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MANUAL SOBRE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Programa de Educación y Promoción - CODEPU Santiago de Chile, año 2000 INDICE - Presentación - Introducción - El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Como entiende el pacto la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. - Como hacer efectivos estos Derechos Humanos - Los Derechos Humanos y las Políticas Sociales - El Pacto y su efectividad en el marco de la Globalización ____________________________________ El MANUAL SOBRE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES ha sido elaborado por María Elena Ahumada, educadora del Programa de Educación y Promoción, y Juan Carlos Vega, integrante del Programa de Investigación de la Corporación CODEPU. Esta publicación ha sido posible gracias a la Comisión de las Comunidades Europeas y de la Agencia Médico Internacional de Alemania. Corporación CODEPU Victoria Subercaseaux 181, oficina 43 Teléfono 56 - 2 - 6649606 Fax 56 - 2 - 6646476 E mail: [email protected] CODEPU Talca 1 Poniente 1060 oficina 32 Edificio Campanario Talca Fono-fax 56 – 71 – 220358 E mail: [email protected]

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CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

CODEPU Valdivia Letelier 236, 3er piso oficina 304 Valdivia Fono-fax 56 – 63 – 227540 E mail: [email protected] Año 2000 ISBN 956-7599 Registro de Propiedad Intelectual Editado por CODEPU Impreso en LOM Ediciones Se autoriza su reproducción citando la fuente INDICE - Presentación - Introducción - El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Como entiende el pacto la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. - Como hacer efectivos estos Derechos Humanos - Los Derechos Humanos y las Políticas Sociales - El Pacto y su efectividad en el marco de la Globalización PRESENTACIÓN El texto que se presenta está destinado especialmente a líderes y dirigentes de organizaciones sociales, a grupos y personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos en los ámbitos social, económico y cultural. En su primera parte presenta y comenta el contenido del pacto, refiriéndose a su surgimiento, estructura, implicaciones y las formas en que se hace efectivo. Luego desarrolla el tema de los derechos humanos frente a las políticas sociales que se implementan en los ámbitos de salud, educación, previsión, trabajo, economía, cultura y otras políticas referidas al desarrollo. Un tercer capítulo se referirá a la vigencia y efectividad del pacto en el marco de globalización en que nos situamos actualmente. Finalmente se agrega como anexo el texto completo del pacto ya mencionado Este manual de trabajo pretende despertar el interés por conocer, analizar, debatir y luchar por los derechos económicos, sociales y culturales, como una forma de contribuir a enriquecer el aporte de personas, grupos y organizaciones sociales respecto de los contenidos, implicaciones y de la

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efectividad de las políticas sociales que se desarrollan en virtud del compromiso del Estado chileno de proteger los derechos humanos. Introducción El Estado de Chile ratificó en mayo de 1989, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado mediante el cual se obligó a respetar estos derechos y se comprometió a promoverlos, desarrollando políticas sociales, económicas y culturales para su efectiva realización. Los derechos de los seres humanos que se verifican y realizan en los ámbitos social, económico y cultural, son obligaciones para los gobiernos. Estos se traducen en el desarrollo e implementación de políticas sociales que favorecerán progresivamente mayores grados de vigencia de estos derechos, con mayores facilidades para su ejercicio inmediato, por parte de cualquier persona, sin distinción alguna. Pero los cambios que han afectado a nuestra sociedad traen para algunos, el mejoramiento técnico y científico en muchos de los aspectos que forman parte de los ámbitos de ejercicios de estos derechos, y al mismo tiempo se hacen inalcansables e incluso marginan del ejercicio básico de estos derechos a un grupo mayoritario de personas. Al respecto el secretario general de la ONU, Kofi Anan ha llamado la atención a los gobernantes para preocuparse de manera urgente de estos aspectos, e incluso ha expresado en forma dramática los resultados de los estudios de expertos y colaboradores de la Organización de las Naciones Unidas respecto del goce de condiciones básicas de vida, de inexistencia en algunas partes del planeta de las condiciones mínimas de subsistencia. Entre otros aspectos se ha llamado la atención sobre la desigualdad en el favorecimiento del uso de la tecnología, advirtiendo que en las zonas prósperas del planeta se avanza hacia una plenitud de servicios a través de las redes internacionales de comunicación, y por otro lado hay vastas zonas del mundo sin agua potable ni condiciones higiénicas mínimas, sin alimentación, con un deterioro del medio ambiente que ha alcanzado niveles irrecuperables. Esta organización ha expresado en reiteradas oportunidades que en la base de la

