Según la información provista por la misma fuente, el desempleo hasta ene-ro de 2011 fue de 5.43 por ciento del total de la población económi-camente activa (PEA).

De esta forma, la instrumentación del modelo económico neoliberal en nuestro país ha impedido un desarrollo socioeconómico equitativo, limitan-do las ganancias en unas cuantas manos y en detrimento del mayor número de personas. Esto provoca un debate, destinado a redefinir las políticas asistenciales e impulsar el desarrollo de lo que se denominó “acciones compensato-rias”, donde el concepto de focalización ocupó un espacio relevante y se convirtió en una herramienta cada vez más ponderada para racionalizar el gasto social. Y aunque tales acciones han sido útiles para atacar los aspectos más básicos de la pobreza, no han logrado una incorporación social masiva, debido, por un lado, al escaso crecimiento económico y, por el otro, a las nuevas condiciones del mercado de trabajo (Cordera, 2008).

Sobre todo, las políticas focalizadas dividen a las comunidades, frag-mentando el tejido social, lo que a su vez limita la organización de protestas. En el seno de la comunidad, se establecen diferencias entre quienes reciben el subsidio o la asistencia y quienes no. Se sustituye la idea del acceso uni-versal y se desecha también la función redistributiva del ingreso que, al margen del mercado, tenían las antiguas políticas sociales.

Modelos para la medición de la pobreza en México

En la historia contemporánea de México, la pobreza ha sido un problema permanente, aunque sus dimensiones y características han variado con el estilo de desarrollo y las condiciones macroeconómicas vigentes en dife-rentes momentos. Durante el periodo en que rigió el modelo de sustitución de importaciones, dos grandes procesos incidieron en distintas direcciones

La solución de fondo, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desinte-gración familiar, la pérdida de va-lores y la ausencia de alternativas. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 12)


Cuadro 3. Pobreza multidimensional, dimensiones e indicadores asociados, México, 2008

Indicadores de pobreza, dimensiones e indicadores asociados PorcentajeMillones

de personas

Pobreza multidimensional

Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.19

Población en situación de pobreza multidimensional moderada 33.7 35.99

Población en situación de pobreza multidimensional extrema 10.5 11.20

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.78

Población no pobre y no vulnerable 18.3 19.53 Indicadores de carencias sociales1

Rezago educativo 21.7 23.16

Acceso a los servicios de salud 40.7 43.38

Acceso a la seguridad social 64.7 68.99

Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.62

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.13

Acceso a la alimentación 21.6 23.06 Privación social

Población con al menos una carencia social 77.2 82.37

Población con al menos tres carencias sociales 30.7 32.77 Bienestar económico

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.64

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 51.97

Fuente: Estimaciones del Coneval con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-ENIGH 2008.1 Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social.

Cuadro 4. Pobreza multidimensional y vulnerabilidad, México, 2008

Grupo de población Porcentaje Millones de personas

Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.19

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.78

Población no pobre y no vulnerable 18.3 19.53

Fuente: Estimaciones del Coneval con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-ENIGH 2008.


sobre la pobreza. Por un lado, el sesgo urbano del crecimiento contribuyó al aumento de la pobreza; por otro, la interacción de tasas de crecimiento, relativamente altas y sostenidas, y la aplicación de las políticas sociales universales, no solo contrarrestó un posible aumento de la misma, sino que logró una disminución significativa entre 1960 y 1981-1982. Y pese a los progresos del desarrollo social, la pobreza persistió.

Con todo, es a partir de los gobiernos de Acción Nacional, atentos a los designios de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, que se asume el compromiso de combatir la pobreza extrema. Es pertinen-te señalar que en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo también se instrumentaron programas para paliar la pobreza, pero esta aún no estaba conceptualizada como extrema.

Los datos que ahora se conocen sobre la pobreza evidencian el aumen-to en el deterioro de vida de la población, por los efectos de la crisis econó-mica de 2009.

La caída del ingreso por la crisis económica entre 2008 y 2010

Durante la crisis iniciada en 2008 y continuada en 2010, se registraron caídas del ingreso que van de alrededor de 6 a 13 por ciento, y un aumento en la pobreza de 1.7 por ciento; aunque esto habría que revisarlo, porque el país ha pasado por una crisis de empleo y de ingreso muy fuerte, y lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) denomina como “población no pobre” más la “no vulnerable” aumentó 1.3 por ciento, es decir, pareciera ser que una gran crisis no nos afecta tanto…

Esto puede dar lugar a una lectura equivocada en el sentido de que la economía no es tan relevante en la política social, cuando en realidad es estratégica. La pobreza ha tenido un comportamiento claramente procíclico en México, y en este caso hay una gran diferencia entre la intensidad del ciclo económico y la tendencia de la pobreza, pues la economía presentó una caída muy importante y pareciera ser, según las mediciones, que la pobreza no tuvo un incremento tan significativo.

El gobierno federal optó por una política muy ortodoxa frente a la crisis. Mientras en el mundo se estaban haciendo intervenciones públicas muy importantes de estímulo a la demanda y de inversión pública en montos muy significativos, en México prácticamente no se tuvo un diseño de polí-tica anticíclica de gran alcance.


Considerando los datos del Inegi, en el plano nacional, de 2006 a 2008 el incremento de personas en algún tipo de pobreza pasó de 44.7 a 50.6 millones.

Con los datos comparativos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-D.F.) respecto a la situación nacional, la pobreza de necesidades básicas insatisfechas (educación, salud, vivienda, agua y drenaje) que se mantuvo sin cambios en el escenario nacional entre 2008 y 2010, en el Distrito Federal se incrementó en más de uno por ciento. Respec-to a la pobreza de ingresos, el aumento fue de cerca de seis puntos en las ciudades, cuatro en el país y poco más de dos en la capital. Estas cifras sus-tentan la afirmación de que la pobreza de ingresos fue la de mayor impac-to para incrementar los índices generales de pobreza (Evalúa-D.F., 2010).

Otros datos sobre la pobreza

» De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía, el desempleo entre la población joven mexicana casi se du-plicó en la década anterior, al pasar de 5.3 a 10.3 por ciento; además, seis de cada 10 jóvenes no estudian la preparatoria ni la universidad, y cerca de 15 millones de mexicanos, de entre 12 y 29 años, subsis-

ten en la pobreza multidimensional.»Con cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la UNAM, compiladas en la En-cuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, se obtuvieron los si-guientes indicadores:» De la población que tiene entre 25 y 29

años, una tercera parte nunca ha obtenido un empleo; y tampo-co más de la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años.

» De la población de jóvenes de 12 a 14 años, 6 por ciento no estu-dian ni tienen empleo. De la franja de 15 a 17 años, uno de cada 10 tampoco estudia ni trabaja, mientras 5.2 por ciento de ellos se dedican a labores domésticas sin recibir salario alguno.

» De los jóvenes entre 18 y 24 años, 13 por ciento afirmaron no estar estudiando ni laborando. De esa franja, uno de cada 10 realiza labores en casa, sin remuneración.

No es posible eliminar el trabajo precario e informal mientras el patrón de acumulación vigente actúe como una gran fábrica de desempleados y pobres. (Un Méxi-co para Todos, p. 27)


» De los jóvenes de 25 a 29 años, 8 por ciento no realizan estudios ni tienen empleo. De ellos, 17 por ciento realiza trabajos domés-ticos, sin remuneración.

» Siete de cada 10 jóvenes de nivel socioeconómico muy bajo afirmaron ser discriminados por su apariencia física al acudir a solicitar empleo.

» Las siguientes cifras son las más preocupantes: “en cuanto a los que abandonaron sus estudios, la tercera parte lo hizo entre los 16 y los 18 años y uno de cada cuatro, entre los 13 y los 15 años; del total, cuatro de cada 10 dejaron la escuela por razones eco-nómicas. El 36 por ciento (en un nivel de edad de 12 a 60 años) considera que los jóvenes que no estudian ni trabajan no quieren hacerlo, mientras 18.1 por ciento piensa que es porque no pue-den hacerlo, 19.4 piensa que no lo hacen por ambas razones y 12.6 por ciento opina que no pudieron estudiar o no les dan tra-bajo” (Conapred, 2010).

» Otras cifras, dramáticas también, las ofrecen los organismos vincu-lados con las corrientes neoliberales. En el reporte Divididos re-sistimos: ¿Por qué sigue aumentando la desigualdad?, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos apunta que: » En promedio, el ingreso salarial de 10 por ciento de las familias

mexicanas con los más altos ingresos alcanzó los 228 900 pesos en 2008, es decir, 26 veces el ingreso de 10 por ciento de las fa-milias que únicamente captaron 8 700 pesos por mes.

» Mientras, en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el promedio en el in-greso de 10 por ciento de la población con más ingresos fue casi nueve veces el ingreso de 10 por ciento en comparación con los más pobres.

» Los ingresos reales de las familias, en los últimos 25 años, se incrementaron en 1.7 por ciento para la población más rica y solo 0.8 por ciento para los de menores ingresos.

» Para la OCDE, “las persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos por las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos” (El Uni-versal, 6/12/2011).


Propuestas alternativas al neoliberalismo

A pesar de las cifras descritas, resulta interesante el hecho de que, a casi 30 años de la puesta en práctica del modelo neoliberal, los esfuerzos por revertir este modelo económico no han fructificado. De hecho, la mayoría de las propuestas formuladas por los principales actores políticos versan sobre la posibilidad de modificar, enriquecer o mejorar lo que genera impactos negativos, pero en su mayoría, ninguna propuesta arriesga la posibilidad de transformar el estado de cosas.

Un somero análisis de las propuestas de las actuales fuerzas partidistas vigentes permite advertir cuáles son sus orientaciones sobre el tema de la pobreza. En su Declaración de Principios, el Partido de la Revolución Demo-crática (PRD) manifiesta su rechazo al neoliberalismo y a la visión del de-sarrollo social limitado a las acciones asistenciales focalizadas. El Partido del Trabajo (PT) coincide con el rechazo al neoliberalismo, al tiempo de plantear la necesidad de un cambio en el modelo económico. El Movimien-to Ciudadano (antes Convergencia) puntualiza como una de sus banderas la lucha por un salario justo, creación de fuentes de empleo y entrenar a la mano de obra mexicana para el empleo de nuevas tecnologías. En contras-te, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza no mencionan el tema, ni en sus declaraciones de principios ni en sus plataformas electorales (Rodríguez, 2011).

Propuestas para revertir los saldos negativos del neoliberalismo formuladas por partidos

políticos de izquierda

PRD » Modificar el modelo de desarrollo económico» Revertir la política de contención salarial y recuperación vía aumentos

superiores a la inflación» Regulación de mercados de capital, de monopolios, del ámbito financiero» Desarrollo agrícola y pesquero sustentable» Recuperación de nivel salarial, como incentivo de la productividad;

rescate del ingreso popular y financiamiento productivo» Política económica y social alternativa, basada en el desarrollo sostenido,

sustentable e incluyente


PT » Cambio radical al modelo económico vigente, donde el Estado debe dirigir los sectores estratégicos y de infraestructura básica

» Renegociación y quitas de pasivos públicos para la recuperación de la economía

» Auditoría a la deuda externa e interna» Políticas focalizadas: transformarlas en proyectos productivos de impacto

en la producción y la demanda interna» Instrumentación de una política que regule los monopolios y oligopolios» Política de redistribución del ingreso a través de una reforma hacendaria

integral

Movimiento Ciudadano

» Instrumentar un modelo económico participativo, donde el Estado promueva el desarrollo social

» El mercado debe ser regulado, al servicio del desarrollo social» Economía de mercado como espacio para el fomento de la competencia,

con reducción de precios para beneficiar a los consumidores» Ampliación y consolidación del mercado interno

Fuente: Taller “Los grandes problemas de la nación”, Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, octubre-noviembre 2011.

Sin embargo, en los hechos, estos partidos siguen representando una minoría en el Congreso de la Unión, por lo que todo intento por traducir en el marco normativo estas propuestas queda diluido.

En paralelo, los movimientos políticos alternativos buscan ampliar la discusión y plantean otras posibilidades para hacer frente al diseño econó-mico neoliberal, con propuestas ricas en matices y que intentan abordar todas las aristas que el problema de la pobreza acarrea a la población:

Propuestas de los movimientos políticos alternativos

Un México para Todos (proyecto encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, 2004)

» Tesis: Ante la gravedad del rezago social y sus implicaciones de inestabilidad política, el Estado se ha visto obligado a poner en marcha programas asistenciales de salud, nutrición, vivienda, y apoyos a la familia, para la población pobre no asegurada

En los hechos, y apoyándose en las contrarreformas realizadas, los gobiernos neoliberales están culminando el abandono del proyecto constitucional normativo de bienestar social, sustituyéndolo con programas asistenciales

» Cambiar la orientación de los programas asistencia de “combate a la pobreza” para la población en condiciones de marginación social e indigencia


» Los programas asistenciales deben ser únicamente complemento temporal de las políticas económicas rediseñadas para promover el bienestar y elevar la calidad de vida, de los individuos, así como ser elemento compensador de las desventajas económicas y sociales, mientras los cambios estructurales aseguran transformaciones equitativas definitivas

» La asistencia social debe dejar de ser objeto de manipulación política y de humillación para quienes la necesitan, y pasar a ser un derecho de quienes la reciben, y por lo tanto, una obligación del Estado prestarla con calidad y oportunidad

Proyecto Alternativo de Nación (encabezado por Andrés Manuel López Obrador, 2006)

» Tesis: La “mafia en el poder” ha secuestrado a las instituciones, atropellado las garantías constitucionales, entregado los bienes nacionales a extranjeros y devastado el medio ambiente

» Acabaremos con el sistema de focalización que es discriminatorio y que condiciona el ingreso a él y la permanencia

» Estableceremos mecanismos que garanticen efectivamente la defensa, exigibilidad y cumplimiento de cada derecho

Coalición Diálogo para la Reconstrucción de México (Día) (proyecto de gobierno 2012)

» Tesis: Es urgente promover la construcción de las condiciones que permitan satisfacer las necesidades fundamentales de todos los mexicanos, bajo la conducción de un Estado social y democrático de derecho; para lograrlo se requiere que el Estado y la sociedad emprendan corresponsablemente un conjunto integral de políticas y acciones en diversos campos de la vida económica y social, para reducir la desigualdad y superar la pobreza, generando bienestar para todos

» El Estado deberá alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: - una, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar

los ingresos de la gente; ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general

- dos, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y, dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar

La propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno en el que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores

» Una nueva política social debe comprender la completa transformación del sistema de salud nacional para que toda persona ejerza su derecho constitucional a la misma


...Coalición Diálogo para la Reconstrucción de México (Día) (proyecto de gobierno 2012)

» La salud no solo implica curar enfermedades; las transformaciones y los avances en materia de salud comienzan con un cambio en la forma de vida, que solo puede conseguirse mediante la solución de problemas de desinformación y de falta de conciencia social, así como mediante el mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo económico; por ello, el sistema de salud abarcará también medidas de prevención, educación sanitaria, ecológica y reproductiva, y se habrá de avanzar hacia un Servicio Único de Salud (SUS)

» Establecer políticas públicas específicas en el tema de la alimentación, vinculándolas directamente con el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, con la aplicación de un programa nacional cuyo objetivo prioritario consista en garantizar la alimentación básica de la población, particularmente la de los sectores económicos más desprotegidos

» En la lucha frontal contra la pobreza, hacer frente a la desigualdad y combatir la pobreza constituye un compromiso esencial en un Estado social y democrático de derecho, e imperativo en todos sus órganos, niveles e instancias

» Mantener los subsidios generalizados a través de la tasa exenta al IVA en alimentos y medicinas

» Incrementar sustancialmente las partidas dedicadas a combatir la feminización de la pobreza, ya que esta ocasiona que las personas que habitan en las regiones marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de los recursos naturales

» Acompañar el incremento de los recursos y programas asistenciales para combatir la pobreza, con la asignación creciente de recursos y programas que generen proyectos productivos, empleos e ingresos estables derivados del trabajo de los sectores directamente involucrados

» Elaborar un Programa Nacional de Desarrollo Social que sea el eje articulador de la erradicación de la pobreza, el cual abarque la focalización territorial, identificando las áreas del país más afectadas por las políticas neoliberales

Fuente: Tomado de las propuestas políticas de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y la Coalición Día, discutidas en el Taller “Los grandes problemas de la nación”, Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, octubre-noviembre 2011.

Las contradicciones que día a día presenta el modelo neoliberal, manifes-tadas principalmente en la pauperización de la calidad de vida de un cada vez mayor número de mexicanos, también han alimentado la discusión en espacios académicos e intelectuales, sobre la necesidad de instrumentar cambios.

Modelos económicos alternativos al neoliberalismo

La propuesta de Arturo Guillén enfatiza el fomento a las exportaciones como opción para generar divisas a fin de soportar el proceso de desarrollo. La


restricción externa ha sido la limitante fundamental del modelo agrario-exportador agotado desde los años treinta del siglo XX, así como del mode-lo de sustitución de importaciones y la actual estrategia neoliberal.

La construcción de un sistema productivo desde dentro no implica la autarquía

ni la construcción forzada de una industria de base ineficiente (como ocurrió

en el socialismo real), sino seleccionar las actividades productivas (agropecua-

rias, industriales o de servicios), orientadas sea al mercado interno o al mercado

externo, donde sea factible competir eficientemente (Guillén, 1998).

Superar la restricción externa es una de las claves para que la política industrial y productiva permita el impulso a las exportaciones y disminuir la dependencia de las importaciones.

Modelo alternativo de desarrollo Arturo Guillén

A. Reconstrucción del sistema productivo

» Fomento de las exportaciones y búsqueda de nichos en el comercio exterior » Reconquista, rearticulación y desarrollo del mercado interno» Creación de un sistema productivo coherente e integrado, capaz de superar

la restricción externa» Política industrial que establezca mecanismos adecuados de fomento y estímulo

B. Nueva política industrial y agropecuaria

» Política industrial que oriente las decisiones de la inversión privada y acciones del sector público

» Mecanismos de fomento y estímulo, fiscales y crediticios.» Rediseño de la política agropecuaria » Recuperación de la soberanía nacional» Política comercial y de inversión extranjera al servicio de la política industrial

y de fomento agropecuario» Protección de actividades mediante mecanismos arancelarios,

establecimiento de normas estrictas de calidad y programas articulados de fomento

C. Papel del Estado y de la inversión extranjera

» Desarrollo de los sectores básicos de la economía» Modernización y expansión de la infraestructura física» Atención de las necesidades sociales de la población y de la fuerza de trabajo» Detonación de proyectos en actividades de punta» Crecimiento del ahorro interno, sustentado en la inversión productiva,

la expansión del empleo y el crecimiento de ingresos y salarios reales» Inversión extranjera directa, una vez que la economía interna sea sólida, para

no depender de tasas de interés altas que lesionan la planta productiva


La economía solidaria

La Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabaja-dores (Colacot) ha propuesto un modelo de desarrollo económico, social, político y cultural alternativo al sistema capitalista. Una primera propuesta se formuló en 1989 bajo el título de La Economía del Trabajo y la segunda en 1998, denominada Modelo de economía solidaria.

Su objetivo es que la solidaridad se introduzca desde el inicio del pro-ceso económico; es decir que opere y actúe en todas las etapas del ciclo económico: producción, circulación, consumo y acumulación. Ello se traduce en prácticas autogestivas de producción, intercambio, distribución, consu-mo, acumulación y desarrollo con solidaridad, entendida como una prácti-ca sin ánimo de lucro, enfocada al desarrollo del ser humano como sujeto, actor y receptor de los beneficios de la economía.

Adicionalmente, se busca impulsar proyectos de pequeña escala, orien-tados al desarrollo de comunidades pequeñas y de bajos recursos, con ca-rácter sustentable tanto en materia económica como ambiental. Se busca el impulso de un comercio justo, donde el ánimo por obtener una ganancia se cambia por la intención de lograr el desarrollo de las comunidades en general. La base de este modelo son las cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, mutuales, empresas participativas y organizaciones económi-cas populares.

Modelo de economía solidaria

A. Comercio justo

» Remuneración de la producción que permita a los productores y a sus consumidores conseguir un nivel de vida adecuado. Esto conlleva un precio justo, pagos por adelantado cuando sea necesario y una relación comercial a largo plazo

» Condiciones de trabajo para los productores que no perjudiquen su bienestar físico, psicológico y social

» Producción económica y ecológicamente sustentable, que cubra las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras

» Utilizar los caminos más eficaces para trasladar un producto desde el productor hasta el consumidor, evitando especuladores e intermediarios

» Condiciones de producción y comercialización que reserven un tratamiento preferencial a la participación de los productores en las decisiones; una producción indígena; pequeñas y medianas empresas, así como la distribución igualatoria a los ingresos generados

» Campañas de sensibilización sobre la relación entre la elección de los consumidores y la vida de los productores y sus condiciones laborales


...Modelo de economía solidaria

» Trabajo de campañas, dirigido a cambiar las injustas estructuras de comercio internacional para facilitar a las empresas que comienzan y no ser eclipsadas por otras de mayor poder

B. Auditoría social

» Perspectiva múltiple: implica incluir el punto de vista de todos aquellos comprometidos con la actividad de la empresa

» Intenta cubrir todos los aspectos del resultado social y ambiental de la empresa» Herramientas de comparación de un periodo al otro en relación con

organizaciones similares» Regular los procesos de largo alcance y no solo los de operación puntual» Controladores externos sin implicaciones en la actividad de la empresa» Publicación de informes regulares referidos al desenvolvimiento de la auditoría

social, comunicados a todas las personas comprometidas (externas e internas)

C. Funcio-namiento

» Cada componente (nodo), sea empresa social o consumidor individual, procura consumir al máximo bienes y servicios producidos por el resto de los componentes del mercado social

» Los bienes y servicios que circulan en el mercado social cumplen tres criterios: ser socialmente útiles, ser ecológicamente sostenibles y haber sido producidos con equidad y democracia

» Cada componente contribuye a crear nuevas empresas sociales vinculadas al mercado social, a fin de ir completando y cerrando ciclos productivos

» El mercado social, además de bienes y servicios, genera aprendizaje colectivo, innovación tecnológica, cultura, relaciones sociales, proyectos, valores

» El mercado social deberá ser impulsado desde las organizaciones representativas de los sectores cooperativos, de la economía social y del consumo responsable

» El comercio justo intenta facilitar la entrada al mercado de productores más desfavorecidos y cambiar las reglas injustas

» El comercio justo contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores marginados

Estrategia de desarrollo sostenido con equidad

Reconocido como uno de los especialistas más connotados en el ámbito económico, José Luis Calva ha formulado una de las propuestas más acaba-das para la transformación del actual modelo económico, presentando su-gerencias concretas para orientar la economía mexicana en la búsqueda de desarrollo sostenido con equidad.


