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Manual de prevención de delitos (UK Bribery Act y Ley 20.393)

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CONTENIDOS

Introducción - pág 3Alcance / definiciones generales - pág 5Modelo de prevención del delito - pág 6Lineamientos de marcas - pág 7Actividades de negocio de mayor riesgo - pág 14Denuncia a la justicia / relación con nuestros contratistas / Colaboradores- pág 16Procedimiento de denuncia de incumplimiento - pág 17Sanciones administrativas / capacitación - pág 19Comprobante de recibo del manual de prevención de delitos - pág 21 UK Bribery Act - pág 22Ley 20.393 - pág 41

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I. INTRODUCCIÓNLey 20.3931, que entró en vigencia en Chile a fines del 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de cohecho de funcionarios públicos (nacionales o internacionales), financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Similarmente, el UK Bribery Act2, que entró en vigencia en Julio del 2011, establece la responsabilidad penal por actos de cohecho en el sector privado y público, como también la falta de las empresas en prevenir la comisión del cohecho. Ambas leyes de anticorrupción tienen una aplicación internacional, y por lo tanto, las acciones de cualquier trabajador, o tercero relacionado al negocio de WILUG, podrán impactar a nuestra organización por no cumplir con estas normas. Se hace notar que lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades individuales por la comisión de alguno de los delitos señalados, los que de todos modos serán perseguidos legalmente.

Como parte del cumplimiento del UK Bribery Act, Ley 20.393 y su deber de supervisión y dirección, el Directorio de Antofagasta Plc, aprobó la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos, (en adelante MPD) en WILUG.

El presente Manual de Prevención de Delitos (en adelante Manual) establece la operativa de las diversas actividades de prevención y mitigación de los potenciales riesgos de comisión de delitos a los cuales se ha identificado que WILUG, está expuesta y han sido integrado al MPD.

1 Artículo 3°.- Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión. Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las personas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el inciso anterior.

Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.Las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.”

2 Bribery Act 2010, Chapter 23. General bribe offences: (1) Offences of bribing another person; (2) Offences related to being Bribed; (3) Function or activity to which bribes relate; (4) Improper performance to which bribe relates; (5) Expectation test; (6) Bribery of a foreign public official; (7) Failure of commercial organizations to prevent bribery; (8)meaning of associated persons; (9) Guidelines about commercial organizations preventing bribery; (10) Consent to prosecute; (11)Penalties; (12)Offences under this Act: territorial application; (13) Defenses; (14) Offences under section 1,2 and 6 by bodies corporate, etc.; (15) Offences under section 7 by partnerships; (16) Application to the Crown; (17) Consequential provisions; (18) Extent; (19) Commencement and transitional provisions; (20) Short Title

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Adicionalmente, el MPD, que se establece en este documento, estará respaldado por los siguientes elementos internos:

1 Código de Ética.

2. Canal de denuncias.

3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

4. Los Protocolos, Reglas, Directrices, Políticas y Procedimientos específicamente definidas para apoyar las iniciativas de anticorrupción implementadas para mitigar los riesgos de delitos identificados en la Matriz de Riesgos de Delitos.

5. Plan de capacitación y comunicación del Área de Riesgos que establecerá diversas instancias y modalidad de entregar de información y capacitación a los trabajadores respectos los delitos mencionados en este documento y operativa del MPD.

II. OBJETIVO

El objetivo del presente Manual es:

• Establecer las actividades y procedimientos necesarios para la efectiva implementación y

operación del MPD.

• Establecer un mecanismo para la prevención y mitigación de los riegos de delitos a los cuales WILUG se encuentra expuesta.

• Establecer las actividades del MPD a cargo del Encargado de Prevención de Delitos en cumplimiento de sus funciones de supervisión sobre el Modelo.

• Dar cumplimiento cabal a los requerimientos. exigidos bajo la Ley 20.393 y UK Bribery Act.

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III. ALCANCEEl presente Manual y MPD, es aplicable a todos los trabajadores de WILUG3. El alcance incluye, accionistas, directores, alta administración, gerentes, ejecutivos, empleados, personal temporal, contratistas y asesores de la Compañía.

Nuestra organización espera de todos los identificados anteriormente un comportamiento recto, estricto y diligente, en el cumplimiento de las normas relacionadas a la anticorrupción, en específico el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho, junto con las medidas de prevención y mitigación de estas, establecidas por la compañía.

IV. DEFINICIONES GENERALESAdministración de la Persona Jurídica: Según el Artículo 4° de la Ley 20.393, la Administración de la Persona Jurídica es la máxima autoridad administrativa de la persona jurídica siendo, en el caso de WILUG, su Directorio.

Cohecho: Entendiéndose como el ofrecer o consentir en dar cualquier beneficio, económico o de otra naturaleza, a un funcionario público, nacional o extranjero, para que éste haga o deje de hacer algo dentro del ámbito de su cargo, competencia y responsabilidades, en el interés de la persona jurídica (empresa).

Lavado de Activos: Cualquier acto con la intención de ocultar, o disimular, el origen ilícito de determinados

bienes, o adquirir, poseer, tener o usar los bienes, a sabiendo que proviene de la comisión de un acto ilícito relacionado con el tráfico de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción de prostitución infantil, secuestro, cohecho, mercado de valores, financiamiento bancario y otros, con la intención de lucrar, vender, aportar a una sociedad, o cualquier otro fin, y que al momento de la recepción del bien, estaba en conocimiento de su origen ilícito o ilegal.

Financiamiento del Terrorismo: Entendiéndose como, persona natural o jurídica, que por cualquier medio, directo o indirecto, solicita, colecta y/o entrega aporte de cualquier tipo, con el propósito que estos sean utilizados para facilitar cualquier acto de terrorismo, ya sea con un aporte en especies, dinero o colaborando de alguna otra forma con actividades calificadas como terroristas.

Personas asociadas: Significa cualquier persona, natural o jurídica, con el cual la compañía tiene actualmente, o está en proceso de negociar potencialmente en el futuro, una relación comercial o de servicios. Esto incluye a los Contratistas, Subcontratistas, Asesores, Agentes o cualquier tercero, que, por su función y/o relación de negocio con WILUG, su comportamiento o conductas puedan, eventualmente, configurar hechos constitutivos de los delitos mencionados en la Ley 20.393 y UK Bribery Act.

3 La Ley 20.393 establece y regula la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por tal el acuerdo de implementación del Modelo de Prevención de Delitos y toda gestión que derive de este acuerdo, debe ser adoptado, y ser aplicable, directamente por cada una de las personas jurídicas.

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V. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOSEl Manual de Prevención de delitos de WILUG consiste en un conjunto de medidas de prevención de los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho, que operan a través de las diversas actividades del MPD y que se encuentran contenidas en el presente documento. Estas actividades tiene el objetivo de darle cumplimiento a los requisitos de un “sistema de prevención de delitos”, de acuerdo a lo exigido por la Ley 20.393 y la implementación de “políticas y procedimientos para prevenir el cohecho” de acuerdo al UK Bribery Act. Adicionalmente, el presente manual establece las actividades de identificación de riesgos, control de riesgos, mecanismos de monitoreo y reportabilidad adecuados para la prevención, detección y mitigación de los riesgos de los delitos antes mencionados.

En general, todos los ejecutivos, trabajadores y personal externo de WILUG están comprometidos al cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes dentro de los países donde operamos. Por lo tanto, en nuestra organización no se tolera ninguna forma de corrupción, y está expresamente prohibido cometer cualquier acto ilícito, como el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios públicos o en el sector privado. Consecuentemente, WILUG:

1. Velará por el cumplimiento de su deber de dirección y supervisión mediante la adecuada operación del MPD.

2. Designarán el Encargado de Prevención de Delito, el que durará hasta tres años en este cargo y podrá ser reelegido por periodos iguales mientras mantenga su actual cargo.

La aplicación y cumplimiento de las actividades establecidas en el presente MPD que estará a cargo de cada compañía, y su efectividad reportada a cada Directorio de las mismas por el Encargado de Prevención de Delitos.

El MPD de WILUG, se desarrolla a través de una serie de actividades que se representan en el Modelo gráfico a continuación:

A. ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS:

Ley 20.93, exige la asignación de un Encargado de Prevención de Delitos, (en adelante EPD). El EPD designado por el Directorio, desempeñará este cargo por un periodo de hasta tres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual duración.

De acuerdo al Art. 4°, 3), de la Ley 20.393, el EPD es responsable establecer un sistema de prevención de delitos, mediante un MPD, en conjunto con la administración máxima de la compañía, su Directorio.

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B. FUNCIÓN DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El EPD representa, con su actuar, los valores que la empresa posee como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el servicio, la iniciativa, el compromiso y el trabajo en equipo. Además, posee un conocimiento pleno de:

• Las funciones y los responsables de cada área de la empresa.

• La legislación y la normativa emanada de las autoridades reguladoras legítimas y competentes.

• El Código de Ética, Manuales de Procedimientos, los Reglamentos y otras instrucciones internas que posee WILUG.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

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MEDIOS Y FACULTADES DEL EPD:

1. El EPD, en el ejercicio de sus funciones, contará con autonomía respecto la Administración de WILUG, teniendo acceso directo al Directorio WILUG

2. Dispondrá de un presupuesto anual (medios proporcionados por el Gerente General y aprobado por el Directorio) y personal a su cargo para efectuar la implementación, operación y revisiones del MPD en cumplimiento de la Ley4.

3. Contará con las herramientas básicas y necesarias para el buen funcionamiento de su rol y responsabilidades como encargado de Prevención de Delitos.

4. El EPD contará con el acceso directo e irrestricto a las distintas áreas de la organización, con el fin de realizar o coordinar la ejecución de las siguientes actividades:

i) Efectuar investigaciones específicas.

ii) Facilitar el monitoreo del sistema de prevención de delitos.

iii) Solicitar y revisar información para la ejecución de sus funciones.

RESPONSABILIDADES DEL EPD:

1. En conjunto con el Directorio de WILUG, velar por el adecuado desarrollo, implementación y operación del MPD en la Compañía.

2. Coordinar que las distintas áreas y Gerencias de WILUG cumplan con las leyes y normas de prevención

de los delitos mencionados en el presente Manual.

3. La entrega y cumplimiento del Código de Ética, a todos los que pertenecen a WILUG, para prevenir conductas indebidas en el actuar diario de los trabajadores y prestadores de servicios. Esto se podrá verificar a través de la constatación de las capacitaciones que sobre esta materia la empresa deberá realizar periódicamente los empleados y relaciones relevantes, y la existencia de reportes de las denuncias por irregularidades o faltas al Código de Ética.

4. Reportar su gestión semestralmente al Directorio de WILUG sobre el estado del MPD y asuntos de su competencia y gestión como EPD. Adicionalmente, informar oportunamente al Directorio sobre cualquier situación sobre la que deba tomar conocimiento y que pudiera tipificarse como delitos, a fin de que este último adopte las medidas del caso.

5. En conjunto con el Directorio, promover el diseño y actualización necesarios de las políticas, procedimientos, directrices y lineamientos, incluyendo el presente Manual, para la operación efectiva del MPD y/o cuando sea necesario de acuerdo a los cambios relativos en las normas y legislación del país.

4 Ley 20.393, Art 4°, 2): La administración de la Persona Jurídica deberá proveer al encargado de prevención los medios y facultades suficiente para el desempeño de sus funciones, entre los que se consideran a lo menos: a) los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica; b) acceso directo a la Administración de la Persona Jurídica para informarla oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión y reportar a lo menos semestralmente.