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riqueza de los países desarrollados está la pobreza de los otros paises, significando que muchas de los logros económicos y de las posibilidades de desarrollo económico de las potencias, se ha favorecido desde la explotación de sus colonias en el tercer mundo, o se ha logrado a condición de dificultar el desarrollo para los países más pobres. Este nivel de inequidades también se manifiesta en nuestro país. En Chile los niveles de desarrollo económico muestran una economía admirada por muchos países pues ha mantenido un crecimiento sostenido, pero a costa de una desprotección de los derechos de la mayor parte de nuestra población. Es decir, el crecimiento económico se logra a condición de inversiones seguras y de ganancias rápidas, en desmedro de condiciones de desarrollo del conjunto de la población. El deterioro de las condiciones de vida de muchas personas, además del desconocimiento de sus derechos básicos, de su falta de participación en los asuntos que le incumben, y del deterioro creciente del medio ambiente, convirtiéndose en muchas zonas en daños profundos muy difíciles de revertir, son algunos de los resultados de varios años de políticas sociales destinadas a favorecer a los inversionistas de capital, en desmedro de los otros actores principales de la economía. Otro aspecto que es importante considerar son los grados de discriminación que se verifican en la implementación de algunas de las políticas sociales, leyes y normativas que aún subsisten y que atentan en forma directa al ejercicio pleno de los derechos de algunas personas, grupos y comunidades. En este sentido, Chile tiene deudas pendientes. Es necesario asegurar el progresivo goce de los derechos humanos al conjunto de la población sin hacer distinciones por algunas características particulares de los seres humanos, que forman parte de la diversidad, asegurando a todos el respeto a sus derechos y a su dignidad.

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El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Este pacto internacional fue aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas el año 1966. En esa época los países buscaban formas de desarrollo económico autónomo. Los énfasis en la posición política del los gobiernos de la época era dado por quienes asumían como prioridad la mantención de las libertades y los países que se buscaban la superación de la pobreza. Estas posiciones eran encabezadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética. La gran mayoría de los países se alineaban entre estas dos posiciones, pero un número grande de países buscaba una tercera vía. De modo que el Pacto es producto también de estos debates, pues se propone favorecer el respeto de los derechos humanos pero en los ámbitos social, económico y cultural. Los derechos que se consagran obligan a los gobiernos a desarrollar progresivamente políticas destinadas a hacer efectivos el derecho al trabajo, a obtener un salario digno, a fundar sindicatos, a la seguridad social, a la asistencia social, el derecho a tener un nivel adecuado de vida, el derecho a al salud, a la educación, a participar en la cultura. El pacto establece que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, y que el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria se puede alcanzar si se crean las condiciones que permitan a cada persona el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Establece que los pueblos tienen derecho de libre determinación y que como tal, establecen libremente su condición política y su desarrollo social, económico y cultural. Los Estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos, por los medios apropiados, incluyendo la promulgación de leyes. Además establece que el Estado se compromete a garantizar el ejercicio de estos derechos sin discriminacion alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los países en desarrollo pueden determinar en qué medida pueden garantizarlos a personas que no sean nacionales. El pacto establece un énfasis especial respecto a su deber de asegurar a hombres y mujeres el goce por igual de los derechos económicos, sociales y culturales. Las únicas limitaciones que podrían afectar a estos derechos deben estar establecidas por ley siempre que sean limitaciones compatibles con la naturaleza de esos derechos y con el objetivo exclusivo de promover el bienestar general de una sociedad democrática. En este mismo sentido, se establece que no se puede reconocer al Estado, a grupo o individuo, derecho alguno para realizar actividades encaminadas a destruir, limitar, obstaculizar cualquiera de los derechos y libertades reconocidas en el pacto, ni podrá a partir de la vigencia de este pacto limitar otros derechos vigentes en el país.

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Como entiende el pacto la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a trabajar se entiende como el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Para garantizar este derecho, el Estado debe adoptar distintas medidas, entre las cuales está la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas la desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva debe ser garantizada. Las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren especialmente una remuneración que otorgue mínimamente un salario equitativo e igual por el mismo trabajo, sin distinción de ninguna especie, condiciones dignas de existencia para quienes reciben el salario y sus familias. La seguridad e higiene, la misma oportunidad de promoción y el descanso y disfrute del tiempo libre deben ser asegurados. Se reconoce el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse libremente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales, el que no puede restringirse. De la misma manera, se establece el derecho de los sindicatos a formar federaciones y confederaciones e integrarse a organizaciones internacionales. Se reconoce también el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos ni limitaciones. Se debe garantizar el derecho a huelga. Estos derechos solo podrán someterse a restricciones legales si se trata de miembros de las fuerzas armadas, policía o administración del Estado. Se precisa claramente que no podrán restringirse las garantías previstas en el Convenio de la OIT de 1948 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicalización. La seguridad social incluye conceder a la familia una amplia protección y asistencia en lo que se refiere a su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. También se reconoce la protección de las madres embarazadas durante un período antes y posterior al parto, reconociendo a las trabajadoras el derecho a licencia remunerada y prestaciones sociales adecuadas. También a los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, se les debe proteger de la explotación económica y social, de los empleos nocivos para su salud, o de situaciones donde peligre su vida o donde se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Además los países están obligados a normar los límites de edad para el trabajo infantil. Se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia incluyendo la alimenatción, el vestido y la vivienda adecuada y a mejorar continuamente las condiciones de existencia. Como los estados deben proteger a sus pueblos contra el hambre, en el pacto se menciona la necesidad de desarrollar junto la cooperación internacional programas destinados a alcanzar estos objetivos.

