Marcela Ternavasio “ La revolución del voto”

Capítulo seis: Guerra y política: entre la legalidad electoral y la práctica

pactista.

La constitución de 1826, sancionada en un contexto absolutamente

desfavorable marcó la crisis final del Congreso y con ella la de parte de un

grupo dirigente que poco a poco, quedo aislado de la escena política

rioplatense. La renuncia de Rivadavia a la presidencia fue seguida por la

restitución de la provincia de Buenos Aires a su antiguo jurisdicción,

decretándose la reinstalación de la junta de representantes por orden del

presidente provisorio, Vicente López y planes. Las divisiones producidas en el

interior de la elite dirigente a raíz de las discusiones suscitadas en el congreso

habían profundizado la división facciosa y realineado a sus miembros según

una lógica que combinaba la política facciosa con la de los intereses

personales. La nueva legislatura designó gobernador a Dorrego y pocos días

después removió a los diputados por Buenos Aires del Congreso General

constituyente, dando así el golpe de gracia que culminó con su disolución.

Buenos Aires reasumió, nuevamente, la dirección de la guerra y Relaciones

Exteriores, quedando Dorrego al frente de la conflictiva paz con el Brasil y de la

no menos problemática situación que imperaba internamente en el recién

restituido estado provincial. Las elecciones celebradas después de 1827

reflejan la dificultad por separar aquello que en la feliz experiencia había

logrado deslindarse: el plano de la política de la lógica de la guerra.

De la feliz experiencia a la revolución decembrista

Las elecciones se realizaron en un clima de creciente tensión. Una lista de

tendencia Federal obtuvo la mayoría de sufragios. Indudablemente, la

fragmentación en dos campos, unitarios y federales, después de la reunión del

Congreso representaba un clivaje nuevo en el espacio electoral, aunque esto

no debe ocultar la complejidad de los realineamientos políticos. Los miembros

de las elites se enfrentan siguiendo una lógica típica de notables combinada

con una lógica facciosa. El nuevo clima vivido en estas elecciones se diferencio

de aquel predominante en la feliz experiencia no solo por la exacerbación del

espíritu de facción sino por la violencia e intolerancia que impregno los

diferentes momento del acto electoral. Sancion de la ley de prensa de 1828:

abre un periodo de transición hacia una prensa controlada por el estado. Por un

lado, los estratos inferiores de la pirámide electoral comenzaron a expresar

signos de una división. La forma de ir vestido a votar, donde el frac y la levita

presuponía el voto unitario mientras que la chaqueta el voto federal, o las

consignas que los sufragantes proclamaban a viva voz identificándose, en cada

caso con alguna de las dos facciones expresa los cambios producidos en el

universo de los votantes. Por otro lado, una violencia inédita en el ejercicio del

sufragio subraya el segundo elemento de transformación en los comicios; la

violencia fue acompañada por una catarata de denuncias respecto de los

abusos cometidos en el acto de votar. A partir de 1827, la discusión giró

alrededor de nuevos tópicos: la coacción física ejercida por diferentes tipos de

líderes intermedios, la atención entre ley y práctica electoral y los vicios

manifiestos en los momentos de formar la mesa, controlar el voto y realizar el

escrutinio. Todos ellos, al tiempo que obligaban a cuestión la legalidad del acto.

A esto se le sumo la presencia de practicas que, ahora si, podían

catalogarse dentro de la esfera de la corrupción. La suplantación de votos

como la introducción de pliegos una vez concluidas las elecciones, dejaba a las

mesas electorales con una atribución que podía transformar el mas rotundo

triunfo en un fracaso sin precedentes. Las elecciones del 4 de mayo de 1828

constituyeron, en este sentido, el escenario propicio en el que se concentraron

todo los rasgos ya perfilados durante las elecciones de 1827: manipulación,

violencia, vicios, todo fue denunciado en ellas. Las denuncias reflejaban, por

otro lado, la presencia de todos los estratos en las mesas electorales.