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6. Velar por el conocimiento y cumplimiento de los protocolos, políticas, procedimientos, directrices y lineamientos establecidos, como elementos de prevención de delitos en el actuar diario de los empleados y prestadores de servicios.

7. Liderar investigaciones cuando exista una denuncia válida, o una situación sospechosa que lo amerite reuniendo todos los medios de prueba necesarios.

8. Definir auditorías específicas para la verificación del cumplimiento de las actividades del MPD. Además, determinar su alcance y extensión.

9. Verificar el diseño e implementar los programas de capacitación delMPD, dirigidos a los empleados relevantes de WILUG.

10. En Conjunto con el Directorio, el EPD será responsable sobre el proceso de identificación y análisis de riesgos de delitos en relación a la implementación de actividades de control para la prevención y mitigación de dichos riesgos y adecuada operación del MPD. 11. Mantener una lista actualizada de actividades que puedan representar, por la forma en que ellas se realizan o por las características propias de las mismas, un riesgo de comisión de los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Cohecho. Esta lista en que se identifican dichas actividades está contenida en la denominada “Matriz de Riesgo de Delitos” que pasa a formar parte integrante del Modelo.

12. El EPD debe fomentar que los procesos y actividades internas de WILUG, cuenten con controles efectivos de prevención de riesgos de delitos y mantener registros adecuados de evidencia del cumplimiento y ejecución de estos controles.

13. Documentar y custodiar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de delitos.

14. El EPD deberá monitorear la efectividad del MPD por medio de auditorías periódicas, las que deberán ser realizadas conforme un plan de auditoría que involucrará a las diversas gerencias de WILUG. Los resultados de las auditorías realizadas deben ser informados al Directorio o Comité de Directorio que corresponda.

15. El EPD deber ser el receptor de cualquier denuncia presentada por la falta de cumplimiento del MPD o comisión de acto ilícito, presentada por cualquiera de sus dueños, responsables, directores, alta administración, ejecutivos, trabajadores, dependientes, contratistas y terceros relacionados al negocio.

Sin perjuicio de lo anterior, el EPD podrá actuar directamente o a través del personal a su cargo o que sea asignado, en quién podrá delegar parte de sus funciones.

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C. COMPONENTES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El MPD de WILUG cuenta con los siguientes componentes que tienen una importancia esencial en la operación y función efectiva del Modelo:

1. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOTodas las políticas y procedimientos que establecen definiciones, regulaciones y controles para las actividades de la empresa deben estar debidamente documentados y difundidos al alcance de todo el personal que pueda ser afectado por éstas.

2. CÓDIGO DE ÉTICAEl Código de Ética establece un marco de conducta respecto el desafío diario en el negocio que se funda en la transparencia, integridad, cumplimiento de las leyes aplicables y toma de buenas decisiones de negocio. En este sentido, establece un ambiente de control relativo a las actividades que podrían exponer la compañía a la responsabilidad legal y/o penal.

WILUG le exige a todos sus trabajadores y prestadores de servicios un comportamiento recto, estricto y diligente en el cumplimiento del Modelo de Prevención, debiendo todos ellos comprometerse con la más estricta adhesión al mismo.

3. NORMAS DE ANTICORRUPCIÓNTodas las personas que actúen por WILUG, no deben ofrecer, prometer, dar o consentir en dar a un empleado público o privado, ya sea chileno o extranjero, un beneficio económico indebido bajo ningún pretexto o circunstancia y por ningún medio. Asimismo, los trabajadores de la empresa deberán

siempre cuidar que el dinero o bienes de la empresa o la celebración de actos y contratos, en ningún caso sean utilizados para fines ilegales y/o constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho5.

Los trabajadores deben estar siempre atentos a cualquier situación que les parezca sospechosa, a través de la cual pudiera presentarse o facilitarse la comisión de alguno de los delitos indicados anteriormente, y deberán reportarlo en forma inmediata a su jefe o realizar una en el canal de denuncia que dispone la empresa.

Todo trabajador y/o prestador de servicios de WILUG, que, en su relación con los empleados públicos, nacionales o extranjeros, tenga o crea tener algún conflicto de interés, está obligado a reportar las situaciones de conflicto de interés identificadas en tal sentido al Encargado de Prevención de Delitos de la empresa. Igual comunicación deberá formularla al Gerente del área de la que dependa.

4. CANAL DE DENUNCIASEl canal de denuncias es un sistema, implementado en la organización, disponible a través de intranet, que tiene como fin ser un mecanismo para la presentación de cualquier denuncia relacionada a una irregularidad o incumplimiento de las políticas internas, conductas irregulares, incluyendo el incumplimiento del MPD o posible comisión de cualquier acto ilícito señalado en la Leyes de anticorrupción (Ley 20.393 y UK Bribery Act).

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5. CLÁUSULAS DE CONTRATOSEn cumplimiento al Artículo 4° de la Ley 20.393, todos los contratos de trabajo y con contratista, proveedores o prestadores de servicios, deben contar con cláusulas, obligaciones y prohibiciones vinculadas a la mencionada ley. Estas cláusulas deben incluirse en un Anexo a los contratos de trabajo que se hubiesen suscrito con anterioridad a la implementación del MPD y ser incorporado en los formatos de contratos correspondientes posterior a la implementación del MPD.

El cumplimiento de este requisito será la responsabilidad del EPD.

6. REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDADEn cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 20.393, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de WILUG debe incorporar las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas en relación a los delitos. previstos en la Ley 20.393. Estos procedimientos deben ser regulados a la luz de la normativa relativa a los derechos fundamentales de los trabajadores.

El cumplimiento de este requisito será la responsabilidad del EPD.

D. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En conjunto con el Directorio, el EPD será el responsable del proceso de identificación y evaluación de los potenciales riesgos de comisión de delito a los cuales WILUG está expuesta. Como resultado de este proceso se debe desarrollar una

Matriz de Riesgo de Delitos (en adelante MRD) que debe ser revisada anualmente o cuando se sucedan cambios relevantes en las condiciones del negocio.

Para efectuar dicha actividad se debe realizar una:

• Identificación y evaluación de riesgos

• Evaluación y cuantificación de riesgos

• Identificación de controles

• Evaluación de Controles

• Monitoreo

El proceso de identificación, evaluación de riesgos y monitoreo será documentado en la Matriz de Riesgos de Delitos por el EPD.

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOSLa identificación de riesgos se debe hacer con un enfoque de “top down”, a través de reuniones de trabajo con la participación de todas las personas claves y cargos de liderazgo de la empresa, incluyendo al EPD. Se desarrollará un listado de los principales escenarios de riesgos de comisión de los delitos dentro del alcance de la Ley que fueren cometidos en interés o provecho directo e inmediato de la sociedad y que sean efectuados por los dueños, directores, responsables, principales ejecutivos o quienes realicen actividades de administración y supervisión, así como por los trabajadores que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos anteriormente mencionados. Se evaluarán los riesgos para establecer su validez y cuantificación. Esta información será incorporada en el MRD.

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2. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLESPara los riesgos detectados se deben identificar las actividades de controles para su efectiva mitigación. Estas actividades serán incorporadas en la MRD y monitoreadas por Auditoría interna para evaluar su cumplimiento, como también la operación efectiva del MPD.

La identificación de controles se efectuará en reuniones de trabajo con la participación de representantes de todas las áreas y funciones de la empresa, incluyendo el EPD, obteniendo como resultado la descripción de cada uno de los controles identificados y la evidencia de su existencia.

Para cada control se debe identificar:

• Descripción de la actividad de control.• Su frecuencia.• Identificación del responsable de la ejecución.• La evidencia de sustento.• El tipo de control (manual o automático).

3. EVALUACIÓN DE RIESGOSLos riesgos identificados deben ser evaluados para su priorización, con el objetivo de determinar las áreas o procesos operativos de mayor exposición, lo que permitirá enfocar los recursos esfuerzos del EPD.

Para evaluar los riesgos se utilizarán los parámetros de impacto y probabilidad, en una escala de 1 a 5. Se entiende por Impacto, el efecto o el daño sobre la organización en caso de materializarse un riesgo y por Probabilidad, el nivel de certeza con que se puede materializar el riesgo identificado.

En la evaluación de los riesgos identificados deben participar representantes de todas las áreas y funciones de la organización, cuyos integrantes tengan conocimiento o estén relacionados con los

riesgos a ser discutidos y tengan la autoridad para tomar decisiones relativas a las estrategias de control y otras formas de administración de los riesgos.

4. EVALUACIÓN DE CONTROLESPara los controles identificados en el punto 2, se evaluará su diseño cualitativamente en relación a la mitigación del riesgo de delito al que aplica. Dicha evaluación debe ser efectuada por el EPD en conjunto con las áreas de apoyo al MPD.

En base a la evaluación efectuada se podrá concluir que el control:

• Mitiga razonablemente el riesgo de delito.

• No mitiga razonablemente el riesgo de delito.

El diseño de la actividad de control, en cuyo proceso o actividad existe el riesgo, será implementado por el área correspondiente, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos, siendo el área la responsable de su ejecución y aplicación.

5. ACTIVIDADES DE DETECCIÓNEl objetivo de estas actividades es efectuar acciones que detecten algún incumplimiento al MPD y posibles escenarios de comisión de los delitos señalados bajo la Ley 20.393 y/o Uk Bribery Act.

Las actividades de detección del MPD son las siguientes:

• Auditorías de Cumplimiento de los controles del MPD.

• Revisión de Litigios.

• Revisión de Denuncias e investigaciones realizadas.

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6. MONITOREO DEL MPDA través de monitoreo de cumplimiento (o auditorías), el EPD, o quien éste designe, deberá verificar periódicamente que los controles del MPD operan, de acuerdo a cómo fueron diseñados.

Para efectuar las actividades de monitoreo el EPD puede solicitar apoyo a otras áreas de la organización, tales como Auditoría Interna (o externalizar esta actividad), Contabilidad, entre otras, siempre que dichas áreas no estén involucradas en la actividad a ser revisada.

El EPD puede efectuar, las siguientes actividades de monitoreo:

• Revisión de documentación de respaldo de las pruebas efectuadas por las áreas de apoyo.

• Reproceso de actividades de control (mediante muestreo).

• Análisis de razonabilidad de las transacciones.

• Verificación del cumplimiento de las restricciones establecidas en los procedimientos.

• Otros.

En aquellas actividades de monitoreo donde se requiera determinar una muestra, el EPD debe determinar y documentar el criterio a utilizar.

6.1 PLAN DE AUDITORÍAEl EPD establecerá un Plan Anual de Auditoría, y en éste deberá contemplarse la ejecución periódica de auditorías específicas para la verificación de la operación efectiva de los controles implementados, la mitigación del riesgo de comisión de los delitos establecidos y operación efectiva del MPD, de

acuerdo a lo establecido en la Ley.

20.393 y UK Bribery Act. Este Plan definirá las auditorías necesarias, tales como tipos de auditorías a realizar, materias a revisar, frecuencias de las auditorías, controles a auditar, etc.

Se deberán registrar todas las operaciones que hayan dado origen a una investigación por la eventual comisión de algunos de los delitos individualizados en el presente Manual. Dicho registro debe conservarse por un plazo mínimo de cinco (5) años.

E. DUE DILIGENCE (CHEQUEO DE ANTECEDENTES DE POTENCIALES SOCIOS)

El proceso de Due Dilligence efectuado a potenciales socios de negocios de WILUG, ya sea para efectos de una alianza estratégica, joint-venture o cobranding, no sólo considerará aspectos comerciales y financieros, sino que también analizará toda la información necesaria que permita detectar una eventual vinculación de la empresa externa con alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393 y UK Bribery Act6.

