La crisis de la identidad militar es el tema central de este texto del sociólogo Ernesto López, especialista en cuestiones castrenses cuya obra anterior, Seguridad nacional y sedición militar, abrió un debate que, más allá de los protagonistas de la crisis, logró levantar vuelo y remontarse a los origenes de ésta. Con el mismo criterio, López rebaja la insurgencia de Rico a nivel de alfaire y a su levantamiento en varias etapas lo encuadra en la contradictoria lógica de la corporación militar contrapuesta con la lógica de la crisis de identidad de los militares. Estos, que perdieron el poder político y se batían en retirada en 1983, se colocaron en una posición defensiva buscando recomponerse mediante la afirmación corporativa, pero sin embargo no pudieron Impedir que la crisis de identidad de arrastre estallara y se hiciera manifiesta en sus

conflictos internos, que de este modo se volvieron externos y sacudieron a toda la

• sociedad. El balance de López en cuanto a la sociedad argentina señala que se ha registrado en ella una recuperación civil, una verdadera sorpresa. "He procurado diagnosticar conforme a lo que he percibido y no en base a lo que me gustaría", expresa el autor, con el respaldo de Max Weber, quien le enseñó oportunamente la diferencia entre reconocer y juzgar. Investigador del CON ICET y profesor de Problemas Psicológicos en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Lopez (Corrientes, 1947) ha escrito, entre otras, la entrada "Militarismo latinoamericano" para el Diccionario de política de Bobbio y Matteucci, aparte de otros muchos trabajos sobre sociología militar.

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Ernesto López NUEVA INFORMACION €olección dirIgida por Rogelio (,arcia Lupo

Diplomacia secreta y rendición incondicional, de Rogelio García Lupo

El peronismo de la victoria, de Jorge Luis Bernetti La columna vertebral, de Alvaro Abós De Bolívar a la Revolución Boliviana, de Roberto Jordán Pando Exilio, de Juan Gelman y Osvaldo Bayer Perfiles de la revolución sandinista, de Carlos M. Vilas La última batalla de la Tercera Guerra Mundial, de Horacio

Verbitsky Memorias del presente, de Rodolfo H. Terragno Pequeñas guerras británicas en América Latina, de Andrew

Grahain Yoll. La perversa deuda, de Alfredo Erie Calcagno La posguerra sucia, de Horacio Verbitsky La reforma militar, de C.J. Moneta, E. López y A. Romero Testigo de la crisis, de Ted Córdova-Claure El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. de D.

Azpiazu, E.M. Basualdo y M. Khavisse La ilusión de progreso apolítico, de Isidoro Gilbert Los dlas de Alfonsín, de Pablo Giussani Los sueños nucleares de Reagan, de Ariel Dorfman Fidel Castro y lo religión, conversaciones con Frei Betto Confesiones de un contra, de Elisabeth Reimann El posperonismo, de Alvaro Abós La pista suiza, de Juan Gasparini Inédito. Una batalla contra la dictadura, de Raúl Alfonsin Barbie, criminal hasta el fin, de Gustavo Sánchez Salazar Pinochet, penúltimo round, de Roberto Mero Seguridad nacional y sedición militar, de Ernesto López Argentina-Brasil, el largo camino de la integración, Mónica Hirst

(comp.) Esa escuela llamada vida, diálogo entre Paulo Freire y Frei Betto Desde la Habana, de Alfredo Muñoz-Unsain

a ULTIMO LEVANTAMIENTO

EDITORIAL LEGASA

Diseño de tapa: Maria Cristina Brusca

Foto de tapa: Julio Menajovsky

) Ernesto López © Editorial Legasa, Rawson 17, A, 1182, Buenos Aires Fotocomposición: Cornp-3 S.R.L., Maipú 864,7 0 "A". Buenos Aires Fotocrornos: Cicocolor S.R.L., Iguazú 725, Buenos Aires Impresión de tapa: J.C. Impresos Gráficos S.R.L., Carlos Maria Ramirez 2409, Buenos Aires Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Impreso en la Argentina- I.S.B.N. 950-600-118.9

1. INTRODUCCION: CRISIS CASTRENSE Y POSIBILIDADES DE LA DEMOCRACIA

La tempestuosa aparición del teniente coronel Aldo Rico en el firmamento militar y político nacional puede ser interpretada de diversas maneras. El estallido de Pas-cua del año pasado fue, para muchos argentinos, una pesadilla que reavivó uno de sus más sombríos temores; el retorno del golpismo. A pesar de las declaraciones de los propios protagonistas, que sostenían que no tenían la intención de agredir el orden constitucional y que to-do lo que se proponían, en cambio, era formular un reclamo intra-institucional, la mayoria de la sociedad in-terpretó que se trataba de un hecho desestabilizador que atentaba contra la democracia. Basta recordar que hubo una considerable movilización espontánea de la gente, en diversos puntos del país. Y que en el ámbito del siste-ma político hubo dos iniciativas —la convocatoria a la Asamblea Legislativa, en la que .el presidente Alfonsín anunció que "la democracia no se negocia", en los co-mienzos del episodio, y la firma del Acta de Compromi-so, en los finales del mismo— que hicierop hincapié en la misma cuestión: defender la estabilidad democrática alcanzada.

En ocasión de lo que podría denominarse la segunda parte del affaire Rico —las jornadas de enero— la con-ducción nacional del Partido Justicialista dio a conocer un documento en el que alertaba sobre las verdaderas in-tenciones del levantamiento. Contradiciendo las prime-

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ras definiciones del partido de gobierno, que tendió caracterizar los sucesos que se vivían como concernie& tes a la órbita policial, y criticando 'sus dudas y vacila clones de conducción, sostuvo que detrás del alzamiento habla habido una intención golpista.

Rico, por su parte, en una entrevista concedida a di versos medios en Monte Caseros, reiteró la argument& ción utilizada en Pascua: no se trataba de un levanta miento contra los poderes públicos sino de un reclamo institucional, centrado esta vez en la crítica de la inepti-tud del general José Segundo Dante Caridi para conti-: nuar al frente del Estado Mayor General del Ejército (EMGE): ...... . r ....

Los propios jueces que labran en este momento las ac-tuaciones contra los miembros del Ejército involucrados en la intentona, por su parte, han tipificado las responsa-bilidades más graves sólo como motín; Es decir, que nin-gún oficial . de la fuerza terrestre estáría, a criterio dé ellos involucrado en los delitos que el Código de Justicia Militar denomina "contra los poderes públicos y el ór-den constitucionaJ'•; cuyo primer exponente es el de re-belión. Lo que en cierto modo implica desestimar los ri-betes políticos del evento: .... .

Si descontamos la descontrolada aventura que enca-bezó el comodoro Luis Fernando Estrella —intento de copamiento del Aeroparque•Metropolitano y de la base. aérea de Morón; intento de secuestró del brigadier Te-odoro Wa.ldner, Jefe del Estado Mayor Conjunto, e in-tento de defenestrainiento del brigadier Ernesto Crespo, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea— que parece no haber estado conectada a los hechos protagonizados por Rico y su gente, todavía hay un punto por aclarar que vuelve a situar la cuestión en un primerísimo plaño político. Rico explicó su levantamiento contra Caridi ar-gumentando que éste había puesto en marcha una ma niobra antijurídica en su contra. Repudió lo actuado por el juez militar que recaratuló su causa y ordenó su regreso a una situación de prisión preventiva rigurosa, y

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huyó del lugar donde cumplía una benévola prisión pre-ventiva domiciliaria. No es exagerado afirmar, en conse-cuencia, que se insubordinó y desconoció a uno de los poderes constitucionales: la justicia militar es un compo-nente del sistema jurídico nacional, o sea, del Poder Ju- dicial.

Lo que se acaba de exponer, con sus idas y vueltas, ilustra brevemente la enorme significación política del affaire Rico. Más allá del sentido que los propios actores atribuyan a sus actos o del modo en que los Jueces los encuadren jurídicamente; lo vivido entre la Pascua de 1987 y los primeros días de 1988 remite a un enfrenta-miento entre las Fuerzas Armadas —o al menos una par-te de ellas— y la sociedad, incluye la sanción —virtual-mente bajo presión— de una polémica ley (la 23.521 de Obediencia Debida) y contiene una apreciablemoviliza-ción de la opinión pública, de los partidos políticos y de la gente en general. Posee unos contornos y una sustan-cia indiscutibkmente políticos.

En lo que sigue, sin embargo, sin desconocer ni negar esos significados y esas cuestiones se prestará atención a un problema singular que tiene también ribetes políticos y, probablemente, una especial repercusión sobre el fu-turo de nuestra democracia. Sin perder de vista la pers-pectiva política se intentará analizar los enfrentamientos recientes como resultado de una crisis de la profesión militar. En particular, se considerarála cabalgata que protagonizaron Rico y sus seguidores entre el levanta-miento de la Escuela de Infantería y el atrincheramiento en Monte Caseros como una conseáuencia del estado de crisis en que se halla la profesión castrense.

La crisis profesional de las Fuerzas Armadas —y en especial la del Ejército— puede ser considerada como una crisis de identidad. Hoy está én cuestión en la Ar-gentina el modo de ser soldado, está en discusión —es-pecialmente entre los propios uniformados— qué signi-fica ser militar. -

Los enfrentamientos entre Rico y el general Héctor

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Ríos Ereñú —antiguo jefe del EMGE— primero, y entri Rico y Caridi más tarde, superaron largamente los moti vos aducidos por los protagonistas —la supuesta traiciór de Ríos Ereñú a la oficialidad joven y media, la exigen cia de una solución que amparase a oficiales involucra dos en delitos por violaciones a los derechos humanos. la maniobra antijuridica contra Rico, etc.t para situar se más bien en el terreno de un conflicto entre modelo institucionales diferentes y de una pugna entre lideraz. gos alternativos. La ruptura de la verticalidad y la dis. ciplina —las reglas de oro de toda organización mili. tar,–. evidenciadas en eso que se dió en llamar la ruptura de la cadena de mandos, contenía una inapelable desca-lificación del generalato. Este era visto corno mediocre, burocrático, profesionalmente inepto, moralmente cuestionable por dejar desamparados a oficiales subal. ternos y jefes 1 y, por añadidura, complaciente con un poder político que al disponer el enjuiciamiento de la llamada "guerra contra la subversión", abiía las com-puertas a toda clase de críticai e incluso agresiones contra las instituciones atinadas.

La profundidad y la extensión de la crisis pudo apre-ciarse durante la Semana Santa y en los días posteriores. Completa ruptura de la jerarquía y la disciplina; desem-bozado cuestionamiento de la aptitud profesional (y es-pecíficamente de la aptitud para el combate) de los ofi-ciales superiores; crítica de lo actuado durante el Proce-so en materia económica; reclamos que involucraban una descalificación moral de la superioridad, respecto de los juicios por presuntas violaciones a lo derechos humanos, fueron algunas de sus manifestaciones.

Había, pues, un choque que implicaba una controver-sia triple: profesional, moral y política; A través de ella

En las instituciones castrenses rige una clasificación que agrupa a los grados de subteniente a capitán en el rango de oficiales subalter-nos, mayores y tenientes coroneles en el dejefes y coroneles y genera- les en el de oficiales superiores,

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se ponía de manifiesto una crisis que recorría de cabo a rabo la institución militar, colocando en entredicho sus fines y misiones, su ambiente cultural, su estructuración y despliegue, y hasta sus fundamentos éticos.

Se ha dicho más arriba que este problema de la crisis de identidad de lo militar probablemente tendrá una es-pecial repercusión sobre el futuro de nuestra democra-cia. Ello es así porque, como es sabido, democracia y cuestiói militar están íntimamente vinculadas en la Ar-gentina. Y porque en el marco de su superación deberá volver a definirseel tipó de relaciónes que las Fuerzas Armadas establecerán con la sociedad y con el sistema político y el Estado. La resolución de la crisis dependerá de actores —militares y poiticos—' que buscarán impri-mirle un sesgo a la recomposición castrense, acorde con sus aspiraciones y deseos. Los contenidos que finalmén-te se impongan y las modalidades que prevalezcan inci-dirán de manera decisiva sobre el tipo de relaciones : cívico-militares que se instalen en nuestro pais. Si se res-tablece la pauta de subordinación de las Fuerzas Arma-das a los poderes constitucionales se removerá un serio obstáculo para la consolidación de nuestro sistema de-mocrático. Si por el contrario las instituciones castrensés consiguen mantener una alta cuota de decisión política, esto es, una significativa capacidad de intervención sobre las decisiones fundamentales del Estado, los con-dicionamientos de la democracia pueden ser giraves.

Dos últimas cuestiones merecen ser apuntadas. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de interven-ción del medio civil en la discusión sobre la recomposi-ción de la identidad militar. Ella es perfectamente po-sible y, por supuesto, deseable. Tanto las institucioñes de la sociedad civil (universidades, sindicatos, . prensa, etc.) cuanto las de la sociedad política (partidos políti-cos, comisiones especiales, etc.) deberían participar en este debate crucial, sin arredrarse frente a la previsible resistencia militar a que ello suceda. Las instituciones castrenses vienen de una larga etapa signada - pot el

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exclusivismo; se han corporatizado y se han cerrad0l sobre sí mismas. Han monopolizado la capacidad de de finir sus propios fines y misiones, su estructura orgánica y sus opciones doctrinarias. Todo lo cual bien puede ser, vir de fundamento a una actitud de escepticismo: el me. dio civil tendría una escasa o nula posibilidad de inter vención en el debate y en las decisiones.

Sin embargo no es enteramente así. Algo ha cain-biado. Primero porque se han peleado entre ellos. Y se gundo porque, a diferencia de lo que ha sido la tenden! cia dominante en todos los conflictos militares o cívico. 1 militares de envergadura previos, esta vez quien contaba.' con el apoyo del sistema político y del Estado, impuso' su decisión al adversario. Recuérdense las condiciones' militares que determinaron el derrocamiento de Frondizi y de lilia, el conflicto entre "azules" y "colorados" e' incluso la situación previa al derrocamiento de Isabel Perón. El mando de tropas, en estos casos, pudo siempre más que el poder administrativo militar. Hay una vieja sentencia castrense que afirma que el Ejército se maneja con "los fierros" —las jefaturas de tropa— 4 con el Boktín Militar --el poder administrativo, la capa-a cidad de disponer ascensos, pases, destinos y retiros. En 1 todas las ocasiones de conflictos graves anteriores, "los: fierros" se impusieron al Boletín Militar, En el enfrenta miento que va de Pascua a Monte Caseros, en cambio, sucedió al revés. Contra lo que era previsible, y pese al triunfo inicial de "los fierros" —el triunfo de los "cara-pintadas" sobre Rios Ereñú— terminó imponiéndose el Boletín Militar —Caridi— pese a haber comenzado su gestión al frente del Ejército en una situación de clara inferioridad respecto de los mandos de tropa que lo res-paldaban.

Estos asuntos son analizados en el texto que sigue, de manera que no vale la pena adelantar demasiado su tra-tamiento en este momento. Lo que se ha querido, simplemente, es llamar la atención sobre este hecho: Ca ridi pudo triunfar porque fue decisivo el apoyo que ob-

tuvo de parte del poder político. Librado a sus propios medios no hubiera podido imponerse a Rico. Esta cir-

cunstahhta abre la posibilidad de intervención del medio civil sobre la problemática militar- Pero esto depende, en última instancia, de la decisión con que se encare la 0sibilidad de dicha intervención. Y esto nos lleva a la segunda cuestión que había

quedado pendiente: La posibilidad de intervención del medio civil sobre la problemática militar depende, bási-caxnente, de la voluntad del poder político. Este debe cumplir un papel rector- Si como sucedió hasta enero de 1988, resigna sus recursos y aletarga su capacidad de in-tervención a la espera de soluciones que se presenten de una manera espontánea o mágica, los esfuerzos de la so- ciedad se esterilizan.

Mucho se especula hoy acerca de los espacios que reclamarán quienes encabezan la fracción triunfadora en el conflicto castrense y de las facturas que le pasarán al poder político. Si lo que acabo de plantear es acerta-do, bien podria invertirse la preocupación: si es verdad que la fortaleza de Caridi dependió de su apoyatura en el sistema político, quién tiene facturas por cobrar más bien es éste y no el jefe militar.

El poder político —cuyo núcleo obviamente es el ofi- cialismo— claro está, bien puede retornar a la pasividad y a la melancolía que han signado su relación con los ¡ni-litares. En esta alternativa, la figura de Caridi, o de cual-quier otro jefe que ocupe su lugar, podrá fortalecerse y junto con él, la capacidad de movimiento autónoma de los institutos castrenses- Si este esel caso, la sociedad y el sistema político habrán perdido una nueva oportunidad -

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LA CRISIS DE LA IDENTIDAD MILITAR:

1. La derrota de Malvinas

La crisis de la profesión estalló a la salida de la guerra de Malvinas. Era natural que así sucediese. Una derrota militar carga siempre de fantasmas y de traumas a los ejércitos vencidos. La contienda niostró una manifiesta incompetencia del Ejército Argentino para desempeñar-se en una guerra convencional, caracterización de la que sólo pueden exceptuarse algunos casos individuales y el accionar de algunas unidades en el plano táctico. La conducción política de la guerra fue completamente inepta, a punto tal que llegó a sustentarse sobre conside-raciones —como el apoyo o, eventualmente, la neutrali-dad de los Estados Unidos— absolutamente fantasiosas. La estrategia militar puesta en práctica fue deficiente e improvisada desde el comienzo. Además, una vez que se hubo cumplido el objetivo inicial de Lomar y ocupar las islas no se supo cómo continuar. El alto mando se enre-dó en vacilaciones y existen fundadas sospechas de que la decisión de permanecer en ellas y reforzar su defensa fue tornada luego de conócida la masiva respuesta de aceptación que el hecho generé entre la población civil. Fue como si a la continuación de la campaña la hubiese decidido la gente que se volcó a las calles y á las plazas y no los mandos responsables. La propia Comisión Rat-tenbach —cuya conformación fue decidida por la Junta Militar que ocupaba el país, en diciembre de 1982, y cu-yos miembros fueron el Teniente General Benjamín

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Rattenbach, el General de División Tomás Sanchez Bustamante, el Almirante Alberto Vago, el Vicealmirante? Jorge Boffi, e! Brigadier General Carlos Rey y el Briga.' dier Mayor Francisco Cabrera— creada para investigw el episodio y deslindar responsabilidades, concluyó el capitulo III de su Informe de la siguiente manera: ''EJ procedimiento adoptado por la Junta Militar para pre parar la Nación para la guerra contradijo las más ele, mentales normas de planificación vigentes en las Fuerzas Atinadas y en el sistema nacional de planeamiento. Ello motivó que se cometieran errores fundamentales respec-to de la propia orientación política y estratégico militar con que se inició el conflicto y aquella con que se lo concluyó" 2

La estrategia operacional también fue deficiente. Las dos brigadas que se despacharon a las islas fueron empe-ñadas en una defensiva estática y pasiva, tan anacrónica como poco productiva. Sólo en el plano de la táctica pueden encontrarse algunas excepciones, como los casos de la especialidad comandos :y la artillería. Este nivel —la tÚctica-,, estaba sin embargo condenado al fracaso por su dependencia de los aspectos considerados más arriba.

Finalmente debe mencionarse la ineptitud individual de no pocos oficiales. Aparte de lo que se conoce porque fue.objeto de juzgamiento por;parte de tribunales mili-tares, existe unabundante anecdotario que relata mez-quindades, bajezas y miserias de una porción de la off-cialidad que se mostró incapaz de sobrellevar los rigores de la contienda y acomodarse a la incomodidad.de una carpa, a la dureza del clima y a los azares de una caznpa-ña sumamente exigente dada la calidad profesional y técnica del enemigo. . £

Todas estas deficiencias, improvisaciones y errores fueron críticamente vividos, especialmente por los ofi-

2 informe Rattenbach, en El informador Público n° 70, 29 de ener de 1988. Buenos Aires,

ciales jóvenes y más especialmente todavía por los que participaron de la guerra. Los motivos de insatisfacción, sin embargo, no terminaron aquí. Las medidas mme-diatente posteriores a la finalización del conflicto de-cidida5 por la superioridad contribuyeron a agrietar los yjnculQ5 y las solidaridades, a resentir las lealtades y a desdibujar los perfiles de la profesión. Los suboficiales y soldados que rçgresaban a la patria, luego de haber esta-do prisioneros de los ingleses, fueron puestos poco me-nos que en cuarentena. La desconsideración y el maltra-to hacia quienes habían vivido situaciones limite fue, en ese momento, sólo un anticipo de lo que vendría después: las quejas por falta de atención o ayuda de las ligas de ex combatientes son'hoy moneda corriente. A nivel de ofi-ciales, el Estado Mayor autorizó a quién lo deseara a ele-var por escrito sus impresiones o comentarios sobre la guerra. Los que respondieron a la convocatoria se con-taron por decenas. En apariencia, nada de lo que recibió el Estado Mayor fue tomado en cuenta. Los autores ni siquiera saben qué destino tuvieron finalmente sus infor- mes o relatos.

El recién mencionado Informe Rattenbach sostenía, al definir su cometido, que era "absolutamente necesa-rio aclarar en forma completa y veraz lo sucedido. Así lo exigen la soberanía nacional agraviada, la dignidad de la República Argentina y el honor de sus Fuerzas Arma-das" 3. Pero tampoco se hizo nada para analizar y eva-luar la experiencia bélica. En lugar de procurar extraer enseñanzas valederas del conflicto —verdadero banco de pruebas para todo lo que tuviese que ver con el quehacer militar— la conducción del Ejército actuó más bien con el propósito de preservar las instituciones castrenses de miradas perturbadoras y ajenas. Se proce-dió con una lógica de corporación, orientada a que na-die de fuera pudiese inmiscuirse en sus asuntos, antes que con la de una institución abierta a revisar su propia

3 ¡bid., n° 64, 18 de diciembre de 1987, Buenos Aires.

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práctica y a elaborar su experiencia. El mismo Informe producido por la Comisión Rattenbach —que surgió de la presión que impuso la derrota y se avocó con seriedad y sin concesiones al análisis del conflicto y al deslinde de responsabilidades— espera todavia una adecuada difu-sión castrense. Su carácter de "secreto" ha impedido su discusión y examen por la oficialidad. Recientemente ha comenzado a ser publicado por entregas por un se-manario de información, que lo ha obtinido por vías clandestinas, lo cual ha permitido ponerlo al alcance de la ciudadanía. Para el mundo militar, sin embargo, si-gue siendo un documento secreto, y por lo tanto, for-malmente no cognoscible y no discutible.

2. El fracaso político del Proceso

El fracaso político del Proceso tañ*ién contribuyó a desencadenar la crisis de la identidad.militar. En este plano hay tres grandes temas que considerar: a) las con-secuencias políticas de la derrota de Malvinas, b) el fra-caso propiamente político del Proceso, y c) la profunda ruptura con la sociedad que sobrevino como consecuen-cia de la aplicación del terrorismo de Estado.

La decisión que condujo a la guerra en el Atlántico Sur reposaba sobre un mézquido interü político, que po-co tenía que ver con la pendiente reivindicación ñaçiorial que la recuperación de las islas entrañaba para la mayo-ría de los argentinos. La guerra había sido la conti-nuación de la política por otros medios —como reza la vieja definición de Clausewitz— pero no en función del

enfrefltalenito con Gran Bretaña sino de la problemati-ca interna del país. Como bieii la-definió Jorge Luis Bor-ges fue "una huida hacia adelante". U12a maniobra ten-diente a encontrar una tangente que posibilitase la fuga de una conflictualidad interna que ya a comienzos de 1982 despuntaba como sumamente problemática para el poder militar. La movilización popular del 30 de marzo de 1982, realizada apenas tres días antes del desembarco en las islas, había mostrado que la protesta y la agitación cívicas podían alcanzar una amplitud y una hondura más que peligrosa a los ojos de los militares gobernantes.

El sacrificio de oficiales, suboficiales y soldados, en-tonces, quedó en un confuso claroscuro. No se sabía bien si se había exigido como consecuencia de una dis-puta secular con el Reino Unido o pararesponder a las necesidades políticas de Galtieri y sus seguidores. La fal-ta de respeto y de reconocimiento hacia ese sacrificio, que sobrevino tras la derrota, desnudó ante los, ojos de los que habían participado en la campaña, o de quienes sin haberlo hecho no estaban directamente comprometi-dos con la administración del poder dictatorial, la mag-nitud de la impostura. Desde el amargo descubrimiento de que habían sido meros instrumentos del apetito polí. tico de la superioridad, tanto durante la guerra como en el período inmediatamente posterior, debieron procesar y asimilar una serie de incongruencias. Haber combati-do contra la OTAN y al mismo tiempo haber avalado la política de Martínez de Hoz; haber participado en una guerra convencional contra un enemigo externo, pero al mismo tiempo haberse formado y sustentar como doctrina orgánica una concepción que privilegiaba la hi-pótesis de conflicto interno y la existencia de un enemigo interior; haber tenido, en fin, una actitud servil hacia los Estados Unidos en Bolivia y en Centroamérica y des-cubrir que a la hora de la verdad el país del Norte —co-mo era natural— se inclinaba por su principal aliado en materia de política internacional. Este conjunto de contradicciones fue saldado por quienes las vivieron co-

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práctica y a elaborar su experiencia. El mismo Informe producido por la Comisión Rattenbach —que surgió de la presión que impuso la derrota y se avocó con seriedad y sin concesiones al análisis del conflicto y al deslinde de responsabilidades— espera todavía una adecuada difu-sión castrense. Su carácter de "secreto" ha impedido su discusión y examen por la oficialidad. Recientemente ha comenzado a ser publicado por entregas por un se-manariode información, que lo ha obtenido por vias clandestinas, lo cual ha permitido ponerlo al alcance de la ciudadanía. Para el mundo militar, sin embargo, si-gue siendo un documento secreto, y por lo tanto, for-malmente no cognoscible y no discutible.

2. El fracaso político del Proceso

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El fracaso político del Proceso también contribuyó a desencadenar la crisis de la identidad.miljtar. En este plano hay tres grandes temas que considerar: a) las con-secuencias políticas de la derrota de Malvinas, b) el fra-caso propiamente político del Proceso, y c) la profunda ruptura con la sociedad que sobrevino como consecuen-cia de la aplicación del terrorismo de Estado.

La decisión que condujo a la guerra en el Atlántico Sur reposaba sobre un mezquino interéi político, que po-co tenía que ver con la pendiente reivindicación nacioñal que la recuperación de las islas entrañaba para la mayo-ría de los argentinos. La guerra había sidó la conti-nuación de la política por otros medios —como reza la vieja definición de Clausewitz— pero no en función del

enfrentwIt0 con Gran Bretaña sino de la problemati-ca interna del país. Como bien la-definió Jorge Luis Bor-ges fue "una huída hacia adelante". Uia maniobra ten-diente a encontrar una tangente que posibilitase la fuga de una conflictualidad interna que ya a comienzos de 1982 despuntaba como sumamente problemática para el poder militar. La movilización popular del 30 de marzo de 1982, realizada apenas tres días antes del desembarco en las islas, había mostrado que la protesta y la agitación cívicas podían alcanzar una amplitud y una hondura más que peligrosa a los ojos de los militares gobernantes.

El sacrificio de oficiales, suboficiales y soldados, en: tonces, quedó en un confuso claroscuro. No se sabía bien si se había exigido como 'consecuencia de una dis-puta secular con el Reino Unido o para responder a las necesidades políticas de Galtieri y sus seguidores. La fal-ta de respeto y dereconocimiento hacia ese sacrificio, que sobrevino tras la derrota; desnudó ante los ojos de los que habían participado enla campaña, o de quienes sin haberlo hecho no estaban directamente comprometi-dos con la administración del poder dictatorial, la mag-nitud de la impostura. Desde el amargo descubrimiento de que habían sido meros instrumentos del apetito polí, tico de la superioridad, tanto durante la guerra como en el período inmediatamente posterior, debieron procesar y asimilar una serie de incongruencias. Haber combati-do contra la OTAN y al mismo tiempo haber avalado la política de Martinez de Hoz; haber participado en una guerra convencional contra un enemigo externo, pero al mismo tiempo haberse formado y sustentar como doctrina orgánica una concepción que privilegiaba la hi-pótesis de conflicto interno y la existencia de un enemigo interior; haber tenido en fin, una actitud servil hacia los Estados Unidos en Bolivia y' en Centroamérica y des-cubrir que a la hora de la verdad el país del Norte —co-mo era natural— se inclinaba por su principal aliado en materia de política internacional. - Este conjunto de contradicciones fue saldado por quienes las vivieron co

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mo pudieron; lo que equivale a decir que muchos de ellos recompusieron su cosmovisión política y. militar, trastocada por la guerra, conservando muchas veces, en la misma, elementos antagónicos. La imagen de un na cionalista fundainentalista como Rico, alojado en el coun:ry de un ex ministro de la dictadura del Proceso, es un patético ejemplo de ello.

El fracaso específicamente político del Proceso contribuyó también a desdibujar la identidad militar. En rigor, entré 1955 y 198 nada les salió a los uniformados tal como se lo hablan propuesto. El mesianismo que ha-bitaba enla trastienda de cada intervención, careció a la postie de un correlato práctico minimamente creíble. En 1958 debieron entregar, contrá su voluntad, el poder a Frondizi, en 1962, tras fracasar en los intentos de en contrar un arreglo con los sectores conciliadores del pe-ronismo, se resignaron a entregárselo a lIlia. En 1973 de-bieron oportar la doble humillación de aceptar primero a Cámpora y luégo a PerÓñ. Y en 1983 debieron use, sin siquiera poder negociar la retirada con la Multipartidaria.

A la salida de la guerra se produjo una situaéión cu-riosa. La caída del régimen militar comenzó a perfilarse como inexorable. Sin.embargo, el. sistema político (los partidos, las elites dirigentes, etc.) se • hallaba• sumido también en una situación crítica. A los años de persecu-sión y clausura debía sumarse la desaparición de los líde-res históricos, Perón y Balbín. Esto hizo que la correla-ción de fuerzas entre las militares en retirada y la so-ciedad y el sistema político en avance, se fraguara de una manera peculiar. Como la derrota militar se produjo a manos de un tercero —Gran Bretaña— el terreno políti-co que cedían unos (los militares) como consecuencia de la misma, no era directamente proporcional al que con-quistaban los otros (la sociedady el sistema político) 4 .

La diçtadura militar -era empujada fuera del escenario

4 Para ampliar este punto puede consultarse mi trabajo "Argentina: procesos electorales y consolidación de la democracia", en Sistemas

político más por el fracaso en la guerra que por la forta-leza del avance de la sociedad y del sistema político. Una breve mirada retrospectiva sobre la Multipartidaria bas-ta para confirmarlo: su universo programático era bas-tante limitado y ninguno de los dos dirigentes más en-cumbrados de los dos partidos principales que la com-ponían, Carlos Contín: por el radicalismo y Deolindo Bittel por el peronismo tuvieron, con posterioridad a ese momento de transición, una actuación destacada. Es que los partidos políticos fecién comenzaban a resurgir de los años negros y respondían desde estructuras y lide-razgos que habían quedado congelados en el tiempo.

Esta circunstancia otorgó un inesperado márgen de maniobras a los .unifor'mados, que supusieroñ podían aprovechar para negociar tanto la transición como el lu-gar que ocuparían en el nuevo ordenamiénto demo&áti-co. Su fracaso fue nuevamente rotundo.- Hacia finales de 1982 la Multipartidaria se negó a - aceptar cualquier clase de negociación con los militares. Era compren-sible: frente a la eventualidad del retorno de las prácticas electorales nadie quería quedar "pegado" a los milita-res, al menos públicamente. Por debajo de la mesa, en cambio, se tejieron algunos acuerdos. El más importan-te fue el que se anudó entre una porción mayoritaria de la cúpula castrense y el peronismo oficial; representado en ese momento por Lorenzo Miguel y Herminio Igle-sias. Los militares depositaban seguramente fuertes ex-pectativas en el triunfo del peronismo. Sin ir más lejos, el propio Dr. Italo Luder, candidato del Partido Justi-cialista, había anticipado su opinión en el sentido de otorgar validez a la ley de autoamnistia dietada por el generál-pesidente Reynaldo Bignone, un tema urticante que pfeocupaba a los militares desde los tiempos de la negociáción con la Multipartidaria. El fracaso electoral

m del peronismo los dejó ineres y carentes de reasegurost

Electorales y representación política en Latinoaniérica, ediL por Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 1986-

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En rigor de verdad, una porción menor de la cúpula castrense alcanzó también un acuerdo con el naciente al-fonsinismo. Pero este fue más bien un acuerdo detrac-ciones, que no podía enarbolar la representación del Ejército como totalidad, por el lado de los uniformados, ni comprometió políticas o iniciativas excesivamente be-névolas por el lado del radicalismo 5.

