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Lunes 18 de Julio de 2016

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María Eugenia Vidal dio la orden de rescindir la concesión y estatizar los principales caminos de acceso a la Costa. Aunque, más que una intención, la medida podría concretarse en el corto plazo. Así lo confirmaron a Clarín distintas fuentes al tanto de las negociaciones que la Provincia lleva adelante con Autovía de Mar, que tiene la explotación de las rutas 2 y 11, que pasarían a estar bajo la órbita de la estatal Aubasa, que controla actualmente la Autopista Buenos Aires-La Plata. La decisión de la gobernadora bonaerense de quitarle la concesión a AUMAR se explica en parte por cierto malestar que hay en La Plata por la falta de inversiones de la concesionaria vial, aunque responde principalmente al plan vial que trazó Vidal. Por la rescisión de contrato, la Provincia no abonará de forma directa ningún resarcimiento económico, según confiaron fuentes de la Gobernación y pudo corroborar este diario entre quienes participaron de la ronda de negociaciones con la firma que tiene como accionistas al Grupo Roggio, Helport (Eduardo Eurnekian), Esuco -del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner- y CPC, del ahora ex zar del juego Cristóbal López. La negociación podía ser más compleja, debido a que en 2011 AUMAR había acordado un contrato de explotación por 30 años con la gestión sciolista -hasta 2041-, por lo que la Provincia deberá ceder para alcanzar una salida sin demoras y evitar que el tema se judicialice, más allá de que en La Plata aseguran que tienen el respaldo legal para poder ganar un eventual litigio. Así, el acuerdo que ya tiene el visto bueno de las partes, implica que la firma resigne el resarcimiento a cambio de encargarse de realizar para la Provincia las obras que se habían trazado para las rutas. Esto es tareas de el doble carril en la ruta 11 y repavimentación, entre otras. El Ministerio de Infraestructura que dirige Edgardo Cenzón controlará su cumplimiento. "Las empresas no estaban invirtiendo de acuerdo a nuestras expectativas, con el argumento de que la tarifa estaba atrasada por la inflación, pero nosotros tenemos un plan vial que cumplir", explicaron en la Provincia. Y pusieron como ejemplo el caso de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que desde su estatización -ordenada en 2013 por el gobierno de Daniel Scioli- pasó de ser deficitaria a dejarle a Aubasa un importante superávit y posibilitarle además la realización de obras clave, como el tercer carril. Aumar había entrado a la explotación de las rutas en 2011, cuando el sciolismo le otorgó al concesión del corredor Vial del Atlántico, integrado por las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74. La medida de Vidal ya cuenta con el respaldo de sectores de la oposición y gremiales. "Es totalmente positivo que se estatice. Va a ser una solución para los usuarios, los bonaerenses y también para nuestros trabajadores", destacó a Clarín el diputado del Frente Renovador y líder del sindicato de Peajes Facundo Moyano, quien admitió estar al tanto de la iniciativa. Aunque evitan precisar plazos, debido a que formalizar el acuerdo llevará tiempo, en el Gobierno de Vidal se entusiasman con la posibilidad de que ,en el verano, la gente que viaje a la Costa se encuentre con las máquinas trabajando al costado de las rutas. La intención es ofrecer primero resultados y luego, sí, proceder a la suba de tarifas, como sucede en el caso de la ruta 6, donde se cobrará peaje una vez que se mejore el trazado y los accesos a las ciudades y se complete el nuevo sistema de iluminación.

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La gobernadora, María Eugenia Vidal, habría ordenado rescindir el convenio con la empresa Autovías del Mar (Aumar) para estatizar las rutas 2 y 11 en la Costa Atlántica. Así trascendió ayer de fuentes del gobierno bonaerense, que confirmaron a este diario que existe por parte de la mandataria la idea de rescindir eso contrato de operación de esos dos caminos bonaerenses, que podrían -se evalúa- pasar a la órbita de Aubasa, que actualmente gestiona la autopista La Plata-Buenos Aires. Según trascendió, la medida obedecería al plan vial trazado por la mandataria, y afronta una compleja negociación, debido a que en 2011 Aumar había acordado un contrato de explotación de esas dos rutas de la Costa por 30 años, es decir, hasta el 2041. Según algunos trascendidos que ayer se hicieron públicos, el acuerdo que se tramita implica que la firma resigne el resarcimiento que le corresponde a cambio de encargarse de realizar para la Provincia las obras que se habían trazado para las rutas. Por caso, figuran en ese plan el doble carril en la ruta 11 y su repavimentación, entre otros trabajos. Según explicaron funcionarios de la gobernación bonaerense, el ejemplo a seguir es el de la autopista La Plata Buenos Aires, que en la anterior gestión de Daniel Scioli fue estatizada y pasó de ser deficitaria a dejarle a Aubasa un importante superávit y posibilitarle la realización de obras, como el tercer carril. El massismo se mostró ayer a favor de esta medida. “Va a ser una solución para los usuarios, los bonaerenses y los trabajadores”, dijo el diputado del Frente Renovador y dirigente sindical Facundo Moyano. En ese marco, el plan ya ensaya que para el próximo verano las obras de las rutas 2 y 11 hayan comenzado. Y desde la Provincia deslizaron que la idea es subir las tarifas del peaje una vez que estos trabajos hayan concluido, algo similar a lo que se piensa sobre la ruta 6.

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La dirección provincial de Vialidad y la empresa constructora Marcalba SA rubricaron ayer el contrato que permitirá dar inicio, en el plazo de un mes, a la primera etapa de repavimentación de la ruta 60. El proyecto contempla la reconstrucción del tramo de unos 30 kilómetros que va desde el límite con La Pampa hasta la localidad de Tres Lagunas, que es el más destruido. Los trabajos -que costarán algo más de 240 millones de pesos- se extenderán durante un año y medio. “Hoy me llevo la noticia más importante de los últimos 30 años para nuestro distrito, para la región oeste de la provincia de Buenos Aires y la región este de La Pampa", dijo ayer tras el acto el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz. "Este es un reclamo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y hasta ahora no lo habíamos podido resolver. Saber que en un mes la empresa estará trabajando en la ruta 60 es la mejor noticia que le podemos dar a nuestros vecinos”, agregó. Vinculación El administrador de Vialidad, Mariano Campos, también hizo hincapié en la importancia de la ruta, que conecta a una amplia zona del sudoeste bonaerense con la ruta 18 de La Pampa y el sudeste de esa provincia. “La firma del contrato permitirá a la empresa adjudicataria comenzar las obras en el corto plazo. Esta obra beneficiará a los vecinos de la región y fundamentalmente a la circulación de la producción agropecuaria, las actividades industriales y el turismo”, dijo. El proyecto contempla la reconstrucción total de la base, y la ejecución de una carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor. También serán reconstituídas las banquinas, y se construirá una intersección canalizada e iluminada en el acceso a la localidad de Rivera. También se acondicionarán todos los pasos a nivel en las vías del ferrocarril. La empresa Marcalba SA deberá terminar los trabajos sobre febrero de 2018, y luego, durante un año, llevar adelante la conservación del tramo. Esta es la primera de tres etapas de obra. La segunda corresponderá al tramo Tres Lagunas-Carhué y, la última, al segmento carretero que va desde Carhué hasta el cruce con la ruta 33. En los tres casos, se trata de tramos de unos 30 kilómetros de extensión.

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La novela por la fuerte suba de tarifas anunciada por el Gobierno nacional está siendo dirimida en la Justicia: la Corte Suprema de la Nación definirá en agosto si el Ministerio de Energía puede avanzar o no con los nuevos cuadros tarifarios que fueron anunciados la semana pasada. Mientras eso sucede, los usuarios no saben qué hacer con las facturas que llegaron a sus casas. La gran pregunta es: ¿hay que pagar o no hay que hacerlo? LA CAPITAL consultó a distintas entidades que defienden a consumidores y todas dieron la misma respuesta: las boletas que llegaron a los hogares con el tarifazo no deben ser abonadas hasta que el máximo tribunal del país tome una decisión. La respuesta ayuda a los usuarios de la luz y el gas a tener el panorama un poco más claro luego de las innumerables idas y venidas que hubo por el tarifazo. Hasta hoy, todas las medidas anunciadas por la gestión de Mauricio Macri fueron frenadas por la Cámara Federal de La Plata por lo que el tarifazo no está vigente en ninguno de los servicios públicos. Defensoría del Pueblo El Defensor del Pueblo de la ciudad, Fernando Rizzi, aseguró que “pagar o no pagar es la gran pregunta de los consumidores”. “Nosotros decimos que no hay que pagar las boletas con los aumentos de luz y de gas. E insistimos que salvo que la empresa refacture sin los aumentos, no se debe pagar”, explicó. Y argumentó: “La tarifa del gas fue anulada por la Cámara Federal de La Plata por lo tanto no se pueden facturar los aumentos. Y las subas en la luz fueron suspendidas por tres meses. Esto quiere decir que ninguna de las dos empresas puede exigir una tarifa con los incrementos”. Para Rizzi, el tope del 400% anunciado por el Gobierno Nacional la semana pasada para las facturas de gas, “no tiene validez hasta que la justicia resuelva lo que va a pasar”. En ese sentido, el defensor del pueblo buscó llevarle tranquilidad a los usuarios que tienen temor que EDEA o Camuzzi les corten el servicio por no haber abonado. “Las empresas no pueden hacer ningún tipo de corte porque el aumento es ilegítimo”, sostuvo el funcionario y destacó que ante alguna situación de ese tipo debe presentar un urgente reclamo en la Defensoría del Pueblo o en Defensa del Consumidor. Por otra parte, Rizzi insistió con pedir una convocatoria a audiencias públicas previas al tratamiento de un nuevo Régimen Integral Tarifario de la energía eléctrica, gas natural y agua. “Ello en virtud de los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución”, afirmó. Además, el defensor del pueblo solicitó más beneficios para los más perjudicados con la suba de tarifas. “Insistimos en ampliar los términos actuales en torno al Régimen de Beneficiarios a la Tarifa Social en todos los servicios públicos, contemplando a los usuarios que pese a no encuadrar en las causales establecidas, su situación económica particular le impide afrontar el pago pleno de la tarifa”, sostuvo. Y agregó: “También solicitamos una revisión en relación a las causales de exclusión. Particularmente, requerimos que al momento de solicitud de ingreso al Registro, se

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efectivice la inclusión provisoria al mismo hasta su incorporación definitiva, procediéndose a la refacturación de la boleta de servicio emitida sin el mencionado beneficio, sin que ello implique el corte de suministro”. Por otra parte, el defensor del pueblo le solicitó al Gobierno Nacional que reglamente la Ley 27.218 que establece un Régimen Tarifario Específico en todos los servicios públicos esenciales a las entidades de bien Público. “Hay que reconocerles el rol social que ocupan para la comunidad, ello muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado”, explicó Rizzi. Y, enseguida, mencionó otro de los reclamos hacia la gestión de Mauricio Macri: “Requerimos que al momento de la elaboración de un nuevo régimen tarifario se contemple muy especialmente las economías regionales, la particularidades geográficas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, las que en muchos casos se encuentran frente a la decisión límite de afrontar el pago de los servicios o despedir trabajadores Por ello, solicitamos para los ellos un Régimen Tarifario Promocional”. Abogado de Consumidores Argentinos El abogado de la ONG Consumidores Argentinos, Elvis Toto, coincidió en que no “hay que pagar las boletas que llegaron con el aumento dispuesto por el Gobierno Nacional”. Pero aclaró: “El usuario de la luz y el gas sólo tendrá que abonar si la facturas que recibió en su casa tienen el cuadro tarifario anterior. Es decir si ningún tipo de aumento”. Esta situación puede derivar en la confusión de los consumidores ya que no resulta sencillo distinguir si las boletas fueron facturadas con los valores de febrero -en el caso de la luz- y marzo -en el caso del gas-. “Ante la duda lo que hay que hacer es llamar a las empresas y que expliquen de manera detallada cómo se compone la boleta. Si los valores son anteriores a esos meses, se debe pagar. En caso contrario, no”, explicó Toto. Y, enseguida, recomendó: “Sería bueno que las empresas aclaren en las boletas con qué cuadro tarifario fueron facturadas así el consumidor puede tener las cosas más claras”. En caso de dudas, el letrado de Consumidores Argentino sostuvo que “hay que agarra las boletas del año pasado y fijarse cuánto costaba el servicio para sacarse la duda si llegaron o no con incrementos”. En ese sentido, el abogado aclaró que en caso de que las facturas hayan llegado con aumentos “no se deben pagar”. “Algunas empresas fueron un poco pícaras y le recomendaban a la gente pagar igual con la suba y después prometieron hacer una nota de crédito si queda firme la marcha atrás ordenada por la Justicia”, explicó. Y, enseguida, agregó: “Es cierto que con todas estas idas y venidas, las empresas tienen un lío administrativo bárbaro. Por eso también puede haber confusiones, pero de alguna manera hay que solucionarlas”. Toto reafirmó que de ninguna manera puede cortarse el servicio si el usuario no paga las facturas que llegaron con fuertes subas. “Las empresas sólo puede hacerlo si factura con los cuadros tarifarios anteriores al tarifazo. Ahí si un usuario entraría en mora”, aclaró el abogado. Ligas de Amas de Casa La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, también aseguró que los consumidores de “ninguna manera deben pagar las facturas con los aumentos de la luz y el gas”. “Lo que deben hacer es esperar que se aclare le situación. Estamos esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia para determinar los pasos a seguir y saber si la suba anunciada por el gobierno es legítima o no”, explicó. Y agregó: “Si tenemos la mala suerte que la Corte falle en contra y los aumentos se podrán aplicar, la gente no va a poder pagar todo junto. En ese caso, las empresas deberán ver la forma en que aplican esa suba y de qué manera van a liquidarlas para que puedan ser abonadas por los consumidores”: Sánchez aseguró que durante toda la discusión por la subas de tarifas el gobierno nacional “fue probando sobre la marcha”. “Eso no debió hacerse nunca. En el medio está la gente y todo esto genera mucha angustia. No se puede hacer prueba y error con la delicada situación que atraviesan muchas personas y comerciantes”, dijo la titular de Ligas de Amas de Casa. Pedido a la Corte Organizaciones de defensa de los consumidores, políticas, sociales, estudiantiles y sindicales reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalide los fallos que frenaron la aplicación de los aumentos en las tarifas de energía.

