Maristella SvampaInvestigadora del CONICET yprofesora de la Universidad Nacionalde La Plata (UNLP), Argentina.ResumenEn este artculo, Maristella Svampapropone reflexionar sobre el carcter delas luchas socioambientales en AmricaLatina a partir de dos elementos deanlisis: la inflexin extractivista y laambientalizacin de las luchas sociales.El primero de ellos est estrechamentevinculado al cambio en el modelo deacumulacin del sistema capitalista,identificado por la autora como Consensode los commodities, basado en laexpansin de proyectos que buscanla extraccin y exportacin de bienesnaturales a gran escala. El segundo, sevincula con el giro ecoterritorial que enlos ltimos aos est marcando a losmovimientos que se resisten a dichosproyectos y que combina la matrizindgena comunitaria con el discursoambientalista, que hace nfasis en ladefensa de la territorialidad. De estamanera, la autora plantea un recorrido poralgunos de los conflictos territoriales en elcontinente y al final apunta cules seranlos retos que ellos estn representandoal interior del pensamiento crtico latinoamericano.

Palabras claveExtractivismo, territorialidad, luchas socioambientales, pensamiento crtico.Cmo citar este artculoSvampa, Maristella 2012 Consenso de los commodities, giro ecoterritorial ypensamiento crtico en Amrica Latina en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao XIII, N 32, noviembre.Un anlisis que aborde la actual cuestin poltica y el rol de los movimientos socialesen Amrica Latina debe incluir necesariamente una reflexin sobre el carcter de las luchas socioambientales que hoy atraviesan la regin y las diversas dimensionesque estas involucran. En razn de ello, con el fin de analizar cmo las diferentesdimensiones de las luchas socioambientales aparecen en el paisaje polticolatinoamericano, proponemos una presentacin en cuatro momentos sucesivos.En un primer momento, haremos referencia a la expansin del extractivismo en laregin latinoamericana, en el contexto del Consenso de los commodities. Luegode ello, realizaremos un anlisis del proceso de ambientalizacin de las luchas en Amrica Latina, as como de los tpicos y tensiones que atraviesan lo que hemosdado en denominar el giro ecoterritorial, en el cual convergen la matriz indgenacomunitaria, el lenguaje acerca de la territorialidad y el discurso ambientalista. Entercer lugar, haremos hincapi en los conflictos y tensiones territoriales que hoyrecorren diferentes escenarios nacionales, marcados por lo que denominamos, siguiendoa Zavaleta, la visin eldoradista en relacin a los recursos naturales. Porltimo, daremos cuenta de la fractura que hoy se abre en el marco del Consensode los commodities, dentro del pensamiento crtico latinoamericano, en relacina esta problemtica.El Consenso de los commodities y la inflexin extractivistaEn el ltimo decenio, Amrica Latina realiz el pasaje del Consenso de Washington,asentado sobre la valorizacin financiera, al Consenso de los commodities,basado en la exportacin de bienes primarios a gran escala. Ciertamente, si bienla explotacin y exportacin de bienes naturales no son actividades nuevas enla regin, resulta claro que en los ltimos aos del siglo XX y en un contexto decambio del modelo de acumulacin, se ha venido intensificando la expansin deproyectos tendientes al control, extraccin y exportacin de bienes naturales, sinmayor valor agregado.As, lo que denominamos como Consenso de los commodities apunta a subrayarel ingreso a un nuevo orden econmico y poltico, sostenido por el boom de losprecios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandadoscada vez ms por los pases centrales y las potencias emergentes. Tal como lorevelan los datos de la CEPAL (2011), la mayora de los productos bsicos de exportacin de la regin mostraron un crecimiento vertiginoso en los ltimos aos: losprecios de los alimentos alcanzaron su mximo histrico en abril de 2011 (maz,soja, trigo); los metales y minerales superaron el mximo registrado antes de la crisisde 2008, y algo similar puede decirse sobre los hidrocarburos. Aun en un contextode crisis econmica y financiera internacional, que anuncia mayor incertidumbrey volatilidad de los mercados, las economas latinoamericanas continan con undesempeo positivo: as, los datos de 2011 proyectaban una tasa de crecimientodel PIB regional del 4,7%, contra el 6% de 2010 (CEPAL, 2010).Sin embargo, este modelo de crecimiento presenta numerosas fisuras estructurales.Por un lado, la demanda de materias primas y de bienes de consumo tienecomo consecuencia un vertiginoso proceso de reprimarizacin de las economaslatinoamericanas, algo que se ve agravado por el ingreso de potencias emergentes,como es el caso de China, que se va imponiendo crecientemente como unsocio desigual en lo que respecta al intercambio comercial. En efecto, mientrasque hacia 1990 China representaba tan solo un 0,6% del comercio exterior totalde Amrica Latina, en 2009, ya alcanzaba el 9,7%. Este crecimiento fue en detrimentode EE.UU., los pases de la UE y Japn. Actualmente, China es el segundosocio comercial de la regin. Las exportaciones de Amrica Latina hacia Chinase concentran en productos agrcolas y minerales. As, para el ao 2009 las exportacionesde cobre, hierro y soja representaban el 55,7% de las exportacionestotales de la regin al pas oriental. Al mismo tiempo, los productos que Chinacoloca en Amrica Latina son principalmente manufacturas que cada vez poseenmayor contenido tecnolgico (Slipak, 2012). En suma, este proceso de intercambiodesigual no slo ha contribuido al incremento del precio de los commodities,sino tambin a generar un creciente efecto de reprimarizacin en las economaslatinoamericanas.Este proceso viene, tambin, acompaado por la creciente prdida de soberanaalimentaria, hecho ligado tanto a la exportacin de alimentos a gran escala comoal destino de los mismos, pues cada vez ms la demanda de dichos bienes estdestinada al consumo de ganado, as como a la produccin de biocombustibles.Por otro lado, desde el punto de vista de la lgica de acumulacin, el nuevoConsenso de los commodities conlleva la profundizacin de una dinmica de desposesin(Harvey, 2004) o de despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempoque genera nuevas formas de dependencia y dominacin. No es casual que granparte de la literatura crtica de Amrica Latina considere que el resultado de estosprocesos sea la consolidacin de un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas,2009; Schuldt y Acosta 2009; Svampa y Sola lvarez, 2010), el cual debe ser comprendidocomo aquel patrn de acumulacin basado en la sobreexplotacin derecursos naturales, en gran parte, no renovables, as como en la expansin de lasfronteras hacia territorios antes considerados como improductivos.As definido, el extractivismo no contempla solamente actividades tpicamenteconsideradas como tales (minera e hidrocarburos), sino tambin los agronegocioso la produccin de biocombustibles, lo cual abona una lgica extractivista mediantela consolidacin de un modelo tendencialmente monoproductor, que desestructuray reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el proceso deacaparamiento de tierras. La inflexin extractivista comprende tambin aquellos18 Movimientos socioambientales Consenso de los commodities...proyectos de infraestructura previstos por la IIRSA (Iniciativa para la Integracin dela Infraestructura Regional Suramericana), en materia de transporte (hidrovas, puertos,corredores biocanicos, entre otros), energa (grandes represas hidroelctricas)y comunicaciones; programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanosen el ao 2000, cuyo objetivo central es facilitar la extraccin y exportacin dedichos productos hacia sus puertos de destino. As, la megaminera a cielo abierto,la expansin de la frontera petrolera y energtica (que incluye tambin el gas noconvencional o shale gas), la construccin de grandes represas hidroelctricas, laexpansin de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalizacin del modelode agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen las figuras emblemticas delextractivismo en el marco del consenso de los commodities.Uno de los rasgos centrales del actual estilo extractivista es la