En swna, aún cuando dispuso de un márgen de ma-niobras coyuntural nada despreciable, la cúpula militar manejó mal sus opciones y debió retirarse una vez más de la escena rumiando su frustración y su fracaso.

El tercer gran rubro que compone el fracaso político del Proceso es la profunda ruptura con la sociedad que se produjo a raíz del ejercicio del terrorismo de Estado. El Informe —conocido con el titulo de Nunca Más-producido por la Comisión Nacional sobre la Desapari-ción de Personas (CONADEP) sostiene en su Prólogo que: "De la enorme documentación recogida por no-sotros se infiere que los derechos humanos fueron viola-dos en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, siempre de la misma manera, con simi-lares secuestros e idénticos tormentos en toda la exten-sión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodolo-gía del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que ac-tuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamen-te militar, con todos los poderes y medios de informa-ción que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de 'exce-sos individuales'? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pe-

t s 5 Emergentes de este acuerdo serían la información proporcionada a Dante Caputo, por entonces director del CISEA, que lo llevó a dé-nunciar un supuesto complot contra la vida de Alfonsín, a mediados de 1983 y el pasaje del diario La Razón a la férula oficialista, que coincidió con su desaparición como vespertino y su conversión en pe-riódico de la mañana.

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al

ro regimentados ejecutores.11 6 ato que dçscribe y cali- fica de esta manera el Informe de la CONADEP es a lo ue aquí se llama terrorismo de Estado. Una metodolo-ía de terror planificado que se aplicó virtualmente sin jscriminación alguna sobre la sociedad. Sus procedi-

mientos fueron el secuestro, la tortura, el exterminio de prisiOflerDs el establecimiento de centros clandestinos de detención, el robo de menores, el saqueo de las pro-piedades de los detenidos, la violación. Todo en el mar-co de una absoluta impunidad.

Pero si estos procedimientos resultan sorprendentes para un Ejército que tiene reglamentado por ley el ejer-cicio del honor —se volverá sobre esto más adelante— la extensión con que se aplicarón resulta todavia más asombrosa. Sabido es que toda clase de personas cayó en las garras de esta maquinaria infernal: amas de casa, periodistas, adolescentes, sacerdotes, dirigentes sindica-les, diplomáticos, estudiantes, políticos, profesionales, familias enteras, jubilados. Así las cosas, resulta muy poco plausible e • argumento de que se trató de una me-todología que se puso en práctica para enfrentar la guerra contra la subversión. Haciendo la salvedad de que dicha metodología es en cualquier caso ética y jurí-dicamente descalificable, puede sostenerse que su exten-sión o si se prefiere su generalización demuestra que ni siquiera se trató de una metodología antisubversiva. A menos que se crea que virtualmente toda la población era subversiva o pasible de serlo.

Un coronel del 1 Cuerpo de Ejército, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, lo puso en evidencia de la si-guiente manera. Sostuvo que la metodología antisubver-siva empleada podía compararse con una red que se arrojaba al agua. Si se sacaban 100 peces y de ésos, 10 pertenecían a la especie subversiva, el objetivo estaba cumplido. Lo que su necedad le impedía ver era que si la proporción era de 10 a 100—o sea, de 1 a 10— no se es-

6 Nunca Más, EUDEBA, Buenos Aires, 1984, p. 8.

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taba aplicando una política antisubversiva sino una poli. tica antipopular, que se amparaba en la acusa de 1a lucha antisubversiva.

¿Por qué esta política antipopular? ¿Por qué se bus. caba introducir el miedo en la sociedad de modo tal que nadie viviese seguro, hasta el grado de consagrar la im-punidad? Aquí jugaban los objetivos políticos del Pro.

ceso. Sin pretender una caracterización exhaustiva de los propósitos políticos de la última dictadura —lo que excederla las posibilidades de este apartado— puede de. cirse que el terrorismo de Estado fue una política delibe. radamente orientada a romper la capacidad de resisten-cia del pueblo argentino por medio del terror, en busca de un redisciplinamiento social y político que permitiese imponer una reorganización reaccionaria de la Nación. En este marco, el terrorismo de Estado y la política eco-nómica del Proceso se daban la mano.

Como no podía ser de otra manera, el resultado de es-te accionar, que significó una incalificable agresión sobre la sociedad en su conjunto, fue una actitud gene-ralizada de rechazo por parte de ésta. Si las relaciones entre el mundo civil y el militar habían sido desde anta-ño problemáticas en nuestro país, esta nueva experiencia suscitó una completa descalificación de lo militar por parté de la sociedad. La brecha entre Fuerzas Annadas y sociedad se tomó abismal. Y la condena ática del mundo castrense, el hartazgo y la descalificación, elementos que se infiltraban en los cuarteles,' en los barrios militares y en la vida cotidiana de los uniformados, para devol-verles una imagen que muy poco tenía que ver con el mi-to sanmartiniano que profesaban y profesan.

3. La degradación ética

- 1

Otro componente significativo de la crisis de la profe-sión militar es la degradación ática. En este plano jugó, por una parte, el horror; esa incalificable barbarie que quizá pueda retratarse en la tortura. Ninguna ética castrense podría adniitirla. Pero sabido es que la tenta-ción de reçurrir a ella para resolver problemas de infor-mación supo y suele ser frecuente. Recientemente Roge-lio García Lupo ha recordado que los alemanes, enfren-tados al problema, lo resolvieron rnediante'qos sicarios de la Gestapo, corno Klaus Barbie o los sicópatas de las SS, cuya condición no militar resolvió sabiamente la ne-cesidad del ejército alrnán de conocer un secreto militar francés, sin que los caballeros oficiales se ensuciaran las manos" 7. En la campafla de Argelia los franceses tran-sitaron un camino parecido: incorporaron delincuentes comunes con el objeto de que ejecutaran los tormentos. No pudieron evitar, sin embargo, el involucrazniento di-recto de los oficiales de carrera. Tentaron, de todos mo-dos, una justificación que operase al menos como pre-mio consuelo: negar el carácter de militares a los na-cionalistas revolucionarios argelinos. Formalmente, en-tonces, los militares franceses no tortúrabana otros mi-litares y sus conciencias, quizá, se quedaban tranquilas.

García Lupo tambiéñ comenta que, dé todas mane-ras, no se pudo impedir el efecto de descomposición mo-ral que la práctica de la tortura proyectó sobre el ejército francés. Rescatando del olvido la polémica que dos ge-nerales franceses que habían servido en Argelia sostu-vieron, afirma: "El general De la Bollardiere escribió que Massu, en los hechos, permitió una degradación in-

7 Garcla Lupo, R.: "Revisión militar de la tortura", rey. ElPeriodis-ta, 24a1 30 de julio de 1987, Buenos Aires.

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terminable de los oficiales franceses... Esta cohabitadi de militares de carrera con militares convictos —se i fiere a la incorporación de delincuentes a la que se hecho referencia más arriba (E.L.)— no convirtió a l delincuentes en militares, pero arrojó al delito a nuir rosos oficiales, a menudo para siempre" 8 . Un destii pareéido conocieron no pocos oficiales argentinos, q iniciaron su carrera delictiva a yeces en,l mazmon de los centros clandestinos de deteñción 4 y.a veces en 1 campos de' entrenamiento de los golpistas o los conli rrevolucionarios de diversos paises latinoamericanos

La degradación etica mostró tambien otras caras robo de niños fue, quizá, una de las más asombrosa5 repugnantes. Se puso en evidencia ante la sociedad a ti vés de algunos fallos judiciales notorios y alcanzó, ci la película La Historia Oficial, una espectacularid hollywoodense. Después del Oscar nadie podía hacei el distraído, ni civil ni militar. Otra facetá fue la q constituyeroñ aquellos hechos que los propios unift mados llamaron "ilícitos". Sé trató de una variada ma de delitos económiços perpetrados al amparo de completa impunidadde que goiaban, cuya manifesi ción más' grosera fue el "botín 'de guerra". Esta s riedad de la descomposición moral —la de los delit económicos en general— hizo trizas un valor castrense i tanto mitico como operante: el de servicio. Servir a Patria se convirtió en servirse a sí mismo, colocando a profesión militar mucho más cerca del modelo mercen rio que del de la defensa de la Nación y de sus instit ciones.

8 ibid,

juicios a los ex Comandantes y a los sables de Malvinas

s de las cuestiones que, se han examinado más quedaron completamente expuestas a los ojos de 'sy de extraños, a raíz de los juicios seguidos l6s integrantes de las primeras tres Juntas Mulita-

ceso y de los juicios llevados en fuero militar béla guerra en el Atlántico Sur. o botón de muestra de lo que desfiló por los xi judiciales en ocasión del juicio a las Juntas tomarse las acusaciones que la fiscalía hizo a los :egrantes de la primera de éstas. Jorge Rafael Vi-le acusado de 83 homicidios calificados; 504 pri-es ilegales de la libertad calificada; 254 aplica-de tormentos; 94 robos agravados; 180 falsedades icas; 4 usurpaciones; 23 reduácionós a servi-e; 1 extorsión; 2 secuentros extorsivos; 1 supre-documento; 7 sustracciones de menores y 7 tor-seguidos de muerte. Emilio Eduardo Massera, a

• fue acusado de: 83 homicidios calificados; 523 ones ilegales de la libertadcalificada; 267 aplica-e tormento; '102 robos agravados; 201 falsedades icas; 4 usurpaciones; 23 reducciones a servi-e; 1 extorsión; 2 secuestros extorsivos; 1 supre documento; II sustracciones de menores y 7 tor-seguidos de muerte; Finalmente Orlando Agosti

usado de: 88 homicidios calificados; 581 priva-ilegales de la libertad calificada; 278 aplicaciones nento; 110 robos agravados; 234 falsedades ideo-

6 usurpaciones; 27 reducciones a servidumbre; sión; 2secuestros extorsivos; 1 supresión de do-to; 11 sustracciones de menores y 7 tormentos se-de muerte. El proceso se había iniciado origina-te en fuero militar, pero éste dilató extraordina-te el desarrollo de la causa. Fue así que la Cámara

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Federal de la Capital entendió que habí a existido demora injustificada y se hizo cargo del juicio, confo r. me lo establecido por las leyes en vigencia. Los expe. dientes pasaron entonces a la justicia federal y el 22 d e abril de 1985 se iniciaron las actuaciones en el Palacio 4 Tribunales mediante un procedimiento de audiencia or al y pública que conmovió a la opinión pública.

Para preocupación de los uniformados, las cosas no se detuvieron en la escandalosa exposición de tos delitos de que se acusaba a los ex Comandantes. Luego de dicta. da la sentencia contra éstos, los enjuiciamientos amena. zaban comenzar a descender a lo largo de la cadena de mandos: el punto 30 del fallo de la Cámara disponía el procesamiento de los oficiales superiores que hubieran ocupado los comandos de zona y. subzona de seguri. dad 9 y de todos aquellos que hubieran tenido responsa. bilidad operativa en las acciones.

Vale la pena a este respecto recordar una entrevista que el fiscal Luis Moreno Ocampo concedió al diario La Razón, publicada el 14 de diciembre de 1985. Dice en ella: "Se ha probado.que en la Argentina existió un plaji criminal, y en el fallo se afirma que: 'las órdenes ilícitas se entremezclaron con la estructura legal de la lucha contra la subversión y todo esto fue acompañado por un intenso adoctrinamiento acerca de que se trataba de ac ciones en una guerra no convencional y que constituían la única forma, de combatir a la delincuencia revolu cionaria. Y en esas condiciones es presumible que rnuçhos subordinados puedan alegar en su favor la exi miente de obediencia debida o un error insalvable res pecto de la legitimidad de las órdenes que recibieron'. Y acá vkrié —agrega Moreno Ocampo, refiriéndose

Siguiendo viejas disposicines ogánicas y doctrinarias, ciiy& defl• nición se produjo en el pais en el año 1962 —véase al respecto mi traS bajo Seguridad nacional y sedición militar, Legasa, Bs. As., 1987-el territorio nacional fue cuadriculado en zonas, subzonas y áreas de seguridad,a !os efectos de desarrollar la "guerra sucia''.

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sieÑpte a la sentencia— algo muy importante: 'Pero aúfl así no cabe duda de que hubo quienes por su ubica-çiófl en la cadena de mndos conocieron la ilicitud del 5Istema' esto es los jefes de zona, de subzona y los res-ponsables operativos, 'Y hubo tambiéñ -,--volviendo al texto del fallo—, quienes ejecutaron sin miramientos hechos atroces', • o sea torturdores Y asesinos. 'De aquí se sigue que existen subordinados que no van a ser al-canzados por la exirniente de la obediencia debida y que 5on responsables de los hechos cometidos junto a, quienes impartieron las órdenes objeto de este proceso' ". Así las cosas, la esperanza de que la senten-cia contuviera 'alguna disposición que pudiese interpre-. tarse como un :.'punto final",que.alentaban tanto los militares como algunos dirigentes del partido del gobier-no que esperaban que el Poder Judicial les sacase las cas-tañas del fuego en este espinoso tema, debió ser dejada completamente de lado. La posibilidad de uná ampliación de los juicios, que siguiese en forma deseen; dente la cadena de mandos, quedó entonces pendiente como una espada de Damodles.

Con respecto al tema Malvinas sucedió una cosa in-versa. Hubo sí sentencia del tribunal militar —el Conse-jo Supremo de las Fuerzas Armadas— pero la misma no produjo satisfacción en los medios militares. Si el proce-so a las Juntas había mostrado a las Fuerzas Armadas y a la sociedad separadas y enfrentadas, respondiendo las primeras con una actitud de corporación frente á lós em-bates de la segunda, representada en este caso por el Po-der Judicial, el juicio de Malvinas no produjo dicoto-mías: buena parte de las Fuerzas Armadas y de la so-ciedad se sintieron simultáneamente defraudadas. Sobre 16 imputados sólo 3 fueron merecedores de condena: el teniente general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Añaya y el brigadier general Basilio Lami Dozo, a 12, 14 y 8 años de prisión, respectivamente; con la accesoria de destitución. Trece oficiales superiores de las tres fuerzas resultaron absueltos: los generales Mario Menéndez,'

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Omar Parada, Oscar Jofré y Osvaldo García; los viceaji mirantes Juan José Lombardo y Leopoldo Suárez d Ceno; el brigadier Helmut Weber; los coroneles Ernest] Rapossi y Juan Mabragafla; el comodoro Wilson Pedró 20 y el teniente coronel Italo Piaggi. 1 Como ha sido mencionado más arriba, este fallo dej6 una marcada insatisfacción en diversos medios socialesl Pero más significativo aún fue el hecho de que dentro d las propias Fuerzas Armadas y en especial del Ejércit no colmó las expectativas de los cuadros medios e infe dores. Fue una réplica, a nivel del ámbito jurídico, d los manejos defensivos, disculpantes y encubridores d la cúpula respecto del tema Malvinas, que han sido y' examinados en un apartado anterior.

La contraposición entre un ejército de bürócratas3) uno de combatientes enarbolada por Rico y sus seguidoJ res desde los sucesos de Pascua en adelante, encabezado el primero por el generalato y el segundo por ellos mis-mos, encontraría en estos vertideros sus fundamentos y origenes.

S. El elefante famélico

En una entrevista concedida al diario Clarín, publica-da el 15 de diciembre de 1987, el Secretariode Planea-miento Técnico para la Defensa, Dr. Adalberto Rodrí-guez Giavarini sostuvo que "el gobierno se fijó una me-ta: fijar el gasto militar en torno al 2% del producto bru-to interno. En 1983 el Gobierno recibió un presupuesto militar equivalente al 4,3% deI producto y ahora se ubi-

ca én el 2,3 del producto". Parecería ser que, en efecto, esaneta ha sido alcanzada. Dversos medios periodísti-co5 coinciden en señalar, reconociendo abrevar en fuen-tes oficiales, que la evolución de la participación pc*cen-cual del rubro defensa en el producto bruto interno ha sido la siguiente:

1983 4,3% 1984 2,3% 1985 2,6% 1986 2,8% 1987 2,3%

La distribución bruta y la porcentual del presupuesto entre los diversos integrantes del rubro defensa prevista para 1987, fue la siguiente: -

Presupuesto de Defensa. Año 187

A % gastoen - (en miles) personal(%)

Ministerio de Defensá 1.043.209: 33,7: 45,1 Ejército 783.269 25,3 63,2 Armada 562.160. 18,2 47,8 Fuerza Aérea 704.245 22,8 42,1

El rubro Ministerio de Defensa incluye las partidas de Gendarmería y, de Prefectura. Fuente: Ministerio de Defensa.

Las cifras que se acaban de exponçr resultan suficien-tes para ilustrar la paradoja del elefante famélico. El descenso de la participación porcentual del rubro defen-sa en el producto bruto no ha corrido parejo con una re-estructuración del área que tornara eficiente y racional el manejo de los recursos wn que se contaba. Práctica-mente la misma estructura qüé existía alicaída del Pro-ceso, sealimenta desde la reinstalación de la democracia con un presupuesto que es, en promedio, el 42% menor del que se disponía en aquel entonces. Las consecuencias

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enervantes de esta situación no son dificiles de imaginar. Pero examinemos antes el caso del Ejército, que es el que nos intéresa. -

El partido de gobierno, desde la campaña presiden cial, anunció su voluntad de llevar a cabo unareforma militar. Ya en el poder, este designio fue enarbolado tanto por el presidente como por sus sucesivos ministros de Defensa. La realidad de las cosas marcó (y marca) que fue muy poco lo que se avanzó en este terreno. Por razones que no es del casó examinar acá, abandonó sus propósitos iniciales. Se limitó a enunciar la necesidad y la validez de la reforma, pero resignó rápidamente su posibilidad de dirección, supervisión y centralización de la misma, que transfirió a las cúpulas de las instituciones a reformar y al Estado Mayor Çonjunto (EMC). La re-forma devino así autorreforma, lo que constituyó un se-rio error de apreciación política. Primero porque si se quiere redefinir las relaciones cívico-militares en el senti-do de ¡firmar la pauta de subordinación de las institu-ciones castrenses a lós poderes constitucionales no se de-be renunciar al ejercicio de la conducci6n política, que la Constitución Nacional le ha conferido a esos poderes. Segundo, porque las propias Fuerzas Armadas no esta-ban en condiciones técnico-profesionales de administrar su propia reestructuración. Las tibias consideraciones doctrinarias de empleo conjunto desde las que se preten-dió, desde el EMC, encuadrar inicialmente la reforma, fueron rápidamente desbordadas por una mezquina pugna interfuerzas.

Así las cosas, en el caso del Ejército, la reforma fue completamente formal e insustancial. Puede tomarse como ejemplo la llamada "disolución" del 1° Cuerpo de Ejército. Se limitó a la desactivación del comando del mismo y de algunas subunidades menores. El grueso de las unidades que lo componían, no obstante, fue conser-vado y redistribuido entre los restantes cuerpos de ejér-cito o mantenido bajo la dependencia directa del EMGE.

La misma estructura sostenida con un presupuestó

sensiblementernenor que el que llevó asu formación: es-te es el secreto de la paradoja del elefante famélico. Para el caso de la fuerza terrestre, el altísimo guarismo —63,2%— que, de acuerdo al presupuesto de 1987, le dedica a gastos en personal señala la hondura del proble-ma: resta apenas un 37,8% para solventar los gastos de instrúcción, la• çeposición de parqüe, el mantenimiento de vehículos y la compra de repuestos, la adquisición de armamentos y, en general, todo lo que puede agruparse bajo el rubro de gastos operativos. Las consecuencias están a la vista: descenso del volumen de incorporación anual de ciudadanos al servicio militar; achicamiento de los períodos de instrucción; incapacidad para retener eñ los cuarteles a' los conscriptos por iñás de un semestre, ante la imposibilidad de atender a los gastos de alimen-tación de los mismos; generalizado descenso del nivel de ingresos tanto de los suboficiales como de los oficiales (en esto; los institutos castrenses han seguido, de mane-ra atenuada pero sin conseguir zafar de esa dinámica, la tendencia general dé to4o el sector público); generaliza-da difusión del doble empleo tanto entre los suboficiales como entre los oficiales; paralización de actividades por falta de medios; disminución de lacapadidad operativa de las unidades; etc. Especial meñción reclama la gene-ralización del doble empleo. Admitido de hecho entre los suboficiales desde hace tiempo, sil extensión a la ofi cialidad es vivida por ésta casi como una afrenta, dados la circunstancia de que se les exije pór ley —a todos, ofi-ciales y suboficiales— dedicación exclusiva y se les prohibe expresamente desarrollar actividades remunera-das fuera del ámbito militar, y el peculiar código de ho-nor con el que se manejan.

Todo esto forma un cuadro de descomposición de la' actividad profesional que ha incidido sobre el estallido de la crisis de la identidad militar.

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6: La cuestiÓn del honor

Una ultima cuestión a considerar como antecedent de la crisis de la identidad militar es la constituida, preç samente, pór la problmátiéá,del4 honor. La relación q existe entre la profesión'militar 'y el honor es estrecha Uno de los ultimos abordajes que ha tenido tema, es el que ha realizado reie'ntmente el psicoanahs ta Jorge Jinkrns lO Segun este, hay una jurisdicción d deberes y derechos que distinguen auna profesión. "T memos —dice— un término de comparación: quien eh ge ser sacerdote, sabe que elige excluir de su existencia no tan sólo el pecado, sino también sacramentos corn el matrimonio. Del mismo modo, quien elige defender': la patria se encuentra expresamente inhibido por el códi go de justicia militar de faltar a su palabra de honor (ss

es un Señór Oficial), de autornutilarse, o de practicar 1; pederastia, sin necesidad de que estos procederes estén no considerados por el Código Penal... Así, las restrié cionés hacen de la condición militar una condición erni nentemente ética, y en aquellas restricciones reside si honor. Está claro, entonces, que el honor del que hablá mos no es el que concierne a la axiología de alguna sub jetividád, sino la nota que define más expresamente L condición militar" 11..

En nuestro pais se da el caso —un tanto sorprendénté por cierto, ya que por lo común se trata de una cuestióí no codificada ni áodificable— de que el honor se riji por un reglamento consagrado por ley. En la actualidad sigue vigente el decreto 1180/83, establecido por el en

lO Otro interesante abordaje ese! que realiza José E. Miguens en Ho; no, Militar, Conciencia Moraly Violencia Terrorista, Sudamericana, Buenos Aires, 1986. 11 Jinkins, J.: "inventar lo posible", en rey. Sitio n° 6, noviembre de 1987, Buenos Aires, p. 44.

Wces presidente Reynaldo Bignone, que es el último irumento instituido para regularlo. Confirmando lo

ue se venía diciendo, en él se sostiene que "el honor es ¶iqueza más grande que puede poseer un militar, man-

rIo sin mancha y sintacha es el deber más sagrado ,ltodo miembro de las Fuerzas Annadas". Los orga-smos encargados de custodiar su vigencia son los Tri-1ales de Honor,, que tienen capacidad para evaluar

portamientos y sancionar desvíos. Las sanciones den ir desde,el simple apercibimiento hasta la priva-

3Ti del uso del titulo del grado y del uniforme. Es decir, ie un tribunal de honor puede privar a un militar no

grado sino de su uso —una sutileza que a un san-,nado le permite, por ejemplo, seguir cobrando su ldo— y prohibirle el uso del uniforme. Vale decir que

ábcamente —salvo en el plano de las remunera-mes— tiene la facultad de retirarle la condición de mu-r. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió durante el

?ceso con el entonces coronel Jaime Cesio. Si las faltas al honor pueden redundar en la pérdida

condición militar, resulta obvia la estrecha relación e existe entre una cosa y la otra. Los que no resultan 'cambio obvios, son los mecanismos de disimulamien-q distracción que se debieron poner en juego durante años negros de la represión del Proceso para eludir

a cuestión. ¿Qué código de honor militar ampara los oces delitos que se cometieron en ese lapso, los proce-uientos encubridores y mendaces frente a una derrota itar y la aquiescencia frente al enriquecimiento ilícito? :on impecable lógica, el ya citado Jinkins afirma: se constata que hay, nó ya faltas al honor, cosa de

npre, sino tota] desconsideración de las mismas por instituciones castrenses, es posible concluir que se ha dido la condición militar, es decir, que no hay milita-

Y añade: "Pero entonces, ¿qué son lo que la enga-la gente llama 'militases', esos de uniforme que no maestros, ni ordenanzas, ni azafatas ni carteros?

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¿Qué son en nuestro pais los militares?" 12•

Su planteo es, quizá, un tanto extremo. Y aunque entra por un costado relevante del problema, podrj incluso tildárselo de unilateral: no sólo de honor se ha-cen los militares. Su pregunta final, empero, está carga-da de significaciones y nos vuelve a colocar en el centro de una fundamental interrogación acerca de la crisis de identidad de los militares argentinos,.

e

Ø. EL FRACASO DEL PUNTO FINAL

12 Ibid., ;,. 44.

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1. La endeble política militar del radicalismo

EL radicalismo definió La necesidad de poner en marcha una poLitica de reformas en el área militar, en di-versas oportunidades. Consta, por ejempló, en su plata-forma partidaria; fue enunciada por el presidente en su discurso de toma de posesión deL 10 de diciembre de 1983 y fue ratificada en su alocución del 5 de julio de 1985, en ocasión de la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas.

Su propuesta se asentaba sobre dos grandes asuntos: a) la redefinición de La relacioñes cívico-militares y b) el restablecimiento de La justicia y el castigo de La impuni-dad. Mediante la primera se intentaria llevar las rela-ciones entre el poder político civil y las Fuerzas Armadas hacia modalidades acordes con el órden democrático. Por lo mismo, apuntaba centralmente a superar las de-formaciones orgánicas, funcionales, conceptuales y doctrinarias originadas en el fenómeno del militarismo. Su propósitbfinal era expropiar a los uniformados las exorbitantes facultades políticas, que a través de años de ejercicio del intervencionismo militar éstos se habían ido autoconfiriendo y reponer la vieja pauta de subordina-ción de las Fuerzas Armadas a los poderes constitu-cionales. El segundo de esos grandes asuntos, además de atender a una demanda de reparación que efectuaba la ciudadanía, podía Llegar a tener fuertes repercusiones

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sobre la redefinición de las relaciones cívico-militase s Abría la posibilidad de una sanción simbólica de la des, mesura militar 13 y significaba la intromisión de Uno de esos poderes constitucionales que se han mencionado más arriba —el Judicial— en unas instituciones que ha. cía lustros no admitían la intervención de factores aje. nos a sí mismas.

En el primero de los dos grandes planos citados, esto es, enel de la modificación de las relaciones cívico-mili. tares, el gobierno arrancó con fuerza. Fue totalmente explícito en el planteamiento tanto de la necesidad de volver a subordinas las Fuerzas Armadas al poder civil, como en la de erradicar de las instituciones castrenses la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN),ra la que se le atribuian —con razón— perniciosas orientaciones anti. democráticas y antipopulares. Exigía, paralelamente, un nuevo tono moral y una modernización orgánica y ope-racional de las instituciones militares. Como para que no quedasen dudas de su firmeza, además; con los ndmbramientos de los generales Julio Fernández Torres al frente del EMC y Jorge Axguindegui como jefe del EMGE, pasaron a retiro de un plumazo 35 generales. 17 Sin embargo, una vez señalado el rumbo,'el gobierno fue incápaz de mantener la iniciativa y conservar su ca-pacidad de supervisión y control políticos del proceso. Fue abahdonando pitgresivamente la liza y se fue enre-dando en la pasividad y en la inoperancia Paralelamen-te fue creciendo la capacidad de gestión y los márgenes de atitonomíade los institutos armados.

El declarado• objetivo gubernamental de erradicar la DSN pasó a convivir con declaraciones como ésta: "Es-ta guerra se ganó en el campo de batalla y se perdió p011-ticamente porque el Proceso no logró los objetivos que había anuneiado: Si nosotros consideramos que nuéstra guerra ha sido totalmente justa, totalmente legí-

13 Digo sanción simbólica porque, en rigor, los juicios iban a estable• cer responsabilidades penales de personas y no de instituciones,

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tinta , porque el interés nacional estaba en juego, a muchos de mis camaradas les cuesta hoy aceptar que ha-ya un cuestiçnalfliento a ese proceder..." 14, o con ex-posiciones como las ,delgeneral Juan Medrano Caro, cuando estaba al frente de la Jefatura de Operaciones 4el EMC, que en conferencia frente a altas autoridades del área de defensa reivindicó la DSN, señalando que "las ideologías de Occidente ylos paises comunistas son irreconciliables, que el mundo vive en estado de guerra limitada y que por esa razón no se puede subestimar el papel de las Fuerzas Afinadas en el frente interno" 15 •

En materia de ascensos hubo decisiones bochornosas. El poder político aceptócalladamente las sugerencias provenientes de la Júnta de Calificaciones y del EMGE, resignando, inexplicablemente, su legítima cápacidad de supervisión y aún de veto. La reestructúración organiza-Uva, como ya ha sido señalado, fue meramente formal. Mientras que el razonable impulso oficial inicial hacia la integración yil empleo conjunto, fruto de la dolorosa experiencia cosechada en Malvinas languideció —como ha sido también dicho ya— entre las solapadas disputas interarmas. Pero por sobre todos, dos son los hechos que señalan con mayor nitidez la hondura de la resigna-ción radical en el frente militar: el establecimiento del es-' tado de sitio ón 1985 y el episodio de la bomba en el III' Cuerpo de Ejército del año siguiente.

Con respecto al primero, hasta, el argentino más desprevenido imaginaba quién estaba detrás de la cam-paña de atentados previa alas elecciones de 1985. El propio Alfonsín usaba una figura clara aunque sutil: "los nostálgicos de la violencia". Todo el mundo sabía, además, que esa nostalgia usaba uniforme. Si como to-do parecía indicarlo, en el epicentro de la conspiración'

•rl - 14 Reportaje al Gral. Héctor Ríos Ereñú, revista Gente, Buenos Aires, 27 de junio de 1985. 15 Véase El Periodista del 21 de junio de 1985, Buenos Aires, de don-de está tomada la cita. ...... .

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iii

desestabilizadora estaban los uniformados de siempre ¿cuál era la utilidad del estado de sitio? Aun en el su. puesto de que fuera necesario imponerlo conlo gest0 simbólico para llevar tranquilidad a la ciudadanía ¿Por qué ceñirse a él en el manejo de los militares presunta, mente implicados? ¿Qué facultades le agregaba el Co. mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que no esta, viesen ya conçempladas en la Constitución y en el Cócil. go de Justicia Militar? Ninguna. Vía reglamentació n castrense hubiera podido imponer arrestos, solicitar reti-ros, disponer el pase a disponibilidad o colocar en si tuación de pasiva a cualquiera de los implicados, mientras durasen las actuaciones que se iniciasen en Sus contras. No se procedió así y el menoscabo de la figura del presidente como comandante supremo, corrió parejo con el incalificable espectáculo que dieron los uniforma-dos involucrados, entre entradas y salidas a Tribunales y viajes al exilio en Paraguay.

El intento de atentado contra el presidente en el III Cuerpo de Ejército dio también la medida de la parálisis gubernamental en contraposición al incremento de la iniciativa de, por lo menos, una porción de los militares. Un poderoso explosivo y varios metros de mecha fueron colocados en el interior de un cuartel, que había reforza-do sus medidas de seguridad habituales, dada la visita del presidente. La bomba —que estaba colocada a la ve-ra de un camino interno que debía transitar la comitiva presidencial— además, ni siquiera fue hallada por per-sonal militar. La desçubrió un agente de.policia de la provincia, que integraba la custodia, que se acercó a ori-nar al lugar. Nunca se descubrió a los responsables del intento de magnicidio. Y todo lo que el hecho suscitó de parte del gobierno fue una retardada respuesta de relevo del Comandante de Cuerpo y del jefe de la unidad en que ocurrió el hecho.

La metamorfosis de la reforma en una formal e insus-tancial autorreforma concebida a imagen y seiñejanza de las aspiraciones de los unifoimados, permitida por el

gobiern° motivó que el escenariode los juicios pasara a conveltrse en la principal arena en la que se jugó la re-íormwación (o no) de las relaciones cívico-militares.

... .

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2. Los juicios

En este terréno, el gobierno también arrancó con deci-sión y firmeza. Creó la CONADEP, firmó el decreto 158 de enjuiciamiento a los integrantes de las tres primeras Juntas de Comandantes en Jefe del Proceso y modificó, mediante la ley 23049, el Código de Justicia Militar. Sin embargo, también aquí su pujanza inicial se fue de-sinflando progresivamente.