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Es reconocido el derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Se llama a los Estados a tomar medidas para reducir la mortinatalidad, la mortalidad infantil, y asegurar el sano desarrollo de los niños, a mejorar las condiciones de higiene del trabajo y del medio ambiente, a prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y luchar contra ellas y a crear condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. El derecho a la educación, la que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que la educación debe capacitar a las personas para participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión la tolerancia, y trabajar por la paz. La educación básica debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La educación media en sus diferentes formas debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, también la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, especialmente por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. También se debe procurar la completación de los estudios de los adultos. Los padres o tutores son libres de elegir el tipo de educación para sus representados, siempre que esté al mismo nivel que la otorgada por el Estado. También se protegerá la libertad de particulares y otras entidades para establecer y dirigir instituciones educativas, siempre que se ajusten las normas mínimas prescritas por el Estado. El pacto reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas literarias o artísticas de que sea autora. El Estado debe asegurar la conservación el desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura, respetando la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Como hacer efectivos estos Derechos Humanos Los gobiernos entonces deberán presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y sobre los progresos realizados para asegurar el goce de los derechos reconocidos en el pacto. Estos informes se envían al secretario general de la ONU y quien entregará copias al Consejo Económico y Social (ECOSOC) para que lo examine, al igual que entregará a los organismos especializados1 cuando corresponda. Los informes deben señalar las circunstancias y dificultades que afectan el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en el pacto. Entonces el ECOSOC y los organismos especializados concluirán acuerdos referentes a recomendaciones acerca de las medidas necesarias que deben adoptarse o de su evaluación en beneficio de la plena vigencia de los derechos establecidos en el pacto. 1 UNESCO, UNICEF, OMS, FAO, Banco Mundial, ONUSIDA.

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El ECOSOC transmite a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para su estudio, recomendación o para su información los informes de derechos humanos que presenten los estados y los informes que presenten los organismos especializados2. Los Estados y los organismos especializados pueden presentar al ECOSOC observaciones sobre las recomendaciones de carácter general3. También lo podrá hacer ante la Asamblea general respecto de recomendaciones de carácter general, medidas adoptadas y los progresos realizados. Señalará a otros órganos de la ONU acerca de la conveniencia de medidas internacionales que contribuyan a la aplicación efectiva y progresiva del pacto. Chile se demoró 33 años en ratificar este instrumento internacional. En esos 33 años muchas de las medidas adoptadas fueron dificultando la vigencia de los derechos humanos en los ámbitos social, económico y cultural. Esto ha significado el deterioro de la calidad de vida de las personas y grupos, la mercantilización de estos derechos. Esta situación de desmejoramiento progresivo en amplios sectores de la población se contrapone al crecimiento económico y a los amplios beneficios que gozan sectores minoritarios de muy altos ingresos.

2 Los Estados de acuerdo al artículo 16 y 17 y los organismos especilizados de aceurdo al artículo 18 3 De acuerdo al artículo 19