F. INVITACIONES Y REGALOS

Como política general de WILUG, se prohíbe hacer regalos o invitaciones a potenciales clientes del sector público o a sus empleados, o a funcionarios de cualquier institución pública, o funcionarios públicos extranjeros que, por sus competencias deban relacionarse con la empresa.

Con relación a las invitaciones que un empleado reciba de parte de un tercero, ella deberá informarse a la Gerencia respectiva y, sólo con la autorización previa de ésta, podrá aceptarse7.

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6 VPCR (Área de Riesgo) está a cargo de liderar el proceso de Due Diligence para efectos de evaluar el riesgo de delito que presenta una posible nueva relación comercial y posterior requisito de información y garantías de prevención.

7 Revisar Directriz de Regalos e Invitaciones, lo cual especifica el criterio a considerar respecto los regalos. La Directriz de Regalos e Invitación es un requisito bajo el UK Bribery Act.

G. DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

El EPD debe realizar un análisis de las denuncias recibidas, a través de los distintos canales dispuestos por la organización, para identificar aquellas que tienen implicancia en el MPD o se encuentren asociadas a escenarios de delito de la ley N° 20.393 y UK Bribery Act.

El EPD deberá velar por que cada empresa coordine las investigaciones derivadas de las denuncias que tienen implicancia en el MPD o se encuentren asociadas a escenarios de delito de la ley N° 20.393 o UK Bribery Act.

El tratamiento de las denuncias y la coordinación de la investigación de las denuncias se realizarán según lo dispuesto en el “Procedimiento de Canal de Denuncias”.

H. ACTIVIDADES DE RESPUESTA

El objetivo de las actividades de respuesta es establecer acciones correctivas, resoluciones, medidas disciplinarias y/o sanciones a quienes incumplan el MPD, o ante la detección de indicadores de los delitos de la Ley 20.393 y UK Bribery Act. Como parte de las actividades de respuesta se debe contemplar la revisión de las actividades de control vulneradas, a fin de fortalecer o reemplazarlas por nuevas actividades de control.

Las actividades de respuesta del MPD son las siguientes:

• Denuncias a la justicia.

• Coordinar sanciones disciplinarias.

• Registro y seguimiento de casos y sanciones.

• Comunicación de sanciones y mejora de debilidades.

VI. ACTIVIDADES DE NEGOCIO DE MAYOR RIESGODONACIONESLas siguientes obligaciones son parte integrante de cualquier procedimiento que regule las donaciones:

• Establecer la cadena de autorización para realizar donaciones.

• Asegurar que la entidad receptora de la donación posee las debidas acreditaciones (validez legal, constitución, representantes legales, etc.).

• Verificar la institución en el “REGISTRO DE INSTITUCIONES RECEPTORAS DE DONACIONES - LEY 19.885”.

• Identificar la labor que cumple en la sociedad la institución destinataria de la donación.

• Establecer el objetivo de la donación y la utilización de los recursos donados por la empresa.

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AUSPICIOSSe debe llevar un registro con las evidencias físicas de los aportes realizados para auspiciar eventos, el cual debe incluir una identificación del receptor o beneficiario de dicho auspicio y el propósito del beneficio. Adicionalmente, se debe registrar el proceso de autorización en la empresa aplicado a la entrega del auspicio, incluyendo información detallada respecto la solicitud sobre el auspicio (si hubiese una).

FONDO FIJO – FONDO A RENDIRLos Procedimientos Operacionales sobre Fondos Fijos en las distintas Gerencias, tendrán incorporado un control de Tesorería para la detección de:

• Gastos inusuales.

• Montos excesivos de un solo ítem.

• Pagos efectuados a un mismo prestador de servicios.

Estos fondos serán utilizados solamente para cubrir gastos menores relacionados con la operación normal y habitual de la gerencia correspondiente (movilización, útiles de oficina, colaciones fuera de horario hábil, y otros gastos menores debidamente justificados).Estos fondos no podrán ser usados para realizar invitaciones a funcionarios públicos, ni gastos de representación ni para otros objetos distintos de los indicados en el párrafo precedente.

VIAJE DE EMPLEADOS Y TERCEROSSe prohíbe financiar viajes a empleados públicos con fondos de WILUG, o por cuenta de ella. La Política de Viajes establece el listado de gastos permitidos como gasto de viaje (taxi, transporte público, arriendo de vehículos privados, estacionamiento, peaje, hotel, restaurantes, etc.) y el listado de gastos no reembolsables (multas

de cualquier naturaleza, gastos de medicamentos personales, vuelos en primera clase sin la autorización correspondiente, servicios de hotel, estética personal, servicios de mantención y reparación del vehículo particular, etc.).

FUSIONES O ADQUISICIONESEl proceso de Due Diligence deberá necesariamente contemplar un análisis de toda la información que sea posible recopilar sobre la participación de la empresa que se pretende adquirir, o con la que se busca fusionarse, en los delitos señalados en la Ley 20.393.

Esto por cuanto el artículo 18 de la citada ley establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica es transmisible, lo que eventualmente podría significar que WILUG, deban responder por los actos ilícitos cometidos por las empresas que se pretenden adquirir o con las que se pretende fusionarse8.

SELECCIÓN DE PERSONALLa empresa mantendrá en todo momento un procedimiento estricto de selección y contratación de personal, tanto para cargos permanentes como para cargos temporales. Este procedimiento incluye una verificación de sus antecedentes legales, laborales y financieros en cuanto a su potencial relación con los delitos de cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Todos los empleados (contratos a plazo fijo, contratos indefinidos, etc.) de WILUG deben firmar un contrato de trabajo en el cual se comprometen específicamente con el cumplimiento estricto de las normas de prevención de Delitos (Ley 20.393 y Uk Bribery Act).

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LITIGIOSEl Asesor Legal debe entregar al EPD semestralmente un informe el cual detalle:• Actividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias asociadas a escenarios de delito de la Ley 20.393.• Demandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a la organización en algún escenario de delito relacionado a la Ley 20.393.• Multas y/o infracciones cursadas o en proceso de revisión, por parte de entes reguladores asociadas a escenarios de delito de la Ley 20.393.

VI. DENUNCIAS A LA JUSTICIA[Ley 20.393, Art.4°, 3)a]

Ante la detección de un hecho con características de delito, el EPD deberá evaluar en conjunto con el Asesor Legal y el Directorio de la compañía involucrada, la posibilidad de efectuar acciones de denuncia ante los Tribunales de Justicia, Ministerio Público o Policía. Esta acción se encuentra especificada como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal para la persona jurídica en el Art. 6 de la ley 20.393, donde se detalla:

“Se entenderá especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquier estado de la investigación o del procedimiento judicial, sus representantes legales hayan puesto, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hecho punible en conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer los hechos investigados.”

VII. RELACIÓN CON NUESTROS CONTRATISTAS / COLABORADORES

La creación de los contratistas / proveedores (en adelante Colaboradores) de WILUG, debe incorporar un proceso de Due Diligence9 que contemple las siguientes materias cada vez que sea aplicable:

• Solicitar el Certificado de Antecedentes de los socios o propietarios del colaborador.

• Verificar situaciones sospechosas en relación al colaborador, tales como precios de productos o servicios muy por debajo del precio de mercado.

• Obtener información de riesgo de corrupción del país de origen del colaborador si éste fuere extranjero (por ejemplo, índices de Transparencia Internacional, Control Risk o World Check, o revisión en listas negras).

• Elaborar y mantener una base de datos con los colaboradores cuya evaluación ha sido rechazada por su vinculación o riesgo relacionado con los delitos mencionados, con el fin de evitar evaluarlo nuevamente (Registro Único de Colaboradores por empresa).

• Cuando se identifica a un colaborador riesgoso, deberá reportarse al EPD acerca de alguna situación sospechosa de comisión de los delitos previstos en la Ley 20.393 y/o UK Bribery Act, por parte del colaborador, o potencial colaborador.

• Antes de establecer relaciones comerciales con un colaborador, se usará un documento (o contrato), en que el colaborador declare expresamente su compromiso con el presente Manual y los demás documentos en los que se encuentra contenido el Modelo.

9 VPCR (Área de Riesgo) está a cargo de liderar el proceso de Due Diligence para efectos de evaluar el riesgo de delito que presenta una posible nueva relación comercial y posterior requisito de información y garantías de prevención

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En dicho documento, el prestador de servicio o el colaborador deberá declarar, al menos, lo siguiente:

• El colaborador/prestador de servicios declara cumplir con todas las leyes, normas, regulaciones y requerimientos vigentes en la entrega del producto o en la prestación de servicios.

• El colaborador/prestador de servicios declara que no forma parte de sus prácticas comerciales ni de negocio otorgar pagos u otros beneficios económicos a un empleado público, nacional o extranjero, para que realice acciones u omisiones en beneficio propio o de WILUG.

• Declara tener controles implementados para prevenir el delito de cohecho, la actividad terrorista y el financiamiento del terrorismo, como también, el lavado de activos. Se le deberá entregar a dicho colaborador o prestador un ejemplar del Código de Ética y de este Manual.

El incumplimiento de esta cláusula por parte del proveedor/prestador de servicios dará derecho a WILUG para terminar en forma inmediata el respectivo contrato.colaborador, se usará un documento (o contrato), en que el colaborador declare expresamente su compromiso con el presente Manual y los demás documentos en los que se encuentra contenido el Modelo.

VIII. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO1. MARCO GENERALWILUG espera que en el desempeño de sus labores sus

empleados y colaboradores actúen en todo momento atento al principio de la buena fe, lo que exige entre otros aspectos, mantener constantemente una actitud colaborativa hacia la organización. Estos son consistentes con los principios de conducta y valores establecidos en nuestro Código de Ética. Como parte de una herramienta para el cumplimiento de lo señalado anteriormente, WILUG ha diseñado e implementado un canal de comunicación para que los empleados y sus colaboradores puedan manifestar o comunicar los reportes de irregularidades que ellos detecten en el desempeño de sus labores. Del mismo modo, la organización espera que sus empleados y colaboradores tomen medidas responsables para prevenir un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos, de modo de buscar orientación y plantear situaciones a tiempo con el fin de evitar que se conviertan en problemas. Para aquello, se debe considerar, y como principio general, que frente a dudas o sospechas respecto a una posible violación de leyes, de esta política u otras que posee la empresa, todo empleado o colaborador de WILUG podrá comunicar esta situación mediante el canal formal que posee la empresa para recibir este tipo de reportes a través de la intranet o de Internet.

2. CANALES DE DENUNCIA O REPORTE DE IRREGULARIDADESLos canales dispuestos por WILUG para comunicarle a ésta sus reportes de irregularidad, los que permiten el anonimato del denunciante son los siguientes:

• Dirección de Intranet:http://amsscliis602/SRI/

• Dirección de Internet:http://www.aminerals.cl/SRI/frmNuevoReporte.asp

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3. DENUNCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSASSin perjuicio de que los empleados y colaboradores de WILUG podrán plantear en forma preventiva y a través de los canales indicados aquellas situaciones que podrían, dependiendo de las circunstancias, importar una posible violación de leyes, de esta política u otras que posee la empresa, necesariamente deberán denunciarse las sospechas de violación en relación a la ley nacional o del país en que opere la empresa, o a políticas, normas y procedimientos que posea la empresa y que trate alguno de los siguientes asuntos:

• Un supuesto cohecho a un empleado público, nacional o extranjero, o a una supuesta vinculación a WILUG con el delito de Cohecho.