gran escala de losemprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre la gran envergadura en trminosde inversin de capitales (en efecto, se trata de actividades capital-intensivas, yno trabajo-intensivas); el carcter de los actores involucrados y la concentracineconmica (grandes corporaciones trasnacionales); la especializacin productiva(commodities), as como de los mayores impactos y riesgos que dichos emprendimientospresentan en trminos sociales, econmicos y ambientales. Asimismo,este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportacin, queadems de generar escasos encadenamientos productivos endgenos operan unafuerte fragmentacin social y regional y terminan por configurar espacios socioproductivosdependientes del mercado internacional (Voces de Alerta, 2011). Porltimo, en funcin de una mirada productivista y eficientista del territorio, el consensode los commodities alienta la descalificacin de otras lgicas de valorizacinde los mismos. En el lmite, los territorios escogidos por el capital son consideradoscomo socialmente vaciables (Sack, 1986), o territorios sacrificables.Ahora bien, la apelacin a un consenso tiene la virtud de invocar no slo unorden econmico sino la consolidacin de un sistema de dominacin, diferente alde los aos noventa, pues alude menos a la emergencia de un discurso nico quea una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas que van marcando lacoexistencia y entrelazamiento entre la ideologa neoliberal y el neodesarrollismoprogresista. En razn de ello, el consenso de los commodities puede leerse tantoen trminos de rupturas como de continuidades en relacin al anterior perodo.Como ya haba sucedido en la etapa del Consenso de Washington, el Consenso delos commodities establece reglas que suponen la aceptacin de nuevas asimetrasy desigualdades ambientales y polticas por parte de los pases latinoamericanosen el nuevo orden geopoltico.Por un lado, contribuye a acentuar las lneas de continuidad entre un momentoy otro, porque efectivamente tanto las transformaciones sufridas por el Estado nacionalcomo la poltica de privatizaciones de los bienes pblicos operadas en losnoventa sentaron las bases normativas y jurdicas que permitieron la actual expansindel modelo extractivista, garantizando seguridad jurdica para los capitalesy una alta rentabilidad empresarial, que en lneas generales seran confirmadascon sus variaciones especficas durante la etapa de los commodities.Por otro lado, hay elementos importantes de diferenciacin y ruptura. Recordemosque en los aos noventa el Consenso de Washington coloc en el centro19 de la agenda la valorizacin financiera y conllev una poltica de ajustes y privatizaciones,lo cual termin por redefinir al Estado como un agente metaregulador.Asimismo, oper una suerte de homogeneizacin poltica en la regin, marcadapor la identificacin o fuerte cercana con las recetas del neoliberalismo. A diferenciade ello, en la actualidad, el consenso de los commodities pone en el centrola implementacin masiva de proyectos extractivos orientados a la exportacin,estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, locual permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas, que hancuestionado el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continanprofundizando una matriz poltica conservadora en el marco del neoliberalismo.El consenso de los commodities va configurando, pues, en trminos polticos,un espacio de geometra variable en el cual es posible operar una suertede movimiento dialctico, que sintetiza dichas continuidades y rupturas en unnuevo escenario que puede caracterizarse como posneoliberal, sin que estosignifique, empero, la salida del neoliberalismo. En consecuencia, dicho escenarionos confronta a una serie de nuevos desafos tericos y prcticos, queabarcan una pluralidad de mbitos, desde lo econmico, social y ambiental,hasta lo poltico y civilizatorio.El proceso de ambientalizacin de las luchas socialesUna de las consecuencias de la actual inflexin extractivista ha sido la explosinde conflictos socioambientales, visibles en la potenciacin de las luchas ancestralespor la tierra, de la mano de los movimientos indgenas y campesinos, as comoen el surgimiento de nuevas formas de movilizacin y participacin ciudadana,centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.Entendemos por conflictos socioambientales a aquellos ligados al acceso ycontrol de los recursos naturales y el territorio, que suponen, por parte de losactores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en uncontexto de gran asimetra de poder. Dichos conflictos expresan diferentes concepcionessobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, as como van estableciendouna disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera msgeneral, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los diferentes megaproyectosavanzan de modo vertiginoso y tienden a reconfigurar el territorio en suglobalidad, no slo ponen en jaque las formas econmicas y sociales existentessino tambin el alcance mismo de la democracia, pues se imponen sin el consensode las poblaciones, generando fuertes divisiones en la sociedad y una espiral decriminalizacin y represin de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligrosocaptulo de violacin de los derechos humanos.En la medida en que los diferentes megaproyectosavanzan (...) y tienden a reconfigurar el territorio (...)ponen en jaque las formas econmicas y socialesexistentes y el alcance mismo de la democracia

En este contexto, la explosin de conflictos socioambientales ha tenido comocorrelato aquello que acertadamente Enrique Leff llamara la ambientalizacin delas luchas indgenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambientallatinoamericano (2006). A esto hay que aadir que el escenario actual aparecemarcado tambin por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales,rurales y urbanos (en pequeas y medianas localidades), de carcter policlasista,caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonoma.Asimismo, en este nuevo entramado juegan un rol no menor ciertasorganizaciones no gubernamentales ambientalistas sobre todo, pequeas organizaciones,muchas de las cuales combinan la poltica de lobby con una lgicade movimiento social y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundanintelectuales y expertos, que no slo acompaan la accin de las organizacionesy los movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de ellos.Esto quiere decir que dichos actores deben ser considerados menos como aliadosexternos y mucho ms como actores con peso propio, al interior del nuevoentramado organizacional.As, el proceso de ambientalizacin de las luchas incluye un enorme y heterogneoabanico de colectivos y modalidades de resistencia, que va configurandouna red cada vez ms amplia de organizaciones, en la cual los movimientossocioterritoriales no son los nicos protagonistas. Desde nuestra perspectiva, loms novedoso es la articulacin entre actores diferentes (movimientos indgenascampesinos, movimientos socioambientales, organizaciones no gubernamentalesambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), lo cual seha venido traduciendo en un dilogo de saberes y disciplinas, caracterizado tantopor la elaboracin de un saber experto independiente de los discursos dominantes(un saber contra experto), as como por la valorizacin de los saberes locales, muchosde ellos de races campesino indgenas. Al igual que en otros casos, esta dinmicaorganizacional, que combina la accin directa (bloqueos, manifestaciones,acciones de contenido ldico), con la accin institucional (presentaciones judiciales,audiencias pblicas, demanda de consultas, propuestas de leyes), encuentracomo actores centrales a los jvenes y las mujeres, cuyo rol es crucial tanto en lasgrandes estructuras organizacionales como en los pequeos colectivos culturales.Una dimensin que caracteriza los conflictos socioambientales es la multiescalaridad,concepto que hace referencia a la reformulacin de escalas en los diversosprocesos de globalizacin (Sassen, 2007) y alude por ello al involucramiento de unentramado complejo de actores sociales, econmicos, polticos, locales, regionales,estatales y globales. La