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Estudios Policiales

ISSN 0718 – 5464

Nº 3, noviembre 2008

“En la senda del liderazgo policial”

Las opiniones y conclusiones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la política institucional.

Se autoriza la reproducción parcial o total de los trabajos publicados en la revista siempre que se mencione la fuente.

Academia Superior de Estudios Policiales

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Santiago

REVISTA ESTUDIOS POLICIALES

Revista de la Academia Superior de Estudios PolicialesPOLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Nº 3, noviembre 2008 ISSN 0718 – 5464

Director de la Revista Prefecto Claudio Preller Pinochet

Editor Prof. Rogelio Rodríguez Muñoz

Consejo Editorial Prefecto Claudio Preller Pinochet

Comisario Eduardo Silva Fuentes

Prof. Alicia Pincheira Muga

Prof. Rogelio Rodríguez Muñoz

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Director GeneralArturo Herrera Verdugo

Jefe de Educación PolicialPrefecto Inspector Héctor Soto Candia

Director Academia SuperiorPrefecto Claudio Preller Pinochet

Secretario de Estudios Academia SuperiorComisario Eduardo Silva Fuentes

RREEVVIISSTTAA EESSTTUUDDIIOOSS PPOOLLIICCIIAALLEESS

Revista de la Academia Superior de Estudios PolicialesPOLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Sumario

EDITORIAL 7

PARADIGMAS POLICIALES ORIENTADOS A LA 11COMUNIDAD EN AMÉRICA LATINA: ENTRE REALISMO MÁGICO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOPatricio Tudela Poblete

CLÉRIGOS, LAVADORES Y TRÁFICANTES: EL CASO 35DE LOS NARCODIEZMOSDavid Muñoz Condell

MODELO DE GESTIÓN APLICADO A DECISIONES DE 55 PRODUCCIÓN EN LA POLICÍAAlejandro Palacios Huerta

COMENTARIOS Y ALGUNOS ALCANCES POLICIALES SOBRE 77LA LEY 20.253 - AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIAJosé Larregla Burdiles

CRIMEN Y COSTUMBRE EN LA SOCIEDAD MAPUCHE 85 CONTEMPORÁNEA: LA PERSPECTIVA PERICIALPablo Rossel Echagüe

FEMICIDIO 101Javier Muñoz Endre

NOTAS SOBRE LIBROS 125Rogelio Rodríguez Muñoz

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA SUPERIOR 129

CRITERIOS EDITORIALES 141

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Revista Estudios Policiales No 3, noviembre de 2008

EDITORIAL

Se aproxima el fi n del año académico, momento propicio para re-fl exionar sobre el desarrollo de la gestión formativa que se ha lle-vado a cabo en la Academia Superior. Y en todos estos meses no

podemos sino destacar la excelencia académica de este proceso: la com-prometida labor de los funcionarios y los docentes y los positivos resul-tados alcanzados por los ofi ciales alumnos, luego de sortear con éxito todas las exigencias y los desafíos planteados a principio de año.

Asimismo, el área de Investigación cobró mayor fuerza y una mani-festación de ello fue la generación del Seminario Internacional de Pro-piedad Intelectual, efectuado en el mes de octubre en nuestro plantel y del cual se entrega mayor información en páginas posteriores (sección Actividades Académicas).

Y, fi nalmente, no podemos dejar de mencionar nuestro proyecto de formación y perfeccionamiento continuo para el personal institucional de la PDI, fruto de un convenio con la Universidad de Barcelona, que comenzará a ver la luz en el año 2009. Este programa contempla cursos relacionados con la gestión y dirección de la Policía, así como con la di-rección y el análisis de la seguridad; cursos de especialización y actualiza-ción para docentes e instructores de la Policía, y un Magíster en Gestión y Planifi cación Estratégica. Con esto la Academia Superior amplía su oferta formativa con Diplomados y Magíster relativos al ámbito policial, pero abriéndose también a la sociedad, ya que invitaremos a participar –en algunas de estas instancias de enseñanza-- a civiles interesados en estas materias.

Ahora la invitación es a leer. Presentamos en este número, en pri-mer lugar, el trabajo del profesor Patricio Tudela Poblete “Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: entre realismo mágico y gestión del conocimiento”, que aborda las estrategias policiales orientadas a la comunidad, su situación de origen y sus características. Examina también los modelos de “policiamiento orientado a la comu-nidad” y “policiamiento orientado a la solución de problemas”, y los re-sultados asociados. También se establecen implicancias para su aplica-ción. La tesis del autor es que la demostrada falta de efi cacia y la escasa legitimidad social de las policías en la región transforman el examen de

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los modelos de gestión policial o “policiamiento” (policing) en un impe-rativo.

En segundo lugar, viene el artículo de David Muñoz Condell “Cléri-gos, lavadores y trafi cantes: el caso de los narcodiezmos”, donde se exa-mina la vinculación entre organizaciones criminales nacionales e inter-nacionales con algunas instituciones eclesiásticas y sus ministros, que han sucumbido ante las “narcofrendas” o los “narcodiezmos”, debilitán-dose así el rasgo moral y valórico de estas iglesias.

Alejandro Palacios Huerta nos entrega, a continuación, su colabora-ción “Modelo de gestión aplicado a decisiones de producción en la Poli-cía”, que describe un modelo de gestión desarrollado para ser utilizado en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) como herramienta de pla-nifi cación y control. En planifi cación, este modelo permite determinar la combinación de dotación y productividad óptima requerida para pro-ducir, en una unidad operativa, servicios policiales efi cientes, efi caces o de calidad que posibiliten satisfacer la demanda estimada del Ministe-rio Público en un período determinado. Como herramienta de control de gestión permite medir, controlar y analizar la gestión de manera ex –post, determinando desviaciones de efi ciencia en el uso de recursos en términos de productividades y dotaciones requeridas.

El ofi cial alumno José Larregla Burdiles escribe, seguidamente, “Co-mentarios y algunos alcances policiales sobre la Ley 20.253 - Agenda Corta Antidelincuencia”. Expone las modifi caciones legales más direc-tamente vinculadas con el quehacer preventivo de la Policía de Investi-gaciones de Chile y concluye que, conjuntamente con haber ampliado las facultades policiales relacionadas con la prevención del delito, más allá de toda discusión doctrinaria se han otorgado certezas fundamentales a determinadas actuaciones de la Policía, particularmente en lo que se refi ere a la fl agrancia.

El quinto trabajo --“Crimen y costumbre en la sociedad mapuche contemporánea: la perspectiva pericial”, de Pablo Rossell Echagüe— co-mienza ubicando el marco histórico y conceptual que da origen a la peri-cia antropológica en justicia penal. Heredera de la pericia psiquiátrica, la antropología latinoamericana debe enfrentar los problemas de adecuar fi guras de inimputabilidad, asociadas al “demente”, para su aplicación al indígena que no pudo actuar culpablemente por sustentar una inter-pretación divergente de la realidad, en particular en materia de delitos y penas. Luego, se caracteriza la aplicación de la pericia antropológica en la justicia penal chilena, en casos de imputados mapuches. Finalmente

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se evalúan proyecciones y tendencias para este ejercicio de antropología aplicada.

Cierra la sección Artículos el trabajo titulado “Femicidio”, del sub-comisario Javier Muñoz Endre. Este escrito nos pone frente al fenóme-no de la violencia intrafamiliar, indicando algunos enfoques para com-prenderlo. Respecto del femicidio mismo --resultado extremo de esta violencia-- nos señala que en nuestro país, así como en Latinoamérica en general, los datos disponibles sobre estos casos son todavía escasos, aunque cada vez más surgen importantes investigaciones desde las uni-versidades y ONGs. Nos da a conocer el marco normativo, tanto en el ámbito internacional como en el derecho interno, las facultades de la Policía de Investigaciones ante la violencia intrafamiliar y el rol que jue-ga nuestra Institución ante este fenómeno, especialmente a través de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia.

Claudio Preller PinochetPrefecto

Director Academia Superior

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PARADIGMAS POLICIALES ORIENTADOS A LA COMUNIDAD EN AMÉRICA LATINA:

ENTRE REALISMO MÁGICO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Patricio Tudela Poblete (Ph.D)*

1.-TENDENCIAS SOCIO-POLICIALES RELEVANTES EN AMÉRICA LATINA

A la luz de las tendencias socio-políticas y delictuales en la región, sin duda la relación de la policía con la comunidad se vuelve un campo a examinar, más aún cuando en él se refl ejan ciertas ex-

pectativas político-sociales y deontológicas sobre la actuación policial en un contexto democrático.

Las actuaciones en los campos de la inseguridad y de la gestión pú-blica obedecen a las culturas políticas y modelos conductuales dominan-tes. Estos no son uniformes y su aceptación varía en cada segmento. En esta interrelación tanto la sociedad civil como la organización policial actúan en función de intereses y valores en torno a la convivencia mutua, y éstos impulsan, demandan o se traducen en algunos casos en cambios y transformaciones en una policía.

Los modelos policiales pueden clasifi carse en dos vertientes (Torren-te 2001: 243): aquellos cuyo eje rector es la legalidad y el cumplimiento de la ley (modelo racional-burocrático) y aquellos sujetos a la infl uencia de la comunidad, la policía y la autoridad y la legalidad misma en la de-fi nición de su quehacer y función (modelo comunitario). En estos casos,

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* Dr. en Antropología (Universidad de Bonn, Alemania), Master en Gestión y Dirección de la Seguridad (Universidad de Barcelona, España), Profesor de la Academia Superior de Estudios Policiales (ASEPOL) y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Policial (CIDEPOL), de la Policía de Investigaciones de Chile. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

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la infl uencia y relevancia del entorno social, de la comunidad y de sus líderes es determinante para la actuación policial, y es por ello que pue-den califi carse como “de orientación socio-céntrica”, en oposición a un esquema más auto-referente y legalista.

La relevancia de estos modelos no radica sólo en su carácter para-digmático, sino en lo que provocan y evocan, según el contexto de im-plementación y aplicación. Cuando las sociedades enfrentan desarrollos políticos “democratizándose”, la función policial no queda al margen de un proceso de revisión y depuración: emergen expectativas y exigencias que implican en algunos casos una redefi nición. Esto último es válido, particularmente en América Latina.

En efecto, las fuerzas policiales de diversos países de la región han venido enfrentando serios cuestionamientos y críticas producto del ex-ceso de violencia en el cumplimiento de sus funciones, de corrupción. de carencia de autonomía profesional con respecto del ejército, de cor-porativismo institucional y de serios problemas de profesionalismo. De acuerdo al Latinobarómetro 2007, con la excepción de Chile, Nicaragua y Uruguay, la confi anza en la efi ciencia policial es baja.

En este contexto la realidad socio-policial en nuestro hemisferio es preocupante. Con mayor o menor énfasis se constata una crisis que se arrastra por años. La mayoría de los investigadores coinciden en cues-tionar los modelos y estrategias de gestión policial1 y manifi estan dudas sobre su verdadera efi cacia en la reducción del crimen y la violencia.

1 Según Rico y Chinchilla (2006: 18-20), en América Latina los principales problemas que, con diversa intensidad, enfrenta la mayoría de los servicios policiales se asocian a: fuerte dependencia de la política; militarización; débil cultura democrática; difi cultades en la obtención de los resultados esperados; ausencia o serias defi ciencias en cuanto a los mecanismos de compilación y análisis de información, gestión, planifi cación y evalua-ción; persistencia de esquemas centralizadores y estrictamente jerarquizados; defi cien-cias en el reclutamiento; ausencia en algunos países de una verdadera carrera policial; efectivos insufi cientes; carencia de recursos fi nancieros, bajos sueldos y difíciles condi-ciones de trabajo; defi ciencias en cuanto al régimen disciplinario ; ausencia generalizada de mecanismos transparentes de rendición de cuentas (de especial importancia por la amplitud y naturaleza de las funciones policiales) y acceso a la información; limitada coordinación entre los servicios policiales, así como entre estos y otros componentes del sistema penal (en especial el Ministerio Público y los tribunales); percepción negativa sobre el desempeño policial contra la delincuencia y en general falta de credibilidad en la policía, lo que difi culta las relaciones de la policía con la comunidad; persistencia de corrupción, prácticas represivas y graves violaciones de los derechos humanos; prolife-ración incontrolada de servicios privados de seguridad; y, ausencia de políticas públi-cas integrales en materia policial y de seguridad ciudadana. Al respecto conviene revisar también otras publicaciones, tales como: Bayley (1993: 33 –36, citado por Frühling 2001: 1-2) Sain y Rodríguez (2004: 4)

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En diversos países se reportan prácticas reñidas con la ética y la deontología policial. La efectividad y la legitimidad de un modelo de ges-tión burocrático de actuación policial estándar quedan expuestas cuando se observa y miden, por ejemplo, el distanciamiento de la comunidad, la inadecuada estructura institucional, el descontrol frente al accionar de la delincuencia, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción poli-cial, la falta de profesionalismo y la insufi ciente capacitación, la pérdida de identidad, la infl uencia política, la falta de recursos para atender las necesidades del personal policial, la falta de medios logísticos, el insu-fi ciente desarrollo de sistemas y la limitada capacidad de planifi cación, monitoreo y evaluación de la labor, entre otros. No obstante, esta no es una situación particular o local. Existe sufi ciente evidencia que muestra que este cuestionamiento tiene una larga data en países tales como Es-tados Unidos e Inglaterra (Nacional Research Council 2004: 5, Roberg et al 2002: 48).

Por otra parte, desde la última década las políticas que abordan el problema de la inseguridad pública ponen en el tapete el derecho de las personas a gozar de una buena calidad de vida, lo que se traduce –entre otras cosas- en un bajo riesgo de victimización por causa del crimen y la violencia y en una mejor calidad de los servicios del Estado (sistemas de protección), en particular el que entregan las policías, por cuanto toda policía está para cumplir un rol de control social que la hace ser la cara visible del Estado y de la autoridad, cualquiera sea las funciones específi -cas adicionales que le asignen la Constitución y las leyes en cada país.

En paralelo, los escenarios internos de inseguridad objetiva y subje-tiva –por cierto, cada vez más críticos en algunos países- van imponien-do una agenda pública que se traduce en un mayor escrutinio público, fi jando la mirada en cómo la policía se hace cargo de un escenario social cada día más inseguro y más complejo. La insatisfacción ciudadana res-pecto de los servicios policiales es uno de los elementos más comunes del panorama de la inseguridad en América Latina.

De esta forma, se observan tendencias socio-policiales que imponen y demandan cambios en la manera de actuar de la policía y en las estra-tegias de prevención del delito y la violencia. Los términos claves y más frecuentes son: credibilidad, confi anza, cercanía, transparencia, probi-dad, respeto de los derechos fundamentales.

Sin duda, los modelos de actuación policial son relevantes, porque todos los policías aprendieron a “ser” policía y a “hacer” su labor. La ac-tuación policial es refl ejo de un ethos laboral y de una cultura policial. De esta forma, ella está compuesta de mitos, convicciones, valores, creencias y patrones de conducta decisivos al momento de comprender el actuar

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cotidiano. Por cierto, desde la perspectiva cultural, no sólo es valido lo que se hace y dice, sino también lo que no se hace, lo no se dice o lo que se dejó de hacer; pues allí de registran visiones y directrices dominantes que guían y hacen posible una u otra conducta.

Un paradigma de actuación policial, en términos prácticos, es un modelo de procedimientos o forma de concebir la manera de hacer las cosas. Los paradigmas sobre el quehacer policial consideran supuestos éticos, deontológicos, políticos y procedimentales que permanecen gene-ralmente de manera oculta (implícitos). Se vinculan con la cultura labo-ral y los valores que guían la actuación. Los paradigmas policiales tienen su origen (su raíz) en la manera de concebir el objeto, la función policial y los fenómenos que les son propios. Como señala Gómez (2003: 3), ser conciente de que se necesita un modelo policial implica inmediatamen-te meditar sobre la policía que se quiere. Esto implica, en nuestro caso, ocuparnos de la matriz de sentido.

Con mayor o menor claridad y aceptación, en las últimas dos déca-das se han instalado en América Latina tres corrientes de cambio que pretenden jugar un papel paradigmático en la función y actuación poli-cial: la reforma policial2, el modelo de orientación comunitaria (Commu-nity Oriented Policing, COP) y el modelo de policiamiento orientado a la solución de problemas (Problem Oriented Policing, POP).

Los tres tienen un énfasis socio-céntrico, anteponiendo la comuni-dad como el principal objeto/objetivo de la actuación policial. Los dos últimos son califi cados como las estrategias más innovadoras, exitosas y prometedoras, según los estudios de impacto en países desarrollados (National Research Council 2004: 5).

2 Las reformas policiales han intentado abordar algunos nudos problemáticos que se constituyen en mayor o menor medida, en su totalidad o en parte, en la agenda de cambio en materia policial para la región, a saber: i) Las relaciones de dependencia de las policías con respecto a las fuerzas armadas; ii) La moder-nización en la organización y administración; iii) La renovación de las políticas hacia el personal policial; iv) El establecimiento de un sistema de control de la calidad de la gestión policial; v) La introducción de estrategias que establecen relaciones horizontales entre la policía y la comunidad; y, vi) El diseño y es-tablecimiento de un sistema disciplinario y de controles externos a la policía transparentes y efectivos. Para una revisión más acabada sobre esta materia se recomienda revisar: Carrión (2007); Frühling (2004 y 2006); Rico y Chinchilla (2006); Ziegler y Neild (2002)

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2.- LOS MODELOS DE POLICÍA DE ORIENTACIÓN SOCIO-CÉNTRICA

En América Latina no existe un único modelo de policía. Tampoco hay una respuesta única o “receta mágica” sobre el perfi l de una policía democrática, moderna y efi caz. En rigor, dada la escasa preocupación científi ca sobre la materia, enfrentamos una importante carencia de es-tudios y caracterizaciones que permitan identifi car factores, atributos y variables comunes y diferenciadores.

La realidad policial en la región es diversa, así lo demuestra la escasa literatura y los estudios sobre las policías de la región (Ambos et al 2003, Caruso et al 2007, Dammert (2007), Rico y Chinchilla 2006).

Esta carencia se traduce en que al hablar de modelos de policía se suele recurrir a la comparación internacional. En general, la línea de aná-lisis se suele fundar en la revisión de policías de países anglosajones, en especial Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto, si bien es útil, incluso a veces la única vía posible, tiene enormes consecuencias, por cuanto en este contexto naturalmente domina un etnocentrismo que en la mayoría de los casos oculta diferencias y factores importantes (Vogler 2003: 17).

El mayor riesgo no radica, sin embargo, en mirar y estudiar la expe-riencia policial en un contexto político-legal e institucionalmente distin-to; sino en el hecho de no considerar y refl exionar que hay situaciones que social y culturalmente también son relevantes y que pueden ayudar a explicar por qué ciertas instituciones pueden ser más o menos receptivas a nuevos paradigmas de gestión y por qué en la mayoría de los casos es preciso un esfuerzo en el campo de la gestión del conocimiento (transfe-rencia de buenas prácticas, asimilación, adaptación e integración).

2.1.- Policiamiento orientado a la comunidad.

La promoción de policías de orientación comunitaria y de policía de proximidad (este último es el referente europeo del primero) representa una de las corrientes que mayor infl uencia han ejercido sobre las policías de la región.

Origen. El modelo policial comunitario surge en un contexto mar-cado por dos variables fundamentales. Por una parte, emerge como res-puesta a las falencias del modelo policial profesional tradicional. Así, un factor decisivo en el desarrollo de este modelo fue el reconocimiento de una crisis de gestión y la consecuente escasa valoración social de la ac-tuación policial. Por otra, en países desarrollados refl eja una innovación y cambio en las organizaciones de policía que se encontraban abocadas

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a reformas que perseguían una transición hacia un enfoque más preven-tivo y proactivo de la labor policial, y que buscaban una actuación más efi caz frente a la criminalidad, asumiendo la co-gestión o co-producción de la seguridad como una directriz fundamental (Reiner 2006: 528; Tro-janowicz, et al 1998: capítulos 2 y 12).