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Los Derechos Humanos y las Políticas Sociales A mediados del siglo pasado las políticas sociales se desarrollaron en el marco de la protección de los trabajadores, de la asistencia social, de la salud a través de un sistema nacional, de la previsión y asistencia social como un sistema de exclusiva responsabilidad fiscal, lo mismo en el plano educativo. La educación era gratuita y obligatoria y respondía a un plan nacional y único, la educación privada debía responder a los propósitos nacionales del sistema de educación. El Estado de Chile creció a niveles insostenibles, y respondió a las presiones de grupos organizados, especialmente provenientes de la esfera sindical. Este estado hizo crisis la que se manifestó abiertamente en la década del sesenta con enormes movilizaciones sociales por mayores beneficios por una parte y la imposibilidad del Estado de responder a tales demandas. Las políticas sociales de esa época se discutían en el parlamento y en el ejecutivo y eran tema de preocupación nacional. Actualmente las políticas sociales son decididas en consideración a los recursos que el Estado puede aportar, los que las empresas aportan y de la importancia política de sus directos beneficiarios. Por ejemplo, el Estado determinará el desarrollo de una política social si el número de personas que se beneficiarían con ésta es considerable. Se considera además implementar una política social si ésta puede conseguir la inversión de los sectores privados y despertar el interés de otros sectores e instituciones nacionales de relevancia. Un ejemplo claro de este tipo de decisiones se refiere a la política de vivienda. Los beneficiarios son todas las nuevas familias, los grupos familiares que se están formando, por lo tanto se trata de beneficiarios de una innegable importancia pues constituyen porcentajes altos de la población. Esta política entonces concertará a distintos sectores: la empresa privada ofrecerá planes de construcción que resulten ser mas baratos para que esta población pueda acceder fácilmente. Se implementarán entonces ofertas de viviendas sociales de rápida construcción que responderán a las necesidades de supervivencia mínimas. De modo que el Estado reduce su función a la orientación de los planes y a la fiscalización de las exigencias básicas mencionadas. En la práctica la política de vivienda responden a las leyes del mercado mas que a las orientaciones y fiscalizaciones por parte del Estado y de las recomendaciones internacionales sobre la materia. Como efecto, las políticas sociales no aseguran a las personas sus derechos sociales. El derecho a la vivienda es relativizado, pues para acceder deberás tener un ahorro previo, el que sin embargo se podrá reunir solo a condición de tener un trabajo estable y un sueldo digno y suficiente. Por tanto quienes sufren la cesantía por algún período verán afectado su derecho a una vivienda digna. En este sentido se viola este derecho a partir de políticas sociales condicionadas a la vigencia de otros derechos. Hoy nadie tiene asegurado sus derechos: los niños no tienen asegurado su derecho a la alimentación, al cuidado, a la educación. Las familias no tienen

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asegurado su derecho a la salud, ni a la vivienda. Los trabajadores y trabajadoras no tienen asegurado su derecho al trabajo, ni a remuneraciones mínimas, ni a beneficios de seguridad social. En la práctica entonces se desconoce el principio de igualdad de valor de cada uno de los derechos humanos, pues se condicionan unos respecto de la vigencia de otros. Afirmamos que esta situación es influida por una política neoliberal que confía al mercado la regulación de la actividad económica. Las fuentes de empleo, las posibilidades de fijar el costo y el valor de un producto (y de todos las mercancías), la capacidad de invertir en nuevas fuentes de trabajo, son determinadas por los inversionistas. Por eso resulta impresionante la desregulación a nivel laboral. Los convenios internacionales de la OIT, los derechos laborales y sindicales, simplemente se desconocen. La legislación laboral desconoce los derechos sindicales mas elementales, los derechos laborales y los derechos humanos de lo/as trabajadores/as y de sus familias. También se desconocen beneficios sociales adquiridos en largos procesos sociales, como la carrera funcionaria, la negociación interempresas. Se viola el derecho de las federaciones y confederaciones a la representación de los sindicatos afiliados. Esta situación deja a la fuerza laboral indefensa ante los intereses de los grandes capitales. La flexibilidad en el tratamiento de la fuerza de trabajo pone a las familias en una situación de permanente angustia por la sobrevivencia, una constante inseguridad respecto de su presente y de su futuro. El desconocimiento de las condiciones básicas indispensables para desarrollarse como personas y como grupos sociales, el irrespeto permanente de la dignidad humana de los/as trabajadores/as y de sus familias va minando la capacidad de lucha, las expectativas, aumenta la enajenación y deja un camino fácil para encontrar vías de escape de esta apremiante realidad. En nuestro país, el tipo de empresas y las actividades productivas mas rentables, no requieren de gran cantidad de mano de obra, sino mas bien de mano de obra especializada. En efecto, las actividades productivas bien remuneradas incorporan técnicos y obreros especializados (minería, forestal, pesca). Ciertamente no son solución para las comunidades que habitan en las localidades donde se instalan esas empresas, pues generalmente las poblaciones de esas zonas no tienen el nivel técnico requerido. Una dramática situación es la de las forestales, que ubicándose en una zona donde existe una población predominantemente indígena, no incorporan prácticamente mano de obra de esas localidades. Distinto ciertamente es la situación de la actividad agroexportadora, pues requiere utilizar mano de obra masivamente, pero solo breves períodos, lo que no permite la estabilidad laboral y afecta gravemente la economía familiar de esas zonas. Muchas de estas familias deben emigrar en busca de trabajo en las períodos de inactividad. Así se reproduciendo un estado permanente de pobreza.