Triunfante la lista que apoyaba el gobierno, todos parecieron estar presentes

ese día en los atrios de las iglesias. Las repercusiones que tuvieron los

escandalosos introducidos se manifestaron, en forma inmediata, a través de la

reactualización del viejo dicho de petición y, en el mediano plazo, en el

descrédito de la legalidad electoral. Apenas concluía las elecciones, un grupo

de ciudadanos suscribió una petición que presentaron a la sala de

representantes. En ella, luego de denunciar los escándalos producidos en las

elecciones, solicitaban que éstas fueran anuladas.El nuevo estilo de

participación electoral generó seria preocupación en el interior de los grupos

que conformaban la elite dirigente presentándose como una seria amenaza

para la estabilidad política. La violencia y la corrupción electoral se habían

instalado como problemas y, al mismo tiempo, como argumentos de la

oposición para avalar la primera ruptura de la legalidad electoral producida

luego de 1821.

Revolución y pacto

El 1 de diciembre de 1828 estalló en Buenos Aires una revolución militar,

liderada por el general Lavalle y alentada por algunos dirigentes del unitarismo.

El ejército, recién retornado de la guerra contra el Brasil y disconforme con los

términos de la paz que finalmente debió firmar el gobernador Dorrego, se alió al

descontento previo de los grupos opositores. Las elecciones, viciada por la

corrupción y la violencia, constituyeron el eje de su discurso, tendiente a

fundamentar la ilegitimidad de origen del gobierno derrotado y en

consecuencia, la necesidad de intervenir a través de un movimiento que se

negaba a llamarse a sí mismo revolucionario. El voto consentimiento, por

aclamación de una asamblea, estaba en las antípodas del régimen

representativo que el movimiento pretendía restaurar y cuyo nombre se había

derrocado al gobierno de Dorrego. El problema, en verdad, consistía, como en

el pasado, en revestir de legitimidad un acto que nacía rompiendo con la

legalidad electoral establecida. Esta legitimidad, considerada provisoria debía

adoptar alguna modalidad que pusiera en juego el sufragio. De lo que no se

podía prescindir, entonces, era del voto, finalmente, pese a que la revolución se

hizo en nombre del renacimiento de la provincia, con ella se quebró el inestable

equilibrio que aún se mantenía entre 1827 y 1828 en el estado de Buenos

Aires. La guerra, luego de algunos años de paz suplantaba nuevamente a la

política. La emergencia del liderazgo de rosas dentro de la facción Federal

fueron el vacio de poder producido entre los grupos federales bonaerenses con

el fusilamiento de Dorrego y la movilización rural genera por el golpe

decembrino, abrió nuevos rumbos para la política provincial

El pacto de Cañuelas, firmado entre la base de rosas intentaba concretar la

paz a través del restablecimiento de la legalidad electoral. Este primer intento

por suprimir la competencia y establecer una unanimidad electoral basada en el

mecanismo de la lista única, no resultó fácil de implementar; sobre todo en el

espacio urbano, donde la práctica de la candidatura está muy consolidada.

Diversos grupos de la elite se negaban a aceptar la exclusión a la que habían

sido sometidos. Era claro, que ni rosas ni la base podían representar

respectivamente a las dos facciones en pugna, por las propias divisiones que

existían en el interior de cada una de esas. Menos aún representarles en

aquello que sus miembros no estaban dispuestos a conceder: la deliberación

por la lista de candidatos.

El problema clave era, indudablemente, el momento de la deliberación del

proceso electoral, practicado en el interior de las  Elites al discutir las listas.

Esto comenzó ser visualizado como la fuente de conflictividad política más

amenazante. Si se suprimía esta instancia del proceso eleccionario y se

mantenía el momento de la autorización se podrían evitar los males que

aquejaban a la provincia y que impedían fundar un régimen estable de

gobierno. Como en el pasado, el conflicto provenia del espacio urbano: la elite

no acordaba en listas unificadas, ni siquiera dentro de cada facción. Los

sectores llamados unitarios se negaban a aceptar la propuesta expresada en el

pacto de cañuelas que suponía fundir o amalgamar los partidos en uno solo.