El problema que se activaba era verdaderamente complejo, y no puede decirse que el presidente no haya tenido una interpretación en cierto modo profunda del mismo- En el mensaje de presentación del proyecto que daría origen a la ley 23049 había sostenido: "Si bien se espera que la obediencia debida, en un estado democrá-tico, no sea ciega sino que presuponga el control de la le-gitimidad de la orden, debe admitirse que en las circuns-tancias excepcionales de la lucha contra el terrorismo se obró en un contextó de gran confusión y coerción, ha-biendo desencadenado la conducción militar una intensa propaganda, inspirada en la doctrina totalitaria de la se-guridad nacional, que pudo haber hecho creer a quienes no tenían capacidad decisoria que las órdenes recibidas eran legítimas; al mismo tiempo, muchas veces se actuó bajo presiones irresistibles de diversa índole". También,

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aunque en esta materia con algunos vaivenes, el Ejecuti. yo admitia que había existido una responsabilidad insti-tucional de las Fuerzas Armadas en la implantación del-terrorismo de Estado 16, Esta es, sin dudas, una cues-tión delicada. ¿Cómo distinguir, en organizaciones ver. ticalizadas, lo institucional de lo individual? En ellas, un pequçño número de personas —una cúpula— está en condiciones de wmar decisiones y establecer disposi-ciones fundamentales, que inmediatamente se con-sagran como institucionales. Desde luegó, todo debería hacerse con apego a la ley. Pero, descontando los desa-justes que siempre aparecen en cualquier organización entre lineamientos formales y prácticas de hecho, y espe-cificando que se está examinando la cuestión desde una perspectiva sociológica y no jurídica (la justicia debe sí, siempre, determinar responsabilidades penales indivi-duales), todavía subsiste un interrogante: ¿qué sucede cuando quienes integran esas cúpulas también se auto-arrogan el derecho de legislar?, j,cómo, desdedónde, desde qué posiciones es posible, para quienes tienen de-ber de obediencia, el discernimiento de lo que se debe y lo que no se debe hacer, de lo que está bien y de lo que está mal?

La problemática del enjuiciamiento, entonces, espe-cialmente la referida a los tramos descendentes de la ca-dena de mandos, parecía ser adecuadamente atendida en su complejidad, por el encuadre que le daba el presiden-te. Debía reconocerse las condiciones de presión y hasta de coerción en que debieron actuar los cuadros infe-riores y medios de las Fuerzas Arniadas, y aún el nivel inferior de los oficiales superiores (los éoroneles). La

16 Alfonsín, en diversos discurs6s de la campaflá electáiti de 1983, reconoció la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. En su mensaje de presentación de la ley de Punto Final, en cambio, estableció una prolija diferencia. Dijo: "El gobierno.., dejó muy en claro que la imputación de responsabilidades se hacia a los agentes involucrados y no a las instituciones".

responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en la implantación de un• órden represivo y su autorroga-ción del derecho de legislar para toda la sociedad —no del todo explícitamente planteado por Alfonsín— suma-ba factores a las citadas condiciones de presión y de coer- ción.

Respondiendo a este cuadro, el Ejecutivo propuso tempranamente una modificación al Código de Justicia Militar. Su proyecto —que luego de sufrir cambios de fondo en el Senado originó la ley 23049— contenía dos cuestiones fundamentales y una omisión notoria. Las dos cuestiones fundamentales eran:

el mantenimiento del fuero militar —se discutía por aquel entonces si debía ser abolido o no— y la creación de una instancia de apelación civil. Vale decir que toda sentencia recaída en sede militar, podía ser revisada en segunda instancia por el fuero federal; esto constituia una novedad: hasta ese momento el fuero militar era completamente autónomo;

la ampliación del concepto de obediencia debida —en rigor debería decirse exclusivamente de obediencia, que es la escueta fórmula que utiliza el Código— me-diante el concepto de "error insalvable sobre la legitimi dad de la orden recibida".

Estas dos cuestiones se complementaban con el crite-rio discriminador que el partido de gobierno había ma-nejado desde los tiempos de la campaña presidencial: di, ferenciar entre quiénes eran responsables de haber im-puesto y/o administrado el régimen represivo,, quiénes se habían limitado a cumplir órdenes y quiénes, en el cumplimiento de éstas, habían incurrido en excesos, -

Parecía, entonces, que el oficialisnto procuraba dar solventemente cuenta tanto del juzgarniento a la desme sura y el horror, como contemplar la dificil posición en que habían quedado atrapados los oficiales jefes .y su-baltrnos, debido a la virtual imposibilidad de ejercitar la desobediencia debida (única manera de dotar de senti-do a su contracara, la obediencia debida).

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- La existencia de una omisión significativa —se la ha mencionado ya más arriba— indica, sin embargo, que el partido de gobierno estaba jugando con segundas inten. ciones. Dicha omisión, consistía en la no discriminación de los delitos atroces y aberrantes —de los que bajo nin. gún contexto podría eximirse a los uniformados— del marco de la obediencia debida o el error insalvable.E5 decir que 'en la propuesta de ley del Ejecutivo esta clase de delitos quedaban amparados por cualquiera de esas dos eximientes.

La ambigüedad en que quedaba colocado el concepto de "excesos" es obvia. Sin forzarel planteo del Ejecuti-vo, puede decirse que delitos tales como la aplicación de tormentos o el asesinato de prisioneros, desde su óptica, podían llegar a ser eximidos por la obediencia debida o el error insalvable. Así, por ejemplo, un oficial subalter.. no o jefe que aduciese haber interpretado erróneamente que la doctrina operativa puesta en práctica para corn-batir a la subversión incluía la tortura como procedi-miento aceptable, podía llegar a ser exonerado de toda responsabilidad penal. Esto es, por lo menos, lo que se desprendía del artículo 9 del proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, que como ha sido señalado ya, luego de sufrir modificaciones en el Senado, originó la ley 23049, de reformas al Código de Justicia Militar, que decía textualmente: "El art. 34 inciso 5 1 del Código Pe-nal deberá ser interpretado conforme a la regla del art. 514 del Código de Justicia Militar con respecto de los hechos cometidos por personal militar de las Fuerzas Armadas, que actuaron en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir -al terrorismo, cumpliendo órdenes o directivas que respondieron a pla-nes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Mili-tar. A este efecto, se presumirá, salvo prueba en contra-rio, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida" (el subrayado es mío E.L.).

Esta cuestión del "exceso" y su desconexión de la

obediencia debida y el error insalvable marca el preciso momento en que el oficialismo parió eso qtie se dio en

Ilaffl& "doble mensaje".Frente a la ciudadanía, la opi-sión pública internacional y los organismos de derechos humWos podía exhibir su preocupación por castigar los "excesos". Frente a los uniformados, en cambio, podía mostrar su intención de disimularnos e incluso eximirlos.

De manera entonces que, recapitulando parte de lo dicho, puede sostenerse que con la mira puesta en el

1ojuzgamiento y la autodepuración de las Fuerzas As-inadas, el oficialismo les ofreció el ancho canal de la obediencia debida, el error insalvable y la no discrimina-ción de los delitos atroces, como vía de salida de la vara-dura a la que las habla conducido el ejercicio del terro- rismo de Estado. .. - -

puede incluso suponerse la existencia de un acuer-do. El gobierno ofrecía instalar un marco jurídico con-descendiente; los militares deberían autojuzgarse y au-todepurarse. Un hecho no previsto, sin embargo, vino a interrumpir este presunto convenio y a replantear las vías y los procedimientos para solucionar esta compleja problemática. En la noche deI 31 de enero al 1°de febre-ro de 1994, tuvo lugar el debate, en el Senado, del pro-yecto de ley 23049, qué venía ya con media sanción de Diputados. En su transcurso y a iniciativa del legislador Elías Sapag, perteneciente al Movimiento Popular Neu-quino, un partido de provincias carente de implantación a escala nacioñal, propuso y obtuvo aprobación para in-troducir una modificación sustancial: discriminar del amparo de la ley en tratamiento a los delitos atroces.

Es muy difícil determinar si hubo efectivamente o no un acuerdo entre el radicalismo y los militares. No hay elementos de juicio concretos que demuestren el compromiso de cualquiera de las partes. Ni siquiera es confiable como hipótesis la suposición de que los mii-formados hubieran verdaderamente aceptado autojuz-garse. En cualquier caso, ya sea que se tratase de un con-venio, ya de una búsqueda de solución sin compromisos

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concertados'prevjamente la enmienda Sápag conde$ al fracaso el autojuzgamiento.

•1 El gobierno prefirió no darse por enterado y apost un tiempo más que prudencial a que los uniformados' juzgasen a sí mismos y se autodepurasen, ahorrándol; dolores de cabeza de variada gama. Ante la mirada j pasible del oficialismo, el Consejo Supremo de las FQ zas Arniadas agotó los plazos normales y l ampliaciones que le fueron concedidas para expedirse ¿7 la causa de los 9 ex Comandantes. No sólo eso, sino qij a fines de septiembre de 1984 se dio el lujo de calific como inobjetables tos decretos, directivas y órdenel operacionales emanadas de las tres primeras juntas mili tares. Fue el final. El gobierno se vio obligado a toinai nuevas cartas en el asunto y a decidir el traslado de esos juicios de la sede militar en que se hallaban al fuero f& deral, tal como lo establecía la ley 23.049.

Los militares, por su parte, se empeñaron en una acti-tud tan soberbia como inaudita a los ojos de la sociedad no sólo no intentaron ampararse en la obediencia debid sino que rechazaron masivamente haber cometido delito alguno. Como bien escribió Rúbén Felice en un excelen te artículo que resultó en muchos sentidos anticipatorio de lo que sucedió más tarde "la estrategia de negar la existencia de los hechos denunciádos, que nacía en lá misma labor de los defensores de los ex Comandantes : abarcó a todos los cuadros que mantuvieron esta con-ducta hasta sus últimas consecuencias" 17,

17 Felice, R.: "izi depuración y cón punto final", en rey. EJ fl riodista, 29 de noviembre de 1985, Buenos Aires.

para el fracaso

Por qué dilapidé el gobierno sus inmejorables posi- ¿

bilidades iniciales? Hay quienes creen que su claudica-íón en el frente militar fue coherente con sus decisiones

OÍR el terreno económico-social. Que el enjuiciamiento de j1ex Comandantes, la formación de la CONADEP y j promesas de reforma militar se correpondieron con

primera etapa de gobierno, en la que Bernardo Grins-$iin ocupó la cartera económica. En ese momento, un radicalism0 triunfal y optimista se sentía capaz de cumplir todas sus promesas, porque creía que el mundo aeswoliado no iba a abandonar a las renacientes de-ijiocracias latinoamericanas. Era el tiempo en que Al-fonsín afirmaba que se podía pagar la deuda externa y al mismo tiempo reactivar la economía ("levantar las per-sianas de las fábricas", decía) y mejorar el nivel de ingresos del sector trabajo. Una fantasía que duró poco y que se esfumé ante la evidencia de que la Argentina enfrentaba una opción de hierro: o se confrontaba de al-guna manera en el frente externo, en procura de mejorar las condiciones adentro, o se ajustaba internamente. La elección del radicalismo es conocida: ajuste, Sourrouille, Plan Austral y entierro de las utopías de la primera hora.

Quienes formulan este planteo agregan que el mundo de la política es un universo articulado. Y que sise toca una parte de un conjunto o modelo, es inevitable tam-bién tener que acomodar otras. Esto es lo que habría su-cedido en la Argentina. La decisión de respetar celosa-mente el pago de la deuda externa, la opción por el ajtls-te y la intención de recostarse sobre los "capitanes de la industria" y, concomitantemente, la decisión de poster-gar las expectativas populares en el plano económico-so-cia!, indujeron al reacomodo de la política militar. A un

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cambio reaccionario en una parte, correspondió un c am. bio igualmente reaccionario en la otra.

Sin dejar de reconocer que esta problemática se en. cuentra aún insuficientemente investigada y que por t0 tanto nadie está en condiciones de construir enunciado 5 seguros sobre el particular, me inclino por otra alternati. va . Es factible demostrar que el radicalismo se movió de entrada —es decir, desde la época de Grinspun— co una política para el frente militar que se orientaba hacia la 'auzorreforma y hacia el autojuzgamiento y la autode. puración. No fue el cambio de la política económica lo que motivó un cambio en la política militar, sino el ro-tundo fracaso de esta última lo que llevó a su modifica. ción.

El gobierno se limitó'a enunciar un programa de refor-mas con la expectativa puesta en que serían 'tos propios uniformados quienes lo tomarían como propio y lo Ile-varian a La práctica. La actitud de resignación que se ha descripto en páginas anteriores no sería sino la conse-cuencia del no cumplimiento de los objetivos perse-guidos por la política oficial. Una cosa semejante suce-dió con la cuestión de los jucios. Contrariando la expec-tativa gubernamental, las Fuerzas Armadas no mostra-ron la menor voluntad de autojuzgarse y autodepurarse. Fue, entonces, el fracaso de una mala política lo que condujo a la parálisis y a la claudicación 18

La puesta en práctica de una deficiente política mili-tar, a su vez, puede explicarse por las falencias del modo general de pensar y hacer política que posee el radicalis-mo y, en particular, por su insuficiente lectura del fenó-meno del intervencionismo militar. A modo ilustrativo puede indicarse que, por ejemplo;', en un significativo discurso que pronunció s en Parque Norte, a 'fines de

'1. lE Si las hipótesis de la existencia de un acuerdo previo desbaratado por la enmienda Sapag es válida, fue la pérsistencia unilaterál del go-bierno en una opción política coúdenada al fracaso la que condujo a dichas parálisis y claudicación.

I98, Alfonsín dijo: "La debilidad de la democracia en la gentina, la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos 5piegados hasta ahora para consolidarla radican me-

nos en sus instituciones que en nuestro modo subjetivo de asumirlas. Se trata de un problema cultural más que institucional". Por cierto, una extraña manera de in-terpretar las tribulaciones de la democracia en los últi. mos treinta y tantos años de historia política argentina. En las antípodas del pensamiento de Alfonsín y con el respaldo de una evidencia empírica indesmentible, nos ubicamos quienes entendemos que, para que hubiese de-mocracia en la Argentina desde, por ejemplo, 1955 en adelante, hubiera bastado con que los militares no usa-ran la fuerza. Que lo que debe explicarse no es, básica-mente, un problema cultural sino uno de poder. Y que disolver la complicada problemática económico-social y política que se aloja en la base de la recurrencia del gol-pismo en nuestra tiçrra, en una cuestión subjetiva y cul-tural es una simplificación de perniciosos efectos, cuan-do se torna sustento de prácticas políticas.

El fallo de la Cámara que, juzgó a los ex. Coman-dantes, en tanto consolidó jurídicamente el criterio del descenso en la cadena de mandos, mediante el punto 30, obligó a un inevitable replanteo. Tanto el gobierno co-mo las cúpulas de las respectivas Fuerzas, que alentaban la esperanza de que el fallo contuviese un "punto final" que desactivase el problema, debieron enfrentarse a la realidad de tener que intentar procurarlo en otro lado y por otros medios.

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4. La búsqueda del "punto final"

La ambigua práctica gubernamental respecto de los milil tares —atrapada por las vacilaciones y los errores apreciación que se han reseñado precedentemente— fi constituyéndose al compás de una creciente diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Fue configuran4 un doble mensaje. De un lado aparecían unas palabrasYO

unos gestos que agradaban a la ciudadanía: recorte dél presupuesto castrense, conformación de la CONADEp propuestas de reforma militar, enjuiciamiento de la in punidad. De otro, se hablaba un discurso de factol hecho de vacilaciones, desfallecimientos, guiños, media palabras y veladas promesas, que se dirigía a los unifoi mados.

El terreno de los derechos humanos y los juicios li reflejó cabalmente. Por una parte, la CONADEP, el decreto 158 de enjuiciamiento a los ex Comandantes, l ley 23049 aceptada con su enmienda Sapag. Por otra, las medidas tendientes a aflojar las presiones qúe provenían de los uniformados. Algunas públicas y oficiales, comó las instrucciones a la fiscalía militar en 1986 y las giras de los funcionarios de la Secretaría de Justicia con el objeto de postergar o evitar el procesamiento de oficiales meL dios o subalternos. Otras arrojadas por debajo de lame. sa, como todas las seguridades que se lç dieron a Ríos Ereñú garantizándole la inmunidad de dichos oficiales, que culminaron con la instauración del "punto. final".

Sobre la profunda brecha que separaba (y aún separa) a la sociedad y a las Fuerzas Armadas, vino a instalarse este doble mensaje, que alentaba las expectativas de sec-tores que eran inconciliables y, por lo tanto, se excluían. Los uniformados estaban unánimemente de acuerdo en reivindicar su actuación en la lucha antisubversiva. Con matices y gradaciones la sociedad, por su parte, repu-

Icliaba (repudia) la impunidad. El doble mensaje, sin em-Fargo, no podía pronunciarse indefinidamente. La teso-Ñción del conflicto en torno - de la impunidad que ¿nfrentaba a la sociedad con las Fuerzas Armadas, no dCpendia de un remoto juicio histórico capaz de prolon-gar la utilización de las palabras, sino de unos concretos procesos judiciales. El límite del doble mensaje se si-tuaba en la comparecencia de los oficiales medios e infe-riores ante los estrados judiciales.

Alfonsín procuró retardar los plazos todo lo que pu-do, aun a riesgo de acumular tensiones. Había puesto en marcha una operación política tan ambiciosa como deli-cada: forjarse una figura de campeón de los derechos humanos por el sinuoso y poco firme camino de los mensajes dobles. Recompensas .y peligros estaban a la vista: de un lado la rápida construcción de una política-mente lucrativa figura para proyectar tanto local como internacionalmente; del otro, el desenmascaramiento de la impostura y el barranco. Las dos cosas sucedieron. El

• presidente coseché reconocimientos gubernamentales a • nivel mundial, premios internacionales y nombramien-tos honoris causa. Su prestigio internacional creció con-siderablemente y concité solidaridades y apoyos interna-mente como ningún otro dirigente había podido hacerlo desde los tiempos de Perón. Su imagen de dirigente rec-toe íntegro, sin embargo, se hizo trizas durante la Sema-na Santa de 1987. cuando acabados los tiempos sólo ati-nó a pronunciar un ¡Felices Pascuas! que terminó con-viniéndose en sinónimo de duplicidad y de acuerdo es-purio.

Pero no nos anticipemos a los hechos. El gobierno buscó afanosamente una salida para la dilemática si-tuación que había planteado el punto 30 del fallo contra los ex comandantes, que le permitiese conciliar sin costo el doble mensaje. El 30 de diciembre de 1985, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Cámara en el juicio contra los ex Comandantes. Este hecho desvaneció toda ilusión de conseguir un "punto final" por vía judicial. Ni la Cá-

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mara ni la Corte sentardn doctrina en esta materia; aji contrario, se ciñeron a lo dispuesto por la ley 23.049 co1 su enmienda Sapag. Desde ese momento entonces, acabaron los argumentos para los subterfugios y las di laciones. Como marcaba la ley, se debían poner en mor. vimiento los procesos contra militares de rango medio e inferior.

En abril de 1986 el gobierno giró instrucciones al fj5.1 cal general del Consejo Supremo de las Fuerzas armai das. Por medio de ellas, en un gesto de anticipable inuti. lidad —puesto que el procesamiento de los ex Coman dantes había mostrado ya claramente la negativade las Fuerzas Armadas a autojuzgarse —y so pretexto de agi-tizar los trámites mediante la recomendación de agrupar: las causas por cuerpos de ejército, procurabá ablandar la noción de delito aberrante y, además, darle una in-terpretación amplia al concepto de error insalvable. Se decía allí, por ejémplo, que se debería interpretar "que. todo subordinado obró con 'error insalvable' sobre la legitimidad de la órden, salvo cuando la ácción cumpli- ; da no fuera consecuencia de las órdenes recibidas de sus, superiores directos o de la órden global implementada por los ex comandantes en jefe". También se afirmaba que se haría "extensiva a los subordinados de los ex co-mandantes en jefe la responsabilidad de estos últimos por la ejecución de delitos aberrantes, únicamente cuan-do la conducta del subordinado configure un exceso en, el cumplimiento de las órdenes recibidas..." Como es fácilmente perceptible, mediante la oferta de sinuosos caminos de salida, el Ejecutivo insistía en transitar la vía del autojuzgamiento. Los estrados castrenses, empero, respondieron una vez más con una soberbia pasividad que condujo a que la justicia federal tuviera nuevamente que tomar cartas en el asunto.

Paulatinamente, conforme se iban resolviendo distin-tas cuestiones de competencia, el fuero federal se fue ha-ciendo cargo de las causas que estaban pendientes. La cantidad de procesados no era precisamente poco signi-

çjcativa: alrededor• de 1.700, una cifra que cortaba el aliento a los funcionarios gubernamentales del área de defensa.

Bajo estas condiciones, el general Ríos Ereñú, por en-tonces titular del EMGE puso en marcha una política consistei1te en tratar de convencer a sus subordinados de que debía aceptarse la actuación de la justicia civil y que debía librarse una batalla legal. El 24 de junio de 1986, cuando el enjuiciamiento de oficiales medios e inferiores comennba ya a vislumbrarse como sumamente proble-mático declaró a la prensa que: "Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo ya que nos sujetamos a la Justicia y que confiamos plenamente en ella, sea de carácter mili-tar o civil". 19 El traspaso de las causas del fuero militar al federal, había comenzado.

En septiembre del mismo aio reiteró que "nos hemos sujeto a la Justicia, que es lo que corresponde dentro del sistema institucional". Sostuvo que "somos concientes de las dificultades mayúsculas que la cantidad de juicios que comenzaron produce en quienes tienen la responsa-bilidad primaria en el tratamiento de esos casos, caso concreto el Conséjo Supremo de las Fuerzas Armadas". y añadió una frase que aunque reveladora, en ese mo-mento sonó enigmática: "Cuando la Justicia dé su vere-dicto, quizá la solución sea política". 20 En marzo de 1987, pocos días antes del levantamiento de Pascua, vol-vió a declarar que "las Fuerzas Armadas se avienen al juzgamiento de sus integrantes porque quieren vivir en democracia y respetan las institucjones". 21

Todo parece indióar que alentado por la promesa gu-bernamental de que se encontrarían los remedios para solucionar el problema de los oficiales medios e infe-riores sujetos a proceso, Ríos Ereñú aceptó la generali-zación de los juicios. La mencionada oficialidad, entre

19 Véase Clarín, 24 dejuhio de 1986, Buenos Aires. 20 Ibid., 9 de septiembre de 1986. 21 /bid., 6 de marzo de 1987:

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tanto, recelaba. Por un lado, porque desconfiaba de Ríos Ereñú. Este, en diversos destinos había servido alrededor de 14 años a las órdenes del general Alejandro Lanusse, quien no era visto con buenos ojqs por el Ejér-cito que protagonizó el Proceso. Sollo voce se lo acusa. ba de haber incurrido en gruesos y comprometedores errores políticos, durante su gestión como último presi-dente de la llamada Revolución Argentina. Su impericia había permitido el triunfo electoral del peronismo en 1973 y el retorno de Perón a la Argentina. Peor aún, n había sabido evitar el desarrollo de una guerrilla que años más tarde se convirtió en un problema mayúsculo para las fuerzas Armadas. Por otro lado, porque acep-tar la generalización hacia abajo en la cadena de mandos de los juicios, significaba tomar riesgos individuales e institucionales imprevisibles. La posibilidad de que esos procesos resultaran condenatorios significaba abrir la posibilidad de una inapelable calificación de la lucha an-tisubversiva. Comandantes en jefe, oficiales superiores, jefes y oficiales subalternos se hubieran visto involucra-dos masivamente en delitos cuya calidad de atroces y aberrantes era imposible desmentir. Las dimensiones cualitativa y cuantitativa del problema hubieran termi-nado con el mito de la guerra —aún el de esa guerra que los propios militares admiten a veces adjetivar de "su-cia"— para colocar en su lugar el degradante terrorismo de Estado.

Esta es una cuestión relevante en términos de la crisis de la identidad militar. Con ésta en curso ya de de-sarrollo debido a tos factores que se han analizado píe-cedentemente, el úhimo refugio en común que les quedaba a los militares era precisamente el de la identifl-cación en lo que ellos llamaban la guerra antisubversiva. Este era el único territorio sobre el que podían replegarse y coincidir; era el único espejo en el que podían mirarse simultáneamente quiénes hablan combatido en las Mal-vinas y quienes habían formado paste de los grupos de tareas. La común reivindicación del pasado inmediato

era virtualmente el único elemento aglutinador de una institución surcada por las rencillas, tas diferencias y los enfrentamientos. Hoy, que se sabe cómo continuó la historia, puede sostenerse que el mito de un Ejército vencedor en la guerra contra ¡a subversión era lo único que los mantenía unidos. Un Ejército significaba uno solo y mismo; el mito de la victoria y de la guerra era aglutinante por el lado del éxito —el fracaso no suele ser convocante— pero además proponía un antídoto contra la otra guerra, la de verdad, que había terminado en una completa derrota.

Por eso, cuando Ríos Ereñú les proponía a los ofi-ciales medios e inferiores que aceptasen librar la batalla legaL éstos recelaban. Sus destinos individuales se fu-sionaban con el de la institución. Si esa batalla se perdía muchos de ellos hubieran pasado a revistar en la catego-ría de delincuentes y, simultáneamente, la institución militar hubiera sufrido una hecatomber Finalmente, entre bombazos y presiones de diversa índole y sin pri-varse incluso de agitar opciones o liderazgos alternati-vos, la oficialidad media e inferior aceptó la batalla legal mientras tuvo evidencias de que no se volvería en su contra. Cuando advirtieron que ni siquiera la ley de Punto Final servia para solucionar el problema, sobrevi-no el alzamiento.

S. La ley de Punto Final

Hacia finales de 1986 se hizo evidente que la generali-zación de los juicios era una peligrosamente activada

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bomba de tiempo. El resultado de los procesos era preyj. sible: las condenas caerían por doquier. En esas condi. ciones, el gobierno no tuvo más remedio que intentar la maniobra descompresora que había intentado evitar Por todos los medios: una ley que fijara el "punto finar' acarreaba un costo político muy alto y desvastaba la fi. gura presidencial. No obstante, el gobierno había quedado prisionero de sus propios hechos y, como esos jugadores de ajpdrez atrapados en posiciones desespe. rantes, no tenía a la mano más que jugadas malas y obli-gadas.

El oficialismo intentó un montaje que amortiguara el impacto negativo de la medida que se aprestaba a tomar. el primero de diciembre, durante una ceremonia militar, Ríos Ereñú inició la actuación. Dió un discurso en el que sostuvo que "hay claridad en la sociedad porque no-sotros hemos hecho una autocrítica profunda que he-mos reflejado en diversos mensajes a nuestros conciuda-danos". También recordó que "hemos dicho que los militares nunca más en política, hemos dicho que los mi-litares no nos sentimos dueños de los destinos del país, que no creemos que exista un proyecto nacional que emerja de las fuerzas armadas, sino que nosotros nos su-mamos a un proyecto que surja de la autoridad politica, que debe ser compartido por la voluntad ciudadana". Y finalizó afirmando que "comienza ahora una etapa de integración entre las fuerzas armadas y la ciudadanía... que pasa por la reconciliación y por el esfuerzo de todos los argentinos." 22

Cinco días más tarde, Alfonsín remitió al Congreso el texto de la Ley de Punto Final. En esa misma oportuni-dad, pronunció, desde Olivos, un discurso dirigido a to-do el país. Reconoció, en él, que no creía "en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia por la voluntad exclusiva de un dirigente..." Por eso mismo se empeñó en demostrar

22 Véase La Razón, 2 de diciembre de 1986.

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que se había "concluido la reconstruccióh y que ahora

pOS toca iniciar, profundizar, una verdadera transfor-

pjaciófl nacional"; que se había "ganado la batalla contra la impunidad y la violencia"; y que se habíáfl ge-nerado las condiciones "para iniciar definitivamente el camino de la reconciliación", por lo que era ya posible "fundar los cimientos de una unión verdadera" entre la sociedad y las fuerzas armadas. 23

La diferencia, sin embargo, entre la sustancia de los discursos y la realidad era abismal. La claudicación que

ntenía el texto de la ley de Punto Final no podía disi-mularse ni con gestos ni con palabras. Nada estaba en condiciones de disolver el prosaico objetivo que la alen-taba: entorpecer el funcionamiento de la justicia fede-ral. Ese parco instrumento legal de tan solo siete artícu-los inarcó tanto la definitiva renuncia del oficialismo a moverse en el terreno de los argumentos y las razones cuanto su opción por la argucia.

En su artículo primero se resumia su propósito. Es-tablecía que: "Se extinguirá Pa acción penal respecto de toda persona, por su presunta participación, en cual-quier grado, en los delitos del artículo 100 de la ley 23049, que no estuviera prófugo o declarado en rebeldía o que no haya sido ordenada su citación a prestar decla-ración indagatoria por el tribunal competente antes de los 60 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley..." Fijaba, entonces, la extinción de toda acción penal contra cualquier persona pasible de ser procesada mediante la ley 23049, que no hubiera sido citada a prestar declaración indagatoria en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley. Vale decir que establecía un plazo brevísimo, perentorio, traspasado el cual cesaba toda posibilidad de acción penal contra mili-tares que pudieran estar involucrados en el ejercicio del - terrorismo de Estado. Ni siquiera se excluía de sus alcan-

23 Véase Clarín, 6 de diciembre de 1986.

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ces a los delitos atroces o aberrantes; sólo se discriznin a ba, en su artículo 50, el robo y ocultamiento de meno res.

En definitiva, la ley apostaba a que los habitualment e farragosos y burocráticos trámites judiciales trabaran l acción de tos tribunales correspondientes y que el pl azo de los 60 días para citar a los involucrados no se eum. pliese, liberándolós así de toda responsabilidad penal

Como es de imaginar, la propuesta presidencial causó un generalizado revuelo. Las voces críticas se escucharon hasta en el seno mismo del partido radical. La mayorj de los organismos de derechos humanos se distanciaron definitivamente del gobierno —salvo la Asamblea Per-manente por lu Derechos Humanos, de la que Alfonsín es co-fundador— y en una importante franja de la Opi-nión pública sensible a este tema se comenzaron a rom-per los últimos lazos de credibilidad que la ligaban & oficialismo.

Alfonsín hizo valer la disciplina partidaria y, apoyado en la mayoría parlamentaria de la Unión Cívica Radical, obtuvo una muy veloz aprobación de su proyecto. Pero a semejanza de lo sucedido cuando la iniciativa de Sapag desbarató la maniobra urdida alrededor del texto de la ley 23.049 por el oficialismo, un hecho no previsto vino a entorpecer las cosas. Prácticamente la totalidad de los tribunales encargados de procesar a los uniformados, le-vantó la feria judicial de enero y se avocó con decisión, firmeza y celeridad a librar la mayor cantidad posible de citaciones dentro del plazo establecido de 60 días. Esta decidida respuesta de las Cámaras Federales desestruc-turó el montaje gubernamental y precipitó la hecatom-be: más de 400 oficiales fueron llamados a los estrados judiciales. Ríos Ereñú —y el radicalismo que lo apoya-ba— perdió así la batalla legal. Con el agravante de que ni él ni su generalato habían previsto opciones para la eventualidad. Se repetía la experiencia de Malvinas: los oficiales inferiores y medios quedaban sin el amparo de sus jefes, mientras éstos, asegurados sus propios pelle-

joSe parecían sólo preocupados por el maquillaje de la institución -

A los oficiales jóvenes, en tanto, parecía no faltarles 1 ones. La pérdida de la batalla legal significaba la destrucción del único territorio compartido que les quedabaS Sin esa retaguardia carecían de sentido la uni-dad, la cohesión, la disciplina e incluso el respeto por la

rarquIa: la puesta en crisis de la identidad militar esta-ba completa.

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¡y. EL ESTALLIDO DE SEMANA SANTA

i. Prolegómenos

La proliferación de procesos contra oficiales medios e inferiores y la desconfianza que entre ellos despertaba el llamado a la batalla legal que impulsaba Ríos Ereñú, motivaron una serie de sucesos excepcionales para las instituciones castrenses. Diversas promociones 24 se ju-ramentaron para defender a ultranza a sus integrantes afectados por los juicios, sin importar si el tipo de ac-ción que deberían emprender quedaba comprendido dentro de lo institucionalmente aceptable. Varias de ellas, a través de sus presidentes, tomaron contacto entre sí y coçrdinaron actividades. No fueron pocos los casinos de oficiales o las unidades donde la disconformi-dad con lo actuado por la superioridad y la protesta se hicieron oir con voces destempladas. El Aeroparque metropolitano fue escenario de, por lo menos, un par de curiosas manifestaciones: grupos de capitanes en unifor-mes de salida se reunieron a despedir a compañeros que viajaban a ciudades del interior a prestar declaraciones indagatorias, citados por los tribunales locales. En los edificios militares del barrio de Palermo, vecinos a las canchas de polo y al hipódromo, se realizaron varias

24 Se llaman "promociones" a los grupos de egresados del Colegio Militar pertenecientes a un mismo año. Se las identifica con un nú-mero que es correlativo a la primera carnada de subtenientes que hu-bo. La de Aldo Rico, por ejemplo, es la promoción 94.