multiescalaridad tiene diferentes aspectos. Por ejemplo,para el caso de las industrias extractivas, la dinmica entre lo global y lo localse presenta como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entreempresas transnacionales y Estados (en sus diferentes niveles), que promuevenun determinado modelo de desarrollo; y, por otro lado, resistencias provenientesde las comunidades locales, que cuestionan tal modelo, y reclaman su derecho adecidir en funcin de otras valoraciones. En este marco, los conflictos socioambientalessuelen combinarse perversamente con una tipologa inherente al modeloextractivo, las llamadas economas de enclave, y por tanto tienden a encapsularseen la dimensin local. Dicha localizacin del conflicto se traduce en un deterioro21mayor de los derechos civiles, quedando librados de la intervencin de la justiciay los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad frente a losactores globales es mayor que el de sus homlogos nacionales.Por otro lado, pese a esta tendencia al encapsulamiento local de los conflictos(sobre lo cual volveremos ms adelante), la generacin de espacios de cruces y laarticulacin progresiva de una red de territorios (Santos, 2005) reflejan otro aspectode la dinmica multiescalar, que va abarcando desde lo local y lo nacional,hasta lo subcontinental. El resultado de ello es la generacin de un diagnsticocomn y la expansin de una nueva gramtica colectiva, que sitan el actual procesode ambientalizacin de las luchas en continuidad con el internacionalismoque Amrica Latina conoce, al menos como tendencia, desde el ao 2000, con elinicio de un nuevo ciclo de accin colectiva a nivel regional y la realizacin delos foros sociales.Resulta imposible realizar un listado de las redes autoorganizativas nacionalesy regionales de carcter ambiental que hoy existen en Amrica Latina. A ttulo deejemplo, podemos mencionar la CONACAMI (Confederacin Nacional de ComunidadesAfectadas por la Minera, nacida en 1999, en Per); la Unin de AsambleasCiudadanas (UAC, Argentina, surgida en 2006) que congrega a organizaciones debase que cuestionan la megaminera y el modelo de agronegocios; la Asamblea Nacionalde Afectados Ambientales (ANAA, Mxico), creada en 2008 en instalacionesde la UNAM, y que agrupa diferentes organizaciones de base que luchan contra lamegaminera, las represas hidroelctricas, la urbanizacin salvaje y las megagranjasindustriales (cerdos, pollos, camarones), contando con el apoyo de la Unin deCientficos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Entre las redes trasnacionalespodemos citar a la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indgenas), quedesde 2006 agrupa organizaciones de Per, Bolivia, Colombia, Chile y, en menormedida, de Argentina, y aboga por la creacin de un Tribunal de Delitos Ambientales.Por ltimo, existen varios observatorios consagrados a estos temas, entre ellos, elObservatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991con sede en Chile, el cual asesora a comunidades en conflicto en favor de sus derechosambientales, as como el Observatorio de Conflictos Mineros de Amrica Latina(OCMAL), que existe desde 1997 y articula a ms de cuarenta organizaciones,desde Mxico hasta Chile, entre las cuales se halla el OLCA, la CONACAMI y lareconocida organizacin no gubernamental Accin Ecolgica, del Ecuador.Estas redes y movimientos socioterritoriales han ido generando un lenguaje devaloracin acerca de la territorialidad, opuesto o divergente al discurso ecoeficientistay a la visin desarrollista que sostienen gobiernos y grandes corporaciones.Al mismo tiempo, en algunos casos estas redes vienen impulsando la sancin deleyes y normativas, incluso de marcos jurdicos que apuntan a la construccin deuna nueva institucionalidad ambiental, como es el caso en Ecuador, lo cual entraen colisin con las actuales polticas pblicas de corte extractivista.Entre todas las actividades extractivas, la ms cuestionada en Amrica Latinaes la minera metalfera a gran escala. En efecto, en la actualidad no hay paslatinoamericano con proyectos de minera a gran escala que no tenga conflictossociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades:Mxico, varios pases centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panam), Ecuador, Per, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Segn elObservatorio de Conflictos Mineros de Amrica Latina (OCMAL) existen actualmente120 conflictos activos que involucran a ms de 150 comunidades afectadasa lo largo de toda la regin (Voces de Alerta, 2011). Slo en el Per, la Defensoradel Pueblo de la Nacin da cuenta de que los conflictos por la actividad mineraconcentran el 70% de los conflictos socioambientales y de que stos, a su vez,representan el 50% del total de conflictos sociales en ese pas, no casualmenteuno de aquellos donde ms acelerada y descontroladamente se ha dado la expansinminera (De Echave, et al., 2009). Este contexto de conflictividad contribuyedirecta o indirectamente a la judicializacin de las luchas socioambientales y a laviolacin de los derechos en la medida en que no se generan procesos de consultasadecuados a las comunidades y son desalojadas de las tierras reclamadas porlas empresas que contaminan los recursos de las comunidades, como el agua y elterritorio, de los que dependen para su vida (OCMAL, 2011).As, en un nuevo escenario de vinculacin global que los diferentes gobiernoslatinoamericanos sean progresistas, de izquierda o de inspiracin neoliberalcomparten en nombre del Consenso de los commodities, la minera metalferaa cielo abierto se ha convertido en una suerte de figura extrema, un smbolo delextractivismo predatorio, al sintetizar un conjunto de rasgos particulares directamentenegativos para la vida de las poblaciones y el futuro de nuestros pases.Tpicos del giro ecoterritorialEn trminos generales, y por encima de las marcas especficas (que dependen, en mucho,de los escenarios locales y nacionales), la dinmica de las luchas socioambientalesen Amrica Latina ha venido asentando la base de lo que podemos denominarel giro ecoterritorial, esto es, la emergencia de un lenguaje comn que da cuenta delcruce innovador entre la matriz indgena comunitaria, la defensa del territorio y eldiscurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la construccin de marcoscomunes de la accin colectiva, los cuales funcionan no slo como esquemas deinterpretacin alternativos1, sino como productores de una subjetividad colectiva.Bienes comunes, soberana alimentaria, justicia ambiental y buen vivir sonalgunos de los tpicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes2.Ciertamente, en primer lugar, y a contrapelo de la visin dominante, enel marco del giro ecoterritorial, los bienes naturales no deben ser comprendidoscomo commodities, esto es, como pura mercanca; pero tampoco exclusivamentecomo recursos naturales estratgicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismoprogresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen unaconcepcin utilitarista, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoracionesque no pueden representarse mediante un precio de mercado, inclusoaunque algunos lo tengan. En contraposicin a esta visin, la nocin de bienescomunes integra visiones diferentes que afirman la necesidad de mantener fueradel mercado aquellos bienes que, por su carcter de patrimonio natural, social,cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio. Como afirma Bollier (2008)el concepto de bienes comunes describe una amplia variedad de fenmenos; serefiere a los sistemas sociales y jurdicos para la administracin de los recursos compartidos de una manera justa y sustentable [] lleva implcita una serie devalores y tradiciones que otorgan identidad a una comunidad y la ayudan a autogobernarse.Este carcter de inalienabilidad aparece vinculado a la idea de locomn, lo compartido, y, por ende, a la definicin misma de la comunidad o delos mbitos de comunidad (Esteva, 2007).Por otro lado, en el contexto latinoamericano, la referencia recurrente a losbienes comunes aparece ligada a la nocin de territorio o territorialidad. Ciertamente,la denominacin alude a aquellos bienes que garantizan y sostienenlas formas de vida en un territorio