Modelo de desarrollo sostenido con equidad

A. Política cambiaria activa

» Contribuir al equilibrio sostenible de las cuentas externas para evitar sobrevaluaciones del peso

» El Banco de México debe evitar que el precio del dólar baje del piso cambiario; con ello, se reduce sensiblemente los espacios de especulación monetaria, se otorga certidumbre a las inversiones y permanece el proceso de estabilización de precios, como factor de equilibrio de las cuentas externas y crecimiento sostenido de la economía interna

B. Política comercial pragmática

» Aplicar aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio

» Aplicar órdenes de mercadeo y restricciones cuantitativas, como las que aplican los países desarrollados

» Racionalizar la apertura comercial, subordinándola a una política industrial que estimule el desarrollo armónico del aparato productivo

» Renegociar el TLCAN: México es un país en desarrollo, por lo que deben ampliarse sus márgenes de maniobra en política comercial y de inversión, introducir fondos compensatorios y establecer el libre flujo de mano de obra

C. Saneamien-to de las bases de financiamiento

» Elevar de manera sostenida el ahorro interno» Reducir la dependencia financiera externa» Prevenir y enfrentar con eficiencia los choques externos» Revisar las políticas cambiaria y de comercio exterior, para eliminar el déficit

comercial y reducir el déficit de cuenta corriente, haciendo descender los requerimientos de ahorro externo

» Incentivar la inversión física se convierte en la palanca fundamental para elevar el ahorro interno, subordinando con ello la esfera financiera a los intereses de la economía real

» Regular y supervisar el sistema financiero, a fin de incrementar la asignación del crédito hacia las prioridades del desarrollo

D. Estabilidad de precios sostenible

» Liberar la política cambiaria de los objetivos antiinflacionarios» Vincular a la política cambiaria con la competitividad de la planta productiva

y el equilibrio externo» Vincular al banco central con los objetivos de crecimiento sostenido con equidad,

sirviendo a los intereses de la planta productiva, el empleo y el poder adquisitivo» La estrategia antiinflacionaria debe dejar de utilizar la política salarial como ancla

de la inflación» Concertación de las expectativas inflacionarias, promoción de la oferta interna

de productos, regulación monetaria y crediticia interna

E. Reforma fiscal

» Eliminar regímenes simplificados y el régimen de consolidación fiscal, que facilita la evasión a las grandes corporaciones

» Incrementar las tasas de ISR para los estratos de altos ingresos» Incrementar las tasas de IVA para artículos suntuarios


...Modelo de desarrollo sostenido con equidad

» Gravar las transacciones financieras, las ganancias bursátiles y los dividendos de accionistas, así como los flujos financieros externos y las exportaciones de empresas transnacionales

» Recaudar directamente en empresas productoras, para elevar la eficiencia en recaudación del IVA

» Reformar el Servicio de Administración Tributaria mediante la instauración del servicio civil de carrera

» Combatir la evasión fiscal, con aumento de penas a grandes evasores» Estados y municipios encargados de la recaudación

F. Reformas institucionales

» Introducción del servicio civil de carrera para favorecer la competencia y reducir la corrupción

» Separación y contrapesos entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)» Fortalecimiento del federalismo, soberanía de los estados y municipios» Rendición de cuentas y transparencia

G. Redefi-nición de la política industrial

» Impulso a las micro, pequeña y mediana industrias, como elemento central de la nueva estrategia de industrialización

» Créditos preferenciales a través de la banca de desarrollo o de la banca comercial» Construcción de infraestructura» Uso de subsidios directos» Capacitación laboral y empresarial

H. Impulso a la industria energética con criterios de política industrial

» Generar tecnologías propias en la industria petrolera» Restructuración fiscal de Pemex» Industria eléctrica estatal: pasar a un esquema tarifario que permita su

ampliación y modernización» Plan Nacional Energético: orientado a la racionalidad energética y al uso

de fuentes renovables de energía

I. Economía agrícola dinámica

» Política de precios que estimule la producción, vía el incremento de subsidios y renegociación del TLCAN

» Incremento de la inversión pública en infraestructura rural, con énfasis en la rehabilitación de zonas de riego

» Ampliación de fondos públicos para investigación agropecuaria y extensionismo rural» Reformulación de los sistemas de crédito rural» Fomento de los pequeños productores vía el impulso de cultivos con potencial

elevado

J. Reducción de desi-gualdades regionales

» Descentralización de las políticas públicas, de recursos y de tareas de promoción económica y social

» Impulso de un proyecto endógeno de inserción en la economía mundial» Desarrollo de habilidades regionales: desarrollos tecnológicos, capacidades

empresariales» Institución de fondos estructurales destinados a acelerar el desarrollo

de las regiones más rezagadas


Modelo de desarrollo sostenido con equidad

K. Estrategia tecnológica alternativa

» Construcción de encadenamientos productivos y formación de recursos humanos» El Estado como promotor de una especialización eficiente, cooperación entre

empresas y asimilación de tecnologías» La política fiscal y el poder de compra del Estado deben estimular e inducir

los esfuerzos del desarrollo tecnológico» Desarrollo de un sistema de formación y capacitación para la asimilación

de nuevas tecnologías» Reorientación del gasto público hacia la formación de recursos humanos como

prioridad

L. Nueva política económica

» El ser humano en el centro de las decisiones» Generación de empleos dignos en el sector formal de la economía» Una política que eleve la productividad y rentabilidad en las actividades

agropecuarias y de la economía popular» Política industrial que impulse la articulación interna de las cadenas productivas» Mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios educativos, de salud

y seguridad social» Vigorización de programas de atención a grupos vulnerables» Reformulación del diseño y operación de las estrategias para el combate

de la pobreza extrema, transformando la asistencia social en un derecho social

Comentarios finales

Los diseños de la política económica de las últimas cinco administraciones gubernamen-tales en el país han sido por demás insuficien-tes y de nula eficacia para atender el problema de la pobreza y la desigualdad, toda vez que giran en torno al juego del libre mercado y a los intereses de los empresarios extranjeros, aun por encima de los nacionales. Ello ha generado un fenómeno de doble vía: por un lado se disparan los niveles de individuos en situación de pobre-za (en cualquiera de los niveles que señala Julio Boltvinik), sin que en el corto y mediano plazos se observen alternativas para reducirlos; en tanto que la riqueza se sigue concentrando cada día en menos manos, con la particular complacencia de los “gobiernos de la alternancia”.

En este punto es factible preguntarnos: ¿es posible reducir la pobreza y el constante incremento que registra desde los años ochenta en nuestro país?

Es urgente promover la construc-ción de las condiciones que per-mitan satisfacer las necesidades fundamentales de todos los mexi-canos, bajo la conducción de un Estado social y democrático de derecho. (Movimiento Progresis-ta, Plan de Gobierno, p. 27)


Luego de la revisión de las aportaciones teóricas de expertos en el tema y de las ofertas de algunos actores del ámbito político y académico, es po-sible formular las siguientes rutas:

» Un diseño institucional basado en un programa general de desarro-llo, donde la prioridad sea empatar los intereses de la economía con los sociales. En dicho programa, consensuado con los princi-pales actores del escenario nacional, habría que poner atención a los siguientes rubros:» Dar prioridad al desarrollo interno. El objetivo es reorientar las

bases del empobrecimiento, a través de la promoción de la pro-ducción interna: - Ello pasa por volver la mirada al desarrollo de la industria

nacional, la cual deberá estar orientada a la creación de bienes básicos de consumo de calidad.

- Esto, a su vez, requiere aumentar la productividad, situación que permitiría fortalecer el mercado interno.

- El ingreso debe ser redistribuido y orientado a fortalecer los salarios reales para, con ello, incrementar el consumo de las familias pobres

» Fomentar la exportación de manufacturas. Esto supone fortalecer los sectores de bienes de capital y bienes intermedios.

» Reorientar la política fiscal y monetaria hacia la estabilidad eco-nómica y el crecimiento. Este rubro implica la reorganización del sistema bancario; la baja de las tasas de interés de las institucio-nes financieras, ampliando la base de interés fiscal; así como la reorientación del gasto público a la inversión pública y al de-sarrollo social.

» Reorganizar las instituciones de protección social. Cambiar la idea de la ganancia mercantil como único fin del sistema económico, sustituyendo dicha noción por la de la búsqueda del reparto y un verdadero espíritu de ayuda solidaria. Ello, para recuperar la mística del servicio a la sociedad buscando satisfacer las nece-sidades de los individuos y grupos desprotegidos.

» Recuperar la soberanía del país, frente al resto de los países. En especial respecto a Estados Unidos, lo que se traduciría en la renegociación de los acuerdos y tratados comerciales.


» Redefinir el objetivo de las relaciones internacionales de México en términos comerciales podría facilitar la renegociación de la deuda externa y la disminución de su servicio. Los recursos ahorrados deberían destinarse a la inversión productiva para relanzar la eco-nomía del país.

» México requiere diversificarse en la economía mundial para reducir su dependencia frente a Estados Unidos.

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El bajo crecimiento económico y las políticas públicas

Gustavo Aguilar Micceli

Nadie imaginó en la década de los ochenta del siglo pasado que la su-puesta modernización del país promovida por toda una generación de

políticos priistas, condujese a la debacle en que el día de hoy se encuentra la nación.

El discurso neoliberal en boga desde los sexenios de los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari no solo significó el retiro de la presencia estatal en áreas fundamentales de la actividad econó-mica, sino que también produjo la paulatina disminución de mucha de su presencia social.

Drástica reducción del crecimiento económico

Resulta importante considerar que en los análisis sociales que se han pro-ducido en las décadas de impulso de las políticas neoliberales en el país, un elemento que quizá no ha recibido la suficiente atención es que su aplicación se dio en el marco de bajo o nulo crecimiento económico. Cuestión nodal, ya que ello condiciona las situaciones sociales fundamentales de los ciuda-danos.

Las generaciones que se desarrollaron en los años de crecimiento de la economía, del llamado “desarrollo estabilizador”, e incluso en las décadas de los sesenta y parte de los setenta, tuvieron el disfrute de encontrar em-pleos formales en número importante, servicios de seguridad social, edu-cativos e incluso recreativos que formaban parte de políticas públicas que en un contexto de crecimiento tenían fuentes de financiamiento estables.

La cultura, la educación y el contexto socioeconómico en su conjunto permitían el desarrollo de una ciudadanía cada vez más informada, crítica,


comprometida con su presente y futuro y cada vez más participativa. Apa-rentemente el principal escollo que debía superarse era una estructura política permeada por el autoritarismo y la falta de democracia.

La respuesta de la derecha

A partir de los ochenta, de manera gradual pero sostenida, se fueron redu-ciendo las estructuras administrativas gubernamentales. Los mecanismos empleados por el priismo fueron múltiples: desaparición de áreas completas, reorganización administrativa que dejaba en el limbo a otras, programas de retiro voluntario o de prejubilaciones que perseguían el objetivo primor-dial de adelgazar de manera importante las nóminas, entre otros.

El principal problema de dicho proceso fue que no se dio en el marco de un estudio serio de reorganización, sino en el de un conjunto de nego-ciaciones políticas en las que la continuidad o desaparición de un área tenía más que ver con el peso político del secretario del ramo o del director ge-neral en turno.

Otro factor que resultó crucial fue la importancia política de un sindi-cato público o de su dirigente, de tal manera que aquellos que concentraban más poder comprometieron toda su fuerza de negociación para cargar el peso del proceso de recorte de personal sobre los más débiles, obviamente sin que mediara ningún criterio de racionalidad administrativa o de necesi-dad social.

Un elemento adicional fue la carga ideológica intrínseca en el retiro de la participación pública de algunas actividades estatales, áreas que fueron desincorporadas o que se dejaron en manos de la iniciativa privada, local o internacional.

El proceso de retiro de la participación gubernamental avanzó a diferen-tes ritmos, dependiendo del sector o de la región geográfica. Hace treinta años casi nadie hubiera creído posible que muchos logros y conquistas sociales alcanzados en los años de crecimiento económico, como la seguri-dad social, con los servicios médicos emanados de ella, sumados a una in-fraestructura de guarderías, centros sociales, deportivos y recreativos, o la oferta educativa proporcionada por el Estado, pudieran ser deteriorados por políticas que, poco a poco pero de manera consistente, fueron minando el financiamiento e incluso desincorporando del ámbito estatal parte de di-chos servicios sociales.

161El bajo crecimiento económico y las políticas públicas

Al retroceso de la presencia pública en la vida de la sociedad, lo acom-pañó el impulso de políticas que han redistribuido el ingreso, claramente orientadas a que la participación de los salarios represente cada vez una menor proporción del valor agregado nacional. Políticas compartidas por dirigentes partidistas del ala derecha del espectro político, que redistribuyen la riqueza en claro beneficio del gran capital y de los empresarios más po-derosos y que merman fuertemente las posibilidades de desarrollo de una gobernabilidad democrática.

Las acciones así desarrolladas desde las altas esferas de la administración pública federal atentan contra la convivencia civilizada de los mexicanos.

Las estadísticas oficiales con las que se cuenta así lo demuestran. Los trabajos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaborados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006-2008 son elocuen-tes (Coneval, 2009). Las políticas públicas, en lugar de que contribuyesen a generar condi-ciones de crecimiento y estabilidad para todos los habitantes del país, tendieron a profundi-zar la desigualdad y, en consecuencia, acre-centaron la falta de estabilidad de la sociedad mexicana e incrementaron los conflictos.

Estos procesos se han dado a diferentes ritmos, pero sus consecuencia en la vida co-tidiana de los mexicanos son evidentes, así como es innegable que ha crecido la pobreza y la violencia de todo tipo, y que la desinte-gración social avanza.

Los peligros reales para la gobernabilidad democrática

En el transcurso de las pasadas tres décadas, muchos mexicanos han re-flexionado en torno al hecho de que la creciente desigualdad y la baja en la calidad y niveles de vida de muy importantes sectores de la población trae-rían aparejados estallidos sociales que eventualmente desembocasen en una nueva revolución.

Lo que no se ha alcanzado a advertir, es que el proceso por el que ha transitado el país ha sido tan cruento o más que un estallido violento. Sin

Vincular la política social y el em-pleo en zonas críticas para cana-lizar recursos a educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y erradicación de la violencia de género y trabajo so-cial con jóvenes en situación de riesgo, acorde a una política inte-gral y progresista de la prevención que tenga como ejes la seguridad humana, la convivencia y la co-hesión social. (Movimiento Pro-gresista, Plan de Gobierno, p. 14)


embargo, como las expresiones más notorias se han dado en diferentes momentos, sin conexión entre sí, localizadas regionalmente, en muchas ocasiones prácticamente inadvertidas para los grandes medios de comuni-cación o incluso acalladas y negadas, el registro de ellas en el imaginario colectivo de los mexicanos es de una magnitud mucho menor a la impor-tancia real que tuvieron en su momento.

El terrible desgaste en el tejido social que conlleva lo antes expuesto ha infundido en importantes sectores sociales una apatía y un desánimo enor-mes, que permite prever no una revolución sino una mucho mayor y pro-funda desintegración social.

Crecen los sectores ensimismados en su cotidianidad, que viven sopor-tando sobre sus espaldas un miedo cuasipatológico en su existencia, al ver a otros conciudadanos como peligrosos por el hecho de que no viven en su colonia, no los conocen o, en fin, porque simplemente son ajenos a ellos.

Después de largos años de descomposición social, su reflejo en el ám-bito gubernamental es evidente; los gobernantes son a final de cuentas ciudadanos, con las virtudes y defectos que producen tanto la personalidad como el entorno en el que viven.

La alternancia no modificó el régimen político

Nadie se imaginó que con la llegada de la alternancia, los graves problemas de crisis del régimen que se vivían, no solo no se resolviesen, sino que se profundizaran y aumentara la descomposición, a tal grado que los poderes formales fueran rebasados ampliamente por los poderes fácticos.

Muchos mexicanos mantenían una idea, que se reveló errónea, consis-tente en que con la salida del priismo de Los Pinos todos los demás proble-mas se resolverían como por arte de magia y que, a partir de ahí, los ciudadanos vivirían en una prosperidad inagotable. Poco a poco resultó evidente que las insuficiencias y las malas prácticas de ejercicio del poder no eran patrimonio único de alguna formación política específica.

Descomposición social y políticas públicas

Lo que incrementa la gravedad de tal situación es la dificultad para reco-nocer que mucho de lo que acontece en el país es consecuencia de una

163El bajo crecimiento económico y las políticas públicas

profunda descomposición social que involucra a las diversas administracio-nes públicas.

Se requiere desarrollar políticas públicas que contribuyan a fortalecer la estabilidad social y la gobernabilidad democrática.

La mayoría de los analistas poco han advertido que millones de ciuda-danos padecen cotidianamente la incapacidad y los excesos burocráticos, hecho que pone de manifiesto que el descontrol está presente en muchas otras áreas del ámbito de acción de las instituciones públicas del país.

Admitir que para alcanzar niveles de gobernabilidad que provean la esperanza de que existe un futuro es necesario revertir la falta de condicio-nes de trabajo, de estudio, de recreación y, en general, las muy difíciles condiciones de existencia de la mayoría de los ciudadanos, mismas que se traducen en descomposición y desintegración social, es un elemento indis-pensable para detener la debacle del país y alcanzar a modificar la raíz de los conflictos.

Los espacios vacíos que se produjeron por la falta de crecimiento de la economía, junto con la incapacidad de proporcionar oportunidades de trabajo a quienes lo requieren para sobrevivir y sacar adelante a sus familias, han llevado a que sean los circuitos informales los que den un respiro a muchos ciudadanos para obtener un ingreso que les permita subsistir.

La administración pública del país, en las diversas regiones que lo componen, para ser eficiente y eficaz requiere reconocer lo anterior.

Aunque la economía informal tiene otra cara muy diferente, que poco se ha reconocido, ha funcionado como un espacio de acción para cientos de miles de ciudadanos que gracias a ella han podido sobrevivir, mantener a sus familias, educar −cuando ha sido posible− a sus hijos, en medio de una fuerte incertidumbre sobre su futuro, pero de manera digna, ganándose día a día el pan con el sudor de su frente.

Las políticas que se impulsen por parte de una administración pública que ponga en el centro de su atención resolver los problemas de la población, tienen que tomar en cuenta lo anterior, y seguramente acrecentarán los niveles de gobernabilidad democrática.

Es necesario, para un gobierno democrático, retomar su participación en áreas hoy abandonadas por la administración, repensar las políticas que se impulsan, comprender que la eficacia y eficiencia con que se debe servir a los ciudadanos solo formarán parte de la realidad si se desideologiza la praxis administrativa y se profundiza en el conocimiento de lo que se pre-tende transformar.


Las políticas de alianzas de aquellas formaciones políticas que busquen transformar al Estado ante las condiciones imperantes, para acumular la fuerza necesaria a fin de desplazar a los beneficiarios actuales, tienen que tomar en cuenta qué es lo que va a hacerse al otro día de un posible triunfo electoral.

El no anticipar cuáles son las tareas prácticas cotidianas que se tendrán que llevar a cabo y la viabilidad de emprenderlas con algún aliado específi-co, es garantía de nuevos fracasos y del ahondamiento de la frustración de las aspiraciones de los ciudadanos.

Pensar en el futuro inmediato, sin mezquindad, con amplitud de miras, pero sin ingenuidad y con un énfasis que trascienda los intereses de sobre-vivencia en tanto clase política de las formaciones partidarias de avanzada, es algo fundamental para que el país realmente avance a una convivencia asentada en una gobernabilidad democrática.

En la búsqueda de una gobernabilidad democrática, antes que el ejer-cicio de grandes recursos presupuestales, la imaginación y la creatividad aunadas a un diagnóstico preciso, que permita desentrañar y resolver pro-blemas de la gente común y corriente, son elementos fundamentales para la acción de gobierno y la disminución de los conflictos.

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Desarrollo económico alternativo

Andrés Peñaloza Méndez

1 Los estudios en los que se advierten los riesgos del crecimiento ilimitado son vastos. Desde 1962, Rachel Carson en su texto La primavera silenciosa; diez años después (1972), con la publicación del informe del Club de Roma Los límites del crecimiento, y un número cuantioso de ulteriores estudios revelan la inviabilidad del paradigma de crecimiento. El mismo Club de Roma, treinta años después refrenda su sentencia de que: “no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados”. Fidel Castro, en su discurso de hace veinte años en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y

Decrecimiento y buen vivir

En los siguientes lineamientos y criterios para una heterodoxa dinámica económica de decrecimiento y de políticas económicas justas y sus-

tentables se pretende ofrecer alternativas desde la contraposición: decre-cimiento y buen vivir versus crecimiento económico. La perspectiva heterodoxa enlaza las urgencias de corto plazo con el horizonte de media-no y largo plazos. Esto es, no se piensa solo en ofrecer otro modelo de crecimiento sino otro desarrollo. Si bien se repara en aspectos y elementos del modelo neoliberal dominante, el imperativo es alzar la mira y aportar reflexiones, criterios y propuestas alternativas globales, sistémicas y civi-lizatorias.

Un primer escollo es convencer de abandonar el paradigma del creci-miento. En este punto se asientan tanto derechas como izquierdas conven-cionales. Por supuesto, la orientación y el plano (re)distributivo de dicho crecimiento parapeta a los actores en trincheras diferentes. Empero, el mito del crecimiento permanece.

El paradigma imperante de crecer-crecer es una locura en un mundo con recursos finitos.1 En lugar de que se atisbe una humanización de la


naturaleza a partir de un sano metabolismo con la madre tierra y el univer-so, el ser humano se sustrae de la misma. Alienado y subsumido por un sistema de explotación clasista extrema, el ser humano atraviesa por una etapa en que la sobrevivencia humana se coloca en primer plano. El agota-miento y contaminación de recursos vitales y el cambio climático −entre otros signos de la crisis ambiental− nos conduce, recordando a Rosa Luxem-burgo, hacia la barbarie. El presidente venezolano Hugo Chávez escandalizó al mundo el 22 de marzo de 2011 cuando declaró: “No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta”. No obstante, aún son pocos los que se escandalizan por la pretensión que involucra ya cuantiosas in-versiones para asentarse en otros planetas y llevar el capitalismo a Marte.

Crecer-crecer, ¿el tiempo es suficiente? Para 99 por ciento de la huma-nidad pareciera que no y, sin embargo, uno por ciento de la población se empeña en la locura.

Desde luego, aproximarse a las formas y modos que emplea ese uno por ciento de la humanidad para imponer sus reglas y poderío, es una tarea imprescindible para conocer la realidad que se pretende transformar.

En el empeño por cambiar el statu quo es fundamental enlazar las pers-pectivas utópicas con el caminar diario y el trayecto de mediano plazo. En las siguientes páginas se exhorta al lector(a) a involucrarse en el armado del rompecabezas que nos permita avanzar por los senderos de la dignidad y la democracia.

En la visión heterodoxa por la que se ha optado para analizar el estado de la nación y sus alternativas democráticas de solución, el lector(a) encontra-rá la sugerencia de pensar desde paradigmas ajenos a los convencionales.

En primer lugar, el decrecimiento como recurso heurístico2 que nos per-mita pensar alternativas más allá del paradigma del crecimiento. Por supues-to, el decrecimiento no apunta al estancamiento o al retroceso económico.

Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992) sentenciaba: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre [...] Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos des-pilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo […] Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desa-parezca el hambre y no el hombre”.

167Desarrollo económico alternativo

El decrecimiento más bien es una invitación para pensar desde otra plataforma y paradigma: despojarse de la idea tradicional del crecimiento-desarrollo (desarrollismo, extractivismo, etcétera) para atisbar “alternativas al desarrollo” y no meros “modelos alternativos de desarrollo”.

Serge Latouche, uno de los principales decrecionistas, ha ilustrado con ocho “R” lo que es el decrecimiento: revaluar, reconceptualizar, restructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. A dichas “R” habría que añadir otras “R” desde la perspectiva del Sur con objeto de propiciar un genuino círculo virtuoso: romper, con la dependencia económica; recobrar y reapropiarse, de una identidad cultural propia; reintroducir, los productos específicos desechados y los valores “antieconómicos” ligados al pasado; y recuperar, las técnicas y oficios tradicionales. Así, el decrecimiento puede propiciar un círculo virtuoso sereno, amable y sostenible dirigido a estable-cer el contorno de una política de posdesarrollo en la que se viva mejor, laborando y consumiendo menos en un ambiente de felicidad ya desintoxi-cado del imperativo del crecer-crecer (Latouche, 2009).

Para ello es imprescindible pensar desde el acumulado civilizatorio de los pueblos originarios de nuestra América: el buen vivir;3 así como recupe-rar, crítica y creativamente, cuatro aportaciones que desde la Patria Grande se han desplegado en los esfuerzos de pensar con cabeza propia: a) las teorías de la dependencia, b) las teologías y filosofías de la liberación, c) la educación popular liberadora, y d) la tradición utopista.

Con estas referencias podemos situar planos: de lo local a lo nacional e internacional; y tiempos, que van de la inmediatez al meso y largo plazos. Planos y tiempos entretejidos en horizontes utópicos que permitan destra-bar nudos o contradicciones y pensar en recuperar a los Estados (sentido imperativo en el contexto del desmantelamiento del Estado de bienestar y en el sentir de la soberanía nacional y popular), pero que a su vez no nos

2 Entendemos la heurística como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolución de problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente.

3 Esteban Krotz (2012) refiere que “La teoría del buen vivir o del ‘vivir en plenitud’ (sumak kawsay, suma qamaña, etcétera) se está haciendo cada vez más presente a escala mundial. Estas formulaciones generadas por diversos pueblos andinos también tienen sus expresiones mexicanas, por ejemplo, cuando al principio de ‘competencia’ se le opone el de ‘comparten-cia’, o cuando se critica la idea de la ‘sociedad de mercado’ y de la ‘comunidad imaginada’ del Estado-nación mediante el modelo contrapuesto de la ‘organización comunal’ y la máxi-ma del ‘mandar obedeciendo’”.


conduzca a la trampa de naturalizar al Estado y al mercado o asirse a fór-mulas atractivas pero circulares: “tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea deseable”. ¿Acaso el Estado y el mercado no son cons-tructos histórico-sociales? Disolver instituciones clasistas y de dominación y construir instituciones que respondan a prácticas de nuevo cuño de ca-rácter comunitario, solidario y de libertad individual es ineludible para encarar con seriedad la crisis civilizatoria y no solo global, cíclica, financie-ra o económica en curso.

México y nuestra América cuentan con una reserva democrática y de resistencia popular y comunitaria que alienta los caminos alternativos de con-vivencia y desarrollo. En este texto se piensa desde una perspectiva nues-tromericanista a partir de los planteamientos martianos expuestos en el ensayo “Nuestra América” (José Martí, 1891). Particularmente de los siguien-tes componentes:

» Un nosotros latinoamericano y caribeño que se abre paso repeliendo la visión aldeana de corte imperialista y que a su vez muestra la expe-riencia particular de apropiación y resistencia a la modernidad desde el territorio de nuestra América (del río Bravo a la Patagonia).

» La idea comprometida. Decía Martí: “Trincheras de ideas, valen más que trincheras de piedras”. La idea martiana como conexión íntima entre teoría y práctica. La idea debe ser “enérgica”, es decir, compro-metida; expuesta con oportunidad y en el ámbito de lo público. Ubicada en el “deleite del alba” y no en el “deleite del crepúsculo”. No a toro pasado sino abierta “a estos tiempos reales”. Una crítica a la visión hegeliana expresada en la imagen: “vuelo de la lechuza de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo”.4

4 En la segunda mitad del siglo XX, Augusto Salazar Bondy, Arturo Andrés Roig y Horacio Cerutti, filósofos nuestroamericanistas, evocaron críticamente la metáfora hegeliana. Cerutti, por ejemplo, anota: “Nosotros creemos en la necesidad de incorporar a esta filosofía matinal profética, que es auténtica filosofía de la liberación latinoamericana, un nivel ligado al éxta-sis presente de la temporalidad. Será el nivel de la filosofía práctica o práxica, filosofía polí-tica, si se nos permite seguir con la metáfora: filosofía cenital cuyo símbolo no será ya el búho ni la calandria sino el colibrí. Ave americana que vive en zonas tórridas, donde las flores se abren todo el año con el calor. Rompe con su pico la clausura de la flor. Así también el filósofo político debe romper la clausura del ente en la praxis misma donde adquiere su sentido y debe dejar oír su voz comprometida en el proceso histórico presente. Debe pensar el proceso mismo de quiebra, apertura y cierre de las totalidades dialécticas en el alumbra-miento de una nueva etapa antropológica” (Cerutti, 1975:58).