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reuniones informativas de nutrida asistencia, que llega, ron a tener la forma que típicamente se denomina de asamblea. También trascendieron algunos de los meca, nismos previstos por los atribulados oficiales contestata. nos para enfrentar la acción judicial: pedir "asilo" en alguna guarnición solidaria para resistir desde allí Conel apoyo de ella. Inclusive, llegaron a tomar estado público algunas alternativas de respuesta que se elucubraban en diversos círculos polítkos. Se hablaba, por ejemplo, de rodear la guarnición asilante con manifestantes pertene cientes a los distintos partidos políticos; de aislarla me-diante el corte del suministro de energía, agua y teléfo-no; de impedir la entrada de abastecimientos, etc.

A comienzos de marzo de 1987, cuando el plazo de 60 días fijado por la ley de Punto Final se encontraba pró-ximo a expirar, 25 la expectativa había crecido enorme-mente y las versiones sobre el estallido de una crisis mili-tar estaban a la órden del día. El semanario EliÁforma-dor Público, por ejemplo, tiuvaba su nota de primera plana, del 27 de márzo. "Ante una inminente crisis mili-tar se acelera el pactoradical-peronista". E informaba en ella, entre otras cosas, que los generales Caridi, Fichen, Santarrosa y Dominguez se habían reunido con Ríos Ereñú "con el fin de darle a conocer su preocupa-ción por la delicada situación existente en el Ejército a partir de la multiplicación de los procesamientos de los oficiales subalternos".

Digno de mención, sin ninguna duda, es un artículo del número siguiente del mismo semanario, titulado "Ríos Ereñú quedó fortalecido luego de su reunión con los generales". En él se informaba que "las resistencias al jefe del Estado Mayor proceden de un grupo cívico-militar en el cual afirman que participan el teniente co-ronel (sic) Ernesto Barreiro, que habría instado a sus ca-

25 Diversos litigios sobre competencias judiciales impidieron que los 60 dias establecidos por la ley expirasen al mismo tiempo para todos los casos.

inaradas a no preseritarse en las causas judiciales en las que se encuentran comprometidos. También se le atri-buye formar parte de ese grupo al teniente coronel Rico, quien se dice elevó un crítico documento a su coman-dante de brigada y a los tenientes coroneles Alonso, oietrich y Schiarano. También formarían parte del grupo oficiales de inteligencia, entre los cuales se menciona al teniente coronel Venturino... Por último, se dice que el grupo en cuestión habría pretendido adherir a la Escuela de Infantería, a la Compañía de Comandos 601 y al lla-mado "grupo Seineldin", intención que se habría frustrado por la decisión del coronel Seineldín, que an-tes de regresar a Panamá habría ordenado a sus seguido-res sustraerse de toda acción desestabilizadora". Esta precisa descripción de los principales actores del drama que sobrevendría luego y de algunos de sus escenarios se efectuó con fecha 3 de abril de 1987. Es decir, dossema-nos antes de que se inician en Córdoba el movimiento de los "carapintadas".

El teniente coronel Rico, por entonces jefe del Regi-miento de Infantería de Monte 18, con asiento en San Javier, Misiones, había elevado, en efecto, un documen-to al general Ernesto Alais, en el que sugería que se pre-sionase al gobierno en procura de una solución política al problema de los juicios. Recomendaba, además, que se lo hiciese inmediatamente para operar desde posi-ciones de fuerza, y que se evitara que el sometimiento de los oficiales a la acción judicial minase su unidad y ero-sionase la cohesión interna. Se trataba de una cuestión de eficacia para negociar con los poderes públicos,pero también de dignidad. Quizá en ese momento comenzaba a nacer el que más tarde se llamaría, precisamente, Ope-rativo Dignidad.

Por su parte, el general Augusto Vidal, director del Instituto de Perfeccionamiento del Ejército produjo también un documento que giró para su lectura a sus co-legas generales. En él se criticaba duramente el en-juiciamiento de oficiales, se sostenía enfáticamente la

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necesidad de reivindicar la actuación de la institución castrense en la lucha contra la subversión y se criticaba, incluso, el papel de Ríos Ereñú como conductor del Ejército.

Hacia comienzos de abril, entonces, el descontrol e el Ejército era completo. Los oficiales deliberaban abier. tamente, proponían y criticaban sin mayor apego al res. peto por la jerarquía. La disciplina se había esfumado y los agrupamidntos sectoriales reemplazaban al disposjt. yo orgánico habitual. Entre los oficiales superiores Por un lado, y los jefes y oficiales subalternos por otro Se ahondaba una fractura, que la acción de algunos coro. neles —el grado que hace de bisagra entre los generales y los tenientes coroneles— no podía evitar. El jefe del Es. tado Mayor era criticado abiertamente por la oficialidad media. El fracaso de la batalla legal, en definitiva, al abrir la posibilidad de que se revisan el pasado con un sentido enjuiciador y crítico, destruía el único elemento unificador y cohesivo que le quedaba al Ejército.

Desaparecía así el último vallado que dificultosamen-te, aún servia de dique a la crisis interna que se venía in cubando desde los finales de la guerra en el Atlántico Sur. El estallido estaba irremediablemente cerca.

2. El alzamiento

El ex mayor Ernesto Barreiro —poseedor de un fron-doso y oscuro pasado como represor— había sido citado a prestar declaración indagatoria el miércoles 15 de abril, por la Cámara Federal de Córdoba; todavía se

hallaba en actividad. El fin de semana previo se trasladó hasta esa ciudad y comenzó una serie de gestiones y con-tactos con sus colegas destinados en las guarniciones de la zona. Comprobó que todo estaba dispuesto para dar comienzo al Operativo Dignidad. Podía llevar a la prác-tica la decisión de no responder a la citación del tribunal cordobés y refugiarse en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14.

En conocimiento de las intenciones de Barreiro, el te-niente coronel Luis Polo, jefe del citado regimiento, pu-so en conocimiento de las mismas al general Antonio Fichera, jefe del II Cuerpo de Ejército. Y el martes 14 viajó a Buenos Aires con el objeto de informar de la si-tuación al propio titular del EMGE. Conviene retener este dato pues se volverá sobre él más adelante cuando se analicen las intenciones de los "carapintadas".

El 15 de abril, desechando los pedidos de la superiori-dad para que modificara su actitud, Barreiro llevó ade-lante su decisión: no se presentó a declarar. La Cámara Federal de Córdoba, vencidos los plazos de espera que marca la ley, lo declaró en rebeldía. A la noche, el EM-GE dispuso su baja, siguiendo también disposiciones reglamentarias ineludibles.

El gobierno, entre tanto, dejaba correr los sucesos. O estaba mal informado por los generales—en particular por Ríos Ereñú— o vivía en el limbo: como si ignorase la proximidad de la tormenta, Alfonsín víajó a Chasco-mús en la noche del 15, para pasar en familia el feriado de Semana Santa.

El Jueves Santo, a las 7 de la maÑana, un capitán en ropa de fajina, se presentó en Córdoba, ante diversos medios de prensa, en nombre del "grupo que controla el 111 0 Cuerpo".. Expresó el apoyo de dicho grupo al ex mayor Barreiro y afirmó que "la oficialidad desconoce al jefe del Estado Mayor que ha pretendido regalarnos y no tiene autoridad para negociar". A partir de ese mo-mento resultó ya imposible eludir lo que estaba suce-diendo. Alfonsín regresó de urgencia, en helicóptero, a

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Buenos Aires y llamó inmediatamente a una reunión de gabinete para analizar lo que estaba sucediendo. I sublevados de Córdoba se pintaron las caras con betün y desplegaron armamento en los patios del Rl 14. El pri-mer acto del drama estaba consumado.

Al conocerse los sucesos de Córdoba el sistema politi. co tendió a estrechar filas y la ciudadanía se movilizó es-pontáneamente en defensa de lo que interpretaba como una amenaza para el sistema democrático. Montado sobre esa efervescencia, el Ejecutivo convocó para la noche del jueves a la Asamblea Legislativa. En la Plaza Congreso, una multitud de más de 50.000 personas acompañaba el evento. Un Alfonsín exultante y con. fiado prometia en su discurso, como respuesta a los in-surrectos, que la democracia no se negociaba. Evidente-mente, guiado por la misma mala información que lo llevó a hacer un viaje de ida y vuelta a Chascomús en menos de 24 horas, el presidente creía que la rebelión podía sofocarse rápidamente.

Pero el primer actor no se había presentado a escena todavía. El teniente coronel Aldo Rico, desde San Ja. vier, mandó ese mismo jueves un radiograma de adhe-sión a Córdoba, y se puso en marcha. En la mañana del Viernes Santo, un grupo de 5 vehículos pertenecientes al regimiento misionero de Ricofue interceptado por tro-pas leales al general Alais en las cercanías de Concordia. El mayor Lucas Castro, subjefe del Rl 18 quedó deteni-do junto a 10 oficiales que lo acompañaban. Rico, sin embargo, pudo sortear el cerco y llegar hasta Campo de Mayo para tomar la Escuela de Infantería y hacerse fuerte en ella. Se abrió así un segundo foco de rebelión, que terminó convertido en el epicentro de la misma.

A las tres de la tarde del mismo vieines se informó que el ex mayor Barreiro había huido del Rl 14. Un poco más tarde, mientras por un lado se producía la rendición del Rl 14, por otro, Rico se presentaba por primera vez apte la prensa y se distribuía el Comunicado n° 1 de los atrincherados en la Escuela de Infantería.

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vale la pena detenerse brevemente en la primera pre-sentación pública de los "carapintadas". Una hora an-(es de que Rico hiciera su aparición, un grupo de ofi-ciales de la Escuela de Infantería distribuyó entre los pe-1 jodistas que hacían guardia en la puerta un volante que decía: "A todos los argentinos de buena fe: no se dejen flgafi&, esto no es un golpe de Estado, es un problema

interno de las Fuerzas Armadas". Un poco más tarde, sin embargo, Rico, en su primer conferencia de prensa eludió pronunciarSe sobre esa cuestión. Dejó, en cambio claro que el movimiento tenía como objetivo principal

nseguir una respuesta satisfactoria para el problema de los juicios. Decía el comunicado: "El Comando es-tablecido en la Escuela de Infantería, con motivo del pronunciamiento en apoyo de la postura adoptada por el mayor Ernesto Barreiro y de los camaradas y las uni-dades que la defienden comunica a la opinión pública que:

Se consideran extinguidasias esperanzas de que la ac-nial conducción de la Fuerza ponga fin a las injusticias y humillaciones que pesan sobre las Fuerzas Annadas. El feroz e interminable ataque ha generado el grado de des-confianza, indisciplina, desprestigio y oprobio en que se encuentran las Fuerzas Armadas. Este es tal que su exis-tencia se ve comprometida si sus hombres no levantan la frente y dicen ¡basta!

Exigimos la solución política que corresponde a un hecho político como es la guerra contra la subversión.

La actitud es también asumida por los Regimientos de Infantería 14 de Córdoba, Regimiento de Infantería 19 de Tucumán, Regimiento de Infantería 4, Regimiento de Infantería 21 de Neuquén y Regimiento de Infantería 35 de Santa Cruz". Rico aclararía verbalmente que la Es-cuela de Guerra también debía ser incluida en la lista de las unidades sublevadas.

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3. ¿Quiénes, por qué?

Pero ¿quiénes eran los sublevados? Eran en su mayo. ría oficiales de infantería, pertenecientes a la especiali, dad de paracaidistas o de comandos. Obviamente los primeros se agruparop en el regimiento aerotransporta do de Córdoba y los segundos en la Escuela de Infante. ría. En ambos casos se presentaban como combatientes, lo que explicaría su actitud de embetunarse la cara y los que podían, exibian con orgullo su condición de malvi. neTos. Esta identificación de combatientes y malvineros estaba elegida a conciencia: pretendían diferenciarse asj del Ejército de oficinistas y burócratas que —a su modo de ver— encabezaban los generales.

Vale la pena repasar la lista de unidades mencionada por Rico en el Comunicado no 1 para ver quiénes las co-mandaban. Repárese, por empezar, que todas ellas per-tenecían a la infantería.

Al frente de! Rl 14, de Córdoba, estaba el teniente co-ronel Luis Polo; el Rl 19, de Tucumán era mandado por el teniente coronel Angel Daniel León; el Rl 4, de Monte Caseros tenía al frente al teniente coronel Héctor Alva-rez lgarzábal; el Rl 21, de Neuquén, estaba comandado por el teniente coronel Alberto Valiente; mientras que como jefe del Rl 35, de Rospenteck, se desempeñaba el teniente coronel Santiago Alonso. Todos estos jefes, que tenían el mismo grado militar, eran compañeros de promoción de Rico. Lo mismo que los tenientes corone-les Venturino y Martínez Zuviría, que se establecieron junto a aquel en Campo de Mayo. También pertenecían a esa promoción —la número 94— los tenientes corone-les José Echeverría Cueba (Jefe del Regimiento de Ca-ballería 2, de Olavarría), Enrique Grassini (jefe del Regi-miento de Caballería Blindada 10, de Azul) y Oscar Sos-si (jefe del Grupo de Artillería 1, de Azul), que si bien no

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se plegaron explícitamente a la sublevación, se negaron a reprimir a sus camaradas cuando fueron requeridos para ello- pertenecían también a la promoción 94; los tenientes coroneles González Naya y Fernández Maguer —éste era el presidente de la misma— que tuvieron destacada actuación en sucesos posteriores al alzamiento de Pas- cua.

De lo expuesto se deduce que si bien las solidaridades por arma y por especialidad jugaron un papel importan-te en el levantamiento de Pascua, la presencia y la cohe-sión de la• promoción 94 parece haber tenido un papel decisivo -

Respecto de los objetivos puede señalarse que en la base del movimiento se encontraba el deseo de obtener una solución al problema del enjuiciamiento de los ofi-ciales medios e inferiores. Esto había sido adelantado por Rico en el documento que en febrero había elevado a la consideración de la superioridad, que se ha men-cionado precedentemente; estaba también en el mani-fiesto que ese anónimo capitán llevó, en Córdoba, a los medios de comunicación a primera hora de la mañana del Jueves Santo —también se lo ha consignado más arriba— en el que se decía que el jefe del Estado Mayor "ha pretendido regalarnos", y aparecía en el Comunica-do n° 1: alcanzar una solución política para el problema de los juicios. Pero había, además, otras cosas, de las que el citado Comunicado era revelador.

Había una descalificación no sólo de Ríos Ereñú sino también de la cúpula —"la actual conducción", se de-ciá— lo que anticipaba algo que se hizo evidente muy poco tiempo después: el propósito de desplazar práctica-mente a todo el generalato.

En el terreno del diagnóstico no puede dejar de reco-nocerse que había cierta lucidez. Los "carapintadas" planteaban que la existencia de las Fuerzas Armadas se encontraba comprometida por el estado de indisciplina, opi-obio, descónfianza y desprestigio que se había gene-rado en su interior. ¿Qué lo había producido? Un ata-

Sr

que feroz en el que se combinaban la injusticia y la hu. millación. Menos metafóricamente: la rendición de cuentas tanto institucional como individual que signifi. caba la generalización hacia abajo en la cadena de maj. dos de los juicios. En otras palabras, las Fuerzas Arma. das —y específicamente el Ejército— vivían una si-tuación de crisis tal que estaba comprometido su futuro. Su causa inmediata radicaba en el ataque que sufria n por la vía de los juicios. Complementariamente, se en-tendía que la superioridad había sido incapaz de frenar la agresión y de encontrar caminos de salida para el problema.

Se ha dicho más arriba que los "carapintadas" se es-forzaron por asumir una identidad combatiente que procuraroñ asimilar sin hesitar a la experiencia de Mal-vinas. Fueron cuidadosos en evitar un embanderamien-to con la lucha antisubversiva. En todo momento osten-taron con orgullo su condición de malvineros pero sus jefes y voceros eludieron toda referencia a méritos o ha. zafias realizados en el combate contra la guerrilla. Cu-riosamente, sin embargo, realizaron una vigorosa defen-sa de lo actuado en la lucha contra la subversión, siendo éste uno de los temas que, con posterioridad al Comuni-cado n° 1, se planteó con más fuerza en las múltiples conversaciones que sostuvieron con los dirigentes polí ti-cos que se allegaron hasta la Escuela de Infantería en busca de una solución para el conflicto. ¿Cómo se expli-ca esta aparente contradicción?

Un documento preparado por el ya nombrado tenien-te coronel Alonso —que remitió a la superioridad con fecha 16 de abril— ofrece algunas interesantes pisLas pa-ra responder a esta pregunta.- Escribía Alonso allí: "La contradicción debe ser resuelta o superada pues no se puede vivir indefinidamente en ella. En algún momento, necesariamente ocurrirá una quiebra en el interior de los hombres, que son los sujetos y actores de esa incompati-bilidad. Desde el punto de vista institucional estimo que el Ejército deberá decidir si repudia lo actuado en la

suerra contra la subversión y en consecuencia acepta el juzgamiento de sus hombres, o bien lo reivindica, se so-lidariza y rechaza el mencionado juzgamiento.

El pretender mantenerse en esa dualidad estimo con-ducirá a incrementar la confusión, a perder el sentido de lo que es debido y finalmente a perder la unidad y cohe-sión como consecuencia del desdoblamiento de la perso-nalidad institucional y personal, así como a la pérdida de la identidad".

Aquí está planteado con toda claridad el problema de la crisis de la profesión como crisis de identidad y el im-portante papel que jugaba (y juega) la reivindicación del pasado inmediato como única retaguardia cohesionado-ra Aunque en los párrafos que se han traído parecería que es la dualidad la productora de crisis, a Alonso la op-ción no le resultaba indiferente: él abogaba por la reivin-dicación de la lucha antisubversiva. Creyendo que si se repudiaba lo actuado y se juzgaba a los oficiales, se pro-duciría un daÑo prácticamente irreparable a las institu-ciones castrenses. Así las cosas, ese pasado se reivindica-ba, desde esta perspectiva, mucho más por necesidad que por orgullo.

¿Tenían los "carapintadas" intención de dar un golpe de Estado? Parecería que no. Asi lo indicarían, por una parte, sus declaraciones públicas. Pero, por otra, hacia esa conclusión conduce el examen de sus comportamien-tos. Nadie dispuesto a conducir al triunfo a una conspi-ración militar revela sus intenciones a sus adversarios; precisamente lo que hizo el teniente coronel Polo al in-formar anticipadamente a la superioridad las inten-ciones de Barreiro. El radiograma que Rico envió a Cór-doba desde San Javier debe interpretarse en el mismo sentido. No hubo tampoco- la intención 4e concentrar fuerzas ni de operar ofensivamente sobre objetivos de significado estratégico o político. Da la impresión, en-tonces, que lo que efectivamente se proponían era pro-ducir un hecho extremo de protesta y avanzar lo máxi-mo posible en una disputa interna por la conducción del

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r Ejército. El Operativo Dignidad en su fase pascual abrió un enfrentamiento hasta entonces latente, entre modelos de organización y de funcionamiento del Ejército distin-tos, que llevaba, además, hacia un conflicto en 'el plano del liderazgo.

Sin embargo, sería una ingenuidad desconocer el efec-to de desestabilización política que produce en un país como la Argentina, toda manifestación por fuera de los canales habiLuales y presionando sobre los poderes públicos, de los uniformados, Y esto sucedió en Pascua.

Solicitar una solución política para el problema del enjuiciamiento de los oficiales implicaba por un lado, desconocer a uno de los poderes de la República, el Ju-dicial. Y por otro significaba presionar al gobierno, a los partidos políticos y a las Cámaras para que diesen los pasos políticos necesarios para arribar a una respuesta satisfactoria. Este condicionamiento fue entendido co-mo lo que era por la opinión pública y por la gente en general, que masivamente condenó el alzamiento y se volcó a la calle a defender la estabilidad democrática.

Puede decirse, entonces, que el Operativo Dignidad tenía una cara propiamente militar, en tanto pretendía reorganizas y redefinir al Ejército. Y una cara política, que aunque no tenía el golpe de Estado como ¡neta —por lo menos en el corto plazo— exibia la intención de imponerle condiciones al sistema político en lo referente a la exculpación de los oficiales involucrados en delitos cometidos durante la "guerra sucia".

4, ¿Quién defiende a la democracia?

En cumplimiento de las órdenes impartidas por un presidente decidido a no negociar la democracia, como había anunciado ante la Asamblea Legislativa, el gene-ral Ríos Ereñú se dispuso a organizar la represión. Pues-to a dar directivas y a requerir la presencia de unidades para marchar sobre Campo de Mayo, hizo un amargo descubrimiento: de coronel para abajo prácticamente nadie lo obedecía.

El general Alais, quizá tocado en su amor propio puesto que el regimiento de Rico en San Javier dependía del fl0 Cuerpo de Ejército, que estaba a su cargo, consi-guió reunir no sin esfuerzo un conjunto suficiente de tropas como para desplazarse hacia la Escuela de Infan-tería. Rápidamente se vió, no obstante, que ni siquiera controlaba lo poco que lo acompañaba. Sus unidades tardaban eternidades en desplazarse apenas unos kiló-metros y tenían una sostenida tendencia a vivaquear a orillas del río y a dejarse estar en la contemplación de la naturaleza. En realidad sucedía que sus huestes, en su mayoría pertenecientes a la caballería y a la artillería —tropa de infantería no había podido reunir práctica-mente ninguna, a pesar de contar con cinco regimientos de esa arma en su Cuerpo— eran renuentes a reprimir a los alzados. Habían aceptado desplazarse sobre Campo de Mayo —a veces a regañadientes— pero no tenían la menor intención de operar en concreto contra sus cama-radas.

El cuadro de situación puede pintarse grosso modo de la siguiente manera: del 11° Cuerpo de Ejército, que co-mandaba Alais, prácticamente no pudieron movilizarse las unidades de la HP y la XIP brigadas de infantería, que forman parte de él. Sólo se pusieron en marcha guarniciones pertenecientes a la IP Brigada de Caballe-

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ría Blindada, que terminaron acampando en la ZOna de Zárate-Brazo Largo. Entre los oficiales del Grup0 de Artillería Pesada 121 y del Destacamento de Explora ción de Caballería Blindada, que componían buena p. te de la fuerza movilizada, fue manifiesta la Posición de no reprimir a sus camaradas. Del Cuerpo de Ejércit

o 111° no se movilizó ninguna de las dos brigadas que lo integran. La Aerotransportada de Córdoba fue masiva, mente solidaria con el alzamiento de Polo y Barreiro' la de Tucumán, comandada por el general Cassina, procli. ve a responder a los requerimientos de Ríos Ereñú, fue arrastrada finalmente por la firme posición del Regj. miento de Infantería 19, comandado por el teniente co-ronel León, explícitamente solidario con Rico. El gene-ral Medrano Caro, titular del 1V 0 Cuerpó de Ejército, de quién se decía que tenía afinidades con el oficialismo no consiguió movilizar ninguna de las unidades de la Brigada de Infantería de Montaña VIII (Mendoza). La otra brigada integrante del Cuerpo, la VI (Neuquén) pa-reció en condiciones de hacer viajar al Grupo de Anille. ría 121, con asiento en Zapala, pero finalmente el desplazamiento no se concretó. Las brigadas de infante-ría IX (Comodoro Rivadavia) y XI (Río Gallegos), per-tenecientes al V° Cuerpo de Ejército tampoco movili-zaron efectivos. La Brigada de Caballería Blindada 1 no pudo ser movilizada. Su comandante, el general Tito or-denó a los jefes de los regimientos que la componen, que se aprestaran a marchar sobre Campo de Mayo. Como ha sido señalado ya, todos se negaron. En la Brigada de Infantería Mecanizada X (La Plata) sucedió algo seme-jante. Su jefe, el general Lategana intentó disponer el alistamiento para la represión de los sublevados, de las unidades bajo su mando. No fue obedecido ni por el te-niente coronel Fernández Maguer, jefe del Regimiento de Infantería 3 (La Tablada), ni por el teniente coronel Martínez Brandan, jefe del Regimiento de Infantería 6 (Mercedes). El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada X (La Tablada) se negó también a reprimir. El

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efe del egimiento de Infantería 7 (La Plata), teniente

Sacco, simpatizante del gobierno, intentó movi-lizar a su regimiento, lo mismo que el teniente coronel QroPP0' jefe del Grupo de Artillería 1 (Ciudadela). En

bos cas° sus subordinados se negaron a acompa-nulos. Este era el cuadro, en resumidas cuentas, que resentanl los cuerpos de ejército .—recuérdese que el

16 fue suprimido y que sus unidades fueron en parte re-

&stríbuidas y en parte sujetadas de manera directa al EMGE y las principales guarniciones cercanas a BuenOs Aires. Puede decirse, finalmente, que la si-tuación en las unidades de Campo de Mayo vecinas a la Escuela de infantería, era la siguiente: las Escuelas de

titlería, Comunicaciones e Ingenieros se mostraron simpatizantes con Rico. El director de la Escuela de Ca-balleria, coronel Gómez, era partidario de reprimir la sublevación, pero fue disuadido por sus subordinados, lo mismo que el coronel Simoncelli, director de la Es-cuela de Suboficiales Sargento Cabral. El titular de la Escuela Lemos, coronel Mario Díaz, permitió que Alais utilizara sus dependencias, pero no se tuvo noticias de que le facilitara tropas.

La actitud predominante entre la oficialidad parece haber sido, entonces, la de no sumarse explícita y activa-mente a la sublevación de Rico pero, simultáneamente, negarse a reprimirla. Los remisos, renuentes y neutrales parecen haber constituido una cómoda mayoría. Tam-bién trascendió a través de los medios de comunicación, que había habido unidades de las movilizadas por Alais en las que el cuadro de oficiales llegó a votar si se acepta-bao no reprimir a los insurrectos. Y hasta se informó de casos de oficiales jefes agredidos por sus subordinados, cuando intentaron alistar las guarniciones para marchar sobre Campo de Mayo.

Todo lo que se ha descripto muestra una cornpleta ruptura de la verticalidad y la disciplina —lo que en la jerga que rápidamente se puso en boga en esos días se llamó "la ruptura de la cadena de mandos"— que resul-

w

tan claros exponentes de la hondura que había alcanza do la crisis interna de los institutos castrenses.

El gobierno, descubierta su incapacidad para COnse guir que algún fusil se mostrara dispuesto a disp a , contra los sublevados, no tuvo más remedio que transl tar una vía negociadora.

S. ¡Felices Pascuas! ¿Qué se negoció?

La historia de la negociación entre los hombres del gobierno y los de Rico, no está muy clara todavía. Da la impresión de que algunos intentos iniciales contribuye. ron poco a distender la situación. Rico, en efecto, man. tuvo dos entrevistas de primerísimo nivel. Una con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena y la otra con el propio general Ríos Ereñú, en la sede del EMGE, a la que se trasladó en helicóptero.

Las condiciones de los sublevados parecen haber sido invariablemente estas cuatro: a) solución política para el problema de los juicios; b) relevo de Ríos Ereñú y desplazamiento de la mayoría de su generalato; c) cese de la campaña de hostilidad contra las Fuerzas Armadas y d) garantizaciórj de que no se tomarían represalias contra los sublevados. Lejos de aceptar estas condi-ciones, Ríos Ereñú y Jaunarena parecen haber querido convencer a los alzados de que abandonaran su actitud.

El desencuentro entre las posturas y las interpreta-ciones de la situación que sustentaban unos y otros era marcado y generó un efecto contraproducente: los

lorti b res de Rico se exasperaron e incrementaron su re-celo su desconfianza.

El sábado por la tarde, cuando los puentes directos entre uno y otro sector habían quedado rotos, el obispo castTsd1 monseñor Medina y el brigadier Juliá —dele-ado por el brigadier Crespo— iniciaron una gestión

,rediadora que a la postre resultaría decisiva para acer-ca' posiciones y encontrar una vía de solución. Esa mis-ma noche, mientras en el Edificio Libertador se realiza-ba una reunión entre Ríos Ereñú, los generales con des-tinos en Capital y Gran Buenos Aires, el general Alais y los oficiales jefes que se habían movilizado bajo su co-mando que terminó de convencer a los oficiales supe-riores de la virtual imposibilidad de operar militarmente cóntra la Escuela de Infantería, Alfonsín y sus colabora-dores más cercanos examinaban en la Casa de Gobierno las alternativas posibles y evaluaban las opciones. Fue allí cuando, ante la insistencia de los sublevados en con-tar con alguna garantía presidencial, transmitida por los mediadores Medina y Juliá y considerando la carencia de medios militares, parece haberse formulado por pri-ineta vez la idea de que el Presidente se trasladara a Campo de Mayo a conferenciar directamente con los sublevados.

A las 8 de la mañana del domingo, Alais anunció que la represión comenzaría una hora más tarde. A las 12, sin embargo, informó que por orden de la superioridad había suspendido las operaciones. La Plaza de Mayo es-taba cubierta de gente y en los interiores de la Casa Ro-sada se llevaba a cabo el trámite de la firma de un Acta de Compromiso Nacional que rubricaban los partidos políticos y numerosas entidades intermedias: la CGT, organizaciones empresarias, etc. Por propia decisión se excluyeron de la misma el MAS y las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).

A las 14,30 Alfonsín habló por primera vez a la multi-tud reunida en la Plaza. Anunció su decisión de trasla-

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darse hasta Campo de Mayo a "intimar la rendición de los sediciosos". A las 17 horas se inició su conferenci a con Rico. Un rato más tarde, ya de regreso, anunciab a desde los balcones de la Casa Rosada que "los amotina. dos —a los que también reconoció corno héroes de Mal, vinas— hablan depuesto su actitud". El cambio de len. guaje no pasó desapercibido. Cuando cesó la euforia que desató la iloticia de que el episodio estaba superado una inquietante pregunta se instaló entre la génte: ¿qué se había negociado?

Alfonsín fue enfático en negar que se hubiese estable. cido açrdo alguno con "los amotinados". Llegó a po, ner, incluso, de testigo a un edecán que lo había acom. pallado, en una ocasión en que fue requerido sobre el asunto por. la $rensa. Era evidente, no obstante, que el oficialismo era un hervidero y que sus más empinados dirigentes y sus mejores asesores estaban volcados a una afanosa búsqueda de la solución política al problema de los juicios exigida por los sublevados. Meses más tarde, al prestar declaración ante el juez Oliva por los sucesos de Monte Caseros, Rico manifestó la existencia de un acuerdo que habría sido avalado y formalizado por la presencia de Alfonsín en Campo de Mayo. "Tanto el ministro de Defensa como el señor Presidente manifes. taron (ese domingo) —sostuvo Rico— que la futura tey de obediencia debida, ante la imposibilidad de lograr en el momento la solución política definitiva —anhelo ma-nifestado por mí y el teniente coronel Enrique Venturi-no— sería el paso inicial para lograr la reconciliación fi. nal de la sociedad argentina a través de una ley ade-cuada, que se comprometían a impulsar desde ese mo-mento." También mencionó, entre los puntos de acuer-do alcanzados, el relevo de Ríos Ereftú, el "cese de la campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas por los medios de comunicación masiva del Gobierno y funcionarios del mismo", y la jurisdicción militar para dilucidar los hechos y la no aplicación de "medidas dis-ciplinarias ni persecutorias a aquellos que habían inter-

venid0 en los hechos de Semana Santa" ,26 Manifestó ,affibién que la campaña de desprestigio había cedido solO parcialm1te y que el último de los puntos men-cionados directamente no se había cumplido.