determinado. As, no se trata exclusivamentede una disputa en torno a los recursos naturales, sino de una disputa por laconstruccin de un determinado tipo de territorialidad, centrado en un lenguajeque apunta a la proteccin de lo comn en el marco de una concepcinfuerte de la sustentabilidad. Es precisamente el desconocimiento de estas otrasvaloraciones lo que abre las puertas a que los territorios sean considerados comoreas de sacrificio.Varios son los pilares que dan sustento experiencial a este lenguaje en torno alo comn, en clave de sustentabilidad fuerte. En unos casos, la valoracin delterritorio est ligada a la historia familiar, comunitaria e incluso ancestral (territorioheredado). Otras veces, la concepcin del territorio heredado y/o delterritorio elegido, va convergiendo con la concepcin del territorio vinculada alas comunidades indgenas y campesinas (territorio originario). Por ltimo, involucraa quienes, habiendo optado por abandonar los grandes centros urbanos delpas, han elegido los lugares hoy amenazados, motivados por la bsqueda de unamejor calidad de vida, o de jvenes que optaron por un estilo de vida diferente enel cual la relacin con lo natural y el ambiente juega un papel central (territorioelegido)3. En la lnea del territorio originario se inserta la defensa cada vez msdramtica del derecho de autodeterminacin de los pueblos indgenas, expresadoen el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, que recogencasi todas las constituciones latinoamericanas, el cual se ha convertido en una herramientaen disputa para lograr el control/recuperacin del territorio, amenazadopor el actual modelo de desarrollo extractivista, tal como lo reflejan los casos dePer, Ecuador y Bolivia (Oxfam, 2011).Otro de los tpicos que recorre el giro ecoterritorial es el de soberana alimentaria,que aparece ligado a la nocin de bienes comunes, mediante la afirmacinde la diversidad (Perelmuter, 2011). La soberana alimentaria afirma elderecho de los pueblos a producir alimentos y el derecho a decidir lo que quierenconsumir y cmo y quin lo produce. Dicho concepto fue desarrollado por VaCampesina y llevado al debate pblico con ocasin de la Cumbre Mundial de laAlimentacin en 1996. Sin duda, conlleva el reconocimiento de los derechos delos campesinos que desempean un papel esencial en la produccin agrcola yen la alimentacin. Desde entonces, y en un contexto en el cual los gobiernoslatinoamericanos han optado masivamente por consolidar un paradigma agrariobasado en los transgnicos, la temtica atraviesa el debate agrario internacional(Va Campesina, 2004).Asimismo, el giro ecoterritorial presenta contactos significativos con los llamadosmovimientos de justicia ambiental, originados en la dcada del ochentaen comunidades negras de Estados Unidos. Segn Henri Acselard (2004: 16), lanocin de justicia ambiental[] implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambientees considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecolgicas, fsicas, construidas,sociales, polticas, estticas y econmicas. Se refiere as a las condiciones en que tal derecho puedeser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individualesy de grupo, la dignidad y la autonoma de las comunidades.De este modo, la unin de la justicia social y el ecologismo supone ver a los sereshumanos no como algo aparte sino como parte integral del verdadero ambiente(Di Chiro, 1998). El movimiento de Justicia Ambiental es un enfoque que enfatizaen la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participacin y dedemocracia, y en el racismo ambiental hacia los pueblos originarios despojadosde sus territorios, que son, en fin, la injusticia de gnero y la deuda ecolgica. Enesta lnea que reivindica un paradigma de la democracia ligado a los derechoshumanos, se ubican organizaciones como el OLCA, ya citado, y la Red de JusticiaAmbiental, en Brasil4, as como diferentes asambleas patagnicas de la Argentinaque hoy luchan contra la megaminera.Sin embargo, hay que decir que el tpico de la justicia ambiental hoy tiende aser desplazado por otros, como el del buen vivir. Ciertamente, una de las consignasque ha otorgado mayor vitalidad al actual giro ecoterritorial es la del buenvivir, vinculado a la cosmovisin indgena andina suma kausay o suma qamaa(en quechua y aymara respectivamente). Sin duda, este es uno de las tpicos msmovilizadores, de origen latinoamericano, que tiende puentes entre el pasado yel futuro, entre la matriz comunitaria, el lenguaje territorial y la mirada ecologista.Dada su importancia, es necesario preguntarse cules son los sentidos queadquiere el buen vivir en los actuales debates que se llevan a cabo, sobre todo, enEcuador y Bolivia. Todos coinciden en afirmar que es un concepto en construcciny, por ende, tambin en disputa. Para el boliviano Xavier Alb (2009), detrsdel concepto est la lgica de las comunidades de muchos pueblos indgenasoriginarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes, y su plasmacincomo parte del pas. Por otra parte, para la ecuatoriana Magdalena Len (2009),la nocin de buen vivir se sustenta en reciprocidad, en cooperacin, en complementariedady aparece ligada a la visin ecofeminista de cuidado de la vida, decuidado del otro.Dos constituciones latinoamericanas, la de Ecuador y la de Bolivia, incorporaronla perspectiva del buen vivir. Para el caso del Ecuador, el gobierno elabor,a travs de la SENPLADES (Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo), elPlan del Buen Vivir 2009-2013, que propone, adems del retorno del Estado, uncambio en el modelo de acumulacin, ms all del primario exportador, hacia un... el buen vivir involucra una fuerte dimensinambiental (...) basada en la ruptura con la ideologadel progresodesarrollo endgeno, biocentrado, basado en el aprovechamiento de la biodiversidad,el conocimiento y el turismo. Como afirma el plan presentado, el cambiono ser inmediato, pero el programa del Buen Vivir constituye una hoja de ruta(Ospina Peralta: 2010).En un libro reciente publicado en Bolivia, que apunta a establecer un estadodel arte sobre el tema, se indica que el Vivir Bien implica una serie de aristas, entreellas una vida dulce, buena convivencia, acceso y disfrute a bienes materiales einmateriales; reproduccin bajo relaciones armnicas entre las personas, orientadasa la satisfaccin de las necesidades humanas y naturales; relaciones armnicasentre las personas y la naturaleza, y entre las personas mismas; realizacin afectivay espiritual de las personas en asociacin familiar o colectiva y en su entorno socialamplio; reciprocidad y complementariedad en las relaciones de intercambio ygestin local de la produccin; visin cosmocntrica de la vida (Farah y Vasapollo,2011). Aun as, y ms all de las diferentes posturas que van diseando una superficieamplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos, el buen vivir,como afirma Gudynas (2011b), involucra una fuerte dimensin ambiental, en lamedida en que postula otra mirada sobre la naturaleza, basada en la ruptura conla ideologa del progreso. Sin embargo, como todo concepto en disputa, y en uncontexto de asociacin creciente entre gobiernos progresistas y extractivismo, elbuen vivir puede sufrir un temprano vaciamiento y, en el lmite, una posible vampirizacinen manos de las diferentes retricas gubernamentales.Por ltimo, existe un ltimo tpico asociado al giro ecoterritorial: el de losderechos de la naturaleza. El mismo reenva a una perspectiva jurdica filosficabasada en la ecologa profunda, que aparece por primera vez en la nueva Constitucinecuatoriana e ilustra el desplazamiento desde una visin antropocntrica dela naturaleza hacia otra sociobiocntrica (Acosta, 2011), o biocntrica (Gudynas,2009). En dicha Constitucin, la naturaleza aparece como sujeto de derechos:esto incluye el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimientoy regeneracin de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos(Artculo 71). La naturaleza posee as valores intrnsecos (tambin llamadosvalores propios), que estn en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependende la utilidad o consideracin humana.Visin eldoradista, conflictos y tensiones territorialesHemos dicho que el giro ecoterritorial da