» El componente de resistencia martiano frente al expansionismo imperialista que se revela en un proceso subjetivo, el cual da paso a un sujeto vigilante que se resiste y pone diques a la modernidad aldeana.

» La “vuelta a lo propio”; fundamental para el nosotros latinoamerica-no y caribeño. Por eso Martí enfatizaba que “no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repú-blicas americanas”. El retrotraerse a nuestras raíces es un acto ético y de dignidad; conciencia del propio valer, como valioso para sí. Impronta en la recuperación del propio origen histórico-cultural.

Ideas martianas seminales en muchos de los fundamentos de los pro-cesos de emancipación de finales del siglo XX e inicios del XXI en nuestra América, empeñada en descolonizarse y construir mundos diversos y posi-bles afianzados en el acumulado de resistencia y de utopía.

Pero la perspectiva nuestromericanista también recupera las herejías y aportes del marxismo latinoamericano y caribeño. Particularmente, se toma en cuenta la hazaña intelectual de José Carlos Mariátegui, quien, entre otros méritos, como incorporar la cuestión indígena en el análisis concreto de la realidad concreta, rebate la creencia del determinismo marxiano.

En su texto “El determinismo marxista” (1926) escribe Mariátegui:

A Lenin se le atribuye una frase que enaltece Unamuno en su La agonía del Cris-

tianismo; la que pronunciara una vez, contradiciendo a alguien que le observaba

que su esfuerzo iba contra la realidad: “¡Tanto peor para la realidad!”. El mar-

xismo, donde se ha mostrado revolucionario –vale decir, donde ha sido marxis-

mo–, no ha obedecido nunca un determinismo pasivo y rígido (2010:262).

El otro autor, implícitamente presente en este texto, es Ernesto Che Guevara. Particularmente subyace en estos lineamientos de políticas econó-micas la idea, verdadera espina dorsal del aporte económico guevarista, del ser humano como actor conciente de la economía y en rigor de su historia. El factor subjetivo, de conciencia −dimensión ontológica del ser social−, es fundamental en la construcción de una nueva sociedad y economía.5

5 En fragmentos de la carta que el Che le dirige a Fidel Castro en abril de 1965, en vísperas de su labor internacionalista en el Congo, decanta a manera de “últimas consideraciones” sobre


Es el momento del “deleite del alba” que deje atrás la larga noche neo-liberal que en México lleva más de treinta años. Vayan estas notas que tocan el crepúsculo neoliberal y el asomo al amanecer esperanzador.

Notas sobre el Estado en el marco de la reforma económica

neoliberal y sus perspectivas

Probablemente el núcleo duro y paradójico del neoliberalismo es el nuevo rol que se le confiere al Estado: impulsor de la privatización; la mercantili-zación de la vida pública; la desregulación; la apertura comercial y de inver-siones; el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar (contracción del gasto social, focalización en lugar de universalización de los servicios y programas sociales, individualización y bursatilización de los fondos de pensiones, etcétera).

Desde el Estado, y no desde fuera, las oligarquías nacionales −y la mexi-cana fue ejemplar al respecto− emprenden el debilitamiento estatal a través de las privatizaciones y sustrayéndolo de sus funciones sociales, producti-vas, regulatorias y geoestratégicas en términos de bienestar, desarrollo y seguridad nacional.

El repliegue del Estado en la actividad económica y social ha generado y fortalecido estructuras monopolistas y privilegios fiscales inaceptables, como se puede apreciar en el sector de las comunicaciones y transportes, bienes de capital y energía, agricultura, banca, etcétera; áreas abandonadas por el Estado, por lo que se revela la connivencia entre intereses privados y de funcionarios públicos. Un problema no secundario y que propicia un

política y economía aspectos caros de su pensamiento económico, de plena actualidad, como: “El comunismo es un fenómeno de conciencia, no se llega a él mediante un salto en el vacío, un cambio de la calidad productiva, o el choque simple entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El comunismo es un fenómeno de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia en el hombre, de donde la educación individual y colectiva para el comunis-mo es una parte consustancial a él”. Cfr. Guevara, 2006:12 y ss.

Asumimos como referentes las visiones basadas en el “buen vivir” y las valiosas in-novaciones culturales, morales, políticas e ideológicas nutridas en la vida de nues-tros pueblos originarios y afroamericanos. En consonancia, la transformación que proponemos representa un cambio demo-crático del poder político y la reconstruc-ción del poder social. (Proyecto Alternativo de Nación, 2006, p. 4)


régimen de privilegio (altos precios, mala calidad, etcétera) y preferencias fiscales (escasa o nula tributación).

Adicionalmente, esta retirada del Estado de la vida pública menoscaba severamente la defensa y promoción de los derechos humanos, particular-mente de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). México, pionero mundial en la inclusión de los DESC en su Constitución de 1917, tras la adopción del neoliberalismo en las tres últimas décadas se ha colocado entre los países con mayor rezago social y deterioro e insatisfacción cre-ciente de los DESC no solo en América Latina y el Caribe sino en el orbe.

Sin duda, uno de los retos torales para solucionar los grandes problemas de la nación es recuperar el rol positivo del Estado en la vida social, política, cultural y económica. Y a nuestro juicio eso pasa por una reforma fiscal que incremente la carga y las contribuciones fiscales, solo así tendríamos un Estado fiscalmente robusto capaz de redistribuir la riqueza y alentar la in-versión productiva.

Se trata de simplificar (estamos en el lugar 106 en un listado de 181 países en cuanto a las facilidades del pago de impuestos) y dotar de progre-sividad al sistema tributario: que paguen más lo que más tienen y los que más ingresos perciben.

Desde hace más de cincuenta años el coeficiente tributario en México equivale a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Un porcentaje pronunciadamente bajo. Muy inferior al promedio de los países de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 25 por ciento; y de países como Dinamarca, 46 por ciento; Suecia, Francia, España y Nueva Zelanda, con 34 por ciento. Incluso Brasil y Argentina triplican y doblan, respectivamente, el porcentaje nuestro.

Son muchos factores los que inciden en la baja tributación: la evasión se estima entre 27 y 40 por ciento de la recaudación potencial; la elusión también es otro problema que exhibe las debilidades del sistema fiscal, así como los excesivos privilegios (regímenes especiales y condonaciones, entre otros, hacia los grandes contribuyentes, lo que en la práctica los exime del pago de impuestos). Igualmente, la estructura informalizada de la economía y el desempleo merman el pago de impuestos.

Podrían añadirse innumerables problemáticas más pero acaso lo central sea el hecho de que hay, desde hace más de cincuenta años, la decisión política de la oligarquía mexicana de no pagar impuestos. A ello obedece la engorrosa, opaca, ineficaz e ineficiente estructura del sistema de adminis-tración tributaria.


De no materializarse una reforma fiscal profunda que nos coloque en el corto plazo con los índices promedio de la OCDE, difícilmente podrá tener éxito una política redistributiva de la riqueza tan necesaria para la equidad.

El índice de Gini, empleado para el estudio de la distribución de des-igualdad y particularmente para identificar la desigualdad de los ingresos, muestra el positivo efecto que tienen las medidas redistributivas: la des-igualdad promedio entre los países de la OCDE es de 47.6 por ciento, la cual se contrae a 28.2 por ciento después de impuestos y transferencias. En México el coeficiente de desigualdad se mantiene por encima de 50 por ciento.

Una mayor recaudación tributaria debe estar relacionada con el creci-miento económico. El Estado debe contar con los recursos presupuestales para financiar el desarrollo nacional, regional y local. Para que la inversión pública tenga resultados debe producirse en forma transparente, planearse estratégicamente, ser altamente participativa y auditarse. Solo así podrá arribarse a tasas de crecimiento de 6 a 8 por ciento anual de manera soste-nida y con efectos multiplicadores para hacer frente a las necesidades so-ciales en el corto plazo.

Cabe indicar que el planteamiento de un crecimiento robusto de 6 a 8 por ciento anual no solo es posible sino del todo aconsejable en el corto plazo. Empero, no será con un mayor crecimiento como se resolverán los grandes problemas nacionales: ya durante décadas del llamado desarrollo estabilizador se alcanzaron este tipo de tasas, y los rezagos sociales y la polarización social también se presentaban. Esa estrategia de crecimiento deberá imbricarse con una lógica de decrecimiento que permita la recon-versión productiva y los cambios en el consumo y la distribución pertinen-tes para ajustar la evolución económica con los imperativos del desarrollo justo y sustentable.

Los ingresos no tributarios (que representan 38 por ciento del presu-puesto federal), particularmente los derivados de la renta petrolera, deben dejar de ser canalizados para cubrir gasto corriente y destinarse a la inver-sión productiva en áreas de refinación y petroquímica, al restablecimiento del transporte ferroviario y a otras actividades de alta rentabilidad.

Estas inversiones pueden ser complementadas con las reservas actua-riales y los fondos de pensiones, manejados sin costo alguno para el traba-jador, con el propósito de garantizar que las pensiones estén invertidas en áreas que les aseguren rendimientos por encima de los ofrecidos en los mercados privados y también una pensión digna por cesantía, invalidez o


vejez. De producirse esta situación, se estaría generando un dinamismo virtuoso y sostenido.

Más adelante se detallarán muchas de las medidas propuestas que hacen factible la orientación productiva y el sentido social y ambientalmente justo de nuestro planteamiento sobre el nuevo papel del Estado.

Ahora cabe advertir sobre el riesgo de pensar que es a través del Esta-do −mejorado y ampliado− la única forma en que se resolverán los grandes problemas nacionales. Más aún, si esta coordenada arrastra la visión euro-céntrica de que la democracia política implica un Estado que esté corrigien-do e interviniendo sistemáticamente en los mercados privados.

El concepto de Estado debe necesariamente plantearse como parte de las múltiples formas de democracias representativas y participativas y de convivencia social que se recrean desde nuestros orígenes hasta hoy en día, y que a través de procesos territorializados y sectorizados de carácter comunitario, autónomo y autogestivo, preservan el tejido social y los recur-sos naturales, con mayor fuerza que la producida por intervenciones esta-tales o privadas. Por eso mantener la perspectiva utópica de disolución del Estado tiene posibilidades prácticas para las salidas democráticas a los grandes problemas nacionales.

Las respuestas neoliberales a las crisis

Precedida de alrededor de 124 crisis registradas en el mundo entre 1970 y 2007, la crisis actual −eclosionada en agosto de 2007− desborda en mucho sus expresiones fenoménicas de carácter cíclico, financiero o de liquidez: tiene en realidad un alcance sistémico y civilizatorio.6

6 Para que el lector(a) pondere el impacto financiero de la crisis global, vale la pena recurrir a los datos que ofrece Susan George en su libro Sus crisis, nuestras soluciones (2010): “La crisis financiera ha hecho aparecer cifras enormes, prácticamente incomprensibles, en las primeras planas, y hace falta alguna escala alternativa para tener una idea aproximada de lo que representan. Pensemos en el número de veces que nuestro reloj hace tictac para marcar los segundos; si cada segundo equivale a un dólar (euro, libra, etc.), la relación es la siguiente: Un día = 86.400 $, un año = 31.536.000 $; 10 años = 315.536.000 $; 100 años = 3.153.600.000 $. O digámoslo al revés: Mil millones (la unidad seguida de nueve ceros) es algo menos de 32 años. Cien mil millones es casi 3.200 años. Un billón (la unidad seguida de doce ceros) es casi 32.000 años. Las estimaciones más bajas del total de los rescates financieros rondan los cinco billones (160.000 años); las más altas que he visto, a partir de finales de 2009, están en torno a los dieciocho billones de dólares (576,000 años)”.


Cabe insistir en que, por sus fundamentos, peculiaridades y consecuen-cias, esta crisis tiene un carácter civilizatorio y sistémico, lo que exige el desmontaje del modelo neoliberal que ha conducido al precario e inestable comportamiento de la economía mundial y mexicana observado en los úl-timos treinta años de noche neoliberal y que ha modificado la estructura económica, política y social del planeta y del país en términos regresivos.

Las políticas de ajuste estructural y los paquetes de medidas contrac-cionistas con las que los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN han pre-tendido enfrentar y superar las diversas crisis acaecidas en los últimos cinco sexenios son un contrasentido, por lo que poner fin a la repetición de las mismas políticas que generaron la crisis se convierte en un imperativo.

A continuación ofrezco una versión libre sobre un documento de alter-nativas, en el que participé activamente, que sirvió en 1995 de base para un ejercicio de consulta ciudadana sobre política económica, inédito en su momento, llamado Referéndum de la Libertad, que después de ser discutido en asambleas y talleres populares suscitó el apoyo de casi medio millón de ciudadan@s que se oponían al paquetazo neoliberal Zedillo-Clinton y en cuyas redes aún estamos presos.

El paquete de rescate a banqueros y especuladores aplicado en 1995 y los convenios financieros y monetarios entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del PRI y del PAN para enfrentar el problema de insolvencia y deuda pública de corto plazo y para salvaguardar los intereses de acreedo-res y especuladores los seguimos padeciendo. El paquete de rescate finan-ciero de 1995 y sus sucedáneos conllevaron una pérdida de soberanía al imponer una condicionalidad gravosa en materia de política económica; colocaron groseramente en la jurisdicción de un tribunal ubicado en el ex-tranjero las posibles controversias; comprometieron los activos financieros del gobierno federal y del Banco de México, depositados en instituciones financieras de Estados Unidos, especialmente los ingresos provenientes de exportaciones de petróleo y derivados −sometiendo a Pemex a una inter-vención gerencial desde el extranjero−, así como otros activos, hechos que provocaron penosas cargas fiscales que aún hoy en día repercuten en las finanzas públicas. Se estima que el costo fiscal del rescate bancario superó el equivalente de 15 por ciento del producto interno bruto.

El programa económico instrumentado como parte de la condicionalidad del paquete financiero de 1995 agravó los efectos de la crisis, empobreciendo y desempleando a millones de mexican@s, provocó la quiebra de miles de empresas, agudizó el problema de carteras vencidas, condujo al colapso del


mercado interno y profundizó el deterioro ambiental en niveles alarmantes; el ajuste y la condicionalidad del paquete financiero precipitaron la desin-tegración nacional y de su base material de producción, cancelando opcio-nes que permitan encaminar al país por la vía de un genuino desarrollo sustentable.

El pueblo mexicano ha sido víctima de fraudes electorales, particular-mente los producidos en 1988 y 2006, momentos en los que la gran mayoría del pueblo mexicano rechaza los términos del programa neoliberal, y los diferentes sectores productivos del país reclaman por múltiples vías la puesta en práctica de una política económica alternativa que tenga como prioridad hacer frente a las necesidades de la economía nacional y al de-sarrollo justo y sustentable.

Existen alternativas realistas, técnicamente fundadas, que pueden hacer frente a la crisis económica y financiera atacando de raíz los problemas que la generaron y la agravan. Se proponen los siguientes lineamientos y criterios para un plan de decrecimiento y políticas económicas justas y sustentables.

Diagnóstico

El modelo neoliberal que se impuso en México a partir de 1982 se fincó en dos premisas falaces. La primera es que el libre comercio, lo que se tradujo en una apertura indiscriminada y abrupta, conduciría al país al paraíso del crecimiento sostenido.7 La segunda premisa es que la minoración estatal en la regulación y participación directa en la actividad económica favorece que las fuerzas del mercado asignen recursos eficientemente y se sitúen en ni-chos de competitividad para la economía nacional.8 La aplicación de ambas

7 Años después en que crecía la opinión pública respecto a los efectos negativos del creci-miento económico sobre el medio ambiente, los apologistas del crecimiento como panacea para resolver todos nuestros problemas se expresaban de la siguiente manera: Baby Bush solía decir: “El crecimiento es la llave del progreso ambiental, en la medida en que propor-ciona los recursos que permiten invertir en las tecnologías apropiadas: es la solución, no el problema”. Gao Feng, responsable del gobierno chino en las negociaciones sobre cambio climático, afirmaba que “un crecimiento y un desarrollo […] no deben verse sometidos a trabas” (citado por Taibo, 2010:1 y ss.).

8 El achicamiento del Estado se tradujo en una creciente concentración y centralización de capital. Una manera popular de expresarlo es ubicando a la oncena de mexicanos más ricos que poseen al menos mil millones de dólares y más que eso como lo reporta la revista Forbes.


políticas no desembocó en una economía robusta, capaz de generar las divisas que toda economía abierta necesita, sino en una economía desarticulada y vulnerable.

El modelo neoliberal ha fracasado en todos y cada uno de sus objetivos. Incluso sus signos de éxito son muy cuestionables. Se dice que se ha establecido una poderosa plataforma exportadora. En 2011 las expor-taciones manufactureras ascendieron a 350 mil millones de dólares, monto mayor a las exportaciones de todos los países de Amé-rica Latina, incluyendo Brasil. Pero de qué sirve que las exportaciones hayan crecido exponencialmente si son incapaces de im-

primir dinamismo al resto de la economía.9 Fue imposible mantener un ritmo de crecimiento adecuado y el promedio de crecimiento del PIB durante los últimos treinta años está por debajo de la tasa de crecimiento de la pobla-ción. El salario real decreció, el empleo precario aumentó, y se amplió la desigualdad económica y social. Los rezagos en materia de salud, alimenta-ción, vivienda, transporte e infraestructura también se profundizaron de manera alarmante.

La obsesión por la estabilidad ha congelado la economía, hecho que revierte el empeño también obsesivo por el crecimiento. En rigor, lo que se ha registrado en la larga noche neoliberal en México es un decrecimiento en el nivel de vida de la población. La definición rígida de la estabilización

En 2012 el conjunto de estos oligarcas reunieron una fortuna de 129 700 millones de dólares, es decir, 4 600 millones más que en 2011, cuando juntaban 125 100 millones, lo que represen-ta un crecimiento de 3.67 por ciento. Más de la mitad de los ricachones aludidos son o fueron accionistas de ex paraestatales. Y el resto, de uno u otro modo se han beneficiado del retrai-miento de la actividad económica del Estado, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán −líder del cartel de Sinaloa−, quien es responsable de 25% de las drogas ilegales que entran a Esta-dos Unidos provenientes de México y cuya fortuna es estimada en mil millones de dólares.

9 En 2011, la balanza comercial de México presentó un déficit de 1 166 millones de dólares, dato menor al saldo deficitario de 3 009 millones de dólares registrado un año antes, según re-portó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo explica que este déficit comercial fue resultado de exportaciones totales por 349 677 millones de dólares en 2011, con un aumento de 17.2% anual, y de importaciones totales por 350 843 millones de dólares, con un avance anual de 16.4 por ciento.

…ya sabemos que los neoliberales gustan de recortar los rubros socia-les y aumentar el gasto corriente (sueldos y gastos suntuarios de los funcionarios) y el de la seguridad pública (fuerzas armadas y policía), porque su ideología y su “inteligen-cia” les dicta que el autoritarismo y la represión es la forma correcta de enfrentar el descontento que generan los problemas económicos y sociales entre la población mayoritaria. (Pla-taforma PT, p. 5)


conduce inevitablemente a un congelamiento o estancamiento de la diná-mica económica. Ni los indicadores convencionales, como el ingreso per capita y el crecimiento del PIB nominal, pueden encubrir esa realidad depre-siva, pues incluso el mediocre crecimiento registrado, inferior al crecimien-to poblacional, se ha producido en forma tersa y continua.

La baja de la tasa de inflación presentada como uno de los éxitos más notables de la política de estabilización, en realidad fue un logro temporal y frágil. Al recurrirse a la estabilización de la paridad cambiaria y a la aper-tura indiscriminada como puntales de la lucha para controlar y abatir la inflación, se generaron contradicciones que agravaron el desequilibrio ex-terno. La devaluación del peso frente al dólar no es más que la expresión de estas contradicciones. Por su magnitud, este desequilibrio debió ser cubier-to con recursos financieros atraídos solamente por altas tasas de interés y no por las posibilidades que podría ofrecer una inversión productiva en una economía saludable. El capital especulativo vino a ser, en última instancia, la pieza clave en este esquema, y al retirarse, la inflación recupera su viru-lencia y peligrosidad. La presente crisis confirma que los logros macroeco-nómicos de los últimos seis años descansaban sobre bases muy endebles y esencialmente sobre la permanencia de los capitales especulativos en el espacio económico de México y el ingreso extraordinario por concepto de renta petrolera.

Durante los años noventa, la política de apertura fue acompañada de una política de estabilización del tipo de cambio que condujo inevitable-mente a la sobrevaluación del peso frente al dólar. Una de las consecuencias de ello fue el extraordinario aumento del déficit en la balanza comercial. Las altas tasas de interés que buscaban atraer recursos financieros del exterior para financiar el desequilibrio externo, terminaron asfixiando a la planta productiva interna que, simultáneamente, se vio sujeta a la presión de la competencia de las importaciones por la apertura indiscriminada de nues-tra economía, iniciada en 1986 con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).

La crisis de 1994 reveló que no es posible superar la restricción exter-na con el modelo de apertura indiscriminada y abrupta. La crisis del mo-delo neoliberal también hace necesario redefinir el papel del Estado en la economía mexicana en una dirección que posibilite alcanzar un Estado democrático con mecanismos que obliguen a la transparencia y a la rendi-ción de cuentas del funcionariado, particularmente de los encargados de la política económica. Estos mecanismos son indispensables para mantener


una orientación responsable de la economía que impida la vulnerabilidad recurrente en que está presa la nación.

Igualmente se debe buscar un Estado que abra los espacios necesarios para identificar prioridades y directrices para la actividad productiva, y negociar de manera responsable nuevos acuerdos comerciales y financieros con el exterior. En particular, los nuevos acuerdos deben ser producto de procesos de consulta realmente abiertos, en los que se excluya de entrada la posibilidad de las connivencias cupulares y no representativas de los diferentes sectores sociales y productivos.

Para construir una economía abierta y saludable no se puede partir de la idea de que el Estado debe abstenerse de participar en los procesos eco-nómicos. No existe experiencia histórica alguna de una economía con un sector exportador dinámico y exitoso, en la que el Estado no hubiera des-empeñado un papel fundamental. Tanto Estados Unidos como los países europeos, y las exitosas economías exportadoras asiáticas, lograron esta-blecer una base industrial exportadora a través de la intervención activa del Estado. Dicha participación ha adoptado fórmulas de diversa índole, regulando la apertura comercial y la inversión extranjera directa y en car-tera, instrumentando una política coherente y de largo plazo en materia de ciencia y tecnología, o adoptando medidas decisivas en materia de pro-moción de sectores estratégicos y de integración de cadenas productivas, promoción de exportaciones con un alto contenido nacional, etcétera.

Las respuestas de los gobiernos priistas y panistas a las crisis de 1994-1995 y 2008-2010 y sus ulteriores desenvolvimientos fueron totalmente erradas. El diagnóstico que formularon y mantienen desde la élite político-económica es que la crisis no es del modelo, sino simplemente financiera. De ahí que su respuesta equivale a acentuar todos los rasgos negativos inherentes a este modelo económico y a profundizar los efectos de la crisis. La política de restricción monetaria y crediticia, aunada al drástico ajuste fiscal, no repre-senta una solución a los problemas actuales de la economía mexicana. El paquete de medidas contraccionistas está intensificando los efectos negativos de la crisis y, por lo tanto, es urgente frenarlo y cambiar de rumbo.

La gravedad de la situación social hace necesario redefinir la estrategia económica en un sentido de decrecimiento, el cual deberá sustentarse en el equilibrio entre un sector exportador articulado y subordinado a las ne-cesidades del país, de forma que dinamice equilibradamente las actividades productivas y comerciales del resto de la economía. La atención de las nece-sidades del mercado interno debe volverse una prioridad, y puede lograrse


su compatibilidad en el inmediato y mediano plazos con el objetivo de re-orientar y mantener una fuerte capacidad exportadora. Los ejes dinamiza-dores del desarrollo estable y sostenido deben ser un mercado nacional y regionalizado en lo interno con creciente poder de compra, un sector públi-co de la economía como instrumento de conducción del proyecto y un sector exportador restructurado, de alto contenido nacional, de forma que su comportamiento impulse al conjunto de la economía.

Objetivos

Lo que sigue son trazos programáticos de corto plazo (de un mínimo de tres años a un sexenio) que aun centrándose en lo económico tienen una clara perspectiva de justicia y sustentabilidad, al asegurar el desarrollo para la población mexicana de hoy y de mañana. No fue posible ahora tratar en toda su magnitud otros aspectos de la sustentabilidad. Sin embar-go, sienta las bases para un desarrollo equilibrado que preserve el medio ambiente, así como elementos políticos para alentar los cambios democrá-ticos indispensables para su correcta aplicación y para la consecución de sus objetivos. Es una propuesta macroeconómica que deberá ser aplicada en los ámbitos nacional y regional y creará un entorno más favorable a las iniciativas de autogestión de los agentes populares organizados local y sectorialmente.

Los objetivos más generales son los de sentar las bases de un nuevo mo-delo que permita el desarrollo económico sostenido y sustentable, el mejora-miento de los niveles de vida de la población y la preservación del medio ambiente.

Medidas como las aquí sugeridas reducirían los efectos negativos de la crisis y del errático desempeño económico, establecerían las bases para superar el modelo neoliberal y minimizarían los costos que deberán enfren-tarse. Las medidas habrán de reducir los tradicionales sacrificios, por lo demás inútiles, que acompañan a los programas de estabilización y ajuste estructural. La lucha contra la inflación se mantiene, pero dejará de ser el absoluto ante el que se sacrifican dinamismo y bienestar.