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En una nota dirigida al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, las organizaciones solicitaron que se las convoque a una audiencia para “expresar nuestros puntos de vista y propuestas de solución a la crisis desatada por los aumentos tarifarios que impactan en la vida de millones de personas”. La Corte Suprema ordenó el martes pasado que el Estado nacional, a través del Enargas y dentro del plazo de 10 días, explique qué parámetros tuvo en cuenta para establecer el aumento de la tarifa del gas, con incrementos de hasta el 400 y 500% para usuarios residenciales y comerciales respectivamente. Dentro del mismo plazo el máximo tribunal informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias según los ingresos del usuario y de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita, y las razones para la modificación de precios.

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El gobierno bonaerense y los gremios estatales -al menos los que reúnen la mayoría en la paritaria-, podrían acordar un aumento salarial por tres meses que tendría vigencia por julio, agosto y septiembre. Así trascendió ayer en la previa del encuentro que las partes tienen previsto para mañana. La versión empezó a cobrar fuerza en las últimas horas, con lo que, de acordarse esa modalidad, los sindicatos y el Ejecutivo deberían volver a reunirse en octubre para discutir salarios para el último trimestre del año. Los gremios nucleados en la ley 10.430 cerraron un acuerdo por los primeros seis meses del año en torno del 15% de aumento. Esa mejora quedó claramente por debajo de la inflación en ese mismo período y ahora los sindicalistas buscan recuperar esa pérdida en los ingresos en la negociación que se avecina. De acuerdo a diversas estimaciones privadas, la inflación de los primeros seis meses del año se ubicó en torno del 26%, es decir, 11 puntos por encima del aumento que los estatales recibieron en la primera parte del año.

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REAPERTURA EN OCTUBRE En medio de un fuerte hermetismo, trascendió que la Provincia podría terminar ofertando un porcentaje levemente superior al 15% otorgado en el primer semestre, pero en este caso por el trimestre julio-agosto-septiembre. Las versiones indicaban que de avanzarse en ese esquema, se volvería abrir la negociación en octubre para discutir los salarios del último trimestre del año. Las fuentes consultadas por este diario señalaban ayer que el gobierno de María Eugenia Vidal estaría redondeando, con la nueva propuesta, un aumento cercano al 31 ó 32% para los primeros nueve meses del año en el caso de los gremios estatales. Cabe acotar que los gremios docentes, que ahora empujan la reapertura de su propia paritaria con la amenaza de no reiniciar las clases luego del receso escolar de invierno, cerraron un aumento anual que ronda el 34,5%. RECHAZO AL 13,9% El jueves pasado, la administración de María Eugenia Vidal ofreció a los gremios un aumento salarial del 13,9% para el segundo semestre del año, que fue rechazada de plano. En esa oportunidad, los sindicatos reclamaron a los funcionarios del Ejecutivo una propuesta de aumento por tres meses. La propuesta total que se había formulado para todo el 2016 había sido así del 28,9%, tomando en cuenta el aumento del 15% otorgado para la primera parte del año. Pero los gremios reclaman que el acuerdo sea por los meses de julio, agosto y septiembre y que se vuelva a discutir salarios en octubre para la última etapa de 2016. Por eso, los representantes sindicales ni siquiera se pusieron a analizar el porcentaje ofrecido. La reanudación de la negociación tuvo como escenario el ministerio de Economía y por el Ejecutivo concurrieron los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo). Por los gremios estuvieron UPCN, los enrolados en Fegeppba, ATE, Cicop y otras organizaciones minoritarias.

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El GEN y Libres del Sur avanzan hacia un acuerdo electoral con el massismo en la provincia de Buenos Aires para los próximos comicios legislativos, al que pretenden sumar a sectores del socialismo y de la Coalición Cívica-ARI bonaerense, además de postular para el Senado a Margarita Stolbizer, quien ya avisó que no renovará su banca como diputada. Stolbizer, titular del GEN, y Sergio Massa, líder del Frente Renovador, multiplicaron los encuentros en los últimos meses, con el objetivo común de “fortalecer un espacio intermedio” en la era post-kirchnerista y así cautivar, por un lado, al votante no enrolado en el Frente para la Victoria y, por el otro, a los defraudados del gobierno de Mauricio Macri, además de posicionarse hacia las presidenciales del 2019. “La gente nos quiere ver juntos y queremos darle contenido a este espacio; aunque no pensamos igual en todas las cosas, cada vez nos estamos acercando más en nuestros pareceres”, reconoció en reiteradas oportunidades Stolbizer. El senador nacional Jaime Linares admitió que el GEN analiza la conformación de otro frente electoral para el 2016 y consideró como “una posibilidad” confluir con Massa en la provincia, en base a “un acuerdo de cinco o seis puntos comunes, sin perder la identidad” progresista de la fuerza que lidera Stolbizer. “Es posible algo conjunto, no lo descartamos”, afirmó Linares, aunque subrayó que “falta mucho” para las elecciones y avaló también la hipótesis de “restaurar Progresistas con otra conformación y otros liderazgos”, entre los que -dijo- podría estar también Unidad Popular de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. El año pasado Stolbizer fue candidata a presidenta por el frente Progresistas, sellado entre el GEN, Libres del Sur y el socialismo, pero el magro resultado obtenido en esos comicios (2,6 puntos) enfrió aún más la ya vapuleada relación entre los margaritos y el partido conducido por Antonio Bonfatti, especialmente después de que Hermes Binner llevara boleta corta en Santa Fe y no refrendara la postulación presidencial de su socia. “A nadie le cayó bien el acercamiento a Massa, pero los socialistas son conscientes de que no tienen mucho para ofrecerle a Margarita”, admitió un vocero de la mesa nacional del partido centenario, quien -sin embargo- aseguró que Stolbizer “siempre será considerada una aliada, aunque no se pueda estar con ella en el 2016”.

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CURUCHET, EN LA INAUGURACIÓN DE LA RURAL El presidente del Banco Provincia Juan Curutchet estuvo presente ayer en la 130º edición de la Exposición Rural, junto a funcionarios nacionales y provinciales. En ese marco, afirmó que “estamos tratando de diseñar productos para mejorar la calidad genética del ganado y de los cultivos. Estamos trabajando con entidades del sector para armar un reglamento que dicte en qué condiciones a un productor le podemos prestar más barato para ese propósito, a fin de que la Argentina exporte más, genere más divisas y valor agregado”. ENSENADA: RECLAMO POR LA BASURA EN EL ARROYO EL GATO El Concejo Deliberante ensenadense se pronunció contra la municipalidad de La Plata y responsabilizó al intendente Julio Garro por “los residuos que llegan a Río Santiago por el arroyo El Gato”. El planteo de los ediles kirchneristas fue acompañado por todo el cuerpo, y se debe a que la malla flotante que fue colocada para evitarlo no cumple su cometido. El edil Martín Slobodían dijo que en una reciente recorrida de Garro por la zona, el secretario de Gobierno platense, Javier Mor Roig, “se quejó de la mugre que había en el río. Pues esa mugre viene de La Plata”, concluyó.

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GARRO YA ARRANCÓ CON LOS TIMBREOS Al igual que en otras ciudades del país, el intendente Julio Garro inició este fin de semana una campaña de timbreo en la que participaron distintos funcionarios y concejales oficialistas, a fin de comenzar a escuchar a los vecinos sobre los problemas de la Ciudad y aceitar el contacto directo, de cara a las elecciones de medio término del año próximo. SE QUEDÓ SIN IZAR LA BANDERA... Dicen que la relación entre la concejal radical Florencia Rollié y el presidente del Concejo, Fernando Ponce, no fue buena desde el principio. Algunos llegan a contar que en más de una ocasión mantuvieron fuertes discusiones en reuniones de bloque, hasta la más presenciada en los pasillos del cuerpo deliberativo, el pasado 16 de junio. En esa oportunidad, ambos ediles se lanzaron duras acusaciones a los gritos, momentos antes de que se inicie la sesión, y, según comentarios, las cosas no habrían quedado saldadas entre ambos. Tanto es así que, afirman, ese día a Rollié le tocaba izar la bandera en el recinto pero que, enojado, Ponce no la habría convocado. Sostienen algunos que desde entonces y hasta ahora la edil sigue esperando su turno en vano. BOZALES EN EL CONCEJO... El clima de fuertes cruces cargados de insultos y descalificaciones que últimamente reina en las sesiones del Concejo Deliberante ensenadense se ha puesto más espeso todavía con la intervención, cada vez más frecuente, de parte del público adepto al oficialismo con acotaciones sobre lo que expresan en el recinto los ediles de la oposición. Así, se ha vuelto frecuente escuchar, entre las frases más suaves, un “mejor callate, nena” o un “andá a freir churros”. En la última sesión las intervenciones “de afuera” llegaron a un punto en que dos concejalas (Fernanda Ivelli de Cambiemos y Marcela Lucena del Frente Renovador) se quejaron ante el presidente del Concejo, Luis Blasetti. La respuesta dejó mudos a propios y extraños: “Y bueno usted con lo que dice, provoca”, dijo Blasetti para rematarla a toda orquesta: “Yo no puedo ponerle un bozal a cada uno de los del público”.

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El reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal para que se actualice el Fondo del Conurbano, que se encuentra congelado desde hace 20 años, tiene destino de vía muerta, al menos en el ámbito legislativo. Esto es lo que se desprende de la hostil recepción que el pedido ha cosechado entre los legisladores del interior del país, que no están dispuestos a ceder fondos para beneficiar a la provincia de Buenos Aires. "No podemos avanzar en ningún modelo de ley que implique quitar fondos a las provincias para que le armen a Buenos Aires un Fondo del Conurbano", sentenció un encumbrado legislador peronista, cerrándole así la puerta a cualquier posibilidad de que la mandataria bonaerense pueda ver complacido su reclamo en el Congreso. Esta postura se suma el pronunciamiento de la senadora Magdalena Odarda (CC-Río Negro), que fue la primera en anunciar su rechazo a ceder fondos que se reparten entre las provincias para financiar al distrito bonaerense. Ante la delicada situación económica en la que recibió la provincia, Vidal comenzó una campaña para eliminar el tope en $ 650 millones que, desde 1996, se le puso al Fondo del Conurbano, que había nacido como una suma equivalente al 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias para financiar obras de infraestructura en el área más poblada del país. Con ese fin, y con el objetivo de darle un matiz ecuménico a su pedido, la gobernadora reunió el apoyo de todas las fuerzas políticas de la provincia, que la acompañaron en sus presentaciones ante la Cámara de Diputados y el Senado. Tras varias negociaciones con los senadores nacionales por Buenos Aires, el reclamo pasó de las palabras a los hechos la semana pasada. Sin embargo, no hubo acuerdo, y fue así como fueron presentados tres proyectos de ley que, con matices, intentan restituirle fondos a la provincia. La postura de Vidal quedó plasmada en una iniciativa impulsada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), que propone la eliminación del tope. En base a los números fiscales de 2015, la sanción de una ley de estas características implicaría una inyección automática de más de $ 38.000 millones anuales para las alicaídas arcas bonaerenses, es decir 60 veces la cifra que hoy recibe el distrito por el Fondo del Conurbano. El problema de este proyecto radica en el hecho de que esos fondos afectarán la parte de la Coparticipación Federal de Impuestos que se reparte entre todas las provincias. Esto es lo que explica el rechazo de los legisladores del interior del país a satisfacer el reclamo de Vidal. "Si van a armar un nuevo Fondo del Conurbano tiene que ser con fondos nacionales", advirtió, por su parte, un senador del FPV, que se mostró comprensivo con el reclamo de Vidal, pero que comparte el rechazo de los distritos a "colaborar" a aliviar la situación financiera de Buenos Aires. Esta queja de las provincias quedó contemplada en el proyecto impulsado por los senadores del FPV por Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina y María Laura Leguizamón, los que proponen una restitución en la que el mayor peso (casi el 63% del total) recaerá sobre la parte del impuesto a las Ganancias que le corresponde a la Nación.