Con ese objetivo en mente, en algunos casos se impulsaron profun-dos cambios administrativos y organizacionales que describían una tran-sición desde un enfoque tradicional -que destacaba una gestión burocrá-tica, un énfasis en la jerarquía, un acatamiento de normas y códigos de conducta y estructuras de poder centralizadas- a uno que innovaba pro-moviendo la gestión estratégica, el énfasis en la efi cacia, la fl exibilidad y estructuras descentralizadas, especialmente la apertura, la comunicación y la consulta con la ciudadanía, el equilibrio entre la ejecución de la ley, la prevención solidaria y la efi cacia basada en la satisfacción ciudadana y la calidad de los servicios policiales (Chalom et al 2001: 32).

Características. El “community policing” promueve el rol contex-tual de la policía demandando de ella una mayor interacción con la comu-nidad para resolver los delitos más frecuentes. Este modelo pone énfasis en atributos tales como la proactividad, la fl exibilidad y la adaptación de la actividad policial, buscando mejorar sustancialmente la gestión po-licial a través de estrategias que priorizan un enfoque comunitario de servicios focalizados para resolver problemas. ¿Qué prácticas policiales son propias de este enfoque?

Quienes impulsan esta fi losofía de trabajo promueven el diálogo acerca de la relación de la policía con la comunidad avanzando en pro-puestas innovadoras en el campo de las prácticas policiales, rompiendo la creencia inicial que la reducía a una “técnica policial” para la “seguri-dad ciudadana”, a un “plan policial” basado en una “unidad estratégica” dentro de la policía, a una “estrategia de vigilancia” para que de esta ma-nera los medios se ubiquen mejor, a una línea discursiva del municipio o una autoridad local; o bien a una suerte de estrategia de marketing o de “imagen policial” para mejorar las relaciones públicas o un “discur-so público” para obtener más recursos. Este modelo no es una “práctica policial que persigue obtener más información de la comunidad para el control de la criminalidad”, y tampoco representa la “única forma para resolver los problemas de criminalidad en una sociedad” (Trojanowicz, et al 1998: 14-26).

Si bien no se puede ser categórico, hay un cierto consenso respecto de las características distintivas de este modelo. Estas son:

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Una prevención organizadaa. a partir del involucramiento y rela-ción más estrecha con la comunidad;

Un énfasis proactivo y la reorientación del patrullajeb. focalizado en áreas geográfi cas o sectores más pequeños;

Un interés por la respuesta y la responsabilización hacia y ante c. la comunidad, que implica conciliar la actuación policial con las necesidades y la percepción de la comunidad; y

Una adecuación de la actuación policial en función de la efi cacia d. y el profesionalismo, lo que en algunas circunstancias demanda la descentralización de la gestión policial3.

En concreto, se trata de un modelo de policiamiento centrado en la gestión local, asentado en la participación directa de la comunidad y de otras agencias estatales en la planifi cación, implementación y control de las iniciativas y medidas tendientes a prevenir o disminuir los incidentes, infracciones o faltas, como también las manifestaciones de violencia y la criminalidad en el territorio. Este busca mejorar el desempeño policial en sus labores preventivas y elevar los niveles de satisfacción ciudadana, promoviendo el control social sobre su actuación.

El principal valor del modelo policial comunitario radica en privile-giar al ciudadano como centro de su acción y reconocer en él un aliado en las estrategias que permitan identifi car tanto las causas y caracterís-ticas del delito, como las formas de enfrentarlo. Por cierto, este proceso requiere una participación activa de la comunidad, pero especialmente cierta autonomía de decisión por parte de los policías, ya que general-mente los cursos de acción son auto-generados y no impuestos vertical-mente por una autoridad policial superior muchas veces distante.

Esta fi losofía añade un aspecto vital –la proactividad- al tradicional modelo policial reactivo, lo que conduce al desarrollo de nuevas maneras de actuar sobre las causas de la delincuencia y a la promoción de vecin-darios más seguros.

3 “Los elementos centrales y comunes a los programas de policía de proximidad son: la redefi nición del papel de la policía con el fi n de incrementar las actividades de prevención del crimen, una mayor reciprocidad en las relaciones entre la comunidad y la policía, la descentralización de los servicios policiales y de los mandos y, de alguna forma, «civi-lizar» la policía (Skolnick y Bayley, 1986). Cada uno de estos cambios se concibe como una condición necesaria para adquirir una mayor responsabilidad hacia la comunidad. Al mismo tiempo, cumpliendo estos requisitos se puede lograr una policía más efi caz y efi ciente”. Greene (2006: 362).

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Esta manera de actuar, ampliamente participativa, permite estable-cer mecanismos efi caces de control o evaluación de las estrategias adop-tadas, las que -sin duda- son o pueden ser realizadas por la propia comu-nidad, gestándose de este modo un proceso de control externo saludable (Greene 2006: 363-364).

Expectativas. Según Chalom et al (2001: 49 y 50) el modelo co-munitario o policía de proximidad representa una suerte de democra-tización de la organización policial, pues en este contexto la actuación policial se basa en la promoción de la participación de la ciudadanía, en la acción concertada, en la imputabilidad de los cuerpos policiales, en la transparencia y en la mutua responsabilidad en la gestión efi caz de la seguridad.

En relación a la organización formal, este tipo de policiamiento cam-bia la forma de conducir y administrar una policía, desde una burocracia tradicional hacia un estilo que enfatiza la interacción entre el entorno y la institución: la policía rompe con su tradicional autoreferencia, abrién-dose a nuevos criterios y referentes para juzgar y valorar su actuación. Desde la perspectiva de la organización y el sistema de provisión de ser-vicios, la policía de proximidad supone una forma de conseguir que las agencias policiales sean menos burocráticas, especializadas y jerárqui-cas. Es decir, representa un esquema de actuación distinto al paradigma racional-burocrático (Greene 2006: 350 y 364; Roberg et al 2002: 47)4.

Para muchos las promesas de este modelo son varias: el incremento de la capacidad de las comunidades de resistir y prevenir el delito y el desorden social; la creación de una relación más armoniosa entre policía y ciudadanos, que incluye algún poder compartido en el diseño de la po-lítica policial y la defi nición de las prioridades tácticas; la reestructura-ción del servicio policial, conectándolo con otros servicios municipales; la reforma del modelo de organización policial; y, fi nalmente, la creación de funciones más complejas y más amplias para el propio personal poli-cial (Kratcoski et al 2000: 140; Greene 2006: 351).

Evaluación. Para valorar el éxito de un modelo es importante po-ner atención tanto en el impacto como en los resultados de las inter-venciones. No se evalúan enfoques. Asimismo, es fundamental medir los

4 Este modelo se asocia a una actuación policial tradicional. En éste el objetivo es la apli-cación de la ley, las formas de intervención son generalmente reactivas, las actividades policiales se central en el control del delito, la implicación de la comunidad es baja y pa-siva, y el mando y el control son centralizados. Los referentes de éxito son el número de detenciones y los índices de criminalidad (denuncias). Más detalles en Torrente (2001: 243-246) y Greene (2006: 359-361).

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impactos tanto “desde adentro” como “desde afuera” de la organización. Sin duda, la evaluación implica ponerse de acuerdo previamente en qué se debe esperar, cuándo y cómo deben ocurrir las cosas, en cada campo.

En la dimensión externa, esto implica examinar los cambios desde la perspectiva de los destinatarios de los servicios y los usuarios. En tér-minos generales, se trata de ver cómo impactan las nuevas prácticas po-liciales en el bienestar de una comunidad (Greene 2006: 365). En este caso se recomienda incluir indicadores tales como:

la disposición de la gente a utilizar los lugares públicos;a.

la existencia de voluntariado social; b.

el establecimiento de nuevos negocios; c.

el hecho de si la propiedad de inmuebles aumenta o disminuye; d.

las mejoras inmobiliarias en los vecindarios; ye.

la percepción de los ciudadanos acerca de la seguridad y la poli-f. cía.

Por su parte, en la dimensión interna, los campos de observación e indicadores se refi eren a la detección de cambios en la organización (Sain y Rodríguez 2004: 2). Aquí destacan algunas materias, tales como:

la delegación de responsabilidades de planeamiento y conduc-a. ción táctica;

el desarrollo de nuevas formas de evaluación del desempeño po-b. licial;

el desarrollo de nuevas modalidades de intervención policial vol-c. cadas a un enfoque proactivo más que reactivo y enfatizándose las causas por encima de las consecuencias de la violencia y el delito;

la selección especializada del personal policial y su capacitación d. como servidor público y gestor social;

el establecimiento de mecanismos de cooperación, coordinación e. e intervenciones conjuntas con el gobierno local o con las agen-cias locales del gobierno estadual, provincial o nacional;

la inserción e intervención del accionar policial en las políticas f. locales de desarrollo social; y

la obligación de rendir cuentas de las labores policiales a las au-g. toridades políticas locales y a la comunidad

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La experiencia internacional, ligada generalmente a la aplicación de estas iniciativas en el mundo anglosajón, destaca que un factor decisivo en la introducción e implementación de este modelo es el contexto socio-cultural en el que se aplica5. En este sentido, existe evidencia que señala que los programas de prevención probablemente serán más exitosos y funcionarán mejor en comunidades en que menos los necesitan, es decir, en las más “empoderadas” y organizadas, las que poseen redes consoli-dadas. En efecto, la evidencia muestra que, paradójicamente, en aquellas comunidades con problemas graves los esfuerzos y difi cultades para la implementación de las estrategias innovadoras son también mayores y complejos y, normalmente, el éxito no es evidente (Sherman 1998: 7).

Otra limitación importante se relaciona con la difi cultad para distin-guir y evaluar la estrategia en su conjunto dada la amplitud de tácticas posibles que se asocian o “enmarcan” en el modelo comunitario (Natio-nal Research Council 2004: 247).

Otro aprendizaje destaca que el mayor obstáculo conocido en con-tra de este modelo es la burocracia policial. Los casos estudiados siste-máticamente revelan que el centralismo en la toma de decisiones –es-pecialmente en el despliegue táctico-operativo- y la falta de fl exibilidad son obstáculos importantes, que restringen un sistema de gerencia que apoya la interacción y participación de los funcionarios en contextos co-munitarios y que concibe a los mandos como facilitadores más que como autoridades de un sistema jerárquicamente centralizado (Greene 2006: 349).

2.2.- Policiamiento orientado a la solución de problemas.

Origen. Este modelo, problem-oriented policing, se consolidó en los años noventa tanto en Norteamerica (Estados Unidos y Canadá) como en Europa (Inglaterra, Suecia, Holanda y Bélgica), Australia y Nueva Ze-landa.

Al igual que el anterior, surge como respuesta a la inefi cacia de la actuación policial y representa un intento de reformar las organizaciones (Greene 2006: 349). Es decir, nace de la preocupación por la insufi cien-te efi cacia y falta de legitimidad que demostraban las policías centradas

5 Para una lectura de experiencias anglosajonas debidamente evaluadas, se recomien-da visitar en internet: Community Oriented Policing Services (http://www.cops.usdoj.gov/) y la página internet del Home Offi ce (http://police.homeoffi ce.gov.uk/community-policing/).

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principalmente en los medios, el cumplimiento de la ley y su relación con la comunidad (modelo tradicional-profesional burocrático), y que no hacían gestión de conocimiento sobre en el efecto de sus propias in-tervenciones.

Características. Éste modelo demanda una concepción integral o enfoque holístico sobre la inseguridad en los territorios. En primer lugar, articula el diagnóstico de la situación de inseguridad en áreas específi cas; luego, el análisis estratégico y táctico, que permite determinar la solu-ción más adecuada para modifi car el escenario-problema y, fi nalmente, la evaluación de los resultados e impacto de las intervenciones. En rigor, más que una simple reacción policial a la criminalidad e inseguridad, constituye una forma de actuar y resolver los problemas en su origen. En el mediano y largo plazo, se ha demostrado que promueve acciones y soluciones más sustentables en el tiempo y menos transitorias, en par-ticular de aquellas situaciones que precisan una acción concertada de la policía con los demás actores de la comunidad.

Expectativas. Este modelo representa una promesa importante en el campo de la relación policía-comunidad. En general, es abordado con el afán de mejorar la efectividad policial a través de análisis y respuestas para actuar sobre aquellas condiciones o factores de riesgo social, situa-cional, que se transforman en oportunidades para el delito y la insegu-ridad. Las respuestas que se diseñan ponen énfasis en la prevención y tienen un alcance mayor que el recurso del sistema de justicia criminal, ya que se involucra a otras reparticiones públicas relacionadas con las comunidades, a los actores de las comunidades afectadas por los proble-mas, así como al sector privado. En este sentido, no se diferencia mucho del modelo anterior.

En términos simples, tanto en el estudio de las causas como en la implementación de las soluciones la colaboración con y de la comuni-dad es decisiva y fundamental. Así, esta modalidad abre una interesante ventana de oportunidades para los servicios policiales y la interacción con otras instituciones u organismos involucrados en la coproducción de seguridad en las comunidades. Pero, al mismo tiempo, supone una pér-dida de autonomía de la policía en la gestión y solución de los problemas enfatizando su rol como co-productor de seguridad y, por tanto, sujeto a prácticas de accountability policial. De esta forma, estimula la creación de espacios de convergencia y complementariedad, de diálogo y coopera-ción, es decir, coproducción. La acción concertada también pone en evi-dencia las difi cultades y límites de los métodos represivos tradicionales.

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No obstante, este modelo demanda promover ciertas capacidades en la propia organización policial, como es el análisis criminal, preferente-mente de corte estratégico, por cuanto va más allá de los delitos o “desór-denes” recurrentes en una comunidad. En este sentido, el modelo SARA (siglas en inglés de las cuatro etapas que sigue este modelo de solución de problemas: scanning, analysis, response y assessment), traducido al español con la sigla BASE (Búsqueda, Análisis, Solución y Evaluación)6, supone que la policía es capaz de identifi car y abordar los problemas en un trabajo conjunto con la comunidad, puede analizar de manera siste-mática la dinámica de estos, es capaz de diseñar una respuesta adecuada, de implementar y de aplicar acciones sobre ellos y, fi nalmente, es com-petente para evaluar el resultado y el impacto (Trojanowicz et al 1998: 169-179; Roberg et al 2002: 62).

De acuerdo a lo anterior, ¿qué prácticas policiales son propias de este modelo?, ¿qué considerar para evaluar si efectivamente este modelo se introduce en una policía?. Estas son interrogantes que ameritan res-puestas urgentes en nuestro medio.

Evaluación. La evaluación de esta estrategia se inicia ya durante la década de los noventa, a la par de su difusión en el mundo anglosajón. En rigor, a primera vista, la medida de éxito es la ausencia o no repetición del problemas detectado. Por cierto, aquí conviene ser prudentes. Por un lado, se debe reconocer que más de algún problema que afecta a una comunidad no pueden ser resuelto defi nitivamente, pero su frecuencia o sus consecuencias sí podrían reducirse de forma signifi cativa; y, por el otro, también habrán otros que –dada su naturaleza– simplemente están fuera de las manos de la policía, aunque interactúe con la comunidad.

Desde otro punto de vista, este modelo es exitoso sólo cuando la ac-tuación policial se concentra y dirige hacia los “focos problemas”, por cuanto la efectividad del modelo radica en la capacidad de identifi car, defi nir y solucionar dichas situaciones-problemas que se vinculan a la in-seguridad objetiva y subjetiva en espacios públicos o de acceso público.

A lo anterior se agrega que –si bien se observan más éxitos cuando el policiamiento es focalizado y no estandar–, frecuentemente se asocia a

6 El modelo BASE contempla cuatro etapas: 1) Búsqueda: Abordaje del problema utili-zando el conocimiento, datos básicos y mapas delictuales georeferenciados; 2) Análisis: Utilización de los hallazgos y la tecnología de información para ahondar en las caracte-rísticas y causas subyacentes de los problemas; 3) Solución: Formulación de una solución trabajando en conjunto con la comunidad; y, 4) Evaluación: Medición de los resultados para conocer si la solución es adecuada, está funcionando y qué tipo de lecciones pueden aprenderse de este proceso.

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un enfoque preventivo situacional más que a un enfoque basado en una tipología de delitos, en los potenciales infractores o los perfi les de los delincuentes (National Research Council 2004: 5 y 247; Roberg 2002: 63).

Por otra parte, este modelo presenta ciertas difi cultades respecto del verdadero papel que desempeñan los actores involucrados en la copro-ducción.

Primero, algunos destacan que a la hora de aplicar las respuestas, en el caso de la policía éstas frecuentemente tienden a ser tradicionales. Así, por ejemplo, en algunos casos el patrullaje táctico y dirigido ilustra el “estrecho” repertorio de soluciones que algunas fuerzas policiales apli-carían amparándose en este enfoque. Es decir, la falta de comprensión sobre el modelo se demuestra cuando la respuesta policial a la hora de implementar soluciones se remite a la aplicación de tácticas policiales tradicionales (Trojanowicz et al 1998: 7 y Greene 2006: 366).

Segundo, la implementación o ejecución con frecuencia demanda cambios complejos en la organización policial y su administración:

defi nición e identifi cación de indicadores de efi ciencia y efi cacia a. no tradicionales (modelo de policiamiento estándar);

esfuerzo sostenido para superar la resistencia cultural en la or-b. ganización;

compromiso de las estructuras de gestión interna al interior de c. las policías;

tecnología amistosa para el uso de información relevante; d.

involucramiento de analistas civiles y especialistas en crimino-e. logía; y

mecanismos adecuados para un trabajo coordinado con otras f. instituciones.

Tercero, la organización se ve forzada a incrementar su inteligen-cia organizacional y sus capacidades para la gestión de conocimiento (transferencia de buenas prácticas), es decir, la comprensión del funcio-namiento de las intervenciones o actuaciones policiales (valoración de lo que sirve y de lo que no está teniendo los resultados esperados). Esto requiere que la policía evalúe las intervenciones con detenimiento, cata-logue el impacto y la efectividad de las intervenciones, y revise su conoci-miento sobre las intervenciones actuales y futuras, ya que la experiencia aumenta con las mismas.

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De acuerdo a esto, en este modelo la supervisión y el mando deben coexistir y facilitar el diagnóstico y el aprendizaje de su propia tecnología y experiencia (directrices estrategias y tácticas) para convertir el esfuerzo policial en resultados positivo para la comunidad (Greene 2006: 366).

Cuarto, se presentan difi cultades para defi nir los resultados espe-rados y, consecuentemente, la evaluación de este modelo. Esto dice re-lación con la formulación de los descriptores estadísticos e indicadores cualitativos que ayuden o ayudarán a monitorear los procesos de ejecu-ción y evaluación de resultados. Por ejemplo, la efectividad de los méto-dos de resolución de confl ictos no queda subordinada o no puede depen-der únicamente de las tendencias de la criminalidad.

En otras palabras, la clave del éxito para este modelo está en la su-peración de los obstáculos impuestos por la criminalidad y la disposición a emplear de indicadores que ayudan a medir la inseguridad subjetiva (sentimiento de inseguridad, temor, confi anza, credibilidad, cifra negra y satisfacción de los miembros de una comunidad, entre otros). En este caso, esto es una variable dependiente de la consulta y de participación ciudadana que precisa este modelo. De esta manera, se impone tanto una evaluación de procesos como de resultados (esto último, por cierto, desde la perspectiva ciudadana).

3.- MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTOS MODELOS

Más allá de responder a las necesidades específi cas de cada comuni-dad y territorio, ambos modelos se asocian a la promesa de disminuir las formas más preocupantes de delito común y el sentimiento de inseguri-dad (Roberg et al 2002: 57 - 61). También se circunscriben a problemá-ticas asociadas a espacios públicos o de acceso público. En consecuencia, con ellos no se puede abordar todo el espectro de conductas desviadas e ilícitas en una sociedad.