El desafío de estos trazos de estrategia económica es la articulación de los horizontes temporales de corto, mediano y largo plazos que prepare a la economía y a la sociedad mexicanas para una verdadera fase de de-sarrollo. En lo inmediato busca rescatar y conservar la planta productiva y


el empleo. También permite integrar el mercado doméstico a la dinámica económica, restituyendo las necesidades de consumo (no de consumismo destructivo) del pueblo mexicano en el nivel prioritario que le corresponde. Este elemento es fundamental tanto para alcanzar escalas de producción competitivas, como para generar empleo productivo y estable en beneficio de la creciente fuerza de trabajo de México.

La premisa básica es el manejo productivo, social, honrado y transpa-rente de las finanzas públicas. Sin embargo, en la medida en que los objeti-vos del mismo son los de recuperación y decrecimiento sustentable, el manejo adecuado de las finanzas públicas se convierte en un instrumento y no en un fin. Las finanzas públicas sanas no necesariamente se expresan en el equilibrio o el superávit. Entre otras cosas, el buen manejo de las fi-nanzas públicas se logrará reduciendo la carga del servicio de la deuda pública (externa e interna) y eliminando la corrupción y el manejo discre-cional de los recursos del erario público.10 La supervisión del manejo de los fondos públicos por parte del Congreso de la Unión y de la ciudadanía, a través de figuras y mecanismos como las contralorías y auditorías ciuda-danas, así como los presupuestos participativos sectorizados y territo-rializados, serán dos de las formas de control más importantes en este renglón.

Democratizar el proceso de gestión y de toma de decisiones en materia de política económica es un imperativo. Los cambios democráticos, de-manda urgente de la mayoría de la sociedad mexicana, no se reducen a lo electoral y la independencia y equilibrio de los poderes de la Unión, sino que abarcan también la democracia directa y participativa, social y econó-mica. Es indispensable que se deje de usar facciosamente al Estado y se favorezca la independencia y democratización de las organizaciones socia-les de obreros, campesinos y empresarios. Es necesaria la intervención y control de la sociedad sobre la gestión y conducción de la economía. Esta necesidad es compatible con el reclamo democrático nacional y de un

10 Andrés Manuel López Obrador ha proyectado en su propuesta económica para 2012-2018 obtener 300 000 millones de pesos en ahorros a través de ajustes gubernamentales que consisten en recortes a los privilegios de la alta burocracia. Una suma similar se conseguiría mediante el combate a la corrupción. Con esos 600 000 millones se financiarían por lo menos 10 proyectos de alto impacto en generación de empleos; entre esos proyectos se encuentra un tren bala que una a Cancún con Palenque, el desarrollo del istmo de Tehuantepec, una mayor vinculación del Atlántico con el Pacífico e inversión en el sector agropecuario.


verdadero Estado de derecho. El diálogo entre los sectores productivos debe asegurar una genuina representatividad.

Por último, la puesta en práctica de un programa coherente de recupe-ración económica también necesita un marco de estabilidad política e ins-titucional, por lo que es indispensable lograr una solución negociada de los conflictos políticos, sociales, sindicales, agrarios, comunales y los concer-nientes a la consecución de la paz con justicia y dignidad.

Los ejes del dinamismo económico

Para sustentar una dinámica autosostenible son imprescindibles tres ele-mentos:

En primer lugar, conferir a la estructura económica interna su papel estratégico en el desarrollo. Suscitar un círculo virtuoso implica la amplia-ción del mercado interno y enlazamientos locales e intrarregionales conco-mitantes a la mejora del poder de compra de los salarios e ingresos de la mayoría de la población. El dinamismo del mercado interno permitiría a la mayoría de las unidades económicas tener salida mercantil a una produc-ción de nuevo tipo, propiciaría escalas adecuadas de producción y a su vez ayudaría a la generación de mayores oportunidades de empleo, lo que re-percutiría en el fortalecimiento de la dinámica interna. De esta forma la política social se convertirá en complemento de una política económica que tiende a mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos y no constitui-rá solo un paliativo ante los estragos de una mala política económica. Una economía centrada en el mercado interno permite reducir la polarización y distribuir el ingreso.

En segundo lugar, reorientar y restructurar el sector externo (sector exportador e importador). En la actualidad, el sector exportador represen-ta un tercio del PIB; los cambios que se proponen deben permitir financiar las importaciones necesarias y una adecuada modernización de la planta productiva nacional. El sector exportador no solo debe dejar de ser causan-te de gran parte del déficit comercial, sino que debe estimular a la industria nacional, permitir escalas adecuadas de producción, multiplicar los empleos y transformarse en una fuente que aporte divisas. Para ello se necesita integrarlo al resto de la economía a fin de propiciar que las exportaciones tengan un creciente contenido nacional. De igual manera es necesario ampliar


la base exportadora ya que en la actualidad alrededor de 300 empresas son las responsables de la mayoría de las exportaciones. En una primera etapa la ampliación de la planta exportadora se hará indirectamente en la medida en que se vaya aumentando, con programas y políticas de fomento definidas, el contenido nacional de dichas exportaciones.

Para enfrentar la globalización hegemonizada por las grandes corpora-ciones y potencias debe emprenderse una genuina diversificación de nues-tras relaciones con el exterior, penetrando nuevos mercados, lo cual evitará la concentración en el bloque norteamericano y europeo. Un ele-mento decisivo y de carácter histórico es la integración con América Latina y el Caribe. Es preciso afianzar en primera instancia la integración mesoame-ricana y caribeña. Simultáneamente integrarse a mecanismos como el Mer-cado Común del Sur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Mercosur y Alba) y a partir de ahí proponer una integración que abarque a toda la Patria Grande. El estrechamiento de relaciones estratégi-cas con China, India, Sudáfrica y Rusia es fundamental para reinstalar a México como jugador global independiente. México debe fungir de puente de diálogo verdadero entre el Norte y el Sur. Una política de carácter inter-continental: América Latina y el Caribe-África-Oceanía-Asia será fundamen-tal para cimentar un nuevo orden económico y político mundial.

El tercer eje dinamizador de la economía es el sector público. La em-presa pública, y particularmente su sector energético, debe volver a ser una palanca del desarrollo nacional. No se trata solo de una fuente de recur-sos para el presupuesto gubernamental, sino de un sector estratégico de la economía que impulse al conjunto. No solo es cuestión de soberanía sobre los estratégicos recursos naturales que constitucionalmente son propiedad de la nación, sino de hacer jugar dichos recursos como palanca del de-sarrollo. La inversión y compras gubernamentales se convertirán en dinami-zadores y orientadores de un plan de desarrollo de largo plazo, sin que ello minimice el peso de la inversión privada. Hay que promover, pero también orientar la iniciativa de los particulares. La modernización y construcción de nuevas refinerías11 y plantas petroquímicas son centrales para abandonar

11 Andrés Manuel López Obrador propone construir para el periodo 2012-2018 cinco grandes refinerías: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; una más como ampliación de la instalada en Salina Cruz, Oaxaca; otra en Dos Bocas, de Paraíso, Tabasco; y una más en Atasta, estado de Campeche.


la lesiva e irracional prioridad de privilegiar la explotación primaria de hi-drocarburos, cuyas reservas por lo demás han entrado a una fase de agota-miento que se antoja irreversible. Por esta razón, las inversiones públicas y privadas deberán dirigirse a la generación de valor añadido y al encade-namiento del sector energético e industrial.

El financiamiento del desarrollo debe basarse fundamentalmente en recursos internos, pero ello no excluye la atracción de inversión extran-jera directa y regulada para que se integre y colabore en un definido y realis-ta proyecto de desarrollo de largo plazo, que no puede dejarse en exclusiva a las llamadas fuerzas del mercado, es decir, a los monopolios nacionales y extranjeros.

Ajuste del sector externo

Las principales variables macroeconómicas deben estabilizarse, pero no a costa de ahogar a la economía ni de contribuir al desmantelamiento de la planta productiva. La única manera de flexibilizar el uso de los instrumentos de la política monetaria, fiscal y crediticia para ponerlos al servicio de una estrategia económica, es aliviando la presión que actualmente existe sobre el sector externo. En la medida en que el déficit externo se reduzca, dismi-nuirá la presión sobre el tipo de cambio y sobre la tasa de interés. La reduc-ción de la presión sobre el sector externo permitirá mantener un tipo de cambio competitivo sin llegar a la secuencia de macrodevaluaciones carac-terísticas de los ajustes contraccionistas de los últimos sexenios. De esta forma se podrá escapar de la espiral devaluación-inflación.

Un paso imprescindible es abandonar los condicionamientos impues-tos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a través de paquetes de rescate y de los acuerdos anuales que imponen la obligación de instrumentar una rígida política contraccionista en momentos de crisis y de estancamiento que mina la planta productiva y el dinamismo económico.

Las obligaciones de rendir cuentas a las autoridades económicas ex-ternas, hipotecar la factura petrolera de exportación y profundizar el pro-ceso de privatización y desregulación representan una pérdida de control sobre las principales decisiones estratégicas en materia de desarrollo eco-nómico, y no constituyen una respuesta a los problemas económicos del país.


Renegociación de la deuda externa

Durante la crisis de 1994-1995, era evidente que el alivio de la presión sobre el sector externo suponía, como un primer paso, renegociar la deuda exter-na pública y privada en términos de autonomía, y no como se hizo, cedien-do en aspectos torales de soberanía nacional y socavando las posibilidades de una renegociación internacional desde el Sur que evitara lo que ulterior-mente aconteció, el encadenamiento sistémico: crisis en Brasil, Argentina, Rusia, Indonesia, Malasia, Corea del Sur, etcétera.

Muchas voces sensatas, y no solo planteos encasillados en radicalis-mos ideológicos, ofrecieron soluciones duraderas. Se trataba de un requisi-to indispensable para poder reorientar todo el modelo económico. La deuda externa total mexicana (pública y privada, incluyendo los bonos de deu-da “interna” gubernamental en manos de extranjeros) equivalía en marzo de 1995 a 73 por ciento del PIB, y sus obligaciones a lo largo de 1995, según el Departamento del Tesoro estadounidense, eran de 81 mil millones de dólares.

Diecisiete años después, y no obstante haber pagado cuantiosos montos que sobrepasan en mucho las “quitas” y reducciones derivadas de las rene-gociaciones, la deuda externa total mexicana ascendía a 281 050.9 millones de pesos (al cierre de 2011), es decir, representaba alrededor de un tercio del producto interno bruto.

El desendeudamiento registrado en la administración Fox se ciñó a los parámetros impuestos por la banca internacional en la renegociación salinis-ta, basados en una estrategia que pospone los costos de su servicio, convir-tiendo deuda externa en interna, con el pretexto de aminorar la presión por riesgos cambiarios y de obtener mejores condiciones de plazo y pago, realizar pagos adelantados del principal y/o de los intereses, reprogramar el pago por amortizaciones y pago de intereses para evitar su excesiva acumulación en un año determinado, así como mantenimiento de un coeficiente no escanda-loso deuda/PIB que dé la apariencia de un manejo adecuado de las finanzas públicas y cuentas con el exterior. Lo cierto es que los millonarios recursos de la renta petrolera aplicados al desendeudamiento se desvanecieron con el crecimiento exponencial de la deuda en la siguiente administración panista.

Tarde que temprano el problema de la deuda (problema que engloba las deudas internas y externas, públicas y privadas, y con acreedores nacio-nales e internacionales) resurgirá con virulencia. De manera que más vale tener presente algunos principios torales, como los siguientes:


En primer lugar, el objetivo de mantener el servicio de la deuda externa e interna en su tendencia actual (montos y estructura) es incompatible con el de un sano dinamismo económico y, de seguir su curso, en el mediano-largo plazo resultará impagable.

En segundo lugar, por su magnitud y por las repercusiones que la fragi-lidad financiera y monetaria actual puede acarrear, la renegociación de la deuda externa de México y de otras naciones endeudadas es un imperativo para asegurar la estabilidad y creación de un nuevo sistema financiero in-ternacional.

En tercer lugar, la renegociación o renegociaciones flexibilizando la perspectiva política deben enmarcarse en el principio de corresponsabilidad. Desde la renegociación de 1989, este principio ya fue reconocido por la comunidad financiera internacional. De nuevo los acreedores deben asumir su responsabilidad y procurar, de manera constructiva, contribuir a salir del atolladero en el que se encuentra el sistema financiero internacional. Los acreedores no deben olvidar que, mientras mantienen sus colocaciones en los llamados mercados emergentes, sus niveles de rentabilidad han sido extraordinariamente altos.

La banca internacional europea ha anunciado quitas a la deuda griega (primer trimestre de 2012), las cuales se hacen, empero, en situaciones extremas y condicionadas a la autoritaria aplicación de paquetes neolibe-rales de ajuste y estabilización de graves consecuencias sociales. Tal como ha ocurrido en la larga noche neoliberal en los países sometidos a los dic-támenes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y de otras ins-tituciones financieras internacionales.

El manejo de la crisis griega que se presentó como verdadera tragedia, ahora se devela como la gran farsa, tal como aconteció con México.

La quita de la deuda griega pospone y canjea-transfiere deudas de ban-queros a la esfera pública para restablecer condiciones de tributación difi-cultando ulteriores renegociaciones. Se pretende reducir la deuda, ubicada en la actualidad en más de 160 por ciento del PIB (curiosamente, tres años antes, en 2009, la deuda en relación con el PIB representaba 115 por ciento, de manera que con todo y rescate financiero se registró el mayor incremen-to histórico de la deuda en Grecia), hasta 120.5 por ciento en 2020, siempre y cuando la economía helénica crezca a más de 2 por ciento anual y se ge-nere superávit fiscal. En los últimos veinte años, Grecia ha pagado por la deuda el doble del importe de la deuda en su nivel actual y, sin embargo, sigue en ascenso y desviando recursos públicos a los banqueros. En 2012,


de los 212 000 millones de euros del presupuesto griego, 87 000 millones están destinados a los servicios de deuda (vencimientos, intereses, mante-nimiento), mientras que partidas como la relativa a educación reciben solo 5 000 millones de euros.

El plan de quitas −conocido como Participación del Sector Privado− lo aprobó en febrero de 2012 un parlamento griego dividido. Si bien esa par-ticipación contempla el canje de títulos de valor depreciado por 107 000 millones de euros tenidos en su mayoría por inversores privados, los bene-ficios para Grecia son dudosos. El economista Leonidas Vatikiotis lo pone en duda al sostener que el nuevo préstamo de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional supondrá 130 000 millones de euros (este préstamo está dirigido a financiar el proceso de quita y el remanente retenido en una cuenta bloqueada y supervisada por la UE para cubrir el pago de la deuda), lo que, no obstante la quita de 107 000 millones, deja un saldo de 23 000 millones de euros adicionales, que se sumará al actual monto de la deuda griega estimada en unos 360 000 millones de euros.

De los 130 000 millones del nuevo crédito, 30 000 millones de euros en dinero líquido serán utilizados como “incentivo” para la banca privada ex-tranjera, y al menos otros 35 000 millones se destinarán a recapitalizar los bancos griegos, a pesar de que según los cálculos del Centro de Planeamien-to e Investigaciones Económicas (KEPE), las pérdidas de estas instituciones no serán mucho mayores a 17 600 millones de euros. La mayor carga la soportarán los fondos de pensiones públicos de Grecia, que poseen unos 30 000 millones de euros y perderán unos 12 000 millones de euros. Aunque se ha prometido una indemnización, transfiriendo recursos públicos a estos fondos, se cree que será insuficiente pues se trata de propiedades cuyo valor inmobiliario decrece cada día.

Otro de los problemas es que los nuevos bonos se emitirán bajo juris-dicción británica. Esto permitirá a los tenedores de la deuda reclamar pro-piedades del Estado griego en caso de impago de los bonos. El acuerdo daría derecho a los acreedores a confiscar las reservas de oro del Banco Central de Grecia.12

Por eso en un proceso de renegociación genuino se deben buscar sis-temas de garantías que no estén acompañados de restricciones a la política

12 Información proporcionada por el economista Leonidas Vatikiotis y el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, a la agencia EFE/Andrés Mourenza, 3/3/2012.


económica, derivadas de una condicionalidad y pérdida de soberanía sobre las decisiones de estrategia económica.

Las renegociaciones anteriores han desembocado, en el mejor de los casos, en paliativos, y en el peor, en esquemas de mayor endeudamiento para pagar adeudos anteriores. Los esquemas de mayores préstamos no deben desecharse, pero, tomando en cuenta que la actual crisis no es una simple crisis de liquidez (en cuyo caso tendría sentido pensar en nuevos préstamos) sino de insolvencia generada por el fracaso del modelo neolibe-ral, los esquemas de nuevos préstamos (dinero fresco) no deben ser prio-rizados en la estrategia de renegociación.

La renegociación de la deuda debe buscar llevar a cabo reducciones significativas en el saldo de la deuda con el fin de reducir la carga por pago de intereses y, en el mediano plazo, por amortizaciones. Las reducciones en el principal pueden realizarse en momentos favorables, como es la práctica internacional, tomando como punto de referencia el valor de la deuda en los mercados secundarios internacionales. De este modo, la economía mexi-cana en su conjunto se beneficia con el monto del descuento que se registra en los mercados.

El monto eliminado del saldo principal debe ser lo suficientemente importante para asegurar que se reduzca la presión derivada de la carga por servicio de deuda y se puedan lograr los objetivos económicos de pro-tección de la planta productiva y generación de empleo. Esto puede lograr-se incluso al determinar el monto de las quitas sobre una parte del saldo de la deuda existente en la actualidad. Así, el peso de las reducciones en el saldo de la deuda debe descansar sobre lo que técnicamente se conoce como deuda nueva, es decir, aquella pactada a partir de 1989.

La futura revisión de la deuda debe someterse a una auditoría inde-pendiente que permita, en primer lugar, liberar las decisiones de política económica de los condicionamientos impuestos, más aún los que sean violatorios de nuestra Constitución en sus artículos 25, 26, 41, 73 y 74, mis-mos que son nulos de pleno derecho.

Los acreedores deben reconocer, como se ha demostrado en la litera-tura técnica y en diversas experiencias concretas, que la reducción del principal implica ventajas para todas las partes involucradas, ya que a través de quitas al principal utilizando un sistema adecuado de garantías se reduce la incertidumbre para los acreedores.

La renegociación de la deuda también debe abocarse a modificar el perfil de los vencimientos de la deuda externa. Entre otras medidas, se debe


buscar establecer periodos de gracia lo suficientemente largos para permi-tir a la economía nacional un sostenido dinamismo.

Además, la renegociación debe buscar reducciones en las tasas de inte-rés. Este objetivo es particularmente importante en el contexto actual en que las tasas de interés están a la baja en los mercados financieros internacio-nales. En la medida de lo posible, la renegociación deberá lograr en el caso de tasas de interés móviles que la tasa de interés permanezca por debajo de las tasas de interés de referencia (o de una combinación o canasta de tasas de interés). En el caso de tasas fijas, que estas sean lo suficientemente bajas como para reducir de manera significativa la carga del servicio de la deuda.

La primera medida en el proceso de renegociación de la deuda consis-tirá en convocar a los acreedores internacionales (banca multilateral, bancos centrales, bancos comerciales) con el fin de establecer un mecanismo pre-ventivo de renegociación de la deuda antes de llegar a situaciones extremas. De no atenderse este llamado de inmediato, se debe recurrir a una suspensión de pagos que haga perentorio el llamado a la renegociación de la deuda. El llamado a los acreedores debe incluir una referencia clara a la necesidad de redefinir las relaciones económico-financieras para resolver los problemas que encara el sistema financiero internacional.

Se debe mantener una estrategia de renegociación diferenciada según el tipo de acreedores. En el caso de los fondos que administran recursos de miles de particulares y que se han dedicado a colocar capitales en instru-mentos de corto plazo, se puede proceder a organizar comités similares a los que permitieron la renegociación con la banca comercial en el pasado. Estos nuevos comités pueden definir reglas de procedimiento ya sea por consenso o por mayoría, o de manera más casuística; pero la multiplicidad de acreedores no debe constituir un obstáculo para la renegociación.

La exigencia de renegociación de la deuda en el corto plazo puede agu-dizar la inestabilidad financiera. Para hacerle frente, temporalmente se es-tablecerá un control de cambios y restricciones a la circulación del capital. El control de cambios tiene una eficiencia limitada en términos de evitar la fuga de capitales y no deja de tener riesgos, pero los costos de seguir con la actual política de endeudamiento son mucho mayores.

El tipo de cambio

La estabilidad del tipo de cambio debe concebirse como un instrumento, no como un fin al que se subordina toda la política económica. La estabilidad


se logra a través de las diferentes medidas que reducirán la presión sobre el mercado cambiario. En cualquier caso, se instrumentará una política de tipo de cambio real y se evitará la sobrevaluación del peso, excluyendo así bruscas devaluaciones y desincentivando la fuga de capitales.

Las reservas internacionales del Banco de México deben redimensio-narse a un nivel adecuado (pueden estimarse en un monto equivalente a seis meses de importaciones). Este nivel será la consecuencia directa de la renegociación de la deuda externa e interna y de la revisión de la apertura del sector externo. Una vez alcanzada, la estabilidad cambiaria puede man-tenerse sin demasiados desajustes.

El mantenimiento de la estabilidad cambiaria podrá seguir políticas de tipos de cambio dual o diferenciados (con niveles de fluctuación en deter-minadas bandas) con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de actividades estratégicas.

La devaluación ha tenido un impacto inflacionario, por lo que debe evi-tarse este fenómeno. La lucha contra las presiones inflacionarias debe sustentarse en bases más sólidas que las utilizadas durante los últimos años (apertura comercial, tipo de cambio sobrevaluado y caída salarial).

El manejo del tipo de cambio que proponemos supone revisar la seu-doautonomía del Banco de México, independiente del pueblo pero depen-diente de la élite financiera.

Redefinición de la apertura comercial

Se propone esta medida como un elemento para disminuir la presión sobre el sector externo, atacando el desequilibrio que implica el déficit comercial. En este rubro se distinguen, en primer término, objetivos de mediano y largo plazos, así como los lineamientos e instrumentos para llevarlos a cabo; en segundo término se plantean una serie de medidas de emergencia para enfrentar la ralentización de la economía.

Para reducir el déficit de cuenta corriente no solo hay que atacar el lado comercial, sino todos sus componentes. La renegociación de la deuda ex-terna e interna en manos de extranjeros tendrá efecto directo en la dismi-nución de transferencias al exterior, lo cual incidirá en la disminución del déficit de cuenta corriente. En cuanto al aspecto comercial, hay que enfren-tar la raíz del problema, que es el tipo y la forma de apertura comercial que ha seguido nuestro país, y tener una política industrial que propicie la inte-gración de las cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de


nuestras exportaciones. A la vez, en el corto plazo, deberá aplicarse una serie de medidas inmediatas para reducir las importaciones y mantener al mismo tiempo las de carácter indispensable para la actividad productiva.

Los presentes criterios no se sostienen en una postura proteccionista tradicional, ni pretenden un país de economía cerrada, pero tampoco des-cansan sobre la falsa premisa de que el libre comercio es capaz de provocar por sí solo los equilibrios económicos necesarios ni mucho menos el de-sarrollo sustentable de nuestro país. El comercio internacional y la apertu-ra no son un objetivo, sino un medio o palanca al servicio de un proyecto nacional de desarrollo. Debe abandonarse la errónea idea de dejar a las fuerzas del mercado nuestra ubicación en la división internacional del tra-bajo y en el comercio mundial. Nuestra ubicación debe definirse en el mar-co de una estrategia de largo plazo, con base en las potencialidades de nuestro país para ir logrando un sector exportador con alto contenido na-cional, que sea competitivo y, al mismo tiempo, capaz de atender las nece-sidades del mercado interno. El propósito es ofrecer el marco de referencia para organizar y regular nuestra apertura comercial con objetivos y plazos que reorienten, redimensionen y desmonten la actual base y lógica de la plataforma exportadora-importadora dependiente, monopolista y transna-cionalizada.

El proyecto neoliberal seguido por nuestro país en los últimos 30 años plantea que el motor del crecimiento estaría en la industria exportadora-importadora, pero en la realidad, aun cuando ésta ha crecido, no es motor del resto de la economía. El déficit comercial mexicano se debe fundamen-talmente al alto grado de importaciones que requieren nuestras exporta-ciones. Por ello, el crecimiento de las exportaciones no jala al resto de la economía. Ello ha implicado que al crecer nuestras exportaciones, también crecen nuestras importaciones.

Unos cuantos datos revelan las limitaciones y efectos nocivos de la apertura indiscriminada llevada a cabo por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. El gobierno afirma que las crecientes importaciones se deben al proceso de modernización de la planta productiva, pero esto no es así. En promedio solo una quinta parte de nuestras importaciones son de bienes de capital, cuando en 1982 eran una tercera parte. Más de 70 por ciento de nuestras importaciones son materias primas, muchas de las cuales fueron alguna vez producidas en el país. La apertura indiscriminada ha fortalecido una tendencia desindustrializadora y maquilizadora de nuestra economía, como lo indica el hecho que las importaciones como porcentaje del PIB


pasaron de 12.88 a 19.4 por ciento entre 1989 y 1994, y que en 2011 ascen-dieron a un tercio del producto interno bruto.