Esto significaba continuar con la tradición fundada en 1821 y un régimen de

notables que en esta perspectiva, podía aceptar la nueva división facciosa

producirá luego de la reunión del Congreso. Pero Rosas se negaba a esto;

convencido de las bondades que podían derivar de una práctica pactista, se

preparaba a hacer cumplir lo convenido en canelas.

Los resultados en la ciudad de mostrar el fracaso de la lista pactada entre

Lavalle y rosas. Los llamados unitarios triunfaron. Rosas suspendió las

elecciones de la campaña. Las razones no eran otras que el incumplimiento de

lo acordado en canelas. Esta situación, que colocaba nuevamente a la

provincia al borde de la guerra civil, condujo a la firma de un nuevo pacto en

barracas. Se acordaba, anular las elecciones realizadas en la ciudad y designar

un gobernador provisorio que restableciera la paz para luego convocar

inmediatamente a nuevas elecciones. A partir de ese momento, el movimiento

liderado por Lavalle fue identificado desde el discurso oficial como responsable

de haber quebrado la legalidad representativa. Dicha responsabilidad era

adjudicada, en bloque, a quienes comenzaron a ser llamados salvajes

unitarios. En este marco, el nuevo gobernador electo en 1829, Juan Manuel de

rosas, recibió el título de restaurador de leyes. El papel de la prensa en las

elecciones realizadas entre 1827 y 1828 fue extremadamente significativo. Por

un lado, contribuyó a agudizar las divisiones facciosas existentes y, en

consecuencia, la conflictividad política resultante del fracaso del Congreso. Por

otro lado se convirtió en el testigo más implacable de los abusos cometidos en

los actos electorales. Finalmente, la prensa se erigió en el medio más poderoso

de desconocimiento de los pactos concertados y en la promotora de reeditar la

práctica de las candidaturas en unas elecciones en las que Rosas pretendía

imponer una lista única.

El proceso abierto con el ascenso de Rosas al poder, expresa paulatinos

cambios que encontraran su máxima expresión después de 1835. Tales

cambios estuvieron absolutamente ligados a la percepción que el nuevo

gobernador tuvo de la dinámica politca previa y del papel que las elecciones

habían jugado en ella. En esta perspectiva , el problema radicaba en

transformar las practicas que eran visualizadas como mas amenazantes para el

momento crucial del orden político: la sucesión de las autoridades. La disputa

por las candidaturas era, indudablemente, la que aparecia en el ojo de la

tormenta: su implementación tendia a generar un estado de deliberación

permanente en el interior de la elite, promoviendo divisiones, a no solo en su

propio seno, sino también en el interior de los estratos inferiores de la pirámide

electoral. La existencia de diferentes listas de candidatos dividia las lealtades

de los sectores intermedios. Amplios sectores de la ley se resistieron a aceptar

un subordinado y poco decoroso segundo plano en el control de la sucesión

política. Se necesitarán varios años más para qué Rosas logró imponer,

definitivamente, un sistema de lista única.

Capítulo ocho: La unanimidad rosista

El siete de marzo de 1835, la sala de representantes depositó toda la suma del

poder público en la figura de Juan Manuel rozas. Se abandonaba la costumbre

impuesta en el gobierno anterior de limitar a un año el ejercicio de poderes

extraordinarios. Rosas, no quiso correr riesgos, exigió a la sala someter las

condiciones de su nombramiento a un plebiscito. El nuevo gobernador buscaba

superar el principal obstáculo que había sufrido en su primera gestión. La

capacidad de otorgar poderes extraordinarios al ejecutivo dejaba de ser asunto

privativo de la sala de representantes. El aval que se buscaba en el mundo

elector intentaba sortear el riesgo siempre latente de una elite dividida que

discutia en la legislatura la conveniencia de renovar o no las famosas

facultades extraordinarias. La legitimidad que ofrecia la via plebiscitaria podía