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Advertida de la resistencia de las provincias a aceptar su reclamo, la administración de Vidal también decidió avanzar por la vía judicial, y prepara una presentación ante la Corte Suprema por la restitución de los fondos no percibidos durante los últimos años por la provincia en virtud del congelamiento del Fondo del Conurbano. Tal vez este sea un camino más plausible para que la gobernadora pueda ver satisfecho su pedido de fondos, ya que la vía legislativa parece estar cerrada, al menos por el momento. De todas maneras, a Vidal todavía le quedaría un camino. "Lo van a tener que hacer por decreto, como hicieron con (Horacio Rodríguez) Larreta", opinó un senador del FPV, recordando la medida adoptada por Mauricio Macri a mediados de enero, que aumentó de 1,40% a 3,75% la coparticipación federal de impuestos que recibía la Capital Federal.

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Las provincias comenzaron a mostrar los dientes por los proyectos de ley que impulsan la recomposición del Fondo del Conurbano Bonaerense, que reclama la gobernadora María Eugenia Vidal, y el destino de las tres propuestas presentadas hasta ahora en el Senado parece incierto. Prueba de ello fue la postura que asumió en la sesión del miércoles último la senadora adolfista Liliana Negre de Alonso, quien luego del debate por los tarifazos, reclamó que el giro de los referidos proyectos se hicieran primero a la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos. No es casual el pedido, ya que esa comisión es presidida por el jefe político de Negre de Alonso, Adolfo Rodríguez Saá. En segundo lugar, se reclamó el giro a la de Presupuesto y Hacienda que encabeza el autor de uno de los proyectos en danza, el peronista bonaerense Juan Manuel Abal Medina. “Se acaba de dar giro a cuatro proyectos de los senadores por la provincia de Buenos Aires y del senador Pinedo sobre reestructuración del Fondo del Conurbano Bonaerense. Los giraron en primer lugar a la Comisión de Presupuesto cuando en realidad corresponde que sea primero a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos”, advirtió Negre de Alonso. Y, arremetió: “Entonces, planteo expresamente que se dé giro en primer lugar a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos y en segundo lugar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda”. La jugada fue vista por algunos observadores como una muestra de rechazo a la medida y como una promesa de que el pase por esa comisión será “dificultoso y lento”, indicó una fuente legislativa peronista. En tanto, otro legislador opositor de peso en la Cámara alta reconoció en voz baja que “el tema del Fondo del Conurbano no podemos hacerlo avanzar de ningún modo y, menos si se piensa o se propone utilizar recursos de las provincias. Incluso, aún se resuelva que los recursos para la provincia de Buenos Aires salga de Nación, los gobernadores también van a levantar la voz” “Nadie va a querer resignar recursos o puntos de coparticipación de su provincia”.

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En la Justicia platense presentaron una nueva denuncia por los vínculos del extitular de la obra social, Antonio La Scaleia, con los Panamá Papers. Negociados multimillonarios con laboratorios y medicamentos. Una caja negra de la política La salud de casi 2,5 millones de personas depende del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Ayer, en el programa Todo en uno, que se emite por el Canal A 24, se publicó una esclarecedora investigación periodística que muestra cómo, durante el gobierno de Daniel Scioli, la obra social más importante de la Provincia de Buenos Aires se convirtió en una caja negra de la política bonaerense. Una clara muestra de ello es que, tal como anticipó el diario Hoy en su edición del 10 de mayo, el titular del Instituto hasta el pasado 10 de diciembre, Antonio La Scaleia, forma parte de los Panamá Papers. A partir de este escándalo ya está tomando intervención la Justicia de La Plata. La Asociación de Profesionales del IOMA, que conduce Idelmar Seillant, se presentó ante la Unidad Fiscal de Investigaciones (UIF), a cargo de Álvaro Garganta, para radicar la correspondiente denuncia en la misma fiscalía donde ya tramita la demanda penal presentada por Elisa Carrió contra el exgobernador Daniel Scioli y varios de sus funcionarios por presunto lavado de activos, defraudación y enriquecimiento. La presentación de Lilita hace especial hincapié en las irregularidades de IOMA. La empresa off shore IT Invest Group Technologies, con sede en China, está integrada por el extitular de la obra social y su mano derecha, Daniel Osvaldo Burgos, quien fue jefe de Gabinete en IOMA. También participan dos empresarios del rubro de la internación domiciliaria, Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Bianchimano, que tuvieron abultados contratos con la obra social. Tanto Baldachis como Bianchimano estarían vinculados a la firma Juntos en Casa SRL, empresa que está siendo investigada por la Justicia Penal, junto con otras compañías (Medizin, S.O.S, Intergermed, Medihome y Dar Salud) por diversas irregularidades. Entre ellas, la presunta facturación de tratamientos a personas fallecidas y afiliados que no habían solicitado ninguna prestación. Según consta en la causa IPP 6540/16, que se tramita ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, la gran mayoría estaría constituida por testaferros o personas interpuestas de actuales y exfuncionarios, directores y jefes de departamentos de IOMA. La acusación sostiene que se direccionaron desde la casa central de la obra social “prestaciones a empresas, siendo estas denunciadas por asociaciones irregulares”. Medicamentos, en la mira Los negociados más onerosos, en IOMA, tienen que ver con convenios vinculados a laboratorios farmacéuticos. En ese sentido, los profesionales presentaron una denuncia en el año 2014, ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, contra prestadores e integrantes del directorio de IOMA, pidiendo que se los investigue por los delitos de “asociación ilícita”, “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

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La operatoria, según los denunciantes, consistió en la concentración del negocio en solo tres proveedores (las cámara farmacéuticas Caeme, Cooperala y Cilfa), que habrían acordado entre sí, y con los exfuncionarios, aumentar sin control los precios de los medicamentos, violando leyes antimonopólicas y afectando la salud de los afiliados de IOMA. Cabe destacar que los medicamentos absorben gran parte del presupuesto de la obra social, que en el corriente año asciende a más de $21.000 millones. En este negocio también aparece La Scaleía que, antes de ser presidente de IOMA, fue vicepresidente de la obra social durante los primeros años del gobierno de Scioli y se desempeñó como director general de Prestaciones durante la gestión de Carlos Ruckauf. Los denunciantes afirman que La Scaleia habría sido uno de los principales arquitectos de los contratos a favor de la industria farmacéutica, en complicidad con varios integrantes de la comisión directiva de UPCN que encabeza Carlos Quintana, que tiene representación en el directorio de la obra social. “La misma industria se autoconvalida los valores y la recepción de los medicamentos. Formaron un monopolio permitido por Scioli y su jefe de Gabinete Alberto Pérez, y también por el presidente de IOMA. En definitiva, para que esto haya podido ocurrir hubo una estructura conformada por políticos, sindicalistas y actores del Poder Judicial que garantizaron impunidad. Estos tres factores confluyeron para que la corrupción de IOMA sea total”, concluyó Seillant. En las próximas semanas, tras la feria judicial, se estima que muchos exfuncionarios bonaerenses podrían comenzar a desfilar por los tribunales para dar explicaciones sobre las millonarias estafas en el IOMA. El circuito clandestino de medicamentos Idelmar Seillant, titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, detalló algunos de los mecanismos utilizados para la concreción de los negociados de los medicamentos. “No sólo se le vendían a personas fallecidas, sino que había por ejemplo una persona con determinada patología crónica, vamos a suponer cáncer, y el médico le recomendaba una determinada droga. Se le cargaba esa droga en el sistema y después se hacia otra carga más sobre esa misma persona, sin que el médico lo supiera. Y esas drogas luego se vendían clandestinamente en una red de farmacias”, relató Seillant. “El primer caso que descubrimos fue una persona fallecida, que era de la localidad de Dolores. En ese momento hicimos toda una investigación y vimos que en el sistema del IOMA se le venían cargando hacía un año drogas muy onerosas, muy caras. Son drogas monoclonales, que se utilizan para patologías casi todas oncológicas y para patologías crónicas”, relató Seillant. “El robo estaba direccionado por el subdirector de Farmacia de ese momento (Marcelo Piergiácomi), otro director más y el entonces presidente del IOMA. Las resoluciones pasaban muchas veces por La Scaleia porque había compras directas”, dijo Seillant. Y apuntó sus críticas a la conducción de UPCN: “permitieron que a IOMA se le quitaran las auditorias de terreno, de control, y a su vez desbastaron también lo que son los salarios”. Irregularidades múltiples La coordinadora de Medicamentos de Alto Costo del IOMA, Angélica Cabrera, enumeró algunas de las irregularidades cometidas durante el gobierno de Daniel Scioli: “Afiliación con duplicación de carnet, alquileres de carnet, venta de carnets de afiliados, trámites paralelos con afiliados activos y pasivos. Irregularidades en prótesis, sobrefacturación en casi todos los insumos que proveían al IOMA”. “El plan Meppes, que abarca medicamentos para patologías especiales, fue creado por uno de los que intervinieron en los Panamá Papers, que es el doctor La Scaleia. La operatoria era la siguiente, como el sistema Meppes daba para auditar no solo cualquier medicamento de alto costo, sino también lo que intervenía en un supuesto trámite. Digo supuesto trámite porque siendo online se podía inventar cualquier patología, y cualquier médico más o menos entrenado podía inventar un

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resumen de historia clínica. Y el afiliado que aparecía no solo podía ser un muerto. El nombre del afiliado hasta podía ser inventado”, remarcó la coordinadora. “Lo que se hizo en la gestión anterior fue puntualizar determinadas enfermedades que a la industria le daba mayor rédito. El sistema mismo dejaba entrar, por ejemplo, cantidades de envases sin control. Así es como se hacía figurar diez envases, cuando un afiliado real necesitaba recibir solamente tres. Las camionetitas de IOMA iban y le entregaban al afiliado los tres envases de oncológicos, pero los siete sobrantes volvían al mercado negro a refacturarse, con determinadas farmacias cómplices”, concluyó Cabrera. Garate: “Lo que el IOMA no brinda, se lo llevó la corrupción” Pablo Garate, diputado provincial del Frente Renovador, viene impulsando distintos proyectos vinculados al IOMA antes las irregularidades cometidas durante el gobierno de Daniel Scioli. “Ha sido una caja negra para la política. Con lo cual, una vez que la plata salía de ahí la verdad es que uno no sabía dónde iba o a dónde fue a parar. Esto está asociado con la corrupción que hubo. Los afiliados tienen que entender que lo que IOMA no da de prestación, es porque alguien se lo llevo de en cuestión de corrupción”, concluyó el legislador. Conexiones con la mafia de los medicamentos La expresidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Silvina Melitón, fue una de las principales impulsoras de las denuncias por los negociados de la industria farmacéutica en el IOMA que, en los últimos años, derivó en alarmantes conexiones con la llamada mafia de los medicamentos. “Cuando nosotros hicimos las denuncias correspondientes frente a la Comisión Nacional de Defensa de la competencia por los convenios con la industria, nos preguntamos ¿quién decide todo eso? Un centro de convalidación y un centro de la propia industria. Que nosotros llamamos CAMOYTE. Este simple detalle demostró que este centro estaba distribuyendo mercado, determinando qué medicamento, de qué marca, se debe entregar para la cobertura de IOMA”, remarcó Melitón. “En el año 2010, se encuentran circuitos con droguerías que nos daban a nosotros medicamentos y que estaban vinculadas a la mafia de los medicamentos y al Triple Crimen de General Rodríguez”, concluyó la farmacéutica. Por su parte, Germán Paggi, que también fue dirigente del Colegio de Farmacéuticos, no dudó al afirmar: “Cuando se habla de corrupción y de relaciones entre la política y los laboratorios, la industria en general actúa mal en beneficio de su comercialización”. Ocaña, a favor del cambio en el IOMA “Me parece que el cambio lo está teniendo el IOMA con las actuales autoridades y con la decisión política de la gobernadora Vidal de combatir la corrupción”, dijo la legisladora porteña y exministra de Salud, Graciela Ocaña, durante el informe emitido ayer en el programa Todo en uno. “Hay una denuncia realizada por la gobernadora (María Eugenia Vidal) y el propio presidente del IOMA (Sergio Cassinotti), que es muy dura, sobre distintas irregularidades. La denuncia demuestra cómo miles de millones de pesos que deberían haberse destinado a la salud no se sabe dónde están y, seguramente, como sucedió con la mafia de los medicamentos, terminaron en los bolsillos de unos pocos vivos: exfuncionarios, empresarios y dirigentes políticos y sindicales”, afirmó “La Hormiguita”. “La gobernadora Vidal está dando una fuerte lucha contra estos núcleos delictivos. No hay que olvidarse que en la causa de la mafia de los medicamentos hay funcionarios de primer nivel que tenían vínculos con las empresas que falsificaban remedios y que también intervieron en el Triple Crimen. Estoy viendo el avance de las denuncias con muchísima expectativa porque después de varios años, donde el IOMA tenía un costo enorme para todos los bonaerenses y daba prestaciones deficitarias, se está encarado un proceso totalmente distinto”.