• Conocimiento o sospecha de vinculación respecto de un empleado de WILUG, y que tenga relación con actos terroristas o de financiamiento del terrorismo o de lavado de activos.

• Conocimiento o sospecha respecto de un proveedor o un prestador de servicios de WILUG, y que tenga relación con los delitos de cohecho, lavado de activos, o de financiamiento del terrorismo.

• Si existe alguna duda sobre si un asunto cae dentro de las consideraciones citadas anteriormente, éste deberá ser reportado a través de los canales establecidos por la empresa.

Aquellas denuncias que se encuentren relacionadas con los delitos estipulados en la Ley 20.393 y UK Bribery Act serán derivadas hacia el Encargado de Prevención de Delitos.

4. MANEJO DE DENUNCIAS O REPORTESEl EPD es el responsable del manejo adecuado y oportuno de las denuncias o reportes recibidos y que digan relación con los delitos estipulados en la Ley 20.393 y UK Bribery Act, y se asegurará que se tomen las medidas necesarias para tales denuncias o reportes.

Las denuncias realizadas sobre incumplimiento del MPD, deben contemplar los siguientes aspectos:

• El denunciante debe describir en la forma más detallada posible la situación en la cual fue conocida la transacción u operación que motivó la denuncia. Incluir los fundamentos sobre los cuales están basados los indicios de esta posible operación o situación inusual o sospechosa.

• En el caso de existir un beneficiario de la transacción, indicar sus datos personales.

• La comunicación debe contener la mayor cantidad posible de información del sospechoso o involucrados.

• El EPD mantendrá un archivo confidencial con toda la información recibida y a éste sólo podrán acceder aquellas personas que, por su posición, deban intervenir de alguna manera en la investigación de la denuncia y sólo respecto de la información indispensable para dicha intervención. 5. CONFIDENCIALIDAD DE LA DENUNCIAToda denuncia se mantendrá en estricta confidencialidad y, por lo mismo, ella sólo será conocida por el receptor de la misma y por el Encargado de Prevención y/o por las personas que, por decisión de éste, deban intervenir en el proceso de investigación.

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IX. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Todo empleado de WILUG, debe conocer el contenido del Modelo y deberá regirse por sus lineamientos en todo momento. El EPD controlará el cumplimiento de este Manual y, pondrá en práctica programas de verificación.

El incumplimiento de los términos de este Manual por parte de los empleados será causa de sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal y hasta la desvinculación. En el caso de los asesores, contratistas o proveedores el incumplimiento de los términos de este Manual será causa de término inmediato del contrato que se mantenga vigente.

Los empleados deberán informar sobre las infracciones observadas en el Modelo de Prevención a sus supervisores o al EPD, o a través del mecanismo anónimo de denuncia, establecido e informado en este Manual.

Los empleados de WILUG deberán ser conscientes de que podrían ser objeto de investigaciones internas, si es que existe algún indicio o se recibió alguna denuncia que diga relación con el incumplimiento de alguna ley o normativa interna de la empresa dentro de la Ley 20.393 y UK Bribery Act. Los empleados deberán prestar toda su colaboración en los procedimientos internos de investigación que se lleven a cabo dentro del marco del MPD. Las políticas y procedimientos indicados en este Manual, en el Código de Ética y en los demás documentos en los que se respalda el Modelo son de obligatorio cumplimiento y se incorporan a las funciones y responsabilidades asignadas a cada empleado. En consecuencia, su incumplimiento conlleva las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y

Seguridad, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. La misma obligación de colaboración les asistirá a los asesores, contratistas y proveedores de WILUG, de lo que se dejará constancia en los respectivos contratos o acuerdos que al respecto se suscriban.

X. CAPACITACIÓNWILUG será responsable de poner en conocimiento de todos sus trabajadores y colaboradores, sean o no relevantes, la existencia y contenido del modelo y del alcance de la Ley N° 20.393 y UK Bribery Act.

Además, y para que esta política sea integrada a las labores cotidianas de cada integrante de WILUG se efectuarán capacitaciones de forma periódica a los empleados relevantes a objeto de transmitir los conocimientos mínimos necesarios sobre la materia y la aplicación de sus procedimientos.

La capacitación deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

• Definición de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y legislación sobre estas materias.

• Políticas de la Empresa sobre el Modelo de Prevención.

• Breve exposición del contenido del Manual de Prevención.

• Herramientas y mecanismos utilizados para la ejecución del Modelo y el código de ética.

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• Señales de alertas.

• Ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de estos delitos.

• Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales o sospechosas.

• Reglamentación interna y normativa.

• Obligación de denunciar.

• Consecuencias disciplinarias, así como legales (civiles, penales, administrativas) del incumplimiento de la normativa interna y externa en materia de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

• Responsabilidad de cada empleado respecto de esta materia.

Todo empleado relevante de WILUG deberá recibir, por lo menos, una capacitación por año, la que podrá ser presencial o virtual.

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COMPROBANTE DE RECIBO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOSDeclaro haber recibido conforme un ejemplar del M A N UA L DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

Esta copia quedará en poder de la administración de la empresa LosPelambres como registro de entrega.

NOMBRE Y APELLIDO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RUT / CARGO / FECHA_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL TRABAJADOR: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bribery Act 2010CHAPTER 23

CONTENTS

General bribery offences1 Offences of bribing another person2 Offences relating to being bribed3 Function or activity to which bribe relates4 Improper performance to which bribe relates5 Expectation test

Bribery of foreign public officials6 Bribery of foreign public officials

Failure of commercial organisations to prevent bribery7 Failure of commercial organisations to prevent bribery8 Meaning of associated person9 Guidance about commercial organisations preventing bribery

Prosecution and penalties10 Consent to prosecution11 Penalties

Other provisions about offences12 Offences under this Act: territorial application13 Defence for certain bribery offences etc.14 Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc.15 Offences under section 7 by partnerships

Supplementary and final provisions16 Application to Crown

Bribery Act 2010 (c. 23)ii

17 Consequential provision18 Extent19 Commencement and transitional provision etc.20 Short title

Schedule 1 — Consequential amendmentsSchedule 2 — Repeals and revocations

ELIZABETH II c. 23

Bribery Act 20102010 CHAPTER 23

An Act to make provision about offences relating to bribery; and for connectedpurposes. [8th April 2010]

E IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice andconsent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present

Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

General bribery offences

1 Offences of bribing another person

(1) A person (“P”) is guilty of an offence if either of the following cases applies.

(2) Case 1 is where—(a) P offers, promises or gives a financial or other advantage to another

person, and(b) P intends the advantage—

(i) to induce a person to perform improperly a relevant function oractivity, or

(ii) to reward a person for the improper performance of such afunction or activity.

(3) Case 2 is where—(a) P offers, promises or gives a financial or other advantage to another

person, and(b) P knows or believes that the acceptance of the advantage would itself

constitute the improper performance of a relevant function or activity.

(4) In case 1 it does not matter whether the person to whom the advantage isoffered, promised or given is the same person as the person who is to perform,or has performed, the function or activity concerned.

B

Bribery Act 2010 (c. 23)2

(5) In cases 1 and 2 it does not matter whether the advantage is offered, promisedor given by P directly or through a third party.

2 Offences relating to being bribed

(1) A person (“R”) is guilty of an offence if any of the following cases applies.

(2) Case 3 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or otheradvantage intending that, in consequence, a relevant function or activityshould be performed improperly (whether by R or another person).

(3) Case 4 is where—(a) R requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage,

and(b) the request, agreement or acceptance itself constitutes the improper

performance by R of a relevant function or activity.

(4) Case 5 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or otheradvantage as a reward for the improper performance (whether by R or anotherperson) of a relevant function or activity.

(5) Case 6 is where, in anticipation of or in consequence of R requesting, agreeingto receive or accepting a financial or other advantage, a relevant function oractivity is performed improperly—

(a) by R, or(b) by another person at R’s request or with R’s assent or acquiescence.

(6) In cases 3 to 6 it does not matter—(a) whether R requests, agrees to receive or accepts (or is to request, agree

to receive or accept) the advantage directly or through a third party,(b) whether the advantage is (or is to be) for the benefit of R or another

person.

(7) In cases 4 to 6 it does not matter whether R knows or believes that theperformance of the function or activity is improper.

(8) In case 6, where a person other than R is performing the function or activity, italso does not matter whether that person knows or believes that theperformance of the function or activity is improper.

3 Function or activity to which bribe relates

(1) For the purposes of this Act a function or activity is a relevant function oractivity if—

(a) it falls within subsection (2), and(b) meets one or more of conditions A to C.

(2) The following functions and activities fall within this subsection—(a) any function of a public nature,(b) any activity connected with a business,(c) any activity performed in the course of a person’s employment,(d) any activity performed by or on behalf of a body of persons (whether

corporate or unincorporate).

(3) Condition A is that a person performing the function or activity is expected toperform it in good faith.

Bribery Act 2010 (c. 23) 3

(4) Condition B is that a person performing the function or activity is expected toperform it impartially.

(5) Condition C is that a person performing the function or activity is in a positionof trust by virtue of performing it.

(6) A function or activity is a relevant function or activity even if it—(a) has no connection with the United Kingdom, and(b) is performed in a country or territory outside the United Kingdom.

(7) In this section “business” includes trade or profession.

4 Improper performance to which bribe relates

(1) For the purposes of this Act a relevant function or activity—(a) is performed improperly if it is performed in breach of a relevant

expectation, and(b) is to be treated as being performed improperly if there is a failure to

perform the function or activity and that failure is itself a breach of arelevant expectation.

(2) In subsection (1) “relevant expectation”—(a) in relation to a function or activity which meets condition A or B, means

the expectation mentioned in the condition concerned, and(b) in relation to a function or activity which meets condition C, means any

expectation as to the manner in which, or the reasons for which, thefunction or activity will be performed that arises from the position oftrust mentioned in that condition.

(3) Anything that a person does (or omits to do) arising from or in connection withthat person’s past performance of a relevant function or activity is to be treatedfor the purposes of this Act as being done (or omitted) by that person in theperformance of that function or activity.

5 Expectation test

(1) For the purposes of sections 3 and 4, the test of what is expected is a test of whata reasonable person in the United Kingdom would expect in relation to theperformance of the type of function or activity concerned.

(2) In deciding what such a person would expect in relation to the performance ofa function or activity where the performance is not subject to the law of anypart of the United Kingdom, any local custom or practice is to be disregardedunless it is permitted or required by the written law applicable to the countryor territory concerned.

(3) In subsection (2) “written law” means law contained in—(a) any written constitution, or provision made by or under legislation,

applicable to the country or territory concerned, or(b) any judicial decision which is so applicable and is evidenced in

published written sources.


Bribery of foreign public officials

6 Bribery of foreign public officials

(1) A person (“P”) who bribes a foreign public official (“F”) is guilty of an offenceif P’s intention is to influence F in F’s capacity as a foreign public official.

(2) P must also intend to obtain or retain—(a) business, or(b) an advantage in the conduct of business.

(3) P bribes F if, and only if—(a) directly or through a third party, P offers, promises or gives any

financial or other advantage—(i) to F, or

(ii) to another person at F’s request or with F’s assent oracquiescence, and

(b) F is neither permitted nor required by the written law applicable to F tobe influenced in F’s capacity as a foreign public official by the offer,promise or gift.

(4) References in this section to influencing F in F’s capacity as a foreign publicofficial mean influencing F in the performance of F’s functions as such anofficial, which includes—

(a) any omission to exercise those functions, and(b) any use of F’s position as such an official, even if not within F’s

authority.