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La economía global, no está generando un desarrollo sustentable, ni dando nuevas fuentes de trabajo para las distintas localidades del país, sino produciendo inestabilidad económica y laboral, reproduciendo la pobreza y la marginalidad. Por otra parte, la cultura también se mercantiliza. Los descubrimientos (por ejemplo la medicina natural y originaria), el arte, la producción artesanal, la creación artística, la investigación científica independiente, propia de cualquier lugar del planeta, se comercializa en el mercado, mediante patentes y permisos adquiridos por empresas muy alejadas de las comunidades de donde estos productos culturales provienen. Es importante garantizar estos aportes particulares, locales, pues la cultura está directamente influida por las corporaciones transnacionales de comunicación y por las elites institucionales. Se afirma que "la cultura de la sociedad de consumo no es de aprendizaje sino principalmente de olvido"4, pues lo consumido es rápidamente olvidado y la sensación de necesitar con urgencia algo nuevo se apodera constantemente de los consumidores. Así la sociedad funciona con un consumismo obsesivo. Esa tendencia arrasa entonces con cualquier cosa, incluso la naturaleza, las riquezas básicas, la cultura originaria, la historia de los pueblos. Todo es mercancía, con un valor fijado y cambiado en el mercado. La integración social y económica va siendo cada vez mas difícil. La tendencia es la generación y/o el mantenimiento de programas sociales o comunales paliativos. La marginalidad es un fenómeno que tiende a ampliarse, debido a que las formas de enfrentarla se ha basado en programas y proyectos que repiten esquemas y modelos ya superados, que convocan a jóvenes drogadictos y a rehabilitados a desarrollar actividades culturales, o a generar proyectos microempresariales, o empresas familiares. Ciertamente que tales proyectos y sus productos no son capaces de competir en el mercado con los proyectos y productos de las empresas de mayor envergadura. Así se produce un círculo sin salida. A mayor marginalidad mayores programas paliativos, a mayores programas paliativos mayor marginalidad. La marginalidad trae consigo otros fenómenos que empobrecen más aún la calidad de vida de las personas. La personas marginales se mantienen fuera de los sistemas de seguridad social, de salud, de educación. Por eso en la marginalidad crece y se disemina el SIDA, por la marginalidad social circulan las drogas mas dañinas a la salud de las personas, con secuelas graves en el sistema nervioso central, también en la marginalidad social se fomenta el abandono escolar, la interrupción de los estudios y también el analfabetismo por desuso. Lógicamente, es terreno fértil para generar grupos que no respetan la ley y cuyas formas de sobrevivencia se vinculan a actividades antisociales, especialmente delitos y violaciones reiteradas de las normativas vigentes. 4.Zygmunt Bauman, La Globalización. Consecuencias Humanas Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998. pág. 109

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Además la marginalidad está acompañada de valores individualistas, que obstaculizan la generación de las confianzas entre quienes están enfrentando situaciones similares, dificultando la organización de grupos sociales que trabajen por intereses comunes. El hecho que cada uno se enfrente las necesidades y los problemas con sus propios y particulares medios, que los grupos sean solo circunstanciales y no permanezcan en el tiempo, la falta de solidaridad entre personas y grupos similares, y el desinterés por la situación que afecta a sus iguales, es un síntoma de la desintegración social y popular. La falta de una identidad colectiva impide la generación de un proyecto entre iguales.

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El Pacto y su efectividad en el marco de la Globalización La globalización nos muestra situaciones que constituyen un desafío urgente en materia de derechos humanos. Se nos instala en la esfera global conectándonos con cualquier parte del planeta, y el crecimiento macroeconómico se eleva a índices nunca antes conocidos. Al mismo tiempo se profundiza la distancia entre los derechos humanos de los países y personas con mayores ingresos y quienes tienen los menores ingresos en los países pobres. Una consecuencia de este proceso de globalización está reseñada en un reciente Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU que afirma que la riqueza de los 358 multimillonarios globales equivale a la suma de ingresos de los 2.300 millones de personas más pobres, lo que representa el 45% de toda la población mundial. Ese mismo informe agrega que solo el 22% de la riqueza global pertenece a los países en desarrollo, que comprenden al 80% de la población mundial. Las diferencias entre los más y los menos favorecidos ha aumentado, presentándose también mayores índices de fenómenos y de formas de discriminación, lo que redunda en la ampliación y profundización de la marginalidad social. En los países del norte, por ejemplo, al mismo tiempo que aumentan los logros económicos de los inversionistas, vastos sectores de trabajadores ven día a día disminuir el ámbito de beneficios sociales adquiridos. Lo que observamos del proceso de globalización La realidad económica y política actual plantea enormes desafíos. Se requieren nuevas maneras de hacer exigibles los derechos humanos en el plano global. Hasta ahora, los derechos humanos han sido exigibles al interior de los países, y en el marco de los acuerdos y convenios firmados por los Estados partes. A partir de la firma de otros convenios de libre comercio, se reglamentan garantías para la productividad y la estabilidad de las ganancias, pero se desregularizan los derechos a nivel social, económico, cultural, en el ámbito del trabajo, respecto del medio ambiente, del respeto a los pueblos originarios y a las personas migrantes. La apertura de los mercados laborales nacionales e internacionales ha significado que se relativice el reconocimiento de beneficios sociales y derechos alcanzados, liberalizando a su vez los contratos, muchos beneficios sociales, y la desprotección de los derechos humanos en el ámbito laboral. Los acuerdos comerciales han impactado en las políticas sociales. La licitación de numerosas responsabilidades estatales en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana, de las comunicaciones, se ofrecen a empresas, responsabilidades que terminan siendo realizadas exclusivamente por empresas privadas, y solo fiscalizadas en forma general y mínima -por el Estado- a partir de lo especificado en tales contratos.