cuenta de la construccin de marcos comunes de la accin colectiva, que funcionan como estructuras de significaciny esquemas de interpretacin contestatarios o alternativos. Dichos marcos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora, a instalar nuevos temas, lenguajesy consignas, al tiempo que orientan la dinmica interactiva hacia la produccin de una subjetividad colectiva comn. As, resulta claro que stos apuntan ala expansin de las fronteras del derecho, as como tienden a expresar una disputa societal en torno de lo que se entiende o debe entenderse por verdadero desarrolloo desarrollo alternativo y por sustentabilidad dbil o fuerte. Al mismo tiempo, ponen en debate lo que se entiende por soberana, democracia y derechos humanos; sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, o en los del buen vivir, la demanda apunta a una democratizacin de las decisiones, ms an, al derechode los pueblos de decir no frente a proyectos que afectan fuertemente las condicionesde vida de los sectores ms vulnerables y comprometen el porvenir de lasfuturas generaciones.En este sentido, el giro ecoterritorial de las luchas da cuenta de cmo las organizacionesy movimientos sociales involucrados van construyendo un conocimientoalternativo, el cual constituye una condicin necesaria pero no suficiente para hablar de alternativas al modelo de desarrollo imperante. Asimismo, las nuevas estructuras de significacin estn lejos todava de haberse convertido en debates de sociedad. Ciertamente, son temas que tienen una determinada resonancia social, mediante su inscripcin en la agenda poltica y parlamentaria, pero las expectativas que muchos ciudadanos latinoamericanos tienen sobre las polticas pblicas y en los procesos de transformacin social encarados por los gobiernos progresistas, opacan, subalternizan y tienden a neutralizar la potencia de dichos marcos contestatarios.Adicionalmente, existen otros obstculos, vinculados a las dificultades propiasde los movimientos y espacios de resistencia, atravesados a veces por demandascontradictorias, as como por la persistencia de determinados imaginarios socialesen torno al desarrollo. As, una de las dificultades aparece reflejada por latensin de territorialidades y la preeminencia de una mirada eldoradista sobrelos recursos naturales. Tomamos esta expresin del socilogo boliviano Ren Zavaleta(2009), quien afirmaba que la idea del subcontinente como lugar por excelenciade los grandes recursos naturales fue dando forma al mito del excedente,uno de los ms fundantes y primigenios en Amrica Latina. Con ello, el autorboliviano haca referencia al mito eldoradista que todo latinoamericano esperaen su alma, ligado al sbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural),que genera el excedente como magia, que en la mayor parte de los casosno ha sido utilizado de manera equilibrada. Aunque las preocupaciones de Zavaletapoco tenan que ver con la problemtica de la sustentabilidad ambiental,que hoy es tan importante en nuestras sociedades, creemos que resulta legtimoretomar esta reflexin para pensar en el actual retorno de este mito fundante, delarga duracin, ligado a la abundancia de los recursos naturales y sus ventajas,en el marco de un nuevo ciclo de acumulacin. Por ende, entendemos la visineldoradista de los recursos naturales como una expresin regional de la actualilusin desarrollista.En este sentido, es necesario reconocer tambin que el actual proceso de construccinde territorialidad se realiza en un espacio complejo, en el cual se entrecruzanlgicas de accin y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes.De modo esquemtico, puede afirmarse que existen diferentes lgicas de territorialidad,segn nos refiramos a los grandes actores econmicos (corporaciones,lites econmicas), a los Estados (en sus diversos niveles), o a los diferentes actoressociales organizados y/o implicados en el conflicto. Mientras que las lgicas territorialesde las corporaciones y las lites econmicas se enmarcan en un paradigmaeconomicista, que seala la importancia de transformar aquellos espacios dondese encuentran los recursos naturales considerados estratgicos en territorios eficientes y productivos, la lgica estatal, en sus diversos niveles, suele insertarse enun espacio de geometra variable.Veamos brevemente algunos casos nacionales para ilustrar esta problemtica.Para el caso del Per, la lgica estatal entronca claramente con una visin neoliberal,asociada a la desposesin. Esto ha sido ilustrado emblemticamente por el expresidente Alan Garca quien, en octubre de 2007, public en el tradicional diarioEl Comercio (Lima) el clebre artculo titulado El sndrome del perro del hortelano,el cual anticipaba de manera brutal su poltica en relacin a la Amazonia y alos recursos naturales, basada en la expansin hacia los territorios ociosos. As,a fin de facilitar la implementacin del Tratado de Libre Comercio con los EstadosUnidos, en junio del 2008 el ejecutivo sancion un centenar de decretos legislativos,entre ellos un paquete de 11 leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretoslegislativos, rebautizados como la ley de la selva por las organizaciones indgenasy las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, fueron criticadosdesde diferentes sectores como anticonstitucionales. Finalmente, la represin deBagua, en junio de 2009, que cost la vida de ms de 30 habitantes de las poblacionesamaznicas, 10 policas y un nmero indeterminado de desaparecidos, ascomo las protestas que le siguieron, no slo obligaron al gobierno de Alan Garca aderogar aquellos decretos que afectaban directamente el derecho de consulta sinoque tambin permitieron que el pas asomara al descubrimiento de los pueblosamaznicos, histricamente excluidos.En el ltimo ao, esta tendencia hacia la criminalizacin y la represin se havenido agravando bajo el gobierno de Ollanta Humala, pese a que inicialmentehaba despertado expectativas de renovacin. Efectivamente, frente a los conflictossuscitados por la resistencia social a la megaminera, cada vez ms radicalizada,el giro militarista que dio el gobierno confirm la tendencia de retornar a la figuraclsica del orden e inversiones, asociada a la matriz neoliberal. En menos de unao de gobierno ya se han registrado quince muertos por represin. A mediadosde 2012, el gobierno peruano declar el estado de emergencia en 3 provinciasdel departamento de Cajamarca, mientras se lanzaba un paro indefinido en contradel cuestionado proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha. El proyectoimplicara entre otras cosas la destruccin de 4 lagunas. En la actualidad, la escaladarepresiva y la poltica de detenciones masivas es tal, que el peruano SantiagoPedraglio caracteriz a la gestin de Humala como la formacin de un gobiernominero militar (2012)5.Respecto a la Argentina, en los ltimos aos ha habido varios conflictos quecontribuyeron a instalar la problemtica ambiental en la agenda pblica. Algunos,de modo directo, como el conflicto entablado con el Uruguay por la instalacin delas papeleras (que motivara un largo corte al puente internacional que comunicaambos pases, realizado por los vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaych,entre 2005 y 2010), la problemtica de la contaminacin en la cuenca delRiachuelo y la discusin en el congreso de la Ley nacional de proteccin de losglaciares (2010). Otros, como el conflicto entablado entre el gobierno nacional ylas corporaciones agrarias, en relacin a las retenciones mviles al sector (2008),iluminaron de manera ms lateral el proceso de desposesin hacia campesinose indgenas que hoy ocurre en las llamadas reas marginales, en especial en las provincias del norte, asociado a la expansin de la soja. A esto se aadi que, en elinicio de su segundo mandato, en diciembre de 2011, el gobierno de Cristina Fernndez sancion una nueva Ley antiterrorista, que torna an ms difusa la figurapenal de terrorismo, ampliando su aplicacin como en el caso ecuatoriano alas organizaciones que supuestamente financian dichos actos terroristas. Esta leyobtuvo el rechazo generalizado de organizaciones sociales, de derechos humanosy de intelectuales, incluido el de aquellos sectores que apoyan al gobierno, puestodo indica