26 Véase clarín, 26 de febrero de 1988, Buenos Aires.

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y. LA LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA

1. ProyectOs

El 14 de mayo de 1987, menos de un mes después de que Rico hubiera "depuesto su actitud", el presidente Alfonsín, en un mensaje de tono grave y por momentos dramático, anunció a la ciudadanía que había remitido al Congreso el proyecto de ley de Obediencia Debida. Lo comenzó afirmando: "Hace pocos días, durante la Semana Santa, a los argentinos se nos vino encima el pa-sado. Pero porque todos recqrdamos lo él significó, el pasado no nos alcanzó". Un poco más adelante dijo: "Los riesgos que se corrieron durante esos días fueron inmensos. Nuestro país estuvo cerca de un enfrenta-miento cuyas consecuencias todavía nos estremecen; es-tuvimos casi al borde de la guerra civil". Luego aclaró que sabía "perfectamente que, a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad. Y esto no me gus-ta, pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones a los derechos humanos corresponde, antes que nada, legalmente, a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución." AiadiÓ que "la impunidad ha concluido en la Argentina y el fin de la impunidad se expresa en el juicio y la condena de los responsables y en el coñoci-miento público de lo que ocurrió y de cómo ocurrió". Para finalizar su exposición de motivos afirmando: "Es-te es el momento de tomar una medida necesaria y sufi-

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ciente, apoyada, desde luego en la fortaleza de esta de. mocracia y abrazada por la ciudadanía. Esto nos Permj. te ser grandes sin claudicaciones. Es hora de supert el pasado sin olvidar el pasado".

Alfonsín, claro está, hacía un esfuerzo denodado Por justificar la medida que presentaba y evitar perder terre. no politico. La realidad de las cosas, sin embarg o hablaba por si misma y era mucho más elocuente qu cualquier discurso presidencial: la concesión de la obe. diencia debida eravista, por vastos sectores de la ciuda. danía, como una clauicaçión. En rigor, quizá técnica. mente no lo era, pues el gobierno no hacia más que re-tornar a una argumentación que era semejante a la que había impulsado durante la campaña electoral de 1983 y que había constituido el fundamento de su propuesta de reformas al Código de Justicia Militar. Se había aparta do de ella a regañadientes —probablemente al influjo de un prosaico cálculo político electoral— cuando el Sena-do introdujo la enmienda Sapag, a la que prefirió no oponerse, inaugurando asi su política de doble mensaje. Pero para la mayoría de la gente común, que había asu-mido de buena fe la porción de ese discurso doble que le estaba dirigida, el anuncio que hacía el Presidente era vi-vido como una claudicación.

El artículo 1 1 del proyecto del Ejecutivo establecía que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa no podrían ser punibles por delitos cometidos en las operaciones emprendidas "con el moti-vo alegado de reprimir el terrorismo'', en el lapso comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de sep-tiembre de 1983. Es decir, que quedaban eximidos de ser procesados todos los militares que en dicho período os-tentaran el grado de teniente coronel o menor. Para jus-tificarlo, el oficialismo regresaba a una conceptualiza-ción conocida, El articulo 1 1 especificaba que los ante-riores —los militares hasta el grado de teniente coro-nel— "obraron en estado de coerción bajo subordina-ción a la autoridad superior y en cumplimiento de órde-

,es, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición

res istencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legiti-midad". Por su parte, el art. 6 1 venía a corregir la en-mienda Sapag. Decía: "No será aplicable el artículo 11 de la ley 23.049 (que sanciona los hechos atroces y abCTflt al personal comprendido en el artículo 1 1 de la presente ley". Sólo quedaban excluidos de estas dis-posiciones eximentes los delitos de violación, sustrac-ción de menores y sustitución de su estado civil y apro-piación extorsiva de inmuebles.

En la madrugada del 16 de mayo, haciendo valer la mayoría propia de que disponía en la Cámara de Dipu-tados, el radicalismo hizo aprobar el proyecto, que ha-bía sido severamente cuestionado y hasta descalificado por legisladores peronistas, democristíanos e intransi-gentes. El prestigioso Juan Carlos Pugliese, titular de la cámara, llevado por la necesidad de defender una posi-ción que hacía agua por los cuatro costados, abandonó su estrado presidencial y ocupó una banca para hablar. Calificó al proyecto como un instrumento mejor que una amnistía o un indulto selectivo y ofreció un modesto consuelo: "Esta ley no perdona el hecho, lo declara no punible" propuso, como si eso hiciese una gran dife- rencia.

Como ha sido señalado más arriba, la ley venía a des-montar, con retroactividad, la enmienda Sapag hasta el grado de teniente coronel. Pero no satisfacía las expec-tativas de los oficiales superiores. Caridi, el general nombrado en reemplazo de Ríos Ereñú, vino a levantar esta bandera. En declaraciones a la prensa hechas inme-diatamente después de conocida la media sanción de Di-putados, sostuvo que "la ley ayuda mucho" pero que "se debiera haber avanzado más en el nivel de los ofi-ciales superiores'". Sucedía que el límite de los tenientes coroneles había sido solicitado por los sublevados —a quienes parecía no importarles demasiado la suerte que corriesen coroneles y generales— y que el nuevo titular del Ejército, que tenía ambiciones propias y que en reali-

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dad representaba una continuidad del general0 d Ríos Ereñú, no quería quedar "a la cola" de Rico MA: adelante veremos que el enfrentamiento entre sectores que se adivina en este soterrado forcejeo, se desató al día siguiente del nombramiento de Caridi, se extendió hasta e]- estallido de enero y ni siquiera es seguro, toda. vía, que haya finalizado. Pero por ahora importa 5eguj el rumbo del tratamiento del tema de la ley de Obedien cia Debida. -

El gobierno respondió a los requerimientos de Caridi convencido, probablemente, de que era conveniente pre-sentarlo como un hombre capaz para obtener conce. siones del poder político, para fortalecer su Posición. Fue así que cuando el proyecto llegó a la Cámara de Se-nadores para su tratamiento, fue el propio oficialismo el que le introdujo modificaciones para abrir la posibilidad de incluir a los oficiales superiores. Propuso —y final-mente se aprobó— incorporar el siguiente párrafo al ar-tículo primero: "La misma presunción —la que excul-paba a todo el personal militar desde oficiales jefes hacia abajo (E.L.)— será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, je-fe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguri-dad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicial-mente antes de los 30 días de promulgación de esta ley que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes".

La nueva disposición causó un hondo malestar en la propia bancada radical, pues no eran pocos ni poco signficativos los legisladores de esa extracción remisos a aceptar las nuevas reformas. Sin embargo, finalmente terminó prevaleciendo la disciplina partidaria, aunque la votación en particular del proyecto mostró la disidencia de algunos senadores de la UCR. La votación en general dio por resultado 23 por la afirmativa y 4 por la negati-va. En tanto que la votación en particular del articulo primero arrojó el siguiente resultado 19 por la afirmati-va y 7 por la negativa. Entre estos últimos se contaban

los yOtOS los legisladores Mauhum, Falsone, Gass y Del villar, todos de la UCR. Volviendo a la votación en ge-erai. el CUa&O fue el siguiente: por la afirmativa vota-

rofl los senadores radicales Berhongaray, Brasesco, carrizo, De la Rúa, Del Villar, Falsone, Gass, Genoud, 4férriere, León, Malharro de Torres, Mauhum, Maz-zuccO Nápoli, Otero, Solari Yrigoyen, Trilla y Veláz-quez. Los bloquistas Bravo y Gil; los del Pacto Autono-mistaLet Feris Y Leconte y el justicialista Nieves (pertenec1te al sector que entonces encabezaba Vicen-te saadi). Por la negativa lo hicieron los justicialistas gomero, Sánchez y Menem, y el desarrollista Vidal. Es-tuviéron ausentes del debate los justicialistas Martiare-na, Britos, Murguía, Benítez, Del Valle, Rivas, Rubeo, Molina, Jiménez Montilla, Bittel, Bravn Herrera, conchéz, Gurdulich de Correa, Rodríguez Saa, Saadi, salim y Utrera, los neuquinos Sapag y Solana, y el con-servador popular Anioedo.

El proyecto modificado volvió a Diputados, donde fue aprobado, aceptandose las reformas, el 5 de junio de 1987. Pocos días después, Alfonsín dijo en un discurso que esa ley era "el paso máximo" que se podía dar "co-mo conseción a un estado de cosas y con el propósito de establecer la democracia para todos los tiempos en la Argentina". Y reiteró una fórmula que ya había sido usada por él con anterioridad, caracterizada por una no-toria autocomplacencia: "somos la primera Nación en el mundo que ha juzgado del mismo modo al que da la ór-den como al que tortura. Aquí no hay impunidad". 27

La más severa respuesta que probablemente recibió pro-vino, nada menos, de quién se habla desempeñado como fiscal en el proceso de los 9 ex Comandantes y en la causa Camps, Julio César Strassera. Califiéó a la ley de error y de disparate, y argumentó: "Repugna a la con-ciencia o a ese innato sentimiento de justicia que tiene

27 Véase Clarín, del 9 de junio de 1987, Buenos Aires.

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todo el mundo, que gente que manejó la picana cori Sus propias manos pueda quedar en libertad". 28

Todavía se iba a abrir un compás de expectativa a raíz de sendos pronunciamientos sobre la Itisconstitucion 8j. dad de la ley efectuados por ci juez Juan Ramos Padilla de los tribunales de Morón y por la Cámara Federal d Bahía Blanca. El 23 de junio, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión dividida de tres vo-tos contra dos, declaró la constitucionalidad de la obe-diencia debida y la aplicó a la causa Camps. Ordenó la absolución y la inmediata libertad del comisario retirado Etchecolatz, del médico de la policía bonaerense José Antonio Bergés y del cabo 10 de la misma institución Norberto Cozzani, a la vez que ratificó la condena a 25 altos del ex jefe del mismo cuerpo policial, ex general (destituido precisamente a raíz de esta sentencia) Ramón Camps y redujo de 14 años a 8 la de su sucesor en el car-go ex general (por las mismas razones que el anterior) Ovidio Riccheri.

2. Digresión

Permitaseme efectuar aquí una digresión respecto del tema que centralmente preocupa a este trabajo. La cues-tión de los juicios a los militares ha tenido una significa-ción tal en nuestra sociedad que resulta ineludible refe-

28 ¡bid., 22 de junio de 1987.

r irSC a ella, una vez arribados al final de una trayectoria que comenzó el día que Alfonsín se instaló en la Casa

Rosada. Como ha sido señalado más arriba, el radicalismo te-

nía una posición en esta materia, que no dejaba de ser profunda. Reconocía, por un lado, que el problema era de una significación social enorme y que el enjuiciamien-to de la impunidad y del horror era un elemental hecho de reparación exigido por la ciudadanía. Por otro, le confería una complejidad que arrancaba del hecho de que un buen número de oficiales inferiores o medios ha-bían actuado bajo condiciones de presil'a o aún de coer-ción que escapaban por completo a su control o decisión y que tornaban virtualmente impracticable la no obe-diencia. Después de todo, la doctrina operativa que rigió la "guerra sucia" era completamente orgánica al Ejérci-to Argentino: reconocía antecedentes que se remonta-ban a finales de los años 50 y comienzos de los 60 29 los comprpmisos internacionales contraídos (programas de ayuda militar, conferencias de ejércitos americanos, per-tenencia a la Junta Interamericana de Defensa; adiestra-inienxo y/o perfeccionamiento de oficiales en bases o institutos de Panamá o de los Estados Unidos, entre otros) apuntaban a consagrar la hipótesis de conflicto interno como central para países como la Argentina y alentaban el desarrollo de doctrinas y planes operativos en consonancia con ello; y el aggiornamento que trans-mutó la doctrina de la seguridad nacional en terrorismo de Estado, —que convirtió al delito en ley y al exceso en norma (tomó "aceptables" la tortura, la desaparición de personas, la obtención de botines de guerra, etc.)-fue decidido por los Estados Mayores de las tres fuerzas y oficializado por las juntas de comandantes en jefe. Quiénes conducían el terrorismo de Estado se habían

29 Véase ini trabajo Seguridad nacional y sedición militar, Legasa, Buenos Aires, 1987.

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autoarrogado, incluso, la facultad de dictar leyes para toda la sociedad; tal era la magnitud del poder que de-tentaban. No era, en consecuencia, descabellado soste-ner que bajo esas circunstancias los marcos de referencia para discernir sobre cuestiones de legitimidad eran con. fusos 30 y que los oficiales inferiores y medios habla n actuado bajo condiciones de presión que tornaban vij. tualmente impracticable.la no obediencia.

A partir de estas consideraciones, el radicalismo plaj. teó la necesidad de establecer una diferencia entre: a) quiénes habían sido responsables de implantar y/o ad-ministrar el órden represivo, b) quiénes se habían limita. do a cumplir órdenes y c) quiénes hablan incurrido en "excesos". Además, acufló el concepto de "error insal. vable" para espetificar y ampliar el de obediencia debida.

Pero ¿eran estos criterios suficientes para fundar sobre ellos una• intervención eficaz y justa? No, no lo eran.

En primer lugar está el tema de los "excesos". ¿Qué clase de delitos eran los incluíbles dentro de esta catego-ría? Delitos atroces y aberrantes para los cuales difícil-mente pueda haber eximiente alguna. ¿Puede acaso ha-ber error insalvable u obediencia debida para la tortura, la desaparición de personas, la violación, el robo de ni-ños o el asesinato a mansalva de prisioneros?

Este fue un punto sumamente débil de la argumenta-ción del oficialismo, sobre el que, su manejo oportunis-ta, terminó edificando un gigantesco equívoco. En efec-to, si se mira con atención el proyecto de reformas al Código de Justicia Militar del Ejecutivo se verá que aun-que era indulgente mediante la introducción del error in-salvable para ampliar la obedienciadebida, evité cuida-dosamente fijar límite alguno de aplicabilidad del crite-

30 A esta confusión contribuyeron, incluso, asuntos como la cre-ación de la Triple A, atribuible a una porción del peronismo y al pac-to de silencio que impulsó Ricardo Balbín durante los 2 primeros años del Proceso.

çjo: hablaba en general del personal militar. El Senado jntrodui0 la enmienda Sapag —a la que el radicalismo se jznó más para preservar una imágen política que por

cOflVt0_ pero tampoco especificó un limite pa-ra su aplicación. Aunque se trataba de un asunto jurídi-co, la cuestión era de una profunda significación politi-ca. Si se proponía error insalvable y obediencia debida ¿hasta qué grado militar alcanzaban esas eximientes?

La elusión de una definición precisa dejó el problema en manos de los jueces. Fue entonces la Cámara Federal de la Capital la que fijó el límite, en el punto 30 del fallo del proceso seguido contra los ex Comandantes: los je-fes de zona y subzona, y los de fuerza de seguridad —así como oficiales de rango inferior involucrados en delitos aberrantes— debían ser procesados. No los alcanzaban las eximientes previstas en la ley 23049. Pero volviendo sobre las posiciones iniciales del oficialismo: error insal-vable y obediencia debida, un criterio laxo respecto del concepto de "exceso" (no discriminador de los delitos atroces y aberrantes) y ausencia de límites precisos para la aplicación de los criterios de error o de obediencia ¿no prefiguran el deseo de que fuesen unos pocos los proce-sados por responsables y otros pocos los procesados por excedidos? Por otra parte ¿no hay un parecido evidente entre lo que se proponía al principio y lo que terminó su-cediendo?

Hubiera resultado mucho más saludable que el ofi-cialismo sincerase sus puntos de vista y expectativas, a que alentase —por oportunismo— posiciones que comprometieron a numerosas instituciones y personas, que fueron resignadas cuando llegó el momento de dé-fenderlas sin claudicaciones. Hubiera sido mejor, sin duda, que el oficialismo explicitara, por ejemplo, lo que evidenció en ocasión del tratamiento en Diputhdos de la ley de Obediencia Debida: que su criterio de exceso sólo incluía la violación, el robo de niños y su cambio de esta-do civil, y la apropiación extorsiva de inmuebles. Y que el límite para la obediencia y el error, estaba en los te-

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nientes coroneles inclusive. No se puede saber qué hu-biera pasado con las relaciones cívico-militares silo an-teriorhubiera sucedido. Si puede decirse con alguna Se-guridad, en cambio, que tanto la ciudadanía como lo propios uniformados hubieran resultado menos mano. seados y manipulados. Cada uno hubiera sabido bien, en definitiva, a qué atenerse y qué esperar. Y que Alfon, sin hubiera recibido menos distinciones y reconocimien-tos tanto locales como internacionales.

Pero hay todavía otro asunto pendiente que califica la insuficiencia de los criterios sobre los que se pretendió fundar una intervención sobre el problema, eficaz y jus. ta. Es un asunto que toca al oficialismo, a la oposición e inclusive a los organismos e instituciones de carácter no partidario concernidos por este tema. Lo primero que habría que haber hecho —de allí la importancia funda. mental que tiene esta cuestión— era comen gar por el principio. Esto es, juzgar la alteración del órden consti-tucional y su sustitución por un órden represivo. Es de-cir, procesar a los responsables de este delitó, lo que hu-biera conducido a calibrar la magnitud del mismo.

Esto era de la mayor importancia porque hubiera sig-nifiçado establecer unos criterios jurídicos que sirviesen de marco para el enjuiciamiento de todo lo que se desprendió con posterioridad, de dicha alteración del órden constitucional. Desde aquí, por ejemplo, hubiese sido más sencillo considerar la temática de la obediencia debida y encontrarle un límite o procurar encuadrar el tema de los "excesos". Me parece evidente que, desde un proceso judicial que asentado en la sección del Códi-go de Justicia Militar que tipifica los "Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional", cuyo capí-tulo 1 es el de Rebelión, que esclareciese la clase de deli-tos cometidos y la profundidad y alcance de los mismos, no hubiera resultado dificultoso encontrarle los limites al error insalvable o al deber de obediencia. Y hubiera quizá facilitado el tratamiento de los "excesos", aunque estos son de una calidad ética que los coloca más allá de

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la consideración de situaciones o contextos

La ausencia de estos criterios jurídicos significó tam-bién la ausencia de un acuerdo político global entre los que hubieran coincidido en e ;os criterios jurídicos, que hubieran podido servir como marco y como continente de los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad en-derezados a conseguir el enjuiciamiento de la impunidad y del horror.

Nada de ésto sucedió. Ni el radicalismo ni el peronis-mo como partidos ni sus dirigentes a titulo individual ac-cionaron judicialmente contra los ex Comandantes por el delito de.xebelión. 1_os vínculos espurios que sectores importantes de una y otra colectividad política han teni-do con el último régimen militar jugaron, quizá, como disuasivos.

Lo curioso es que tampoco los organismos de de-rechos humanos lo hicieron. Demás está decir que tenían todas las posibilidades de llevarlo a cabo y que iniciar una querella en este plano no significaba renunciar a ha-cerlo en otros que estuvieran más inmediatamente vin-culados al tema de los ''excesos". Parece simplemente que no advirtieron la centralidad que, poseía el tema, que no supieron descifrar la importancia de juzgar a los res-ponsables de la implantación del terrorismo de Estado por este hecho, para sobre esa base, avanzar en el juzga-miento de sus consecuencias.

Todo lo expuesto parecería indicar que, por diversos motivos, nadie —me refiero a actores colectivos— estu-vo a la altura de la complejidad y la hondura del proble-ma que se tenía entre manos. Están, de un lado, quienes aferrados a un mezquino cálculo político desde el cual procuraron manipular situaciones, terminaron enreda-dos en la madeja de un pragmatismo que condujo a errores, contradicciones y claudicaciones. De otro están quienes han quedado atrapados en un maximalismo po-co productivo. Este, aparte de las limitaciones de tipo

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político que corrientemente conlleva 31, en nuestro cas0 particular está fundado en una omisión inicial, como se acaba de ver, que no resulta en absoluto indiferente. Es verdad que los malos manejos y las claudicaciones del ofícialismo descolocaron (casi se podría decir que des-orbitaron) a buena parte de los organismos de derechos humanos y &itidades afines. Pero no es menos cierto que tuvieron oportunidades que no supieron áprovechar a raíz de sus.propias limitaciones. Cualquiera tiene de-recho a perder un tren; lo que no parece tan razonable es que luego se actúe haciendo de cuenta que eso no ha su-cedido.

Quizá en el futuro, si se aprende de estas experiencias, puedan encoritrarse modalidades de intervención sobre la problemática de las relaciones cívico-militares que VI. ENTRE ABRIL Y DICIEMBRE combinando adecuadamente una ática de los principios y una ática de la responsabilidad, resulten más satisfac-torias y más provechosas.

31 Remito al lector a la conceptualización de Max Weber referente a la distinción y a las relaciones que existirían entre una ético de los principios y una de la responsabilidad. Véase por ejemplo su confe-rencia La política como profesión, de la que existen varias ediciones.

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1. Primera reestructuración: ¿en busca de la convivencia?

La crisis estallada durante Semana Santa no cedió a la culminación del enfrentamiento. Al contrario, mudan-do de forma continuó desenvolviéndose por carriles me-nos ostensibles pero igualmente ríspidos. La hondura y la magnitud que había alcanzado hacían que la pugna y los conflictos que contenían fuesen prácticamente impo-sibles de desmontar.

Durante un cierto tiempo inicial pareció haber, entre los contendientes algún propósito recíproco (y alguna posibilidad) de que primaran la concordia y la contem-porización. Sin embargo, duró poco y terminó disol-viéndose en un aire que progresivamente se fue llenando de crispación, de encono y de hostilidad.

Pero volvamos a los hechos. Los episodios de Pascua tuvieron un extraño final. Los sectores del ofieialismo estaban de fiesta. Los diputados Marcelo Stubrin y Leo-poldo Moreau, que habían permanecido en la Casa Ro-sada, es decir, no habían integrado la comitiva que ha-bia partido tras el presidente rumbo a Campo de Mayo, anunciaron alborozados a sus acompañantes: "Venci-mos a los golpistas; les ganamos". Sin embargo, en el otro bando sucedia lo mismo. Los militares que hablan ocupado la Escuela de Infantería se abrazaban y festeja-ban el desenlace como si la victoria hubiera estado de su parte. El propio Rico —en una conferencia de prena

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efectuada casi al mismo tiempo que el presidente Alf on. sin, ya de regreso, informaba a la multitud que lo agu, daba en la plaza "que los amotinados habían depuest 0 su actitud"— declaraba: "Nos hemos puesto de Pie y hemos logrado nuestro objetivo".

¿Habían ganado los dos? No. Se había arribado a Una solución de transacción que alentaba las expectativas de ambos bandos. Como todo acuerdo de esta naturaleza, contenía un pacto de convivencia, aunque más no fuera implícitamente. Sin embargo muy pronto se vería que su consistencia era extremadamente débil. Y que habían quedado configurados claramente dos grupos activ05 dentro del Ejército, uno de los cuales contaba con el apoyo del oficialismo, que más que a convivir parecian destinados a enfrentarse, a accionar abierta y soterrada. mente hasta que alguno tuviera la posibilidad de imp0. nene condiciones al otro. Puede decirse, entonces, que después del estallido de Pascua la crisis militar quedó completamente expuesta y se mostró claramente como lo que era: una crisis de identidad que comprometía los liderazgos, los fines y funciones de los institutos castren-ses, los modelos de organización institucional, el clima cultural y hasta el tono moral de los mismos.

Dos días después del Domingo de Ramos, se tuvo la primera evidencia de que el conflicto no estaba ni remo-tamente superado. El nombramiento de Caridi en re-emplazo de Ríos Ereñú no estaba en los cálculos de los hombres de Rico. En las conversaciones mantenidas con diversos funcionarios gubernamentalés durante los días de la sublevación, le habían hecho conocer al gobierno su deseo de que fuese un general joven el que reemplaza-ra al entonces titular del Ejército. Y hablan sugerido los nombres de los generales Vidaj, González y Auel, entre otros. Caridi era uno de los oficiales más antiguos en acti-vidad; ocupaba, hasta el momento de su designación co-mo titular del EMGE, el cuarto puesto en el escalafón del Ejército. Era, además, compañero de promoción de Ríos Ereñú, aunque había conseguido su ascenso a gene-

ral de brigada un año más tarde que éste. No era precisa-mente entonces ni un general joven ni representaba algo distintO o una renovación respecto de Ríos Ereñú.

Su designación causó malestar entre los hombres de gico y anticipó la tónica de los tiempos que vendrían de allí en adelante. Durante el martes 21 de abril se desaté una intensa campaña de acción psicológica que provocó nuévamente inquietud en la opinión pública, destinada a poner en evidencia el rechazo que producía ese nombra-miento entre quienes habían protagonizado la Semana santa. El epicentro de la reacción se localizó en Tucu-mán, donde el jefe del Regimiento de Infantería 19, te-niente coronel Angel Daniel León, se pronunció en contra de la designación de Caridi y reclamé la designa-ción de un reemplazante en los términos que se habían pactado con el gobierno. El mayor Jorge Durán, al fren-te de la Compañía de lngenieros 5, con asiento en Salta, se sumó a las posiciones de León. El episodio, que le costó el puesto a esos dos jefes y arrastró el retiro del co-mandante y del 2 1 comandante de la Y Brigada de In-fantería, de las que dependen las dos unidades men-cionadas más arriba, coroneles Cassina y Palinieri, pudo ser finalmente superado.

El nombramiento del general Fausto González comó 20 jefe del EMGE vino a equilibrar las cosas y a suavizar las tensiones. Además estaba pendiente la consecusión de lo que finalmente fue la ley de Obediencia Debida, que interesaba a ambos sectores, de manera que los for-cejeos amainaron durante un cierto tiempo y la si-tuación tendió a estabilizarse.

Como consecuencia de los sucesos de Pascua quince generales pasaron a retiro. Algunos porque eran más an-tiguos que Fausto González —existe una tradición que le exige a un oficial más antiguo no quedar subordinado a uno más moderno— otros porque no habían podido ha-cer cumplir las órdenes de represión que habían imparti-do a sus subordinados y otros, sencillamente, por propia decisión. Por otra parte, nueve jefes de unidades fueron

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relevados de sus puestos y, algunos de ellos, pasados a retiro: de la Guarnición Córdoba, el coronel Riecke i

asta entonces jefe de la brigada aerotransportada) y los tenientes coroneles Polo y Ramírez; de la Guarnición San Javier, el teniente coronel Rico; de la Guarnición Rospenteck el teniente coronel Alonso; de la.Guarnición Campo de Mayo, el teniente coronel Galloni; de la Guarnición Magdalena, el teniente coronel Berra Aje. man, y de la Guarnición Buenos Aires, el teniente coro. nel Oliver y el mayor Berna. La cúpula fue reconsti. Luida, nombrándose nuevos comandantes de cuerpo, con motivo de los movimientos que se produjeron a raíz del pase a retiro de tantos generales, y fueron reorgani-zadas también, por las mismas razones, las comanda cias de las brigadas.

Caridi, con el apoyo del gobierno, buscó ganar la ma-yor cantidad de apoyos mediante esta reorganización. Y dibujó una estrategia que consistió, por un lado, en sa-tisfacer las demandas de los amotinados, que eran com-partidas por la mayoría de la oficialidad y, por otro, aislar al grupo Rico y reemplazar a sus jefes.

La primera parte del plan fue la que condujo a modi-ficar la primera versión del proyecto de ley de Obedien-cia Debida, aprobada por Diputados. El senador radical Antonio Berhongaray, presidente de la Comisión de De-fensa del Senado, produjo una sintética definición de es-te cambio cuando sostuvo que "con su texto original era la ley Rico y con las modificaciones se convirtió en la ley Caridi" 32, La segunda parte del plan se pondría en marcha cuando la primera estuviese ya más o menos cumplida y la obediencia debida, si no sancionada, por lo menos asegurada.

Los "carapintadas", por su parte, parecen no haber tenido previstos cursos de acción aplicables para si-tuaciones de equilibrio o de empate, como la que quedó

32 Véase El informador Público n° 69, 22 de enero de 1988, Buenos Aires.

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constituida tras el nombramiento de Caridi y la primer reestructuración propiciada por éste. Tenían sí ideas acerca de cómo reorganizar las instituciones armadas en el caso de obtener su control. Pero no contaban &on pla-pes para mantener la iniciativa en el caso contrario, es decir, en el caso de que no pudiesen imponer a uno de los suyos al frente del Ejército. Carecían de apoyaturas

5 gnificti%'as en el sistema político y estaban limitados en su posibiliSd de utilizar aquello en lo que tenían su-perioridad respecto de Caridi: los planteos y la moviliza-ción de unidades. Esto último por razones prácticas —no podían estar sacando las tropas a la calle de un día para otro— pero también por razones políticas: la proxi-midad de las elecciones de septiembre çonvertia en sos-pechoso de golpista o, por lo menos de atentatorio contra la estabilidad democrática, todo movimiento mi-litar desmesurado. Por todo esto los "carapintadas" también aceptaron la convivencia inicial, aunque segu-ramente barruntaban que un segundo "round" contra el Ejército "oficial" era prácticamente inevitable. Tra-taban de contener los avances de Caridi, de conservar su fuerza y su cohesión y de avanzar sobre la ancha franja de oficiales no comprometidos que habían simpatizado con ellos durante la Semana Santa.

2. Agrupamientos e identidades

La eclosión de la crisis castrense de Pascua mostró la existencia de dos Ejércitos: uno que se podía llamar

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ji

"oficial" y otro que se podría denominar "paralelo" sólo formalmente subordinado a los llamados mando naturales.

El ejército ''oficial", tras el desenlace de los suces05 de Pascua, quedó encabezado por Caridi y estaba cons. tituido por tres segmentos, que a pesar de sus diferencias aceptaban actuar bajo el liderazgo del citado gener Estos segmentos eran: a) el que respondía específica. mente a Caridi, b) el que se identificaba con el radicalis. mo y c) un nutrido componente de retirados recientes.

El sector específicamente caridista era el más numero. so de los dos que nucleaban a personal en actividad. En él se alineaban los generales Abbate, Dominguez, Ferrucci y Santarrosa, y los coroneles Mabragaii, Arrillaga, Canestro, Etcheun y Cardozo (ascendidos to.. dos a general más tarde), entre otros. Pueden caracteri. zarse como doctrinarios de la seguridad nacional y comp defensores del alineamiento argentino en los dispositivos continentales de defensa con epicentro en los Estados Unidos. Su "cabeza", el general Caridi, hizo en diversas opoñunidades el elogio de la lucha antisubversiva y reclamó su reis'indicación a los poderes públicos. Han tendido a identificarse con el Ejército del Proceso y se han mostrados dispuestos a intentar la rehabilitación de los ex Comandantes juzgados y condenados. Son políti. camente liberales y aunque se dicen respetuosos del or-den democrático son conspicuos defensores de la corpo-ratización castrense, es decir de una autonomización tal de las instituciones militares que anule su subordinación a los poderes públicos.

El grupo de los oficialistas estaba (está) constituido por un poco numeroso sector de incondicionales, en su mayoría tenientes coroneles o coroneles, ligados directa-mente a hombres de confianza del presidente. Y por otro sector en el que se contaban (y cuentan) algunos ge-nerales dispuestos a respaldar al gobierno desde posi-ciones políticas un poco más prescindentes. Este seg-mento, en realidad, se hallaba (halla) muy próximo,

también, al de los profesionalistas, al que se hará refe-rencia más adelante.

El grupo de los oficiales retirados incluibles en el gru-po Caridi se hallaba integrado por algunos hombres fir-memente conectados al Proceso en el pasado. Consti-tuíañ un nucleamiento grande —en la actualidad ya está prácticamente desactivado— pero poco poderoso en vir-tud de la situación en la que revistaban. No obstante, como habían dejado el serVicio activo hacía no mucho tiempo Y desarrollaban una ágil vida social en medios militares —se movían en el Círculo Militar o concurrían a las misas de FAMUS, por ejemplo— conservaban al-guna capacidad Ae influencia entre algunos oficiales en actividad que habían sido sus subordinados. Varios de ellos, sumados a otros generales de reciente retiro fun-donaron como asesores de Caridi durante el primer mo-mento de la gestión de éste. Ente otros, los generales: Villarreal, Mallea Gil, Chasseing, Guaiabens Perelló, Herrera, Boccalandro y Fichera.

El Ejército "paralelo" fue constituido, predominan-temente, por el sector que se expresó a través de Rico. Este, originariamente, fue un grupo menos homogéneo de lo que se cree y bastante extenso, si no en términos de adhesión explícita, por lo menos en términos de simpa-tías. Convivían afinidades de concepción junto a la soli-daridad que brindan las experiencias compartidas —en este caso, singularmente, la guerra de Malvinas— y las lealtades por especialidad y por armas (los comandos, los paracaidistas, la infantería en general). Pero tenían también sus diferencias.