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Como resultado de estas políticas, muchas garantías y beneficios sociales se han reducido notablemente: los contratos indefinidos devienen en contratos de plazo fijo, muchas de las labores o trabajos realizados son cancelados como servicios técnicos o profesionales, otras actividades se pagan según producción, es decir, se hace un trato de acuerdo al producto, en un acuerdo que no incluye los derechos de sindicalización, ni los derechos laborales propiamente tales. La ciudadanía entonces reduce sus posibilidades para exigir derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, pues esas políticas sociales pasan a ser transadas en el mercado. Hoy trabajadores y trabajadoras compiten por ser contratado/as, y ante la amenaza permanente de la cesantía, tienden a aceptar estas condiciones que son claramente violadoras de los derechos humanos mas elementales. Frente a esta realidad, es preciso determinar de qué manera se pueden hacer exigibles los derechos que están consagrados en los acuerdos internacionales de carácter obligatorio, pero que, como producto de las políticas de libre mercado y de los acuerdos comerciales alcanzados, se están perdiendo paulatina e inexorablemente. Hoy vemos que existen formas de explotación mas sutiles, se han instalado formas económicas que no contribuyen al bienestar social, sino a una mayor limitación del goce de derechos y libertades fundamentales de los pueblos. La comunidad de las naciones se ha ido transformado en una coalición de economías que buscan el desarrollo macroeconómico, sin asistir las satisfacciones sociales, económicas, políticas o culturales de las personas. En el concierto internacional la relación entre los países ya no será igualitaria, pues éstas tenderán a acceder a las presiones y decisiones políticas de los países con economías mas poderosas. Sin temor a equivocarnos podemos decir que las relaciones democráticas entre los estados, en la comunidad internacional se han jerarquizado como producto de la globalización y han dado paso a relaciones de influencias basadas en la preeminencia del mercado y de la capacidad de inversiones de los países, las economías, los acuerdos comerciales o directamente las corporaciones transnacionales. Esta perspectiva global es irreversible. Nuestro desafío es aprender a trabajar en esta realidad, estudiando los nuevos fenómenos y sus impactos, y desde allí, buscar y construir formas que nos permitan promover y proteger los derechos humanos, mejorando la calidad de vida de las personas y de los pueblos. Las riquezas actuales no pueden obtenerse a costo de la pérdida de los recursos naturales y ambientales, ni significar el desconocimiento de la dignidad, derechos y libertades de las personas. En la generación de estas alternativas tienen un rol central los pueblos, las organizaciones sociales, los sindicatos y confederaciones, las organizaciones no gubernamentales, en fin, toda agrupación de personas interesadas. Trabajar en la globalización no es asunto exclusivo de los empresarios y los gobernantes.

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Constituye un desafío actual y urgente para quienes formamos parte de la sociedad civil, una sociedad directamente afectada. Acuerdos Comerciales y Obligaciones de Derechos Humanos Las obligaciones adquiridas por Chile respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, le impiden volver a una situación anterior, retrotraer desde una situación de mayor reconocimiento y vigencia de estos derechos a una situación de menor nivel. Justamente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, el compromiso adquirido por un estado es progresista, debe ir de menos a más. Recordemos que Chile se ha obligado a respetar los derechos establecidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, avanzando progresivamente en materia de derecho al trabajo, promoviendo fuentes de trabajo, capacitación y desarrollando económica y socialmente al país; debe reconocer el derecho a condiciones de trabajo equitativas y que aseguren salario igual por igual trabajo, que respondan a condiciones de existencia dignas, seguridad e higiene en el trabajo, reconocimiento de carrera funcionaria y derecho al descanso; el país debe asegurar el derecho a formar sindicatos, a afiliarse libremente, y que estos sindicatos puedan asociarse formando federaciones o confederaciones, a hacer uso del derecho a huelga; el derecho a la seguridad social; además, realizar progresos en el derecho a la salud, a la asistencia social; el derecho a la educación primaria, secundaria y superior; el derecho a las artes y la cultura, a la investigación y a la ciencia. Durante las últimas décadas, sin embargo, se ha ido imponiendo el criterio surgido desde el mercado, liberalizando los compromisos previos y estableciendo otras normativas que en la práctica se impondrán frente a las obligaciones en materia de derechos humanos. El proceso de apertura a la privatización de la educación5 ha redundado en competencia por clientes, ofreciendo la seguridad de éxitos futuros, a partir de la selección de preescolares mediante pruebas que están lejos de ser respetuosas de los procesos de desarrollo normales de los niños que entran en esas competencias. A nivel de la educación superior, se ha establecido un sistema privado que ofrece al cliente estudiante incluso cupos en el mercado laboral luego de egresado en esa casa de estudios. Aquí la calidad y formación profesional o la capacidad técnica no son los indicadores de la calidad de la enseñanza, sino la garantía de una plaza de trabajo, es decir los contactos y vinculaciones que tenga la empresa educacional con otras empresas. El éxito profesional se adquiere en una corporación educativa vinculada estrechamente al mundo