En general, ambos modelos ponen énfasis en:

la asociatividad de la policía;a.

el interés por favorecer la cohesión y solidaridad con la comuni-b. dad;

el incremento del nivel de satisfacción de la población ante la c. intervención policial (y del sistema penal);

la participación activa de la persona y la comunidad en la “pro-d. ducción” de seguridad; y

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la entrega de un servicio de calidad (menos estandarizado) me-e. diante respuestas más personalizadas (dado las realidades loca-les diferentes).

De esta forma, la evaluación de la estrategia de policiamiento orien-tado a la comunidad depende más que nada de las expectativas y moti-vaciones de origen y la capacidad de la organización policial para em-prender cambios en su actuación cotidiana. Estas pueden ser de distinto orden: individuales, organizacionales y comunitarias, o bien diferenciar-se respecto de procesos asociados y resultados. Así, existen diferentes indicadores y la lectura de éstos se relacionará con la defi nición de la productividad, la integridad y la competencia de la actuación policial (Roberg 2002 et al: 18 y 19), es decir, legalidad, legitimidad y efectividad policial.

En la práctica, ambos se asocian a aspectos sustantivos, tales como la construcción de estrategias interactivas entre la policía y la comuni-dad organizada para enfrentar la prevención del delito, la violencia y la inseguridad, así como el control democrático de la policía a través de una revisión civil externa de la efectividad de las estrategias.

A la hora de las evaluaciones, la literatura suele destacar la inciden-cia en la reducción del temor y la victimización, y la materialización de cambios signifi cativos en la policía, aún cuando hay muy poca investiga-ción científi ca sobre el impacto al interior de la organización. Los campos de observación más recurrentes son:

Confi anza en la policíaa.

Satisfacción ciudadana b.

Desempeño policial c.

Registro de denuncias d.

Tipo de criminalidade.

Temor e inseguridadf.

Victimizacióng.

Disposición a denunciar h.

Información sobre la actuación policiali.

Control externo y civil sobre la policíasj.

Accountability (responsabilización y rendición de cuentas) k.

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4.- SOBRE LA APLICABILIDAD DE ESTOS MODELOS EN AMÉRICA LATINA

Desde hace algunos años, en varios países de América Latina hay un auge en el desarrollo de estrategias asociadas a community policing y, más recientemente, problem oriented policing.

En más de alguna oportunidad, la mayoría de las organizaciones po-liciales de América Latina han integrado a sus discursos (ofi cial) institu-cionales –a veces, más explícitamente que otras– la “orientación comu-nitaria” (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatema-la, México, Nicaragua, entre otros). Sin embargo, su aplicabilidad en la región y, en especial, en nuestro país es una materia pendiente.

Generalmente, la valoración de estas iniciativas no se basa en es-tudios científi cos, sino en declaraciones y convicciones. Al respecto, es dable destacar que los especialistas no siempre comparten enfoques y parámetros comunes al momento de declarar una experiencia -muchas veces “piloto”- como “exitosa” y digna de imitar.

Para algunos se trata más bien de discurso y retórica policial. Los es-fuerzos para su cabal aplicación han sido insufi cientes, transitorios, o no han tenido los logros esperados. Muchas experiencias que comenzaron con entusiasmo y publicidad han concluido en el silencio por el escaso respaldo, como consecuencia de cambios de orden político, la falta de continuidad o la poca claridad de los resultados.

En rigor, a partir de la revisión de la escasa literatura y las entrevistas a autoridades y especialistas en Buenos Aires, Bogotá, Brasilia, Ciudad de México, Lima, Montevideo, Managua, Río de Janeiro y Sao Paulo7, se puede afi rmar que hay diversas visiones y expectativas sobre la relevan-cia y las características de estos modelos y su incidencia sobre el queha-cer de la policía. Este, quizás, es uno de los más serios obstáculos para la evaluación, pues hay una cierta confusión sobre los objetivos policiales, las metas y los indicadores.

Por otra parte, pocos son los policías que han recibido una forma-ción sufi ciente en estos nuevos modelos de gestión y numerosos progra-mas han sido mal concebidos, permanecen inconclusos o, simplemente, no fueron evaluados -pero, eventualmente, fueron “validados” interesa-damente-.

7 Estas observaciones ha sido posibles gracias a la realización de diagnósticos de segu-ridad ciudadana elaborados por el suscrito entre los años 2003 y 2007 para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Los obstáculos se refi eren en especial a los recursos, a la timidez para realizar transformaciones institucionales más radicales y a las caracte-rísticas de la subcultura policial prevaleciente (Frühling 2004: 19-22):

Esta estrategia demanda un número signifi cativo de personal 1. para cubrir la relación con los vecinos. Ese personal muchas ve-ces no está disponible en forma adecuada (despliegue operativo y número de policías debidamente entrenados);

Insufi ciente gerenciamiento policial para asegurar la estabilidad 2. del policía en el vecindario donde éste debe actuar;

La subcultura institucional de las policías, que se resiste a creer 3. que programas de esa especie puedan enfrentar adecuadamente el crimen y que en consecuencia, no aplica en todas sus dimen-siones los principios que debieran guiar un programa de esta na-turaleza;

Escasa identifi cación de los policías de menor graduación con es-4. tos programas, así como una defi ciente formación para afrontar los desafíos que presenta la “resolución de problemas” (problem solving);

Difi cultades de carácter político-administrativo, dada la forma 5. como se organiza el estado.

Respecto de la innovación y cambios internos en la organización, el hecho de que las policías latinoamericanas en su mayoría dependan de un gobierno central o regional plantea importantes diferencias con pro-gramas en países desarrollados, donde el acercamiento a la comunidad y a las agencias del gobierno se produce en un contexto donde las políticas de seguridad son locales y plenamente descentralizadas. El marco jurí-dico y la forma en cómo se organiza la policía, así como el rol y la visión de los autoridades policiales, son factores decisivos que se agregan a di-ferencias socio-políticas y culturales importantes.

En nuestra región, el marco legal e institucional no siempre ayuda a la implementación de una estrategia o modelos de este tipo. Tanto por la falta de políticas que faciliten la interacción y la gestión descentralizada de la coproducción de seguridad como por la ausencia de capacidades sufi cientes en los gobiernos locales, así como por la ausencia de faculta-des legales para responder adecuadamente a un nuevo esquema de inte-racción y colaboración, en nuestros países hay enormes obstáculos para la adopción y sustentación de reformas de este tipo.

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En la actualidad no existe consenso sobre el formato (organización) que debe adquirir una policía que adopta un modelo socio-céntrico, pero sí hay acuerdo sobre áreas que debería desarrollar y sobre los principios en la organización policial.

Respecto del impacto, las pocas evaluaciones en la región se orien-tan a los efectos inmediatos sobre la criminalidad y la inseguridad en las comunidades. Lamentablemente, no se conocen estudios que evalúen la situación en el largo plazo y su sustentabilidad. Son pocos los casos mo-nitoreados sistemáticamente y el acceso a los reportes de resultados es difícil.

En general, se enfatizan algunos cambios que suelen darse en el pa-norama de la inseguridad en el territorio y las comunidades:

Aumento de confi anza en la policíaa.

Mayor satisfacción ciudadana respecto del servicio policialb.

Mayor valoración del desempeño policial y de las autoridades lo-c. cales

Aumento del registro de denunciasd.

Aumento de las expectativas ciudadanas respecto de la actuación e. policial

Reducción del temor e inseguridadf.

Menor victimizacióng.

Reducción de la cifra negrah.

Reducción de la percepción del incremento de la criminalidadi.

Sin embargo, aún no es posible determinar o establecer las relacio-nes de causalidad, por cuanto estos efectos no se dan en todos los casos, no se han medido o bien no permanecen en el tiempo. En otras palabras, hay mucho de convicción y poco respaldo empírico.

En el caso del policiamiento orientado a la solución de problemas, las iniciativas de este tipo son menos frecuentes en la región. Esto había sido ya destacado a fi nes de los ochenta (Rico y Salas 1988: 172) y tal ob-servación sigue siendo válida hoy. La búsqueda de experiencias en países de América Latina no es fructífera. Por ejemplo, recién se está comenza-do a conocer y discutir esta modalidad en Carabineros de Chile y en la Policía del Estado de Chihuahua-México, experiencias en todo caso aún muy embrionarias.

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En consecuencia, la aceptación de este modelo en nuestro contexto regional resulta más de la atracción e infl uencia de las experiencias de policiamiento y de su aplicación en otros países anglosajones y de la in-fl uencia de organismos privados tales como el Center for Problem Orien-ted Policing, la Ford Foundation, la Washington Offi ce on Latin America, el Vera Institute of Justice, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

5.- ALGUNAS CONCLUSIONES.

La “relación policía-comunidad” hace referencia a una importante fa-ceta de la función policial y es un campo de gestión per se, especialmente en una institución que se dispone y ocupa de la prevención y del control de la criminalidad. En esencia, es un reto a la capacidad y efectividad para implementar estrategias que refl ejen y recreen adecuadamente su carácter o condición de servicio público, efi ciente y efi caz en su actua-ción, sustentando su accionar no sólo legal sino también socialmente.

En América Latina las reformas o los esfuerzos de modernización policial refl ejan una necesidad y expresan carencias en la legitimidad so-cial de la función policial. No obstante, no puede establecerse un mode-lo de gestión único, sino más bien directrices respecto de atributos que debe reunir una organización policial.

En general, podría postularse que se trata más de un campo de ac-ción que de un formato único de actuación, y que una de las primeras ventajas de asumir esta postura es que abre la posibilidad de introducir y modifi car los términos de referencia para la policía y la comunidad, sin con ello necesariamente predeterminar o confi gurar una respuesta única.

Los modelos de policía son fundamentales en la interacción y en las motivaciones y directrices que orientan el rol y el desempeño de la poli-cía en la sociedad y enmarcan el diálogo de la comunidad con sus policías ante retos y desafíos compartidos, como son la prevención de la crimina-lidad, de la violencia y la reducción de la inseguridad (coproducción).

Entre ambos modelos hay rasgos comunes, como ciertos requisitos organizacionales que implicarían superar las restricciones de un modelo profesional-burocrático, como es la escasa orientación a resultados y la poca preocupación por la naturaleza y la amplitud de éstos (Leigh 1998: 8; Greene 2006: 366; National Research Council 2004: 9):

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Ambos destacan la implicación de la comunidad a la hora de de-a. fi nir los problemas y discutir las intervenciones;

Ambos enfatizan la necesidad de decisiones colectivas y acciones b. policiales más transparentes (accountability) tanto para los ciu-dadanos como para sus propios supervisores;

Ambos involucran adaptaciones organizacionales y administra-c. tivas complejas y plantean la necesidad de defi nir e identifi car nuevos indicadores de efi cacia policial; y

En ambos casos la gama de tácticas y actuaciones policiales es d. amplia y su verdadero impacto en la reducción de la criminali-dad no ha sido total y defi nitivamente demostrada (inseguridad objetiva). No obstante, existe evidencia relativa a la incidencia de estas prácticas en materia de reducción de temor y aumento de los niveles de legitimidad social y confi anza ciudadana (insegu-ridad subjetiva).

De acuerdo a la revisión de varios casos en las últimas dos décadas, y tomando en consideración la legitimidad social, la innovación y amplia gama de posibles respuestas socio-policiales a los problemas de inseguri-dad, así como la especifi cidad, la focalización y el impacto, la experiencia subraya que el modelo orientado a la solución de problemas representa la estrategia opuesta y más prometedora que un modelo de policiamien-to “estándar”.

Si por modelo de policiamiento estándar se está implicando la pres-tación o entrega de servicios (esfuerzos y recursos) policiales “normali-zados”, “parejos” y “similares” (por ejemplo, patrullaje preventivo al azar y rutinario, esfuerzos por reducir los tiempos de respuesta a las llamadas telefónicas, incremento de la dotación de policías), una investigación cri-minal no selectiva o actividades intensivas indiferenciadas para prevenir de manera amplia e inespecífi ca la criminalidad en un territorio, enton-ces la experiencia y la evaluación de casos indica que la efectividad, la capacidad de controlar el delito y de reducir el temor es baja (National Research Council 2004: 4, 223 y 249).

Por su parte, si el modelo de gestión policial involucra direcciona-miento, focalización, consistencia entre especifi cidad de la problemática en función de estrategias y tácticas probadas, adecuación y fl exibilidad, interacción con la comunidad –cogestión- y orientación a la solución de problemas, entonces hay evidencia que demuestra que la efectividad y, lo que en este contexto es más importante, la legitimidad ante la comu-nidad es mayor. Hay estudios e indicios que confi rman que el temor y

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la inseguridad subjetiva en las comunidades disminuyen con estrategias de policiamiento comunitario y orientados a la solución de problemas, aumentando la confi anza en la policía (National Research Council 2004: 249-251). La experiencia demuestra que una respuesta policial efi caz es aquella que integra diversifi cación y especialización en función de los problemas que les toca enfrentar y la naturaleza de la demanda ciuda-dana.

Finalmente, más allá de advertir el riesgo de adoptar modelos forá-neos sin antes tomar en cuenta las evaluaciones hechas en los propios países que los aplican, ni las realidades de los que parecen dispuestos a adoptarlos, sin duda, ambos modelos representan y pueden llegar a transformarse en una verdadera agenda de trabajo en materia de desa-rrollo policial en nuestra región, especialmente si se atiende a los princi-pios que guían ambos enfoques en los países desarrollados:

Defi nición más amplia del trabajo policial.a.

Reordenamiento de las prioridades policiales.b.

Mayor atención de los problemas de desorden y calidad de vida.c.

Cambio hacia una toma de decisiones compartida con los ciuda-d. danos.

Menos énfasis en los procesos burocráticos a favor de obtener e. resultados.

Concentración en la resolución de problemas y en la prevención, f. en contraste con la actuación policial impulsada por incidentes (reacción).

Reconocimiento del rol crítico que tiene la comunidad en la solu-g. ción de los problemas del vecindario o territorio.

Reestructuración y reorganización de la policía para alentar y re-h. tribuir una serie de nuevas conductas policiales.

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CLÉRIGOS, LAVADORES Y TRÁFICANTES: EL CASO DE LOS NARCODIEZMOS

David Muñoz Condell*

PRESENTACIÓN

El tráfi co ilícito de drogas es una problemática que alcanza a todos los estamentos de nuestra sociedad; se reconoce hoy como un fenómeno global y su avance se atribuye a diversos indicadores

sociales1.

Arturo Herrera Verdugo, Director General de la Policía de Investiga-ciones de Chile (PDI), comenta que “se sabe que el desarrollo de un país, junto con abrir alternativas para mejorar la calidad de vida y representar un mejoramiento de las oportunidades para las personas, también trae consigo la emergencia de nuevos riesgos. La paradoja del desarrollo de la sociedad radica en la vulnerabilidad frente a amenazas imprevistas”2.

En palabras de Clara Szczaranski: “el delito moderno usufructúa de la amplitud de los mercados, de los avances tecnológicos, de las fronteras abiertas y de la profusión de posibilidades de comunicación instantánea y anónima. Mercados sin límites geográfi cos, hemos dicho, van a la par de crímenes sin fronteras”3.

En este contexto, las estrategias tanto nacionales como internacio-nales de las organizaciones criminales desafían a la sociedad civil con

1 Manuel Castell: Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto Mun-dial. Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 2005.2 Arturo Herrera Verdugo: Cuenta Pública 71° Aniversario de la Policía de Investigacio-nes de Chile. Santiago, Chile, 19 de junio de 2004.3 Clara Szczaranski: La Delincuencia Moderna. Prólogo al libro de Manuel Salazar: Co-nexiones Mafi osas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile, Sociedad Editorial Momentum, Santiago, Chile, 2008. Pág. 1.

AR

TÍC

UL

O

* Pastor Bautista. Doctor en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, mención Sociología, Universidad ARCIS. Profesor Ayudante del Director General de la PDI en la Cátedra Ética del Mando en la Academia Superior de Estudios Policiales. Capellán Nacional Evangélico de la PDI.

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innovadoras formas de estructuras, sistemas comunicacionales y canales de distribución, corrompiendo a instituciones tan prestigiosas como las organizaciones eclesiásticas y sus ministros, las que han sucumbido a los tentáculos de las “narco ofrendas“o los “narco diezmos” que debilitan la característica de sentido moral que tienen las iglesias4.

En el mes de julio de 2008, el país es sorprendido con el titular de uno de los diarios de mayor circulación de Chile –La Tercera– que en su edición del día 23 reza: “Banda de narcotráfi co fi nanciaba templo evan-gélico y colegio”. En dicha oportunidad la PDI desarticulaba una de las bandas de narcos más poderosas de la historia criminal criolla.

“Los hermanos Carte controlaban un próspero negocio de $1.000 millones y se dedicaron a permear el tejido social de su comuna en busca de apoyo. Daban suculentas donaciones y fi nanciaban fi estas. A cambio, escondían bien el origen de sus ganancias”5. Siendo “este grupo uno de los máximos proveedores de droga de la zona sur de la capital, interna-ban cerca de 100 kilos de coca al mes y tenía entre sus clientes a “Los Cavieres”, de la población La Victoria”6.

Consultado uno de los dirigentes sociales del sector, Víctor Cuevas, comenta “que aún no sale del asombro con la detención del Pastor Patri-cio Araya, quien estaba a cargo del Centro de Formación Cristiana Rena-cer en Cristo de El Bosque, acusado de actuar como testaferro de la ban-da “Los Guatones”. La cercanía de los líderes del grupo, Sergio y Víctor Carte Rivas, con redes sociales y religiosas de la comunidad era uno de los pilares de la organización que abastecía de cocaína a bandas de la ca-pital, como “Los Cavieres”7. “Ambos hermanos comenzaron como micro-trafi cantes en la población Marina de Gaete, en El Bosque. A poco andar, crearon su red con círculos familiares y vecinales, por lo que la mayor parte de sus colaboradores son sus vecinos en El Bosque. Otro punto en

4 Las iglesias son vistas como organizaciones sociales que dan sentido moral a la socie-dad. Por lo que al verse involucradas en conexiones mafi osas pierde el sentido de refe-rente ético en una sociedad donde los sinsentidos se posesionan cada vez más. Ver: David Muñoz Condell: Ética, Modernidad y Postmodernidad. Documento de Trabajo Nº 111. Escuela de Investigaciones Policiales, Santiago, Chile, noviembre 2005.5 Felipe Díaz Prieto y Andrés López: Banda de Narcotráfi co fi nanciaba templo evangélico y colegio. Sección Nacional del diario La Tercera, Santiago, Chile, 23 de julio del 2008. www.latercera.cl. Fecha de acceso 24 de julio de 2008. 6 Claudio Leiva Cortés: Cae banda que proveía de cocaína a “Los Cavieres”. Diario La Nación, Santiago, Chile. www.lanacion.cl. Fecha de acceso: jueves 24 de julio de 2008. 7 Ibíd.

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común es que casi todos los miembros profesan la religión evangélica y se llamaban “hermanos” entre sí”8.

De hecho, la investigación policial realizada por la PDI en conjun-to con la Fiscalía Occidente del Ministerio Público fue bautizada como “Operación Hermandad” por la relación eclesiástica con el Pastor Pa-tricio Araya, a quien “periódicamente le entregaban diezmos de unos $100.000 y ayudaron a principios de 2007 a remodelar el templo”9.

Por otra parte, otro importante periódico nacional –El Mercurio–informaba al respecto sobre los hermanos Carte Rivas: “Hacían fuertes contribuciones a la iglesia evangélica “Centro de Formación Cristia-na Renacer en Cristo”, ubicada en la esquina de Vecinal Norte con San Francisco, de la comuna de El Bosque… Esta era liderada por el Pas-tor Patricio Alberto Araya Pulgar… y también fue acusado de participar como testaferro de la organización, pues tenía varios bienes a su nombre. El fue arrestado junto con su pareja Mary Palma… De acuerdo a lo in-formado, tanto Araya Pulgar como su pareja serán formalizados por el delito de lavado de dinero”10.