remplazar a la tan temida deliberación facciosa. Toda la retorica publicistica,

sumada a las declaraciones del propio Rosas, agregaban al ya munido

argumento del peligro que amenazaba a la provincia para justificar el

otorgamiento de poderes extraordinarios, un nuevo elemento: la legitimidad

emanada del pronunciamiento popular. Una legitimidad que se fundaba no sólo

en el acto de sufragar, sino básicamente en la uniformidad del voto. La

unanimidad, identificada ahora con la voluntad general se constituyó a partir de

1835, en la base de sustentación del nuevo régimen.

De la disputa por las candidaturas a la lista única

La unanimidad electoral lograda durante el régimen racista fue producto de un

proceso de construcción que acompañó el pulso de los acontecimientos que se

fueron escalonando durante más de 15 años de ejercicio del poder. En el

campo electoral, aunque sin pulso la lista única elaborada desde el gobierno y

desapareció aquella práctica que caracterizó la dinámica electoral durante casi

15 años, dicha imposición requirió, por un lado, una justificación discursiva a

través de la prensa y, por otro, una creciente explicitación por parte del propio

gobernador de la necesidad de suprimir la competencia. La diferencia entre la

retórica de Rivadavia y la publicística rosista posterior a 1835, estaba en la

contundencia de la respuesta.. Frente a la prudencia de aquellos que en la

década del 20, aún advirtiendo los peligros a los que conducía la competencia

electoral, trataban de mantener cierta coherencia entre los principios de libertad

proclamados y la práctica política concreta, los rocistas no dudaban en levantar

el fantasma de la anarquía para justificar la supresión de la oposición.

La opción se planteaba en términos de orden o anarquía. La amenaza

del exilio, la violencia ejercida hacia quienes se manifestaban disidentes el

creciente control de la prensa, hicieron desaparecer a tan característica disputa

de las candidaturas en los días previos a la elección. Esta deliberación fue

reemplazada por el reparto de listas confeccionadas por el propio gobernador

al conjunto de las autoridades provinciales de lo que dan testimonio ciertos

documentos cuya fecha se remonta a las elecciones de 1836. Reducida a

publicar documentos oficiales y anuncios de comercio la prensa dejó de ser,

entonces, uno de los principales escenarios en los que se desarrollaban los

primeros pasos del acto electoral; el protagonismo pasó directamente al

entorno más cercano al gobernador, remplazando a través de las listas únicas

a la vieja práctica de las candidaturas. Luego de 1835, se produjo un

importante recambio dentro del elenco de representantes. Existió una profunda

limpieza producida dentro de la elite dirigente. Los nuevos diputados

constituyeron un grupo leal al gobernador, no estando presentes aquellos

federales que entre 1829 y 1835 le disputaron en el seno de la sala el

otorgamiento de las facultades extraordinarias.

Una vez culminado el primer paso del proceso electoral( la confeccion de la

lista de candidatos) se pasaba a la segunda fase que precedia a la realización

del acto de sufragar y que consistía en la emisión de boletas con la lista oficial

y la circulación de las mismas en un conjunto reducido de autoridades

intermedias. La descripción de esta fase es quizá la que expresa con mayor

exactitud las características asumidas por la maquina electoral. El gobernador

desocupado en persona de cuidar a todos los detalles para cada elección,

controlando desde las pruebas de impresión de las boletas hasta el modo y los

tiempos de distribución de las mismas. El reparto quedaba en manos de

funcionarios del gobierno Una vez que el régimen cobra fuerza, las elecciones

se rutinizaron perdiendo impulso de antaño.

Expansion de la frontera política e inversión representativa entre ciudad y

campo.