5 El MINEDUC, en su compendio de información estadística de 1997 informa acerca del aumento del aporte público a colegios particulares subvencionados, el que ha aumentado desde 16% en 1981 a 37% en 1997, asimismo, la disminución del porcentaje de apoyo estatal al sector público municipalizado desde 84% en 1981 a 62% en 1997. A partir de 1980, se inicia una proceso generalizado de privatización de la educación universitaria y técnica superior. En la actualidad hay 25 entidades estatales tradicionales, y 225 instituciones que imparten carreras universitarias en el ámbito privado.

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empresarial. Es importante recordar que la educación superior privada está siendo administrada por grupos económicos, muchos de los cuales son socios de las mismas corporaciones. Respecto de la salud, el proceso de privatización ha incidido en la existencia de una salud de primera y de segunda categoría. La salud no es un bien asegurado para los niños. Tampoco lo es la salud ambiental. La liberalización del mercado afecta directamente la salud de los mas pequeños, a quienes se ofrece a módicos precios alimentación de muy mala calidad, baja en nutrientes indispensables, cargada de químicos, transgénica, e incluso alimentación desechada o prohibida en las sociedades europeas o norteamericanas. Al alcance de los niños tenemos cantidades de juguetes desechables, elaborados con materiales dañinos para la salud y muchas veces peligrosos de difícil manejo. La seguridad ciudadana también se transa en el mercado. En las localidades marginales no hay comunicaciones expeditas, tampoco hay recursos médicos de urgencia, ni hay bomberos, ni tienen posibilidades de enfrentar adecuadamente las emergencias. En cambio los barrios y localidades con recursos aseguran, mediante su adquisición, el bien "seguridad ciudadana", incluyendo todos los elementos necesarios: redes de alarmas, policías y guardias privados, centros de emergencia en salud, bomberos, entre otros. Los trabajadores se ven obligados a comprar su seguridad social, la posibilidad de jubilar, de pensionarse, de asegurarse un ingreso mensual luego de haberse retirado del mercado laboral. La jubilación dependerá de las inversiones hechas por las empresas de pensiones, seguros y jubilaciones. Si se enfrentan crisis económicas nacionales o internacionales, el ahorro previsional puede afectarse, disminuyendo sensiblemente o simplemente terminándose, pues los costos de mantención de las cuentas se cubren con los propios ahorros, y esos costos también están a merced del mercado. La ciudadanía global también se moviliza En esta realidad global la ciudadanía deberá buscar nuevas formas de influir en políticas y en estrategias internacionales. Los sindicatos deben hoy intentar incidir en el capital internacional. Para lograr este nivel de movilización se requiere estar vinculado socialmente con otros sindicatos, confederaciones o centrales de trabajadores de otras latitudes, para que concertados puedan ejercer las presiones necesarias e incidir en el establecimiento de nuevas formas de protección de los derechos de los trabajadores a nivel global. Generar colectivos de trabajo, coordinaciones nacionales e internacionales que permitan potenciar la capacidad real de los instrumentos organizativos de los trabajadores, es una tarea actual e impostergable. Se debe informar adecuadamente sobre los acuerdos comerciales, de sus implicaciones inmediatas y mediatas. Estas coordinaciones sociales, sindicales, de trabajadore/as, favorecerán el intercambio de experiencias, su análisis lo que redundará en un aprendizaje de