En 1994, 83 por ciento de nuestras exportaciones eran manufacturas, pero más de la mitad de ellas provenían de la industria maquiladora, que cada vez incide menos en el resto de la economía: en 1989 esta industria se surtió de insumos nacionales solo en 1.55 por ciento y en 1995 lo hizo en 1.39 por ciento, situación que se mantiene prácticamente igual. Por otro lado, también las exportaciones manufactureras que no son maquila tienen cada vez menos contenido nacional, y por ello, excepto la de minerales no metálicos, todas las ramas de la manufactura registran déficit comerciales por largos periodos. La manufactura tiene un déficit comercial en el que colaboran de manera fundamental las ramas altamente exportadoras, como la química y petroquímica, y la de maquinaria y equipo, que incluye la au-tomotriz. La apertura debe replantearse radicalmente para propiciar la in-tegración de las cadenas productivas y aumentar sustancialmente el contenido nacional de nuestras exportaciones.

Nuestra propuesta pretende enfrentar, en el mediano plazo, las causas de fondo del desequilibrio comercial. A la vez, avanza en un proyecto de de-sarrollo sostenido y sustentable viable en el actual contexto internacional. Sin embargo, ello implica redefinir nuestros compromisos internacionales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus clones (los 14 TLC suscritos a la fecha) imponen una serie de limitaciones muy severas a la política económica del gobierno de México.

Por tal razón es imprescindible iniciar un proceso de renegociaciones comerciales y de inversiones, particularmente del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte y del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE). Algunos de los elementos fundamentales y de más urgen-te revisión son los siguientes.

Es indispensable modificar el capítulo de reglas de origen, ya que en él se pactaron reglas que tienden a agudizar el problema al plantear únicamen-te el requisito de contenido de la región norteamericana y no exigir ningún contenido nacional. Si el comercio internacional ha de convertirse en una palanca de un proyecto nacional de desarrollo sustentable, hay que fijar reglas de origen que estipulen porcentajes de contenido nacional.

También es indispensable modificar lo pactado en el capítulo de inver-siones. Necesitamos inversión extranjera pero orientada por un proyecto nacional de desarrollo, y el TLCAN nos deja prácticamente sin instrumentos para canalizarla al ámbito productivo y ponerle requisitos de desempeño


que tiendan a integrarla y convertirla en dinamizadora del resto de la eco-nomía. Por supuesto, esta renegociación implica también replantear otros elementos del capítulo que tienen que ver con regulaciones del capital es-peculativo o golondrino para tener instrumentos que eviten situaciones como las que estuvieron en la base de la crisis que explota en diciembre de 1994.

Por supuesto, los tratados o acuerdos internacionales deben incluir facilidades para la transferencia de tecnología, lo que no es el caso del ca-pítulo de propiedad intelectual del TLCAN, que solo penaliza la piratería sin ningún pacto sobre transferencia tecnológica.

En esta revisión se excluirá del TLCAN y demás TLC el grupo de granos básicos (principalmente maíz y frijol), por razones sociales, de estabilidad política y de seguridad alimentaria.

Hay que redefinir los sectores y plazos de nuestra apertura comercial en un plan maestro concertado con los sectores productivos que tenga como objetivo lograr un sector exportador de alto contenido nacional, competi-tivo internacionalmente, a la vez que una planta industrial que pueda com-petir también en su propio mercado interno con los productos importados. Ello no quiere decir protección indiscriminada; simplemente no hay que dejarle a las fuerzas del mercado nuestro proyecto de país, sino definirlo realistamente y usar todos los instrumentos económicos disponibles para ir avanzando en su consecución. Todo ello supone una política industrial como base de nuestra política de comercio exterior.

La revisión y redefinición deben incluir otro aspecto fundamental, que es la eliminación de las restricciones que los capítulos de Energía y Petro-química Básica (VI), Compras del Sector Público (X), Inversión (XI), Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado (XV) y Propiedad Intelectual (XVII) imponen a la intervención del Estado en la conducción de un proyecto de desarrollo nacional. No se propone un Esta-do inhibidor de la iniciativa de los particulares ni omnipresente, pero sí uno que conserve la posibilidad de conducir y regular la economía en función de un proyecto nacional.

Es indispensable quitar las severas condiciones y restricciones incons-titucionales en el manejo de nuestros recursos estratégicos, como el sector energético.

Esta revisión se completará incluyendo los aspectos sociales, laborales y ambientales que aseguren y eleven los derechos de trabajador@s, migran-tes y consumidores, y en general protejan los derechos humanos y sociales de la población. En este ámbito, la base debe ser una legislación internacional


ratificada por todas las partes. Ello implica la ratificación por todos de una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros sobre asuntos ambientales.

Para poder enfrentar eventuales situaciones de emergencia con medidas excepcionales que reduzcan las importaciones, lo que puede hacerse con base en salvaguardas y medidas de excepción acordes con las prácticas internacionales y permitidas por la Organización Mundial del Comercio, es necesario replantear otro aspecto del TLCAN: Medidas de Emergencia (VIII) y Excepciones (XXI), que no dejan margen de maniobra al Estado para en-frentar la emergencia y crisis de la balanza de pagos. El artículo 2104 del TLCAN no solo condiciona la aplicación de medidas a que sean aprobadas por el FMI, sino que en el párrafo 5 (d) expresamente afirma que las medidas “no podrán tomar la forma de sobretasas arancelarias, cuotas, licencias o medidas similares”, es decir, ni siquiera en una crisis de la balanza de pagos se puede regular la apertura.

Si el gobierno no ha atendido el reclamo de varios sectores empresaria-les de aplicar las salvaguardas y excepciones pactadas en el TLCAN no es solo por falta de voluntad política, sino debido a que no quiere reconocer que el tratado no cuenta con instrumentos de fondo para enfrentar la emer-gencia. Se reconocen en principio, pero el cuerpo del artículo 2104 en sus párrafos 2 a 7 las limita hasta prácticamente anularlas.

Las crisis y el magro desempeño de la economía en la larga noche neo-liberal imponen la necesidad de revisar la política comercial de apertura indiscriminada que anima el actual modelo. En caso de recibir respuestas desfavorables, el país debe notificar a todos nuestros socios comerciales (y no solo a los que están fuera de los TLC ya firmados) que México se ve en la imperiosa necesidad de adoptar, temporalmente, medidas de excepción. En consulta con los sectores productivos, se procederá a establecer una sobretasa arancelaria en las fracciones de la nomenclatura arancelaria que así lo ameriten. También se establecerá el sistema de cuotas y régimen de permiso previo para bienes de consumo, se incrementarán los impuestos y se restringirá la importación de bienes de consumo de carácter suntuario. En segundo lugar, se trabajará de manera conjunta con las organizaciones empresariales con el fin de identificar sectores productivos en los que sea posible establecer de inmediato el régimen de permiso previo a la importa-ción para clases y grupos de insumos intermedios sin que se presenten problemas de desabasto.


Ajuste para el decrecimiento, el empleo y la mejora en las condiciones de vida

Financiamiento del desarrollo

La viabilidad de cualquier proyecto de desarrollo depende, entre otros elementos, de la posibilidad de financiarlo. En la actual situación de la eco-nomía mexicana, ello tiene especial complejidad.

La estrategia económica seguida durante los últimos treinta años ha privilegiado la atracción de capitales extranjeros, pero en los hechos ha cap-tado principalmente capital de naturaleza especulativa. No puede decirse que haya existido una política de financiamiento del desarrollo por la vía de la inversión extranjera, dado que solo 27.15 por ciento de los 98 301 millones de dólares de inversión extranjera que ingresó al país durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue directo a la planta productiva; el resto fue alta-mente especulativa (72.85 por ciento). Hay que reconocer que una parte de dicha inversión especulativa tuvo un efecto indirecto en la planta productiva, la que corresponde a acciones de empresas, pero otra fue en bonos de deu-da gubernamental, cuyo exclusivo atractivo son los altos rendimientos y prácticamente no tienen conexión con el aparato productivo del país ni ge-neran empleos (44.5 por ciento). Durante el sexenio salinista, en el mejor de los casos, de la inversión extranjera solo la mitad (55.5 por ciento), es decir, 54 600 millones de dólares (9 100 millones de dólares en promedio anual), constituyó propiamente financiamiento de la planta productiva, con el agra-vante de que más de la mitad de dicha inversión productiva no dejaba de ser especulativa. Por supuesto, apenas una fracción ínfima de estos recursos fue destinada al desarrollo social. Tras la crisis económica desatada en diciem-bre de 1994, dichos flujos se detuvieron. Súbitamente México tuvo acreedo-res, no inversionistas.

Tampoco la antigua estrategia de financiamiento por la vía de contrata-ción de deuda externa es plausible. Además de que el financiamiento por la vía de la deuda externa está restringido por el mismo mercado, no es con-veniente para el país porque estamos en una situación en que el sobrendeu-damiento se convierte en presión y ya tenemos dramáticas experiencias de insolvencia. Como ocurrió en 1994, cuando la deuda pública y privada con acreedores extranjeros llegó a 69.3 por ciento, y en marzo de 1995, a 73 por ciento del PIB. Lo más grave es que, según fuentes del Departamento del Tesoro estadounidense y del Banco de México, los vencimientos para 1995


ascendían a 81 000 millones de dólares. El endeudamiento externo en la actualidad no puede ser una fuente sana de financiamiento salvo que su contratación se dé en montos razonables y aprovechando las bajas tasas de interés de algunos mercados.

México necesita de manera urgente una estrategia de financiamiento del desarrollo acorde con la situación real. Es imperativo plantear nuevos mecanismos de financiamiento que nos alejen de la dependencia de fuentes externas, para movernos hacia una utilización de los recursos internos que siga prioridades distintas de las actuales.

La consigna de incrementar el ahorro interno neto (el cual pasó de 12.8 por ciento del PIB en 1981 a 5.8 por ciento en 1994, y que en la actualidad no supera sus montos históricos) es la única opción, pero no podrá instru-mentarse si continúa la política de represión salarial y de restricción de la demanda interna que sucesivos gobiernos de la República han llevado a cabo desde 1982. La drástica caída de la participación de los salarios en el ingreso nacional debe ser revertida para que la mayoría de la población tenga posibilidades de asignar al menos parte de sus ingresos al ahorro.

En este contexto, proponemos los siguientes principios para estructu-rar un programa de financiamiento del desarrollo acorde con la situación del país:

» El primer paso para posibilitar el financiamiento del desarrollo es una renegociación ahora, no cuando sobrevenga la insolvencia o la falta de liquidez, del total de la deuda, tanto interna como externa y tanto pública como privada. Respecto a la deuda externa ya hemos hecho propuestas y más adelante trataremos la deuda interna. No se puede financiar programa de desarrollo alguno si las transferen-cias externas netas vuelven a ubicarse por encima de 6 por ciento del PIB y una proporción tan alta del presupuesto gubernamental se dedica al servicio de su deuda, menos aún cuando dicha deuda está en manos de extranjeros y gran parte de los recursos destina-dos a este servicio salen del país.

» Incentivar el ahorro interno no es cuestión solo de instrumentos financieros, sino fundamentalmente de condiciones macroeconómi-cas. Supone un contexto de dinamismo económico y elevación de la productividad, además de una población con creciente poder de compra, lo que implica una política de redistribución del ingreso. Una población pobre no puede ahorrar; empresas ineficientes y


estancadas, tampoco. Se necesita el ahorro interno para financiar la economía, y a la vez la dinámica económica posibilitará un mayor ahorro interno. En este nuevo contexto económico tendrán efecto los incentivos fiscales que premien el ahorro a largo plazo, así como nue-vos instrumentos en el sistema financiero que premien ese ahorro.

Sin embargo, no basta incrementar el ahorro interno, hay que crear instrumentos para orientarlo principalmente al área productiva y según las prioridades definidas en un plan nacional de desarrollo de largo plazo concertado participativa y democráticamente.

Crear bonos con propósitos específicos, tales como bonos de infraestructura, ecológicos, de salud, etcétera. Promover el ahorro implica también potenciar a la vez que proteger todas las formas de ahorro popular, muchas veces informales, como las cajas de ahorro y crédito, las tandas; así como extender el sistema bancario y de microfinanzas hacia las zonas rurales.

» Otra fuente de recursos para el desarrollo es eliminar la corrupción. El volumen de recursos presupuestales que se desvían en corrupción es sumamente alto. Un elemento clave contra la corrupción es acabar con la discrecionalidad en el uso de grandes partidas pre-supuestales. Se estima que aproximadamente 30 por ciento del gasto público es usado en forma altamente discrecional, lo que posibilita financiar al partido de gobierno. La reasignación de estos recursos presupuestales poniendo como prioridad el desarrollo, que incluye no solo crecimiento sino desarrollo social, permitirá impulsar el financiamiento productivo. Hay que acabar con los sobornos en todos los niveles, para lo que se requieren sistemas de supervisión no solo separados del Poder Ejecutivo y en manos de la Auditoría Superior de la Federación sino mecanismos de supervi-sión social como las figuras de contralorías y auditorías ciudadanas. También hay que tender a desmantelar la doble estructura admi-nistrativa del gobierno federal, que tiene delegaciones federales paralelas a las unidades administrativas de los estados.

» Es necesaria una reforma fiscal integral, de la que hablaremos en un apartado especial. Se pretende aumentar los recursos públicos sin aumentar la carga fiscal global vía la ampliación del universo de contribuyentes, no con base en el hostigamiento sino en una pro-funda simplificación. Además, en la medida que la implementación de esta propuesta incentive la economía, el empleo y los ingresos de


la población, la recaudación será mayor sin incrementar la carga sobre los agentes económicos. Pero, sobre todo, como veremos, la reforma fiscal implica una redistribución más justa de las cargas fiscales y un paquete de incentivos a la inversión productiva y a la creación de empleos.

» Un manejo más eficiente de las empresas públicas con dos objetivos: aumentar los recursos y utilizar tales empresas como palanca del desarrollo. La política de privatizaciones no ha sido exitosa en términos de fuente de financiamiento del desarrollo, ya que en los hechos los recursos recabados se han usado para pagar deuda gubernamental tanto interna en manos de extranjeros como exter-na. Se enajenó el patrimonio nacional y los recursos provenientes de ello salieron del país en una gran proporción.

» Es preciso diseñar mecanismos para una utilización más ágil y más transparente del ahorro manejado a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de los distintos institutos y fondos públicos que canalizan el dinero de los asalariados, sin que ello implique desviar su uso de los fines para los que fueron diseñados, pero sí liberar un mayor monto de recursos para el desarrollo social. Dichos recursos deben manejarse con transparencia y para ello hace falta crear reales mecanismos de vigilancia, pero también deben canalizarse a proyectos productivos del sector público de alta rentabilidad y mínimo riesgo. Los dividendos generados por dichos recursos deben recapitalizarse totalmente a favor de los trabajadores en los mismos fondos de los que fueron tomados. De esta forma, a la vez que se hacen crecer más rápidamente los fondos sociales de pensiones y retiro, constituyen una fuente de financiamiento de empresas pú-blicas estratégicas.

» Lo anterior supone reformas legislativas en diversos campos, entre los cuales hay que incrementar las facultades del Congreso y dotar a organismos ciudadanos de capacidades para monitorear y vigilar el gasto público. El Congreso no solo debe dictaminar la cuenta pública, sino fincar responsabilidades y reorientar el uso del pre-supuesto durante su ejercicio. Es incongruente que sea el propio Ejecutivo, vía la Secretaría de la Función Pública, el que se vigile a sí mismo. La Auditoría Superior de la Federación debe asumir


cabalmente dichas funciones. Hay que estudiar la posibilidad de eliminar la Secretaría de la Función Pública, con lo que se liberarían recursos para el desarrollo, aunque ello hay que hacerlo sin agudi-zar el desempleo; una posibilidad sería aumentar personal en se-cretarías directamente relacionadas con el impulso a la planta productiva. Por supuesto, como ya hemos dicho, las reformas le-gislativas deben incluir el control del Congreso sobre el endeuda-miento total del gobierno sin que se excluya el endeudamiento con fines de regulación monetaria.

Política fiscal

La política fiscal ha sido utilizada por las últimas administraciones guber-namentales como un instrumento antinflacionario, atendiendo a la idea de que la inflación se enfrenta deteniendo el crecimiento. La política fiscal al-ternativa de este programa tiene una orientación radicalmente diferente. En su momento planteamos cómo enfrentar la inflación. La política fiscal debe tener tres orientaciones básicas: la recaudación, inducir a una relación más equilibrada en la distribución del ingreso, y la promoción y orientación de la actividad económica.

Es necesario reactivar, reorientar e integrar la economía y para ello se requiere una amplia política de incentivos con base en un proyecto de largo plazo y siempre sujeta a evaluación contra metas concertadas con los di-versos agentes y sectores económicos.

1. El incremento de la recaudación se logrará aumentando la base de contribuyentes, no por la persecución u hostigamiento, sino por la simplificación administrativa, que a su vez facilita la gradual incor-poración de la llamada economía informal a pagar impuestos. Para ello se debe eliminar la compleja administración tributaria que fo-menta la evasión y elusión fiscal y deberá diseñar un sistema que sea simple, transparente y tenga vigencia en el largo plazo. También resulta preciso legalizar la economía informal, para lo cual hay que otorgar a las micro y pequeñas empresas garantías y apoyos para su formalización, lo que redundará a la larga en beneficios para ellas y para el conjunto de la economía, mediante mecanismos como la estipulación de cuotas fijas. La dinámica económica debe impulsar el aumento de la recaudación.


2. La redistribución del ingreso por la vía fiscal supone una reforma fiscal integral para volverla más progresiva, tanto respecto a per-sonas físicas como a las empresas, priorizando los impuestos di-rectos sobre los indirectos por su carácter regresivo.

3. La política de fomento no busca proteger la ineficiencia, pero sí fomentar la inversión productiva frente a la especulativa y orien-tarla hacia regiones y sectores que son prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo. Estimula la integración de las cadenas productivas para darle mucho más contenido nacional a las expor-taciones, además de eliminar cuellos de botella y fortalecer el equi-librio sectorial. Pretende también fomentar la creación de empleos. Las medidas de política de fomento deberán ser cuidadosamente diseñadas, y otorgadas de manera selectiva contra compromisos concertados medibles, por tiempo definido y prorrogable según desempeño.

4. Para todo lo anterior es recomendable instrumentar las siguientes reformas fiscales:a) Disminuir el impuesto al valor agregado de 15 a 10 por ciento

por sus efectos nocivos para el consumo de la población. Sin embargo, mantener el 15 por ciento en el caso de los bienes suntuarios, y para los bienes satisfactores mínimos de bienes-tar social se mantendrá en 0 por ciento. Como parte de la fede-ralización fiscal, el IVA pasará a ser recaudado por las entidades federativas.

b) Suprimir el impuesto de 2 por ciento al activo. Ese impuesto nace como una política antievasión de impuestos, pero desincenti-va la inversión productiva y la modernización, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicha supre-sión es urgente dada la recesión económica y la situación por la que están pasando la mayoría de estas empresas. En todo caso, se puede evaluar posteriormente la conveniencia o no de resta-blecerlo. La evasión se puede atacar con otras medidas.

c) Revisar toda la estructura del impuesto sobre la renta para lograr una verdadera gradualidad. Se estudian formas de impuesto patrimonial para gravar la riqueza global de los sectores más ricos de la población.

d) Desgravar del impuesto sobre la renta los ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.


e) Premiar fiscalmente la reinversión de utilidades o su ahorro en el sistema financiero nacional en instrumentos de mediano plazo.

f) Suprimir los impuestos sobre la nómina ya que inhiben la creación de empleos.

g) Aplicar un impuesto sobre las inversiones especulativas, inclu-yendo las transacciones en la bolsa de valores. Favorecer la aplicación de impuestos a las transacciones financieras interna-cionales en el plano regional y mundial.

h) Revisar el régimen especial de sociedades mercantiles como la maquila.

i) Crear incentivos fiscales a la inversión en áreas y regiones prio-ritarias de acuerdo con un proyecto de desarrollo de largo plazo. Dichos incentivos se sujetarán a metas concertadas con los sectores productivos involucrados y su continuidad se condicio-nará al logro de dichas metas.

j) Incentivar la innovación técnica y la reconversión hacia tecno-logías limpias y estimular proyectos productivos que recuperen y preserven el equilibrio ecológico.

k) Imponer multas y castigos por la contaminación en la lógica de que quien contamina paga, y no cargar al conjunto de la sociedad el costo de la limpieza ambiental.

l) En el corto plazo, instrumentar medidas de apoyo temporal para situaciones económicas extraordinarias y contingencias natura-les, para micro, pequeñas y medianas empresas, que garanticen su supervivencia, principalmente por su importancia en la gene-ración de empleos.

5. Avanzar en la descentralización de la recaudación y el manejo de los recursos fiscales. De manera gradual y paulatina se tenderá a alcanzar en un mediano plazo una distribución de 50 por ciento para la federación, 25 por ciento para los estados y 25 por cien-to para los municipios. Esta federalización se iniciará con el cobro del IVA por los estados y se obligará a las empresas públicas a pagar impuesto predial en los municipios.

6. Concomitante a la política tributaria, se debe llevar a cabo una completa reorientación y el aumento paulatino del gasto público en el que se priorice el decrecimiento, el desarrollo de áreas y sec-tores estratégicos en un proyecto de largo plazo y el gasto social.


En lo inmediato el gasto público se orientará:a) Hacia actividades que generen empleo, tengan un bajo contenido

de importaciones y un efecto indirecto sobre otros sectores económicos (como la construcción bioclimática de vivienda e infraestructura básica sustentable);

b) A combatir los rezagos en materia de alimentación, salud, vivien-da, educación y desarrollo social eliminando los esquemas clientelares;

c) A establecer las bases científicas y tecnológicas alternativas (principalmente las ecotecnias).

7. No se acepta el fetiche del equilibrio fiscal a toda costa y en cualquier circunstancia. El papel anticíclico del gasto público es un instru-mento de la política de desarrollo. En el contexto actual, donde im-peran niveles muy altos de capacidad ociosa y de desplome de la demanda efectiva agregada, es necesario operar con flexibilidad el instrumento de gasto público. Un déficit moderado, compatible con tasas adecuadas de dinamismo económico e inflación, es lo que reclama el momento de crisis actual.

Deuda interna

Hay que distinguir dos ámbitos en este tema: la deuda interna gubernamen-tal y la deuda de individuos y empresas con la banca comercial privada. También deben lograrse simultáneamente dos propósitos: salvar la planta industrial, comercial y de servicios en problemas por carteras vencidas, así como el patrimonio familiar de miles de mexicanos, y no llevar al sistema financiero nacional a situaciones que no pueda solventar.

La deuda gubernamental

En el primer lustro de los noventa, la deuda gubernamental contratada en el país se tornó un problema explosivo. La crisis de diciembre de 1994 se detonó por un problema de insolvencia gubernamental para hacer frente a sus pasivos. El problema de la deuda es que se fue haciendo cada vez de más corto plazo y se fue extranjerizando y dolarizando. Al terminar 1994, el gobierno federal debía 167 854 millones de nuevos pesos, de los cuales, 98 583 millones de nuevos pesos, 58.73 por ciento (28 161 millones de dóla-res), eran tesobonos indizados al dólar.


Un problema adicional fueron los plazos de vencimiento, tal como lo de-muestra el caso de los tesobonos. En el primer trimestre de 1995, se pagaron 9 054 millones de dólares. Para el segundo semestre se habían pagado 13 696 millones de dólares y quedaban por pagar en el año 14 465 millones. Los me-ses cargados de pagos fueron julio y agosto, en que se acumularon 7 908 millones de dólares. Junto con otros pagos, el gobierno federal tenía obligacio-nes internas por 21 367.7 millones de dólares de abril a diciembre de 1995.

Ese episodio debe servir de acicate para que exista un control de fondo por parte del Congreso de la Unión y una ley de deuda pública sobre la discre-cionalidad del Ejecutivo para endeudarse. Aunque la ley de ingresos marca un tope al endeudamiento público, el Ejecutivo Federal lo rebasaba debido a que la ley no incluía el endeudamiento con fines de regulación monetaria.

Hay que reformar la Ley de Deuda Pública con objeto de ceñirla a lo que dicta la Constitución en materia de deuda pública. Con ello, el Congreso determinaría monto, naturaleza y destino del endeudamiento público. La ley también debe establecer claramente los aspectos y condiciones a que han de ceñirse los legisladores para autorizar financiamientos por concep-to de deuda. Aunque se avanzó en el control del endeudamiento con propó-sitos de regulación monetaria, ya que bajo esta figura se amparaba el gobierno para emitir, sin ningún control, títulos de endeudamiento público, lo cierto es que la norma constitucional de contratar empréstitos para fines productivos que garanticen el pago de los mismos aún está lejos de seguir-se. La emisión de valores y la contratación de empréstitos para fines de canje o refinanciamiento de obligaciones deberá autorizarse solo si significan ahorros importantes que puedan ser utilizados en programas productivos y sociales. La ley debe establecer un claro candado para que los financia-mientos generados por deuda pública se destinen efectivamente a proyectos, actividades y empresas productivas y de desarrollo social. Asimismo los empréstitos deberán generar los ingresos suficientes para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

La deuda de particulares o las carteras vencidas

Es importante hacer un breve repaso del problema de las carteras vencidas acaecido en los años noventa, ya que en cualquier momento puede volver a registrarse un problema similar. El problema de las carteras vencidas se agudizó durante 1995 y puso en riesgo la sobrevivencia de miles de unidades productivas y el patrimonio de muchas familias. De enero a mayo de 1995,


se incrementó en 52 por ciento y llegó a un monto de 85 000 millones de nuevos pesos; se estima que en agosto de ese año llegó a los 100 000 millo-nes de nuevos pesos y superó el capital social de la banca, es decir, técni-camente los bancos estuvieron en quiebra. No se trataba de empresas no viables, sino que la situación posterior a diciembre de 1994 se volvió triple-mente adversa: tasas de interés que subieron estrepitosamente y abismal diferencia entre las tasas activas y pasivas, recesión económica y contracción del mercado interno. Muy pocos negocios en el mundo pueden resistir costos financieros de más de 100 por ciento anual, sin créditos nuevos, en un contexto de baja de sus ventas por contracción del mercado, y con au-mento de los costos fijos al no poder usar toda su capacidad instalada.