Esta organización criminal contaba con gran cantidad de armamen-to y municiones de distinto calibre, que utilizaban para resguardo de sus operaciones de narcotráfi co. La PDI al momento de la detención incautó 42 kilos de clorhidrato de cocaína y 11 millones de pesos en dinero en efectivo, con 19 imputados detenidos11.

Junto a lo anterior, es necesario citar los vínculos que tenían “Los Guatones” con “Los Cavieres o Care jarro”, en la llamada también Ope-ración Victoria. Esta organización criminal operaba en la población La Victoria. Su líder, Alejandro Cavieres Alarcón, alias “Care jarro”, junto a su grupo familiar y amigos cercanos, trafi caban cocaína al interior de la misma, adquirida en la zona norte del país, y posteriormente comerciali-zada en la zona sur de la capital. Los Cavieres contaban con armamento de alto poder de fuego, para su protección contra bandas rivales. La PDI puso a disposición del Ministerio Público veinte personas, siendo forma-

8 Ibíd.9 Ibíd. 10 F. Águila, O. Saavedra, P. Reed: Los Movimientos, Contactos y Roles de los Miembros de la Banda de los “Guatones”. Captura de Organización Proveedora de Cocaína en la Zona Sur de Santiago. www.el mercurio.com. Santiago, Chile. Fecha de acceso: jueves 24 de julio 2008. 11 David Mesa: Cuenta Pública 2007 – 2008, Jefatura Nacional Antinarcóticos. Policía de Investigaciones de Chile, Santiago, Chile. 29 de julio 2008.

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lizadas por tráfi co de drogas, asociación ilícita, porte ilegal de armas y lavado de dinero12.

CLAVES MAFIOSAS Y PRESENCIA EN CHILE

La Jefatura Nacional Antinarcóticos de la PDI reveló en su última Cuenta Pública que entre el segundo semestre del año 2007 y el primer semestre de 2008 fueron puestas a disposición del Ministerio Público 6.294 personas en calidad de imputados por infracción a la Ley 20.000 que sanciona el tráfi co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-cas13.

Entre sus logros en materias de incautación y desarticulación de or-ganizaciones y bandas criminales, al primer semestre de 2008 se enu-mera: una tonelada de clorhidrato de cocaína, equivalente a 4’447.760 dosis; dos toneladas de cocaína base, equivalente a 9’619.250 dosis; tres toneladas y media de cannabis sativa procesada, equivalente a 7’329.484 dosis; 2.567 unidades de éxtasis; 8.308 unidades de fármacos, y 21 dosis de LSD.

Además, este primer semestre de 2008 se desarticularon 24 bandas criminales pertenecientes a diferentes comunas de Santiago (un 40% más que el primer semestre de 2007), y se detuvieron 191 personas (un 16% más que el primer semestre de 2007). Un hecho no menor tiene que ver con la detención de 29 ciudadanos extranjeros pertenecientes a estas bandas, lo que representa un 63% de aumento en comparación con el año anterior.

Esta gestión de la PDI permite asegurar que en nuestro país se está atacando con éxito al crimen organizado y que la policía ya no sólo va tras el microtráfi co, sino que también sobre el macrotráfi co.

El periodista chileno Manuel Salazar en su libro Conexiones Mafi o-sas: el Crimen Organizado a las Puertas de Chile14 presenta anteceden-tes esclarecedores sobre esta nueva criminalidad que ya es parte de las nuevas realidades y temores con que debemos vivir en nuestro país.

Manuel Salazar publicó en 1996 otra obra titulada Trafi cantes y Lavadores15, donde trata sobre la evolución de esta problemática delin-

12 Ibíd. 13 Ibíd. 14 Manuel Salazar: Conexiones Mafi osas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile, Sociedad Editorial Momentum, Santiago, Chile, 2008. 15 Manuel Salazar: Trafi cantes & Lavadores, Ediciones Grijalbo, México, 1996.

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cuencial en Chile y en los países del Cono Sur, como Argentina, Para-guay, Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil.

“A través de este estudio uno se explica muchas cosas que tienen que ver con política internacional, con la economía, con fl ujos monetarios y el auge de determinados mercados gracias al lavado de dinero. Las in-versiones que llegan a Chile provenientes de los paraísos fi scales nadie los controla. En América Latina, sobre todo, nadie se preocupa”, señala Salazar16.

Sin embargo, lo más inquietante que está sucediendo en nuestro país es la creciente criminalidad juvenil17, cada vez de carácter y accionar más violentos, lo que genera prácticas delictuales en los jóvenes con altos ín-dices de causa de muerte por uso de armas blancas y armas de grueso calibre.

Esta criminalidad juvenil18 creciente tiene muchas aristas. “Hoy vas a las poblaciones y a los barrios periféricos de la capital chilena y observas estacionados en modestas casas a vehículos 4x4, que valen sobre los 25 millones. Los narcos salen a carretear al sector alto, a Viña del Mar. El modelo de desarrollo social celebra eso: hay que ostentar lo que se tiene y los narcos lo llevan a su máxima expresión. Ya no es como antes que el delincuente de la pobla trataba de pasar ¿piola? ¿inadvertido? Hoy ves soldados (protectores), mucho vehículo, tienen caballos de carrera, ima-gínate lo que va a ocurrir ahora con la proliferación de casinos”19. Entre tanto anuncio negativo, Manuel Salazar hace uno positivo: el control de la pasta base. Y lo atribuye a una fuerte baja en la demanda por las nefas-tas consecuencias y daños que le ocasionan al consumidor.

“La pasta base surgió en Chile cuando Horacio Toro, el primer Di-rector de Investigaciones en democracia, se le ocurrió hacer quemar todas las plantaciones de marihuana del valle del Aconcagua. Ahora ha aumentado el consumo de marihuana, el de cocaína se mantiene estable pero lo que está creciendo de manera desorbitada son las drogas sinté-ticas, pastillas que producen todo tipo de sensaciones. Es lo que está de

16 Ver: Mats Berdal y Mónica Serrano (compiladores): Crimen Transnacional Organi-zado y Seguridad Internacional: Cambio y Continuidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2005. 17 VVAA. Prevención de la Delincuencia Juvenil. Análisis de experiencias internacio-nales. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, República de Chile. Universidad Alberto Hurtado, primera edición. Santiago, Chile, marzo 2004. 18 Ver: Doris Cooper: Delincuencia y Desviación Juvenil, Ediciones LOM, Santiago, Chi-le, 2005.19 Manuel Salazar: Conexiones Mafi osas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile.

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moda en Europa y es el mercado al cual también se están inclinando los estadounidenses. En especial por la facilidad de la producción. Puedes fabricarla en el baño de tu casa. No requieren tantos elementos químicos y productos como la cocaína”.

Destaca que nuestra policía no es corrupta, pero el riesgo siempre existe porque faltan recursos para contrarrestar a las bandas organi-zadas. “Dentro de Los Gaete y Los Guatones hay peruanos, bolivianos, colombianos y venezolanos, es evidente que existen los vínculos inter-nacionales, pero hasta ahora son proveedores, hacen los contactos, y aparentemente no han tratado de instalarse en Chile. El principal cartel mexicano estuvo instalado y alcanzaron a detectarlo. Lo que está pasan-do en Chile se revela en casos como el de una carnicería en Quinta Nor-mal, es pequeña, no muy grande, y si vas un jueves en la tarde, viernes al mediodía y te topas con BMW, Mercedes Benz, y esas personas no van a comprar carne. Ese carnicero es protector de dos o tres poblaciones, compra las camisetas para el club deportivo, provee las fi estas de la co-misaría y de los rati, le consigna pega a la gente que queda cesante, ayuda a la abuelita que se le murió el marido, organiza la fi esta para los niños más pobres y se transforma en una especie de protector. Es un personaje cuidado además por todos los vecinos. Esto tal cual ocurrió en Colom-bia cuando empezaron los carteles, cuando mataron a Pablo Escobar era como si hubieran matado un héroe”20.

Combatir el crimen organizado requiere de mucho dinero. “Los ita-lianos destinarán 10.000 millones de euros para derrotar a la mafi a y ¿de dónde los van a sacar? De los bienes confi scados a los narcotrafi cantes. Todos los bienes que se incautan se rematan y van a ese fondo. En Chile, los autos del cabro Cabrera que fueron incautados siguen en los patios destinados a ese fi n. Lo mismo pasa con las casas, los caballos de carrera, etc, porque la legislación les permite interponer todo tipo de recursos para impedir los remates”21.

La ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, abogada Cla-ra Szczaranski, llama a esta nueva criminalidad de la siguiente forma: “Creo razonable llamar crímenes trascendentes a los delitos de los trá-

20 Ibíd. 21 Jean-François Gayraud, uno de los mejores especialistas franceses en nuevas formas de criminalidad, da respuesta a estas y otras muchas cuestiones en su obra El G 9 de las Mafi as en el Mundo. Geopolítica del Crimen Organizado, Ediciones Urano, Barcelona, 2007. Un libro ampliamente documentado, imprescindible para comprender el funcio-namiento interno de una mafi a, así como el peligro real que representa en la actualidad. El autor es comisario divisionario de la Policía francesa, doctor en Derecho y diplomado por el Institut d’Études Politiques y por el Instituto de Criminologia, ambos de París.

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fi cos organizados – drogas, armas, personas, órganos humanos, entre otros - y a los delitos que perpetran las empresas que operan con pro-ductos y servicios lícitos de manera ilícita… Hoy es menester dar espacio a la consideración de nuevos sujetos peligrosos: organizaciones crimina-les y personas jurídicas, considerando, además, que las organizaciones criminales también utilizan personas jurídicas para disimular su operar. Estas entidades, plurales, organizadas y jerárquizadas, debieran llegar a constituir el centro de atención de las modernas políticas públicas y, particularmente, de nuestra política de Estado en lo criminal”22.

En la actualidad, una de las actividades criminales de mayor impor-tancia a nivel mundial son las organizaciones criminales, las que ofrecen un sin fi n de oportunidades que dan un status y un rango en la estructura de estas mismas, lo que las hace preocupantes para la función pública, el desarrollo de la investigación y el descubrimiento de estas actividades que día a día crecen y ponen en acción nuevas formas de comisión de delitos. Cada vez parece más difi cultosa la acción penal y la persecución en su contra, por la magnitud y creatividad que conlleva la realización de estas actividades ilícitas23.

La actividad que estas organizaciones realizan son de gran relevancia a nivel mundial, lo que genera, por parte de las policías, una gran preocu-pación; por lo que debemos saber qué signifi can cada uno de los códigos que ocupan y los términos que utilizan, las actividades que llevan a cabo y las áreas de poder en las que ejercen poder coercitivo y coaccional, ya que, sin lugar a dudas, este tipo de organizaciones es muy dañino para el desarrollo de un país y lleva consigo la ejecución de actividades anexas para conseguir sus objetivos, tales como: terrorismo, lavado de dinero, robos, incendios, daños y estragos, homicidios, encubrimientos, abusos de confi anza y muchas más que afectan directamente el bienestar de la sociedad, sin dejar de lado lo que en lo policial nos concierne, que es el ejercer el control del delito, la corrupción24 que afecta diariamente la marcha y la imagen pública de las instituciones y de los funcionarios que

22 Clara Szczaranski, La Delincuencia Moderna, prólogo al libro de Manuel Salazar: Co-nexiones Mafi osas: El Crimen Organizado a las Puertas de Chile, pág. 3.23 En nuestro país existen diferentes tipos de delitos, pero hablar de Crimen Organizado en sí es un tema complejo, ya que la legislación chilena no contempla una defi nición de “Crimen Organizado”, el tipo penal que más se asemeja es el de ASOCIACIÓN ILÍCITA, que es contemplado en nuestro Código Penal. Ver artículos 292 al 295 del Código Penal de la República de Chile. www.servicioweb.cl/juridico. Fecha de Acceso: jueves 18 de septiembre de 2008. 24 Ver: Peter Eigen: Las Redes de la Corrupción: La Sociedad Civil Contra los Abusos del Poder, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2004.

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se encuentran involucrados en estas malas obras, además de la persecu-ción penal de los delitos que dañan nuestro país.

DEFINICIONES DE CRIMEN ORGANIZADO

Existen varias denominaciones al respecto, siendo una de las más re-levantes la americana, que nace de la época de la prohibición en los años ’20 y fue utilizada principalmente para defi nir la actividad que realizaban los trafi cantes de alcohol ilegales, más conocidos como los Bootleggers.

La Unión Europea crea una defi nición de once criterios, de los cuales seis a lo mínimo son necesarios para que exista y se constituya el crimen organizado25.

Estos once criterios son: 1) Colaboración de dos o más personas. 2) Tareas específi cas de cada una de las personas. 3) Sobre un período de tiempo bastante largo o determinado. 4) Con un tipo de disciplina o con-trol. 5) Personas sospechosas de ya haber cometido infracciones pena-les graves. 6) Actuando a nivel internacional. 7) Utilizando la violencia u otros tipos de intimidación. 8) Utilizando estructuras comerciales o de otro tipo comercial. 9) Dedicándose al blanqueo de dinero. 10) Ejer-ciendo una infl uencia sobre los medios políticos, de información, admi-nistración pública, el poder judicial o la economía. 11) Actuando para el dinero y/o el poder.

Las Naciones Unidas, en la Convención contra la Criminalidad Transnacional organizada en Palermo el año 2000, crea la defi nición de “Grupo Criminal Organizado”, diciendo al respecto que: “Es un grupo estructurado de personas de tres o más integrantes, que existe desde un cierto tiempo y actúa conjuntamente para cometer una o mas infraccio-nes graves o para sacar de ellas, directa o indirectamente una ventaja fi nanciera u otra ventaja material”26.

En relación a la criminalidad, sostiene que son hechos que revisten caracteres de delitos graves, es decir, de aquellos que sobrepasan la pena de presidio mayor en su grado mínimo, siendo así su pena en años mayor a cinco años. Generalmente los tipos de criminales que conforman estas organizaciones son sujetos de un alto nivel intelectual que manejan todo con suma frialdad y cálculo.

25 Isabel Sánchez García de Paz: La Criminalidad Organizada. Aspectos Penales, Proce-sales, Administrativos y Policiales, Dykinson, España, 2005.26 Sandro Calvani. Rol de las Naciones Unidas (UNODC) en la lucha contra la delincuen-cia organizada transnacional, el terrorismo y la corrupción. www.sandrocalvani.com. Fecha de acceso: miércoles 17 de septiembre de 2008.

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Con respecto a sus ganancias, éstas son de varios tipos. Estas orga-nizaciones no buscan solo satisfacerse de manera económica sino que, además, con el daño y los estragos que pueden causar a una persona o un grupo social.

Existen dentro de estas ganancias en relación directa con la crimi-nalidad:

Criminalidad sin ganancias: Estas no buscan obtener bienes ma-1. teriales sino que la mera proporción de daño a sus víctimas a través de golpes y heridas, homicidios, incendios, degradaciones de edifi cios, infracciones menores.

Infracciones cuyo perjuicio corresponde a víctimas: Aquí no solo 2. es el daño a la víctima sino que, también, la obtención de benefi -cios y/o ganancias para el victimario (os). Robos, encubrimien-tos, abusos de confi anza y estafas.

Infracciones organizadas cuyas ganancias son considerables y 3. regulares: Son aquellas cuyo benefi cio representa el mayor sus-tento para la organización. Es el fi n por el cual realizan todas sus actividades ilícitas, ya que con ellas pueden obtener fuertes su-mas de dinero y por medio de lo cual obtienen poder, a través del tráfi co de drogas27, tráfi co de armas, proxenetismo, delincuencia fi nanciera, entre otras.

Las actividades criminales tradicionales que realizan este tipo de or-ganizaciones criminales son: Tráfi co de armas, narcotráfi co, tráfi co de objetos de arte, tráfi co humano, contrabando, extorsión y secuestro, te-rrorismo, juegos clandestinos, falsifi cación de dinero, robos a mano ar-mada, robo de vehículos, manipulación de servicios públicos28.

ETAPAS DE LA ASCENSIÓN CRIMINAL

Las etapas de ascenso dentro del ámbito criminal son determinadas por niveles de crecimiento, los que a medida que cumplen con ciertos re-quisitos pueden llegar a convertirse en organizaciones criminales o más que eso. Estos niveles son llamados y enumerados de la siguiente forma: Inicio de la Carrera Criminal, Crímenes con Estructura y Capital, Necesi-dad de Ganancias Estables, Infi ltración dentro de la Economía Legítima,

27 Alejandro Goic Karmelic. La Iglesia ante la Droga. Conferencia Episcopal de Chile. Santiago, Chile. 28 de junio 2008. Ver www.iglesia.cl. 28 David Muñoz Condell: “Ética Pública” en Manual de Ética. Cuadernos de Criminolo-gía. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago de Chile, 2004.

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Actividades contra la Sociedad y el Estado, Carteles y Organizaciones Criminales Análogas y Mafi as29.

Niveles de Criminalidad

1° Nivel. Sus actividades se caracterizan por el proxenetismo, robos a mano armada y microtráfi co. Los individuos que participan aquí son brutales y con calidades primitivas (astucia, desconfi anza y demarcación territorial). El nivel de asociación de este tipo de criminales es impulsivo y discontinuo, son grupos temporales y poco estructurados de amigos de barrio y primos de un clan. Permite la acumulación primitiva de capi-tal, muchos de los grupos que se forman quedan en este nivel y la mino-ría de estos asciende en la escala criminal.

2° Nivel. Sus actividades son organizadas, continuas y durables. El tráfi co de drogas es local o regional, venta de vehículos robados, traga-monedas y loterías ilegales, robos a mano armada. Su perfi l se carac-teriza por las capacidades jerárquicas, administración de un territorio, concepción de contra-medidas (corrupción, intimidación y violencia.). Su estructura se caracteriza por establecer una verdadera empresa crimi-nal implicando cómplices –abogados y notarios corruptos.

3° Nivel. En este nivel los criminales ya tienen una vida lujosa y os-tentan de su riqueza; tienen además necesidad de un fl ujo constante de dinero en efectivo (extorsión y chantaje.). Son individuos lúcidos, realis-tas y planifi cadores.

4° Nivel. Ocupan el reciclaje de dinero criminal dentro de la eco-nomía y las fi nanzas legítimas. Cuentan además con la adquisición de pequeños comercios o empresas que sirven de fachada legal y cobertura, de soporte de la actividad criminal (blanqueo, compra o transacción de bienes a uso criminal). Además deben pasar por niveles de aprendizaje para llegar a niveles superiores.

5° Nivel. Realizan todas las operaciones criminales. Gracias a una cobertura económica y una representación social marcada, permite acce-der a la gran delincuencia fi nanciera: facturas falsas, estafas comerciales, fraudes al Estado y desvíos de subvenciones.

29 Ver: Rafael Pardo Mateos. Fenomenología del Delito: Delincuencia Tradicional y Nuevas Formas de Delincuencia. En VVAA. Elementos Básicos de Investigación Crimi-nal. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. Madrid., España, 2007.

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6° Nivel. Organizaciones Criminales Transnacionales. Aquí en este nivel ya las actividades realizadas son de carácter transnacional, Admi-nistran un imperio legalizado a través de prestanombres. Son controla-dores de su propio territorio. Poseen nexos directos con las instituciones y los medios de negocios. Utilizan niveles de criminalidad relacionando además la corrupción, intimidación, eliminación. Es un conjunto de in-dividuos, sociedades comerciales, en ocasiones asociaciones privadas, con status muy diversifi cados.