(5) “Foreign public official” means an individual who—(a) holds a legislative, administrative or judicial position of any kind,

whether appointed or elected, of a country or territory outside theUnited Kingdom (or any subdivision of such a country or territory),

(b) exercises a public function—(i) for or on behalf of a country or territory outside the United

Kingdom (or any subdivision of such a country or territory), or(ii) for any public agency or public enterprise of that country or

territory (or subdivision), or(c) is an official or agent of a public international organisation.

(6) “Public international organisation” means an organisation whose members areany of the following—

(a) countries or territories,(b) governments of countries or territories,(c) other public international organisations,(d) a mixture of any of the above.

(7) For the purposes of subsection (3)(b), the written law applicable to F is—(a) where the performance of the functions of F which P intends to

influence would be subject to the law of any part of the UnitedKingdom, the law of that part of the United Kingdom,

(b) where paragraph (a) does not apply and F is an official or agent of apublic international organisation, the applicable written rules of thatorganisation,


(c) where paragraphs (a) and (b) do not apply, the law of the country orterritory in relation to which F is a foreign public official so far as thatlaw is contained in—

(i) any written constitution, or provision made by or underlegislation, applicable to the country or territory concerned, or

(ii) any judicial decision which is so applicable and is evidenced inpublished written sources.

(8) For the purposes of this section, a trade or profession is a business.

Failure of commercial organisations to prevent bribery

7 Failure of commercial organisations to prevent bribery

(1) A relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under thissection if a person (“A”) associated with C bribes another person intending—

(a) to obtain or retain business for C, or(b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C.

(2) But it is a defence for C to prove that C had in place adequate proceduresdesigned to prevent persons associated with C from undertaking suchconduct.

(3) For the purposes of this section, A bribes another person if, and only if, A—(a) is, or would be, guilty of an offence under section 1 or 6 (whether or not

A has been prosecuted for such an offence), or(b) would be guilty of such an offence if section 12(2)(c) and (4) were

omitted.

(4) See section 8 for the meaning of a person associated with C and see section 9for a duty on the Secretary of State to publish guidance.

(5) In this section—“partnership” means—

(a) a partnership within the Partnership Act 1890, or(b) a limited partnership registered under the Limited Partnerships

Act 1907,or a firm or entity of a similar character formed under the law of acountry or territory outside the United Kingdom,

“relevant commercial organisation” means—(a) a body which is incorporated under the law of any part of the

United Kingdom and which carries on a business (whetherthere or elsewhere),

(b) any other body corporate (wherever incorporated) whichcarries on a business, or part of a business, in any part of theUnited Kingdom,

(c) a partnership which is formed under the law of any part of theUnited Kingdom and which carries on a business (whetherthere or elsewhere), or

(d) any other partnership (wherever formed) which carries on abusiness, or part of a business, in any part of the UnitedKingdom,

and, for the purposes of this section, a trade or profession is a business.


8 Meaning of associated person

(1) For the purposes of section 7, a person (“A”) is associated with C if(disregarding any bribe under consideration) A is a person who performsservices for or on behalf of C.

(2) The capacity in which A performs services for or on behalf of C does notmatter.

(3) Accordingly A may (for example) be C’s employee, agent or subsidiary.

(4) Whether or not A is a person who performs services for or on behalf of C is tobe determined by reference to all the relevant circumstances and not merely byreference to the nature of the relationship between A and C.

(5) But if A is an employee of C, it is to be presumed unless the contrary is shownthat A is a person who performs services for or on behalf of C.

9 Guidance about commercial organisations preventing bribery

(1) The Secretary of State must publish guidance about procedures that relevantcommercial organisations can put in place to prevent persons associated withthem from bribing as mentioned in section 7(1).

(2) The Secretary of State may, from time to time, publish revisions to guidanceunder this section or revised guidance.

(3) The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before publishinganything under this section.

(4) Publication under this section is to be in such manner as the Secretary of Stateconsiders appropriate.

(5) Expressions used in this section have the same meaning as in section 7.

Prosecution and penalties

10 Consent to prosecution

(1) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England andWales except by or with the consent of—

(a) the Director of Public Prosecutions,(b) the Director of the Serious Fraud Office, or(c) the Director of Revenue and Customs Prosecutions.

(2) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in NorthernIreland except by or with the consent of—

(a) the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, or(b) the Director of the Serious Fraud Office.

(3) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England andWales or Northern Ireland by a person—

(a) who is acting—(i) under the direction or instruction of the Director of Public

Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office or theDirector of Revenue and Customs Prosecutions, or

(ii) on behalf of such a Director, or


(b) to whom such a function has been assigned by such a Director,except with the consent of the Director concerned to the institution of theproceedings.

(4) The Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Officeand the Director of Revenue and Customs Prosecutions must exercisepersonally any function under subsection (1), (2) or (3) of giving consent.

(5) The only exception is if—(a) the Director concerned is unavailable, and(b) there is another person who is designated in writing by the Director

acting personally as the person who is authorised to exercise any suchfunction when the Director is unavailable.

(6) In that case, the other person may exercise the function but must do sopersonally.

(7) Subsections (4) to (6) apply instead of any other provisions which wouldotherwise have enabled any function of the Director of Public Prosecutions, theDirector of the Serious Fraud Office or the Director of Revenue and CustomsProsecutions under subsection (1), (2) or (3) of giving consent to be exercisedby a person other than the Director concerned.

(8) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in NorthernIreland by virtue of section 36 of the Justice (Northern Ireland) Act 2002(delegation of the functions of the Director of Public Prosecutions for NorthernIreland to persons other than the Deputy Director) except with the consent ofthe Director of Public Prosecutions for Northern Ireland to the institution of theproceedings.

(9) The Director of Public Prosecutions for Northern Ireland must exercisepersonally any function under subsection (2) or (8) of giving consent unless thefunction is exercised personally by the Deputy Director of Public Prosecutionsfor Northern Ireland by virtue of section 30(4) or (7) of the Act of 2002 (powersof Deputy Director to exercise functions of Director).

(10) Subsection (9) applies instead of section 36 of the Act of 2002 in relation to thefunctions of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland and theDeputy Director of Public Prosecutions for Northern Ireland under, or (as thecase may be) by virtue of, subsections (2) and (8) above of giving consent.

11 Penalties

(1) An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable—(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12

months, or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both,(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding

10 years, or to a fine, or to both.

(2) Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable—(a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory

maximum,(b) on conviction on indictment, to a fine.

(3) A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction onindictment to a fine.


(4) The reference in subsection (1)(a) to 12 months is to be read—(a) in its application to England and Wales in relation to an offence

committed before the commencement of section 154(1) of the CriminalJustice Act 2003, and

(b) in its application to Northern Ireland,as a reference to 6 months.

Other provisions about offences

12 Offences under this Act: territorial application

(1) An offence is committed under section 1, 2 or 6 in England and Wales, Scotlandor Northern Ireland if any act or omission which forms part of the offence takesplace in that part of the United Kingdom.

(2) Subsection (3) applies if—(a) no act or omission which forms part of an offence under section 1, 2 or

6 takes place in the United Kingdom,(b) a person’s acts or omissions done or made outside the United Kingdom

would form part of such an offence if done or made in the UnitedKingdom, and

(c) that person has a close connection with the United Kingdom.

(3) In such a case—(a) the acts or omissions form part of the offence referred to in subsection

(2)(a), and(b) proceedings for the offence may be taken at any place in the United

Kingdom.

(4) For the purposes of subsection (2)(c) a person has a close connection with theUnited Kingdom if, and only if, the person was one of the following at the timethe acts or omissions concerned were done or made—

(a) a British citizen,(b) a British overseas territories citizen,(c) a British National (Overseas),(d) a British Overseas citizen,(e) a person who under the British Nationality Act 1981 was a British

subject,(f) a British protected person within the meaning of that Act,(g) an individual ordinarily resident in the United Kingdom,(h) a body incorporated under the law of any part of the United Kingdom,(i) a Scottish partnership.

(5) An offence is committed under section 7 irrespective of whether the acts oromissions which form part of the offence take place in the United Kingdom orelsewhere.

(6) Where no act or omission which forms part of an offence under section 7 takesplace in the United Kingdom, proceedings for the offence may be taken at anyplace in the United Kingdom.

(7) Subsection (8) applies if, by virtue of this section, proceedings for an offence areto be taken in Scotland against a person.


(8) Such proceedings may be taken—(a) in any sheriff court district in which the person is apprehended or in

custody, or(b) in such sheriff court district as the Lord Advocate may determine.

(9) In subsection (8) “sheriff court district” is to be read in accordance with section307(1) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995.

13 Defence for certain bribery offences etc.

(1) It is a defence for a person charged with a relevant bribery offence to prove thatthe person’s conduct was necessary for—

(a) the proper exercise of any function of an intelligence service, or(b) the proper exercise of any function of the armed forces when engaged

on active service.

(2) The head of each intelligence service must ensure that the service has in placearrangements designed to ensure that any conduct of a member of the servicewhich would otherwise be a relevant bribery offence is necessary for a purposefalling within subsection (1)(a).

(3) The Defence Council must ensure that the armed forces have in placearrangements designed to ensure that any conduct of—

(a) a member of the armed forces who is engaged on active service, or(b) a civilian subject to service discipline when working in support of any

person falling within paragraph (a),which would otherwise be a relevant bribery offence is necessary for a purposefalling within subsection (1)(b).

(4) The arrangements which are in place by virtue of subsection (2) or (3) must bearrangements which the Secretary of State considers to be satisfactory.

(5) For the purposes of this section, the circumstances in which a person’s conductis necessary for a purpose falling within subsection (1)(a) or (b) are to be treatedas including any circumstances in which the person’s conduct—

(a) would otherwise be an offence under section 2, and(b) involves conduct by another person which, but for subsection (1)(a) or

(b), would be an offence under section 1.

(6) In this section—“active service” means service in—

(a) an action or operation against an enemy,(b) an operation outside the British Islands for the protection of life

or property, or(c) the military occupation of a foreign country or territory,

“armed forces” means Her Majesty’s forces (within the meaning of theArmed Forces Act 2006),

“civilian subject to service discipline” and “enemy” have the samemeaning as in the Act of 2006,

“GCHQ” has the meaning given by section 3(3) of the Intelligence ServicesAct 1994,

“head” means—(a) in relation to the Security Service, the Director General of the

Security Service,


(b) in relation to the Secret Intelligence Service, the Chief of theSecret Intelligence Service, and

(c) in relation to GCHQ, the Director of GCHQ,“intelligence service” means the Security Service, the Secret Intelligence

Service or GCHQ,“relevant bribery offence” means—

(a) an offence under section 1 which would not also be an offenceunder section 6,

(b) an offence under section 2,(c) an offence committed by aiding, abetting, counselling or

procuring the commission of an offence falling withinparagraph (a) or (b),

(d) an offence of attempting or conspiring to commit, or of incitingthe commission of, an offence falling within paragraph (a) or(b), or

(e) an offence under Part 2 of the Serious Crime Act 2007(encouraging or assisting crime) in relation to an offence fallingwithin paragraph (a) or (b).

14 Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc.

(1) This section applies if an offence under section 1, 2 or 6 is committed by a bodycorporate or a Scottish partnership.

(2) If the offence is proved to have been committed with the consent or connivanceof—

(a) a senior officer of the body corporate or Scottish partnership, or(b) a person purporting to act in such a capacity,

the senior officer or person (as well as the body corporate or partnership) isguilty of the offence and liable to be proceeded against and punishedaccordingly.

(3) But subsection (2) does not apply, in the case of an offence which is committedunder section 1, 2 or 6 by virtue of section 12(2) to (4), to a senior officer orperson purporting to act in such a capacity unless the senior officer or personhas a close connection with the United Kingdom (within the meaning given bysection 12(4)).