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La bomba que redujo a escombros la sede de la AMIA, segó la vida de 85 personas y causó heridas a otras trescientas, estalló hace hoy 22 años. Las causas del peor atentado terrorista en la historia argentina, el plan que lo hizo posible, los autores y sus cómplices siguen en la penumbra: otra bomba de fragmentación, o varias, fueron explotando en el expediente que desde entonces no consigue avanzar en la única respuesta que exigen y merecen los argentinos. Justicia. Esa vergonzosa conclusión es evidente; lo novedoso es que el trío de fiscales que desde la muerte de Alberto Nisman heredaron la causa judicial lo admitió en un informe oficial, y que en sus páginas repasa las ominosas causas de ese fracaso: testigos que nadie escuchó o que sólo hablaron ante el juez Galeano –separado y destituido justamente por su rol en este caso– un cadáver cuya identidad se ignora pero al que sin autorización de nadie le cortaron los diez dedos, material genético de las víctimas y del supuesto atacante suicida que debe reanalizarse, miles y miles de documentos pésimamente conservados y que no fueron consultados, papeles y funcionarios amparados todavía por un secreto que sólo sirvió para alejarlos de la justicia. Es sólo un panorama del informe de gestión de la Unidad Fiscal de Investigaciones dedicada a las causas vinculadas con el atentado a la AMIA, que integran los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. Sin hacer cargos ni buscar excusas, el trabajo sin embargo enumera hechos increíbles. Repasemos algunos. Se va a intentar la “verificación genética” de la identidad del supuesto terrorista suicida Ibrahim Hussein Berro con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, que pese a su prestigio mundial no había sido convocado hasta ahora en la causa. También se dispuso “un meticuloso inventario del material orgánico existente en la Morgue, y la verificación de sus condiciones de conservación y resguardo”. Sólo cuando terminen podrán saber si hay ADN que no corresponda a ninguna víctima, podría ser de víctimas no identificadas o de Berro, a cuyos hermanos –que viven

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en Michigan, Estados Unidos– recién buscaron en noviembre pasado para pedirles muestras biológicas. Además, se redoblaron los esfuerzos para hallar el cuerpo de León Gregorio Knorpel –dado por muerto a través de testimonios– y se investiga por qué otro a cuerpo que nadie reclamó y cuya identidad se ignora le fueron cortados los diez dedos de las manos sin que nadie lo autorizara. Eso sí: se pudo saber que el contenido de varias bolsas cerradas que nadie había revisado jamás no era importante. Otro desafío es el análisis de miles y miles de documentos de inteligencia, gran parte de los cuales había permanecido escondido, sin clasificar y guardado en pésimas condiciones. En 2005, la ex SIDE remitió dos mil carpetas, pero su contenido seguía siendo secreto. En marzo de 2015, los fiscales pidieron que ese material “y todo el que pudiera existir” fuera desclasificado. La respuesta parcial a esa exigencia fue la aparición de dos mil metros lineales de cajas con papeles. Un equipo de veinte personas trabaja ahora en limpiarlos y acondicionarlos, mientras también se buscan herramientas informáticas para poder analizarlos y cruzar datos. En la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense también hallaron cien legajos que podrían tener cosas interesantes. La avalancha de material que debe ser reunido y analizado es tal que no hay dónde hacerlo: se le pidió al gobierno que disponga de un edificio para trabajar. Los fiscales también piden “relevar del secreto grandes tramos de la actividad estatal secreta cuya confidencialidad hoy ya no se justifica”: necesitan que los papeles y el testimonio de ex funcionarios y espías esté disponible sin restricciones. Aún no lo logran. Lo mismo le pidieron al Poder Legislativo y a la Cancillería. Otros detalles: se buscaron testigos jamás escuchados, como el de una persona que estaba cerca de la puerta de la AMIA cuando estalló la bomba y ahora vive en Bolivia. Y se intentará emprolijar 35 testimonios que fueron prestados sólo ante el juez Galeano. Namer, Salum y Filippini ratifican la vigencia de la hipótesis central de la investigación, respecto a que altos funcionarios iraníes habrían decidido atentar contra la AMIA, a través de miembros de la organización terrorista libanesa Hezbollah, “con participación de nacionales argentinos”, “sin perjuicio de la tramitación de otras líneas no necesariamente consistentes con esa tesis que también deben ser evaluadas”. No lo dicen, pero es un nuevo comienzo.

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Finalmente, el Gobierno confirmó anoche que el presidente Mauricio Macri participará hoy del acto central en recuerdo de las víctimas del atentado contra la AMIA, del que se cumplen 22 años. Hasta ayer sólo se sabía que se entregaría una ofrenda floral en su nombre y que el máximo representante del Gobierno presente sería la vicepresidenta Gabriela Michetti. "El presidente Mauricio Macri asistirá mañana, a las 9.30, al acto por el 22 aniversario del atentado contra la mutual israelita AMIA que se realizará en la calle Pasteur al 600, de esta capital", expresó un escueto texto oficial difundido anoche por la Secretaría de Comunicación Pública. La actividad principal en homenaje a las 85 víctimas del atentado de 1994 se desarrollará desde las 9:30 frente a la sede de la mutual, en Pasteur 633, adonde se hará la ceremonia central por parte de dirigentes de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de las víctimas. Además de Macri y Michetti estarán presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Michetti visitó la semana pasada la AMIA y participó anoche como oradora de un encuentro internacional con expertos judíos en el hotel Intercontinental. Luego del acto de hoy, Bullrich participará del lanzamiento de una Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional en la Universidad Kennedy y que cuenta con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Será el primer acto en recuerdo de las víctimas de la AMIA con Macri como presidente y llega en un momento en que se exploran posibilidades para hacer avanzar el caso en la dirección que le dio la Justicia pero que se encuentra estancado. Las relaciones entre la dirigencia judía y el macrismo mejoraron a partir de que el Presidente se opuso al memorandum de entendimiento firmado por su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, con Irán, en torno a los ciudadanos de ese país acusados por la Justicia argentina la década pasada por su presunta responsabilidad en el atentado. Apenas asumió el cargo, en diciembre pasado, Macri ordenó que los abogados del Estado no apelaran el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum objetado por la DAIA y la AMIA, con lo cual quedó firme su invalidez. El pacto también había sido objetado por el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien apareció muerto de un balazo dentro de su departamento el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado penalmente a la entonces presidenta Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes. En ese marco, el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, consideró ayer como "una burla para Argentina" que el gobierno de Irán no colabore activamente con la investigación por el atentado. Cohen Sabban vinculó la muerte de Nisman con lo que denominó "el peor atentado de nuestro país y necesitamos que se esclarezca". La Cámara Federal penal porteña autorizó la semana pasada una extensión de la instrucción de la causa iniciada tras el atentado con suerte dispar. Un juicio oral determinó la falta de culpabilidad de un grupo de policías bonaerenses acusados durante el menemismo. Es más, de hecho el propio ex presidente Carlos Menem afronta un juicio de encubrimiento. La investigación permanece bajo la responsabilidad del juez Rodolfo Canicoba Corral y delegada en la unidad fiscal que conducía Nisman. La Cámara le dijo al juez que volviera a reclamar a Irán y a Interpol por la situación de los cinco ciudadanos de ese país acusados por el atentado.

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El primer y único titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, fue citado a declaración indagatoria por presunto incumplimiento de sus deberes o encubrimiento a raíz de la existencia de datos que hubieran permitido dar antes con el hasta hace dos semanas prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, detenido en Paraguay y ahora en la Argentina. La citación a indagatoria, para luego de la feria judicial de invierno que desde este lunes paralizará los tribunales federales por dos semanas, fue firmada el viernes pasado por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una causa abierta tras una denuncia realizada en enero por la diputada porteña Graciela Ocaña. Junto con Parrilli fue citado también a indagatoria el ex director de Asuntos Judiciales de la AFI Emiliano Rodríguez, según se reveló en los programas de TV La Cornisa y Periodismo Para Todos (PPT) y pudo confirmar Clarín en fuentes judiciales. Parrilli, secretario general de la Presidencia en los tres gobiernos kirchneristas, fue el hombre elegido por la ex presidenta Cristina Fernández para ocupar la AFI, el organismo que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia cuando se la reformuló a fines de 2014. Parrilli y Rodríguez fueron acusados de no haber realizado las acciones necesarias para dar con Pérez Corradi pese a haber tenido información que luego se corroboró que era certera. Pérez Corradi fue detenido hace tres semanas en Foz de Iguazú, Brasil (desde donde lo llevaron a Paraguay), luego de tareas de inteligencia ordenadas por las nuevas autoridades de la AFI a partir de los mismos informes con los que contaba Parrilli. La AFI, antes del cambio de gobierno de diciembre pasado, como ahora, depende de Presidencia de la Nación, por lo que se supone que Parrilli había avisado a Fernández de Kirchner de los datos sobre el paradero de Pérez Corradi. O debería haberlo hecho. Esos datos llegaron a partir de información dada a la Justicia federal en Eldorado, Misiones, por un hombre de identidad protegida el 4 de agosto del año pasado, dos días después de una emisión de PPT en la que se hablaba de Pérez Corradi, el tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez, y cinco días antes de las elecciones primarias en las que competiría y perdería el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Como Parrilli recién comenzó a investigar los dichos del testigo el 3 de setiembre y los tuvo corroborados el 13 de noviembre, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, se cree que ocultó la información a la Justicia para no perjudicar al Frente para la Victoria. La acusación contra Parrilli es no haber aportado a la Justicia la información que habían requerido los fiscales Juan Bidone, de Mercedes, y Franco Picardi, quien recientemente pidió que Pérez Corradi sea llevado a juicio por presunto lavado de dinero. El testigo de identidad protegida sería el mismo que reclama la recompensa de 2 millones de pesos.

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La posibilidad de que Cristina Kirchner vaya a prisión, por alguna de las diversas causas en la que se la investiga, ya es tema de debate no sólo por parte de quienes la denunciaron, sino también en las filas del Frente para la Victoria. "Los jueces y fiscales van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirigen una investigación penal o van a dejarse dirigir por otros factores. Si esos factores predominan, Cristina puede ir presa; es lo que nosotros tememos", dijo Diana Conti, en el programa de Mauro Viale por América. Sin embargo, la diputada del FpV aclaró si la ex presidenta es encarcelada no será debido a "una causa real", sino como una forma de "dar pasto a las fieras de la antipolítica". La legisladora porteña Graciela Ocaña también se refirió a la posibilidad de que la ex mandataria vaya presa, en una entrevista publicada este domingo por el diario Hoy de La Plata. Para Conti, la eventual detención de Cristina generaría "un reclamo popular muy fuerte" y que "la van a empoderar aún más". "La memoria de Néstor y la presencia de Cristina para muchos es un liderazgo vivo, por algo se grita 'vamos a volver'", sentenció. Al tiempo que subrayó que está la ex jefa de Estado "está a derecho" y que también seguirá "peleando judicialmente contra la arremetida de los jueces que son funcionales a que la política como actividad transformadora no tenga valor ni poder". En tanto, un nuevo frente de complicación se abrió para la familia Kirchner, a partir del embargo dictado por el juez Julián Ercolini de 4.664.000 dólares de una caja de seguridad de Florencia Kirchner.