Si se deja de lado la defensa inmediata de los camara-das "regalados" —desde el punto de vista de ellos— por el generalato, de la que ya se há hecho abundante men-ción en este texto, puede señalarse que el terreno de las coincidencias se edificaba, básicamente, sobre la proble-mática profesional-institucional. Vale la pena para ilustrar este punto reproducir, a pesar de su extensión, una parte de un documento elaborado por los "carapin-

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tadas" para explicar las finalidades del Operativo Dignj. dad. Decía el documento. "1) finalidades que se busca. ba alcanzar: recuperar el honor y dignidad del ejército. Profesionalización real y material de la institución Abortar ambiciones políticas persónales de nuestros mandos; 2) restablecer la verdadera disciplina ya que: a) la ausencia de mando, la corrupción de la cúpula milita r y la consecuente falta de confianza, llevan a la institu ción a un estado moral desastroso y a una disciplina me-ramente formal, b) la desastrosa conducción que enca. bczó el general Rios Ereiiú impuso a la fuerza desánimo y desaliento profundo y una vocación mercantil nunca vista.,. 3) consecuencias de la batalla jurídica: a) dicha batalla demostró, a medida que el tiempo transcurría, ser un fracaso rotundo, sumiendo a los cuadros en una gran desconfianza en la conducción y en el futuro de la fuerza, b) la gran cantidad de juicios y de citaciones transformó a las fuerzas en una institución débil, sin rumbo, sumida en la incertidumbre y transformada en una fuente permanente de réditos para el poder politico por su alto grado de indefensión institucional... 4) La si-tuación del ejército era de una mera disciplina formal, más propia de un empleado público que de un soldado, que lejos de contribuir al éxito de la misión institucional estaba destruyendo lentamente a la fuerza, por lo que: a) las copsecuencias que se supone traerá aparejado el procedimiento adoptado —se refiere a la sublevación de Pascua (E.L)— no serán tan graves como las consecuen-cias reales que ya se estaban alcanzando a raiz de la ba-talla jurídica, b) la ausencia total de mando de los gene-rales —así como muchas actitudes indignas (blanqueo de causas)— generaron mayor indisciplina que'el proce-dimiento adoptado, c) ante la insensibilidad reiterada de los generales a los anhelos, inquietudes y aspiraciones de la fuerza se generó una serie de actWidades y procedi-mientos desnaturalizados y poco claros (panfletos, ru-mores, manifestaciones femeninas, despidos en aero-puertos, misas; silbatinas, abucheos, etc.) inadmisibles

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para el manejo de la fuerza, siendo preferible el procedi-miento que se adoptó.. 10) comprometer al resto del ejército en la causa nacional y profesional, en el marco de reconocer que la lucha por el nuevo ejército recién co-mienza, implica: a) no todos los que desean él cambio en la situación pudieron ir a la Escuela de Infantería en campo de Mayo, pero ahora tienen la posibilidad de apoyar decididamente las reivindicaciones sostenidas porque el enemigo intentará recuperar lo perdido, b) la primera eçapa ya se ha cumplido: la apelación a la con-ciencia del ejército ya ha sido hecha y sigue ahora la do-cencia y la persistencia de aquellos que adhieren a esta noble causa y c) si no se adoptan actitudes definidas y monolíticas en defensa de los genuinos intereses de la fuerza, ésta será dividida en dos por los que tratan de al-canzar sus ambiciones particulares unidas a otros intere-ses externos". Hasta aquí el documento- Del mismo se desprende que el Operativo Dignidad llamaba a la lucha por un nuevo ejército, lucha a la que definía como una causa nacional y profesional. Se proponía recuperar el honor y la dignidad de los institutos castrenses, restable-cer la disciplina, remontar la falta de confianza y supe-rar el estado moral "desastroso" (sic) al que habían sido llevados. Contiene también una crítica acerba a Ríos Ereñú y su generalato, y ofrece explicaciones sobre las características y la oportunidad del procedimiento adop-tado en Pascua. Todo lo cual indica que, tal como se ha dicho más arriba, los motivos profesional-instituciona-les constituían el principal territorio de coincidencias de este grupo que, sin embargo, en otros planos, no mos-traba la misma homogeneidad.

En efecto, pasando a un terreno de definiciones más propiamente políticas, podían distinguirse dos sectores, los nacionales y los fundamentalistas, actuantes dentro

del grupo Rico- Ambos eran, en buena medida, hijos de la crisis de la

profesión, a la que procesaron como pudieron. En ma-teria de concepciones bélicas coincidían (coinciden) en

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descartar el alineamiento estratégico en los disposjt. vos continentales subordinados a los Estados Unidos. Coincidían también en la reivindicación del pasado in-mediato y de la "lucha antisubversiva". Esto no resul. la demasiado congruente con el punto anterior, pero es representativo del modo precario y poco consistente en que saldaron las tensiones derivadas de la formación doctrinaria vinculada a la seguridad nacional en que se habían educado y la experiencia de una guerra u-brada contra una potencia de la OTAN. Los nacjona les, sin embargo, eran un poco más cautos que los fun. damentalistas en la reivindicación del pasado. Eso es al menos lo que se desprende de una carta hecha pública por uno de sus voceros, el coronel Enrique Schinelli Ga-ray, que le valió un arresto de 30 días que le impuso el ti-tular del EMGE con fecha 17 de junio de 1987. En ella, además de criticar explícitamente la política económica del Proceso, se refirió a un "falso espíritu de cuerpo" que amparó la comisión de "graves irregularidades", lo que resultaba una velada alusión a los procedimiento s utilizados durante la "guerra sucia" 33 .

En la recién mencionada crítica a la política económi-ca del Proceso ambos sectores tenían coincidencias. Sus fuentes de inspiración para imaginar un modelo de Na-ción, sin embargo, aunque poseian (poseen) algún pare-cido de familia, no eran (son) las mismas. Podría decirse que los nacionales son, en este plano, peronistas. Mientras que los fundamentaljsgag parecen más bien alentados por el espíritu de la revolución de junio de 1943.

En materia de relaciones fuerzas armadas-sistema po-lítico había (hay), también, diferencias importantes. Los nacionales son proclives a aceptar el modelo democráti-co de subordinación a los poderes constitucionales, mientras los fundamentalistas, sin negarlo, se han

33 Véase Clarín, 7 de junio de 1987, Buenos Aires.

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0strado no obstante desdeñosos del mismo. Recuérde-se, como ha sido señalado ya, que en ocasión del Comu-nicado N° 1, se omitió toda referencia a su respeto por i orden constitucional —las aclaraciones vinieron

jego—Y que el 25 de mayo de 1987, no fueron pocos los oficiales identificados con el fundamentalismo na-cionalista que pusieron trabas para hacer un juramátto invocando la Constitución Nacional.

Un tercer agrupamiento ubicado a media agúa entre el £jércitO "oficial" y el "paralelo" es el constituido por los profesionalistas, que privilegian su compromiso pro-fesional por sobre consideraciones o definiciones de tipo politico o ideológico. Constituían en el momento del es-tallido de Semana Santa (y seguramente lo siguen sien-do) el sector más numeroso. El virtud de la vigencia de la crisis de la profesión tuvieron puntos de coincidencias y actitudes de simpatía hacia lo que expresó Rico. Sin em-bargo, los desbordes, la ruptura de la verticalidad y el no respeto de la disciplina no son normalmente vistos por ellos como valorables. Pueden aceptarlos en circunstan-cias excepcionales, pero se vuelven reacios si tienden a estructurarse como procedimientos habituales. Veremos posteriormente que, en las jornadas de enero, hubo pro-fesionalistas que eligieron la renuencia o la neutralidad reiterando sus comportamientos de Pascua. Sin embar-go, hubo oficiales, notoriamente un comandante de cuerpo y un comandante de brigada, que marcharon a reprimir insurrectos localizados en áreas bajo sus respec-tivas jurisdicciones, que explicitaron posturas claramen-te profesionalistas. Esto, sin lugar a dudas, fue una no-vedad con respecto a Semana Santa.

Finalmente es posible mencionar un cuarto agrupa-miento actuante durante la crisis de Semana Santa que, por la dinámica perversa que con el tiempo ha ido ad-quiriendo su actividad, se ubica a media agua entre una actitud "oficial" y otra "paralela": el sector de inteli-gencia. Especialidad de oscura. —por momentos te-nebrosa— trayectoria en los últimos ailos (recuérdese lo

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- __-

que va de la formación del "grupo de Leandro N Alem", vinculado en los comienzos de la gestión de. fonsín a la Secretaría General de la Presidencia, al escla. recimiento del caso Sivak o al reciente affaire del asalt0 a una financiera en la que participaron un mayor y un capitán en actividad) nunca se sabe, en definitiva, c uál es su encuadre orgánico, silo tiene, y a qué proyecto p. lítico sirve.

El gráfico que se ofrece a continuación sintetiza el cuadro de fuerzas estimado, constituido inmediatamen te después de los sucesos de Pascua.

CUADRO DE SITUACION ACTUAL

DEL E.JERcrrO (estimación)

Caridi

lérgilo "oFicial" (Grupo Caridi)

Gr'I. jjrig.

proreslonalisla

3. Los planes de Caridi

Se ha afirmado anteriormente que Caridi, con el apo-yo del gobierno, diseñó una estrategia de enfrentamien-to con el grupo Rico que contemplaba las siguientes ope-raciones: a) satisfacer las demandas de los sublevados, en tanto las mismas eran compartidas por la mayoria de la oficialidad; b) aislar al grupo Rico, mediante un ma-nejo inteligente de los relevos, ascensos y designaciones a efectuar como consecuencia inmediata de tos movi-mientos resultantes de la crisis de Pascua (retiros de ge-nerales, relevos de jefes de unidades, etc.); y c) reempla-zo de los jefes riquistas mediante la digitación de los pa-

• ses y destinos anuales normales, efectuados esta vez, con una previa evaluación de la Junta de Calificaciones,

Los "carapintadas", por su parte, carecieron de una estrategia precisa. En el documento que se ha presenta-do en el açápite anterior sostenían que, cumplida la pri-

Rito

vii:

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mera etapa de apelación a la conciencia de los Oficiaj seguía una segunda tendiente a comprometer "al rJ del Ejército en la causa nacional y profesional" edian te la "docencia y la persistencia". Llamaba a ado

ptar "actitudes definidas v monolíticas en defensa de los g e nuinos intereses de la fuerza", pero no daba ning un ' dicación minimamente concreta acerca de los cursos acción que se pondrían en práctica y las medidas que se adoptarían. Con el tiempo se vería que hasta la seg 3 sublevación; permanecieron en rigor a la defensiva y sé. fo pudieron oponer a los acosos de Caridi, actos de resis. tencia gravosos desde el punto de vista del costo en Per-sonal.

En el contexto de esa precaria convivencia que ha sido ya mencionada, Caridi tomó la iniciativa. La satisf. ción de las demandas de los sublevados comenzó con la ley de Obediencia Debida, que como se ha indicado 8M. teriormente, fue modificada en el Senado para favore cer y fortalecer la posición del nuevo titular del Ejército. Es-ta era sin dudas la reivindicación pendiente más impor. tante. Pero además, Caridi levantó la bandera de la reivindicación de lo actuado durante la "lucha antisub, versiva", que había sido también uno de los reclamos centrales de los "carapintadas". En su discurso del 29 de mayo, dia del Ejército, Caridi abrió el fuego sobre es-ta cuestión. En esa ocasión, no contento con ensalzar la "guerra antisubversiva", contabilizó, entre el alto pre-cio pagado por las Fuezas Armadas para alcanzar la vic-toria militar, "la condena de sus comandantes y el so-metimiento a juicio de nuestros camaradas" 34. Recalé en esta línea por lo menos en tres oportunidades inés. En una entrevista exclusiva ofrecida al diario La Na-ción, afirmó: "La reivindicación de la fuerza, que ha preocupado y preocupa al Ejército, no es privilegio de los cuadros subalternos, es una aspiración compartida

4 Véase CIaS, 30 de mayo de 1987, Buenos Aires.

5de el jefe del Estado Mayor General hasta el subo ti-

de más moderno; hemos sido atacados como institu- ya antes y lo somos actualmente" 35 . En un diálogo

ción ,fØrmal con un cronista de Ámbito Financiero que no sperdic la posibilidad de publicar la primicia, exigió:

.Basta de agresiones por los medios de comunicación nanejad05 por el gobierno"; (como se recordará era 0cra de las exigencias de los sublevados de Pascua 36) . Fi-almte en un acto celebratorio de la creación de la

lábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa Maria, córdoba, reiteró conceptos: "La institución está firme-mente integrada al orden institucional y aguarda con se-renidad su legítima y pronta reivindicación histórica",

dijO 37 A partir de esta última aparición, la locuacidad del ti-

miar del EMGE sobre este asunto —nótese que venía produciendo por lo menos una de esta clase de declara-ciones por mes— disminuyó- Tenía otras cosas más ur-gentes de qué ocuparse. La fase a) de su plan estaba prác-ticamente finiquitada con la definitiva sanción de la ley de Obediencia Debida, y su propio posicionamientO como sujeto preocupado por la reivindicación del Ejército, su-ficientemente lógrado. Mientras que la fase b) del mis-mo _aislamiento del grupo Rico medianté el manejo de relevos y designaciones inmediatas—, entraba en su zo-na más caliente con el reemplazo del general Fausto González que era, además, un requisito de la fase c). Pe-ro vayamos por partes. Veamos ahora la reorganización inmediatamente posterior a Pascua.

Con el nombramiento de los generales Abatte (Inspec-ción General de Ejército-Dirección de Institutos Milita-res), Domínguez (111° Cuerpo de Ejército), Ferrucci (y 0 Cuerpo de Ejército), Santarrosa (Dirección de Asuntos

1 35 Véase La Nación, 26 de julio de 1987, Buenos Aires. 6 Ambito Financiero, 3 de agosto de 1987, Buenos Aires.

37 Véase La Nación. 12 de agosto de 1987, Buenos Aires.

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Institucionales) y del todavía coronel Mabragaa (II' Cuerpo de Ejército), que eran todos caridistas, más el aporte del general Venier (1V 0 Cuerpo de Ejército) u profesionalista del arma de caballeria, poco afín al op. rativo Dignidad, la posición de Caridi era sólida a flivel de cúpula del Ejército. La figura del general Fausto González se recortaba, en cambio, bastante solitaria La presencia, además, de los también todavía coróneles Arrillaga (titular de la estratégica Jefatura 1, Personal del EMGE), Córdoba (II Brigada de Caballería Blinda. da), Cáceres (1 Brigada de Caballería Blindada), Etcheun (IV Brigada de Infantería Aerotransportada) Balza (VI Brigada de Infantería) y Canestro (XI Brigada de Infantería), entie otros, todos filo-caridistas o profe sionalistas dispuestos a hacer respetar la disciplina y la verticalidad de los mandos, le daba también cierta forta-leza en el nivel de las brigadas.

El 24 de junio de 1987, el Senado aprobaba los pliegos de ascensos a general, de los coroneles: Mabragalia, O'Higgins, Auel, Arrillaga, Cáceres, Córdoba, Bonitet y Skalany. Excepto Auel, que había sido propuesto por los hombres de Rico para reemplazar a Ríos Ereñú y a quien se lo sospechaba conectado a éstos, el resto no só-lo no tenía que ver sino que incluso era adverso a los "carapintadas". El problema de Caridi, sin embargo, seguía presentándose —de la misma manera que le habla ocurrido a Ríos Ereñú— en el nivel de los jefes (tenien-tes coroneles y mayores) y de los oficiales subalternos. Los pases que ordenó en los dias inmediatamente poste-riores a su asunción tenían que ver con una inevitable re-organización. Por distintas razones, había jefes que no podían permanecer al frente de sus unidades. Rico, o Polo, por ejemplo, debían ser relevados porque era inadmisible que habiendo sido las cabezas del levanta-miento 1 continuasen al mando de sus guarniciones. En el otro extremo, los tenientes coroneles Sacco, jefe del Regimiento de Infantería 7 (La Plata) y Groppo, jefe del Grupo de Artilleria 1 (Ciudadela) que habían dado la or-

den de alistarse para la represión y habían sido desobe-decidos por sus subordinados, también debían ser rele-vados- Pero de todos modos, los cambios de destinos y las nuevas designaciones fueron poco numerosos: uno de los acuerdos que se habían alcanzado durante los su-ceso5 de Pascua fue, precisamente, el de evitar represa-lias contra quienes habian tomado parte en la subleva- ción-

Así las cosas, el reemplazo de los jefes riquistas me-diante la digitación de los pases y cambios de destinos anuales normales, en la que tuviera intervención la Jun-ta de Calificaciones, aparecía como una tercera instan-cia virtualmente inevitable del plan de Caridi. Dicha Junta, tiene facultades plenamente legales sólo para eva-lijar a los candidatos al ascenso, Excepcionalmente se la usa, también, para considerar la distribución de man-dos. Especialmente cuando después de episodios que han llevado a un conflicto interno hondo, debe reorga-nizarse toda la estructura de comandos y jefaturas-Puede mencionarse como antecedente de esta iniciativa de Caridi, una similar puesta en práctica por Onganía con posterioridad al enfrentamiento entre "azules" y "colorados"- En rigor, es el titular del Ejército quien, con el asesoramiento de la Jefatura 1 (Personal) del EM-GE, tiene ja facultad de disponer las designaciones y los destinos militares. Es evidente que, en este caso, Caridi procuraba reorganizar la estructura de mandos con el mayor aval institucional posible. Había un acuerdo pre-vio, establecido en los días de Pascua, de no tomar represalias contra los sublevados y además su posición al frente del Ejército distaba mucho de estar consolidada.

Colocadas las cosas en este terreno,el caridismo tenia que tomar algunos recaudos. En primer lugar debía al-canzar el pleno control de la Junta, para asegurarse el juzgamiento del desempeño y de los antecedentes de los candidatos a ascender —y en este caso a ocupar jefatu-ras de unidad— y confeccionar un orden de méritos de los mismos. En segundo lugar, debía poner en boga

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unos criterios de evaluación que restasen importancia a la participación en la guerra de las Malvin& como ante cedente profesional. En tercer lugar debia consegw r por los medios que fuese, dificultar el arribo a la eva: luación de competitividad, a los jefes riquistas.

Alcanzó el primer objetivo —el pleno control de la Junta— mediante el relevo de Fausto González. E ste debido asu ubicación en el segundo escalón del EMGE era el presidente natural de la misma. Y si bien se haJ, ba, como se ha visto, bastafite aislado, ocupaba una po.. sición privilegiada que le permitía estar al tanto y even. tualmente desenmascarar todo manejo subrepticio y es-puno. Hubiera sido, además, una invalorable fuente de información para los "carapintadas". La decisión de su reemplazo fue tomada por el ministro Jaunarena el 13 dÉ julio, nombrándose en su lugar al general Abbate, un caridist. Las razones que se adujeron para respaldas la medida fueron una divergencia de personalidades y de modos de ejercer el mando entre el jefe y el segundo jefe del EMGE, que resultaba inaceptable para el primero, y la conformación de dos centros de poder y de toma de decisiones que también se le hacía inaceptable al titular del Ejército. Los diarios consignaron un tajante empla-zamiento de Caridi al gobierno: "O se va González o me voy yo", habrían sido sus textuales palabras 38 Efecti-vamente existía una contradicción entre ambos militases acerca de cómo y hacia dónde conducir al Ejército, lo que derivaba en una pugna entre ellos. Esto obviamente no podía haber sido de otra manera, puesto que uno y otro expresaban justamente lo que se había enfrentado en Pascua. Caridi era el representante del Ejército "ofi-cial" —su continuidad, marcada por cierto, con rela-ción a Ríos Ereñú ha sido ya señalada— y González lle-gaba a la subjefatura del EMGE para conformar a los hombres de Rico. De manera que la diferencia entre los dos era un dato inicial del problema, no pareciendo,

38 Véase Clarín, 14 de julio de 1987, Buenos Aires.

que la incompatibilidad entre ambos por cues- de manejo fuese insuperable. Lo qué si, en cam-

io' resultaba insostenible para Caridi, era el cumpli-bmientO de la tercera fase de su plan general, de mante-

nerse en su puesto González. Este fue el verdadero moti-vo que condujo a su relevo.

a modificación de los criterios de evaluación tam-bién alcanzada. La participación en la guerra se in-corporó apenas como un criterio más en la fijación de méritos y antecedentes, con lo que un recurso que podía legat a beneficiar a los integrantes del grupo Rico quedó desactivado. El Ejército "oficial" tenía, además, otros motivos para propiciar esta medida, diferentes de obsta-culizar la llegada de los "carapintadas". Para aquél lo mejor que podía pasar con la guerra era olvidarla. Ha-bía venido a romper todas las ficciones en torno de las cuales las instituciones armadas habían construido una imagen del mundo y una imagen de sí, había.puesto en evidencia la inoperancia de unidades mal adiestradas y la incompetencia de no pocos oficiales, y había desnuda-do ante los ojos de propios y extraños todas las limita-ciones y bajezas derivadas de un ejercicio de poder fun-dado, en última instancia, en la usurpación. Otro crite-rio que se incorporó —importante para dificultar el as-censo de los jefes riquistas en el futuro —fuela exigencia de permanecer por lo menos dos años al frente de una jefatura de unidad.

Finalmente, la obstaculización y la erosión de la com-petitividad para el ascenso y/o para la atribución de des-tinos importantes a los jefes riquistas se puso inmediata-mente en marcha a través de una política de persecusión burocrática. González Naya, que prestaba servicios en el EMGE, fue, por ejemplo, sancionado por un superior por presentarse ante él con manchas de ceniza en la sola-pa del uniforme. Pero sin duda el episodio más grave de esta serie fue el relevo del teniente coronel Fernández Maguer, jefe del Regimiento de Infantería 3 (La Tabla-da). Este oficial, como tantos otros, se había negado a

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reprimir a Rico y era, además, presidente de la prom o ción 94. En consecuencia no sólo estaba al frente de una inportante unidad cercana a la Capital sino que era además, casi un emblema para el ríquismo. Su foja pro fesional era impecable y de permanecer al frente de s guarnición hubiera alcanzado sin dificultad el grd0 de coronel cuando le tocase el ascenso. Obviamente, ade. más, el relevo de Fernández Maguer implicaba para el rl, quismo la pérdida de apoyatura en una guarnicjÓ portante.

4. Los "fierros" contra el Boletín Militar

El relevo de González habiamarcado el reinicio de las hostilidades entre ambos sectores y había retrotraído la cuestión a un estadio similar al que se vivía en Pascua, en lo que respecta a los enfrentamientos internos al Ejér-cito. A partir de ese momento, desde el gobierno y desde la cúspide del EMGE se aceleró la confección de listados de oficiales afines y adversarios, y la elaboración de pla-nes de relevos y nuevas designaciones.

Para mediados de agosto circularon sostenidas ver-siones de que, además de las bajas ya consumadas de Ri-co y Barreiro, se definirían sanciones, o bien los pases a disponibilidad de los tenientes coroneles Polo, León, Alonso, González Naya, Beyande,Saraoo y Herrera. Se mencionaba también el posible cambio de destino de oficiales con mando de tropas, que se habían negado a reprimir a los sublevados en Pascua. Entre otros, los te-nientes coroneles Fernández Maguer, Martínez Brandán

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gegimiento 6 de infantería, Mercedes), de la Vega (Re-intiento de infantería 29, Formosa), Valiente (Reg-

miento de Infantería 21, Las Lajas), Cuchesin (Regi-miento de Infantería 24, Río Gallegos), Uceda (Regi-miento de infantería 25, Chubut) y Lagos (Regimiento de infantería 37, Río Mayo, Santa Cruz).

Hacia finales de septiembre tuvo lugar un confuso episodiO. Durante la noche del 25 una serie de explo-siones y disparos se sucedieron en el interior de la Com-pañía de Comunicaciones 601, con asiento en Los Pol-vorines, provincia de Buenos Aires. Patrulleros de la po-licía, bomberos, e incluso una ambulancia de un hospi-tal de las cercanías se movilizaron espontáneamente ha-cia el lugar. Los vecinos de la zona también se volcaron a la calle, alarmados por lo que estaba sucediendo. Un grupo de soldados con la cara pintada impidió el paso de vigilantes, apagafuegos y médicos, limitándose a infor-marles que se trataba de una práctica nocturna y de un ejercicio de entrenamiento. Al día siguiente el Estado Mayor conmunicó que lo que había sucedido era un ejercicio previsto, pero que había existido una falla en la transmisión de la información que debía efectuarse a la policía.

Dos días después, el diario La Nación publicaba en su primera plana una foto para el asombro: un teniente "Dignidad" hacia declaraciones para el diario. La in-formación daba cuenta de que otro capitán, que daba la cara pero también optaba por el anonimato en materia de nombre y apellido, identificándose como "Luciérna-ga", explicaba que los oficiales de la unidad se habian acuartelado para resisitr la decisión de la superioridad de relevar al jefe de la unidad. Se trataba del teniente co-ronel Fernández Maguer. Los acuartelados explicaron que la medida violaba "los acuerdos formulados por el propio Presidente de la Nación y comandante en jefe", pues lo pactado en Pascua consistía en que, a excepción de Rico, "no se aplicarían sanciones a quienes actuaron o se solidarizaron con el movimiento de Semana

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Santa", como en el caso del jefe de su regimiento. "LU ciérnaga" añadió que éste debía continuar al frente deja) guarnición durante todo el año 1988. Y que "como con. secuencia de haber sufrido un arresto de 20 días ppr lo hechos de Semana Santa, pasaba a otro destino, lo cu al equivale al relevo del mando" 39.

Fernández Maguer fue finalmente sustituido, pero el episodio de La Tablada fue también un sacudón Para Caridi. El desgaste que le producían las insolencias de "Dignidad" y "Luciérnaga" era grande. Sin embargo, iba ganando paulatinamente posiciones. Mantenía la iniciativa, conseguía avanzar en el aislamiento de los "carapintadas" y preparaba el terreno para reempla. zarlos como jefes de unidades, vale decir, para despla. zarlos de los mandos de tropa. Aquéllos, por su parte, se veían limitados a una defensiva cuyo único recurso pare. cía ser la resistencia. Una resistencia que consitía en ven. der cara la derrota, pero que no encontraba fórmulas que pudieran revertir positivamente la tendencia. Po. dían suscitar acontecimientos que conmovían a la opi nión pública, pero sufrían una sangría —como lo habían puesto en evidencia primero el caso León y luego el de Fernández Maguer— que no los beneficiaba en absoluto.

El 1 1 de octubre se difundieron los nuevos destinos de los oficiales con rango de jefes, redefinición contra la cual habían intentado accionar, en rigor, los aconteci-mientos de Los Polvorines y La Tablada. Sobre un total de 28 regimientos de infantería hubo recambios en 11, es decir, en prácticamente un 40 010 de los mismos 40 No es posible determinar con precisión cuántos de los que de-jaban esas jefaturas de ünidades eran filiables como "carapintadas", como tampoco es posible precisar

39 La Nación, 27 de septiembre de 1987, Buenos Aires. 40 La información ofrecida por el diario Clarín decía: "La Junta de Calificaciones del Ejército dio a conocer ayer a las autoridades del Ministerio de Defensa tos destinos de los nuevos jefes y subjefes mili-tares de Infantería y Caballería". Se desprende de aquí el importante

cuántos de los nuevos jefes pertenecían al sector de Cari-di. Es posible señalar, sin embargo, que la cifra de re-einplazos no es baja y que los recambios deben haberse hechQ, naturalmente, buscando afianzar las posiciones de Caridi. A titulo meramente indicativo puede señalar-se que del listado de jefes a relevar que circulaba a me-diados de agosto —al que hemos hecho referencia ante-riormente— fueron reemplazados cuatro de los siete consignados como renuentes a reprimir la sublevación de Pascua. -

Culminando esta maniobra de reemplazos y fortaleci-miento de sus propias posiciones mediante la actividad de la Junta de Calificaciones, aparecieron los ascensos a general de división y de brigada;hacia fin de año. A ge-neral de división-ascendieron Abbate —aquien ya he-mos caracterizado como caridista— y Enrique Bianchi, un simpatizante del radicalismo. A generales de brigada ascendieron: Martín Balza, José Luis Torres, Héctor Gargiulo, Adolfo Etcheun, Horacio Canestro, Eugenio Dalton Oscar Salomón,Eduardo Cardozo, Mario Dial y Hugo Fernández. Ninguno de ellos tenía simpatias por los "carapintadas". . -

Entre abril y diciembre; en definitiva, se libró una en-conada lucha entre los poseedores de los "fierros" —las jefaturas de unidades, el mando directo de tropas— y los editores del Boletin Militar —el poder administrativo dentro del Ejército— que terminó favoreciendo a estos últimos. Maniobrando desde una precaria situación ini-cial, pero contando coñ el plenoapoyo del Ministerio de Defensa, Caridi consiguió consolidar su posición e im-ponerle decisiones aYsus .adversarios; Los "carapintadaÁ!, en cambio, sÓlo pudieron darse una estrategia de resistencia desde la que fueron perdiendo paulatinamente terreno - •Tenían dos grandes lirnita-ciones. Por unlado;' padecíanun aislamiento político

papel jugado por la Junta de Calificaciones en la atribución de desti-nos, rasgo excepcional que ha sido señalado precedentemente.

128 1 129

que se puso en evidencia ya durante los sucesos de Sema-na Santa. Tuvieron una postura poco clara en relación al tema del sostenimiento del orden democrático y no supieron apreciar adecuadamente el efecto de desestabi-lización que su propia acción desencadenaba, lo que constituyó una mezcla que no los hizo gratós ni a los ojos de los partidos políticos mayoritarios, ni a los de la gente en general. Además, con el couer de las áemanas se fue afirmando en su interior la corriente fundamenta-lista en desmedro de la nacional, lo que no contribuyó a que superasen el aislamiento.

Por otro, sus posibilidades de acción tepian un límite político. ¿Cómo imponerle decisiones a una cúpula castrense que contaba con el aval del poder político sin, al mismo tiempo, atentar contra ese poder político? Más VI LAS JORNADA claramente expresado: quien tomó la decisión de nombrarlo a Caridi fue Alfonsín ¿habla alguna posibili-dad de hacerle cambiar de rumbo sin amenazar con el golpe de Estado? En otro plano, ¿cómo oponerse a deci-siones que contaban con el aval del Ministerio de Defen-sa si éste no accedía "por las buenas"? ¿Acaso amena-zando con voltear al gobierno? El camino de la ruptura de la verticalidad y la sublevación ya se habla transitado durante la Semana Santa. Derrumbados los mandos del Ejército "oficial" que encabezaba Ríos Ereñú, quien to-mó su representación fue el mismo presidente. O se en-contraban ¡os modos de comenzar a imponerle deci-sioñes a él, o se empezaba a perder la partida. Fue en úl-timo análisis esta imposibilidad la que hizo que en un lapso sorprendente breve, quienes llegaron a contar con el segundo hombre del EMGE, con un número impor-tante de jefaturas de unidades y mandos de tropas, y con el reconocimiento y la simpatía de un sector de neutrales remisos a comprometerse, fueran cediendo progresiva-mente terreno• hasta quedar en inferioridad de condi-dones.

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L Rico vs. Caridi: segundos afuera

Hacia finales de año, la acumulación de tensiones que se venia arrastrando desde abril, sumada al hecho de que la situación procesal del propio Rico —por la dinámica interna de los trámites judiciales y por la propia decisión del jefe de los "carapintadas' '- pasaba a un primer pla-no, colocó la cuestión nuevamente en un punto álgido.

Rico, seguramente comprendiendo que el rumbo que iban tomando los acontecimientos estaba conduciendo a su sector a una lenta pero insoslayable derrota, intentó un golpe de timón que torciera el rumbo de las cosas. Decidió convertir a su propia figura en el centro de una ofensiva destinada a recuperar espacio militar y también espacio político. Como veremos seguidamente no parece haber estado dentro de su cálculo de probabilidades más inmediatas el producir un nuevo alzamiento, aunque se-guramente no lo descartaba, puesto que no podía igno-rar que su decisión de forzar las cosas lo colocaba en el filo de la navaja. Más bien parece haberse inclinado 'a librar una nueva batalla legal combinada con la consti-tución de un foco de irradiación político-militar, que le permitiese volver a escena sin necesidad de estar produ-ciendo pequeños y sucesivos episodios de insubordina-ción. Rico, en defiñitiva, pareció haber comprendido que la estrategia defensiva y la actitud de resistencia que hasta entonces había mántenido su sector debía ser mo-dificada.

133

Caridi, por su parte, había cumplido satisfart o riamente los objetivos y fines que se habla trazado desde que arribara a la conducción del Ejército. Su Problema de allí en adelante consistía en sostener y acrecenta1 j que había alcanzado, es decir, en mantener aislado al r. quismo y continuar con la política de reemplazos, cvi. tando en lo posible nuevos estallidos.