La unanimidad Rosita se basó, fundamentalmente, en un proceso de

ruralización de la política. Dicho concepto incluye componentes muy diversos:

la movilización de amplios sectores rurales en apoyo al régimen, el creciente

poder de los hacendados en la nueva estructura estatal bonaerense, la

identificación del gobernador de Buenos Aires con la figura del caudillo-

estanciero, emergencia de un nuevo estilo político fundado en símbolos y

costumbres precedentes del mundo rural. Ahora bien, la realización de la

política implicó, además de todo esto, una creciente institucionalización del

poder del campo. La transformación de la vieja desigualdad representativa

entre ciudad y campaña a favor de esta última, implicó la incorporación de

nuevos partidos rurales a la representación política y la inversión de la fórmula

que otorgaba mayoría de diputados a la ciudad para pasar a tener el mundo

rural una representación superior a la del mundo urbano. La campaña fue el

contrapeso utilizado en el régimen racista para domesticar el espacio que fue

foco de toda disidencia: la ciudad para este proceso se contó con autoridades

intermedias que hicieron posible encauzar y disciplinar la movilización y

participación del mundo rural por los estrechos senderos que el régimen

imponía como legítimos. Los jueces de paz volvieron a absorber prácticamente

las mismas atribuciones de los alcaldes de hermandad.

Voto rural y sectores intermedios

Rosas reformó aún más la autoridad de los jueces de paz con el objeto de

centralizar el control social, económico y político del territorio que estaba bajo

su tutela y lo convirtió en los principales engranajes de su maquinaria en el

campo. La no selectividad del presidente de mesa en el mundo rural constituía

una de las llaves del control electoral en el campo. El mundo rural bonaerense

era bastante heterogéneo. Las evidencias hablan de que en la campaña

convivieron diversas formas de explotación y que la estructura social resultante

fue bastante mas diversas de lo que se pensó. En segundo lugar, subestima la

figura del vecino miliciano en el avance de la nueva frontera al identificar los

comportamientos de estos con los de las fuerzas regulares y deducir, entre

otras cosas, que el voto de las milicias respondia a la misma lógica que la

expresada por las tropas frente a sus jefes. En tercer lugar desconoce que los

jueces de paz no fueron todos hacendados y que, aun en el caso de los

hacendados, la obediencia de la que eran receptores no se debía tanto a dicha

condición sino al hecho de monopolizar en sus manos todas las atribuciones

del poder publico en su juridiccion.

La frontera en el territorio bonaerense se incorporó así, por la vía

electoral, como parte de un proyecto que obtuvo resultados innegables en

aquello en lo que parecía haber fracasado la elite post revolucionaria: imponer

un orden político estable legitimado a través del sufragio. En esta perspectiva,

la creciente preeminencia de la campaña en el régimen Rosis6ta no derivó,

exclusivamente de la pertenencia de rosas y su séquito más cercano al

segmento social en ascenso que convertía a la expansión ganadera en la

principal fuente de riqueza del estado provincial, sino además de la necesidad

de subordinar y domesticar políticamente a la ciudad, foco siempre de toda

disidencia. El campo se convirtió en la base de un régimen plebiscitario al

ofrecer al gobierno un ejército de votantes capaz de avalar, con su

participación, el montaje escenificado por la maquinaria electoral, a la vez que

un modelo de orden social y político que debía extenderse a toda la provincia.

La ruralización de la política durante la época de rosas significó, entonces,

llevar a la ciudad la lógica representativa del campo. El voto por unanimidad,

que en la campaña precedió al ascenso de rosas al poder, se resistía a ser

implementado el más heterogéneo y complejo espacio urbano, donde hasta

1835 la elite no dejó de reivindicar el papel que la ocupaba en la deliberación

de los candidatos. Rozas buscó, con éxito, a suprimir esta tendencia,

absorbiendo la legalidad liberal heredada del espacio urbano para

institucionalizarla con el signo inverso.