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"Cristina puede ir presa". La frase la pronunciaron ayer, casi en simultáneo, dos dirigentes que se encuentran en las antípodas en cuanto a su pensamiento político. Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública, la mencionó casi como una expresión de deseo. Diana Conti, diputada nacional por el Frente para la Victoria, se refirió al tema con preocupación. Pero no sólo ellas ven en el horizonte un pedido de detención para la ex presidenta de la Nación. En los tribunales de Comodoro Py el tema circula desde hace varias semanas y son muchas las fuentes que aseguran que una orden de arresto contra Cristina dependerá más del impacto social que puede tener para el Gobierno nacional que de los avatares judiciales de la ex mandataria. "No está claro por qué expediente se va a avanzar en su detención; lo seguro es que el pedido va a salir", admiten fuentes tribunalicias que consideran que después de la feria de invierno habrá novedades trascendentes en los expedientes más sensibles que involucran a Cristina y a su familia. Hotesur aparece como el expediente más complejo para la ex mandataria, en cuanto a su entramado judicial. Salió a la luz hace menos de dos años, pero su historial incluye tres jueces. Primero fue desplazado Claudio Bonadio, por pedido de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta y parte del caso; luego lo tomó Daniel Rafecas, acusado por el oficialismo de "dormirlo" hasta que se declaró incompetente y fue sorteado Julián Ercolini. Es justamente el titular del juzgado número 10 el actual responsable de la causa. "Da puntadas prolijas, sin prisa, porque es el caso más redondo contra los Kirchner", sostienen fuentes del sector. Fue Ercolini quien a fines de junio levantó el secreto fiscal sobre la familia Kirchner y quien la semana pasada ordenó abrir las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en las que se hallaron u$s 5,6 millones. El próximo paso podría ser citar a declarar a Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, todos apuntados por irregularidades en el alquiler de habitaciones del Alto Calafate. Quizás el expediente en el que menos se haya involucrado judicialmente a la ex presidenta, por ahora, sea el que investiga la denominada ruta del dinero K, por el que el empresario santacruceño Lázaro Báez se encuentra detenido por lavado. Sin embargo, la Cámara Federal parece haber empezado a cambiar ese escenario, luego de que instara al juez Sebastián Casanello a investigar el rol de la ex presidenta en esas maniobras de desvío del clan Báez. Los jueces de la sala II creen que ese dinero puede provenir directamente de los Kirchner y, por eso, le pidieron acelerar la causa. Casanello acaba de dictar secreto de sumario y de ordenar múltiples allanamientos. Una citación a indagatoria también es probable. El caso Los Sauces responde a la investigación sobre alquileres que los Kirchner habrían realizado a empresarios como Báez y Cristóbal López, a través de dicha sociedad inmobiliaria. Denunciada por Margarita Stolbizer el 10 de agosto deberá someterse a un careo con ella , Cristina fue inhibida por Bonadio para disponer de sus bienes. El juez la investiga por enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos en maniobras realizadas desde allí. Finalmente, el expediente dólar futuro es el que más encaminado a juicio oral se encuentra de todos los que involucran a Cristina. Procesada, la ex presidenta ya declaró en abril y se espera que Bonadio resuelva en el segundo semestre elevar el caso a juicio. Cristina está acusada por administración infiel. Se le adjudica, junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, haber generado un perjuicio por $ 76.000 millones a la entidad monetaria.

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“Conseguimos la liberación de las frecuencias de cuarta generación (4G) en 700 Megahertz (MHz), para asignárselas en breve a los operadores de telefonía celular y que puedan mejorar el servicio de comunicaciones móviles”, anunció ayer Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Con esta nueva “carretera” para la telefonía celular, el Gobierno confía en que mejore el servicio, al descongestionar el tráfico de datos de las redes móviles y que algunos servicios vayan por la infraestructura de 4G, como Google, Netflix, Youtube, WhatsApp y Spotify, entre otros. Eso permitirá liberar las redes 3G (800 y 1900 MHz) para las comunicaciones de voz móvil. El anuncio era largamente esperado por Movistar, Claro y Personal, que pagaron más de US$ 1.000 millones por esas frecuencias hace un año y todavía no las recibieron. De hecho, el ENaCom tiene hasta este lunes 18 para entregar esas frecuencias, según lo establecido en el pliego de la subasta realizada a fines de octubre de 2014. Pero se va a prorrogar el plazo por alrededor de 60 días; mientras se permite un uso experimental de los operadores celulares, hasta que terminen de migrar los que la estaban usando. “El lunes empezaremos a usar la frecuencia de 700 Megahertz, por la que pagamos hace un año 218 millones de dólares, para ampliar la capacidad y cobertura de la red 4G”, dijo Adrian Di Meo, director de Red de Movistar. “La utilización de esta frecuencia nos permitirá mejorar la cobertura indoor y alcanzar una mayor velocidad de navegación en 4G potenciando la experiencia de nuestros clientes”, añadió el ejecutivo de Movistar. Fuentes de Personal contaron que ya desplegaron una red 4G en 700 MHz, pero todavía “se encuentra ocupada por otros servicios y, por ende, no puede ser utilizada para la telefonía móvil”. En el operador móvil del Grupo Telecom dijeron que “el espectro es un recurso escaso, que hay que utilizar de la manera más eficiente, y la desocupación de la banda de 700 Megahertz permitirá mejorar la calidad de servicio, en especial dentro de edificios e inmuebles”. El 31 de octubre de 2014 se subastaron frecuencias de 3G y 4G, por US$ 2.233 millones, que se asignaron a Movistar, Personal, Claro y Arlink (grupo Vila-Manzano). Pero Arlink no pagó los montos comprometidos en la subasta y el Estado intenta recuperarlas. El gobierno kirchnerista entregó una parte de las de 4G -en 1700/2100 MHz-. Pero postergó la entrega de las frecuencias de 700 MHz, ya que estaban ocupadas por empresas de TV paga, que daban el servicio por vínculo inalámbrico. Esos operadores acordaron ahora con el ENaCom migrar sus servicios a las frecuencias de 600 MHz, para liberar ese espectro y dejárselo a los operadores celulares. En la migración a 600 MHz, algunos cedieron parte del ancho de banda que tenían disponible. Por ejemplo, Telecentro redujo casi un 40% su ancho de banda en San Justo y otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Pero la empresa de Alberto Pierri lo aceptó, ya que negocia con los operadores celulares poder usar sus redes y ser pronto un operador móvil virtual, a partir de un nuevo Reglamento que dictó el gobierno nacional. El gobierno también trabaja sobre otras iniciativas para mejorar la calidad del servicio, como el Plan de Acceso a Internet Móvil, que el lunes van a presentar el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri.

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Los fuertes incrementos de las tarifas de gas han desencadenado amparos judiciales y han llevado a que familias recurran más al suéter y a la frazada para abrigarse en casa, y a que los shopping centers obliguen a los compradores a dejarse el abrigo puesto mientras pasean por sus pasillos. Pero no sólo eso: en los últimos meses han aumentado 126% las denuncias de robos de gas de las cañerías de Gas Natural Fenosa, la distribuidora que abastece a 30 partidos bonaerenses, al norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires. Los hurtos se han registrado en barrios de todas clases sociales, incluidos countries y barrios privados, y también en fábricas. En Gas Natural Fenosa no atribuyen el aumento de las denuncias de robos al incremento tarifario, sino a sus campañas de concientización sobre los peligros que entrañan las conexiones clandestinas de gas y sobre la necesidad de reportarlas. Entre enero y septiembre de 2015 se habían registrado 88 denuncias, mientras que entre octubre y abril últimos llegaron a 199, lo que representa un alza de más del doble en un período similar, de siete meses. Entre un lapso y el otro ocurrió que en septiembre pasado la subsidiaria argentina del grupo español formó un grupo ad hoc para trabajar este problema y comenzó el Plan Intensivo de Revisión de Redes y una campaña publicitaria de concientización. En la compañía comentan que han detectado que en barrios cerrados había piletas climatizadas cuya caldera estaba conectada de manera directa a la red, sin pasar por un medidor que reflejara ese consumo de gas. Es probable que estas conexiones hayan sido construidas hace tiempo, antes de la suba de tarifas, pero ahora se tornan aún más rentables e igualmente riesgosas. Sin medidor Gas Natural Fenosa también halló casos en los que el constructor de dos viviendas de un country de la zona norte del Gran Buenos Aires las había conectado, sin consentimiento de los dueños, directamente a la red de gas, sin pasar por el medidor. El contratista les había dicho a los propietarios que estaba todo en regla, pero nunca les contó dónde estaba el contador. A ellos les llamaba la atención no encontrar el aparato. En un barrio humilde del segundo cordón de la zona oeste del conurbano, Gas Natural Fenosa identificó un terreno en el que los planos indicaban que había una sola casa. Empleados de la empresa fueron a visitarlo y vieron que allí había varias edificaciones. La vivienda registrada era la única que contaba con medidor. El resto estaba conectado ilegalmente a la red. En este y los demás casos, la compañía no ha revelado los nombres y apellidos de los que cometieron el ilícito. La campaña de concientización de Gas Natural Fenosa se desplegó en medios zonales, junto con los municipios y con personal en la calle para detectar y resolver presuntos robos del fluido. De todos modos, de las más de 1200 denuncias hechas por los vecinos, sólo en el 16% de los casos se comprobó que realmente había un delito. Así es que entre octubre y marzo pasados se regularizó el flujo de 490.000 metros cúbicos de gas natural. Antes del tarifazo, el consumo promedio en hogares del área metropolitana superaba los 600 metros cúbicos. Por lo tanto, puede inferirse que el monto regularizado equivale al de más de 800 casas particulares. La ex Gas Natural BAN cuenta con 1,5 millones de clientes residenciales, 52.000 comerciales, 1300 industriales, 400 estaciones de gas natural comprimido (GNC) y cuatro subdistribuidoras.

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La campaña de Gas Natural Fenosa está haciendo foco no sólo en el delito de robar gas, sino en el factor seguridad, dado que la alteración de las instalaciones representa un riesgo potencial para las personas, sus bienes y sus vecinos. La empresa insiste en señalar que sólo personal autorizado por las distribuidoras puede operar sobre los medidores y la red, que en su caso se extiende por 24.800 kilómetros. Está claro que no entraña el mismo riesgo colgarse del gas que de la electricidad o del servicio de TV por cable. En la empresa también reconocen que existen casos de vecinos de barrios cerrados, como Nordelta, que han solicitado y conseguido la tarifa social. En la compañía explican que se trata de personas que cumplen con los requisitos para obtenerla porque, por ejemplo, el inmueble está a nombre de un jubilado que percibe un monto inferior o igual a dos veces el haber mínimo o porque alguien de la familia cuenta con certificado de discapacidad.

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En línea con la nueva imagen de la Argentina que Mauricio Macri quiere mostrar al mundo, el Gobierno decidió desplegar un mayor control en las fronteras y reforzar los mecanismos de seguridad en todos los puestos de ingreso y egreso del país. El plan de "fronteras seguras", como lo denominan en la Casa Rosada, ya se puso en marcha y es coordinado por los ministerios de Seguridad y del Interior, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete. La estrategia oficial busca combatir el narcotráfico, la trata de personas y eventuales casos de terrorismo en la Argentina. El plan incluye un mayor apoyo de Interpol y un chequeo más riguroso de los pasajeros que ingresan al país. Además, aumentará los sistemas de radarización en las zonas limítrofes, reforzará los controles migratorios en los pasos críticos de frontera terrestre y agilizará los sistemas de ingreso y egreso de ciudadanos. Con esto se busca adecuar el país a las reglas de seguridad de las naciones desarrolladas. Tanto en el Ministerio de Seguridad como en la Cancillería y en Interior confirmaron a LA NACION que el plan que se puso en marcha busca ajustar a la Argentina a requisitos que exigen los países desarrollados que forman parte de la OCDE. Desde hoy regirá en todos los aeropuertos del país un nuevo sistema de seguridad informática integrado con Interpol para detectar a personas que tienen captura internacional en todo el mundo. Hasta ahora, la Dirección de Migraciones contaba con una base de datos de Interpol de aquellas personas que sólo eran buscadas por la justicia argentina. Esta red no sólo será más amplia, sino que estará online con la base de Interpol de la sede central de Lyon. "Buscamos que haya una visión global del delito para avanzar en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo", explicó a LA NACION el director de Migraciones, Horacio García, que desde el Ministerio del Interior coordina con el Ministerio de Seguridad el plan de "fronteras seguras". La instrumentación de la nueva base de datos de Interpol ya se aplicó en un plan piloto en la terminal de Buquebus del puerto de Buenos Aires. Sobre unos 4000 casos registrados en una semana se detectó al menos 14 personas con "antecedentes críticos". Según confiaron en el Ministerio de Seguridad, en América latina este sistema de red de Interpol ampliado sólo lo tienen México, Colombia y Chile. A la vez, el Ministerio de Seguridad ya ultimó todos los detalles para que el 10 de agosto se activen las 24 horas buena parte de los radares de frontera. Hasta ahora esos radares funcionaban intermitentemente y en muchos casos se detectaron aviones de narcotraficantes que pasaban las fronteras en horarios con radares desactivados. Para ello se aumentará el personal. "Desde hace más de 30 años que el Estado no hacía nada por tener fronteras seguras y luchar de verdad contra el trafico ilegal de mercaderías y de personas en los pasos fronterizos", dijo a LA NACION el secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Luis Green. Por otra parte, el Gobierno instrumentará en noviembre un sistema de información anticipada de pasajeros. Este es un acuerdo que se estableció con todas las companías aéreas que llegan a la Argentina a fin de que informen con antelación la identidad de todos los pasajeros que saquen pasajes hacia el país. El sistema permite chequear con tiempo no sólo la identidad de los pasajeros