que el objetivo de la misma es el de penalizar la protesta social.Por otro lado, en Argentina, pese a su presencia en numerosas provincias, losconflictos en relacin a la megaminera han estado encapsulados en el nivel localy han ido avanzando de la mano de la sancin de leyes provinciales que limitaneste tipo de actividad, en que se utilizan sustancias txicas (Voces de Alerta, 2011).Sin embargo, a principios de 2012 hubo una inflexin que produjo el ingreso dela cuestin minera a la agenda poltica nacional: los vecinos de Famatina, en laprovincia de la Rioja, volvieron a levantarse en contra de la megaminera. En 2007ya haban expulsado a la empresa Barrick Gold, que se propona explotar el cerro,y haban logrado una ley provincial de prohibicin de la megaminera. Pero, en 2008 esa ley fue derogada y dej el conflicto en un impasse. Como suele suceder,frente a las resistencias, los gobiernos aguardan la apertura de nuevas oportunidadespolticas para tratar de avanzar con tales proyectos. As, luego de las eleccionesgenerales realizadas en octubre de 2011, la provincia de La Rioja firm unnuevo convenio con otra empresa canadiense (Osisko Minning). Fue entonces quelos vecinos de Famatina iniciaron un nuevo bloqueo para impedir el acceso de laempresa minera al cerro. Poco despus, el corte se converta en una gran pueblada,de resonancia nacional, que obligara a la provincia a suspender el inicio delproyecto. Esta sbita visibilizacin de la lucha antiminera suscit una sostenida solidaridad en las grandes ciudades, y tuvo su continuidad en otras movilizacionesy cortes, realizados en otras provincias.Asimismo, hubo varios episodios de represin y de criminalizacin, queabarcaron incluso el bloqueo de una localidad (Andalgal, en Catamarca) porparte de sectores promineros. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Fernndezde Kirchner apunt a la confirmacin del modelo minero. Ms an, en uncontexto de fuerte polarizacin poltica, la intelectualidad vinculada al kirchnerismoy la nueva juventud militante buscaron mantener blindado el discurso,negando la responsabilidad del gobierno nacional respecto de la lgica dedesposesin y su alianza evidente con las corporaciones mineras; subrayando,en contraste con ello, el peso de las polticas sociales y la revitalizacin de institutoslaborales, como la negociacin colectiva, entre otros. En la actualidad,en un contexto de fuerte realineamiento entre el poder poltico, el poder econmicoy el poder meditico, que ha vuelto a encapsular en sus contextos localesla cuestin minera, la crtica al extractivismo es llevada a cabo por un conjuntode movimientos socioterritoriales (no solamente socioambientales), colectivosculturales e intelectuales ligados a la izquierda independiente y a parte de la izquierda partidaria y clasista.El caso de Ecuador y Bolivia ilustran una situacin ms paradjica. As,recordemos que una de las mayores expresiones del giro ecoterritorial ha sido la propuesta del gobierno ecuatoriano, en mayo de 2007, de no explotar elpetrleo en el bloque 43 del parque nacional Yasuni. Es decir, se busca mantenerel crudo en la tierra, con la idea de proteger la biodiversidad, apoyar alas culturas aisladas, combatir el cambio climtico y, en fin, de promover untipo de desarrollo social basado en la conservacin de la naturaleza y la promocinde energas alternativas. La comunidad internacional participara conuna compensacin financiera, creando un fondo de capital que sera administradopor la ONU, con la participacin del Estado ecuatoriano, la sociedadcivil y los contribuyentes. Vale aclarar que el Yasuni, situado en la Amazonia,al este del Ecuador, es el bosque ms biodiverso del planeta: en una sola hectreadel bosque hay tantas especies de rboles como en todo EE.UU. y Canadjuntos. El parque nacional es, adems, hogar de los huaorani y de algunosde los ltimos pueblos indgenas que an viven en aislamiento, sin contactocon otras culturas. En estas tierras se encuentran las reservas ms grandes depetrleo ecuatoriano, en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), de900 millones de barriles.Organizaciones de pueblos originarios como la Confederacin Nacional deIndgenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones ambientalistas no gubernamentales,como Accin Ecolgica, muy activas en este campo, ilustran el giroecoterritorial de las luchas. Esto no slo porque estamos hablando del pas enel cual se han pergeado innovaciones jurdicas y constitucionales importantes,como la ya referida sobre los derechos de la naturaleza, sino porque en uncontexto de grandes tensiones con el gobierno de Rafael Correa, dichos actorescolectivos apuntan permanentemente a la profundizacin del debate acerca delmodelo de desarrollo y a la necesaria salida del extractivismo.No obstante ello, todo esto no ha sido suficiente para frenar la implementacindel modelo de minera a gran escala, que ha sido desde el comienzo unode los caballitos de batalla del presidente ecuatoriano. Tengamos en cuenta queen 2008, la Asamblea Constituyente plante declarar al Ecuador libre de mineracontaminante. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente,se declar la caducidad de miles de concesiones mineras ilegales, poniendo envilo proyectos extractivos millonarios; pero posteriormente, en enero de 2009, elparlamento aprob la nueva Ley minera, profundizando el modelo extractivista,de por s basado en la explotacin de petrleo.A principios de marzo de 2012, el gobierno de Correa firm el primer contratode minera metlica a gran escala en el Ecuador con la empresa EcuacorrientesSA, por 25 aos. Das ms tarde, una movilizacin social convocada por la CONAIEempez una larga marcha que inici su recorrido en Zamora y terminaraen Quito. El primer punto, de los 19 que formaron la agenda de la marcha, fueprecisamente la oposicin a la minera metlica a gran escala y la demanda de...una prctica extraccionista viene acompaadapor un falso discurso industrialista(el gran salto industrial)30 reversin del contrato con Ecuacorrientes (Ospina Peralta, 2012). Esta avanzadade la megaminera se inserta, adems, en un contexto de fuerte confrontacin discursivaentre el presidente Correa y las organizaciones socioambientales, as comode una escalada de criminalizacin de sus luchas, bajo la figura de sabotaje yterrorismo, que en la actualidad alcanza a unas 170 personas, sobre todo ligadasa las resistencias contra la megaminera6.Asimismo, cabe agregar que la discusin acerca del alcance del derecho deconsulta es uno de los puntos candentes, sobre todo en los pases de matrizandina. As, en Ecuador, el Convenio 169 de la OIT, referido al derecho de consultade los pueblos originarios, fue ratificado por la Constitucin en 1998, peroen la prctica no se ha cumplido. Debido a ello, este derecho corre el riesgode ser acotado y reformulado bajo otras figuras como, por ejemplo, la consultaprelegislativa, o bien mediante el desconocimiento de los canales regulares dela consulta, que supone el reconocimiento de las instituciones representativas delos pueblos indgenas.Una lnea similar parece recorrer Bolivia, a partir del arribo de Evo Morales algobierno, en 2006. Recordemos que este emergi como una de las expresionesms innovadoras y radicales de los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos,ilustrando la sntesis entre movimientos sociales y nuevo poder poltico. Ahorabien, es necesario distinguir dos momentos diferentes en los 6 aos de gestinque ya lleva Evo Morales. Por un lado, hubo una primera etapa de gobierno, entre2006 y 2009, donde predominaron los conflictos con las oligarquas del oriente,lo cual coexisti con la creacin de nuevos marcos constitucionales (el EstadoPlurinacional), y la voluntad de creacin de un Estado nacional, que apuntara a lanacionalizacin de los recursos naturales y la captacin de la renta extractivista.Por otro lado, una segunda etapa arranc en 2010, tras la derrota de las oligarquasregionales, cuyo objetivo es la consolidacin de un proyecto hegemnico decarcter estatalista, basado en la promocin de una serie de megaproyectos estratgicos,de carcter extractivo (participacin en las primeras etapas de explotacindel litio, expansin de la megaminera a cielo abierto, en asociacin con