Los Tipos de Organizaciones Criminales Transnacionales más co-nocidos son: Los Holdings: organización tal como la mafi a italiana que reagrupa numerosos sectores de actividades (extorsión de fondos, se-cuestros, tráfi co de todo tipo, juegos clandestinos, lavado de dinero, etc.) y que posee una estructura lineal. Los Carteles: Organización que reagrupa todas las fases de una misma actividad, tal como los carteles colombianos que controlan la producción de las hojas de coca, su trans-formación en pasta base, luego en cocaína y la distribución mayorista y medio mayorista, hasta a veces la distribución de detalles, tal como en los EE.UU. Esta industria de la cocaína supone una organización estruc-turada, jerarquizada y piramidal.

7° Nivel. Las Mafi as. Estas son sociedades secretas permanentes con ritos de iniciación e integración (compartimentadas y jerarquizadas con reglas de vida estricta). Tienen una noción de clan o familia. A menudo en perfecta simbiosis con oligarquía fi nanciera y política. Controlan su territorio (barrio, ciudad, región, país) al utilizar la violencia como estra-tegia de hegemonía.

LA IGLESIA Y LAS NARCO-OFRENDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, México, en respuesta a la violencia que deriva de las organizaciones criminales y el deterioro de la vida social, redactaron una carta pastoral sobre el crimen organizado en la ciudad de Guerrero, el 24 de enero de 2008, dicien-do que: “todas las formas de crimen organizado implican una verdadera idolatría en cuanto que expresan, ya de manera consciente o inconscien-te una decisión contraria a la Ley de Dios. No sólo se rechazan las leyes humanas establecidas para cuidar el bien común, sino que se rechaza, también, al mismo Dios. El crimen organizado manifi esta una verdadera idolatría en la que la fascinación por el poder que ofrece el dinero sus-tituye la adoración al verdadero Dios. Bien decía el Señor, “no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”, cuando proponía la alternativa de la

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verdadera fe que excluye toda clase de idolatría, que excluye siempre al verdadero Dios”30.

En los últimos años se ha recrudecido en nuestra región, comentan los obispos mexicanos, la violencia causada por organizaciones crimi-nales, distinta a la violencia intrafamiliar y a la violencia causada por la delincuencia común en las calles.

Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y sus cir-cunstancias. Está marcada por la crueldad, por el ajuste de cuentas, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a los rivales y a toda la sociedad. Esta situación no es exclusiva de esa región. Los obis-pos latinoamericanos han señalado recientemente que “la vida social se está deteriorando gravemente en muchos países de América Latina y de El Caribe por el crecimiento de la violencia, que se manifi esta en robos, asaltos, secuestros y, lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la socie-dad entera. La violencia reviste diversas formas y tiene diversos agentes: el crimen organizado y el narcotráfi co, grupos paramilitares, violencia común sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, violencia de grupos juveniles y creciente violencia intrafamiliar”31.

La Arquidiócesis Primada de México, a través del Cardenal Norberto Rivera Carrera, llamó a través de su semanario “Desde la Fe” a no bajar la guardia contra el narcotráfi co y reiteró su llamado a que ese grupo cambie pues, de lo contrario, la violencia y destrucción que ejerce tarde o temprano se le revertirá32.

Comentaban en dicha ocasión que “no es momento de bajar la guar-dia, la violencia descontrolada muestra ya la desesperación de todos esos grupos, cada vez más debilitados y presionados por las fuerzas del orden”. Consideran los obispos mexicanos que el combate al crimen organizado es un asunto de todos y que requiere de la participación de los distintos niveles de Gobierno, las corporaciones de seguridad, los medios de co-municación, las asociaciones religiosas y en general toda la ciudadanía.

30 Carta Pastoral sobre el Crimen Organizado en Guerrero. Mensaje de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en respuesta a la violencia que deriva de las orga-nizaciones criminales y el deterioro de la vida social. Acapulco, Guerrero, México. 24 de enero de 2008.31 Documento Conclusivo. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, Brasil. N° 78. Página 71. 13 al 31 de mayo de 2007. Ediciones de la Conferencia Episcopal de Chile, julio 2007. 32 www.informador.com.mx/mexico. Fecha de acceso: viernes 12 de septiembre de 2008.

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“En la guerra contra ese fl agelo no deben prevalecer los colores partidis-tas o intereses políticos”33.

Asimismo, destacan la importancia de la prevención contra las adic-ciones y de la denuncia ciudadana y periodística contra los microtrafi -cantes “que envenenan a los jóvenes y adolescentes en los barrios y cerca de las escuelas o en los antros”.

La Conferencia Episcopal Peruana, reunida en Lima el 17 de junio del 2008, señala “que la producción y tráfi co de drogas es un grave fl a-gelo para la humanidad, porque además de destruir la vida de millones de personas, provoca la destrucción progresiva del mayor pulmón del planeta y reserva de biodiversidad: la selva amazónica, y contamina gra-vemente las aguas de los ríos”34.

En la actualidad el narcotráfi co es el más serio desafío al orden social y moral y a la estabilidad de las instituciones de México, pues su poderío económico puede corromper a todos y su nivel de violencia es muy fuer-te. “La situación por la que atraviesa el país es sumamente grave y mues-tra de ello son los recientes atentados y asesinatos de altos mandos de las corporaciones especializadas para combatir a estos criminales. Parecería que nada los detiene”. Sin embargo, los obispos mexicanos terminan di-ciendo que la sociedad no puede seguir viviendo oprimida bajo el yugo de una civilización contraria a la vida, es decir, en medio de una cultura de la muerte.

En este mismo tenor, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, en su homilía en el Te Deúm Ecuménico celebrado el jueves 18 de septiembre de 2008 en la Catedral Metropolitana dijo: “Hemos querido que se erradique la corrupción y también el narcotráfi co, y hemos puesto una gran esperan-za en la justa respuesta a la aspiración que tienen todos los jóvenes y los niños de recibir una educación de calidad. Queremos que no se recurra a la violencia para solucionar los problemas, sino al diálogo y al respeto de los derechos de los demás, de manera que haya paz en las familias, paz en las aulas, en las empresas, en las poblaciones, en los estadios, en los campos y en los bosques, y siempre entre los países”35.

33 Ibíd.34 Obispos del Centro del Perú se pronuncian contra el Narcotráfi co y la Violencia. Con-ferencia Episcopal del Perú. Lima, junio 2008. www.zenit.org. Fecha de Acceso: 19 de septiembre de 2008. 35 Cardenal Francisco Javier Errázuriz: “Y nosotros ¿qué buscamos?” Homilía Te Deúm Ecuménico 2008. Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, 18 de Septiembre de 2008. www.iglesia.cl. Fecha de acceso: viernes 20 de septiembre de 2008.

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Otra faceta de este problema endémico son las declaraciones que diera el Obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, en la clausura de la 85 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), re-abriendo un antiguo debate que atañe directamente a la Iglesia Católica: las narcolimosnas. Y es que el Obispo Aguiar Retes exaltó la generosidad de algunos narcotrafi cantes y fue más lejos todavía: manifestó que en México debería aprobarse una ley que permita a los delincuentes arre-pentirse de sus actos y reintegrarse a la sociedad36.

Abundó el también presidente de la CEM: “Los narcotrafi cantes ha-cen obras muy signifi cativas para la comunidad: meten luz y se encargan de fi nanciar la construcción de caminos. También construyen iglesias y capillas. Eso ocurre en algunos pueblos muy remotos de la sierra, donde el gobierno no tiene recursos para actuar”.

Las palabras del obispo de Texcoco no cayeron bien a la jerarquía católica mexicana y las reacciones no se hicieron esperar. El Secretario General de la CEM, Monseñor José Leopoldo López, matizó las declara-ciones formuladas por el Obispo Aguiar Retes al comentar que éste no se refería a narcotrafi cantes, sino a delincuentes menores que no podían retirarse del hampa por estar amenazados.

La CEM también fi jó su posición en relación con el tema. En un co-municado, dijo: “Nos extraña que militantes de algunos partidos polí-ticos, de organismos sociales y de la misma clase intelectual, que, sin conocer el contexto de las declaraciones hechas por Monseñor Aguiar, hagan comentarios sobre un tema tan delicado como es el llamado a un cambio de vida”.

Días después, el órgano ofi cial de la Arquidiócesis Primada de Méxi-co, “Desde la fe”, publicó un artículo en el que subraya que la Iglesia Ca-tólica condena las actividades ilícitas del narcotráfi co. Y asegura que las declaraciones del obispo Aguiar Retes fueron sacadas de contexto.

Entrevistado al respecto, el obispo Raúl Vera López, una de las voces independientes dentro de la Iglesia Católica de México, comenta que el presidente de la CEM habló a título personal porque ese tema no fue ob-jeto de discusión en la Asamblea.

Sin embargo, reprueba que la Iglesia Católica acepte narcolimosnas porque, en su opinión, éstas no representan ningún gesto de generosi-dad de los donantes, sino que forman parte de una estrategia del crimen

36 Arturo Rodríguez García: Las Narcolimosnas. www.proceso.com.mx. Fecha de acceso: viernes 19 de septiembre de 2008.

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organizado para lavar dinero. Es más, sostiene que debe castigarse a los sacerdotes que reciben narcolimosnas, con pleno conocimiento de causa porque lo que están haciendo, en realidad, es lavar dinero del narcotrá-fi co.

Vera López, Obispo de Saltillo, considera que hay una falsa premisa en la Iglesia de que el dinero malo se hace bueno porque se invierte en cosas buenas. “El problema grave del narco es que se trata de un pecado social. Un negocio que tiene por objetivo afectar la vida de las personas, al poner a su alcance un veneno que, luego, desbarata familias y, en con-secuencia, la estructura social. Los mecanismos que tiene el negocio del narcotráfi co implican una estela de corrupción por donde quiera que se le vea. Además, desde el punto de vista moral, es imposible decir que se limpia el dinero, sólo porque se pone carpeta al pavimento, un jardín a un pueblo o se arregla una capilla. Por todo el conjunto de acciones, es un pecado social”37.

Sobre lo dicho por Aguiar Retes en el sentido de que sólo Dios pue-de juzgar y perdonar a los narcos, el Obispo de Saltillo responde: “Eso es delicado y grave. La Iglesia no puede prestarse, conscientemente, a recibir un donativo que viene del narco. Y no sólo de eso, sino del dinero que proviene de trata de blancas, de humanos, de las armas. Hay peca-do social en el que la Iglesia no puede formar parte, en el orden de una institución que tiene que ayudar a la verdad y la justicia. Si un sacerdote se presta al lavado de dinero, entramos al terreno criminal y eso es fatal. Si un Obispo se entera de que el padrecito está recibiendo dinero, no se puede quedar, porque estaría entrando también al manejo criminal”.

Vera afi rma que la Iglesia no puede proteger a los narcotrafi cantes: “Aquí hablamos del crimen organizado, de ninguna manera en el caso de nosotros, como sacerdotes, podemos erigirnos en colaboradores del Ministerio Público, pero tampoco podemos ser protectores del crimen organizado ¡nomás eso faltaba! ¡Jamás! La Iglesia no va a ayudar al Ministerio Público, eso sería absurdo; pero tiene sus obligaciones en la persecución de un delito, que es punible y que ha llegado a alterar el or-den público, bajo ninguna circunstancia se puede erigir en protectora de criminales”.

Relacionarse y aceptar ayuda del narcotráfi co tiene dos rutas desde la perspectiva de Raúl Vera: la primera y la más importante es la cues-tión moral y religiosa. Y la segunda es ante la justicia terrena. “Para que alguien involucrado se zafe delante de Dios es muy difícil, porque es mu-

37 Ibíd.

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cha violencia sobre la sociedad”. El obispo se explaya: “Si una persona quiere obtener los frutos de la revolución cristiana, tiene que reparar el daño”.

Con base en ese precepto, considera que un narcotrafi cante que dejó huérfanos y viudas y que provocó daño en vida, debe repararlo, no di-rectamente, pero debe reparar el daño social, deben pagar la deuda so-cial que tiene. Para terminar con ese debate, Vera López propone que se transparenten los ingresos de la Iglesia.

El representante de la Iglesia manifi esta: “Creo que no es difícil sa-ber, normalmente andamos a las alcanzadas. Siempre veo a los padres todos amolados. Si los padres recibieran dineros descomunales sería no-torio”. Vera López dice que no sólo es viable, sino que es recomendable transparentar los recursos de la Iglesia: “Hay diócesis mas disciplinadas que otras y párrocos más disciplinados que otros. Los sacerdotes siem-pre están realizando obras con el dinero que reciben. Los donativos son un asunto muy delicado, tenemos que tener mucha pulcritud”. Y remata: “El dinero sucio no se limpia”38.

En nuestro país las iglesias cristianas, tanto católicas como evangéli-cas, fi rmaron un trascendente marco de acuerdo para enfrentar el fl agelo del tráfi co y consumo de drogas. En dicha ocasión la Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachellet Jeria, sostuvo que el combate a las drogas es una tarea país “en la que deben confl uir todos los sectores e instituciones, dada la complejidad del problema y la diversidad de quie-nes lo sufren”.

La Mandataria valoró, asimismo, la labor de las iglesias en el ámbito social: “Conozco bien la labor de las Iglesias Cristianas y sé de sus esfuer-zos destinados a guiar a muchas personas en la búsqueda de un sentido profundo de la existencia humana, como también de las razones para integrarse a una sociedad y desarrollar una vida digna y provechosa”, manifestó. Del mismo modo, expresó que “las Iglesias también se han pronunciado con mucha fuerza respecto de la desigualdad de nuestra sociedad y tienen una poderosa presencia en la lucha contra la pobreza y la discriminación”39.

38 Ibíd. 39 Ver la intervención de la Presidenta Dra. Michelle Bachellet Jeria. Mandataria: Las políticas públicas funcionan cuando los ciudadanos se hacen parte de ellas. Lunes, 21 de abril de 2008. http://www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.aspx?idArticulo=23134. Fe-cha de acceso: sábado 20 de septiembre de 2008.

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LEY N° 19.638 SOBRE CONSTITUCIÓN JURÍDICA Y FUNCIONA-MIENTO DE LAS IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Hoy en Chile las entidades religiosas cuentan con una ley que les favorece en el sentido de contar con reconocimiento jurídico de carácter público, otorgándoles a las iglesias un tremendo espacio de acción como también de omisión al poder amparar en su momento asociaciones ilíci-tas que ocupen este “paraguas jurídico” para actuar libremente.

Para el abogado y sociólogo Humberto Lagos Schuffeneger, “es un hecho que el tema de la Personalidad Jurídica de Derecho Público consti-tuye un asunto central cuando de la igualdad ante la ley, en el campo reli-gioso, se trata”40. No obstante lo anterior, desde que el presidente Eduar-do Frei Ruiz-Tagle promulgara la Ley N° 19.638, en el Diario Ofi cial el 14 de octubre de 1999, se rompe el esquema de tolerancia religiosa para sentar el derecho al reconocimiento de la calidad de personas de derecho público de las Iglesias y organizaciones religiosas que lo soliciten41.

Antes de 1999, las iglesias evangélicas se podían acoger al llamado Decreto Reglamentario 110, el que permite que entidades sociales y ci-viles se pudieran constituir como personas de derecho privado sin fi nes de lucro.

De la misma forma, la aplicación de la ley Nº 19.638, que norma la constitución de iglesias y organizaciones religiosas, benefi cia la posi-ción histórica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sobre la base de dudosos y cuestionables argumentos y derechos, sustentados en una personalidad jurídica arbitraria y de clara condición hegemónica (perso-nalidad de Derecho Público y estatuto interno regulado por legislación extranjera), que permite en los hechos una especie de reofi cialización, sobre la base de una ventaja jurídica frente a las religiones emergentes o credos minoritarios.

Ante la constatación de la existencia de una religión que posee una Personalidad Jurídica de Derecho Público, calidad atribuible solo a los órganos encargados de la administración del Estado, queda de total ma-nifi esto el mito del Estado Laico, producto de la contradicción que ello implica, toda vez que se entiende que las personas jurídicas de derecho público son atribuibles solo al ámbito de actividades y órganos que rea-

40 Humberto Lagos Schuffeneger: “La Libertad Religiosa en Chile: Mitos y Realidades”. Revista Occidente N° 398, abril – junio 2008, página 43. 41 Humberto Lagos Schuffeneger: Chile y el Mito del Estado Laico. Ediciones Ixthus, Santiago de Chile, 2005. Pág. 52.

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lizan o norman entes ofi ciales. Las entidades de derecho público deben perseguir un fi n público y, por lo tanto, tienen que pertenecer a las es-tructuras políticas y administrativas del Estado. Deben ser creadas por ley y cumplir fi nes propios del Estado, con los controles administrativos, la potestad y la organización pública42.

Esta ley se ha transformado en un verdadero paraíso para aquellos que con un legítimo derecho han accedido a una posición jurídica de de-recho público, que en sí no es negativo. El problema se centra en aquellas entidades de carácter religioso que optan a este reconocimiento legal y pueden caer en la tentación de poner a disposición de asociaciones ilíci-tas su personalidad jurídica de derecho público.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Concluimos este artículo con las palabras del teólogo suizo Hans Küng43, quien dice que la lucha contra la corrupción debe emprenderse con todos los medios legales. Y a menudo no hay ninguna voluntad polí-tica de combatir la corrupción porque detrás no hay una voluntad ética; muchas disposiciones legales contra la corrupción no se aplican en la práctica por la falta de una conciencia de injusticia, ya que es habitual que se hayan perdido las pautas éticas elementales, tanto en la población en general como en las elites. Sostiene Hans Küng que la reforma de un Estado suele ser muy difícil porque falta una base ética44.

Por ello, proponemos un marco de referencia ético establecido por John Dunning45, sin el cual es muy difícil de poder combatir la corrup-ción.

Una estructura comercial inadecuada en el ámbito de las macro 1. organizaciones va ligado a la falta de honradez y al fraude, así como a la falta de confi anza, de capacidad de compromiso, de cooperación y de lealtad de grupo.

42 Sebastián Jans: La Personalidad Jurídica de la Iglesia Católica en Chile. Voz el diario electrónico Mundo.com. Un diario de alcance mundial. http://www.vozalmundo.com/index.php?id=4913. Fecha de acceso: lunes 15 de septiembre de 2008. 43 Ver Hans Küng: Una Ética Mundial para la Economía y la Política. Editorial Trotta, Madrid, 1999. 44 Hans Küng: La Lucha contra la Corrupción Requiere un Marco Ético. En: Peter Eigen: Las Redes de la Corrupción: La Sociedad Civil Contra los Abusos del Poder, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2004. Pág. 251. 45 Ibíd. Pág. 253.

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Las insufi ciencias en el sistema jurídico, por ejemplo respecto a 2. la prevención de delitos, están asociadas al capitalismo de casino y de mafi a.

Un sistema bancario, fi nanciero y de contabilidad inadecuado 3. tiene que ver con oportunismo, dejadez e indisciplina.

Una organización social inadecuada va ligada a la indiferencia 4. hacia las necesidades de los demás y una falta de sentido del de-ber personal y de la responsabilidad social.

Una ausencia de control en organizaciones religiosas que ac-5. ceden a registro de personalidad jurídica de derecho público, creándose vacíos en donde asociaciones ilícitas pueden usarlas para sus benefi cios particulares, tanto de lavado de dinero como tráfi co de drogas.

De todo esto, podemos deducir que la ética no es algo marginal o algo añadido artifi cialmente, sino que aquí se habla con pleno derecho de un marco moral que se halla en interdependencia e interacción tanto con los mercados como con los gobiernos, tanto con las asociaciones in-termedias como con las organizaciones supranacionales.

Al hablar de ética, no nos referimos sólo a una invocación de la mo-ral, sino a una manera de obrar moral. Obrar que debe dar cuenta de los principios y valores de servicio público, característica propia de personas probas y de buenas prácticas.

La única forma en que los consagrados al ministerio pastoral puedan enfrentar las tentaciones del crimen organizado es a través de una con-ducta proba. Por ello, consideramos que a lo menos se deben observar las siguientes ideas fuerzas:

Probidad Profesional. Es esencialmente ético que quien puede • dar tres no se contente con dos.