(4) In this section—“director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by

its members, means a member of the body corporate,“senior officer” means—

(a) in relation to a body corporate, a director, manager, secretary orother similar officer of the body corporate, and

(b) in relation to a Scottish partnership, a partner in thepartnership.

15 Offences under section 7 by partnerships

(1) Proceedings for an offence under section 7 alleged to have been committed bya partnership must be brought in the name of the partnership (and not in thatof any of the partners).

(2) For the purposes of such proceedings—


(a) rules of court relating to the service of documents have effect as if thepartnership were a body corporate, and

(b) the following provisions apply as they apply in relation to a bodycorporate—

(i) section 33 of the Criminal Justice Act 1925 and Schedule 3 to theMagistrates’ Courts Act 1980,

(ii) section 18 of the Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945 (c.15 (N.I.)) and Schedule 4 to the Magistrates’ Courts (NorthernIreland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I.26)),

(iii) section 70 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995.

(3) A fine imposed on the partnership on its conviction for an offence undersection 7 is to be paid out of the partnership assets.

(4) In this section “partnership” has the same meaning as in section 7.

Supplementary and final provisions

16 Application to Crown

This Act applies to individuals in the public service of the Crown as it appliesto other individuals.

17 Consequential provision

(1) The following common law offences are abolished—(a) the offences under the law of England and Wales and Northern Ireland

of bribery and embracery,(b) the offences under the law of Scotland of bribery and accepting a bribe.

(2) Schedule 1 (which contains consequential amendments) has effect.

(3) Schedule 2 (which contains repeals and revocations) has effect.

(4) The relevant national authority may by order make such supplementary,incidental or consequential provision as the relevant national authorityconsiders appropriate for the purposes of this Act or in consequence of this Act.

(5) The power to make an order under this section—(a) is exercisable by statutory instrument,(b) includes power to make transitional, transitory or saving provision,(c) may, in particular, be exercised by amending, repealing, revoking or

otherwise modifying any provision made by or under an enactment(including any Act passed in the same Session as this Act).

(6) Subject to subsection (7), a statutory instrument containing an order of theSecretary of State under this section may not be made unless a draft of theinstrument has been laid before, and approved by a resolution of, each Houseof Parliament.

(7) A statutory instrument containing an order of the Secretary of State under thissection which does not amend or repeal a provision of a public general Act orof devolved legislation is subject to annulment in pursuance of a resolution ofeither House of Parliament.


(8) Subject to subsection (9), a statutory instrument containing an order of theScottish Ministers under this section may not be made unless a draft of theinstrument has been laid before, and approved by a resolution of, the ScottishParliament.

(9) A statutory instrument containing an order of the Scottish Ministers under thissection which does not amend or repeal a provision of an Act of the ScottishParliament or of a public general Act is subject to annulment in pursuance of aresolution of the Scottish Parliament.

(10) In this section—“devolved legislation” means an Act of the Scottish Parliament, a Measure

of the National Assembly for Wales or an Act of the Northern IrelandAssembly,

“enactment” includes an Act of the Scottish Parliament and NorthernIreland legislation,

“relevant national authority” means—(a) in the case of provision which would be within the legislative

competence of the Scottish Parliament if it were contained in anAct of that Parliament, the Scottish Ministers, and

(b) in any other case, the Secretary of State.

18 Extent

(1) Subject as follows, this Act extends to England and Wales, Scotland andNorthern Ireland.

(2) Subject to subsections (3) to (5), any amendment, repeal or revocation made bySchedule 1 or 2 has the same extent as the provision amended, repealed orrevoked.

(3) The amendment of, and repeals in, the Armed Forces Act 2006 do not extendto the Channel Islands.

(4) The amendments of the International Criminal Court Act 2001 extend toEngland and Wales and Northern Ireland only.

(5) Subsection (2) does not apply to the repeal in the Civil Aviation Act 1982.

19 Commencement and transitional provision etc.

(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on such day as the Secretaryof State may by order made by statutory instrument appoint.

(2) Sections 16, 17(4) to (10) and 18, this section (other than subsections (5) to (7))and section 20 come into force on the day on which this Act is passed.

(3) An order under subsection (1) may—(a) appoint different days for different purposes,(b) make such transitional, transitory or saving provision as the Secretary

of State considers appropriate in connection with the coming into forceof any provision of this Act.

(4) The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before making anorder under this section in connection with any provision of this Act whichwould be within the legislative competence of the Scottish Parliament if it werecontained in an Act of that Parliament.


(5) This Act does not affect any liability, investigation, legal proceeding or penaltyfor or in respect of—

(a) a common law offence mentioned in subsection (1) of section 17 whichis committed wholly or partly before the coming into force of thatsubsection in relation to such an offence, or

(b) an offence under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 or thePrevention of Corruption Act 1906 committed wholly or partly beforethe coming into force of the repeal of the Act by Schedule 2 to this Act.

(6) For the purposes of subsection (5) an offence is partly committed before aparticular time if any act or omission which forms part of the offence takesplace before that time.

(7) Subsections (5) and (6) are without prejudice to section 16 of the InterpretationAct 1978 (general savings on repeal).

20 Short title

This Act may be cited as the Bribery Act 2010.

Bribery Act 2010 (c. 23)Schedule 1 — Consequential amendments

14

S C H E D U L E S

SCHEDULE 1 Section 17(2)

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Ministry of Defence Police Act 1987 (c. 4)

1 In section 2(3)(ba) of the Ministry of Defence Police Act 1987 (jurisdiction ofmembers of Ministry of Defence Police Force) for “Prevention of CorruptionActs 1889 to 1916” substitute “Bribery Act 2010”.

Criminal Justice Act 1987 (c. 38)

2 In section 2A of the Criminal Justice Act 1987 (Director of SFO’s pre-investigation powers in relation to bribery and corruption: foreign officersetc.) for subsections (5) and (6) substitute—

“(5) This section applies to any conduct—(a) which, as a result of section 3(6) of the Bribery Act 2010,

constitutes an offence under section 1 or 2 of that Act underthe law of England and Wales or Northern Ireland, or

(b) which constitutes an offence under section 6 of that Act underthe law of England and Wales or Northern Ireland.”

International Criminal Court Act 2001 (c. 17)

3 The International Criminal Court Act 2001 is amended as follows.

4 In section 54(3) (offences in relation to the ICC: England and Wales)—(a) in paragraph (b) for “or” substitute “, an offence under the Bribery

Act 2010 or (as the case may be) an offence”, and(b) in paragraph (c) after “common law” insert “or (as the case may be)

under the Bribery Act 2010”.

5 In section 61(3)(b) (offences in relation to the ICC: Northern Ireland) after“common law” insert “or (as the case may be) under the Bribery Act 2010”.

International Criminal Court (Scotland) Act 2001 (asp 13)

6 In section 4(2) of the International Criminal Court (Scotland) Act 2001(offences in relation to the ICC)—

(a) in paragraph (b) after “common law” insert “or (as the case may be)under the Bribery Act 2010”, and

(b) in paragraph (c) for “section 1 of the Prevention of Corruption Act1906 (c.34) or at common law” substitute “the Bribery Act 2010”.


15

Serious Organised Crime and Police Act 2005 (c. 15)

7 The Serious Organised Crime and Police Act 2005 is amended as follows.

8 In section 61(1) (offences in respect of which investigatory powers apply) forparagraph (h) substitute—

“(h) any offence under the Bribery Act 2010.”

9 In section 76(3) (financial reporting orders: making) for paragraphs (d) to (f)substitute—

“(da) an offence under any of the following provisions of theBribery Act 2010—

section 1 (offences of bribing another person),section 2 (offences relating to being bribed),section 6 (bribery of foreign public officials),”.

10 In section 77(3) (financial reporting orders: making in Scotland) afterparagraph (b) insert—

“(c) an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010.”

Armed Forces Act 2006 (c. 52)

11 In Schedule 2 to the Armed Forces Act 2006 (which lists serious offences thepossible commission of which, if suspected, must be referred to a servicepolice force), in paragraph 12, at the end insert—

“(aw) an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act2010.”

Serious Crime Act 2007 (c. 27)

12 The Serious Crime Act 2007 is amended as follows.

13 (1) Section 53 of that Act (certain extra-territorial offences to be prosecuted onlyby, or with the consent of, the Attorney General or the Advocate General forNorthern Ireland) is amended as follows.

(2) The existing words in that section become the first subsection of the section.

(3) After that subsection insert—

“(2) Subsection (1) does not apply to an offence under this Part to whichsection 10 of the Bribery Act 2010 applies by virtue of section 54(1)and (2) below (encouraging or assisting bribery).”

14 (1) Schedule 1 to that Act (list of serious offences) is amended as follows.

(2) For paragraph 9 and the heading before it (corruption and bribery: Englandand Wales) substitute—

“Bribery

9 An offence under any of the following provisions of the BriberyAct 2010—

(a) section 1 (offences of bribing another person);(b) section 2 (offences relating to being bribed);(c) section 6 (bribery of foreign public officials).”


16

(3) For paragraph 25 and the heading before it (corruption and bribery:Northern Ireland) substitute—

“Bribery

25 An offence under any of the following provisions of the BriberyAct 2010—

(a) section 1 (offences of bribing another person);(b) section 2 (offences relating to being bribed);(c) section 6 (bribery of foreign public officials).”

SCHEDULE 2 Section 17(3)

REPEALS AND REVOCATIONS

Short title and chapter Extent of repeal or revocation

Public Bodies Corrupt PracticesAct 1889 (c. 69)

The whole Act.

Prevention of Corruption Act1906 (c. 34)

The whole Act.

Prevention of Corruption Act1916 (c. 64)

The whole Act.

Criminal Justice Act (NorthernIreland) 1945 (c. 15 (N.I.))

Section 22.

Electoral Law Act (NorthernIreland) 1962 (c. 14 (N.I.))

Section 112(3).

Increase of Fines Act (NorthernIreland) 1967 (c. 29 (N.I.))

Section 1(8)(a) and (b).

Criminal Justice (MiscellaneousProvisions) Act (NorthernIreland) 1968 (c. 28 (N.I.))

In Schedule 2, the entry in the table relating tothe Prevention of Corruption Act 1906.

Local Government Act(Northern Ireland) 1972 (c. 9(N.I.))

In Schedule 8, paragraphs 1 and 3.

Civil Aviation Act 1982 (c. 16) Section 19(1).Representation of the People

Act 1983 (c. 2)In section 165(1), paragraph (b) and the word

“or” immediately before it.Housing Associations Act 1985

(c. 69)In Schedule 6, paragraph 1(2).

Criminal Justice Act 1988 (c. 33) Section 47.Criminal Justice (Evidence etc.)

(Northern Ireland) Order1988 (S.I. 1988/1847 (N.I.17))

Article 14.

Enterprise and New Towns(Scotland) Act 1990 (c. 35)

In Schedule 1, paragraph 2.

Scotland Act 1998 (c. 46) Section 43.

Bribery Act 2010 (c. 23)Schedule 2 — Repeals and revocations

17

Anti-terrorism, Crime andSecurity Act 2001 (c. 24)

Sections 108 to 110.

Criminal Justice (Scotland) Act2003 (asp 7)

Sections 68 and 69.

Government of Wales Act 2006(c. 32)

Section 44.

Armed Forces Act 2006 (c. 52) In Schedule 2, paragraph 12(l) and (m).Local Government and Public

Involvement in Health Act2007 (c. 28)

Section 217(1)(a).Section 244(4).In Schedule 14, paragraph 1.