grandescompaas transnacionales, construccin de grandes represas hidroelctricas y carreterasen el marco del IIRSA, entre otros). As, mientras que la primera fase apuntabaa potenciar un lenguaje descolonizador mltiple, ms all de las tensionesevidentes, la segunda reduce los contornos del proceso de descolonizacin noslo con la tendencia a desplegar una hegemona por momentos poco plural, sinoprincipalmente por medio de la exacerbacin de una prctica extractivista, queviene acompaada por un falso discurso industrialista (el gran salto industrial, enpalabras del vicepresidente lvaro Garca Linera).Sin embargo, este proceso de unidimensionalizacin del proyecto del MAS comienzaa encontrar severos obstculos. Si bien uno de los puntos de inflexin fue la contracumbre realizada en Cochabamba sobre el cambio climtico (en abril de2010), sin duda el conflicto que constituy el parteaguas fue el del TIPNIS (TerritorioIndgena y Parque Nacional Isiboro Scure). Recordemos que el TIPNIS se convirti en una zona de discordia entre los habitantes de la regin y el gobiernopor la construccin de una carretera. Se trata de una zona muy aislada y protegida, cuya autonoma es reconocida desde los aos noventa. En ese contexto, el gobierno de Evo Morales se propuso llevar a cabo la construccin de dicha carretera,recortando la autonoma del territorio, sin consultar previamente a las poblacionesindgenas involucradas y a sabiendas de que stas se oponan a la misma7.Despus de una larga marcha de indgenas desde el TIPNIS hasta La Paz, apoyadapor varias organizaciones (la Confederacin Indgenas del Oriente Boliviano,entre ellas) y numerosas redes ambientalistas, y luego de un oscuro hechode represin, el gobierno de Evo Morales retrocedi en sus propsitos, aunqueno est del todo claro cul ser la resolucin final del conflicto. Sin embargo, lo ocurrido con el TIPNIS, refleja la fuerte disputa por la definicin de lo que hoy se entiende en aquel pas por descolonizacin, en la medida en que muestra la tensin explcita entre la hiptesis estatalista fuerte (un Estado nacional que avanza con megaproyectos extractivos, sin consultar a los ciudadanos) y la hiptesis de construccin del Estado Plurinacional (respeto de las autonomas indgenas y de la filosofa del buen vivir).En trminos ms generales, la visin eldoradista, promovida por los gobiernos progresistas ms radicales (Bolivia, Venezuela y Ecuador), aparece hoy asociada a la accin del Estado (productor y relativamente regulador) y a una batera de polticas sociales, dirigidas a los sectores ms vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (petrleo y gas, sobre todo). Ciertamente, no es posibledesdear la recuperacin de ciertas herramientas y capacidades institucionalespor parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir como un actor econmicorelevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribucin. Sin embargo,en el marco de las teoras de la gobernanza mundial, que tienen por base laconsolidacin de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionaleso metareguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devengaun mega actor, o a que su intervencin garantice cambios de fondo. Alcontrario, la hiptesis de mxima apunta al retorno de un Estado moderadamenteregulador, capaz de instalarse en un espacio de geometra variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejizacin de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y otros actores), peroen estrecha asociacin con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economas nacionales es cada vez mayor. Ello coloca lmites claros a la accindel Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratizacinde las decisiones por parte de las comunidades y poblaciones afectadas porlos grandes proyectos extractivos.No hay que olvidar tampoco que el retorno del Estado a sus funciones redistributivasse afianza sobre un tejido social diferente al de antao, producto delas transformaciones de los aos neoliberales, y en muchos casos en continuidadabierta o solapada con aquellas polticas sociales compensatorias, difundidasen los aos noventa mediante las recetas del Banco Mundial. En este contexto ymal que le pese, el neodesarrollismo progresista comparte con el neodesarrollismoliberal tpicos y marcos comunes, aun si busca establecer notorias diferencias enrelacin al rol del Estado y a las esferas de democratizacin.Por otro lado, al costado de las organizaciones y redes socioambientales existengrandes problemas. Uno de los ms graves es la desconexin existente entre las redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, ms ligadas al mbito rural, a las pequeas localidades y los sindicatos urbanos, que representan aimportantes sectores de la sociedad, y que en varios pases (Mxico, Argentina yBrasil, entre otros) conservan un fuerte protagonismo social. Entre estos movimientos,la falta de puentes es total, y ello remite a la presencia de un fuerte imaginariodesarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a lasproblemticas ambientales de las pequeas y medianas localidades.As, gran parte de los megaproyectos se extiende sobre pequeas y medianaslocalidades, cuyo poder de presin es ms dbil y su vulnerabilidad mayor, respectode las grandes ciudades. En todo caso, la lejana respecto de los grandesnodos urbanos ha contribuido a reforzar las fronteras entre el campo y la ciudad,entre la sierra, la selva y la costa, como en Per y Colombia; o entre las pequeaslocalidades y las grandes ciudades, como en Argentina, en la medida en queestos megaproyectos (mineras, agronegocios y represas, entre otros) slo afectande manera indirecta a las ciudades. Como corolario, esto se ve reforzado por losprocesos de fragmentacin territorial, producto de la implementacin de proyectosextractivistas y de la consolidacin de enclaves de exportacin.Fracturas del pensamiento crtico latinoamericanoEste escenario contrastante que presenta hoy Amrica Latina abre un terreno degrandes acechanzas. Uno de los rasgos ms notorios de la poca es que el Consensode los commodities abri una brecha, una herida en el pensamiento crticolatinoamericano, que en los aos noventa mostraba rasgos mucho ms aglutinantes,frente al carcter monoplico del neoliberalismo como usina ideolgica. As,el presente latinoamericano refleja diferentes tendencias polticas e intelectuales:por un lado, estn aquellas posiciones que dan cuenta del retorno del conceptode desarrollo, en sentido fuerte, esto es, asociado a una visin productivista, queincorpora conceptos engaosos, de resonancia global (el desarrollo sustentable ensu versin dbil, la responsabilidad social empresarial, la gobernanza), al tiempoque busca sostenerse a travs de una retrica falsamente industrialista.Sea en el lenguaje crudo de la desposesin (del neodesarrollismo neoliberal)como en el que apunta al control del excedente por parte del Estado (del neodesarrollismoprogresista), el actual modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigmaextractivista, se nutre de la idea de oportunidades econmicas o ventajas comparativasproporcionadas por el Consenso de los commodities, y despliega ciertosimaginarios sociales (la visin eldoradista en clave desarrollista) desbordandolas fronteras poltico ideolgicas que los aos noventa haban erigido. As, por encimade las diferencias que es posible establecer en trminos poltico ideolgicos yde los matices que podamos hallar, dichas posiciones reflejan la tendencia a consolidarun modelo neocolonial de apropiacin y explotacin de los bienes comunes,que avanza sobre las poblaciones desde una lgica vertical (de arriba haciaabajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo dela democracia participativa, e inaugurando un nuevo ciclo de criminalizacin yviolacin de los derechos humanos.Asimismo, neoliberales y progresistas resaltan la asociacin entre mega-proyectosextractivistas y trabajo, generando expectativas laborales en la poblacin3que pocas veces se cumplen, puesto que en realidad se trata de proyectos capitalintensivosy no trabajo-intensivos, tal como lo muestra de manera emblemticael caso de la minera a gran escala8. Comparten la idea del destino inexorablede Amrica Latina como sociedades exportadoras de naturaleza, en funcin