Probidad Personal. Si todos caen no se justifi ca que yo caiga.•

Probidad Institucional. Depende de cómo vivamos en el ecosiste-• ma que está a nuestro alrededor.

Ética Social. Se debe conocer no solo la historia de nuestro país, • sino cómo vivimos y cómo pensamos para entender nuestro en-torno y poder intervenirlo adecuadamente.

En suma, hemos sido llamados a servir y no a servirnos de los de-más.

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Modelo de Gestión Aplicado a Decisiones de Producción en la Policía

Alejandro Palacios Huerta*

INTRODUCCIÓN

“Una concepción amplia de la seguridad -seguridad pública y ciuda-dana- demanda destinar esfuerzos a mejorar la gestión, la actuación y los resultados. Es decir, desde una perspectiva tecno-económica, se requiere más efi ciencia y más efi cacia en el Estado, los gobiernos y las instituciones públicas del sector” (Tudela 2007)

Escenarios que consideran el asentamiento de tendencias de crimi-nalidad crecientes, tales como el incremento de la violencia y el delito, determinan un aumento en la brecha entre la oferta pública y la deman-da ciudadana por seguridad.

Esta necesidad político social genera altas expectativas respecto al accionar de la policía y representa un reto para ésta, porque supone su-perar su funcionamiento más allá de lo que el mandato legal ordena.

Estas mayores exigencias sobre la efi cacia y efi ciencia de la policía en la coproducción de seguridad pública y ciudadana imponen fuertes presiones sobre el cumplimiento de resultados.

Es en este contexto que conceptos como gestión por resultados, con-trol de gestión, accountability y responsiveness1 se transforman en atri-

1 Accountability, en el contexto de políticas públicas y en las discusiones sobre organi-zación policial, se refi ere a la existencia de mecanismos e instituciones independientes abocadas a la supervisión de de la actuación policial. Estos pueden ser externos (poder ejecutivo, parlamento, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, entre otros) hasta internos: de control disciplinario, de entrenamiento y de socialización de valores.

* Ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral. Licenciado en Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad Gabriela Mistral. Alumno Diplomado de Control de Gestión Gerencial, conducente a Magíster de Control de Gestión, Universidad de Chi-le. Funcionario del Departamento de Análisis, Planifi cación y Desarrollo Institucional, PDI.

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O

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butos ineludibles de la operación de toda policía que aspira a modernizar sus procesos en la búsqueda de mayores niveles de productividad y cali-dad en la prestación de sus servicios.

Consciente de esta realidad, la Policía de Investigaciones de Chile2 (en adelante, PDI) viene desarrollando un proceso de renovación y mo-dernización de la gestión desde el año 1998 a la fecha, el cual se orienta a modifi car sustantivamente la forma de hacer las cosas a través de la optimización de sus actividades y procedimientos, la redefi nición de doc-trinas, métodos y prácticas (Cuenta Pública de la PDI 2008).

El propósito de estas modifi caciones es cumplir de manera más efi -ciente la misión institucional3, mejorando para ello la respuesta a las de-mandas de servicios policiales con un mayor valor agregado de la labor, que va más allá de lo que implica contribuir a la gestión de la justicia y la producción de seguridad pública y ciudadana (Cuenta Pública de la PDI 2008).

Como principal instrumento de planifi cación y gestión para cumplir con el objetivo de contribuir a una administración efi ciente, que promue-va iniciativas y proyectos destinados a impulsar y optimizar el progre-so de la PDI, se formula un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2004-2010), “Plan Minerva”, que busca posicionar a la PDI como una policía de alto rendimiento.

Como consecuencia de este plan maestro, entre otros programas y proyectos, surge el presente modelo de gestión que busca incrementar la productividad y calidad de los procesos a través del desarrollo y apli-cación de técnicas cuantitativas que permiten planifi car y controlar la gestión de la labor policial.

Responsiveness dice relación con la calidad de la respuesta que da la policía a las deman-das ciudadanas. Según esto, una fuerza policial democrática es aquella que responde a las necesidades de los individuos, de grupos de interés y del gobierno, es decir orienta funda-mentalmente su actuación a satisfacer las necesidades de las personas (Tudela 2007). 2 Se trata de una institución de carácter profesional, técnico y científi co, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad, cuya misión fundamental es investigar los delitos de con-formidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile (2004-2010), “Plan Minerva”)3 Según el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile (Decreto Ley N° 2.460 del 09 de Enero de 1979), su misión fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fi scales.

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En Chile la PDI presta diversos tipos de servicios al Ministerio Pú-blico. Entre estos, se encuentran órdenes o “causas” que implican dili-genciar investigaciones, aprehensiones, arrestos, citaciones, exhortos, trámites, etc.

Cada uno de estos decretos difi eren entre sí. Poseen distintas ca-racterísticas y niveles de complejidad, por lo que se requiere diversos procesos productivos para su resolución. Por ejemplo, una investigación difi ere respecto a un exhorto en términos de recursos, tiempo y tecnolo-gía aplicada, entendiendo ésta última como fl ujos de trabajos, métodos y equipos con los cuales se transforman insumos en productos o servicios fi nales.

Pero no sólo existen diferencias entre distintos tipos de causas; tam-bién existen particularidades distintivas entre un mismo tipo de decre-tos; por ejemplo, un delito de homicidio requiere un proceso investigati-vo muy diferente a la investigación de un delito por robo, un delito sexual o un delito económico. Por lo tanto, cada investigación requiere distintos uso de recursos, combinaciones de los mismos y tiempo utilizado.

Si se considera un contexto en el que cada unidad (Brigada de Inves-tigación Criminal o Brigadas Especializadas)4 cuenta con diferente canti-dad de recursos humanos, fi nancieros y logísticos; y a esto se le agrega, además, distintas características geográfi cas en las que se efectúa la la-bor, tales como cantidad de habitantes, perfi l criminológico, extensión o cobertura territorial, y características físicas y climáticas del territorio; entonces, resulta altamente complejo determinar si las cosas se están haciendo bien o mal, más aun identifi car las variables subyacentes que explican estos resultados.

En otras palabras, se desconoce si la operación total de la unidad o brigada, así como la operación individual de los detectives que la com-ponen, es sufi ciente para cubrir la demanda recibida de manera satisfac-toria, en términos de productividad o efi ciencia, también respecto a su calidad o efi cacia.

4 La Brigada de Investigación Criminal o “Bricrim” corresponde a la unidad básica de investigación, está compuesta por detectives que investigan todo tipo de delitos con un enfoque más generalista. Las Brigadas Especializadas, por otro lado, son unidades que como su nombre lo indica se especializan en la investigación de un sólo tipo de delito. Existen, por ejemplo, brigadas que se enfocan exclusivamente en la investigación de de-litos sexuales, mientras que otras lo hacen en delitos económicos, o en delitos de homici-dios, o en delitos de narcotráfi co, por nombrar algunas. En el 2007 la PDI posee 128 cuarteles en 98 comunas, que albergan 223 Brigadas Ope-rativas (90 Brigadas de Investigación Criminal y 133 Brigadas Especializadas).Fuente: Cuenta Pública 2008 de la PDI.

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En tal sentido, surgen preguntas que no encuentran respuestas pre-cisas y objetivas para resolver cuestionamientos tales como: ¿Estamos operando a máxima capacidad?5, ¿Tenemos el recurso humano necesa-rio para producir los servicios que requieren ese nivel de demanda, falta dotación o sobra? 6 ¿Cuál es la productividad y dotación requerida para el próximo período?, ¿La dotación y productividad pasada produjo resulta-dos de calidad? ¿Cómo se pueden medir estos aspectos?

Con el propósito de resolver éstas y otras interrogantes se ha desa-rrollado el presente modelo de gestión, el cual permite no sólo responder este tipo de cuestionamientos, sino que posibilita, además, defi nir aspec-tos incluso más fundamentales como determinar la demanda y oferta de servicios, asociada a una unidad operativa, donde la operación o proce-so productivo presenta condiciones de intertemporalidad que difi cultan precisar este tipo de conceptos.

Este modelo fue pensado para resolver el problema defi nido en la PDI, institución que no cuenta con un modelo de gestión apropiado que permita disponer de criterios ordenadores o estándares para una asig-nación de recursos humanos, logísticos y fi nancieros, que sea racional, efi caz y efi ciente, y que se adapte a las condiciones de demanda y oferta de servicios de cada unidad operativa.

Entre otros aspectos, este modelamiento permite determinar, por ejemplo, si la dotación de una brigada es insufi ciente, óptima, o si pre-senta holgura en cierto período. De esta forma, se puede explicar en tér-minos de este factor qué hay detrás de los resultados obtenidos o proyec-tados.

5 En el año 2007 quedan sin cancelar 47,4% órdenes de investigar escritas; 54,7% órde-nes de aprehensión escritas; 56,7% órdenes de arresto escritas; 37,6% órdenes de cita-ción escritas; 50,4% órdenes de exhortos escritas y 31,7% órdenes de trámites escritas (Cuenta Pública de la PDI 2008)6 La relación entre el número de habitantes por investigador policial para el año 2007 es de sólo 1 detective por cada 4.121,7 habitantes a nivel nacional y de 1 detective operativo por cada 4.528, 8 habitantes. Considerando las tasas de victimización por hogar en regiones y comunas que informa la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2007 (Ministerio del Interior/ Instituto Nacional de Estadística), la evolución de la tasa de denuncias y la demanda de servicios policiales que formulan diversos actores del sistema, en particular las 16 Fiscalías Regionales del Ministerio Público en el país, tanto el défi cit de personal como la sobrecarga laboral ponen en riesgo la calidad de la investigación y restantes servicios policiales, así como la efi cacia policial.

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Asimismo, en un ejercicio de planifi cación, el modelo también per-mite calcular las productividades futuras por detective y por brigada re-queridas, identifi cando la composición o mezcla intertemporal óptima.

Estas y otras aplicaciones, se podrán ver en esta propuesta que pre-tende resolver la necesidad existente, a través de la aplicación de una va-riante del modelo de Teoría de Colas, la cual incorpora una modifi cación de uno de sus supuestos originales. Cabe advertir que, sin esta modifi -cación, no es posible aplicar la lógica de este modelamiento impidiendo resolver la problemática descrita.

La lógica en que se sustenta este desarrollo se basa en un criterio matemático, racional y único, aplicable a todas las unidades operativas, a través del cual se pueden defi nir estándares de desempeño, rendimiento o productividad de los recursos, que en contraste con la demanda de ser-vicios que cada unidad recibe, actual y potencialmente, permite deter-minar los requerimientos mínimos de recursos presentes y futuros para satisfacer de manera óptima dicha demanda.

Para exponer este modelo, el contenido de este artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: una primera parte contiene la pre-sentación y explicación del modelo; luego, en una segunda sección se describe las aplicaciones del modelo, se señala cómo se pueden interpre-tar los resultados, e incorpora un ejemplo práctico que contiene datos reales de una Brigada de Investigación Criminal de la PDI; por último, en una tercera etapa, se resumen algunas consideraciones y conclusiones respecto a la utilización y aplicación del modelo.

1. MODELO DE GESTIÓN PARA LA ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS HUMANOS Y SU ADMINISTRACIÓN

Atendida la escasez de recursos humanos que caracteriza a la PDI, surge la necesidad de contar con un modelo de asignación de recursos que permita maximizar su efi ciencia. Se busca, en defi nitiva, una herra-mienta que posibilite determinar la cantidad óptima requerida de dota-ción y productividad para cada unidad, vale decir, que permita aumentar o disminuir la dotación efectiva de acuerdo a las características particu-lares de la oferta y demanda de servicios de la unidad en estudio.

1.1 Aplicación de Conceptos del Modelo de Teoría de Colas

Este es un modelo desarrollado para ser aplicado a personas hacien-do cola para recibir algún tipo de servicio, trabajos que esperan ser pro-

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cesados, o cualquier situación en la que existe una línea de espera y un servidor.

En este caso, se utilizará para determinar la cantidad óptima de re-curso humano requerida para satisfacer la demanda de servicios policia-les que enfrenta la unidad, dada su capacidad estructural de servicio.

Para tal efecto, se considerará como demanda externa de servicios a todas las causas recibidas por la PDI, que provienen de parte las fi sca-lías, en un período determinado.

Por lo tanto, la línea de espera o “Cola” estará conformada por cau-sas que están en espera de ser procesadas o “trabajadas”. Consecuente-mente, los servidores o procesadores que trabajarán estas causas son los detectives. El siguiente esquema muestra la situación descrita:

Figura Nº 1 Sistema de varias líneas de causas con múltiples detectives o servidores

Ministeerio Públicco

Causa

Causa

Causa

as

as

as

Dete

Dete

Dete

ective

ective

ective

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Como todo modelo matemático existen algunos supuestos que sim-plifi can la realidad7, revisemos cuales son:

LLEGADAS

Se supone que las llegadas o recepción de causas en la unidad ocu-rren de manera completamente aleatoria, por lo tanto, la probabilidad de una llegada en cualquier instante es la misma que en cualquier otro momento del tiempo. Esto es equivalente a afi rmar que el número de llegadas por unidad de tiempo tiene una distribución Poisson8.

También supone que las llegadas de causas vienen de una población infi nita y que llegan varias a la vez, lo que causa múltiples líneas o colas.

COLA

La disciplina de cola es primera causa en llegar, primera en ser traba-jada, procesada o diligenciada sin prioridades especiales. Adicionalmente, se establece que las causas llegadas no pueden cambiar de lugares en la línea o dejar la cola antes de ser trabajadas.

7 Charles A. Gallagher y Hugh J. Watson, “Métodos Cuantitativos para la Toma de Deci-siones en Administración”, 469-470, 1982.8 La distribución de Poisson se utiliza como distribución de las ocurrencias de un fenó-meno en una unidad de tiempo. Cualquier fenómeno aleatorio que ocurre por unidad (de área, de volumen, de tiempo etc.) se puede aproximar bien, en la mayoría de los casos, por la ley de Poisson. Características de una variable aleatoria Poisson:

a. El experimento consiste en contar el número x de veces que ocurre un evento en par-ticular durante una unidad de tiempo dado, o en un área o volumen (o peso, distancia ocualquier otra unidad de medida) dada.

b. La probabilidad de que un evento ocurra en una unidad dada de tiempo, área o volu-men es la misma para todas las unidades.

c. El número de eventos que ocurren en una unidad de tiempo o área o volumen es inde-pendiente del número de los que ocurren en otras unidades.

d. El número medio (o esperado) de eventos en cada unidad se denota por la letra griega lambda, λ.

La distribución de probabilidad Poisson

La distribución de probabilidades par una variable aleatoria Poisson está dada por:

Donde, λ = es el número de eventos en una unidad dada de tiempo, área o volumen. e = 2,71828... La media y la varianza de la variable aleatoria Poisson son: Media m = E(X) = λ, Varianza s2 = Var(X) = λ

P (X=

px) = x -

x!

p > 0 ; x= 0,1

p1, 2,3,...

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INSTALACIÓN DE SERVICIO (DETECTIVE)

Cada detective proporciona el servicio que varía aleatoriamente. Esto supone que las salidas o “Causas canceladas” son completamente aleatorias, vale decir, el tiempo de servicio sigue una distribución expo-nencial.

En otras palabras, el tiempo de servicio o diligenciamiento de una causa varía: es corto para las órdenes pequeñas o simples y largo para las grandes o complejas.

1.1.1 Características de Operación

Bajo los supuestos anteriores, se entienden las características de operación aplicando el concepto de valor esperado. Esto signifi ca que las longitudes de línea y los tiempos de espera se calculan en promedio. La derivación llega a los siguientes resultados:

COLA

En un sistema con n colas e igual número de detectives, para cada cola individual con un detective por cola, se cumple:

= < 1.

’= ’< 1. Lq = Lq =

Ls =

L = = Lq+Ls =

W = =

Wq =

Ws =

A2 Sn (Sn-A)

A Sn

A Sn-A

A n S

2 (1- )

(1- )

Donde:

= Tasa de ocupación del sistema (Probabilidad de que un detective y su línea de causas en espera esté ocupada).

’ = Igual que , pero se sustituye “s” por “Se” (productividad estructural por detective)

A= Velocidad (cantidad) de llegada de causas por unidad de tiempo a toda la brigada.

S= Tasa promedio de trabajo, procesamiento o servicio por detective, por unidad de tiempo.

Se= Procesamiento o servicio estructural por detective, por unidad de tiempo.

n = Número de Detectives.

Sn= Velocidad (Cantidad) de trabajo, procesamiento o servicio por brigada, por unidad de tiempo.

Lq= Cantidad de causas haciendo cola para ser diligenciadas o trabajadas por detective. Ls= Cantidad de causas siendo diligenciadas o trabajadas por detective. L= Cantidad de causas en todo el sistema, entendiendo por sistema las causas en cola y las que están siendo trabajadas por el detective (por detective).

W= Valor esperado del Tiempo de espera en todo el sistema, entendiendo por sistema la cola y el servidor (detective). Wq= Valor esperado del Tiempo de espera en la cola de causas por detective.

Ws = Tiempo de espera en el servicio de diligenciamiento o trabajo de la causa por detective.

A n Se

A A(Sn-A)

1 S

1 S - (A/n)

n Sn-A

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En el caso de los tiempos de espera: W, Wq y Ws se ha comprobado que los resultados obtenidos con datos de unidades operativas del país, arrojan diferencias con los promedios reales de diligenciamiento de cau-sas.

Esta diferencia entre los resultados del modelo y la realidad, para el caso de estas ecuaciones, se explica porque el modelo hace el supuesto de que un detective trabaja una causa a la vez. Esto signifi ca que para que el detective trabaje la siguiente causa de la cola debe primero terminar la que está diligenciando previamente, situación que no ocurre en la realidad.

Afortunadamente, lo anterior no ocurre con el resto de las fórmulas, que sí son válidas para efectos de su aplicación y posterior análisis. De ellas se pueden extraer conclusiones muy útiles para los fi nes propues-tos.

En tal sentido, el modelo es de gran utilidad para el propósito de determinar la cantidad óptima de recurso humano requerido, por los ha-llazgos y conclusiones que supone esta ecuación:

= = , < 1.

A n S

A Sn

Rho (ρ) es la tasa de ocupación del sistema, y para que el sistema funcione adecuadamente debe ser menor que 1. Obsérvese que todas las fórmulas de colas: Lq y L tienen (Sn-A) en el denominador. Si son igua-les, la cola explota, es decir, crece indefi nidamente, por tanto, se debe tener Sn>A para que el sistema no colapse.

Si se considera que Sn, la Velocidad (Cantidad) de trabajo, proce-samiento o servicio de la brigada, por unidad de tiempo, no es otra cosa que la oferta de servicio que la brigada puede producir en el período; y, que A, la Velocidad (cantidad) de llegada de causas a la brigada por uni-dad de tiempo, es la demanda externa que la brigada recibe en dicho pe-ríodo, entonces, dado que el modelo supone que las llegadas provienen de una población infi nita, resulta evidente su conclusión: Si la demanda (A) no es menor que la oferta (Sn), se acumulan causas indefi nidamente y la brigada colapsa.

Luego, si se toma en consideración que S -la Tasa promedio de tra-bajo, procesamiento o servicio por detective, por unidad de tiempo- en realidad corresponde a la tasa, oferta o productividad por detective, en

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el período evaluado, entonces se puede calcular la cantidad requerida de detectives (n) para que el sistema no colapse.

Basta con igualar Rho (ρ) a 0,9 (para satisfacer la condición de ser menor que 1), reemplazar los valores de S y A, dejar a n como incógnita y despejar la ecuación:

= = 0,9 n =

A Sn

A S (0,9)

Pero S -la Tasa promedio de trabajo, procesamiento o servicio por detective, por unidad de tiempo- puede variar de período en período. Por lo tanto, para modelar la unidad, se requiere construir un estándar relativamente estable que permita determinar la cantidad de detectives requerida para distintos niveles de demanda (A).