Las carteras vencidas no fueron un problema de voluntad de pago, sino de imposibilidad de él. Solucionar el problema como se hizo, a favor del acreedor y no del deudor, minó el potencial del futuro del país. Lejos de considerar que lo que estaba en juego era la sobrevivencia de una parte importante de la planta productiva, comercial y de servicios, la oligarquía mexicana orquestó un macrofraude para rescatar a los banqueros, cuyo costo fiscal se estima equivalente a 15 por ciento del PIB, que por varios años y hasta la fecha tenemos que seguir pagando l@s mexican@s.

Además, durante el gobierno foxista, como quedó documentado en las pesquisas de la llamada comisión Fox instituida por la Cámara de Diputados en su momento, la recompra de carteras vencidas fue el gran negocio de unos pocos empresarios ligados al poder, como se ilustra con el escándalo de los Bribiesca, hijos de Martha Sahagún de Fox. En diversos libros se da cuenta de negocios que involucran a la familia Fox-Sahagún. Por ejemplo, la supuesta apertura de una empresa de aerolíneas en términos poco claros y los fraudes detectados en los contratos obtenidos por la empresa Ocea-nografía, que conducen a nexos con los hermanos Bribiesca y Juan Cami-lo Mouriño, quien fuera el secretario de Gobernación al inicio del sexenio de Felipe Calderón.

Enfrentar el resurgimiento del problema de carteras vencidas supone medidas estructurales macroeconómicas, y en el corto plazo medidas de emergencia.

Medidas macroeconómicas para un entorno económico favorable a la inversión productiva y la integración regional y nacional son fundamentales para producir una baja consistente en las tasas de interés. Una empresa con un entorno positivo de crecimiento o una persona física con ingresos cre-cientes podrá enfrentar mejor sus obligaciones financieras.


Sin embargo, no basta un entorno económico más favorable, además se necesitan medidas específicas y de emergencia.

En abril de 1995 se comienza a utilizar la unidad de inversión (UDI), que inicia con un valor igual a un peso de ese momento. Desde entonces se le han indexado las variaciones que ha sufrido el índice nacional de precios al consumidor (INPC). Las UDI no representaron solución alguna ya que solo aminoran el problema de las carteras vencidas durante un corto tiempo y lo agudizan en el mediano y largo plazos. Comparando el sistema tradicional y el de las UDI con supuestos de inflación y de tasas de interés iguales, se tiene que durante los primeros tres años y medio el deudor paga servicios menores que en el sistema tradicional, pero a partir de ese momento y hasta el décimo años paga servicios mayores con las UDI. Nominalmente, el deudor acaba pagando más del doble que en el sistema tradicional, aunque en pesos constantes solo paga 19.28 por ciento más que en el sistema tra-dicional. Es pues una solución para la banca, no para el deudor.

En la última semana de agosto de 1995, se anunció el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (Ade), que consistió en un subsidio, derivado del nivel de tasas de interés del Ade con respecto a las de merca-do, para los deudores de cinco categorías de crédito en el periodo de sep-tiembre de 1995 a septiembre de 1996.

Aunque el Ade significó algunos avances, no fue la solución de fondo. Algunos aspectos que ese acuerdo tuvo que incluir por la presión social de deudores y usuarios bancarios fueron los siguientes:

» El reconocimiento de que es un problema social y la corresponsa-bilidad del gobierno y la banca para asumir sus costos.

» El reconocimiento del carácter excesivo de las tasas de interés fijadas por los bancos y la necesidad de ponerles un límite, lo que significa una regulación para no dejar que ellos fijen un margen excesivo por la intermediación bancaria.

» La no exigencia de garantías adicionales.» La apertura de nuevos créditos (aunque solo en el sector agrope-

cuario).» La estipulación de tasas de interés a márgenes de mercado más

razonables, lo que aminoró el problema temporalmente (poco más de un año y casi dos para el sector agropecuario).

Sin embargo, tuvo serias dificultades:


» Es un plan unilateral, no negociado con los afectados, como los diez anteriores planes gubernamentales.

» El gobierno politiza la solución, ya que se envuelve el anuncio del plan en una campaña de deslegitimación de las organizaciones de deudores, a las que acusa de politizar el problema. En realidad, el gobierno politizó el problema al excluir toda negociación con los afectados tratando de impedir el fortalecimiento de sus organiza-ciones. Son concesiones parciales a cambio de asegurar o amarrar a los deudores a firmar una carta de intención y con ello reconocer el monto del principal, ya que la suspensión de las acciones judi-ciales tiene un plazo de vencimiento muy corto (poco más de dos meses).

» No modifica el modelo económico ni el plan de emergencia, por lo que no favorece la creación de condiciones económicas que hagan pagables las deudas.

» No toca el fondo de una de las demandas de los deudores organi-zados, ya que no implica legislar sobre la forma de contabilizar el monto del principal, es decir, sobre la legalidad de los intereses mo-ratorios y los intereses sobre intereses; tampoco sobre la asignación de los pagos a capital o a intereses.

» No tiene fuerza de ley, solo da algunas concesiones parciales y deja el fondo a la negociación individual de cada caso con su banco.

» No es claro respecto a la mayor de sus supuestas ventajas: las qui-tas de los intereses moratorios. Textualmente en el desplegado oficial de anuncio del plan solo se habló de las quitas para el caso de los tarjetahabientes. Se habla de condonar los intereses mora-torios que aparezcan en el último estado de cuenta (¿los del último mes?, ya que normalmente los anteriores ya se capitalizaron). Se ha dicho posteriormente que se trata de todos los intereses mora-torios y de todos los tipos de crédito.

» Otra de sus ventajas es la baja de las tasas de interés, pero es solo temporal, pues no hay una política económica de largo plazo para llevarlas sustentablemente a la baja. Además podrían bajarse aún más. Incluso dos de ellas están por encima de la tasa máxima de intermediación planteada por el mismo acuerdo. En agosto de 1995 se estimaba una tasa de inflación de 1.65 por ciento, la que anualiza-da es de 21.8 por ciento + 3 por ciento real al ahorrador + 6 por cien-to para el banco (entre costo operativo y ganancia) da 30.8 por


ciento y hay dos tasas arriba de ella. Se trata pues, salvo el caso de la industria, de tasas de mercado.

» Es muy costoso para la sociedad ya que el Estado asume parte de su costo a pesar de que en general se mantienen tasas de mercado y no implican pérdidas para la banca. El estado o la sociedad debe-ría asumir parte del costo solo en el caso de quitas al principal o de tasas realmente subsidiadas.

» Mantiene la obligatoriedad de renegociar en UDI para el caso de los créditos hipotecarios.

Los programas de restructuración crediticia deben buscar, en diálogo con los actores involucrados y sin dejar a los usuarios de bajos y medianos ingresos sin el cobijo estatal, soluciones específicas y duraderas para los diversos tipos de carteras vencidas, como elementos mínimos y fundamen-tales para todos.

Las medidas que habrán de instrumentarse para desactivar futuras problemáticas financieras, más allá de las establecidas por el Comité de Basilea, deben dirigirse, en primer lugar, a preservar el sistema financiero mexicano, en la actualidad extranjerizado y altamente concentrado; y, en segundo lugar, a salvar la planta productiva nacional y el patrimonio familiar de miles de mexicanos.

Con la restructuración preventiva de pagos propuesta, de poner en riesgo la sanidad financiera de algunos bancos, el Estado aportará nuevo capital como compra temporal de acciones. Si es necesario destinar recur-sos fiscales para resolver el problema, resulta preferible inyectarlos en la reactivación de la economía y elevación de los niveles de ingreso de la po-blación para que tenga capacidad de pago y no, como se ha hecho desde los años noventa, como recursos entregados a la banca.

De ser necesario, se puede promulgar una ley de restructuración de deudas con las siguientes características:

1. Revisión del monto del principal a partir de regular la asignación de los pagos hechos entre principal e intereses, y cancelación de todos los intereses moratorios y los intereses sobre dichos intere-ses a partir de la fecha en que se haya caído involuntariamente en cartera vencida.

2. Quitas al principal considerando su precio en el mercado secun-dario. De hecho, siempre ha existido un mercado secundario de


cartera vencida, pues los bancos recurren a despachos de cobran-zas y fijan un precio según la posibilidad de que sea cobrada. Más aún, el gobierno en los noventa adquirió de algunos bancos cartera vencida en el marco del Programa de Capitalización (Procapte) en niveles de hasta 30 por ciento de su valor nominal. Estas quitas al principal pueden ser asumidas entre la banca y el gobierno.

3. Cancelar toda acción judicial y de embargos en todos los casos en que incurrir en cartera vencida no sea un acto delictivo sino de imposibilidad real de pagar.

4. En el caso de los sectores productivos, abrir nuevos flujos de cré-dito para crecer y poder pagar.

5. Restructurar plazos. 6. Fijar topes legales sobre el margen de intermediación bancaria. 7. Estipular tasas preferenciales, e incluso subsidiadas, dependiendo

del tipo de crédito y características del deudor.a) En el caso de los sectores productivos, los adeudos hay que

restructurarlos con tasas de interés temporalmente subsidiadas, es decir, abajo de las tasas de mercado. Una parte del subsidio debe asumirlo el banco castigando su margen de intermediación y otra parte debe ser con cargo al fisco, por la vía de deducirlos de sus impuestos federales. Desde el punto de vista estatal, ello se asume como una política de fomento o incentivo. El monto del subsidio se fijará de acuerdo con el tamaño de la empresa y sobre todo por el grado de prioridad del sector dentro de un proyecto integral de desarrollo del país a largo plazo. Especial atención debe tener en este subsidio el sector agropecuario y silvícola, así como de los productores de insumos que actual-mente se importan en grandes cantidades.

b) En el caso de los créditos hipotecarios habitacionales, también habrá tasas de interés subsidiadas decrecientes según el nivel de la vivienda El costo del subsidio sería, igual que en el caso anterior, compartido por el banco y el presupuesto federal de gasto social. Para la vivienda popular sustentable, se aplicarán subsidios que cubran de 50 a 70 por ciento del costo.

c) En el caso de los tarjetahabientes, las tasas deben bajar sustan-cialmente debido a que el banco cobra una parte importante de intereses al propio proveedor del bien; por ello la baja en la tasa debe ser asumida totalmente por la banca.


Hay que volver a modificar las leyes sobre instituciones financieras para asegurar el control por mexicanos de la banca del país. Es preferible volver temporalmente a una banca con participación estatal que el control extranjero directo del sistema financiero nacional. Por tanto, se legislará para imponer límites a las “asociaciones estratégicas” con bancos inter-nacionales.

Priorizar la economía real y el mercado interno

El modelo de (anti)desarrollo en curso ha priorizado la esfera monetaria y financiera buscando equilibrios en las grandes variables macroeconómicas. Lo que toca ahora es poner el acento en la esfera productiva, en el desarrollo e integración de la estructura económica del país. Si bien no es posible en lo inmediato desmantelar la estructura de comercio exterior montada, esta plataforma debe ser redimensionada y reorientada para la integración de cadenas productivas con un alto contenido nacional y convertirla así en un real motor de otros sectores de la economía para lograr una balanza comer-cial al menos equilibrada. El propósito es devolver al mercado interno un papel estratégico en el desarrollo del país.

Bajar las tasas de interés

El primer gran reto para una política de dinamismo productivo y sustentable en la situación actual, es lograr una tendencia duradera de las tasas de in-terés a la baja, lo que permitirá desactivar problemáticas de las carteras vencidas y acceder a nuevos créditos para impulsar las políticas de decre-cimiento.

La tendencia a la baja de las tasas de interés se logrará con las siguien-tes medidas:

1. La reducción de la presión del déficit de cuenta corriente por los caminos que hemos propuesto permite reducir las tasas de interés porque ya no será necesario atraer masas de capital especulativo con objeto de financiar el déficit externo.

2. La restructuración de la deuda interna gubernamental también re-duce la presión sobre las tasas de interés ya que actualmente los bonos de deuda gubernamental son la tasa líder que impulsa en general las tasas al alza.


3. La profunda restructuración del sistema financiero nacional para aumentar su eficiencia y con ello reducir los costos de intermediación, lo que implica revisar y fortalecer el sistema de regulación y no dejarlo a los mecanismos autorregulatorios.

4. La vinculación de las tasas de interés con la inflación esperada más un margen de intermediación, por lo que la política antinflacionaria debe incidir también en la tendencia a la baja de las tasas de interés. Actualmente las tasas de interés están fuertemente determinadas por la atracción de capital especulativo.

Reformar el sistema financiero y crediticio y la política monetaria

La reducción de las tasas de interés no basta. Estas medidas deben acom-pañarse de una redefinición del papel de la banca central en el financiamiento de la actividad productiva y en la política monetaria.

Para que la política monetaria vuelva a ser un instrumento de la políti-ca de desarrollo, se sujetará la emisión de moneda a una ley que fije montos mínimos y máximos de circulante tomando en cuenta la evolución de las reservas internacionales y otros agregados económicos. Se aumentará gra-dualmente la liquidez en la economía a niveles que permitan reactivarla. La creación de crédito interno neto se destinará a programas de crédito de largo plazo que apoyen las actividades productivas y tiendan a integrarla.

La banca central debe ser la garante en última instancia de las opera-ciones de la banca comercial. La banca central debe flexibilizar su política crediticia y ayudar a la banca comercial a hacer lo mismo. El Banco de México debe dejar de priorizar el objetivo de estabilidad monetaria y pro-ceder a abrir ventanas de descuento a la banca comercial y sobre todo al sector cooperativo de crédito para que esta última, a su vez, otorgue crédi-tos en favor de sectores productivos que sean prioritarios desde dos puntos de vista: por su contribución a la integración de cadenas productivas que aumenten el contenido nacional de las exportaciones y colaboren en la re-ducción del déficit comercial externo; y porque satisfagan al mercado inter-no siendo competitivos frente a las importaciones potenciales.

Lo anterior supone revisar la autonomía del Banco de México para recuperar la política monetaria y el crédito interno neto como una política de desarrollo. No es posible que un instrumento clave de la política econó-mica sea autónomo. Es verdad que hay que evitar la discrecionalidad del


Ejecutivo en el manejo de la política monetaria y de tipo de cambio, pero ello se puede lograr sometiendo al Banco de México a normas legales y a una supervisión del Congreso de la Unión. Además, la autonomía del Banco de México que actualmente establece la ley no es real. El Banco de México aplica una política contraccionista que literalmente ha secado la economía mexicana atendiendo a la condicionalidad del paquete de rescate financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1995, lo cual exhibe que el ejecutivo federal decidió lo que debía hacer el banco central durante la devaluación y crisis de 1994-1995. De entonces a la fecha el Banco de Méxi-co influye negativamente en el magro crecimiento económico.

Es necesario volver a fortalecer a la banca de desarrollo como agente impulsor de la actividad económica y orientador hacia los sectores priori-tarios. Dicha banca debe buscar captar fondos principalmente de los orga-nismos multilaterales, promover coinversiones, aportar capital de riesgo en actividades prioritarias, financiar con tasas de descuento actividades clave, otorgar financiamiento de largo plazo y en general impulsar una cultura de fondos de fomento.

La reforma del sistema financiero también incluirá la regulación de la inversión extranjera en cartera de forma que permita reducir sus efectos nocivos. En particular, al prohibir la inversión en el mercado bursátil por periodos inferiores a los dos años, sin reducir la competitividad se reducirá su volatilidad. Hay que estudiar las formas concretas de imponer impuestos a las transacciones especulativas.

En cuanto a los instrumentos de inversión en el mercado de dinero, y par-ticularmente los bonos de deuda gubernamental, el Congreso de la Unión deberá legislar para evitar, tanto la discrecionalidad del Ejecutivo y las formas actuales por las que sobrepasa los topes de endeudamiento −vía endeuda-miento con fines de regulación monetaria−, como el endeudamiento excesi-vo de corto plazo. Dicha reforma interna del sistema y la regulación financiera deben darse de manera simultánea a la participación activa de nuestro país en la discusión sobre la transformación del sistema financiero internacional que, entre otras cosas, busque evitar la excesiva volatilidad de las inversio-nes. No nos oponemos a la inversión extranjera, pero debe regularse para que se integre y colabore en el proyecto de desarrollo nacional.

Es necesario fortalecer la regulación-autorregulación sobre el sistema fi-nanciero legislando para establecer márgenes máximos de intermediación financiera, orientar el crédito hacia el ámbito productivo y proteger a los trabajadores y usuarios de crédito contra abusos.


Incentivar la inversión productiva

La política fiscal y crediticia propuesta de múltiples formas fomenta la in-versión productiva y desalienta la especulativa. Pero ello no basta, es nece-saria una política sectorial definida y en particular industrial y agraria. Se debe diseñar un cuidadoso paquete de incentivos fiscales y crediticios de forma que, minimizando el sacrificio fiscal, se oriente la producción a los sectores estratégicos, a la integración nacional de las cadenas productivas y a la optimización del uso de nuestros recursos naturales bajo estrictas normas de sustentabilidad económica y ecológica.

La política de incentivos será selectiva, específica, transparente y suje-ta a evaluación periódica contra objetivos y metas concertados con los sectores beneficiarios. Ello supone reformular en nuestros acuerdos comer-ciales el principio de trato nacional que no permite discriminar a los inver-sionistas extranjeros, sino que obliga a tratar como iguales a los que no son iguales.

Aumentar la integración nacional de las cadenas productivas

En el concierto internacional, una economía no puede ser exitosa sin un fuerte sector industrial y agrario. El modelo actual logró convertir a México en un país secundario exportador, pero, a su vez, la industria de la transfor-mación y particularmente la exportadora es la causante de gran parte del déficit comercial. La prioridad de la política industrial debe ser aumentar la integración nacional de las cadenas productivas de manera que disminuya su contenido de importaciones. Solo de esta forma, el crecimiento del sector exportador jalará al resto de la economía y multiplicará con empleos indirec-tos las inversiones en el sector moderno y exportador de nuestra economía. Ello debe ser incentivado fiscal y crediticiamente, pero también reformulando nuestros tra-tados comerciales en materia de reglas de origen para incluir un contenido nacional, en términos de requisitos de desempeño para la inversión extranjera, y en general recuperando la capacidad constitucional del Estado para orientar la economía.

Mientras el mundo se mueve hacia una reestructuración de la economía glo-bal, que demanda una mayor regula-ción por parte del Estado, en México la derecha y sus aliados se empecinan en creer y hacer creer a los mexicanos, que el mercado puede solucionar todo. (Plataforma, Convergencia, p. 4)


Desarrollar y asimilar tecnología

No hay desarrollo sustentable a largo plazo en un mundo tan competido sin una política decidida de desarrollo tecnológico acompañada de incentivos a la educación para asimilar tecnología. El modelo actual ha buscado la modernización de la planta productiva a través de la inversión extranjera y las importaciones. Proponemos dedicar recursos crecientes a la inversión en educación, ciencia y desarrollo tecnológico, de modo tal que para ciencia y tecnología se destine 2 por ciento del PIB, y a la educación, 8 por ciento del producto.

Usar los recursos energéticos y en general el sector público de la economía como palanca del desarrollo

No pretendemos un sector público enorme e ineficiente, pero sí mantener el papel estratégico del sector público como una palanca del desarrollo y uno de los sustentos de la soberanía nacional. Particularmente, los recursos energéticos del país deben manejarse con una visión de largo plazo, como palanca del desarrollo en una política de incentivos a sectores prioritarios y como fuente de divisas, para lo cual hay que producir y exportar con mucho más valor agregado. La industria petrolera no debe seguir siendo castigada fiscalmente para convertirla en una fuente privilegiada de recursos gubernamentales, sino que debe reinvertirse parte de sus ganancias en su modernización, ampliación e integración.

En virtud de que la política de privatizaciones seguida en los últimos años no ha traído ningún beneficio a la nación13 y, por el contrario, ha for-talecido las estructuras oligopólicas y de privilegio, lo inmediato es suspen-der los procesos actuales de privatizaciones y revisar el artículo 28 constitucional para redefinir el papel de la empresa pública en el desarrollo nacional y recuperar el papel rector del Estado en la economía.

13 Los 21 mil millones de dólares de las privatizaciones realizadas de 1989 a 1992 se usaron en el pago de deuda interna y externa y en su gran mayoría salieron del país. Es decir, se enaje-nó el patrimonio nacional y sin embargo, la deuda y la crisis provocada fue mayor que la que pretendió resolver. Además, las privatizaciones que se plantearon en el peor momento de la crisis de 1994-1995 respondieron a compromisos pactados en el contexto de la negociación del llamado paquete de rescate financiero con la administración Clinton y el Fondo Monetario Internacional.


En cuanto a las compras gubernamentales, hay que hacer las reformas legales y de nuestros acuerdos comerciales a fin de establecer la obligación para las empresas públicas de un contenido nacional. No se trata de un proteccionismo favorecedor de ineficiencias, sino de que uno de los criterios de licitación de compras y obras públicas sea el contenido nacional; se debe dar prioridad a proveedores nacionales sin que ello excluya la competencia y los criterios comerciales de precio y calidad. Lo anterior supone redefinir el capítulo X, “Compras del sector público”, así como el capítulo XV, “Polí-ticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado”, del TLCAN. Derivado de ese tratado, en la actualidad solo una quinta parte de las adquisiciones de Petróleos Mexicanos provienen de empresas naciona-les y el resto es de entidades extranjeras.

Restablecer el papel estratégico del mercado interno

Ciertamente en el corto y mediano plazos la plataforma de comercio exterior instalada y que no se desmontará ni reorientará en breve plazo, es una fuente estratégica de financiamiento del desarrollo. Por supuesto, siempre y cuando este sea competitivo y el sector exportador se conecte de manera estratégica con el mercado interno y se constituya en motor del resto de la economía. La planeación del desarrollo debe incluir la producción para satisfacer las necesidades de consumo nacional. Ello implica proponerse avanzar en la autosuficiencia y soberanía alimentarias. Un desarrollo que con-serva el papel del mercado interno conlleva la necesidad de elevar los nive-les de ingreso y bienestar de las mayorías de la población como una salida para la producción ampliada; y con ello, las políticas de mejora salarial y de combate a la pobreza se convierten no en un apéndice sino en un elemento in-dispensable del crecimiento económico.

Políticas sectoriales

Las políticas sectoriales son fundamen-tales para un nuevo proyecto de nación, y deben ser consistentes con el marco de política macroeconómica y el sector externo arriba definido. Además, las po-líticas sectoriales deben descansar en

Promover con políticas públicas eficien-tes el desarrollo económico, mediante fomento a la inversión y reestructura-ción de los esquemas de financiamiento para las actividades productivas, pero respetando la iniciativa de los particu-lares, y haciendo énfasis en el aumento de la productividad nacional que nos permita ser competitivos. (Movimiento Progresista, Plan de Gobierno, p. 50)


una nueva definición del papel del Estado, de la que también hemos habla-do. El esquema proteccionista no pudo superar las restricciones impuestas por el desequilibrio externo; tampoco fue complementado por un paquete de políticas sectoriales que hiciera posible pasar a la apertura gradual y ordenada de la economía. Al pasar de un proteccionismo lleno de grandes contradicciones a una apertura indiscriminada y marcada por la contradic-ción de la estabilidad cambiaria, el resultado fue la extraordinaria vulnera-bilidad de la economía. Pero, encima de todo, las políticas sectoriales se abandonaron por una dogmática reverencia a la idea de que las fuerzas del mercado asignarían eficientemente los recursos. Como corolario, la inter-vención del Estado en las políticas de fomento sectorial debía reducirse e incluso eliminarse completamente. Esta visión contradice la experiencia histórica de todos los países que hoy en día tienen economías industriali-zadas eficientes y con una fuerte capacidad competitiva en el exterior.

Es necesario poner en pie e instrumentar políticas sectoriales que for-talezcan la planta productiva y la hagan competitiva, tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Las políticas sectoriales solamente tienen sentido cuando se acompañan de medidas consistentes en los capí-tulos de formación de recursos humanos, desarrollo científico y tecnológico, asimilación de tecnología extranjera y su orientación a las necesidades nacionales y de decrecimiento, así como de una inversión adecuada en in-fraestructura y comunicaciones.

Los ejes básicos de la política industrial ya han sido tratados en diver-sos momentos y sus objetivos son: apoyar la asimilación de capacidades tecnológicas que hagan competitiva a nuestra industria nacional, integrar cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de nuestra pro-ducción y exportaciones, y vincular la política comercial con una política industrial y agraria. Para ello se incentivará y fomentará fiscal y crediticia-mente sectores específicos (entre ellos los de bienes de capital) en el marco de programas concertados de largo plazo que incluyan metas con tiempos de-finidos. Todos los incentivos serán supeditados a revisiones periódicas para examinar el cumplimiento de las metas acordadas entre el gobierno y los sectores involucrados, y su permanencia dependerá de la consecución de dichas metas. Se revisarán los aranceles y condiciones de la apertura para lograr la viabilidad de sectores industriales actualmente en dificultades de sobrevivencia. Se establecerán condiciones de desempeño en lo tocante al grado de integración nacional. Todo ello supone renegociar diversos aspec-tos del TLCAN y demás tratados de libre comercio.


En el sector agropecuario, se revisará el esquema de subsidios y apoyos financieros, técnicos y fiscales para asegurar su rentabilidad a mediano plazo. Se revisarán las reformas al artículo 27 constitucional. Se excluirá, por razones sociales y de seguridad alimentaria, el maíz y frijol de cualquier acuerdo comercial.