dela nueva divisin internacional del trabajo y en nombre de las ventajas comparativas.Por ltimo, el lenguaje progresista comparte con el lenguaje neoliberalla orientacin adaptativa de la economa a los diferentes ciclos de acumulacin.Esta confirmacin de una economa adaptativa es uno de los ncleos duros queatraviesa sin solucin de continuidad el Consenso de Washington y el Consensode los commodities, ms all de que los gobiernos progresistas enfaticen una retricaque reivindica la autonoma econmica y la soberana nacional y postulen laconstruccin de un espacio poltico latinoamericano.Ya hemos dicho que los escenarios latinoamericanos ms paradjicos y emblemticosde la visin eldoradista son los que presentan Bolivia y Ecuador. El temano es menor, dado que ha sido en estos pases donde, en el marco de fuertes procesosparticipativos, se han ido pergeando nuevos conceptos-horizontes comolos de descolonizacin, Estado Plurinacional, autonomas, buen vivir y derechosde la naturaleza. Sin embargo, y ms all de la exaltacin de la visin de los pueblosoriginarios en relacin a la naturaleza (el buen vivir), inscriptas en el planoconstitucional, en el transcurrir del nuevo siglo y con la consolidacin de dichosregmenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundizacinde un neodesarrollismo extractivista.Ms all del neodesarrollismo imperante, en sus versiones progresistas y neoliberales,en Amrica Latina existe una perspectiva crtica diferente, que hoy apareceilustrada por diferentes organizaciones sociales y posicionamientos intelectualesque cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemnicoy su concepto de naturaleza. En sintona con los cuestionamientos propios de lascorrientes indigenistas, el campo del pensamiento crtico ha venido retomandola nocin de post desarrollo (elaborada en los noventa por Arturo Escobar), ascomo elementos propios de una concepcin fuerte de la sustentabilidad. Desdeeste enfoque, en consonancia con el giro ecoterritorial de las luchas, se ha venidopromoviendo una crtica a la ideologa del progreso y otras valoraciones de la naturaleza,que provienen de otros registros y cosmovisiones.En la actualidad, el pensamiento post desarrollista se asienta sobre tres ejesy/o desafos fundamentales: el primero, el de pensar y establecer una agenda detransicin hacia el post extractivismo. En razn de ello, en varios pases de AmricaLatina ha comenzado a debatirse sobre las alternativas al extractivismo y lanecesidad de elaborar hiptesis de transicin desde una matriz de escenarios deintervencin multidimensional (GPTAD, 2011). Una de las propuestas ms interesantesy exhaustivas ha sido elaborada por el CLAES (Centro Latinoamericanode Ecologa Social) (Gudynas, 2011a), que plantea que dicha transicin requierede un conjunto de polticas pblicas que permitan pensar de manera diferente laarticulacin entre la cuestin ambiental y la cuestin social. Asimismo, consideraque un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional seran insuficientesfrente al extractivismo, lo cual exige pensar y elaborar alternativas al desarrollo.Por ltimo, se subraya que se trata de una discusin que debe ser pensadaen trminos regionales y en un horizonte estratgico de cambio, en el orden deaquello que los pueblos originarios han denominado el buen vivir.Un ejemplo de la importancia que comienza a cobrar este debate es el interesanteejercicio realizado por los economistas Pedro Franke y Vicente Sotelo (2011)para el Per, que demuestra la viabilidad de una transicin al post extractivismo,mediante la conjuncin de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestosa las actividades extractivas o impuestos a las sobreganancias, la supertax) paralograr una mayor recaudacin fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasfera,respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011.El segundo eje se refiere a la necesidad de indagar a escala local y regional enlas experiencias exitosas de alterdesarrollo. En efecto, es sabido que, en el campode la economa social, comunitaria y solidaria latinoamericana existe todo un abanicode posibilidades y experiencias que es necesario explorar. Pero ello implicauna previa y necesaria tarea de la valoracin de esas otras economas, as comouna planificacin estratgica que apunte a potenciar las economas locales alternativas(la agroecologa y la economa social, entre otras), que recorren de mododisperso el continente. Asimismo, tambin exige contar con un mayor protagonismopopular, as como con una mayor intervencin del Estado (por fuera de todoobjetivo o pretensin de tutela poltica).Por ltimo, el tercer gran desafo que enfrenta el pensamiento post desarrollistaes el de proyectar una idea de transformacin que disee un horizonte dedeseabilidad (GPTAD, 2011), en trminos de estilos y calidad de vida. Gran partede la capacidad de resiliencia de la nocin de desarrollo se debe al hecho de quelos patrones de consumo asociados al modelo hegemnico permean al conjuntode la poblacin. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de laidea dominante de progreso como de aquello que debe ser entendido como calidadde vida. Ms claro: para muchas sociedades, la definicin de qu es unavida mejor, aparece asociada a la idea de democratizacin del consumo antesque a la necesidad de realizar un cambio cultural, respecto de la produccin, elconsumo y la relacin de cuidado con el ambiente.No obstante ello, la discusin sobre el extractivismo y el post extractivismo estabierta, y muy probablemente ser uno de los grandes debates de nuestras sociedadesy del pensamiento latinoamericano del siglo XXI.A modo de conclusinEn el marco del Consenso de los commodities, son numerosos los movimientoscampesinos indgenas, las organizaciones y las redes socioambientales que hanvenido generando un espacio comn caracterizado por un saber experto independientey alternativo. Asistimos as a la estructuracin de temas, consignas, conceptoslmites, que operan como marcos de accin colectiva contestatarios respectode la modernidad dominante, al tiempo que alimentan los debates sobre la salidaal extractivismo y una modernidad alternativa.Por otro lado, lo que resulta incontestable es que, ms all de las retricasindustrialistas y emancipatorias en boga, tanto los gobiernos progresistas comoaquellos ms conservadores tienden a aceptar como destino el nuevo consensode los commodities, en nombre de las ventajas comparativas o de la pura subordinacinal orden geopoltico mundial, el cual histricamente ha reservado a AmricaLatina el rol de exportador de naturaleza, sin considerar los enormes efectossocioambientales, las consecuencias en trminos econmicos (los nuevos marcosde la dependencia y la consolidacin de enclaves de exportacin) y su traduccinpoltica (nuevas formas de disciplinamiento y coercin sobre la poblacin).En este escenario, el avance del extractivismo es muy vertiginoso, y en no pocoscasos las luchas se insertan en un espacio de tendencias contradictorias, queilustran la complementariedad entre el lenguaje progresista y el modelo extractivista.Sin embargo, la colisin entre, por un lado, gobiernos latinoamericanosy, por otro lado, movimientos y redes socioambientales contestatarias en torno ala poltica extractiva, no ha cesado de acentuarse. Asimismo, la criminalizaciny la sucesin de graves hechos de represin se ha incrementado notoriamentey ya recorre un amplio arco de pases y regiones, que incluye desde Mxico yCentroamrica, pasando por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile yla Argentina. En este marco de fuerte conflictividad, la disputa por el modelo dedesarrollo deviene entonces el verdadero punto de bifurcacin de la poca actual.Finalmente, todo ello abre un gran interrogante acerca del futuro de la democraciaen Amrica Latina. Pues no se trata solamente de una discusin econmicao ambiental sino tambin de una discusin poltica sobre los alcancesmismos de la democracia: se trata de saber si es posible debatir lo que se entiendepor desarrollo y sustentabilidad; si se apuesta a que esa discusin seainformada, participativa y democrtica; o bien, se acepta la imposicin de losgobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre del nuevo Consenso de los commodities.