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estas experiencias. Asi como los inversionistas experimentan antes de invertir, quienes trabajan remuneradamente deben intercambiar información acerca de las formas de explotación actuales del capital, como de las condiciones ambientales y de seguridad física y psicológica de quienes ejercen estas labores. La necesidad de incorporar como demanda laborar el derecho al descanso psicológico va siendo cada día más urgente, si se considera el altísimo nivel de stress debido a las nuevas formas productivas. Uno de los desafíos en este campo es estudiar los efectos psicosociales de las formas de producción utilizadas actualmente. La producción se realiza prácticamente sin ver el resultado, sin saber lo que produce el esfuerzo laboral. Muchas personas permanecen horas frente a una computadora, rodeadas por señales, ruidos y claves sonoras. La exigencia productiva provoca también cansancio psicológico -a veces mucho más que cansancio físico-. Además, se enfrenta una incertidumbre permanente, pues no hay contratos fijos y la estabilidad de la empresas depende de los vaivenes del mercado. Así, la salud física y psicológica de quien está empleado/a se puede afectar en forma permanente. Actualmente las enfermedades producto del stress no siempre se manifiestan en forma inmediata, sino que el deterioro que se va produciendo en forma acumulativa y paulatina hasta hacerse irreversible o simplemente deviene en una enfermedad –conocida en oriente como Karoshi que incluye afecciones cardíacas, del sistema nervioso central, alteraciones a la presión y al equilibrio, o cuadros psicológicos y psiquiátricos. Tenemos que actuar coordinadamente. La acción de los sindicatos se extenderá a través de sus pares en otras latitudes. Pues a la globalización económica hay que hacerle frente con una globalización sindical, trabajando no solo la defensa reivindicativa sino las propias políticas sociales que deben implementarse. De modo que la representación sindical debe incluir la representación internacional. Es decir, la información y la acción sindical deben estar concertadas, de otro modo, pierden fuerza. Las vinculaciones internacionales para acciones concertadas han estado presente a lo largo de la historia de las luchas sociales. No es nada nuevo. Lo único nuevo es la forma de concertarse, los medios usados para comunicarse. Pero el sentido ha estado siempre presente. Las organizaciones no gubernamentales, los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, los organismos sociales o culturales de variado tipo se concertarán con organizaciones sindicales, concertando a la diversidad de intereses comunes: protección del medio ambiente, el mejoramiento de la situación de las mujeres, de los niños, de los pueblos originarios, hacer frente y superar la explotación, la injusticia y la discriminación, establecer nuevas formas de ciudadanía, participación y democracia y la búsqueda de nuevas formas políticas basadas en el respeto de los derechos humanos. A través de la coordinación activa, de la colaboración mutua, se podrá hacer una práctica jurídica y política internacional de defensa y promoción de los derechos humanos. Esto implicará el desarrollo y la potenciación del derecho

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internacional de los derechos humanos, como un lenguaje común y propio de las distintas latitudes y realidades. Desde hace ya una década, organizaciones sindicales, no gubernamentales y sociales se están proponiendo trabajar juntas para incidir en la generación e instalación de medidas de regulación que protejan a las personas y a los pueblos de condiciones de existencia menos favorables. El proceso de liberalización económica ha sido vigilada permanentemente por centrales sindicales, especialmente europeas y norteamericanas, que se están preocupando de establecer cláusulas sociales (de protección sindical y medioambiental y de fortalecimiento de la democracia). Por ejemplo, la ORIT (organización sindical en la región de América) se ha planteado que los países firmen una cláusula por la defensa y por la exigencia efectiva de los derechos humanos y especialmente de los derechos laborales al momento de que un país firme un tratado comercial. Una serie de redes de ONGs a nivel mundial o regional se han preocupado de establecer cláusulas de protección medioambientales integrados en los acuerdos comerciales. Estos esfuerzos han ido creciendo y luego del establecimiento del NAFTA, las organizaciones y grupos indígenas, campesinos, de mujeres, sindicales y organismos no gubernamentales de derechos humanos se han ido organizando para presionar en forma alternativa a cada encuentro de los jefes de Estado o de los ministros de comercio, con el objeto de presionar en el sentido de poner freno al proceso de liberalización creciente y obligar a los países a una revisión de los efectos de estos tratados. Las organizaciones de derechos humanos se plantean entre otros acuerdos: ratificar el principio de responsabilidad única y exclusiva del Estado en la protección de los derechos humanos; la promoción, el respeto, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, nacional e internacional; el rechazo a la imposición de medidas legislativas o económicas que signifiquen el menoscabo a los derechos adquiridos de los trabajadores/as, y la denuncia de la incompatibilidad entre los tratados internacionales de derechos humanos y las medidas de ajuste estructural y de liberalización planteadas por las agencias financieras multilaterales y las corporaciones transnacionales; el establecimiento de canales y mecanismos que aseguren una creciente intervención de las mujeres, minorías, niños y adolescentes, grupos étnicos, pueblos originarios y comunidades negras, discapacitados, y otros sectores discriminados, incluyéndoles en las tomas de decisiones; la recomendación especial a los Estados de ratificar el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales de la OEA; enfatizar la transparencia de la gestión política, y crear mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en el diseño, supervisión e implementación de políticas públicas a nivel nacional e internacional; considerar la protección del medio ambiente como un derecho indivisible e

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interdependiente con los demás; el fortalecimiento de todos los procedimientos y órganos jurisdiccionales y de fiscalización de la OEA y de la ONU. __________________________________________

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: http://www.archivo-chile.com Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: [email protected]

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manual sobre los derechos economicos, sociales y … · - el pacto y su efectividad en el marco de...

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