Política salarial y de empleo

Una de las prioridades fundamentales debe ser la preservación y generación de empleo productivo y estable. No se puede revertir el efecto negativo de las crisis y el atraso que provoca, con un programa contraccionista y de con-tención salarial. La caída en el salario real es ya insoportable y debe dete-nerse toda vez que esta tendencia trae como consecuencia el desplome del mercado interno, la profundización de la desigualdad social y un acelerado empobrecimiento.

El modelo económico ha implicado una enorme caída del poder de compra de los salarios desde 1977, cuando se inicia la transición al modelo actual. El salario mínimo promedio nacional ponderado perdió de diciembre de 1976 a agosto de 1995 72.62 por ciento de su poder de compra (según datos del XI Censo General de Población de 1990, 26.5 por ciento ganaba hasta un salario mínimo). Actualmente, su poder de compra es menos de la mitad del de 1939. Es indispensable iniciar su recuperación.

El aumento del salario real es una pieza importante para el desarrollo ya que significa un fortalecimiento del mercado interno para darle salida a la producción y al crecimiento. La política salarial debe dejar de ser una pieza de la lucha antinflacionaria y de atracción de la inversión extranje-ra para convertirse en una palanca del crecimiento.

Los aumentos salariales no son necesariamente inflacionarios. El au-mento en el costo de la mano de obra puede ser compensado por el aumen-to de la productividad. Sin embargo, el aumento salarial por productividad debe ser bilateralmente pactado entre empresa y sindicato (lo que supone la democratización y ampliación de membresía activa de las organizaciones empresariales y gremiales). Dichos pactos deben incluir no solo las metas, sino la creación de las condiciones para poder lograrlas y los mecanismos de reparto de sus beneficios.

El salario mínimo debe tender a adecuarse a lo que marca nuestra Constitución: ser suficiente para satisfacer las necesidades globales de una familia. En un breve plazo debe recuperar el poder de compra de 1976, que


ha sido su punto más alto, aunque ni en aquel momento correspondía a lo que marca la Constitución. En el programa propuesto, ello será un poten-ciador del dinamismo, ya que los trabajadores mexicanos seremos consu-midores estratégicos responsables y conscientes, y nuestro bienestar beneficiará al conjunto de la economía.

Se otorgará un aumento salarial de emergencia generalizado, no solo como un acto de elemental justicia, sino como un impulso para el desarrollo. Para las pequeñas y medianas empresas en reales dificultades, dicho au-mento podrá parcialmente ser asumido con sacrificios fiscales del gobierno federal vía créditos fiscales. Por lo demás, hay que tener en cuenta que la baja de las tasas de interés y la resolución de problemas crediticios e inclu-so de carteras vencidas pondrán a las empresas en mejores condiciones para enfrentar un aumento salarial.

Deben liberarse las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos, acabando con los forzados topes salariales. En la medida en que los salarios sean una palanca para el desarrollo, habrá condiciones para negociarlos a través de mecanismos no cupulares y corporativos de diálogo entre los sectores productivos. Se impulsará el desmantelamiento del sistema de control sobre las organizaciones de los trabajadores.

El modelo que ha hecho crisis no mostró capacidad de generar empleos estables y bien remunerados, aun en aquellos años en que la economía logró crecer. Gran parte de la inversión fue especulativa y no incidió en la creación de empleos. La inversión productiva se ha concentrado en sectores con uso intensivo de capital, los que tampoco provocan la generación de empleo in-directo ya que se surten con insumos de importación. De hecho, de 1989 a 1994 −administración de Carlos Salinas de Gortari−, se crearon solo 1’827 847 empleos −nuevos asalariados registrados en el IMSS− frente a una población en edad de trabajar que creció en 7.2 millones. Esta situación prevaleció en los gobiernos panistas, con todo y el ofrecimiento electoral de Felipe Cal-derón de ser el “presidente del empleo”.

Las medidas propuestas en este plan incidirán en la generación de em-pleo, sobre todo porque implican un proceso de crecimiento generalizado de la economía. Se pretende integrar las cadenas productivas, por lo que los sectores punta, que normalmente son intensivos en capital, generarán empleo indirecto al proveerse de insumos nacionales.

No debe caber duda: es necesario incentivar fiscal y crediticiamente la inversión productiva y la generación de empleo. También se propone la utili-zación del poder de compra del sector público como un motor de crecimiento


para la industria nacional, y estas medidas tendrán un efecto positivo sobre la generación de empleo. Ello incidirá realmente en una tendencia a la dis-minución de las tasas de interés, lo que también contribuye de manera de-cisiva al crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Los impuestos sobre la nómina encarecen la creación de empleo y deberán ser abolidos. Además se crearán empleos de emergencia destinados a la reconstrucción y ampliación de la infraestructura local con fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, y se cancelarán todos los programas no prioritarios en el marco de esta propuesta.

Política antinflacionaria

La lucha contra la inflación no debe desatenderse, pero habrá de conside-rarse como una variable coherente con el resto de las medidas alternativas y de ningún modo continuará descansando sobre las espaldas de la mayoría de la población. Se enfrenta la inflación desde sus raíces profundas, que están en la esfera de la producción o de los costos, y no, como se ha hecho hasta ahora, deprimiendo la demanda, lo cual implica el empobrecimiento de la población por la vía de la caída de los salarios.

Las medidas propuestas anteriormente tienen, a la vez, efectos antin-flacionarios:

1. Al disminuir las tasas de interés, reducirse la necesidad de atraer capital extranjero y aligerar el problema de la deuda gubernamental, se disminuye la presión sobre los escasos fondos prestables. Esto reduce las presiones antinflacionarias.

2. Se trata de generar una dinámica que conlleve el impulso a la pro-ductividad y ambos factores inciden en el abaratamiento de los costos. Una mejor escala de la producción permitirá a las empresas tender a utilizar toda su capacidad instalada, abatiendo sus cos-tos fijos y, con ello, el precio final. La mejora de la productividad encontrará un contexto más adecuado en un ambiente dinámico.

3. En los últimos años se ha usado la importación de insumos y bie-nes de consumo baratos como parte de la lucha contra la inflación, pero después de la devaluación el contenido importado es una fuerte presión inflacionaria. Además, dicha forma de incidir en los precios puso en serias dificultades a la industria nacional y está en la base de la poca capacidad de generar empleo de los últimos años.


La disminución del contenido de importaciones en la producción nacional que la misma devaluación tiende a forzar y que en este plan se fortalece con la modificación de las reglas de origen en los tratados comerciales, tendrá fuertes efectos antinflacionarios.

4. La recuperación de la soberanía y autosuficiencia alimentarias re-ducirá las presiones derivadas de la especulación y financiarización de los alimentos.

5. Por el lado de la demanda, en nuestra perspectiva, los aumentos salariales no operarán en contra de la lucha antinflacionaria.

En primer lugar, se ha magnificado la incidencia de los aumen-tos salariales en la inflación. El costo salarial es una mínima parte del costo total de gran parte de la producción nacional. Además, los aumentos de los salarios pueden ser compensados por el au-mento de la productividad.

En segundo lugar, al proponer un dinamismo fuerte del merca-do interno, los aumentos salariales se convertirán en una pieza clave para darle salida mercantil al aumento de los volúmenes producidos y, por ello, son consistentes con la estrategia global. Los trabajadores se deben convertir en este plan en consumidores estratégicos y, por ello, el capital también se verá beneficiado con la mejora de sus niveles de vida. El caso de Brasil bajo los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff es ilustrativo del buen rumbo que siguen orientaciones como las aquí planteadas.

6. Las medidas y criterios propuestos atacan la inflación a la vez que aminoran y tienden a anular sus costos sociales sobre la mayoría de la población. La carrera precios-salarios debe ser ganada por los salarios, no solo por elemental justicia, sino para darle salida a la producción ampliada.

7. El superávit fiscal en el presupuesto gubernamental es concebido por los neoliberales como una forma de atacar la inflación. No obs-tante, además de mantenerse en la esfera de la demanda, en donde no se encuentra la raíz de la inflación, este enfoque tiene profundos efectos recesivos. Aquí se proponen finanzas públicas sanas, pero ello no necesariamente implica superávit, ni utilizarlo como un mecanismo para inhibir la dinámica económica. Por presupuesto gubernamental sano entendemos uno que se financie de formas no inflacionarias, pero que a la vez fomente el desarrollo y la distribución de sus beneficios. Las reformas fiscales que forman parte de este


plan no implican disminuir los recursos gubernamentales para fo-mentar el crecimiento y apoyar el gasto social.

Colofón: Cinco prioridades, cinco amenazas globales y 99 por ciento de razones para cambiar el sistema

El 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de México, Felipe Calderón Hinojo-sa (el presidente espurio de México) estable-ció las cinco prioridades del G-20 bajo su presidencia.14 Veamos rápidamente cada una de ellas y luego detengámonos a hacer algu-nos comentarios.

Primera prioridad: “promover la estabili-zación económica y las reformas estructurales para el crecimiento y el empleo”; segunda: “promover el fortalecimiento de los sistemas financieros y fomentar la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico”; tercera: “mejorar la arquitectu-ra financiera internacional”; cuarta: “el tema de seguridad alimentaria”; y quinta: “alentar el desarrollo sustentable, incluyendo un diseño integral, una agenda de infraestructura, de eficiencia energética, de crecimiento verde y de financiamiento del desarrollo sustentable”.

Ahora reparemos en las justificaciones ofrecidas acerca de esas priori-dades, contrargumentemos para mostrar la manera en que estas se cons-tituyen en amenazas globales para los intereses de 99 por ciento de la población mundial y reafirmemos las razones para cambiar el sistema de barbarie a que estamos sometidos.

Veamos:

Estabilización económica y reformas estructurales

Se afirma que la estabilidad económica y las reformas estructurales generan crecimiento y empleo. Además se dice que la vulnerabilidad económica

14 Se trataba del acto de clausura del Seminario de los Retos Actuales para el Crecimiento Económico Mundial, clasificado como el primer evento organizado bajo la presidencia del G-20, que arrancó formalmente el 1º de diciembre de 2011.

Para construir esta economía pro-ductiva y un desarrollo sustenta-ble, justo e igualitario, se requiere la movilización y la participación de la sociedad en la definición y la ejecución de políticas públicas encaminadas hacia este objetivo. (Programa PRD, p. 24)


global que vivimos es ocasionada por dos profundos desequilibrios ma-croeconómicos.

El primero, de carácter interno, vinculado a las finanzas públicas a consecuencia de gasto excesivo y del endeudamiento gubernamental. Así de genéricas se formulan las afirmaciones. No hay espacio para “rascar” en las causas del déficit fiscal y del porqué del gasto excesivo y del endeuda-miento. En el caso de los Estados Unidos, visiblemente vinculado al crecien-te gasto militar15 y al carácter regresivo de los impuestos, lo que reduce el potencial de recaudación.

Ya entrados en afirmaciones pontificiales, se asienta que “lo primero que hay que hacer es reactivar el crecimiento” y para ello resulta impres-cindible, aunque no sea una condición suficiente, enmendar dichos dese-quilibrios.

La prescripción es que Europa y Estados Unidos apliquen las “restric-ciones” políticas y sociales que, dice Felipe Calderón: “sabemos, son ex-traordinariamente complejas”. Los eufemismos son indecentemente prolijos: “restricciones” en lugar de “brutales y draconianos recortes al gasto social y canalización de recursos al rescate de banqueros y especuladores”; “com-plejas” por las “dramáticas y funestas consecuencias sociales”.

En México, dichas “restricciones” nos llevaron de una década a un siglo perdido y a una pobreza inocultable por su magnitud, que han situado el alcance de la pauperización, aun admitiendo metodologías light, entre 65 y 50 por ciento de la población.

El cuento: en el mediano plazo (pues saben de la divisa keynesiana de que a largo plazo “todos estaremos muertos”), se logra la “certidumbre de los agentes económicos”, concebida como llave del motor del crecimien-to, aunque este crecimiento sea magro y muy inferior al desempeño regis-trado en los detestados periodos populistas. La realidad mexicana lo

15 El 26 de enero de 2012, según reporta la agencia Reuters, el Pentágono anunció un recorte presupuestario, como parte de las medidas para detener el déficit presupuestario de un billón de dólares. Se trata de reducir el gasto de más de 487 000 millones de dólares durante la última década. El secretario de Defensa, Leon Panetta, en una rueda de prensa en el Pentá-gono, afirmó: “Esta será una prueba sobre si la reducción del déficit es para hablar o para actuar”. Añadió que iba a solicitar un presupuesto base de 525 000 millones de dólares para el año fiscal 2013 (es la primera vez desde el 11 de septiembre de 2001 que el Pentágono pide una cifra menor que el año anterior). El tamaño del Ejército en servicio activo se recortará a 490 000 efectivos en 5 años desde su punto máximo de 570 000 en 2010, y el tamaño de la Infantería de Marina se reduciría a 182 000 militares desde su máximo de unos 202 000.


atestigua: absoluta certidumbre a los inversionistas, otorgándoles plenas garantías y derechos así como nulas obligaciones; sin embargo, desde hace treinta años el desempeño económico es inferior a la evolución poblacional no obstante el auge petrolero registrado y que supera en mucho al vivido en la época populista, cuando la economía crecía seis por ciento anual en promedio.

El segundo desequilibrio, más bien de carácter global, se registra en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para Calderón, esto es –particular-mente del lado del superávit de cuenta corriente– “no necesariamente […] causado por efecto natural del mercado, sino a cierta intervención”.

Apela Calderón a la visión naturalista y teológica del mercado: “tenemos que […] explorar medidas para que podamos encontrar, nuevamente, rutas de equilibrio, en el cual, las variables de mercado a nivel global puedan cumplir […] su tarea en la asignación de decisiones entre actores económi-cos”. Ignora que el desequilibrio recurrente es el signo del capital.

Pero, ¿en qué medidas estará pensando Felipe Calderón? ¿Estará pen-sado en medidas extraterritoriales como la disposición senatorial estado-unidense para presionar a China a devaluar su moneda y obligar a aumentar la compra de mercancías gringas?

Ni el tono docto de su discurso logra obnubilar su pobre relato sobre el defenestrado periodo populista durante los años setenta y ochenta, al que se atribuye la causa de las crisis, cuidándose claro está de mencionar los estragos que provocó el medicamento aplicado que nos condujo a la larga noche neoliberal en América Latina y el Caribe en los últimos treinta años.16

Pueden fallar los mercados financieros autorregulados, se puede incurrir en déficits fiscales por razones pragmáticas, pero de ningún modo se debe volver al proteccionismo. El libre comercio se constituye en un sacro prin-cipio; cualquier desviación es pecado17 y evadirse del mismo es visto como

16 Felipe Calderón: “Yo les puedo hablar de una crisis de países cuyos gobiernos no guardaron la debida proporción en sus equilibrios fiscales, que gastaron mucho más de lo que recibie-ron durante muchos años, que generaron déficit públicos cada vez más grandes de números crecientes de su producto interno bruto, que obtuvieron endeudamientos extraordinarios, que un buen día, esos endeudamientos se exacerbaron cuando vieron que los tipos de inte-rés comenzaron a elevarse y amenazaban con hacer impagables sus deudas […] De hecho, las deudas de muchos de esos países se volvieron impagables, también, y eso generó una crisis que colapsó a toda la región y que impactó a todo el mundo”.

17 Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa admite el carácter teológico de su cruzada contra el proteccionismo: “Yo suelo contar esta anécdota, que en las reuniones del


un delito. Desde la reunión en Cannes, Francia, el G-20 lanzó su cruzada contra el proteccionismo. El mismo libreto siguieron las potencias librecam-bistas en la Octava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada entre el 15 y 17 de diciembre de 2011 en Ginebra, Suiza, donde se dio a conocer un documento intitulado “Compromiso contra el proteccionismo”, impulsado por Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y firmado por otros 18 países, entre ellos México, Perú, Chile y Costa Rica.

El comercio es visto por Calderón como “motor de crecimiento para toda la economía global”. Por ende, hace un llamado para “rechazar medidas proteccionistas como respuesta a la crisis. La importancia de derrotar, otra vez, esos nacionalismos, esos proteccionismos, que más allá de los discur-sos, lo que terminan defendiendo son intereses específicos”. Como si el libre mercado no respondiera a los intereses de las empresas transnacionales y de los inversionistas globales, particularmente los especulativos.

Siguiendo el canon de lanzar la afirmación, luego la justificación ponti-ficial y finalizar con la condena, Calderón establece:

Las opciones, las alternativas, los congresos o los

partidos que le cierran las puertas al comercio inter-

nacional a sus consumidores y a sus productores, están

cerrándole la puerta a sus países al crecimiento […]

El cerrar alternativas de mercado internacional, par-

ticularmente de países que han alcanzado un alto nivel

de competitividad como, honestamente lo digo, es el

caso de México, implica cerrarle la puerta al progreso,

al empleo y a las oportunidades de los connacionales.

Como se habrá advertido, lo dicho por él tiene de todo menos honradez. La ausencia de honestidad intelectual es evidente.

La cruzada contra el proteccionismo en realidad pretende, a fuerza de comercio y más comercio, hacer que los países del Sur le compren sus mer-cancías al Norte en crisis. La alarma contra el proteccionismo es en realidad

...se requiere una estrategia macroeconómica anticíclica que promueva el crecimiento del mercado interno como mo-tor fundamental de la economía mexicana. (Movimiento Progre-sista, Plan de Gobierno, p. 50)

G-20 hacemos esta frase sagrada que se reitera reunión tras reunión, de decirle no al protec-cionismo, de continuar y terminar de inmediato la Ronda de Doha. Y acto seguido, al día siguiente, 15 de los 20 protagonistas de la Reunión del G-20 imponían medidas proteccionis-tas a su comercio y a sus economías”.


la pretensión de cancelar disposiciones contempladas en la misma OMC que expresan el margen de maniobra política para que los Estados intervengan en el mercado y atenúen las consecuencias no deseadas contra sus intereses.

Así, no solo inmediatamente después de Cannes sino de la Conferencia Ministerial de la OMC se han anunciado medidas arancelarias para regular la entrada de mercancías provenientes del hemisferio norte en crisis.

El 20 de diciembre de 2011, tan solo tres días después de ese encuentro de la OMC, la unión aduanera Mercosur, conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, autorizó a cada uno de sus miembros a elevar las tari-fas de 100 posiciones arancelarias –por encima del arancel externo común que alcanza un promedio de 14 por ciento– para evitar el ingreso masivo de mercancías que no encuentran mercados en Europa y Estados Unidos.

Los cinco países del Mercosur podrán elevar las tarifas para algunos artículos hasta 35 por ciento, el máximo permitido por la OMC. Es decir, no hay ninguna condena ni mucho menos ilegalidad en esta medida, la cual podrá tener vigencia de un año y ser renovada por periodos similares. Asi-mismo, estas disposiciones incluyen la eliminación de autorizaciones auto-máticas de importaciones y el aumento de impuestos para algunos bienes producidos en el exterior.

La presidenta brasileña Dilma Rousseff fue explícita: “Este hecho es tal vez la manifestación más clara de lo que está sucediendo en el mundo […] Los países desarrollados tienen sus industrias manufactureras sin mercados y por eso van a buscar aquellos mercados que desde su punto de vista pueden absorber [sus productos]. Eso significa una avalancha de importa-ciones al mundo”.

Sistemas financieros: hacia la bancarización obligatoria

Si bien se admiten las consecuencias catastróficas de la crisis, se dejan en la duda o la ambigüedad sus causas.18 Lo más que se aventuran a sugerir es “rediseñar todos esos mecanismos” que no alertaron ni desactivaron el es-tallido financiero. Es decir, se trata de mantener la liberalización financiera

18 Felipe Calderón: “Sabemos bien que la crisis se originó, en buena medida, por decisiones no muy precisas, por la incursión desmedida en riesgos por parte de entidades financieras a nivel global, por, quizá, deficiencias en el diseño que pudieran contener todas esas decisiones de riesgos”.


y monetaria; si acaso, con algunas medidas de contención, pero que no frenan la actividad especulativa.

Ya el mismo José Ángel Gurría, actual secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, escribía en un artículo el 4 de enero de 2011:

Nos gustaría creer que ya hemos pasado lo peor de la mayor crisis en 70 años.

Pero los derivados, uno de los principales culpables de la crisis financiera, si-

guen sumando 10 veces el PIB mundial, y continúan en aumento. Una gran

adquisición por valor de 8 500 millones de dólares hace que los analistas es-

peculen sobre una nueva burbuja de Internet. Algunas economías emergentes

están mostrando síntomas típicos de recalentamiento, con un aumento sin

precedentes de los precios inmobiliarios, el crédito al consumo y los beneficios

de los bancos.

Susan George, en su libro Sus crisis, nuestras soluciones, recordaba que a un año del septiembre negro de 2008 los banqueros lanzaban nuevos pro-ductos financieros al mercado:

Lo más macabro que he leído al respecto se refiere a la venta de pólizas de se-

guros de vida, a un precio considerablemente reducido, de personas ancianas o

gravemente enfermas, que empaquetan igual que hicieran con las hipotecas

subprime y venden como productos financieros. Su remuneración y sus primas

han vuelto a ser obscenas. Su sistema está diseñado para superarse continua-

mente a sí mismo, para ir más allá y más deprisa, para llegar más alto, para ser

más rico, hasta que se estrella. Y volverá a estrellarse.

Esas obscenas ganancias que se siguieron registrando en plena crisis y que indignaron a la opinión pública, se mantienen a pesar de las reformas a las regulaciones financieras en la Unión Europea y en Estados Unidos. No podría ser de otra manera, pues quien recibe dinero de ellos, los financistas, difícilmente querrá atarles las manos. Por eso las expresiones de indignación de Barack Obama, quien en 2008 recibió de gerentes bancarios cuatro millo-nes de dólares para su campaña electoral, no preocuparon en las esferas de Wall Street. Tampoco preocupan las acusaciones de Sarkozy contra especu-ladores y sus paraísos fiscales o los amagos de imponer un impuesto a las transacciones financieras internacionales y publicar listas negras, pues se sabe que es mera inanidad verbal.


Bancarizar el dinero de los pobres no es una iniciativa del bengalí Mu-hammad Yunus ni mucho menos se trata de fortalecer las cooperativas de ahorro y crédito popular, sino de forzar el despojo y el sometimiento de la sociedad a los banqueros a través de lo que eufemísticamente se llama in-clusión financiera.19

Así como en los años noventa se transfirieron millonarias cantidades de recursos a los bancos provenientes de las reservas actuariales de los fondos de pensiones para su ulterior administración privada, ahora se ca-nalizan los apoyos sociales de combate a la pobreza a través de la banca privada y extranjerizada. Con total ligereza se habla de sus bondades:

Hace dos semanas, impulsamos que todas las transferencias en efectivo para

seis y medio millones de beneficiarios, reciban sus transferencias a través de

una tarjeta de débito, que está asociada a una cuenta bancaria, con lo cual ya

estamos haciendo, de un golpe, el mayor programa de inclusión financiera que

se tenga conocimiento, por lo menos, que nosotros tengamos conocimiento, y

que permitirá a esas personas tener acceso al ahorro, al crédito y a ciertos

mecanismos de seguros de vida.20

19 Con una asombrosa desfachatez, se habla de inclusión financiera ilustrándola con la medida de canalizar los recursos públicos de combate a la pobreza a través de la banca de la siguien-te manera: “En México, para las seis y medio millones de familias más pobres del país, a las cuales apoyamos con transferencias condicionadas, este programa que […] nació en México de dar un pago a una familia con la condición de que la familia lleve a los hijos a la escuela y los lleve al médico, que luego fue Oportunidades aquí, en México, Bolsa Familia, en Brasil, y otros programas en toda la región […] y que ha permitido reducir, de manera muy impor-tante, la pobreza […]”. Cabe indicar que este programa surge en México en la época salinis-ta y representó una regresión respecto al enfoque de las políticas sociales: se opta por la focalización en lugar de la visión universalista. Además es llevado a cabo con un fuerte componente clientelar y asistencial concomitante al desmantelamiento del llamado Estado de bienestar. Es decir, nada de qué vanagloriarse. Y a propósito de honestidad intelectual, cuando se habla de reducción de la pobreza gracias a este programa no se repara en que estos “avances” penden de alfileres y al menor vaivén económico se retrocede. Basta men-cionar que entre 2008 y 2010, la pobreza en México aumentó de 48.8 millones de personas a 52 millones, por lo que pasó de 44.5 a 46.2% del total de la población mexicana, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

20 Es curiosa la desfachatez y alienante manera en que se presentan las cosas. El 1º de diciem-bre de 2011, cuando Calderón anunció su política de inclusión financiera en la región rará-muri de Chihuahua y que pretende proyectar a escala planetaria bajo su presidencia en el G20, se expresaba en términos ontológicos: “La gente pobre cuando necesita un préstamo va al banco, a la caja popular, y le dicen: ‘¿Tú quién eres?, tú no eres nadie, no tienes ni cuen-ta en mi banco, no tienes cuenta en el sistema’. En cambio, la gente que tiene cuenta en el


Desde luego que las tarjetas bancarias de los empobrecidos mexicanos distan mucho de parecerse a las cuentas bancarias que mexicanos adine-rados mantienen en el exterior por un monto superior a 80 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 62 por ciento respecto al inicio del gobierno calderonista. Cabe indicar que adicionalmente han salido del país 83 188 millones de dólares por concepto de inversiones directas reali-zadas por capitalistas mexicanos en el exterior.