Puede decirse, en consecuenciá, que ninguno de los dos contemplaba la posibilidad de un nuevo enfrenta. miento con despliegue de tropas y eventual utilización de armamento. Sin embargo, dando una vez más la ra-zon a quienes sostienen que la realidad suele desenvoj. verse con independencia de la voluntad de los hombres, el rumbo de las cosas condujo•• a ambos a un nuevo conflicto abierto

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2. La ofénsiva de Rko fl:j i

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La situación procesal de Rico se había ido demorando en virtud de la existencia de planteos sobre competencia de fueros. El juez Piotti, interviniente en una causa que había abierto a raiz de la toma de la Escuela de Infante-ría en Pascua, había caratulado el caso como rebelión y lo había-encuadrado dentro de la ley de Defensa de la Democracia.. Los '.carapinta4a' —en este caso Rico, especialmente— reclamaban el cumplimiento de lo acor-dado con Alfonsín: que los procesos se tramitaran a tra- vés del fuero militar. .j. ........ :: 1 . ; 4 ti --jl o'r

Llevado el caso ante la Corte Suprema, ésta resolvió

jor la estrecha mayoría de 3 votos contra 2, que debía er procesado por amotinamiento y encuadrado dentro

"del Código de Justicia Militar. Es decir, determiñó que rsu juzgasniento correspondía, en primera instancia, al fuer0 militar. i En un intento de zanjar el problema évitándose rcontratiempos impredecibles, Caridi, hacia finales de

fto, le hizollegar al jefe de los "carápintadas" una pro-4,uesta. A cambio de su solicitu 1d de retirá voluntario k...paradojalmente, a Rico todavía no se le habla de-'vuelto el grado militar, de modo que, como estaba de baja, no cabía solicitarle ninguna clase de retiro— el jefe del Ejército se comprometía -a concederle una prisión preventiva rigurosa pero domiciliaria y una benévola consideración -posterior de su caso .en el Consejo de Guerra. En pocas palabras, a cambio del retiro volunta-rio le ofrecía "blanquear" su proceso judicial 41

Rico rechazó la propuesta, lo que lleva a pensar que se sentía con fuerza suficiente como para intentar otra cosa y que, por otro'lado Caridi prefería en lo posible no tensar la soga.

El 30 de diciembre Rico inició su coñtraofensiva. Pro-dujo un hecho que en la práctica constituía una nueva insubordinación. Se puso el uniforme, aunque seguía de baja y por lo tanto había perdido su condición de mili-tar, y abandonó la Escuela Lemos, lugar donde cumplia la prisión preventiva rigurosa que le había sido impuesta desde la culminación de los sucesos de Semana Santa. A las puertas de ese lugar lo esperaba un grupo de oficiales y suboficiales que lo vitorearon y vivaron a la salida. Es de hacer ñotar que Rico se retiró del lugar "como Pedro por su Sasa", como se dice vulgarmente. Ninguno de los que teñíS la réponsabilidad de mantenerlo prisionero hizo nada para impedir su salida. Es decir que el perso-

,,:..iLid.I. --.:-.

41 Véase el text, completo desu 'declaraéióiÇ testimonial ante el jiez Oliva, titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en El infor-mador Público, 4 de marzo de 1988, Bs. As. . - .. .

134 11 135

nal de la Escuela Lemos o no quiso porque estaba del acuerdo con Rico, o evaluó que no podía evitas q abandonara el lugar. --

En un automóvil que lo aguardaba emprendió .jtk marcha sin informar hacia dónde se dirigía —lo q contravenía un eventual estado de prisión preventiv atenuada— seguido por sus acólitos que se desplaza en otros coches. Representantes de la prensa destacadd 5 allí pretendieron seguir la caravana para averiguar adój de se iba a hospedar Rico. La persecusión terminó cua1: do uno de los vehículos que acompañaban a Rico se cri1L zó delante del móvil de una agencia de noticias. Su con.1 ductor, que vestía de uniforme militar, sacó por la ven. tanilla su pistola reglamentaria y apuntó hacia los pe-riodistas. "Si siguen disparo', les advirtió. Era el capi-tán auditor Maguire, a quien por este hecho se le inició un proceso judicialj' terminó dándoselo de baja del: Ejército pocas semanas después

El bochornoso : episodio conmocionó a la. opinión publica, que repudió masivamente el hecho. La contra-ofensiva de Rico comenzaba así malquistada con la gen-te y la prensa, reiterando un comportamiento que ya se había evidenciado en Pascua. •. :::j -:

• + No puede negarse que Rico hizo una apuesta fuerte en esta ocasión. Se aventuraba o bien a que lo detuvieran en la puerta de la Escuela Lemos, o bien a que se lo declarara otra vez en rebeldía y se requiriese su deten-ción por parte de la•fuerza pública. Es probable que fuese en virtud de esta segunda posibilidad que sus acóli-tos procurasen guardar tan celosamente el secreto de su nueva residencia, en los momentos iniciales. A su favor contaba, para producir este hecho rayano en la insubor-dinación, con la excusa de que luego del fallo de la Corte Suprema y hasta tanto se girasen: nuevamente los expe-dientes de su proceso del fuero federal al militar, sólo quedaba sujeto a una causa por cuestiones disciplinarias que le había sido abierta, también en sede militar, a raíz de los sucesos de Pascua: Por estas últimas cuestiones

610 le correspondía una prisión preventiva atenuada. odia argüir, llegado el caso, que sólo reclamaba lo que ra su derecho, Sin embargo, ni Caridi ni el ministro de Defensa, Ho-

Jaunarena, se sintieron en condiciones de ir a una 1Çjteva prueba de fuerza. En la noche del 30 de di-¿iexnbre, es decir, :ex post factum, dicho ministro firma-

la resolución 1.291 por intermedio de la cual convali-!jaba lo actuado por Rico: cambiaba su situación de de-

nción preventiva rigurosa por la de atenuada —aun cbando continuaba sin sabersç dónde había fijado do-¿iicilio— y le restituía el grado militar.

Finalmentç sedeveló la incógnita. El jefe de los "ca-rapintadas".se habla instalado en un country de pro-piedad de un ex ministro del Proceso donde montó su cuartel general. Con el beneficio de la prisión atenuada y domiciliaria, estaba en condiciones de desarrollar una sostenida actividad política y de contactos con sus cole-gas y camaradas. Rico podía darse por satisfecho. Había ganado la batalla legal que se había propuesto —al me-nos había triuiifado en una primera instancia y comen-zaba a constituir a "Los Fresnos" (así se llamaba el country) como un polo de referencia politico-militar.

Su residencia se convirtió en una romería. Sus acólitos entraban y salían sin cesar de ella ,;: preparaban en-cuentros con dirigentes políticos, con empresarios, orga-nizaban asados; hacían declaraciones'a la prensa y pre-paraban planes para el futuro. t

Mientras tanto, como si iíada'sucediera, Alfonsín se fue de vacaciones a Chapadmalal, Jaunarena a Pinainar y Caridi a Israel, respondiendo a una invitación que le había sido cursada con• anterioridad.• Rico, encantado;• el escenari6 político quedaba prácticamente a su exclusi- va disposición. :) : • • •

•

:

1

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1 Laréspuesta oficial

Casi podría decirse que fue su proverbial olfato politi. co el quedevolvió al presidente a la realidad; (lo qu desde otro punto de vista equivaldría a corroborar su di-ficultad para comprender la cuestión militar). En efector desde la bucólica y marina Chapadmalal, Alfonsín, pa. rece haber percibido la hondura del problema que tenj delante sólo cuando Rico, en "Los Fresnos", comenzó a mostrarse como un referente político tanto como mili-tar. Fue este el momento en que el presidente juzgó lle-gada la oportunidad de sincerar—fueron según la pren-sa sus propias palabras— la situación militar. Debía es-perar, empero, el regreso del exterior del jefe del EMGE.

Con Caridi ya de vuelta comenzaron los sondeos para evaluar la situación y confeccionar un cuadro de fuer-zas. El titular del Ejército llegó a la conclusión de que podía contar con respaldo suficiente como para operar, bontra Rico y se lo hizo saber al Presidente, quien le dio luz verde para proseguir. .. r ¡ni Qrr: .i

El 12 de enero se realizó una crucial reunión de Caridi con su generalato: éste se mostraba dispuesto a operar militannente contra Rico pero a condición de contar con suficientecobertura legal. Es decir,que el alto mando estimaba que tan importante como la militar iba a ser una vez más la batalla legal.

Rico, alertado de esta circunstancia, reunió a su gente en la noche del 13, con la excusa de un asado. Evaluada la situaçión, voceros del nuevamente teniente coronel dejaron trascender que se avecinaban horas duras y que cualquier medida que cambiase la situación procesal y/o de detención de Rico sería resistida.

Caridi se dió a la tarea de obtener la cobertura legal que le reclamaban sus generales. En tiempo récord con-siguió la renuncia del juez de instrucción militar, coronel

Martínez y su reemplazo por el coronel Beltramino. Es-te, se avino prestamente a revisar el expediente de Rico, aceptando' el criterio de la Corte Suprema. De allí en más la acusación co xo

ntra el jefe "carapintada" sería ine- rablemente la de motín, lo que implicaba su pase,

uevamente, a prisión preventiva rigurosa. A las 8 de la mañana del día 15, dos oficiales pertene-

cientes al Juzgado de Instrucción Militar 22.—cuyo titu-lar era el citado Beltramino— se presentaron en "Los Fresnos" para notificarlo a Rico. En apoyo de esta deci-sión, el jefe del EMGE dispuso la movilización de una columna de tanques pertenecientes al Regimiento 8 de Magdalena. fl f T.(F . 1•

Rico. abandonó ; el countrj durante la noche del 14. Antes de seguir sus pasos, conviene sin embargo reparar en algunos pormenores. Aparte de que pudo fugarse una vez más con toda tranquilidad y de que quizá hu-biera sido conveniente que se dispusiese que una cus-Todia militar, o en su defecto policial o de gendarmerí a vigilara la casa, para prevenir precisamente . su huida ¿verdaderamente peñsó . Caridi que su adversario iba a resistir desde 91,os Fresnos'!? Probablemente lo que es-taba sucediendo, más allá de la imprevisión de colocar retenes de custodia, era que el titular del EMOE no en-contraba apoyos en las guarniciones cercanas a la Capi-tal y echaba mano de lo que podía. El mismo día 15, por ejemplo, la prensa informó que habían sido relevados del mando el teniente coronel Magnelli, jefe del Regi-miento de Infantería 7 (La Plata), el teniente coronel Repetto, jefe del Destacamento de Exploración de Ca-ballería Blindada 121 (Gualeguaychú) y el segundo jefe del Batallón de Ingenieros Blindados 101 (San Nicolás), por negarse a cumplir órdenes de Caridi. 42

Rico, por su parte, no obstante lo anticipado por sus voceros en ocasión del asado al que ya seha hecho refe-

.1 .1.. .... . .. . Il . -

42 Véase CIar(n. 15 de enero de 1988, Buenos Aires.

138: . 1 139

rencia, parece haber sido tomado de sorpresa. Sus movi-mientos hasta recalar en Monte Caseros parecen teñidos de una cierta improvisación; incluso su localización allí y la pérdida de contacto con hombres claves de su estado mayor indicarían lo mismo. Además, en la proclama que dió a publicidad para explicar la actitud de subleva-ción que adoptaba otra vez, manifestaba su extrañeza por la celeridad con que se había cambiado su situación procesal. Da la impresión de que no lo creia posible y de que, en consecuencia, no lo esperaba.

Tanto la desproporcionada —y por cierto ineficaz-movilización dispuesta por Caridi cuanto la sorpresa de Rico indicarían que ninguno de los dos estaba inicial-mente en condiciones de afrontar el enfrentamiento. Había una debilidad relativa de ambos, que indicaría que fueron al conflicto con apoyaturas precarias y poco definidas. Esto a su vez significaría que la correlación de fuerzas, al inicio del enfrentamiento, se presentaba co-mo un raro enigma para ambos contendientes. Adquiría la forma de un equilibrio catastrófico,en el que eran re-lativamente pocos los protagonistas y bastante más los que se limitaban a observar sin comprometerse.

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4. El enfrentamiento 4

El Clarín del 16 de enero tituló en primera plana "No encuentran a Rico". El día transcurrió tenso, transido de rumores y versiones acerca de cual podía ser su para-dero. A la noche se terminó el misterio. Apareció en el

Regimiento de Infantería 4, de Monte Caseros, Corrien-tes, que inició, así, la sublevación. Recibió la inmediata adhesión de la Compañía de Ingenieros 3, localizada en la misma ciudad. Un poco más tarde se supo que el Re-gimiento de Infantería .19 (Tucumán), el Regimiento de Infantería 21 (Las Lajas), el Regimiento de Infantería 23 (San Juan), el Regimiento de Infantería 35 (Rospenteck) y el Grupo de ).rtiliería de Defensa Aérea 161 (San Luis) se plegaban a la intentona.

El Comandante del IV Cuerpo de Ejército, general Venier, quien durante la jornada del 16 había anticipado que ¶'en caso de pretender ingresar Rico y sus acompa-ñantesa alguna unidad del IV Cuerpo será inmediata-mente detenido y puesto a disposición de la Justicia Mi-litar" y se había definido como "un general democráti-co y de una profunda identidad con el sistema institu-cional instaurado por la Constitución, además de ser prescindente desde el punto de vista político, como debe ser un hombre de armas", 43 marchó contra San Luis, con tropas de la VIII Brigada de Infantería, con asiento en Mendoza.

El general Martín Balza, jefe de la brigada de la que dependía el regimiento sublevado en Las Lajas, marchó hacia allí con efectivós del Regimiento 10 de Infantería (Covunco) y del Grupo de Artillería 161 (Zapata) -

Tanto Venier como Baiza actuaron con decisión y fir-meza, e impusieron rápidamente la rendición de sus res-pectivos oponentes. . . -

La resolución, de la situación en Tucumán fue más confusa. Allí, el teniente coronel León —quién fueraje-fe del Rl 19 hasta que fue relevado luego de Semana San-ta— consiguió tomar el 'control de la unidad contando con el apoyo del segundo jefe de la misma. El jefe de la brigada respectiva, coronel Farwig, convergió sobre Tu-çumán con fuerzas pertenecientes a guarniciones de Ca-

4" . jj. '. ,•'ij .j'j

43 Véase La Razón, 17 de enero de 1988, Buenos Aires.

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tarñarca, Salta y Santiago del Esteró: Controlólasi-ttíiaión y repuso al jefe en ejercicio al frente de la misma en 'dna primera ¿ instancia, pero debió hacerlo todavía uásegunda vez porque éste fue nuevamente desborda-do: Luego de la segunda rendición, ocurrió la fuga del teniente coronélLeón, cuando este se hallaba ya en cali 4ad'de prisionéro;Tantas marchas y contramarchas ter minaroncostándolé el puestó al citado Farwig; quien se había hecho cargo de la brigada con posterioridád a Pas cua. Desde su destino previo, la Jefatura II (Inteligen-cia) del EMGE, había alentado la política de no presen tación de los oficiales jefes y subalternos ante los estra-dos judiciales. ProbablemSte este hecho haya jugado como desencádenante de los vaivenes por los queatrave-só el caso tucumano. "

Pero sin dudas el teatro principal del conflicto se• hallaba en Monte Caseros. Rico era el líder indiscutido de los "carapintadas" y el referente que tanto acólitos como adversarios tenían primordialmente presente. La guarnición en la que se habla instalado no era muy im-portante, pero su ascendiente se dejó sentir casi de inme-diato: los regimielitos ubicados en las ciudades vecinas de Paso de los Libres y Mercedes, si bien no se pronun ciaron a su faÇor quedaron páralizadas.'Rico había proL metido resistir cüalqüier acción represiva que se ejerciese en su contra:Los antecedentes con que se coñtaba —su desempeño en la guerra de Malvinas, la decisión y efecti vidad conque bajó desde San Javier hasta Campo de Mayo en Pascua— llevaban:apensar que cürnpliría su palabra: Este previsible empeño del jefe 5'carapintada" y la posibilidad de que no se lo pudiera controlar con ra-pidez preoupaba al gobierno: Ca prolongáción del mis-mo podia obeiar én el sentido de volcai a los uniforma-dos que solo observabanhacia el lado de Rico: t

En la noche del sábado 16, Alfonsín —que hasta en-tonces le había dado al enfrentamiento un cariz de problema intrainstitucional exclusivamente— ordenó que las tres fuerzas sé sumaran para convergir en la

represión de Monte Caseros, Mientras tant&CaridjI}á bía logrado concentar tropas de laiP Brigadade(cáj ballena Blindada y de algunas unidades de:las dosres1 tantes brigadas de infantería que componen elIl,Cuer po de Ejército. 'No obstante, algo no terminabadejun-. cionarbien. El predominio de fuerzas de la caballerlayj de la artilleria, por, sobre las de infanteria, entre las huestes represoras,- era perceptible; Pero además;1el, hecho de que una parte de la Xl rigada de Infanteria, con asiento en - Río Gallegos, fuera• trasladada hasta la. Mesopotamia para reforzar las tropas de Caridi, habla-. ba a las claras de la existencia de alguna insuficiencia

Sin z embargo, Caridi , - finalmente reunir una fuerza considerablemente superior,a la que se nucleaba en torno a Rito. La recomposición demandos que ha-bía iniciado con posterioridad a Pascua a la postre le rin-dió buenos resultados. El comandante del 110 Cuerpo de Ejército, general Mabragaña, el jefe de. la Brigada de Caballeria Blindada II, general Fernández y el jefe de la brigada, despachada. desde• Río Gallegos, general Ca-nestro, habían asumido, sus mandos después de Semana Santa. Otro tanto ocurría con Venier, y Balza, que, co, mo se ha visto,.comandaronla represión en otros esce-narios, e incluso con el oscilante Farwig.

Las tropas caridistas, comandadas por Mabragaña —paradojalmente uno de los 13 oficiales superiores exo-nerados en el juicio de Malvinas— avanzaron el domin-gocl7 - sobre lasposiciones de los sublevados. Rico, contrariando todas las previciones, prefirió rendirse sin combatir.

....-'., ,

'j,Por qué no cumplió su palabra de resistir? Mucho se ha conjeturado eñ torno de esta pregunta.

Tal vez, como han arriesgado algunos analistas, al perder comunicación con algunos,de sus hombres de, mayor confianza a-las comunicaciones del Rl 4 fueron, cortadas prácticamente todas- qiie esta "ez, a diferencia de Pascua, no lo habían acompañado en su cuartel gene-ral, lo abrumaron la soledad y. las .responsabilidades -

142 ._. 143

Más allá, empero, de la ecuación individual del propio Rico, importa buscarle una respuesta más general; más política, a la pregunta. En el contexto de un équilibrio catastrófico actuado por pocos y mirado por muchos —me refiero, desde luego, al Ejército— mostrar tina yo-luntad de resistencia, es decir, una voluntad de poder, era un recurso para operar precisamente sobre los que miraban, un instruménto para intentar —una vez que el conflicto estuviera indefectiblemente abierto— conven-cer a los remisos y volcarlos a su favor. Después de todo, él mismo había declarado en la lluviosa tarde del sábado 16: "en Semana Santa teníamos menos poder de fuego que ahora y ganamos. Este es un problema de volúntad..." 44. Pero entonces ¿qué le hizo perder esa

-voluntad? -' . 2-

En la primer explicación ¿lue ofreció de su actitud adujo, entre otias razones, que áperaba ver otras caras en la mira de su fusil. Es probable que el descubrimiento de que había oficiales del lado de Caridi que él hubiera esperado que formasen del suyo, lo haya desalentado. Hacia esta conclusión apunta también el hecho de haber sostenido un prolongado parlamento con un grupo de oficiales perteneciente, a las fuerzas que! concurrían a reprimirlo, previo a su rendición, para el cual no se ha encontrado aún una explicación plausible. Uno de esos oficiales solicitó después delevento su pase a retiro: el caso Farwig parecía repetirse. . • Es probable que esta• constatación• lo haya llevado a comprender que su partida estaba perdida. Que carecía del apoyo y de la legitimidad con que había actuadetdu-rante Pascua. Que previo a la batalla militar se había librado un combate político —cuyo aspecto, central ha-bía sido legal— quehabia resultado decisivo, dada la si-tuación de equilibrio existente en el plano de las rela-ciones de fuerzas militares. Vale decir que su voluntadIr - •_.! 'A r!I! . - ...

• 'IX. <

"Véase La Razón, 17 de enero de 1988, Buenos Aires. -

de resistencia se habría doblegado al comprobar que la suerte del enfrentamiento, en realidad, se habla jugado antes y fuera del terreno de la contienda militar.

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5. Por qué perdió Rjt:' -. .,

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Es evidente que Rico sevió perjudicado por:, a) las desprolijidades políticas en que incurrió y lasobrepoliti-zación de su accionar; y b) la desmotivación que en el ni-vel de los oficiales produjo la obtención de la obediencia debid4.

Las desprolijidades .-la amenaza armada a la prensa, la constante,presencia de un desacreditado (politica y militarmente) personaje corno Barreiro, la poco seria ac-tuación de su al parecer'Improvisado vocero Slaiman Alé, el aurá fundamentalista que acompañaba al grupo, la contradicción ,de decirse, nacionalista y habitar la casa de un ex ministro del Proceso el fanatismo de descalificar el pensamiento y exaltar la acción— lo aisla-ron de la gente, lo distanciaron de los partidos políticos más importantes, pero además precipitaron la definición de un perfil político qúe no resuitó satisfactorio para muchos oficiales. De entre ¿stos ño fueron pocos los que podían coincidir con los reclamos institucional-profesio-nale del nquismo, pero no an ten er conidos por sus po-siciones politicas De esta manera-y coincidiendo de hecho'con los planes déCaridi.t la actitud de Rico tuvo ingredientes ,qúe. le impidieion.. trabajar, eficazmente sobre el conjunto de la'oficialidad, como era su deseo.

1.

144 1 . 145

¿Cómo 'explicar esta paradója? Alimentado por el, pretensioso universo ideológico de derecha del Que era tributario, incurrió en un grave error: politizó excesiva-mente su imagen en lugar de mantener un más aséptico perfil basado en las reivindicaciones profesionales. Al sobrepolitizar, su actuación atentaba, sin proponérselo obviamente, contra la posibilidad de convergencia en et plano de los reclamos institucional-profesionales.

La desmotivación de los oficiales tras la obtención de la obediencia debida no reclama mayores explicita-ciones. Naturalmente la disponibilidad de aquellos para la reivindicación y la protesta, desarrollada por fuera de los marcos establecidos, era menor. Esto, no obstante, no fue adecuadamente percibido por Rico, Quien parece haber esperado un tipo de respuesta similar a la que ha-bía obtenido enSemana Santa, entre los oficiales me-dios e inferiores." Repetía'en este.plano[el mismo error que lo había conducido asobiepolitizar su imagen: valo-rizar en exceso los componentes políticos de las opciones de quienes lo respaldaron y, en cambio, valorizar defec-tuosamente los componentes reivindicativos Si en Se-iñana Santa muchos oficiales habían podido estar con él desde la mera reivindkación profesionai, en Monte Ca-seros el nivel dé las definiciones y de lbs compromisos se habia incrementado A A U1 1

No obstante Lodo lo que hasta acá sha dicho, la prrn cipal razón de lá derrota de Rico'Sribó'.corñó .ha sido anticipado ya— enlapérdida'de labatallá legal,'por el significado que ésta tema sobre un tema crucial como era el de la legitimidad. En circunstancias de urCequi-librio catastrófico 'en términos de las relaciones de fuerza militares,t la pelea por la legitimidad era decisiva Actuü'en 'nombre del Ejército'Areñtino.Ey ser reco-nocidoconió Vt.Licontra un' grupo devenido'faccioso significaba la ¡6sibilida&de allegarse recursos funda mentales paraquebrar el equilibrio'Era,'por'jemplo, uri'argumento de peso para convencer a los rernisós yre-nuentes, 1 a esos'qupreferían mirar de afuerapero de-

bían pensarlo dos veces si les llegaba una órden del jefe del EMGE. En Semana Santa, cuando los juicios ame-nazaban arrastrarlos por una correntada de imprede-cibles consecuencias para ellos y cuando ese peligro era el resultado de una estrategia que el propio titular del EMGE había aceptado poner en práctica, la legitimidad estaba en el reclamo y en la desobediencia. Ahora, en cambio, sucedía al revés.

¿De dónde surgía la legitimidad de Caridi? Del apoyo que obteni a del sistema político y del respaldo legal con que actuaba, siguiendo las órdenes del presidente (lo que en última instancia también era un producto derivado de su apoyatura en el sistema político).

Puede decirse, entonces, que el resultádo de la batalla legal anticipó el de la batalla militar. Las dificultades de Caridi para reunir una fuerza con la que operar contra Rico no fueron pocas, lo que quizá relativizaría la im-portanciade la argumentación que se acaba de exponer. En la misma dirección puede añadirse que, como ha sido seialado, los oficiales superiores que actuaron en la represión en Monte Caseros y en otros escenarios, fueron todos nombrados por el jefe del EMGE. Siendo esto cierto, hay sin embargo una diferencia notoria con respecto a Pascua. Ríos Ereñú también pudo reunir una fuerza para cercar la Escuela de Infantería —Rico inclu-so reconoció que en Semana Santa había tenido menos poder de fuego que en Monte Caseros— y tenía genera-les que le respondían. Lo que no consiguió fue que la oficialidad media e inferior ló obedeciera. Nia él ni a sus generales. Aquí fue, precisamente, dónde en uno y en otro caso jugó la legitimidad.

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VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

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1. Corporatización vs. crisis -

Desde la reinstalación de la detitocracia en nuestro pals, las Fuerzas Armadas han tendido a actuar Con arreglo a dos lógicas o impulsos; Una es la lógica de la corporación; la otra es la lógica de la crisis de identjd

La expresión corporatizáción designa la autonomj, ción de las Fuerzas Armadas, su pérdida de lig&l u5 —especialmente de subordinación— con el poder politj, co civil; la "legalidad" que fueron adquiriendo a lo lar-go de los años para proyectarse sobre la actividad pomi: ca y el Estado; lá facultad que se autoadjudicaron Para definir sus fines, sus misiones, sus posiciones doctrj. rias en lo militar, sus modos de-reclutamiento y Sus polí-ticas de formáción. Decir que las Fuerzas Armada se manejan como coiporaciones significa afirmar que «en-den —con mayor o menor éxito según los momento s pero siempre con un alto grado de autonomía— a defi-nir •a partir de ellas mismas y desde su propia dinámica. sus intereses, objetivos y finalidades. A veces no han te2: nido más remedio que negociarlos con los actores del sis-tema político; otras, han podido imponer sus defmi. ciones al conjunto de la sociedad.

La corporatización de las Fuerzas Arznadas —en p' ticular la del Ejército, que es la institución que preferen. temente intef esa aqul-'-- es un producto añejo; un impw. so arraigado en ellas desde mucho tiempo atrás. R. nociendo sus antecedentes más lejanos en la politizaó n t

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de lo militar que generé la Revolución Libertadora —es-pecialmente en Ja purga de la oficialidad del Ejército pe-ronista, Ja restauración liberal que le siguió y los fusila-mientos utilizados con criterio escarrnentador— podría decirse que tomó concretamente cuerpo en tiempos de Frondjzj. En particular, con la revuelta de Toranzo Montero, cuando siendo Comandante en Jefe del Ejér-cito, se rebeló contra su Secretario de Guerra. Este enfrentamiento entre el último y más impórtante escalón del escalafón institucional normal (el Comandante en Jefe), por lo tanto un cargo profesional (ocupado por un oficial en actividad), y un cargo perteneciente al gabi-nete, por lo tanto político (ocupado Ja mayoría de las ve-ces por un oficial retirado, por lo común afin al partido en 'el gobierno), anticipé la fisonomía de un conflicto que se desenvolvió durante los años posteriores. Desde ese entonces se desatóuna•"pugna'organigrainática" que dio como resaltado la progresiva absorción de las funciones políticas del cargo perteneciente al gabinete (el Secretario) por. parte del cargo perteneciente al esca-lafón profesional (el Comandante). Lo que,en concreto quiere decir que el Comandante en Jefe fue sumando a sus responsabilidades profesionales, las funciones políti-cas que expropiaba al otro cargo. .

En 1966 el proceso estaba consumado: la Revolución Argentina directamente suprimió las Secretarías de las Fuerzas. Desde entonces; conducción profesional y con-ducción política de las instituciones castrenses quedaron reunidas en la cúspide de la jerarquía. También a partir de ese momento quedó entronizado un principio desti nado a hacer fortuna en la historia posterior de los insti-tutos castrenses: el criterio de que la posición política de cada una de las Fuerzas fuesefijada porsucespectivo Comandante, ,r:-t. a

Obviamente; en 'el trasfondo ide: estatpugna orga-nigramática? se hallaba .una disputa central a la corpo-ratización: la subordinación o la autonomía de losinsti-tutos militares frente al poder político civil. El triunfo de

la autonomía condujo, a partir de 1966, a formas cada vez más autodéfinidas y autosustentadas de intervención militar sobre el Estado. No es ésta seguramente la opor tunidád de efectuar,una reseDa histórica de las modali-dades díintérvención seguidas por los militares en 1966 y 1976. Basta señalar que ambas fueron diferentes a las seguidas anteriormente y significaron, en realidad, una modificación drástica de los comportamientos previos. El intervencionismo militar desarrollado entre 1955 y 1966 tuvo un afán ortopédico a la postre inalcanzable. Los militares daban golpes o avanzaban de otras mane-ras sobre el poder del Estado ,en procura de encontrar una salida a corto plazo, fuñdadá sobre los partidos dis-tintos del peronismá, que permitiese la vigencia de una democracia potable a su paladar. ,Desdç 1966, en cam-bio, buscaron instalarse de manerá prolongáda en el po-der para, a partir de una gestión encabezada por ellas mismas, producir las transformaciones que permitiesen, luego, la !nstalaciPn de una democracia hecha ala medi-. da de sus necesidades y apetencias. Es decir, supusieron que se debía trocar el corto plazo por el largo, y que la solución no estaba en insistir con los partidos existentes distintos del peronismo, sino en redefinir todo el sisterná político.

Con la reinstalación de la democracta en 1983, las ins-tituciones militares se replegarán hacia una actitud cor-porativa que, en comparación con las etapas anteriores, podria definirse como defensiva. Perdido el poder poli-tico y en retirada, buscaron en lo posible preservar sus márgenes de autonomía en lo relativo a la fijación de sus fines y funciones. Procuraron evitar que los poderes públicos ejerciesen una fiscalización y control de sus ac-tividades —esto era visto como una intromisión— y pre-sionaron sobre dichos poderes en procura de alcanzar salidas y soluciones satisfactorias desde su punto de vis-ta para diversos problemas —el alineamiento estratégico a escala continental, las definiciones en torno al proble-ma de la seguridad interior, la ley de defensa, el manejo

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del 'preiiuestó, entriros— 3i en particular Para 'l cuestión de los juicios • ,Al amparo de la deficiente política gubernaméntal pa. ra el frente militar, la acción corporativa de los instiÑt tos castrenses fue ganando terreno. De este • modo'j principal problema que debía enfrentar en concret&ijxj redefinición de las relaciones cívico-militares que fo?E leciese al "polo"civil y reencuadrase al militar coñfó? me a una pautade subordinación, quedaba sin resólv: Lo qué naturalmente favorecía las aspiraciones déi instituciones militares *4

La crisis de Identidad que incubaban, sin embargo;iib pudo alapostre ser contenida y procesáda enel interiáir de las misnias y'terminó por estallar, incontenible. tI enfrentamiñto entre sectores internos,1a puja eiiti grupos portadores de diferentes concepciones acercá de lo que eberíañ ser los institutos castrenses, con lecturs distmtas de aspectos sustanciales del pasado inmediato' inóÑso con liderazgoí eii pugña pasó a un primér plano'. La acción corporativa quedóara1iiada, la unidad rota y, sorprendentemeñte, cobijada por el equilibrio c&-tasti-óflco que protagoniiaban los 'grupos militará enfréntados, sucedió la recuperación dé un protágoni mo cívico, que para abril o mayo del año pasad&pareclá irremediablemente perdido. -

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2. El protagonismo cívico: voluntad y saber ,

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La reóuperación del protagónismo cívico merece ser reflexionada atentamente. Sucede en una coyuntura es-pecifica pero .no es un producto merameñte circunstan-cial. Si bien es verdad que el equilibrio catastrófico favo-

. reció la reaparición de un protagónismo de la sociedad política, también lo es que el gobiernohabíal resignado

1 previamente todas sus posibilidades, a:pesarde contar con elementos objetivos como parapoderiejercitarlas. Quieró decir, endefinitiva, que haSi un sustento objetivo para el protagonismo cívico, más allá de que exista o no voluntad política ¡ara llevarlo adelante y con indepen-dencia dé las'situaciones en que dicha voluntad deba si- tuarse y desenvolverse. . r .

Anté la acumulación de desaciertos del radicalismo en materia de política militar y cón el fragor de los días de Pascua, se perdió d&vjsta la existencia de un férreo con-sénsó interno en torno de la democracia que, sumado al explícito apoyo recibido del contexto internacional, res -la toda viabilidad políticá a cualquier aventura de los militares. A su vez, la reencontrada estabilidad política coñstituye ¡o, escenario —que sirve de continente al con-senso interno— que tiende a licuar y redefinir lodo in-ten lo de proyección castrense sobre la esfera política.