Housing and Regeneration Act2008 (c. 17)

In Schedule 1, paragraph 16.

Short title and chapter Extent of repeal or revocation

? Crown copyright 2010

Printed in the UK by The Stationery OYce Limited under the authority and superintendence of Carol Tullo, Controller

of Her Majesty’s Stationery OYce and Queen’s Printer of Acts of Parliament

4/2010 445945 19585

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Tipo Norma :Ley 20393 Fecha Publicación :02-12-2009 Fecha Promulgación :25-11-2009 Organismo :MINISTERIO DE HACIENDA; SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Título :ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA Tipo Version :Unica De : 02-12-2009 Inicio Vigencia :02-12-2009 URL :http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1008668&idVersion=20 09-12-02&idParte

LEY NÚM. 20.393

ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DEACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Ley:

Artículo Primero.- Apruébase la siguiente ley sobre responsabilidad penal de laspersonas jurídicas:

"Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penalde las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la leyNº19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 250 y 251 bis delCódigo Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicharesponsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución deéstas.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposicionescontenidas en el Libro I del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyesespeciales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundodel artículo 58 del Código Procesal Penal.

Artículo 2°.- Alcances. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a laspersonas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado.

TÍTULO I

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

1.- De la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Artículo 3°.- Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas seránresponsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa einmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores,responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de

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administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia delincumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión.

Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables laspersonas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo ladirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el incisoanterior.

Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando,con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado eimplementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenirdelitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personasnaturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamenteen ventaja propia o a favor de un tercero.

Artículo 4°.- Modelo de prevención de los delitos. Para los efectos previstos enel inciso tercero del artículo anterior, las personas jurídicas podrán adoptar elmodelo de prevención a que allí se hace referencia, el que deberá contener a lo menoslos siguientes elementos:

1) Designación de un encargado de prevención.

a) La máxima autoridad administrativa de la persona jurídica, sea ésta sudirectorio, un socio administrador, un gerente, un ejecutivo principal, un administrador,un liquidador, sus representantes, sus dueños o socios, según corresponda a la forma deadministración de la respectiva entidad, en adelante la "Administración de la PersonaJurídica", deberá designar un encargado de prevención, quien durará en su cargo hastatres años, el que podrá prorrogarse por períodos de igual duración.

b) El encargado de prevención deberá contar con autonomía respecto de laAdministración de la Persona Jurídica, de sus dueños, de sus socios, de sus accionistaso de sus controladores. No obstante, podrá ejercer labores de contraloría o auditoríainterna.

En el caso de las personas jurídicas cuyos ingresos anuales no excedan de cien milunidades de fomento, el dueño, el socio o el accionista controlador podrán asumirpersonalmente las tareas del encargado de prevención.

2) Definición de medios y facultades del encargado de prevención.

La Administración de la Persona Jurídica deberá proveer al encargado deprevención los medios y facultades suficientes para el desempeño de sus funciones, entrelos que se considerarán a lo menos:

a) Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente suslabores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.

b) Acceso directo a la Administración de la Persona Jurídica para informarlaoportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en elcumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión y reportar a lo menossemestralmente.

3) Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos.

El encargado de prevención, en conjunto con la Administración de la PersonaJurídica, deberá establecer un sistema de prevención de los delitos para la personajurídica, que deberá contemplar a lo menos lo siguiente:

a) La identificación de las actividades o procesos de la entidad, sean habituales oesporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de losdelitos señalados en el artículo 1°.

b) El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos quepermitan a las personas que intervengan en las actividades o procesos indicados en elliteral anterior, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga lacomisión de los mencionados delitos. c) La identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los

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recursos financieros que permitan a la entidad prevenir su utilización en los delitosseñalados.

d) La existencia de sanciones administrativas internas, así como de procedimientosde denuncia o persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de las personas queincumplan el sistema de prevención de delitos.

Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en losreglamentos que la persona jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos lostrabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en losrespectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores,empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos los máximosejecutivos de la misma.

4) Supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos.

a) El encargado de prevención, en conjunto con la Administración de la PersonaJurídica, deberá establecer métodos para la aplicación efectiva del modelo deprevención de los delitos y su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas, asícomo actualizarlo de acuerdo al cambio de circunstancias de la respectiva entidad.

b) Las personas jurídicas podrán obtener la certificación de la adopción eimplementación de su modelo de prevención de delitos. En el certificado constará quedicho modelo contempla todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3)anteriores, en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidadde la persona jurídica.

Los certificados podrán ser expedidos por empresas de auditoría externa, sociedadesclasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valoresy Seguros que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estosefectos, establezca el mencionado organismo fiscalizador.

c) Se entenderá que las personas naturales que participan en las actividades decertificación realizadas por las entidades señaladas en la letra anterior cumplen unafunción pública en los términos del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 5°.- Responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Laresponsabilidad de la persona jurídica será autónoma de la responsabilidad penal de laspersonas naturales y subsistirá cuando, concurriendo los demás requisitos previstos enel artículo 3°, se presente alguna de las siguientes situaciones:

1) La responsabilidad penal individual se hubiere extinguido conforme a lo dispuestoen los numerales 1° y 6° del artículo 93 del Código Penal.

2) En el proceso penal seguido en contra de las personas naturales indicadas en losincisos primero y segundo del artículo 3° se decretare el sobreseimiento temporal de elo los imputados, conforme a las causales de las letras b) y c) del artículo 252 delCódigo Procesal Penal.

También podrá perseguirse dicha responsabilidad cuando, habiéndose acreditado laexistencia de alguno de los delitos del artículo 1° y concurriendo los demás requisitosprevistos en el artículo 3°, no haya sido posible establecer la participación de el olos responsables individuales, siempre y cuando en el proceso respectivo se demostrarefehacientemente que el delito debió necesariamente ser cometido dentro del ámbito defunciones y atribuciones propias de las personas señaladas en el inciso primero delmencionado artículo 3°.

2.- De las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal de la personajurídica

Artículo 6°.- Circunstancias atenuantes. Serán circunstancias atenuantes de laresponsabilidad penal de la persona jurídica, las siguientes:

1) La prevista en el número 7° del artículo 11 del Código Penal.

2) La prevista en el número 9° del artículo 11 del Código Penal. Se entenderá

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especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquierestado de la investigación o del procedimiento judicial, sus representantes legales hayanpuesto, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hechopunible en conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer loshechos investigados.

3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes del comienzo del juicio, demedidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de lainvestigación.

3.- De las circunstancias que agravan la responsabilidad penal

Artículo 7°.- Circunstancia agravante. Es circunstancia agravante de laresponsabilidad penal de la persona jurídica, el haber sido condenada, dentro de loscinco años anteriores, por el mismo delito.

TÍTULO II

Consecuencias de la Declaración de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

1.- De las penas en general

Artículo 8°.- Penas. Serán aplicables a las personas jurídicas una o más de lassiguientes penas:

1) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica.

Esta pena no se aplicará a las empresas del Estado ni a las personas jurídicas dederecho privado que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudierecausar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, comoresultado de la aplicación de dicha pena.

2) Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismosdel Estado.

3) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta derecepción de los mismos por un período determinado.

4) Multa a beneficio fiscal.

5) Las penas accesorias previstas en el artículo 13.

Artículo 9°.- Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidadjurídica. La disolución o cancelación producirá la pérdida definitiva de lapersonalidad jurídica.

La sentencia que declare la disolución o cancelación designará, de acuerdo a sutipo y naturaleza jurídica y a falta de disposición legal expresa que la regule, al o alos liquidadores encargados de la liquidación de la persona jurídica. Asimismo, y eniguales condiciones, les encomendará la realización de los actos o contratos necesariospara:

1) Concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que fuerenindispensables para el éxito de la liquidación;

2) Pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la comisióndel delito. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho,haciéndolas inmediatamente exigibles, y su pago deberá realizarse respetando plenamentelas preferencias y la prelación de créditos establecidas en el Título XLI del Libro IVdel Código Civil, particularmente los derechos de los trabajadores de la personajurídica, y 3) Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o

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propietarios, a prorrata de sus respectivas participaciones. Lo anterior se entenderá sinperjuicio del derecho de los afectados para perseguir el resarcimiento de los perjuiciossufridos contra los responsables del delito. En el caso de las sociedades anónimas seaplicará lo establecido en el artículo 133 bis de la ley Nº18.046.

Sin embargo, cuando así lo aconseje el interés social, el juez, medianteresolución fundada, podrá ordenar la enajenación de todo o parte del activo de lapersona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y almejor postor. Ésta deberá efectuarse ante el propio juez.

Esta pena se podrá imponer únicamente en los casos de crímenes en que concurra lacircunstancia agravante establecida en el artículo 7°. Asimismo, se podrá aplicarcuando se condene por crímenes cometidos en carácter de reiterados, de conformidad a loestablecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal.

Artículo 10.- Prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.Esta prohibición consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor debienes y servicios de los organismos del Estado.

Para determinar esta pena, el tribunal se ceñirá a la siguiente escala:

1) Prohibición perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado.

2) Prohibición temporal de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado.Su duración se graduará del siguiente modo:

a) En su grado mínimo: de dos a tres años.

b) En su grado medio: de tres años y un día a cuatro años.

c) En su grado máximo: de cuatro años y un día a cinco años.

La prohibición regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentreejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras yContratación Pública. Dicha Dirección mantendrá un registro actualizado de laspersonas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena.

Artículo 11.- De la pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibiciónabsoluta de recepción de los mismos por un período determinado. Se entenderá, paraefectos de esta ley, por beneficios fiscales aquellos que otorga el Estado o susorganismos por concepto de subvenciones sin prestación recíproca de bienes o serviciosy, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programasespeciales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que talesrecursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes osubsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas enestatutos especiales y otras de similar naturaleza.

Esta pena se graduará del siguiente modo:

1) En su grado mínimo: pérdida del veinte al cuarenta por ciento del beneficiofiscal.

2) En su grado medio: pérdida del cuarenta y uno al setenta por ciento del beneficiofiscal.

3) En su grado máximo: pérdida del setenta y uno al cien por ciento del beneficiofiscal.

En caso que la persona jurídica no sea acreedora de tales beneficios fiscales, sepodrá aplicar como sanción la prohibición absoluta de percibirlos por un período deentre dos y cinco años, el que se contará desde que la sentencia que declare suresponsabilidad se encuentre ejecutoriada. El tribunal deberá comunicar que ha impuestoesta sanción a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a laSubsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con elfin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado yMunicipalidades que, respectivamente, la ley Nº 19.862 les encomienda administrar. Artículo 12.- Multa a beneficio fiscal. Esta pena se graduará del siguiente modo:

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1) En su grado mínimo: desde doscientas a dos mil unidades tributarias mensuales.

2) En su grado medio: desde dos mil una a diez mil unidades tributarias mensuales.

3) En su grado máximo: desde diez mil una a veinte mil unidades tributariasmensuales.

El tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades,dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses, cuando la cuantía de ella puedaponer en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica sancionada, o cuando asílo aconseje el interés social.

El tribunal, una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, comunicará laaplicación de la multa a la Tesorería General de la República, quien se hará cargo desu cobro y pago.

Artículo 13.- Penas accesorias. Se aplicarán, accesoriamente a las penas señaladasen los artículos anteriores, las siguientes:

1) Publicación de un extracto de la sentencia. El tribunal ordenará la publicaciónde un extracto de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria en el Diario Oficial uotro diario de circulación nacional.

La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación.

2) Comiso. El producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos einstrumentos del mismo serán decomisados.