Con este propósito, se tomará el S de los últimos 5 años y se prome-diará. Este promedio “Se” será la tasa o “productividad estructural de servicio por detective” de la brigada en análisis, y será el criterio o están-dar a utilizar para calcular la cantidad de detectives requerida en el año, dada la cantidad de demanda estimada para el año (Ae).

Evidentemente, en la planifi cación anual de recurso humano reque-rido para el próximo año en la unidad en análisis, se debe recalcular Se, para considerar el S obtenido durante el último año. En tal sentido, se recomienda que se use una media móvil quinquenal.

Nótese, que la “capacidad estructural de servicio por detective (Se)” contiene o recoge productividades pasadas, que incorporan todas las condiciones estructurales específi cas, propias de la prestación de servi-cio en la unidad en que este desarrolla; esto es, características geográfi cas en la que se inserta la unidad, tales como cantidad de habitantes, perfi l criminológico, extensión o cobertura territorial, características físicas y climáticas del territorio; así como también, características propias de la unidad como tipo de servicios investigativos que se presta (especializa-dos o generales), recursos humanos, logísticos, fi nancieros, y todas las restricciones asociadas en estos aspectos.

Asimismo, cabe hacer notar que esta “capacidad estructural de ser-vicio por detective (Se)”, no es un valor estático, sino más bien dinámico que va incorporando los cambios que se producen en los aspectos antes mencionados a través del tiempo.

Por lo tanto, es importante destacar que “Se” es diferente y único para cada unidad. Esta característica le da fl exibilidad al modelo, al per-

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mitir su aplicación a cualquier tipo de unidad, dado que se utiliza infor-mación de su propia realidad para la construcción de este estándar.

Para la validez de la aplicación de este modelo es muy importante que los componentes de las fórmulas sean consistentes con los concep-tos, lógica y conclusiones originales del modelo de Teoría de Colas.

Revisemos si se cumplen estas condiciones en esta aplicación. Las fórmulas se componen de los siguientes elementos:

DEMANDA (A)

Entenderemos por demanda del período, sólo aquellas causas que se reciben durante el período que se analiza. Esto signifi ca que no se con-sidera las causas no terminadas en el período anterior. Considerando un período de un año la demanda será:

A = Causas recibidas en año actual y terminadas en año actual (a)

+ Causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b)

OFERTA O PRODUCCIÓN (SN)

Se entenderá por oferta del período, todas las causas que se trabajan y terminan en el período, inclusive aquellas causas que se recepcionaron en el período anterior. Esto es así, por cuanto interesa conocer la capa-cidad total de producción en el período y es, además, la única forma de estimar la capacidad real de producción, ya que, si sólo se considera la producción asociada a la demanda del período, se estará subestimando la capacidad estructural producción, inutilizando el modelo. Por lo tan-to, considerando un período de un año la oferta será:

Sn = Causas recibidas en año actual y terminadas en año actual (a)

+ Causas recibidas año anterior y terminadas en año actual (c)

Como se puede observar, aquí se introduce una variante al modelo original de Teoría de Colas, al incorporar en la producción las causas re-cibidas en el año anterior y terminadas en el año actual (c). Para efectos de validez del modelo, supondremos que estas causas son de igual natu-

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raleza y condición que las causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b) que pertenecen a la demanda, es decir, son homogéneas entre sí.

Por lo tanto, supondremos que para efectos de comparación de ofer-ta y demanda en el período, son perfectamente equivalentes, compara-bles y, por consiguiente, intercambiables. Esto signifi ca que se pueden restar sin ningún impedimento alguno.

Como se verá, este nuevo supuesto permitirá extraer conclusiones interesantes que vendrán a complementar los resultados originales del modelo de Teoría de colas, que se basan en el supuesto de un ”Sn” que no incluye (c). Revisemos que ocurre con este nuevo supuesto:

¿Cuál es la lógica de este nuevo supuesto?

Para responder esta pregunta revisemos las fórmulas. Si se observa que el primer componente de la demanda, las “Causas recibidas en año actual y terminadas en año actual”(a), es el mismo que para la oferta, re-sulta evidente que la diferencia entre la oferta y la demanda estará dada por la diferencia entre las causas recibidas en el año anterior y termina-das en el año actual (c), de la oferta, y las causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b), de la demanda.

Comprobemos:

Para que el sistema no colapse debe cumplirse la condición Sn-A > 0, luego reemplazando se obtendrá lo siguiente:

Si A = a+b → (a+c) – (a+b) > 0

Sn= a+c a+ c -a - b > 0

Resolviendo se obtiene: c – b > 0

Esto es: - > 0

Causas recibidas año anterior y terminadas en año actual (c)

Causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b)

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- > 0

Causas recibidas año anterior y no terminadas en año anterior (c)

Causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b)

En una primera lectura, comparar estos conceptos carece de senti-do. Sin embargo, si se piensa y se considera que “c”, las causas recibidas año anterior y terminadas en año actual, no es otra cosa que las “Causas recibidas en el año anterior y no terminadas en año anterior”, entonces comparar ambos conceptos, a la luz del modelo, tiene sentido:

Si entendemos que “c” y “b”, las causas no resueltas o no terminadas, vale decir, en cola de un período a otro son iguales, entonces signifi ca que el sistema presenta una “Cola Inercial” , esto es, una cola que se reproduce período a período y crece indefi nidamente. Luego el sistema colapsa.

Si, por el contrario, las causas no terminadas en cada período van decreciendo, entonces aunque bajo los supuestos originales del modelo de todas formas se produce una cola que crece indefi nidamente, ésta se reproduce de forma decreciente período a período. Por cierto, esto es lo que se busca, que la tendencia de reproducirse la cola tienda a cero.

Esto adquiere mucho sentido si se piensa que el tiempo utilizado para terminar las causas inconclusas del período precedente(c), no se puede recuperar luego para usarse en terminar las causas que se reciben en el propio período.

En términos simples, lo anterior signifi ca que hacer un trabajo im-plica dejar de hacer otro. En tal sentido, cabe hacer la pregunta: ¿Sale a cuenta dejar de trabajar y terminar las causas recibidas en este período para trabajar y terminar las causas retrasadas e inconclusas del período precedente?

La respuesta del modelo es clara, depende de la productividad de cada trabajo: Si las causas recibidas en año actual y no terminadas en año actual (b), son más o la misma cantidad que las causas recibidas en el año anterior y terminadas en año actual (c), entonces no sale a cuenta, ya que se elimina una cola a costa de otra, vale decir, se produce una cola inercial que crece indefi nidamente, luego, el sistema colapsa.

Por el contrario, si el trabajo o causas que se dejan de hacer en el año (b), son menos que las causas retrasadas del año precedente que se terminan en el año actual (c), entonces aunque se produce una cola, ésta tiende a reproducirse de manera decreciente en el próximo período.

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Esto es así, porque en la medida que decrecen las causas inconclusas de cada período, menos tiempo se utilizará para terminarlas en el pe-ríodo siguiente y, por lo tanto, más tiempo queda libre para trabajar las causas recibidas durante el período corriente.

Para visualizar estos conceptos en la siguiente fi gura se presentan dos situaciones opuestas que permiten entender lo descrito. En un pri-mer escenario, se observa que la demanda supera a la oferta en el año actual (año1), porque “c”, las causas inconclusas del año que antecede (año 0), son menores que las causas en igual condición en el presente año “b”. Luego, el sistema colapsa.

Por el contrario, en el segundo escenario se ve la situación opuesta en donde el componente “c” es mayor que “b”, por lo tanto, la oferta es mayor que la demanda, lo cual es óptimo.

Figura Nº 2 Oferta vs Demanda, dos casos opuestos

En resumen, estos son los hallazgos de esta variante del modelo:

Como en esta variante del modelo original “Sn” incluye a “c”, las Causas recibidas año anterior y terminadas en año actual, cosa que no ocurre en el modelo base, se pueden dar dos situaciones cuando Sn es mayor que A, con ρ= 0,9 :

Que “b”, las Causas recibidas en año actual y no terminadas en • año actual, sean igual a cero. En este caso, “c”, las Causas recibi-das año anterior y terminadas en año actual, es mayor que cero. Luego, no se produce cola para el próximo período. Es la situa-ción perfecta, pero es muy difícil que ocurra.

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Que “b”, las Causas recibidas en año actual y no terminadas en • año actual, no sea igual a cero, pero a su vez, “c”, las Causas re-cibidas año anterior y terminadas en año actual, sea mayor que “b”. Luego, se produce de forma decreciente una cola en el próxi-mo período (es la situación óptima alcanzable)

“Decreciente” signifi ca que la probabilidad de que se reproduzca esta cola en el próximo período tiende a cero. Este resultado es alcanzable y es lo que se busca, pues pretende evitar una situación en que período a período exista una tendencia constante o creciente de reproducirse una cola, que es lo que ocurre cuando b es distinta de cero e igual que c, o es distinta de cero y mayor que c.

¿Por qué no sólo es valida la segunda situación, sino que además es satisfactoria, aceptable y buscada?

Porque en el modelo original, que no considera “c” en “Sn”, cuando “A” es mayor que “Sn” se produce una cola debido a que la tasa estructu-ral de servicio no supera a la demanda. Es decir, no existe capacidad.

En cambio, si a los datos anteriores se le agrega “c” a “Sn” (nues-tra variante) y se obtiene que “Sn” es mayor que “A”, aunque de todas formas se produce una cola, ésta no se produce por falta de capacidad, sino que se produce debido a que parte de la capacidad productiva se ha ocupado en trabajo retrasado.

Implícitamente se está diciendo que de no haber existido ese traba-jo atrasado, se podría haber terminado todas las causas recibidas en el período, vale decir, existe capacidad, entonces aunque se produzca una cola, la tendencia de que ésta se reproduzca es cada vez menor, y esto es óptimo.

Luego, como la capacidad de terminar causas en el período presente, en otras palabras, de no dejar causas inconclusas para el próximo perío-do, depende de la capacidad producción (Sn). Entonces, se puede hacer gestión dado un determinado nivel de demanda A:

Si “S” es mayor o igual al estándar defi nido (Se) y • ρ no es me-nor que uno, se puede aumentar la cantidad de detectives para que “Sn” sea mayor que “A” y se logre la condición de equilibrio (ρ=0,9).

Si “S” es menor que el estándar defi nido (Se) y • ρ no es menor que uno, no se necesita aumentar la cantidad de detectives, sino que se requiere incentivar su productividad individual para que “Sn” sea mayor que “A” y se logre la condición de equilibrio.

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Si “S” es mayor o igual al estándar defi nido (Se) y • ρ= 0,9 (menor que uno) entonces Sn es mayor que A y se logra la condición de equilibrio. Se puede dar la “situación perfecta”, en la que no se produce cola o se puede dar el óptimo alcanzable, en donde si se reproduce cola, pero de manera decreciente. En ambos casos se debe mantener la cantidad de detectives y no es necesario exigir-les que aumenten su productividad.

Si “S” es igual al estándar defi nido (Se) y • ρ< 0,9; entonces existe holgura y se puede disminuir la cantidad de detectives, redesti-nándolos a otras unidades donde se requiera aumentar la dota-ción.

Estos son sólo algunos ejemplos de situaciones que pueden ocu-rrir, porque en realidad existen variadas posibilidades de resul-tados que dependen de si la productividad es insufi ciente (S<Se), óptima (S=Se), o si hay Sobreproducción (S>Se); las que a su vez, en combinación con distintas alternativas de valores de rho (ρ), y de rho prima (ρ’)9, determinan diferentes resultados que, de acuerdo a las premisas del modelo, pueden ser satisfactorios o insatisfactorios.

Con esta información, el modelo permite determinar si la dota-ción es insufi ciente, óptima, o si existe holgura. Luego, a la luz de estos antecedentes el modelo posibilita identifi car o explicar que hay detrás de los resultados obtenidos o proyectados.

Por ejemplo, en caso de un resultado “insatisfactorio” donde rho (ρ) es mayor o igual a 1, y la productividad es insufi ciente, vale decir, donde S es menor que Se; el modelo permite determinar si la causa del problema es sólo de productividad o, si por el contrario, existen otros factores causales involucrados como, por ejemplo, una dotación insufi ciente.

Veamos una matriz resumen que contiene distintos resultados posibles, producto de diferentes combinaciones de productivi-dad y dotación, en donde además se presenta, a la luz del mode-lo, los cursos de acción requeridos según cada caso:

9 Rho prima (ρ’), a diferencia de ρ, incorpora la tasa estructural de producción “Se” en su denominador. Con esto se aísla el efecto productividad en la comparación de oferta y demanda y, de esta forma, se puede determinar si la dotación es insufi ciente, óptima o si existe holgura.

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2. APLICACIONES DEL MODELO

Esta herramienta puede ser utilizada en dos modalidades. Por un lado, se puede ocupar desde una perspectiva de análisis proyectiva o ex –ante, por otro lado, se puede usar bajo una mirada o en una lógica de análisis ex – post. Veamos cada caso:

2.1. Análisis Proyectivo

Conocido la tasa estándar de productividad por detective Se, conoci-do un cierto nivel de demanda estimado futuro anual “A”, o causas a re-cibir en el próximo período, y asumiendo que el componente futuro “c” de la oferta futura (Sn), “causas recibidas en año anterior y terminadas en año actual”, es conocido por ser igual al actual componente “b” de la demanda del presente período, “causas recibidas en año actual y no ter-minadas en año actual”, entonces, con un rho (ρ)= 0,9996, que cumple con los preceptos del modelo, se puede determinar de manera anticipada lo siguiente:

Sn (próximo período): Oferta o productividad total de la unidad que debe tener en el próximo período.

N (próximo período): Dotación requerida para el próximo período.(a) próximo período: Causas que siendo recibidas en el próximo pe-

ríodo deben ser terminadas en el transcurso de ese período (componente de la Demanda “A” del próximo período y también de la oferta “Sn” del próximo período).

(b) próximo período: Causas que siendo recibidas en el próximo pe-ríodo, no serán terminadas en el transcurso de ese período (componente de la Demanda “A” del próximo período).

(a) como % de A próximo período: Porcentaje de la demanda total del próximo período que se debe terminar en ese período o productivi-dad asociada a la demanda del período que se debe alcanzar.

S (próximo período): productividad por detective próximo período, debe ser igual a Se, el estándar exigido.

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Veamos un ejemplo con datos reales de la Brigada de Investigación Criminal Rancagua:

Dada una demanda estimada para el año 2008 (A), igual a 2.801 causas; conocido el componente “c” del año 2008 que debe ser igual al componente “b” del año del 2007, esto es, 229 causas; y, considerando que la productividad del año 2008 por detective debe ser igual a la pro-ductividad estándar Se; esto es, 170 causas; entonces, con un ρ= 0,9996 que cumple con las condiciones del modelo, se puede determinar, con la herramienta solver de una planilla de cálculo Excel, los siguientes datos para el año 2008:

(Sn) 2008: 2.802 causas (productividad total de la Bicrim Rancagua requerida para el año 2008).

(N) 2008: 17 detectives (dotación de detectives requerida para el año 2008).

(a) 2008: 2.573 causas (cantidad de causas en la Bicrim, que siendo recibidas en el 2008, deben ser diligenciadas y terminadas en el mismo 2008).

(b) 2008: 228 causas (cantidad de causas en la Bicrim, que siendo recibidas en el 2008, no alcanzan a ser terminadas en el mismo 2008).

(a) 2008 % de (A) 2008: 92%.

(S) 2008: 170 causas.

Luego, dada una demanda estimada a recibir en el año 2008 igual a 2.801 causas, a la que se agrega 229 causas no terminadas o inconclusas provenientes del año 2007, que deben ser terminadas en el año 2008; con el modelo se determina que, para que la Bicrim Rancagua pueda obtener resultados de calidad en su oferta de servicios, ésta debe contar con un mínimo de 17 detectives (16,5 =17), los cuales deben trabajar y terminar como mínimo 170 causas por detective, donde 156 (2573/16,5= 155, 9 ≈ 156) deben ser parte de la demanda del período, mientras que las 14(229/16,5= 13,8 ≈ 14) restantes deben provenir de aquellas causas inconclusas del año 2007.

Como se puede apreciar, el modelo no sólo sirve para planifi car re-cursos humanos requeridos en períodos futuros, también determina productividades futuras totales requeridas para la unidad, productivi-

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dades futuras individuales requeridas por detective y la composición en cuanto a origen que éstas deben tener entre causas que son recibidas en el período futuro y causas recibidas en el período presente que quedan inconclusas para ser terminadas en el período siguiente.

Cabe señalar que para efectuar estos cálculos con la herramienta sol-ver, se debe considerar como celda objetivo aquella que contenga el valor de rho (ρ), en donde se debe establecer un valor máximo de 0, 9996, mientras que la celda a cambiar asociada debe ser la que contenga la oferta de servicio Sn. Adicionalmente, se debe establecer una restricción que obligue a que, para efectuar los cálculos anteriores, se debe cumplir la condición de que la celda que contenga el componente “b” debe ser menor o igual a la celda que contenga el componente “c” menos una uni-dad (= c-1).

2.2. Análisis Ex – post

Todo lo que se planifi ca para el futuro se puede controlar luego de manera ex - post, una vez que ha transcurrido el tiempo establecido para cumplir lo proyectado. De esta forma, es posible “controlar la gestión” de un período pasado, determinando desviaciones que, en términos de dotación y productividad requeridas, se han producido dado el nivel real demanda ocurrido.

Nuevamente, con datos reales de la Bicrim Rancagua, veamos ahora, en esta otra modalidad, un ejemplo de un análisis con horizonte anual:

Aumentaron mucho la dotación y les faltó productividad, ya que estimaron que con más dotación basta.

Corrigen el problema de productividad, pero aumenta demasiado la producción individual y lo que se necesita es que también aumente la dotación para ese nivel de demanda, de esta forma se minimizaría el riesgo de producir servicios de mala calidad.

Nótese como el modelo señala para cada período el diferencial en dotación y productividad requerido en cada nivel de demanda, de acuer-do a la productividad estándar de 170 causas anuales por detective.

Sin embargo, desde una perspectiva de control de gestión, puede re-sultar tardía la utilización de esta herramienta en una evaluación anual.

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Afortunadamente, todos los principios del modelo permiten adecuar las fórmulas para usar períodos mensuales en lugar de anuales.

Luego, en términos ex – post, se puede efectuar un control de ges-tión mensual, para lo cual el “Se” ya no debe ser el promedio de “S” de los últimos cinco meses previos, sino que debe ser el promedio del “S” mensual de igual mes en los últimos 5 años.

3. CONSIDERACIONES

En la operación real de las unidades siempre van a existir causas que se reciben en un período y que quedan pendientes para el período siguiente. Esto ocurre porque las causas no se alcanzaron a trabajar o porque se trabajaron sólo parcialmente.

Por lo tanto, lo que interesa es que la tendencia de reproducirse esa cola sea decreciente y no constante o creciente. Esta tendencia sólo será decreciente a través del tiempo en la medida de que exista capacidad estructural, aun cuando esa capacidad se destine a trabajar las causas retrasadas del período anterior. Haciendo un paralelo con la deuda de alguna entidad, no importa si existe deuda mientras exista capacidad de pago.

Como ya se vio, esto dependerá de que “Sn” sea mayor que “A”, y “Sn” depende de la Tasa promedio de trabajo, procesamiento o servicio por detective, por unidad de tiempo “S” y de la cantidad de detectives “n”. Luego, dado que “S” y su estándar “Se” son elementos propios y úni-cos de cada unidad, esto permite la aplicación de este criterio de forma universal a cualquier tipo de unidad.

De igual forma ocurre con el rho (ρ) óptimo defi nido. Recuérdese que este indicador representa la tasa de ocupación del sistema, o la pro-babilidad de que el detective y su línea de espera estén en servicio. Vale decir, corresponde al porcentaje de tiempo en el que el detective está en operación prestando el servicio requerido en el diligenciamiento de causas.