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que ingresarán en la Argentina antes de las 32 horas, sino que también detalla con quiénes viajan, qué tipo de comida pide en el vuelo y otras características del pasajero. El esquema de profundización de los controles fronterizos que se diagramó en los últimos meses y que ya empieza a ser aplicado prevé también un sistema de controles móviles que reforzarán los puestos fronterizos críticos del país. Este sistema coordinado por Migraciones junto con Seguridad, la Aduana, la AFIP, la Cancillería y el Senasa buscará oferecer más tecnología y personal a los pasos de frontera donde hoy existe un amplio caudal de gente e insuficientes controles. Se estima que no habrá un refuerzo de este tipo de vigilancia en la totalidad de los 156 pasos fronterizos que hay en lo 7000 kilómetros de fronteras terrestres. Pero la idea es avanzar en puestos fronterizos clave como el de Triple Frontera, Clorinda, Iguazú, Paso de los Libres, Jujuy y Salta. Las oficinas móviles que se montarán contarán con la tecnología necesaria para chequear información de los ingresantes y servirá de sustento hasta que se pongan en marcha nuevas obras de infraestructura previstas para el año que viene. El nuevo sistema permitirá también realizar un rediseño del control de mercaderías. Este es un plan momentáneo ya que la idea del Gobierno es instalar 20 nuevos centros de frontera equipados con la ultima tecnología en 2017. En el Ministerio de Seguridad y en la Cancillería expresaron a LA NACION que algunos de estos planes para imponer un mayor control fronterizo cuentan con el aval y la cooperacón de países desarrollados de Europa y de Estados Unidos, entre otros países. La intención del Gobierno es establecer parámetros de control fronterizo nivelados a los sistemas de naciones desarrolladas para así poder aumentar la calificación del país a la hora de fijar metas de inversión extranjera y seguridad internacional. De hecho ya se firmaron convenios con algunos países para la provisión de equipamientos relacionados con cámaras de vigilancia de última generación, radares, drones y globos aeroestáticos de control fronterizo. Instalarán puertas biométricas El plan de fronteras seguras que se impuso como meta el Gobierno también prevé instalar un nuevo sistema de "puerta biométrica". Este mecanismo funcionará con una máquina que controla electrónicamente el pasaporte y las huellas dactilares de un pasajero. Así, se instalarán computadoras para agilizar los trámites de migraciones en los aeropuertos. Por ahora, está previsto instalar desde noviembre una veintena de máquinas en el aeropuertos de Ezeiza y el Aeroparque. Por otra parte, el Gobierno instrumentará un sistema de permisos con sellado de escribanos en red para los viajeros que lleven autorizaciones de menores.

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En algún instante libre, entre reunión y reunión, Rogelio Frigerio sueña con ser canciller si Susana Malcorra logra sentarse en la secretaría general de la ONU, a fines de año. "¿Sabés qué lindo sería? Más tranquilo, pasearía por el mundo", bromea el ministro del Interior, convertido en "el" referente político del Gobierno de Mauricio Macri en los más de siete meses que lleva de gestión. Una muestra del creciente poder que acumula el nieto de uno de los fundadores del desarrollismo se da cada tarde, cuando por su despacho de la planta baja de la Casa Rosada desfilan gobernadores, intendentes, dirigentes y legisladores del oficialismo y la oposición, todos yendo a buscar apoyo político (y monetario, en algunos casos). El martes, sin ir más lejos, estuvieron el gobernador jujeño Gerardo Morales, su par de Corrientes Ricardo Colombi y el cordobés Juan Schiaretti. "Vengo a ver a Rogelio", es el latiguillo repetido por los caciques provinciales. Mientras algunos ministros recelan de su creciente influencia, y aseguran que pretende "llenar al Presidente de buenas noticias", cerca suyo niegan cualquier apetencia política personal. "No hay tiempo para trabajar para uno mismo. Rogelio tiene la camiseta de Mauricio puesta desde el minuto uno", contestan voceros del ministro. Muchos fondos para repartir y un equipo heterogéneo componen la cotidianeidad de la gestión de Frigerio, que pasa buena parte de la semana en alguna provincia, inaugurando obras de infraestructura, arreglando algún entuerto político o acercando posiciones. Su "caja", envidiada por algunos de sus colegas del gabinete, se compone de $ 22.000 millones para planes de vivienda; $ 13.000 millones de obra pública pautada sólo para este año y $ 18.000 millones de obras de infraestructura encaradas por la estatal Aysa, especialmente centrado en el conurbano bonaerense. Un botín anhelado por mandatarios provinciales y municipales, que necesitan como el agua ese dinero para mostrar avances de gestión. En su gestión con los gobernadores, con quienes acordó el pago del 15% retenido por el Anses y el tope para los aumentos de tarifas, lo ayuda Sebastián De Luca, hombre del titular de la Cámara baja y aliado Emilio Monzó, actual secretario de Interior. "Nuestro objetivo es ganar las legislativas en 2017. No pensamos en otra cosa", contestó De Luca cuando LA NACION lo consultó por las eventuales ambiciones a gobernador de Entre Ríos, de donde es oriundo Frigerio. Otros miembros del equipo provienen de orígenes diversos, entre ellos dos ex intendentes: la radical chaqueña Aída Ayala es secretaria de Municipios y el tucumano Domingo Amaya, de Vivienda. Del massismo reclutó al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y al subsecretario de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado. Un Pro puro como Daniel Chaín es secretario de Obras Públicas, y el técnico Alejandro Caldarelli es secretario de Provincias. ¿Son el germen del frigerismo? "No, eso no existe. Trabajamos para imponer la marca Macri en cada obra que hacemos", contestan cerca del ministro. Desde el área economica disparan. "Frigerio, igual que (Alfonso) Prat-Gay, quieren crecer, y se pelean para ver quién le da mejores noticias al Presidente." Otro miembro del gabinete lo defendió ante LA NACION: "Rogelio sabe muy bien el rol que cumple cada uno, no pretende sacar partido de ninguna situación", afirmó el secretario. Las recientes disidencias con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por las soluciones propuestas para salir del tarifazo, son minimizadas en su entorno. "Son diferencias de criterios, pero no tiene problemas con nadie", afirman, aunque los roces con Prat-Gay (que a través de su secretario Hugo Marconatto le "pisó" fondos para las provincias) también trascendió. Tildado por Macri de "rosquero", "título" que comparte con Monzó, Frigerio sigue su camino sin dar pistas.¿O sí? "Va a tener que decidir en 2019 si va por la gobernación de Entre Ríos o por algo más grande", susurra un dirigente que lo conoce bien. "Una gran nación se construye con todas las voces", dice Frigerio en todas las páginas del anotador que obsequió a los periodistas.

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La aplicación de las nuevas tarifas de gas para usuarios residenciales y comercios seguirá frenada al menos hasta los primeros días del mes próximo, algo que comenzó a afectar la cadena de pagos de toda la industria dedicada a la producción de ese recurso. Ayer, la Cámara Federal de La Plata ratificó la vigencia del fallo que suspendió la semana pasada los incrementos. Según un cable de Télam, además, ese tribunal rechazó abrir la feria para tratar la cuestión, por lo que no se resolverá en los próximos días. El Gobierno descuenta que la cuestión no se definirá hasta principios del mes próximo, por diversos motivos. Incluso si los jueces trataran el recurso que presentó el Gobierno, trataría el tema en no menos de 10 días. Y hay dudas respecto de la posibilidad de que un tribunal de feria defina una cuestión tan polémica como los aumentos del gas. Pese a eso, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, no tiene previsto insistir en la pelea judicial para no despertar más polémicas. Usuarios y facturas En medio de tanto desconcierto, los usuarios del servicio tienen múltiples alternativas al momento de definir qué hacen cuando les llegue la factura de gas. Puede pagarla en su totalidad y esperar una nota de crédito en caso de que le corresponda la revisión del importe; abonar un mes, pedir la refacturación o sencillamente no pagar. Eso se debe a que las empresas no están cortando el servicio por falta de pago debido a la confusión que reina en el sector. Además, dejaron de emitir facturas hasta que se conozca con precisión qué criterios deben usar para elaborarlas. Las indefiniciones respecto de las tarifas de gas comenzaron a generar problemas en la cadena de pagos del sector. Las empresas Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, entre otras, disminuyeron sus ingresos por las demoras en la emisión de facturas y las protestas de los usuarios. Eso les cercenó los fondos para pagarles a las productoras de ese hidrocarburo, entre las que se destacan YPF, Pan American Energy, Total, Tecpetrol y Pluspetrol. Una de las grandes distribuidoras del país reconoció ayer a LA NACION que desde hace casi dos meses tiene la mayor parte de sus ingresos frenada, porque a medida que avanzaban los recursos de amparos contra el aumento se les reducía su facturación. Para salir de las necesidades más inmediatas, Camuzzi Gas del Sur anunció a sus clientes anteayer que iba a refacturar los consumos tal como lo dispuso la Justicia de Chubut y Santa Cruz. El lunes pasado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y Aranguren anunciaron en una conferencia de prensa que el Gobierno le pondría un límite de 400% al incremento de la factura de los usuarios residenciales en comparación con el mismo mes del año anterior. En el caso de los comercios, el límite fue de 500 por ciento. La administración de Mauricio Macri pensó que le había puesto un punto final a la discusión por las tarifas este año con el anuncio de principios de la semana. Por las fricciones que desató el tema, tiene previsto dejar a la Justicia sin presentar nuevos recursos hasta que se reanude la actividad habitual en los tribunales. La Corte Suprema deberá resolver el futuro de las tarifas de gas. El pasado martes el máximo tribunal pidió informes al Gobierno sobre su evolución, le preguntó si había evaluado su impacto en el ingreso de los trabajadores, cómo había fijado el tope y cómo quedaría fijado el cuadro tarifario final.

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El tribunal también esquivó dictar un fallo que frenara el incremento del gas. Esa misma tarde, el presidente Mauricio Macri recibió al titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. La Corte se limitó a hacerle al Gobierno un pedido de informes, cuya respuesta demandará semanas. Reconoció, de paso, que pertenece al Gobierno -y no al Congreso- la facultad de modificar tarifas. El Gobierno puso en marcha los aumentos en las tarifas de gas el 1° de abril. Se esperaba una suba promedio de 300 por ciento. En la práctica, sin embargo, hubo facturas que llegaron con aumentos mucho más altos a los previstos originalmente debido a que se combinó un mayor consumo (porque el otoño estuvo entre los más fríos en varias décadas) y los aumentos de precios.

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El titular de la distribuidora SAESA, Juan Bosch, advirtió que "el gas, aún importado, no alcanza para todos". Y llamó a "concientizarse en el gasto". En declaraciones al programa Séptimo Día, que se transmite por Radio 10, Bosch afirmó que Argentina "tiene su industria frenada porque el gas no alcanza para todos". "Estamos consumiendo mucho si tomamos la media latinoamericana. Hay que promover un cambio cultural y cuidar el gas", remarcó. Sus declaraciones van en línea con el discurso del presidente, Mauricio Macri, quien en los últimos días pidió a la población cuidar el consumo del gas y hasta llegó a decir que "cuando de golpe se encuentran en su casa y vean que están en remera o están en patas es que están consumiendo demasiada energía". En este marco, Bosch dijo que "el ahorro no significa un sacrificio". "Todos podemos ser más eficientes en nuestro consumo, es cuestión de cada uno cómo lo usamos", concluyó el titular de SAESA.

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La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó el viernes que la anulación del tarifazo del gas en todo el país y la suspensión de la suba de la luz en provincia de Buenos Aires seguirán firmes mientras se tramite la apelación que presentó el gobierno. En este nuevo escenario, las asociaciones de consumidores recomiendan no pagar las boletas que llegaron con aumento, pero para que no queden dudas les pedirán entre hoy y mañana a los entes reguladores Enargas y Enre que emitan un comunicado aclarándole la situación a los usuarios y formulen las directivas necesarias para que las empresas recalculen los montos de las facturas tomando en cuenta los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo de este año. También van a reclamar que se deje de cobrar el GNC con aumento en las estaciones de servicio y que se estudie una alternativa para devolverle el dinero a quienes puedan demostrar que pagaron el combustible con aumento. La semana pasada predominó la incertidumbre porque el gobierno dejó trascender que la sola presentación de su apelación era suficiente para que el tarifazo volviera a estar vigente mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata difundió un escrito antes del comienzo de la feria judicial donde aclaró expresamente que sus fallos siguen firmes. Hasta el momento, los entes reguladores evitaron pronunciarse sobre el tema, pero el margen que tienen para seguir eludiendo una definición es cada vez más escaso. “Los entes reguladores, que son los que deben defender a los usuarios, tiene que emitir una respuesta”, aseguró a Página/12, Pedro Busetti, titular de la asociación de consumidores Deuco. El problema de los entes reguladores es que están controlados por ex ejecutivos de las empresas a las que ahora deben controlar. Como presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el ministro de Energía Juan José Aranguren designó en enero a David Tezanos, quien hasta entonces se venía desempeñando como titular de Metrogas y director de Gas de YPF. Tezanos debería haber sido el encargado de convocar a la audiencia pública previa a la aplicación de los aumentos en las tarifas de gas, pero el gobierno le ordenó avanzar directamente con la intrumentación del nuevo cuadro tarifario. El argumento oficial es que la audiencia pública no debe realizarse porque este ajuste de tarifas es una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual inconclusa iniciada en 2003 y para la cual ya se hizo una audiencia el 6 de mayo de 2004. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata rechazó esa explicación y anuló la suba. Lo llamativo es que aquella audiencia de mayo de 2004 terminó en escándalo cuando una de las asistentes al encuentro vació una botella de agua mineral sobre las cabezas de los representantes empresarios. Uno de los que terminaron empapados ese día fue el propio David Tezanos quien había asistido para respaldar la suba del precio del gas en representación de la petrolera alemana Wintershall. Las asociaciones de consumidores quieren que el Enargas y el Enre les aclaren a los usuarios que no deben pagar las facturas de gas con aumento para que nadie corra ningún riesgo. En el caso específico del gas, aunque las asociaciones recomiendan no pagar temen que algunos usuarios igual puedan llegar a hacerlo por temor a que les corten el suministro, ya que una vez que el servicio está interrumpido por el motivo que sea pueden pasar varios meses hasta que se lo restablezcan. En ese escenario, los usuarios suelen quedar a merced de inspectores que se aprovechan para pedir coimas recurrentemente a cambio de las habilitaciones, frente a la pasividad de la propia dirección de la empresa y del ente regulador. “En este caso no corresponde cortar el servicio, pero aún antes de cortar las empresas siempre deben enviarle una intimación al usuario por escrito dándole un plazo para pagar”, aclaró a Página/12, Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.