Esta perspectiva ilumina con una luz particular la te: mática de las posibilidades y los modos de intervención cívica sobre la redefinición de laidentidad militar. La re-cuperación del protagonismo cívico no es solamente un áccidentecircunstancial. El rol decisivo jugado por los poderes públicos en la resolución de los enfrentamientos militares de enero no es un episodio meramente coyun-tural La solidei de ñuestra actual estabilidad política no parece una azarosa casualidad. Esto debe ser reconocido y valorado en sus justos términos, a la hora de calcular probabilidades y examinar perspectivas. Seria una inge-

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nuidad pretender ignoiar que ftie la ciréunstancia del es-tallido de la crisis de la identidad militar la que le devol-vió el protagonismo al sistema politico. Pero sería tan.. bién absolutamente insuficiente detener el análisis allí. Los factores mencionados precedentemente —básica-mente el consenso y la estabilidad— no han surgido re-cientemente. Están desde el tiempo en que se reinstalé la democracia entre nosotros, ofreciendo un sólido sub-suelo a una capacidad de intervención que puede favore-cerse o potenciarse con una coyuntura determinada, pe-ro que en lo esencial no depende de ella.:•

Después de enero, entonces, las posibilidades de una intervención activa del sistema político y en general de la ciudadanía en la discusión de la recomposición de la identidad militar, ya sea a través de las instituciones de la sociedad política (partidos, comisiones del Congreso, etc.) ya de las instituciones de la sociedad civil (prensa, sindicatos, universidad, etc.) han quedado nuevamente abiertas. La materialización de dichas posibilidades de-pende centralmente de una voluntad poiltica cuyo ingre-diente fundamental debe ser colocado por el partido de gobierno. Nada ni nadie puede reemplazar al oficialismo en este terreno. Sobre esto más vale no llamarse a enga-ño. Tratándose de las relaciones cívico-militares, la me-moda de un miedo que aparece siempre nítida entre los que no usamos uniforme, no cesa de recomendarnos prudencia. Por eso es preciso reconocer más allá de toda bandería o simpatía política, que el oficialismo está en mora en este terreno y que debe exigírsele, ya que se ha abierto una segunda oportunidad, que la transite plena-mente, que no transija ni se doble, .que aprenda de su propia experiencia previa y que abandone actitudes del pasado inmediato...

Pero también es necesario reconocer que junto a la voluntad de poder es preciso tener claridad acerca de lo que hay. que hacer. Y en este terreno estamos en mora todos: oficialismo; oposición y ciudadanía en general.

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3. Consenso y estabilidad

Miradas las cosas desde la problemática del saber se destacan dos grandes cuestiones: a) conocer bajo qué condiciones deberá desenvolverse la voluntad de poder, y b) hacia dónde debería orientarse ésta, es decir, hacia qué objetivos.

La primer cuestión remite a los temas del consenso y la estabilidad. Se ha dicho más arriba que la existencia de un férreo consenso en tomo de la democracia resta viabilidad política a cualquier aventura de los militares. Esto es fácilmente comprensible. La ciudadanía no pa-rece dispuesta a dejarse arrebatar fácilmente un sistema que aprendió a valorar en condiciones excepcionalmente duras. El consenso es el resultado de la evaluación de una de las experiencias más traumáticas que hemos pa-decido los argentinos en lo que vá del siglo. Los horrores del PÑjceso el recuerdo de la impunidad, la absoluta falta de libertades y de garantías individuales, la impo-tencia frente a decisiones de terceros tomadas en base a la coerción, séncillamente el miedo y la opresión, condu-jeron a una revalorización de la democracia, que ini-ciada en el plano de lasconciencias individuales, termi-nó alcanzando una extensión que la convirtió en un fe-nómeno colectivo.

La defensa de las formas democráticas de vida y el rechazo yio condena de todo intento de intervencionis-mo militar van de la mano .De manera que toda iniciati-va militar desestabilizadora 1 choca inmediatamente contra un vallado que erige la propia gente. Los sucesos de Pascuae incluso los de Moñte Caseros ilustran per-fectamente este punto.Las plazas y los alrededores de los cuarteles fueron ganados por mñchedumbres que eran al mismo tiempo espectadoras y espectáculo: trata-ban de informarse ii's sitiÉ de lo que pasaba, pero además

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presionaban, repudiaban y fiasti insiiltabah á los silble-vados que en los puestós de guardiá quedaban al alcance de sus voces. Pero además de este vallado, que es una de las caras del consenso, existe otra que hemos menciona. do ya anteriormente. La capacidad militar para pre-sionar a los poderes públicos se funda en una dástica y última amenaza: desplazar por la fuerza a los gobernan. tes civiles, o sea el golpe. . Pero ¿qué viabilidad tendija un golpe en el contexto de un firme y extendido consen-so democrático? Navegaría en contra de una corriente —que se beneficiaría, incluso, con el 'apoyo interna-cional— que terminaría desgastándolo y destruyéndolo. Una porción de esta faceta se vió también en Pascua. Pi-co y sus hombres tenían todas las posibilidades en las manos al término del enfrentamieñto. Sin embargo, na-da pudieron hacer contra la decisión. presidencial de nombrarlo a Caridi. No porque éste tuviçse un respaldo interno que contrapesase la fuerza de los primeros, sino porque la única carta que podía intentar jugar para tor-cer la voluntad del presidente —que era quien había de-signado al jefe del EMGE— éra la amenaza de despla-zarlo. Y este fue un paso que nunca se atrevieron a dar, aún cuando desde el punto de vista dé la correlación de fuerzas militar, hubo momentos en que tuvieron, sobre Caridi al menos, una apreciable superioridad

Asilas cosas, convendría que se reconociese que la ac-ción corporativa castrense y la presión militaren general tienen un límite. El no poder franquearlo las coloca en una desventaja que debería ser aprovechada por la civili-dad. . La renuncia al protagónismo cívico por témor a una reacción drástica de las Ftierzas Armadas o incluso a un golpe es algo que no se justifica desde ningún punto deista. Es una concesión inútil, que no reporta ningún benéficio. Puede afirmarse, en consecuencia, que el con-senso en torno de la defensa de la democracia constituye un límite hasta el morneñto infrañqueable para la pre. Sión militar, que podría servir de base a una firme y deci-dida voluntad de transformación de las relaciones

cívico-militares. Coyunturalmente, además, esa volun-tad se vería beneficiada por la persistencia de la crisis castrense que sólo concluirá cuando se redefina la iden-tidad militar y que hasta que eso suceda continuará reclamando la asistencia de los poderes públicós.

La problemática 'de la,estabilidad, es un poco más compleja. Qúizá p& y eso, no obstante su centralidad, no se ha désarÑllado hasta el momento uná discusión profunda sobre ella.

La estabilidad es el rasgo más novedoso y más signifi-cativo que ha. adquirido, el sistema político argentino desdela reimplantación de la democracia. En la medida en que cons tuye un pilar fundamental para la persis-tencia' de ésta y una conditio sine qua non pas.a su de-sarrollo, debería A concitar fuertemente lí atención de analistas 'e investigadores. Mirando desde 'la vereda opuesta podría señalarse que fue la ausencia de estabili-dad el rasgó predominante del período 'comprendido entre 1955 y 1983, y que parecería existir un vínculo di-recto entre la iñestabilidad y el intervencionismo militar.

.Conel ánimo pues de colaboraren el desarrollo de un debate iñdispensable no sólo para clarificar en qué con-texto y hacia qué objetivos debería dirigirse una volun-tad de poder destinada a modificar las"relaciónes cívico militares, sino también para atisbar hacia qué rumbos se desarrollará la democracia, expondré algunas considera-ciones séguranierite incámpletas e inevitablemente pro-visoriás, sobre el particular: r

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4. Inestabilidad pasada y estabilidad presente

Convendría cornenzár, procurando alcaniar un diag-nóstico sobre nuestra inestabilidad pasada, para desde allí intentar establecer qué sustenta la estabilidad actual. En este plan, lo primero entonces sería describir la inei-tabilidad. Durante las casi tres décadas que corren entre los altos mencionados más arri&a, se sucedieron 17 pre-sidentes (excluyendo a Raúl Alfonsín, a quien se prefiere aquí considerar corno el iniciador de un nuevo ciclo). De ellos,. 9. fueroñ jefes militares surgidos o sostenidos pdr golpes de Estado.triunfantes (Eduardo Lonardi, Pedro E. .Aramburu,.Juan C. Onganía, Roberto M. Levings-ton, Alejandro A. Lanusse, Jorge R. Videla, Roberto E. Viola, Leopoldo F. Galtieri y Reinaldo B. Bignone). Uno fue un civil surgido de un levantamiento militar vic-torioso que en lugar de un unifórmado prefirió darle una fachada institucional al gobierno de Jacto que ins-tauré (José M. Guido). Otros dos fueron támbién civiles que formaron gobiernos con una precaria base de legiti-midad pues surgieron de elecciones organizadas y super-visadas por dictaduras militares que proscribieron al pe-ronismo (Arturo Frondizi y Atturo illia). Dos fueron presidentes de transición bajo distintas cóndiciones que no es del caso examinar en este momento (Héctor J. Cámpora y Raúl Lastiri). Sóló uno fue plenamente constitucional y elegido bajo circunstanciaí que conce-dieron a todos los partidos y a todos los candidatos las mismas posibilidades de ser escogidos (Juan D. Perón). Finalmente, una sucedió a un presidente fallecido en el ejercicio del cargo (Maria E. Martínez de Perón).

El. hecho de que, el período, se abra con el derroca-miento de un gobierno peronista —el de Perón en 1955— y . se cierre con el derrocamiento de otro —el de María E. Martínez de Perón, en 1976— y con la ms-

tauración hasta 1983 de una nueva dictadura militar, es revelador de cuáles fueron sus características, centrales. El enfrentamiento peronismo-antiperonismo fue el:ras-go fundamental de esa etapa ene! plano político. Existió entre ambos campos de fuerza un empate hegemónico; es decir, una situación en la que ninguno de los dos po día imponer sus proyectos para la sociedad de manerá perdurable. El empate, sin embargo, no se construít.,a partir de un arsenal de recursos semejante para ambos. bandos. En la arena política se cruzaban armas diferen-tes El peronismo ponía una amplia aceptación social 1 y, un caudal electoral imbatible en elecciones limpias. El antiperonismo ponía, básicamente, el intervencionismo' militar, cuando era desbordado electoralmente por el peronismo o corria el riesgo de serlo.

Si bien se miran las cosas puede decirse que uno de los rasgos del período es precisamente la exclusión del pero-nismo: sólo en 1973, cuando tras 18 años de resistencia parecieron agotarse los recursos de contención del anti-peronismo —recuérdese que desde 1969, cuando suce-dieron el Cordobazo, el Rosariazo, etc.; se vivía un cli-ma de intensa agitación social; al que se sumó luego el. accionar de la guerrilla urbana— se permitió la partici-pación electoral del peronismo:

Resumiendo, entonces, puede decirse que la inestabi-lidad del pasado se fundaba en el enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo, que pugnaban en el marco de un empate hegemónico:Este, a su vez, tendíá a resolverse mediante la exclusión del peronismo, el que no obstante conservaba una capacidad de veto que apli-caba a impedir la consolidación de las distintas variantes gubernamentales intentadas por el antiperonismo...

¿Por qué existía un tan alto nivel de rechazo recíproco entre uno y otro campo de fuerzas? ¿Qué los hacía tan mutuamente excluyentes? ¿Por qué la pugna entre am-bos dió lugar a modos tan violentos de práctica política? En definitiva, ¿por qué la inestabilidad tomó la. forma de una pelea tan dura y tan salvaje, como la que hemo's

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librado en el pasado los argentinos?.. « - No son pocos los que creen que se trata de un proble-

ma de cultura política: Aquí se inscriben tanto los que plantean ramplonamente' que el peronismo r posee un componente autoritario que lo recorre como 'una tara genéticamente heredada —ruán por la cual era necesa-rio excluirlo de la participación política— hasta los que más sofisticadamente sostienen que un rasgo de nuestra cultura política es la tendencia a la reducción de la polí-tica a guerra, lo que conduce no a una competencia entre adversarios sino a una batalla entre enemigos. Este último argumento tiende notoriamente a ser aplicado también a la interpretación del peronismo. Se dice, por ejemplo, que su inclinación a definir los conflictos polí-ticos en térÑinos de un enfrentamiento entre la Nación vs. la Antinación (o la Antipatria) convierte a los adver-sarios en enemigos por definición. No se trata de conna-cionales pugnando por alternativas diversas sino de un conflicto que pone en juego la totalidad de la identidad.

Es verdad que no le faltan asideros a esta argumenta-ción: hay un peronismo de derechas que consume ese ti-pode planteamientos. Pero aún cuando forzando las co-sas exttemadamente pudiera ser extendido para abarcar al conjunto del peronismo, la formulación sería todavía insuficiente para encarar el temá de la in,estabilidad. Si de inestabilidad hablamos, una vez que hemos descripto sus rasgos fundamentales, una de las cosas que central-mente hay que explicar es la exclusión del peronismo.

No parece muy razonable que quienes le brindaron ministros, gobernadores, diplomáticos y hasta intenden-tes a las distintas dictaduras de turno esgriman el autori-tarismo peronista como justificación de su exclusión po-lítica. Tampoco resulta suficiente acudir a los rasgos be-licistas de la cultura política del peronismo para explicar los golpes de Estado habidos desde el de Lonardi/Aram-buru hasta el de Videla/Viola. Afirmar que, la instaura-ción de regímenes dictatoriales era necesario para preve-nir el autoritarismo peronista es, lisa y llanamente, una

necedad. Sin desestimar la importancia de indagar los rasgos de nuestra cultura política para conocerla y, en lo posible, mejorarla —lo que obviamente resulta diferente de pretender fundar sobre ella la explicación de la mesta-bilidad— es preciso buscar las fuentes de ésta en otro lado.

Quizá tenga más sentido preguntarse ¿por qué ambos campos de fuerza tenían un alto nivel de rechazo re-cíproco, qué los hacía mutuamente excluyentes? ¿Acaso eso tenía algo que ver con el tipo de proyecto que enar-bolaban para orientar los rumbos del desenvolvimiento nacional, o si se ptefiere una formulación más sociológi-ca, para orientar los modos de intervención de la so-ciedad sobre sí misma?

Sin duda si. :La larga etapa en que fue factible el despliegue de un modelo de acumulación basado sobre la sustitución de importaciones combinado con una po-lítica de exportaciones primarias que allegaba recursos en divisas que permitían sustentar precisamente dicha sustitución; tenía dos grandes modos de ser gestionado estatalmente. Uno era un modo reaccionario y el otro un modo progresista.

El modelo reaccionario privilegiaba los intereses y as-piraciones de los sectores,agroexportadores y aún de los industriales locales (más tarde también los transnaciona-les) más concentrados. Secundariamente entraban el empresariado local pequeño y mediano y las capas me-dias urbanas. Los trabajadores urbanos habían sido excluídos durante el'primer período de vigencia de la sustitución de exportaciones reaccionariamente ges-tionada (o sea, durante la llamada "Década Infame"). En un segundo momento —período 1955/73— mejora-ron su modo de participación pero sin abandonar nunca una posición subalterna. Rasgos centrales de este mode-lo eran la aceptación de la subordinación a los centros hegemónicos de poder mundial y la pasiva resignación con que se aceptaba una dinámica de desenvolvimiento económico que combinaba una especialización produc-tiva agroexportadora con una débilmente integrada

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estructura industrial en la que coexistían sectores de alta tecnología y productividad junto a otros que no habian abandonado aún un estadio arcaico o de escasa comple-jización tecnológicá. Podría decirse a modo de síntesis que modo reaccionario de gestión de la sustitución de importaciones y lo que entonces se llamaba subde-sarrollo corrían parejos.

El modelo progresista, en cambio, partía de la sustitu-ción de importaciones pero pretendía superarla. Me-diante una intervención decidida de! Estado que le per-mitiese controlar el comercio exterior, regular la asigna-ción del crédito, fomentar el desarrollo industria], avan-zar hacia niveles crecientes de sustitución hasta alcanzar la industria de base, modificar los modos de relación entre la economía agraria y la urbano-industrial, en-sanchar el mercado interno y ampliar la participación económica de los sectores subalternos, entre otras ini-ciativas relevantes, procuraba trocar la dependencia en independencia, y el subdesarrollo en desarrollo autosus-tentado. En consecuencia no privilegiaba ni la subordi-nación internacional, ni las aspiraciones de los sectores agroexportadores o industriales más concentrados. Al contrario, convocaba a constituir un conglomerado en el que participasen activamente los productores me-dianos y pequefios,las capas medias urbanas y los traba-jadores urbanos y rurales, que modificase las relaciones de poder habitualmentealojadas en la base del Estado para darle sustento, precisamente, al modelo progresista.

La diferencia y la incompatibilidad de aníbos modelos es evidente. Parece suficientemente razonable pensar que el alto nivel de rechaio recíproco que existió entre el peronismo y el antiperonismo se fundó en esa diferencia y en esa incompatibilidad

Puede todavía traerse en apoyo de esta argumenta-ción la experiencia histórica latinoamericana. El modelo' de acumulación fundado en la sustitución de importa-ciones funcionó a escala subcoñtinental y deparó en no• pocos casos la aparición de fuerzas políticas que se con

ivirtieron en los portavoces del modo progresista3Cpn, -inocultables rasgos de parecido de faini1ia,conelpero nismo pueden mencionarse entre otros el caso mexicano. (especialmente durante el cardenismo, pero no'excIusi ivamente), el caso de Arbenz en Guatemala, el .varguis-. -mo y su continuación en Goulart, el Apra, por una parte (y la revolución de Velasco Alvarado, por otra, en elJe: frú, el MNR en Bolivia, el originario Movimiento 26de. -Julio en Cuba y el caso Torrijos en Panamá. Nopuede decirse, que el grado de conflicto entre el modoprogre-sista y el reaccionario haya sido semejante en todoslos casos.:No obstante, puede afirmarse que el rechazo :yla incompatiblidad constituyeron la tendencia predomi-nante.

Una última consideración debe ser efectuada antes de pasar al análisis de la estabilidad presente. ¿Qué papel ha jugado en este esquema el radicalismo? Ha sido cla-ramente un integrante del antiperonismo y ha estado li-gado al modo reaccionario de gestión de la sustitucióñ de importaciones. Esto último con un toque progresista: su pretensión de ser un racionalizador y un administra-dor reformista del órden socioeconómicO y político deri-vado (o derivable) de las potencialidades de los sectores económicamente más poderosos de la sociedad, es una constante histórica. Lo fue con Yrigoyen con respecto al modelo oligárquico; prentendió serlo con Ortíz y, luego, con quienes se inclinaron a una alianza con Justo, por entonces en el llano, e incluso con la Unión Democrática respecto del modelo de la sustitución de importaciones, en la etapa previa y contemporánea al surgimiento.del peronismo. Lo fue también con illia (de nuevo paraun modelo sustitutivo con modo reaccionario). Y lo esen la actualidad, en una circunstancia completamente nueva.

Estamos en condiciones de concluir, entonces, quela inestabilidad pasada se fundaba en la pugna entre.pero-nismo y antiperonismo. Y que la misma se estructuraba a partir de la competencia de dos proyectos politicos con un alto grado de rechazo reciproco —virtualmente eran

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excluyentes— surgidos de los distintos modos de gestión estatal que posibilitaba el modelo de acumulación basa-do en la sustitución de importaciones: un modo reac-cionario y un modo progresista.

Pasemos ahora a la estabilidad actual. La preside un hecho por demás significativ& el triunfo electoral del ra-dicalismo de 1983, el primero legítimó, en cérca de 40 años de historia política. Y la caracterizá otro rasgo igualmente novedoso: la cordial convivencia del peronis-mo y del partido de Yrigoyen. ¿Qué ha sucedido en comparación al pasado? ¿Nos dimos acaso un mágico baño de cultura política? Sin desestimar el positivo hecho cultural que significa la revalorización de la de-mocracia, hay inevitablemente que apuntar para otro la-do en busca de la respuesta.

Si el diagnóstico sobre la inestabilidad que se ha ofre-cido precedentemente es correcto, lo primero que hay que preguntarse es qué ha sucedido con el modelo de acumulación. -

El modelo sustitutivo está agotado. Ha sido superado y desbordado por los efectos de redefinición de una cri-sis que recorre el mundo. La completa revolución de la base técniéa de la producción que han aturado la ciber-nética yla robótica, el terreno perdido por los Estados Unidos y su voluntad de recuperarlo a como dé lugar, la tendéncia a la caída de la rentabilidad empresaria en ac-tividacjes ligadas a la producción de bienes .y, por el contrario, el hiperdesarrollo de actividades financieras y aún especulativas, la conversión de uná extensa zona del llamado Tercer Mundo en exportadora neta de capitales hacia los países centrales, el descómunal fenómeno del endeudamiento externo de• los países periféricos, son apenas algunos de los rasgos de la mencionada crisis. En este contexto, el modelo sustitutivo ha dejado de ser efi-ciente y tiende a convertirse cada vez más en una refe-rencia del pasado. -

No está claro hacia adonde marcha, en general, el mundo periférico. Los paises que han conservado un

cierto dinamismo (Brasil, México, Venezuela) parecen orientarse hacia el mantenimiento de un cierto nivel de actividad productiva interna pero se esfuerzan por con-seguir una mayor integración en el mercado interna-cional. Países que han perdido dinamismo (como la As-gentina o Chile) parecen atrapados por los sarpazos de una búsqueda que todavía no arroja resultados positi-vos. Todo el mundó, por lo demás, se acomoda a las exi-gencias de un ajuste que tiene alcance planetario y pare-ce no admitir excepciones. Pero lo que sí puede decirse sin temor a equivocación es que el modelo sustitutivo se agotó.

En el• caso argentino, además, el - agotamiento del patrón sustitutivo deacumulación estuvo ligado a una deliberada voluntad política interni que wincidió con las teñdencias'del-mercado mundial. Fue una decisión elaborada y racional de los conductores del Proceso la que llevó a la puesta en práctica de una politicaeconó-mica que condujo hacia una marcada redistribución regresiva dei,ingreso, hacia un intento de redisciplina-miento de los sectores asalariados, hacia la redefinición de las funciánes del Estado, acompañada del propósito deáchicarlo y, hacia larnodificación sustancial de la estructura productiva con el objeto de revertir la diná-micé sustitutiva y consolidar1as basesde un nuevo po-der económico. 45

Ahora bien,, agotado el modelo, sustitutivo, sus op-dones ktaccionaria oprogresista han, dejado de tener sentido. En esto comienza a fundarse la superación dela inestabilidad y el encuentr6, poel contrario de una no-vedosa estabilidad.

. • 1 Las características del nuevo patrón de acumulación

vigente son difíciles de recisar,.todavía. Como señalan Azpiazu, Basualdo y Khavisse, si bien se ha consolidado un nuevo podef económico a escala local, las posibilida-

45 véase Azpiazu, ID.; Basualdo, E; y Khavisse, M.: El nuevo poder económico, Legasa. Bs. As., 1986.

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des de ensamble entre éste y las economías centrales no se coordinan fácilmente. En primer lugar porque el de-sarrollo de exportaciones industriales hacia las que apuntaría el nuevo centro de gravedad del patrón local de acumulación, no operaría a corto plazo. El acen-tuado proteccionismo a que dió lugar la crisis mundial, tanto en las economías centrales cuanto en las periféri-cas, obligaría a un arduo y trabajoso período de nego-ciaciones. En segundo lugar, porque la persistencia de una alta tasa de interés en los Estados Unidos convoca a la radicación allí de cuantiosos activos financieros, que sólo podrían tomar la forma de inversiones internas a condición de que las ganancias esperadas localmente, superen la usa de interés del mercado internacional. 46

La deuda externa, los problemas relativos a la cuestión estatal (sus dimensiones, sus funciones, el nivel del gasto público y su orientación) son otras tantas cuestiones pendientes que oscurecen una percepción precisa del modelo vigente. . ..

No obstante puede señalarse que, a diferencia del mo-delo sustitutivo, no aparecen con nitidez modos alterna-tivos de gestionarlo. En tanto que parecería qúe, en lu-gar de intentar controvertirlo mediante la búsqueda y el eventual desarrollo de una alternativa progresista supe-radora, el peronismo parece empeñado en aminorar los costos sociales del modelo en boga, en encontrar cami-nos que permitan renegociar eficazmente la deuda, re-vértir la marginación social, mejorar las condiciones de empleo, elevar en lo posible el nivel de ingreso de los sec-tores populares, detener la destrucción del aparato pro-ductivo y reducir el papel del aparato finínciero dentro del patrón actualmente en desarrollo. Si antescontro-vertía el modelo sustitutivo dependiente y subde-sarrollante, en procura de superarlo, ahora se limita a

46 1b1d.,p.200.

trabajar desde dentro del patrón en curso para mejo-rarlo y humanizarlo.

Sobre el subsuelo de un modelo que no pretenden cambiar sino mejorar o eventualmente perfeccionar, ra-dicalismo y peronismo han ido estructurando una nove-dosi estabilidad, al mismo tiempo que han comenzado a adquirir un extraño parecido.

Luego del largo recorrido al que nos han obligado las cuestiones del consenso y la estabilidad, estamos en apti-tud de afirmar que las condiciones bajo las cuáles debe-ría d'esarrollarse una voluntad de poder tendiente a mo-dificar las relaciones cívico-militares son completamente favorábles al campo cívico. Si el estallido de la crisis de la identidad militar y el equilibrio catastrófico estableci-do entre las fracciones enfrentadas apuraron un retorno del protagonismo cívico, el consenso y la estabilidad constituyen un sólido sústrato del mismo que puede ser-vir de base para su desarrollo y potenciamiento.

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S. Control subjetivo y control objetivo 1. .. ] i ]I . .

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áe intentar responder a la pregunta sobre' los, objetis'os hacia los que debería orientarse una vóluntad de intervenc tón sobre la redefi- nición de la identidad militar

Deberíaapuntarse hacia unarefonnulaciófl de las re- laciones cívicómilitares, que potencie el polo civil y con- siga una efectiva subordinación de los institutos milita- res a los poderés constitucionalesValç decir que la rede-

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finición de la identidad militar debería orientarse hacia la anulación y la superación de: la corporatización castrense. 11

1 Y!

El instrumento de esta reformulacjón debe sin dudas ser la reforma militar. Esta reforma, en el plano políti- co, debería orientarse, conforme a lo enunciado inme- diatamente más arriba, hacia la puesta en' práctica de la pauta de subordinación. En el plano institucional debe-ría producir una reestructuración integral —funcional, doctrinaria, orgánica y conceptual— delas instituciones militares, que implique una verdadera recuperación pro-fesional de las mismas. Deberían caer dentro de su cam-po de acción asuntos tales como redefinir la problemáti-ca de la guerra abandonando el involucramiento en hi-pótesis de conflicto interno para asumir exclusivamente la defensa frente a eventuales agresiones de origen exter-no, en consonancia con la política general : de defensa nacional que se ponga en marcha; delimitar con preci-sión ,la instancia de conducción política de las institu-ciones militares de su instancia de conducción profe-sional; diseñar, con apego a las redefiniciones en mate-ria de defensá nacional y bélicas, el tamaño y el despliegue de las unidades, las doctrinas de guefra, los planes operativos, etc,; desterrar los remanentes de la Doctrina de la Seguridad Nacional que pudieren perma-necer incólumes; y readecuar la educación militar;

No vale la pena insistir sobre los coritenidos de la re-forma militar; han sido suficientemente explorados y formulados en diversos trabajos. Aunque quizá no sea redundante insistir en el hecho de que una satisfactoria reprofesionalizaión'seivitá para'superar desmesüras y deformaciones que se aarrean desde el pasado, así co-mo para recuperas una identidad. Y recalcar que el im-pacto de estas transformaciones sobre lamodificación de las relaciones civico-militares con un sentido positivo, puede llegar a ser significativo

1

Una ultima cuestión que es necesario abordar es el de la metodología a partir de lá cual se debería operar sobre

la redefinición de las relaciones cívico-militares. En este plano es útil seguir los pasos de un viejo planteo formu-lado por Sámuel Huntington en su libro El soldado y el Estado. Esté autor sostenía que la subordinación militar al poder político podía procesarse a través de dos vías. Una era el control objetilw, apoyado en la legitimidad de los ordenamientos y en el respeto de la norma con in-dependencia de quién ocupe los cargos, o de quién man-de y quién se subordine. Se obedece porque así lo manda la ley y hay un consenso actual y actuante que establece que eso debe ser así. La otra vía es el control subjetivo. El fundamento de ésta no es el respeto a la norma en tanto tal, sino una adhesión particularista. Se obedece por .reconocimientó del individúo, por lealtad a un caudillo o jefe, o porque se aceptan sus ideas, no porque se respeteun abstracto procedimiento normativo.

En las éondicionei de la Argentina actual, dados: a) la crisisde la profesión militar; b) la existencia de un con-senso y de una estabilidad democráticos hasti ahora fir-memente implantados y c) la consideración de lo que re-sultaría más apropiado pasa avanzar en la consolidación de la democracia, desde el punto de vista de una recons-trucción institucionaL parecería que lo más conveniente sería inclinarse por una vía de control objetivo.

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6 Final

A lo largo de este trabajo se ha procurado examinar las características de la crisis de la identidad militar y se ha tratado de ver cómo, su estallido y desarrollo condu

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jeron hacia la recuperación de un protagonismo cívico, que tras los sucesos de Pascua y la concesión de la ley de Obediencia Debida, parecía ya corñpletamente extra-viado. Se ha analizado también la política militar del ra-dicalismo y se ha procurado atisbar qué perspectivas asoman para los tiempos por venir.

La complejidad de los sucesos y la actualidad de los hechos considerados seguramente han dejado su huella sobre la mirada que aquí se expone. Este es el riesgo o el costo que acarrea siempre trabajar sobre la coyuntura. Por lodemás, he recortado y organizado el tratamiento del objeto bajo estudio a partir de mi propia experiencia personal política y académica, tal como le sucede a cual-quiera que trabaje en el área de las ciencias sociales. Co-mo si esto no fuera suficiente, los problemas aquí trata-dos no me resultan indiferentes ni me despreocupa el modo en que se los encare y se busque solucionarlos.

Quiero decir en mi descargo que he procurado diag-nosticar conforme a lo que he percibido y no en base a lo que me gustaría. Y que siguiendo las indicaciones de ese gran sociólogo que fue Max Weber he intentado diferen-ciar entre reconocer y juzgar. Seguramente no lo he con-seguido. Pero quizá esta advertencia final ayude al lec-tor a discernir qué de lo leído puede resultarle provecho-so y qué debe cargar a la cuenta de mis prejuicios y juicios de valor.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1988

INDICE

1. Introducción: crisis castrense y posibilidades de la democracia 9

IL La crisis de la identidad militar: antecedentes 19

La derrota de Malvinas 21 El fracaso político del Proceso - 24

La degradación ética 31 Los juicios a los ex Comandantes y a los responsables de Malvinas 33

El elefante famélico 36 La cuestión del honor 40

1ff El fracaso del Punió' Final 43 La endeble política militar del radicalismo 45-• Los juicios 49 Razones para el fracaso 55 La búsqueda del "punto final" 58

S. La ley de Punto Final 63

IV. El estallido de Semana Santa 69

Prolegómenos 71 El alzamiento 74 ¿Quiénes, por qué? 78 ¿Quién defiende a la democracia? 83

¡Felices Pascuas! ¿Qué se negoció? 86

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Y. La ley de Obediencia Debida 91 Proyectos 93 Digresión 98

VI. Entre abril y dicié,nbre 105 Primera reestructuración: ¿en busca de la convivencia? 107 Agrupamientos e identidada 111 Los planes de Caridi 118 Los "fierros" contra el Boletín Militar 126

VL Las jornadas de enero 131 Rico vs. Caridi: segundos afuera' 133 La ofensiva de Rico - 134 La respuesta oficiaV 138 El enfrentamiento » 140 Este libro se terminó de

imprimir ci 29 de abril de 1988 .Por quéperdió Rico? 145 en Gráfica Yanina,

República Argentina 2686,

VIL Conclusiones y perspectivas . :149 . 1. Valentín Alsina, Pcia. Buenos Aires

Argentina. Corporatización vs. crisis 151

.

El protagonismo cívico 155 ..... Consenso y estabilidad 157 Inestabilidad pasada y estabilidad -

presente ::: 160 Control subjetivo y control objetivo

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Final 171 •n.

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