En esa línea de bancarizar el dinero de los pobres, el 9 de enero de 2012 Felipe Calderón anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Fi-nanciamiento a la Educación Superior, mediante el cual en 2012 se destina-rán 2 500 millones de pesos en créditos educativos para 23 mil jóvenes.

El programa se puso en marcha con la participación de 21 institucio-nes privadas de educación superior, la banca comercial y el gobierno fe-deral, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera.21

Para el nivel licenciatura se otorgarán créditos por hasta 215 mil pesos, en tanto que para posgrado serán de 280 mil pesos. El financiamiento con-siste en un crédito a 15 años y medio, con una tasa de interés fija de 10 por ciento; una vez concluidos los estudios, el egresado tendrá un periodo de gracia adicional de seis meses para ingresar al mercado laboral y comenzar

banco va a pedir un dinerito para una emergencia, que porque se casa la hija o va a poner el nixtamal y le dicen, ‘ah, tú tienes cuenta en el banco’, y le prestan”. A Felipe Calderón no le importó que en Batopilas, población situada en la sierra Tarahumara, donde no hay un solo banco y lugar en que naciera Manuel Gómez Morín −fundador del Partido Acción Nacio-nal y especialista en derecho bancario−, anunciara la bancarización del programa Oportuni-dades, con la entrega de millones de tarjetas bancarias a los más pobres para recibir las transferencias federales. Los 6.5 millones de beneficiarios del programa Oportunidades contarán con una tarjeta de débito, la cual, previo pago de 10 pesos, permitirá que obtengan un seguro de vida, y si se llegan a morir, dice Calderón, “…la gente pobre, cuando se muere, que Dios no lo quiera, ni quien se acuerde de ella y no tiene su familia ni para enterrarla. La gente que está en el banco tiene un seguro de vida si se muere, Dios no lo quiera, le dan di-nero (hasta 40 mil pesos) a su familia”.

21 Los bancos participantes en una primera fase son Santander, Bancomer, HSBC, Banorte, Afirme y Financiera Educativa de México. Los negocios educativos privados son: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y las universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla y Jesuita de Guadalajara. También las universidades del Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tanga-manga y Contemporánea, además del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Uni-versidad).


a pagar el financiamiento. Mientras en Chile el movimiento estudiantil pone en crisis este modelo privatizador de la educación pública impuesto por la dictadura pinochetista, el gobierno espurio de México lo adopta bajo el eufemismo de la inclusión financiera.

Arquitectura financiera internacional

Las discusiones sobre una nueva arquitectura financiera internacional se han desplazado del ámbito de las Naciones Unidas al informal pero cada vez más influyente foro del G-20.

A pesar del prolongado deterioro y el aún vivo desprestigio de las ins-tituciones financieras internacionales, particularmente del FMI, Felipe Calde-rón se propone revivir un difunto y apalancarlo como prioridad del G-20.

Para ello, y haciendo gala una vez más de deshonestidad intelectual, Calderón reivindica con total impunidad al FMI en los siguientes términos: “esta institución ayudó a una gran cantidad de países en América Latina, en nuestras crisis, y [...] se volvió, ciertamente, presa de todos los rencores y todos los odios [...], finalmente, yo creo que era parte de su función”.

Calderón pretende conferir al FMI un papel relevante en la actual crisis, con actuaciones “oportunas y eficaces” y una mayor supervisión que vaya más allá de las políticas de tipo de cambio y abarque aspectos relacionados con flujos de capital, reservas internacionales, regulación de mercados fi-nancieros, repercusiones externas, etcétera. Se trata de replicar la interven-ción del FMI en las economías nacionales, “algo que fue muy habitual en las economías de América Latina en los ochenta y que ahora tendrá que ser, también, habitual en ciertas economías en problemas de Europa”.

Se promueve el reforzamiento financiero del FMI, y el gobierno mexica-no, muy obediente a la solicitud para duplicar la cuota de aportación a este organismo multilateral, realiza una nueva aportación, con el pretexto de que se tendrá mayor poder de votación para las nuevas resoluciones mundiales. Cosa que difícilmente ocurrirá, toda vez que México estará subiendo su voto de 0.50 por ciento a 1.80 por ciento dentro del FMI, con la reciente aporta-ción de 7 500 millones de dólares, lo cual representa cinco mil DEGS (Derechos Especiales de Giro). Los 7 500 millones de dólares forman parte de un prés-tamo temporal al FMI, el llamado NAB (New Arrangements to Borrow).

Al 19 de diciembre de 2011, por información del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se sabía que no se contaba con la aportación de Estados Unidos a la nueva línea de crédito del FMI para socorrer a los


países de la zona euro en apuros. Entre los resultados de la cumbre de la UE del pasado 8 y 9 de diciembre, en Bruselas, se planteó la creación de la nueva línea de crédito del FMI para los países con problemas, para la que se prevén hasta 200 000 millones de euros. La contribución de Alemania se estima en 45 000 millones de euros, a pesar de las resistencias del Bundes-bank (banco central), que ha manifestado su disposición a aportar esa cantidad, pero bajo severas condiciones y observando la restricción esta-blecida por el Tratado de Maastricht al Banco Central Europeo (BCE) de fi-nanciar directamente a los Estados. El objetivo es acelerar los preparativos del fondo permanente de rescate (Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE), previsto para julio de 2012, de manera que se combinaría durante un año con el fondo de estabilización temporal (Fondo Europeo de Estabilidad Fi-nanciera, FEEF). El FEEF dispone de una capacidad de intervención de 250 000 millones de euros, si se descuentan los rescates de Grecia, Irlanda y Por-tugal, mientras que el MEDE mantendrá de momento un límite de 500 000 millones de euros en su dotación.

No hay nada nuevo en este aspecto. Ya desde noviembre de 2008, el G-20 ha estado ampliando los recursos del FMI, y en abril de 2009 se convino en “triplicar la capacidad regular de préstamos del FMI a 750 000 millones [de dólares]” y “duplicar como mínimo los recursos concesionarios a favor de los países de bajos ingresos e incrementar en 250 000 millones la liquidez mundial a través de una emisión general de derechos especiales de giro” (FMI: 2009:10)

Desde el estallido de la crisis, los líderes del G-20 que se han arrogado el mérito de conformar un nuevo orden mundial, en realidad se siguen va-liendo de las viejas y desprestigiadas instituciones como el FMI, a las que usan, a pesar de su papel negativo para provocar la actual crisis, a fin de seguir inyectando recursos a los mercados en crisis pero sobre todo para imponer severos programas de ajuste estructural y supervisar su fiel cum-plimiento.

Todavía el 18 de enero de 2012, en un comunicado el FMI insistía en la necesidad de ampliar su capital en 500 mil millones de dólares para socorrer a los países con problemas por la crisis de deuda de la zona euro y otros 100 mil millones de dólares se necesitarían como “colchón de protección”. Las naciones de la zona euro ya se han comprometido a inyectar 150 mil millones de euros adicionales (200 mil millones de dólares) al FMI, lo que está incluido dentro de la estimación total. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur han estado presionando por discutir primero


sobre la contribución de Europa a la crisis para acordar medidas adicionales. Mientras que los países europeos plantean que ya han hecho lo suficiente y piden más recursos para el FMI, por su parte, países como China y Brasil han dicho que están dispuestos a contribuir con más recursos para el organismo multilateral de crédito a cambio de un mayor poder de voto.

Actualmente, el FMI posee una capacidad de préstamo de unos 380 mil millones de dólares, pero para algunos especialistas se estima una brecha de financiamiento global de un billón de dólares durante los próximos dos años si las condiciones económicas globales empeoran.

Seguridad alimentaria

Mientras que el FMI afirmaba, en contra de la ortodoxia, que “El FMI alentó a las economías avanzadas y en desarrollo con suficiente espacio fiscal a utilizarlo para estimular la demanda. La crisis puso de relieve la importancia del espacio fiscal para que pueda entrar en juego una política fiscal anticí-clica durante las desaceleraciones económicas. La mayor parte de los países lanzaron programas de estímulo fiscal en 2009, que deberían continuar en 2010” (2009:10), estas políticas anticíclicas, que ciertamente se salían del canon neoliberal duro, exhibían el pragmatismo con que los líderes del G-20 se plantearon la salida de la crisis de manera inmediata. Lo cierto es que la actual crisis es de tal profundidad que por supuesto hicieron inoperantes dichas medidas para evitar una recaída. Más aún cuando se siguió con el libertinaje financiero y los rescates a favor de los banqueros.

Lo curioso del caso es que Felipe Calderón desliza la duda sobre la eficacia de tales medidas anticíclicas, a las que en algún momento acogió retóricamente para dar la imagen de su desmarcaje neoliberal, justo en el tema de los commodities (entre ellos los alimentos). Recomienda “medir el impacto real que han tenido políticas monetarias expansivas antirecesivas, que más que traducirse, realmente, en un aumento de la demanda agregada en los países al que va destinado, tienen un efecto que traslada ese poder de compra, más bien, a los mercados de commodities en todo el mundo” y añade: “Una política monetaria destinada a ser contracíclica en una recesión termina elevando precios de cosas básicas, como el petróleo, con lo cual se vuelve en una política monetaria, precisamente, recesiva”.

Felipe Calderón no logra explicarse el incremento de los precios de los commodities en un escenario recesivo. Aunque en algún momento piensa que “la explicación es obvia”, la atribuye a “la demanda creciente de las


economías emergentes con mayor poder adquisitivo”, y no deja de mencio-nar otros factores, “como es el manejo financiero, la estructura financiera, especulación financiera, no quisiera llamarle así, pero puede serlo”, nos dice quien no puede ocultar la creciente financiarización de los alimentos y otros commodities.

El tema de la seguridad alimentaria, a lo que reduce el reclamo de so-beranía y autosuficiencia alimentaria, se ha abordado en el G-20 en menos-cabo de otros foros, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Aunque el titubeante diagnóstico de la crisis alimentaria es obvio, no se acierta a proponer medidas audaces para encararla, y no puede ser de otra manera estando preso del fundamentalismo del libre mercado.22

Medio ambiente

Finalmente se nos dice que la prioridad será “alentar el desarrollo susten-table, incluyendo un diseño integral, una agenda de infraestructura, de efi-ciencia energética, de crecimiento verde y de financiamiento del desarrollo sustentable”.

La prelación de prioridades y sobre todo el contenido neoliberal de cada una de estas, indica que para el G-20 la economía y las finanzas están en primer lugar, por lo que a ellas han de subordinarse el resto de las esferas sociales, políticas y ambientales.23

22 Felipe Calderón: “El aumento no sólo de los commodities en general, petróleo y minerales, desde luego, sino especialmente, el aumento de los precios de los alimentos en los dos últi-mos años, han generado que para los seres humanos más pobres se cuentan por miles de millones […] las familias más pobres, se calcula, destinan la mitad de su ingreso para la compra de alimentos, y los alimentos han aumentado 25 por ciento en promedio, quiere esto decir que es un impacto directo en el nivel de ingreso y un aumento en el nivel de pobreza, ceteris paribus, en todos los países […] estamos en crisis verdaderamente dramáticas como es la hambruna que hay ahora en el Cuerno de África […] el rol relevante jugado en la pri-mavera del norte de África y del Medio Oriente.”

23 Hay frases en el discurso de Felipe Calderón que develan sus prioridades: “Es cierto, el mundo tiene demasiados problemas para pensar ahora en el medio ambiente” o “si lo quie-ren ver pragmáticamente, es un asunto económico, es un asunto de pesos y centavos; es decir, lo que hagamos hoy para evitar las consecuencias del cambio climático, por muy caro que sea, será varias veces mucho más barato, que lo que tendremos que hacer en el futu-ro para pagar los costos de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Eso tenemos que hacerlo. Y hay maneras de hacerlo. Hay maneras de generar alternativas de crecimiento vinculadas al combate al calentamiento global.” Añade: “En México, tuvimos una muy buena


Para Susan George, las esferas deben revertirse y acomodarse de la si-guiente manera: el planeta y su biosfera debe ser la esfera más externa dentro de la cual está la sociedad humana, libre de optar democráticamente por su organización social; luego estaría la economía y finalmente las finanzas.

Este nuevo acomodo reduciría la lógica del crecimiento económico-financiero y desmoro-naría la creencia de que se pueden pensar y resolver nuestros problemas desde ese hori-zonte. Nada más errado. De seguir en esa lógi-ca, no solo nos encontraremos en el escenario visualizado por Rosa Luxemburgo: “capitalis-mo o barbarie”, sino en el de “capitalismo o extinción humana”.

No hay espacio para abordar con detalle la crítica al concepto de eco-nomía y crecimiento verde que desde el G-20 se estará difundiendo para imponerse en la semántica, ideología y en las políticas públicas en las que subyacen los negocios lucrativos y rapaces de los capitales transnacionales, pero, como bien dice Silvia Ribeiro (2012):

[…lo más verde de las propuestas de economía verde […] es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas transnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.24

Bibliografía

Cerutti Guldberg, Horacio (1975), “Propuesta para una filosofía política la-tinoamericana”, en Revista de Filosofía Latinoamericana: Liberación y Cultura, t. I, enero-junio.

La nueva política económica debe basarse en la planeación del de-sarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio democráti-co. (Proyecto Alternativo, p. 12)

sesión de la Conferencia de las Partes, la COP-16. Acaba de concluir la COP-17, en Durban, en Sudáfrica; que recoge un punto importante que propusimos en México, la creación del Fondo Verde Climático”.

24 Se recomienda ampliamente consultar dos textos críticos sobre economía verde: el reciente informe: Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC, disponible en: <http://www.etcgroup.org/es/node/5298>; y el texto de Edgardo Lander, La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero, del grupo TNI, disponible en: <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/green-economy_es.pdf>.


FMI, Fondo Monetario Internacional (2009), Informe anual 2009. La lucha contra la crisis mundial. Disponible en: <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09_esl.pdf>.

George, Susan (2010), Sus crisis, nuestras soluciones, Barcelona, Icaria.Guevara, Ernesto Che (2006), Apuntes críticos a la economía política, La

Habana, Ocean Press.Krotz, Esteban (2012), “La indignante crisis mundial: perspectivas desde el

sur”, en La Jornada, 10 de marzo.Latouche, Serge (2009), Pequeño tratado del decrecimiento sereno, Barcelona,

Icaria.Mariátegui, José Carlos (2010), La tarea americana, Buenos Aires, CLACSO-

Prometeo Libros.Ribeiro, Silvia (2012), “Los dueños de la economía verde”, en La Jornada, 14

de enero. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/01/14/opinion/025a1eco>.

Taibo, Carlos (2010), Decrecimiento, crisis, capitalismo, Universidad del País Vasco.

Autores/as

Aguilar Micceli, Gustavo. Licenciado en Sociología por la Facultad de Cien-cias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene experiencia como servidor públi-co en órganos de control interno de nivel local. Fue contralor interno en la Delegación Iztacalco y asesor en la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal. Responsable del enlace legislativo local y federal. En el ám-bito legislativo asesoró a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), creada por la ley encaminada a buscar una solución al conflicto surgido en Chiapas en 1994, en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados. En la administración pública federal efectuó investigaciones de coyuntura en la Subdirección del Área de Información Regional de la Secretaría de De-sarrollo Social; desempeñó tareas de capacitación como subdirector en la Dirección General de Enlace Regional de la Secretaría de Hacienda y Crédi-to Público, y de organización social como subdirector del Área de Organi-zación en la Coordinación de Evaluación y Enlace Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Alcalde Luján, Bertha María. Integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Jóvenes y Estudiantes (Morenaje).

Arnaut Estrada, Alberto. Integrante de la Coordinación Nacional del Movi-miento Regeneración Nacional, Jóvenes y Estudiantes (Morenaje).

Barbosa Cano, Fabio. Cursó la licenciatura en Economía y realizó estudios de maestría en Historia de México en la UNAM. Laboró como asesor de la Comisión de Historia de Petróleos Mexicanos, entre 1983 y 1988. Esta Comi-sión inició la construcción del archivo histórico de Pemex. Entre sus publica-ciones se encuentra el capítulo “Technical and Economics Problems of the


Newly Nationalized Industry”, en: The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century, Austin, University of Texas Press. Asimismo ha publicado más de 150 artículos en revistas especializadas, entre ellas Oil & Gas Journal. Sus trabajos han sido citados en el debate parlamentario en varias ocasiones en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados y en la Gaceta del Senado de la República. La revista Petróleo y Energía, editada por el Grupo Ferraez, decidió incorporar al profesor Barbosa en la lista de las 100 perso-nalidades más influyentes en el sector de la energía en México en los años 2010 y 2011.

Bartra, Armando. Profesor-investigador, titular C, UAM-Xochimilco. Coor-dinador del suplemento La Jornada del Campo de La Jornada. Autor de numerosas obras, entre las más recientes: La utopía posible. México en vilo: de la crisis de autoritarismo a la crisis de la democracia (2000-2008) (2011), La Jornada Ediciones; Tiempo de mitos y carnaval: indios, campe-sinos, revoluciones. De Felipe Carrillo Puerto a Evo Morales (2011), Ítaca; Tomarse la libertad. La dialéctica en cuestión, México (2010), Ítaca; y El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital (2008), UACM / UAM / Ítaca.

De la Rosa Rodríguez, José Javier. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra; maestro en Políticas Públicas y licenciado en Economía por la UAM-Xochimilco; y diplomado en Legislación Nacional y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha trabajado en organizaciones civiles y académicas en temas de derechos humanos y políticas públicas. Actualmente es profesor-investigador adscri-to al Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Escobar Toledo, Saúl. Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente, es profesor-investigador de la Dirección de Estu-dios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En dicha institución imparte el Diplomado de Historia de México en el siglo XX y forma parte del Seminario sobre la Transición en México con el Proyecto “Trabajo y trabajadores en el México Contemporáneo”. Forma parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo con sede en la UNAM. Cargos recientes en el PRD: secretario de Relaciones Internacionales 2006-2011 y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales 2011-2012. Publicó, entre otros,


“La crisis mundial: de autonomías y velocidades”, en De la crisis mundial hacia una nueva política económica, FES, 2011; “2012: Construir una sali-da progresista” en La Zurda, núm. 3, 2011; “El G20 y el año que viviremos en peligro”, en La presidencia mexicana del G20, FES, 2012; y “Los últimos años posrevolucionarios y el sindicalismo” en El XX. Lecturas de un siglo, Ítaca, 2012.

Espinoza, Víctor Jorge. Doctor en Educación por el codoctorado integrado por la UNAM, UAM y UPN. Coordinó la licenciatura en Administración Educa-tiva de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente de la UNAM y de pos-grado en varias universidades del país.

Franco López, Jorge. Licenciado en Economía por la UNAM. Autor de Produ-cir para nosotros (1990), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; Banco de México. El enemigo en casa (2006), BUAP; y numerosas publi-caciones más, varias de ellas disponibles en: <http://producirparanosotros.blogspot.com/>.

González Chávez, Gerardo. Doctor en Economía por la Universidad Nacio-nal Autónoma de México. Investigador titular del Instituto de Investiga-ciones Económicas de la UNAM. Coordinador del proyecto de investigación “El desarrollo tecnológico y la competitividad en la industria manufac-turera” (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica-PAPIIT IN305610). Correo electrónico: [email protected]

Hernández, María Alejandra. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Consultora política. Especialista en temas de seguridad pública, comunica-ción política y gobernabilidad.

Krotz Heberle, Esteban. Licenciado y doctor en Filosofía (Munich) y maes-tro en Antropología Social (Universidad Iberoamericana). Profesor-investi-gador en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán y docente en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la misma universidad. Coordinador de la región Sur-Sureste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) y participante en el proyecto de investigación “Ciencias sociales en México: un enfoque regional”.


Medina Ortiz, Makieze. Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Vocal y activista de Ingreso Ciudadano Universal-México A.C. Correo electrónico: [email protected]

Oliva Ríos, Mónica. Licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con diplo-mados en Antropología Jurídica, Derecho Agrario, Derecho Procesal, y Análisis de la Cultura. Área de especialización jurídica: derechos humanos y agraria-indígena. Funcionaria pública en las principales instituciones de los sectores agrario, indígena y de relaciones exteriores. Integrante funda-dora del Taller Universitario de Derechos Humanos, A.C. (1989). Encargada del área jurídica del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (1990-1991). Tallerista, ponente y docente en temas de derechos humanos, cuestiones agrarias e indígenas, y promoción de la salud. De 2006 a la fecha, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde realiza trabajo docente y de in-vestigación en las licenciaturas en Derecho y Promoción de la Salud. Líneas de investigación: salud y derecho, derechos humanos.

Peñaloza Méndez, Andrés. Licenciado en Economía, maestro en Filosofía y actualmente cursa el doctorado en Economía en la UNAM. Miembro funda-dor de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y de la Coalición Mexicana frente al G20. Es presidente de Bia’lii, Asesoría e Investigación, A. C. Se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República en temas de presupuesto público, políticas econó-micas y asuntos internacionales. Fue director ejecutivo de Contraloría Ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal.

Portos Pérez, Irma. Doctora en Estudios Latinoamericanos. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Ramírez Carrillo, Luis Alfonso. Doctor en Sociología. Profesor investiga-dor de la Unidad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; se ha desempe-ñado como coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY. Entre sus últimas publicaciones figuran: Mérida. Una modernidad inacaba-da: un siglo de población y empleo urbano (2006). Coordinador de la obra En la ruta del petróleo. Impactos de una eventual explotación petrolera en Yucatán (2007), cuatro tomos. Ambos libros editados por la Fundación Plan


Estratégico de Mérida, Yucatán. Coordinador de Perder el paraíso. Globa-lización, espacio urbano y empresariado de Mérida (2006), Miguel Ángel Porrúa / UADY.

Sabido Méndez, Arcadio. Maestro en Ciencias Políticas. Académico de la Unidad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Ha publicado, entre otros, Teoría de la hegemonía en Antonio Gramsci: fuerza y consenso (2004). Coeditor de Democracia, procesos electorales y participa-ción ciudadana: Yucatán 2001-2007 (2008), UADY. Es autor de “Referencias a la vigilancia epistemológica para la investigación en Antonio Gramsci” en Problemas emergentes en Ciencias Sociales: ¿Cómo estudiarlos? (2011), coor-dinado por Felipe de Alba (MIT), Frédéric Lesemann (INRS-UCS) y Carlos Gallegos (FCPyS-UNAM).

Salinas Hernández, Héctor Miguel. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, don-de coordina el Programa de Estudios en Disidencia Sexual. Autor de dos li-bros que abordan el tema de las políticas públicas sobre disidencia sexual, uno sobre México y otro sobre América Latina. Miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres (AMEGH, A.C.), y conferen-cista en diversos eventos académicos.

Suárez, Víctor. Ingeniero agrónomo. Miembro del Consejo Consultivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), A.C. Entre sus publicacio-nes se cuenta: Políticas públicas para la agricultura mexicana con base en el consenso y la certidumbre. El caso de la ley de planeación para la soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional (2011), Ítaca; y ¿Tiene futuro la agri-cultura campesina en México? Políticas públicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con campesinos (2005), Porrúa / Cámara de Diputados.

Torres Góngora, Beatriz. Doctora en Estudios Sociales. Profesora-investi-gadora de la Unidad de Ciencias Sociales (UCS) del Centro de Investigacio-nes Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinó la UCS y presidió la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET). Docen-te de la Facultad de Ciencias Antropológicas y de la Facultad de Economía de la UADY. Entre sus publicaciones de 2010 destacan: “Los trabajadores de


un fraccionamiento y su adjetivación del trabajo”, en Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (coords.), Trabajo e identidad y acción colectiva, CLACSO / UAM-I / Plaza y Valdés Editores; “De qué modernización hablamos. Trayectorias productivas en la industria de alimentos y bebidas en Yucatán”, en Diez años de estudios laborales, UAM / Plaza y Valdés Editores; “El traba-jo femenino en las maquiladoras de exportación: rostro emergente de la globalización en Yucatán”, en Género en la época de la globalización. Mira-das desde el mundo maya, Plaza y Valdés Editores/ Universidad de Oriente/ UADY. Correo electrónico: [email protected] y [email protected]

Tovar Alcázar, Rosario. Ingeniera arquitecta por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Estudió la maes-tría y especialización en Diseño bajo la línea de Arquitectura Bioclimática en la Universidad Autónoma Metropolitana. Diplomada en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y Técnica en Construcción Arquitectó-nica por el CECyT Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado para el sector privado como asesora técnica en materia de cons-trucción, así como en la generación de material técnico para la enseñanza y aprendizaje de diversos tópicos relacionados con la arquitectura. En el sector público fue coordinadora de los Contralor@s Ciudadan@s en Comités y Subcomités de Obra en diversas dependencias y subdirectora de Estu-dios y Proyectos sobre Transparencia y Rendición de Cuentas.

Zermeño, Felipe. Maestro en Economía, egresado de la Universidad de Guadalajara y del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor titular en esa facultad. Autor de libros y ensayos sobre temas del desarrollo económico, de la agricultura y de la política económica. Miembro del Con-sejo de Colaboradores de la revista Memoria. La editorial Plaza y Valdés publicó recientemente sus libros Lecciones de desarrollo y Desarrollo eco-nómico y nuevo capitalismo financiero.

Miradas alternativas al neoliberalismo II. Dimensiones económicas de la crisisse imprimió en Gráficos efe, Diseños

y Producciones Editoriales y para las Artes Gráficas, Callejón de la Barranca 43, Col. Tetelpan, Del. Álvaro Obregón, 01700 México, D.F.

Tiraje: cuatro mil ejemplares

méxico, 2012 col. escandón, del. miguel hidalgo 04410 ... · el pensamiento crítico, desde la...

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