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Los analistas de bancos y consultoras prevén que este año la inflación llegue al 38,4%, la caída del producto bruto interno (PBI) sea del 1% y el dólar llegue a $ 15,96 al finalizar 2016. Así lo indica el consenso de las estimaciones de bancos y consultoras privadas reunidas en el informe LatinFocus Consensus Forecast sobre el futuro económico de la Argentina, en el que se asegura que las perspectivas son "estables" y que, luego de la caída que sufrirá la actividad este año, se prevé una mejora de los indicadores para 2017. En términos de la inflación, el promedio del 38,4% fue superado por varias estimaciones, como FyE Consult, que prevé que los precios crezcan este año un 44,8%. También superan el promedio Goldman Sachs, con 44,6%; Ecolatina, con 43,9%; LCG -fundada por el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau-, con 42,1%, y el Banco Supervielle, con 41,2%, entre otros. Por debajo del consenso se ubicaron el Banco Santander-Río y la consultora Capital Economics, con el 30%; Deutsche Bank, con 31,2%; Banco Galicia, con 37,5%; Abeceb, con 37,7%, y Analytica, con el 37,8 por ciento. Para el año próximo, el promedio de las proyecciones prevé una suba de los precios al consumidor del 19,2%, aunque Nomura se estiró al 25% y el consultor Gabriel Rubinstein, al 24,7%, mientras que del otro lado se ubicaron BMI Research, con el 12%, y el Deutsche Bank, con el 13,2 por ciento. En cuanto al tipo de cambio del peso con el dólar, el consenso a esta altura del año es que la paridad se ubique en $ 15,96 al terminar 2016, salvo para Rubinstein, que calculó una relación de $ 17 por dólar, y UBS y Nomura, con $ 16,50, entre otros. En la otra punta se ubicaron BMI Research, con $ 13,75; Standard Chartered, con $ 15, y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), con 15,35 pesos. Para 2017, el promedio se ubica en $ 18,19 por dólar, aunque el Citigroup se estiró hasta $ 20; Rubinstein, a $ 19,60, y la Fundación Capital y el banco Itaú BBA, a $ 19,50. Respecto del crecimiento económico, el promedio de las estimaciones indicó que este año habrá una recesión del 1%, pero para Econométrica -conducida por el radical Mario Brodersohn-, la Unión Industrial Argentina (UIA) y FyE Consult la caída del PBI llegará al 2%. Les siguen el Estudio Bein y Ecolatina, con una baja del 1,9%. En cambio, FIEL anticipó una caída del 0,3% y el BBVA, una leve baja del 0,4 por ciento. Para 2017, el promedio indicó que la economía podría crecer un 3,9%, pero la estimación del Santander llegó al 5%, C&T calculó un 4,9% y Empiria, un 4,2%. Del otro lado, Apoyo Consultoría calculó una caída del 0,4% y el Kiel Institute, una leve suba del 0,4 por ciento. Los analistas consultados por FocusEconomics afirmaron que el consumo caerá 1,8% este año y rebotará el 2,8% el próximo, mientras que la inversión crecería 1,4% y 8,3%, respectivamente. La industria caería un 1,2% este año y crecería 2,5% en 2017; el desempleo sería del 8,3% y del 7,9% en cada año, y el déficit fiscal llegaría al 5,3% del PBI este año y al 4,5% el próximo. La cuenta corriente registraría un déficit respecto del PBI del 2,3% este año y del 2,5% el próximo, mientras que la balanza comercial crecería 0,9% y 0,8%, respectivamente. Las exportaciones alcanzarían este año los US$ 58.800 millones y el próximo crecerían a US$ 63.700 millones, mientras que las importaciones llegarían a US$ 47.900 millones y US$ 62.900 millones, respectivamente, con un sustancial achicamiento del superávit comercial.

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En cuanto a las reservas internacionales, terminarían este año en US$ 34.000 millones y en 2017 en US$ 39.100 millones, mientras que la deuda externa ascendería a US$ 175.000 millones y US$ 185.000 millones, respectivamente. Pese a la compleja situación actual, el ex presidente del Banco Central Mario Blejer dijo a LA NACION que "lo que hay que mirar es la tendencia, que es la correcta, aunque haya cosas que se hicieron mal, como la implementación del aumento en las tarifas de los servicios públicos". En particular, dijo que "el Banco Central está haciendo las cosas bien", y consideró que "aunque baje las tasas de interés, debe hacerlo lentamente, por la inflación".

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El Gobierno buscará esta semana financiarse con el dinero de una parte del mercado que está desprovista de buenos rendimientos y muy atenta a la evolución del dólar y los precios. El miércoles empezará a recibir ofertas para dos nuevos instrumentos que ya anunció este viernes, que apuntarán a tentar a ahorristas y fondos comunes de inversión. El primero de ellos será un bono atado al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que en cinco años ofrecerá como retorno un 2,5% anual más la inflación acumulada. El Tesoro pretende emitir alrededor de $ 15.000 millones. El segundo será, otra vez, una letra en dólares que se licitará en dos plazos: uno a tres meses, al 3,5% anual; y otro a siete meses (213 días), al 3,66%. Opciones El Gobierno pretende asegurarse fondeo en pesos y evitar, para esto, pedir ayuda al Banco Central con emisión de dinero. En las mesas de bancos valoran el hecho de que el Tesoro se esfuerce por ampliar el menú de opciones en el mercado, y creen que los principales interesados en suscribir estos títulos (especialmente los vinculados al CER) serán los fondos comunes de inversión. Pero consideran también que las dos alternativas no resultan demasiado atractivas dado que están muy en sintonía con las actuales tasas de interés de mercado (en general, cercanas al 30% anual, porque están "arbitradas" con las Lebac en pesos más cortas). El bono atado a la inflación se aproximará a ese rendimiento (al menos durante el primer año) si se confirma una inflación similar a la que espera el sector privado de entre el 25 y el 30% para los próximos doce meses. En la Bolsa ya se negocian títulos atados a la evolución de precios, con retornos similares pero con mayor duración: el Pr13, que vence en 2024 y paga 2% anual de intereses; y el Discount en pesos, que termina en 2033 y paga 5,8%. En las letras en dólares siempre se destaca el atractivo de que ofrece la posibilidad a inversores minoristas de acceder al tipo de cambio mayorista (en rigor, el tipo de cambio de referencia, de la normativa "A3500", que surge de una encuesta que realiza el Banco Central). Para el ahorrista, esa diferencia "a favor" (1%) se suma al rendimiento que ofrece el bono (de 3,5% y 3,66%, según el plazo), a lo que debe añadirse también el efecto provocado por la devaluación (o la revaluación) del peso. Tomando el pronóstico que surge de los contratos de dólar a futuro, la tasa de interés es cercana al 30% anual para la letra que vence en tres meses (octubre 2016) y del 24,5% anual para la que lo hace en 7 meses (febrero 2017). El plan del Gobierno parece ser captar no sólo pesos sino, especialmente, los dólares que hoy están guardados en el sistema financiero a tasas de interés del 1% anual; esto es, un desplazamiento de los bancos al Tesoro de aquellas divisas que hoy ya nutren las reservas del Banco Central. Con todo, queda claro que, medidos en pesos, los retornos que se ofrecen son bastante similares (y a veces inferiores) a los que muestra la curva de rendimientos de las letras del Central (Lebac), que en la última licitación dejó en 30,25% anual la tasa de interés para un mes de plazo (35 días), en 28,6% para tres meses y en 27% para siete meses.

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Según un relevamiento de la consultora Analogías sobre un universo de 2000 casos en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, un 76,8% de la población se mostró de acuerdo con el cacerolazo que se realizó el pasado jueves, en contra del aumento en las tarifas de los servicios de gas, luz y agua potable. Del relevamiento se desprende además, que el 67,1% de los encuestados considera que la Corte Suprema debe anular el tarifazo. El estudio arroja también que casi un 70% tiene una imagen negativa del ministro de Energía, Juan José Aranguren. En torno al apoyo, adhesión, participación o simpatía con la protesta del pasado jueves, un 76,8% de los encuestados se manifestó de acuerdo, mientras que sólo un 12% afirmó no estar de acuerdo con la medida de protesta. Entre los adherentes del Frente para la Victoria y el PJ el apoyo crece hasta el 89%. Llamativamente el 36,8% manifestó haber participado del cacerolazo del jueves, un elevado porcentaje para un hecho de participación activa, que expresa una empatía muy horizontal con la medida. El 91,2% manifestó haberse enterado de la protesta. Acerca de la actitud de la Corte Suprema de Justicia "es donde aparecen mayores grados de desinformación e incertidumbre", según indica el estudio. Un 67,1% considera que el máximo tribunal de Justicia debe anular los aumentos, frente a un 5,2% que cree que debe permitirlos. Un alto porcentaje manifestó no saber: 19,2%. Pero al consultar sobre lo que finalmente hará el supremo tribunal, las respuestas aparecen con un grado mayor de escepticismo: menos de la mitad (42,7%) cree que va a anularlos. Un 15, 4% cree que no se pronunciará y el 17,2% considera que la Corte permitirá los aumentos. Nuevamente un alto porcentaje, esta vez del 24,7% manifiesta no saber. Por primera vez en las mediciones de la consultora la evaluación de desempeño del presidente, Mauricio Macri, presenta un diferencial negativo, en este caso del 7,7 %. La desaprobación crece entre los sectores más humildes, y en el sur y el oeste del conurbano bonaerense; Macri presenta mayor aceptación en la zona norte del conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. En la franja de 30 a 44 años su desaprobación pasa el promedio general en 5 puntos, alcanzando el 56,5%, y un diferencial negativo de 15 puntos. En contraste, entre los mayores de 60 años Macri presenta un diferencial de evaluación positivo de 13 puntos. El ministro Aranguren es evaluado con un 69,8% de opiniones regulares negativas, malas y muy malas, y entre ellas las muy malas suman el 38%, con un conocimiento de sólo el 51%.

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La obra pública es el sector que eligió el Gobierno para intentar salir del estancamiento económico. Las posibilidades de financiamiento externo a través de créditos de organismos internacionales y del rápido impacto que tiene en los índices laborales la convirtieron en el motor del modelo Cambiemos. Los encargados de llevar adelante este proceso son el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; y el de Transportes, Guillermo Dietrich. Fue este último quien días atrás se reunió con empresarios españoles y japoneses para presentarles el plan de Transporte 2016 2019, con la intención de conseguir los fondos privados que requiere su financiamiento. El plan, al que tuvo acceso El Cronista, está dividido en seis sectores aeropuertos, ferrocarriles de carga, trenes de cercanía, vialidad, movilidad urbana y puertos y estipula que al terminar el mandato del presidente Mauricio Macri se deberían haber invertido u$s 33.225 millones, de los cuales la inversión privada proyectada es de u$s 5550 millones. Dietrich y su equipo detallaron a los empresarios para qué sectores serán las 224 licitaciones públicas que ya tienen programadas hasta finales del 2019. Para alcanzar los fondos necesarios, el Gobierno ya tendría garantizados u$s 9000 millones de los que u$s 5000 millones serán préstamos de China, alrededor de u$s 4000 millones provendrán de organismos internacionales y el resto será aportado por el Tesoro, cifra que está contemplada en el déficit fiscal previsto por el Gobierno, según explicó Dietrich. "Se trata del plan de inversión en infraestructura más ambicioso de los últimos años, que modernizará los servicios de transporte en todo el país y con un sistema de licitaciones abiertas y transparentes", afirmó el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Para este año hay comprometidos u$s 5135 millones, para el 2017, otros u$s 9380 millones; durante el 2018, u$s 9065 millones; y para el último año de gestión, u$s 6565 millones. Los mayores rubros de inversión se focalizan en la red vial y ferroviaria. En el caso del transporte terrestre, el Ejecutivo planea realizar 1030 obras que incluyen 2800 kilómetros de nuevas autopistas, 4000 kilómetros de rutas nuevas, 13.000 kilómetros de rutas pavimentadas. En total, Dietrich mostró 250 nuevos proyectos de ingeniería y 1030 obras a los que planea destinar u$s 12.500 millones. El ministro espera conseguir otros u$s 5000 millones para los que licitará 15.000 kilómetros en 11 paquetes de 105 llamados. En lo que se refiere a la red ferroviaria se estiman 32 licitaciones con una inversión u$s 13.000 millones, de los que gran parte u$s 10.300 millones se los llevan los trenes de cercanía, fundamentalmente el soterramiento del Sarmiento y la megaobra que busca interconectar a todas las líneas del AMBA en una red de túneles en la Ciudad de Buenos Aires. Los puertos es el sector que menos recibirá con u$s 625 millones de los cuales u$s 200 millones son privados y las obras estarán repartidas en cuatro licitaciones. Buenos Aires, Itá Ibaté, Puerto Madryn, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Concepción del Uruguay son las terminales seleccionadas. En el caso del puerto porteño también estipula que, como las concesiones actuales vencen en 2019, se realizará una nueva licitación el año que viene. Para el sistema aeroportuario se invertirán u$s 1800 millones para mejorar 26 aeropuertos y se realizarán 13 licitaciones en tres años.