3) En los casos que el delito cometido suponga la inversión de recursos de lapersona jurídica superiores a los ingresos que ella genera, se impondrá como penaaccesoria el entero en arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversiónrealizada.

2.- De la determinación de las penas

Artículo 14.- Escala general. La pena que se imponga a la persona jurídica sedeterminará en relación a la prevista para el delito correspondiente señalado en elartículo 1°, de conformidad a la siguiente escala:

Escala General de Penas para Personas Jurídicas

1.- Penas de crímenes.

a) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica.

b) Prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado en su gradomáximo a perpetuo.

c) Pérdida de beneficios fiscales en su grado máximo o prohibición absoluta derecepción de los mismos de tres años y un día a cinco años.

d) Multa a beneficio fiscal, en su grado máximo.

En estos casos siempre se aplicarán como accesorias las penas mencionadas en elartículo 13.

2.- Penas de simples delitos.

a) Prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado ensu grado mínimo a medio.

b) Pérdida de beneficios fiscales en su grado mínimo a medio o prohibiciónabsoluta de recepción de los mismos de dos a tres años.

c) Multa en su grado mínimo a medio. En estos casos siempre se aplicarán como accesorias las penas mencionadas en el

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artículo 13.

Artículo 15.- Determinación legal de la pena aplicable al delito. A los delitossancionados en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, y en el artículo 8° de laley Nº 18.314, se les aplicarán las penas previstas en esta ley para los simplesdelitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Al delito contemplado en el artículo 27 de la ley Nº 19.913 le serán aplicableslas penas de crímenes, según lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 16.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad. En caso de concurriruna circunstancia atenuante y ninguna agravante, tratándose de simples delitos seaplicarán sólo dos de las penas contempladas en el artículo 14, debiendo imponerse unade ellas en su grado mínimo. Tratándose de crímenes, el tribunal aplicará sólo dos delas penas contempladas en dicho artículo en su mínimum, si procediere.

En caso de concurrir la circunstancia agravante contemplada en esta ley y ningunaatenuante, tratándose de simples delitos el tribunal aplicará todas las penas en sugrado máximo. Tratándose de crímenes deberá aplicar las penas en su máximum, siprocediere, o la disolución o cancelación.

Si concurren dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, tratándose desimples delitos el tribunal deberá aplicar sólo una pena, pudiendo recorrerla en toda suextensión. Tratándose de crímenes deberá aplicar dos penas de las contempladas paralos simples delitos.

Si concurren varias atenuantes y la agravante prevista en esta ley, ésta secompensará racionalmente con alguna de las atenuantes, debiendo ajustarse las penasconforme a los incisos anteriores.

Artículo 17.- Reglas de determinación judicial de la pena. Para regular la cuantíay naturaleza de las penas a imponer, el tribunal deberá atender, dejando constanciapormenorizada de sus razonamientos en su fallo, a los siguientes criterios:

1) Los montos de dinero involucrados en la comisión del delito.

2) El tamaño y la naturaleza de la persona jurídica.

3) La capacidad económica de la persona jurídica.

4) El grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y delas reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividadhabitual.

5) La extensión del mal causado por el delito.

6) La gravedad de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los dañosserios que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena, cuando se trate deempresas del Estado o de empresas que presten un servicio de utilidad pública.

Artículo 18.- Transmisión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Enel caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución de común acuerdoo voluntaria de la persona jurídica responsable de uno o más de los delitos a que serefiere el artículo 1°, su responsabilidad derivada de los delitos cometidos conanterioridad a la ocurrencia de alguno de dichos actos se transmitirá a la o las personasjurídicas resultantes de los mismos, si las hubiere, de acuerdo a las reglas siguientes,todo ello sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

1) Si se impone la pena de multa, en los casos de transformación, fusión oabsorción de una persona jurídica, la persona jurídica resultante responderá por eltotal de la cuantía. En el caso de división, las personas jurídicas resultantes seránsolidariamente responsables del pago de la misma. 2) En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines

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de lucro, la multa se transmitirá a los socios y partícipes en el capital, quienesresponderán hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiereasignado.

3) Si se trata de cualquiera otra pena, el juez valorará, atendiendo a lasfinalidades que en cada caso se persiguen, su conveniencia.

Para adoptar esta decisión deberá atender sobre todo a la continuidad sustancial delos medios materiales y humanos y a la actividad desarrollada.

4) Desde que se hubiere solicitado la audiencia de formalización de lainvestigación en contra de una persona jurídica sin fines de lucro y hasta la sentenciaabsolutoria o condenatoria y en tanto ésta no esté cumplida, no podrá concederse laautorización del inciso primero del artículo 559 del Código Civil.

3.- Extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Artículo 19.- Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal de lapersona jurídica se extingue por las mismas causales señaladas en el artículo 93 delCódigo Penal, salvo la prevista en su número 1°.

TÍTULO III

Procedimiento

1.- Inicio de la investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Artículo 20.- Investigación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.Si durante la investigación de alguno de los delitos previstos en el artículo 1°, elMinisterio Público tomare conocimiento de la eventual participación de alguna de laspersonas indicadas en el artículo 3°, ampliará dicha investigación con el fin dedeterminar la responsabilidad de la persona jurídica correspondiente.

Artículo 21.- Aplicación de las normas relativas al imputado. En lo no regulado enesta ley, serán aplicables a las personas jurídicas las disposiciones relativas alimputado, al acusado y al condenado, establecidas en el Código Procesal Penal y en lasleyes especiales respectivas, siempre que aquéllas resulten compatibles con la naturalezaespecífica de las personas jurídicas.

En especial, les serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos4°, 7°, 8°, 10, 93, 98, 102, 183, 184, 186, 193, 194 y 257 del Código Procesal Penal,derechos y garantías que podrán ser ejercidos por cualquier representante de la personajurídica.

Artículo 22.- Formalización de la investigación. Cuando el fiscal considereoportuno formalizar el procedimiento dirigido en contra de la persona jurídica,solicitará al juez de garantía la citación del representante legal de aquélla, deconformidad al artículo 230 y siguientes del Código Procesal Penal. Será requisitoprevio para proceder de esta forma, al menos, que se haya solicitado una audiencia deformalización de la investigación o presentado un requerimiento de acuerdo a las reglasdel procedimiento simplificado, respecto de la persona natural que pudiese comprometer laresponsabilidad de la persona jurídica según lo disponen los incisos primero y segundodel artículo 3°, salvo en los casos establecidos en el artículo 5°.

Dicha solicitud deberá contener, además, la individualización del representantelegal de la persona jurídica. Artículo 23.- Representación de la persona jurídica. Si citado para comparecer auna audiencia ante el tribunal, el representante legal de la persona jurídica imputada nose presentare injustificadamente, el tribunal podrá ordenar que sea arrestado hasta la

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realización de la audiencia, la que deberá efectuarse dentro de un plazo máximo deveinticuatro horas desde que se produzca la privación de libertad.

Si el representante legal no fuere habido, el fiscal solicitará al tribunal quedesigne a un defensor penal público, quien realizará la función de un curador ad litem,en representación de la persona jurídica.

En todo caso, la persona jurídica podrá designar en cualquier momento a un defensorde su confianza.

Cuando la ley procesal penal exigiere la presencia del imputado como condición orequisito para la realización de una audiencia judicial, se entenderá que dichaexigencia es satisfecha con la presencia del curador ad litem o del defensor de confianza,en su caso. Procederán respecto de ambos, para dichos efectos, los apercibimientosprevistos en el inciso primero.

Artículo 24.- Improcedencia de la aplicación del principio de oportunidad. Lodispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal no será aplicable respecto de laresponsabilidad penal de la persona jurídica.

Artículo 25.- Suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicionaldel procedimiento podrá decretarse siempre que no existiere una condena u otrasuspensión condicional del procedimiento vigente, respecto de la persona jurídicaimputada por algunos de los delitos previstos en esta ley.

El juez de garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el período desuspensión, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, lapersona jurídica esté sujeta al cumplimiento de una o más de las siguientescondiciones:

1) Pagar una determinada suma a beneficio fiscal.

2) Prestar un determinado servicio a favor de la comunidad.

3) Informar periódicamente su estado financiero a la institución que sedeterminare.

4) Implementar un programa para hacer efectivo el modelo de organización,administración y supervisión a que se refiere el artículo 4°.

5) Cualquiera otra condición que resulte adecuada en consideración a lascircunstancias del caso concreto y fuere propuesta, fundadamente, por el MinisterioPúblico.

En los casos en que el juez imponga la medida señalada en el número 1), deberácomunicarlo a la Tesorería General de la República.

Artículo 26.- Determinación del procedimiento aplicable a la responsabilidad penalde la persona jurídica. Si el fiscal, al acusar o requerir de acuerdo a las normas delprocedimiento simplificado, solicitare la aplicación de alguna de las penas contempladaspara los simples delitos, en su grado mínimo, el conocimiento y fallo de aquéllas serealizará conforme a las normas del procedimiento simplificado.

En los casos en que el fiscal acusare solicitando sólo penas de crimen o de simpledelito en su grado medio, su conocimiento y fallo se realizará conforme a las normas deljuicio oral del Título III del Libro II del Código Procesal Penal.

Si el fiscal requiriere o acusare a la persona natural y jurídica en el mismo acto,se seguirá conforme al procedimiento aplicable a la persona natural. Lo anterior no seráaplicable tratándose de penas de crimen.

Respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no será procedenteel procedimiento monitorio. Artículo 27.- Procedimiento abreviado. El procedimiento establecido en losartículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal será aplicable para determinar la

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responsabilidad y para imponer las sanciones establecidas en la presente ley.

Se seguirá este procedimiento para conocer y fallar los hechos respecto de loscuales el fiscal requiriere la imposición de una o más penas de simple delito.

El tribunal no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requeridapor el fiscal.

Artículo 28.- Defensa de las personas jurídicas. Toda persona jurídica que nopudiere procurarse defensa por sus propios medios, tendrá derecho a solicitar al juez ladesignación de un defensor penal público.

Artículo 29.- Suspensión de la condena. Si en la sentencia condenatoria el tribunalimpusiere alguna pena de simple delito en su grado mínimo, podrá, mediante resoluciónfundada y de manera excepcional, considerando especialmente el número de trabajadores olas ventas anuales netas o los montos de exportación de la empresa, disponer lasuspensión de la condena y sus efectos por un plazo no inferior a seis meses ni superiora dos años. En este caso, el tribunal podrá sustraer de este efecto la pena accesoria decomiso.

Tratándose de empresas del Estado o de empresas que prestan un servicio de utilidadpública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas odaños serios a la comunidad, el juez podrá disponer la suspensión cualquiera fuere lapena impuesta en la sentencia.

Transcurrido el plazo previsto en el inciso primero sin que la persona jurídicahubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una nueva formalización de lainvestigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretaráel sobreseimiento definitivo de la causa.

Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.".

Artículo Segundo.- Introdúcese, en el artículo 294 bis del Código Penal, elsiguiente inciso segundo:

"Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, seimpondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsablesindividuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.".

Artículo Tercero.- Introdúcese, en el artículo 28 de la ley Nº 19.913, que creala Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado yblanqueo de activos, el siguiente inciso segundo:

"Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, seimpondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsablesindividuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese yllévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 25 de noviembre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de laRepública.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Edmundo Pérez Yoma, Ministrodel Interior.- Mariano Fernández Amunátegui, Ministro de Relaciones Exteriores.- CarlosMaldonado Curti, Ministro de Justicia. Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, María OliviaRecart Herrera, Subsecretaria de Hacienda.

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