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Las necesidades de mejorar la imagen política y calmar el descontento social por la elevada inflación que derivó del tarifazo y la devaluación, sumado a que las subas salariales pactadas para este año se cerraron por debajo del ritmo de incremento de los precios, llevaron a que el gasto público se acelere a tasas impensadas para la gestión macrista: entre el 29 de mayo y el 3 de julio pegó un salto que lo llevó a una expansión de 68% en la comparación con igual período del año pasado, teniendo en cuenta las erogaciones totales devengadas. De esta manera, los planes de reducción de déficit fiscal para este año van quedando atrás y hasta estiman que al medirlo como porcentaje del PBI cerrará por arriba del 2015, último año de la gestión kirchnerista. Hasta mayo, la decisión de política económica era la de una reducción del gasto público, tanto en el relato como en los números. En el acumulado con corte el 29 de mayo, el gasto público creció a un ritmo de 15,8%, según números calculados por el Estudio Broda en base a datos oficiales de la oficina de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Sin embargo, al tomar en cuenta hasta los primeros días de julio, pegó un salto fuerte y llegó a un 29,3%. Sin embargo, al poner la lupa sólo entre el 29 de mayo y el 3 de julio, la expansión se disparó hasta un 68%. "Desde mayo se observa un cambio. Luego de las medidas de principio de año, que golpearon el bolsillo, ahora hay una política fiscal más expansiva y una monetaria menos contractiva", sostuvo la economista Andrea Broda. Al calcular exclusivamente entre el 12 de junio y el 10 de julio se ve una pequeña desaceleración, a un ritmo de 40% en el gasto, pero aún muy por encima de los primeros meses del año. El viraje hacia una política menos ortodoxa tiene sus razones: la necesidad de mejorar la imagen del Gobierno en vistas de las elecciones legislativas de 2017. "Primero se aceleraron los subsidios sociales, luego la licitación de obra pública, llenar bolsillos de jubilados a toda orquesta y dar a los gobernadores el 15% de la coparticipación. Todo es pro-empuje de la demanda doméstica", enumeró Broda. También los números de FyE Consult dan cuenta de este fuerte incremento: mientras en los primero cuatro meses el gasto total creció a un 14,5%, desde el 3 de mayo al 10 de julio lo hizo a un 59,3%. "Este mayor ritmo de ejecución del gasto está obedeciendo a mayores transferencias a las provincias y al sector privado (se aceleró de 8% a 68% interanual), a la decisión de reactivar la obra pública (de 4,5% a 30,5%), y a una paulatina normalización de las erogaciones de consumo (de una disminución de 9,4% se desaceleró a una baja de 1,1%)", detalla Hernán Hirsch. La decisión de pisar acelerador en el gasto no está teniendo su contrapartida, en el mismo sentido, en los ingresos. La recaudación está creciendo a un ritmo significativamente menor. Entre el 12 de junio y el 10 de julio se expandió a un 22,6%, casi la mitad que las erogaciones. De esta manera, llegar a meta de déficit primario de 4,8% para este año empieza a ser puesto en duda. En sí, los números del PBI revisado dan un margen mayor para lograrlo ya el PBI nominal (esto es, a precios corrientes) arroja una cifra más elevada por el impacto de los precios. Sin embargo, también siguiendo esta nueva manera de contabilizar la economía según el Indec, el déficit primario del año pasado fue menor al informado por el Gobierno.

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"Más allá de lograr o no el 4,8% fijado para este año, lo que seguro no se va a dar es una reducción del déficit primario. Mientras que en 2015, con el PBI revisado fue de un 4% del producto, para 2016 va a crecer en torno a 1 punto porcentual", estimó Broda. Los números de FyE Consult no contradicen esta estimación. "La dinámica de deterioro fiscal se mantendrá en el año, con un déficit primario que se estará elevando de 4% a 4,7% del PBI entre 2015 y 2016, siendo inferior a la meta fiscal original (4,8% del PBI), pero superior a la meta oficial revisada por el nuevo PBI nominal (4,5% del PBI, no formalizada)", vaticinan. Un punto no menor es la emisión por parte del Banco Central. La autoridad monetaria se encuentra en una encrucijada ante la emisión de títulos en dólares por parte del Tesoro: al comprarle estas divisas, debe emitir como contrapartida los pesos. De no hacerlo, estos billetes entrarían en circulación al mercado de cambios y presionarían a la baja al valor del dólar, hecho que se traduciría en un mayor atraso cambiario, dada la elevada inflación, de un 47% interanual según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, el BCRA busca esterilizar estos pesos con las licitaciones semanales de Lebacs. Sin embargo, de hacerlo, sube el déficit cuasifiscal (el stock de estos instrumentos creció un 73% en un año), y de no emitirlas, aumenta la circulación de los pesos, que no hace más que presionar más a la suba a la inflación.

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Durante el funeral de las víctimas en el frustrado golpe en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió hoy limpiar al Estado de “virus” y “metástasis” y confirmó que la “purga” de las instituciones continuará y queno habrá piedad para los seguidores del predicador Fethullah Gülen, a los que considera instigadores de la asonada. Al mismo tiempo, planteó el tema de reinstaurar la pena capital en el país. Hoy anunciaron más arrestos: hay en total unos 6.000 junto a 2.700 destituciones de jueces, acusados de connivencia con la rebelión. “Queridos hermanos, ¿es esto suficiente?”, se preguntó Erdogan ante sus seguidores. “En todas las instituciones del Estado continuará el proceso de erradicación de esos virus. Y es que esos cuerpos, mis hermanos, han producido metástasis. Lamentablemente han invadido todo el Estado como un cáncer”, añadió. Erdogan está considerando el restablecimiento de la pena de muerte tras el intento de golpe de Estado frustrado. “En las democracias, las decisiones se basan en lo que dice el pueblo. Pienso que nuestro gobierno discutirá con la oposición, y sin lugar a dudas llegaremos a una decisión”, destacó ante el clamor de la gente que pedía la pena capital para los golpistas. Hoy continuaron los arrestos y, según el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, ya hay más de 6.000 detenidos, entre ellos unos 3.000 soldados, incluidos al menos 19 generales, decenas de coroneles y otros oficiales de alto rango. También se encuentran detenidos los jefes de dos de las cuatro fuerzas de tierra. Según la agencia de noticias DHA, también fue arrestado el coronel Ali Yazici, asesor de Erdogan, aunque por el momento no está claro dónde fue detenido y de qué se le acusa exactamente. El presidente de Turquía también volvió a arremeter contra el clérigo Gülen, aunque éste niega estar detrás del fallido golpe de Estado. El mandatario turco pidió a Estados Unidos que extradite al predicador, aunque por el momento Turquía no presentó ninguna prueba directa de la involucración de Gülen en el golpe, algo que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, entiende como imprescindible para justificar la extradición del predicador.

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Algunos golpistas mostraron todavía ayer resistencia en el aeropuerto Sabiha Gocken, en la parte asiática de Estambul. Las fuerzas de seguridad leales al Gobierno tuvieron que lanzar disparos de advertencia antes de arrestar a 11 sublevados. También en la base militar aérea de Konya, en Anatolia central, se produjeron enfrentamientos hoy, aunque la situación allí también está bajo control. El jefe de los servicios secretos, Hakan Fidan, explicó ayer a la prensa que el Gobierno fue completamente consciente del inminente intento de golpe horas antes de que este comenzase. También hay otras evidencias que sugieren que el Gobierno fue capaz de sobrevivir al golpe porque estaba preparado. El sábado, tras el intento de golpe, el Parlamento se reunió en Ankara y los distintos partidos dieron una rara muestra de unidad. La oposición aprovechó para reclamar el fortalecimiento de la democracia, ya que a Erdogan se le acusa de haber adoptado un estilo cada vez más autoritario en sus más de 13 años en el poder. Algunos ciudadanos y analistas han mostrado una profunda preocupación por el alcance que pueda tener la represión. Los servicios de seguridad de Turquía pidieron a la ciudadanía que informe sobre los usuarios de redes sociales que difundan y apoyen “actividades terroristas”.

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Las calles del centro están cortadas, se ven vallas de hierro, empalizadas de concreto y más de 3.000 policías locales y de otros estados que se desplegaron como hormigas en un inédito operativo de seguridad. En un ambiente tenso marcado por el asesinato de tres agentes en Louisiana y a la espera de numerosas marchas de protestas, se inaugura el lunes en Cleveland, Ohio, la Convención Republicana que deberá nominar formalmente el jueves al polémico magnate Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad solicitaron al gobernador John Kasich que declarara el estado de emergencia en Ohio para así poder prohibir la circulación de gente con armas, algo que aquí está permitido en nombre de la libertad de portación. El funcionario dijo que no estaba habilitado a derogar esa medida por lo que es posible que haya muchos “fierros” en la calle. Los 2.472 delegados republicanos ya llegaron desde todo el país a esta ciudad de 400.000 habitantes a orillas del lago Erie, en la frontera con Canadá, donde se dice que se inventó el término “rock and roll” en los años 50. Más de 15.000 periodistas ya se acreditaron para informar sobre la inédita coronación del primer hombre en llegar tan alto en la política estadounidense sin haber ocupado un cargo público y que ha recibido un récord de 14 millones de votos en una campaña plena de golpes bajos e ideas populistas que sin embargo lo ha catapultado hacia lo más alto. Miles de simpatizantes y manifestantes también se congregaron para una serie de marchas en un creciente ambiente de tensión racial tras el asesinato, este domingo, de tres agentes en una emboscada, similar al episodio de Dallas el 7 de julio, que siguieron a varios casos de violencia policial contra afroamericanos. En estos días habrá aquí manifestaciones de todo tipo a favor y en contra de Trump, contra el racismo y la discriminación, pero también vendrán grupos supremacistas blancos y negros, además de promotores y detractores del aborto y el matrimonio gay. “Hemos escuchado reportes sobre todo el mundo, desde anarquistas y separatistas negros, a seguidores de Trump y opositores a Trump que vendrían a Cleveland para causar problemas o solo manifestar. Pero estamos preparados para todo”, dijo el jefe de la policía local, Calvin Williams. Agregó que se reforzaron las barricadas para evitar un posible ataque con un vehículo, luego que un hombre embistiera el jueves con un camión a una multitud en la ciudad francesa de Niza y matara a 84 personas. Pese el inmenso operativo de seguridad, la ciudad se prepara para la fiesta republicana, con carteles y vidrieras en rojo y blanco. En el estadio Quicken Loans Arena, donde juegan los Cleveland Cavalliers que salieron campeones de básquet hace pocos días, Trump buscará la nominación pero al mismo tiempo tendrá el desafío de unir al partido y mostrarse como un hombre “presidencial”. El magnate ya hizo un gesto al nombrar a Mike Pence, el conservador gobernador de Indiana, como su candidato a vice, ya que su bajo perfil, su conservadurismo y su experiencia es bien vista entre los caciques del partido. En la convención hablarán varios políticos como Rudolph Giuliani o Newt Gingrich, pero también deportistas y actores. Incluso serán oradores la esposa y los hijos de Trump. A pesar de lo mucho que se especuló sobre una convención dividida, se estima que los delegados terminarán votando el jueves por el empresario, quien cerrará la fiesta entre los tradicionales globos que caen del techo. Si embargo, las butacas reservadas a los ex presidentes Bush y otras figuras partidarias como Mitt Romney y varios senadores estarán vacías porque siguen sin poder digerir la idea de que el magnate sea la persona que pueda llegar a la Casa Blanca.