En términos prácticos, lo anterior signifi ca que si ρ es, por ejemplo, igual a 0,8, esto signifi ca que el 80% del tiempo del período observado, es utilizado para la prestación del servicio, luego, el 20% restante del tiempo el servicio está inactivo.

Este aspecto es muy importante, dado que los detectives deben eje-cutar -cuando no está activa su labor principal- una serie de otras funcio-nes adicionales al diligenciamiento de causas, tales como servicios pre-

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ventivos de control de identidad, labores administrativas, elaboración de informes, etc.

Es muy probable que dichas labores adicionales también puedan re-querir diferente cantidad de esfuerzos y de tiempo en un tipo de unidad respecto de otras que realicen otra clase de investigaciones. En conse-cuencia, dicha realidad también se puede considerar parametrizando esas diferencias con distintos porcentaje de rho (ρ) exigido.

Obviamente, en aquellas unidades donde se requiere más tiempo para estas labores adicionales se puede exigir un rho (ρ) menor que 0, 9, lo cual se traducirá, si todo lo demás se mantiene constante, en una mayor cantidad de dotación requerida.

Como se puede observar los componentes de las fórmulas son con-sistentes con los conceptos, lógica y conclusiones originales del modelo, por lo tanto –teóricamente hablando– esta aplicación es válida. Sin em-bargo, se debe probar en la realidad si el modelo funciona o no.

4. CONCLUSIÓN

Esta herramienta resuelve incertidumbres al introducir técnicas cuantitativas que permiten establecer de forma más científi ca conceptos como oferta y demanda, los que por la naturaleza intertemporal del ser-vicio, eran difíciles de delimitar con certeza y precisión.

Asimismo, permite determinar con exactitud la dotación y producti-vidad requeridas en cualquier tipo de unidad investigativa, tanto en tér-minos proyectivos como de manera ex – post.

Esto es posible, porque el modelo incorpora una formulación que descompone la oferta de servicios en términos de productividades in-dividuales y dotación. Luego, al “medir” estas variables a través de la defi nición de estándares de productividad se puede planifi car y controlar la operación con rigurosidad.

Medir lo que no era mensurable es el principal atributo de este mo-delamiento y es lo que posibilita planifi car y controlar la gestión de ma-nera objetiva.

De esta forma, este modelo de gestión entrega una solución concreta a un problema de producción complejo, propio de la naturaleza de los procesos que desarrolla la PDI en la prestación de servicios para la co-producción de seguridad pública y ciudadana.

El modelo no tiene mucha utilidad si es que se sustenta en informa-ción que no es recopilable. Afortunadamente, no es el caso de este desa-

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rrollo, ya que toda la información que utiliza para realizar sus cálculos se encuentra disponible en las unidades policiales.

Este modelo se está aplicando en la Prefectura Provincial Cachapoal, con asiento en la ciudad de Rancagua, sexta región. Se encuentra en una primera fase de validación en la que se han obtenido resultados satis-factorios y concordantes con información cualitativa provenientes de los jefes de unidad.

Finalmente, a pesar de que este desarrollo está en una etapa inicial de implementación, sin duda, es interesante ver su aplicabilidad en po-licías con otras características y sistemas de administración de justicia penal.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Charles A. Gallagher y Hugh J. Watson: Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones en Administración, 1982.

Kaplan R. y D. Norton: Mapas Estratégicos: Convirtiendo los Activos Intangi-bles en Resultados Tangibles. Ediciones Gestión, 2000, 2004.

Kaplan, R. y D. Norton: Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Edi-ciones Gestión, 2000, 1996.

Patricio Tudela: “Sociedad y Policía: Desarrollo y retos de la función policial en las democracias latinoamericanas”, 2007.

Orden General 2088 del 20 de enero del 2006 de la Policía de Investigaciones de Chile: “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Policía de Investi-gaciones de Chile (2004-2010), Plan Minerva”, 2006.

Policía de Investigaciones de Chile: “Cuenta Pública 2008: Una Nueva Policía. Capital humano y buenas prácticas”, 2008.

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COMENTARIOS Y ALGUNOS ALCANCES POLICIALES SOBRE LA LEY 20.253 -

AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA

José Larregla Burdiles *

Mediante la Ley 20.253, de fecha 14 de marzo de 2008, se han introducido diversas modifi caciones al Código Penal y al Códi-go Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y se han

reforzado las funciones preventivas de las policías.

A continuación pasaremos a revisar aquellas principales modifi ca-ciones que han sido introducidas por el mencionado cuerpo normativo y que tienen incidencia directa en la labor preventiva de la policía.

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, REFERIDAS AL CONTROL DE IDENTIDAD:

a) Se sustituye el inciso primero por el siguiente: “Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fi scales, solicitar la identifi cación de cualquier persona en los ca-sos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere su-ministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, difi cultar o disimular su identidad. La identifi cación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identifi cación expedidos por la autoridad pública, como cédula de iden-tidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instru-mentos”.

* Subprefecto de la PDI. Ofi cial alumno de la Academia de Superior de Estudios Policia-les. Abogado, Universidad Bernardo O’Higgins. Ha sido profesor de la Escuela de Inves-tigaciones Policiales.

AR

TÍC

UL

O

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Además, se agrega en el inciso primero como hipótesis que hace pro-cedente el control de identidad el caso de una persona que se encapuche o emboce para ocultar, difi cultar o disimular su identidad, lo que es fre-cuente que ocurra en manifestaciones públicas, generando un aumento de la sensación de inseguridad en la población y difi cultando la acción preventiva de las policías. En este caso, no es necesario que exista indicio alguno de que el controlado ha cometido un delito, de que se apresta a cometerlo o de que puede suministrar información útil sobre algún he-cho ilícito, puesto que el control de identidad procede por el sólo hecho de verifi carse la circunstancia de encapucharse o embozarse, ya que no es normal que las personas anden por la calle ocultando o difi cultando su identidad de esta manera.

b) Se reemplaza el inciso segundo por el siguiente: “Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proce-der al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente”.

c) Se intercala en el inciso tercero, entre la palabra “resultado” y las expresiones “Si no resultare”, sustituyendo el punto seguido (.) por una coma (,), lo siguiente: “previo cotejo de la existencia de órdenes de detención que pudieren afectarle”.

d) Se reemplazan en el inciso cuarto las expresiones “seis horas” por “ocho horas”.

Del estudio de la historia fi dedigna del establecimiento de la ley 20.253, se puede concluir que los cambios legales son el fruto de una in-tensa discusión parlamentaria, enriquecida por el aporte doctrinario de connotados académicos, todo ello en el marco de un debate democrático al interior de nuestro Congreso Nacional, de este modo el texto defi niti-vo es el producto del consenso político de parlamentarios de Gobierno y oposición.

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LOS CINCO PRINCIPALES ASPECTOS COMPRENDIDOS EN ESTA REFORMA

Siguiendo el ordenamiento lógico expuesto por el profesor y ex–Fis-cal Nacional don Guillermo Piedrabuena1, a continuación se comentan los cinco principales aspectos incluidos en la reforma relativos al Control de Identidad, teniendo presente, que se trata de una de las principales herramientas preventivas que hoy en día cuenta la policía.

1. Facultad de las policías para apreciar los indicios que la ha-bilitan para efectuar el control de identidad

La nueva redacción del inciso 1° del artículo 85, introduce modifi ca-ciones de la mayor trascendencia. Así, junto con fortalecer las facultades preventivas de la policía, tales modifi caciones necesariamente debieran producir igualmente un positivo impacto en los resultados de las inves-tigaciones.

Durante la tramitación de estas reformas no se puede dejar de des-tacar el reconocimiento a la madurez democrática, más allá de cualquier discurso, que el Congreso Nacional hace a las instituciones policiales, de otro modo no se podría entender que el legislador entregue autónoma-mente a la policía la facultad de califi car los “indicios” justifi cantes del control de identidad y este no derive en una detención por sospecha o arbitraria, cuya derogación de la primera es considerada una importante conquista democrática. De esta manera ante las dudas surgidas durante la discusión de la ley, en términos de entregar o no esta facultad a las po-licías, primó el reconocimiento y nivel profesional alcanzados por las po-licías durante los últimos años, lo cual fue acertadamente destacado por el ex-Fiscal Nacional don Guillermo Piedrabuena ante la Comisión de Legislación del Senado con ocasión de la discusión de la llamada “Agen-da Corta”.

De este modo el nuevo inciso 1° del artículo 85, novedosamente en-trega ahora a la policía la facultad de califi car conforme al mérito de las circunstancias, la existencia de los indicios justifi cantes del control de identidad. Lo anterior evidentemente abre el más amplio abanico de si-tuaciones ante las cuales la policía podrá ejercer estas potestades.

La norma sustituida para efectuar el control de identidad exigía un requisito de carácter eminentemente objetivo, que era “la existencia de un indicio”. Luego si el control de identidad iba seguido de una deten-

1 Guillermo Piedrabuena Richard: Ley 20.253 Agenda Corta, Editorial Libromar, San-tiago de Chile, 2008.

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ción por fl agrancia, horas o días después en la audiencia de control de detención, el juez de garantía perfectamente podía disentir de la apre-ciación policial, califi cando como infundado dicho control, y esto se daba porque no es lo mismo la apreciación de los indicios por el policía in situ, al momento de efectuarse el control, que hacerlo con posterioridad en una audiencia, esta situación producía una tremenda incertidumbre a los funcionarios policiales.

La intervención posterior del juez de garantía en la respectiva au-diencia de control, estará orientada más bien a evitar cualquier arbitra-riedad de la policía, más no así para la revisión de la existencia o no de los indicios, toda vez que estos por expreso mandato de la ley, deberán ser constatados por la policía, cuyo personal lo hará conforme al mérito de las circunstancias, que podrán ser múltiples, pero nunca arbitrarias, caprichosas o irracionales.

2. Es posible que la apreciación de los indicios pueda ser con-trovertida ante el juez de garantía

Si bien la nueva disposición, sin ninguna duda, entrega a la policía la atribución para estimar por sí misma la existencia de los indicios que hacen posible el control de identidad, ello no puede entenderse como una facultad tan absoluta que pueda traducirse en decisiones arbitrarias y que, a su respecto, el juez de garantía no pueda ejercer el necesario control jurisdiccional de dicha actuación policial, la que eventualmente pueda vulnerar garantías constitucionales.

Lo anterior tendrá lugar si la policía reconoce que el control de iden-tidad lo efectuó sin ningún indicio previo de que la persona sujeta al con-trol hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o fal-ta o las otras circunstancias del inciso 1° del artículo 85 y, sin embargo, materializó la detención, sin la existencia de las hipótesis de fl agrancia o existencia de órdenes de detención pendientes en contra del controlado.

En consecuencia, el control jurisdiccional no se ha suprimido en or-den a determinar arbitrariedades en el control de identidad y consecuen-cial detención; en esta materia la policía debe dar muestras de su rigor profesional, respetando y promoviendo siempre los derechos fundamen-tales. Así, cualquier arbitrariedad en el ejercicio de las nuevas facultades que le han sido confi adas producirá el necesario reproche judicial con las consecuencias legales pertinentes.

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3. Para efectuar el registro de las vestimentas, equipajes, ve-hículos, etc, no se requieren otros indicios distintos que los apreciados para realizar el control de identidad

Tanto el tenor gramatical como el espíritu de la norma son claros y concluyentes, en el sentido de que la policía no necesita de nuevos indi-cios para efectuar el registro de vestimentas de la persona controlada, su equipaje o vehículo. Es decir los indicios que fueron causa del control de identidad también lo son para el registro de vestimentas, equipaje y/o vehículo.

4. La policía durante el control de identidad está facultada para cotejar la existencia de órdenes de detención pendien-tes del sujeto controlado

En cierta medida esta disposición ya se encontraba en el inciso 2° del artículo 129 del Código Procesal Penal, en que se establece la obligación legal del agente policial de detener al que tuviere orden de detención pendiente; sin embargo, esta nueva norma viene a reforzar, facultando expresamente a la policía para cotejar la existencia de órdenes de deten-ción pendientes durante el procedimiento de control de identidad, más allá de la acreditación de la identidad de la persona y, para el caso de establecerse la existencia de alguna orden de detención pendiente, se de-berá proceder a su inmediata detención conforme a los procedimientos pertinentes.

En conclusión, no es necesaria la existencia de otros indicios distin-tos al control de identidad para proceder a detener a un sujeto que tiene órdenes de detención pendientes, aunque haya acreditado satisfactoria-mente su identidad.

5. Aumento del plazo para el conjunto de los procedimientos relacionados con el control de identidad

La ley aumenta de seis a ocho horas el plazo máximo para realizar el conjunto de procedimientos de los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 85.

Este plazo máximo la policía sólo podrá usarlo en la medida que existan difi cultades para identifi car a la persona controlada y la verifi -cación de las eventuales órdenes de detención pendientes, no se trata de que la policía injustifi cadamente pueda tomarse dicho plazo para efec-tuar el procedimiento en cuestión.

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MODIFICACIONES A LA FLAGRANCIA

Debido a que en esta materia han existido distintas posiciones doc-trinarias y jurisprudenciales, durante la discusión de la ley fue motivo del más intenso debate parlamentario.

Se agrega, en el artículo 130 del Código Procesal Penal, el siguien-te inciso fi nal: “Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas”.

La inmediatez temporal es la que ha producido las mayores difi cul-tades en la práctica y la que motiva un mayor número de decisiones ju-diciales contrarias a las diligencias policiales. Así, algunos jueces de ga-rantía consideran que la fl agrancia dura tanto cuanto aparece razonable actuar autónomamente, esto es, mientras no transcurra un tiempo tan prolongado en que razonablemente, y sin poner en riesgo la efi cacia de la detención, pueda obtenerse la orden judicial.

El Mensaje del ejecutivo se hace cargo de lo anterior, al señalar que la indeterminación del “tiempo inmediato” para las hipótesis de fl agrancia de las letras d) y e) del artículo 130 del Código Procesal Penal ha llevado a la existencia de interpretaciones diversas en cuanto a su extensión, lo que se ha traducido en declaraciones de ilegalidad de la detención, si el juzgado de garantía estima que este tiempo ha sido excesivo al momento de practicar la detención por fl agrancia.

A su vez la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sido notoria-mente dispar en torno precisar la llamada inmediatez temporal de la fl a-grancia, perjudicando con ello la persecución criminal.

Por las razones antedichas ha sido el legislador quien ha venido a zanjar una antigua discusión al dar certeza jurídica, fi jando por ley lo que debe entenderse por “tiempo inmediato”, resolviendo de una vez este importante asunto de especial interés para la labor policial, permitiendo así válidamente y en determinadas circunstancias el accionar policial, evitando la sensación de impunidad en la ciudadanía.

Por lo anterior, es extraordinariamente importante esta modifi ca-ción, puesto que interpretando armónicamente la nueva disposición con el artículo 83, letra b), del Código Procesal Penal, efectuada una denun-cia la policía podrá realizar las primeras diligencias tendientes a ubicar y detener al presunto autor del delito, sin necesidad de autorización previa de los fi scales ni de los jueces de garantía.

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Sin embargo, debe tenerse presente que la norma aprobada por el Congreso Nacional sólo opera tratándose de las hipótesis de fl agrancia contempladas en las letras d) y e) del artículo 130 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, a una persona le fueren encontrados objetos, armas, instrumen-tos o señales, en sí misma o en sus vestidos, que permitan suponer su participación en él, o bien cuando las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalen a un sujeto como autor o cómpli-ce de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato.

Finalmente, cabe destacar que el plazo para considerar la fl agrancia debe computarse desde la comisión del ilícito y no desde el momento en que la policía tomó conocimiento de los hechos, a pesar que en muchos casos, especialmente en lugares apartados, la víctima demora mucho tiempo en efectuar la denuncia a la policía, pudiendo estar agotado el plazo antes de formularla.

Lo anteriormente expuesto, a nuestro entender constituyen aque-llas modifi caciones legales más directamente vinculadas con el quehacer preventivo de la Policía de Investigaciones de Chile. Podemos concluir que, conjuntamente con haber ampliado las facultades policiales relacio-nadas con la prevención del delito, más allá de toda discusión doctrinaria se han otorgado certezas fundamentales a determinadas actuaciones de la policía, particularmente en lo que se refi ere a la fl agrancia.

El impacto del presente esfuerzo legislativo en la seguridad ciudada-na, como objetivo declarado en su génesis, seguramente se verá positiva-mente recogido en la evaluación que la comunidad realice y refl eje en las futuras encuestas de victimización y percepción.

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BIBLIOGRAFÍA

Boletín 4321-07, de fecha 13 de Marzo 2008, de la Defensoría Penal Pública

Ley 20.253 de fecha 14 de Marzo de 2008, mediante la cual se modifi ca el Có-digo Penal y el Código Procesal Penal, en materias de seguridad ciudadana y refuerza las funciones preventivas de las policías.

Código Procesal Penal chileno.

Código Penal chileno

Corocca Pérez, Alex: El Nuevo Sistema Procesal Penal, Editorial LexisNexis, Santiago de Chile, 2007 (tercera edición).

Piedrabuena Richard, Guillermo: Ley 20.253 Agenda Corta, Editorial Libro-mar, Santiago de Chile, 2008..

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CRIMEN Y COSTUMBRE EN LA SOCIEDAD MAPUCHE CONTEMPORÁNEA: LA

PERSPECTIVA PERICIAL

Pablo Rossel Echagüe*

1. INTRODUCCIÓN: LA PERICIA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

Como notase Michel Foucault a propósito de la incorporación de la pericia psiquiátrica en materia penal, “no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que

no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder”1. De forma paralela al proceso de individualización de las penas en fun-ción del grado de culpabilidad, se desarrolla todo un nuevo campo de conocimiento: el “alma” de los delincuentes.

Algo similar ocurre con la incorporación del antropólogo en el pro-ceso penal en tanto experto en materias de responsabilidad por índole de diversidad socio-cultural: la pericia etnográfi ca en materia penal se ha transformado en el mejor instrumento de conocimiento de las “cos-tumbres” indígenas en materia de criminalidad y control de la conducta desviada.

De cualquier forma, sus condiciones de producción difi eren nota-blemente del trabajo académico, pues se encuentran subordinadas a la estrategia de la defensa. En lo que sigue hacemos un recuento en torno a los orígenes de la pericia antropológica, así como la caracterización de su “puesta en escena” en los tribunales de justicia chilenos.

1 Foucault, Michel. Vigilar y Castigar: el nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno Edi-tores, Buenos Aires 2002. pág. 35.

* Licenciado en Antropología Social, Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, Uni-versidad de Chile.

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2. NULLA POENA SINE CULPA: CRIMEN Y CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

A través de la historia del derecho penal es posible vislumbrar una tensión entre máximas universalizantes, como es el caso de la codifi ca-ción del sistema de delitos-castigos (regla de certidumbre absoluta) y, de otro lado, principios orientados a la individualización de las penas en función del conocimiento del delincuente (regla de especifi cación ópti-ma).

El principio Nulla Poena Sine Culpa implica atender a la intención subjetiva presente en el agente al momento de cometer el delito2. Se plan-tea así que la reprochabilidad se fundamenta en la libertad que tuvo el sujeto al llevar a cabo una acción típica y antijurídica; entendiendo “li-bertad” como la posibilidad real de elegir entre abstenerse o transgredir los mandatos y prohibiciones que le dirige el ordenamiento jurídico.

En el ámbito de la atribución de responsabilidades penales queda planteada la siguiente interrogante: ¿Qué hacer con aquellos comporta-mientos que son tan graves como un delito, en la medida en que afectan bienes jurídicos esenciales, y son típicos y antijurídicos, pero son realiza-dos por personas que no pudieron actuar culpablemente?3

La atención a los principios antes mencionados se encuentra presen-te ya en los primeros esfuerzos de codifi cación penal europeos habidos a principios de siglo XIX. Ya en 1810 el Código Penal Francés plantea la ausencia de delito toda vez que el infractor se encontrase en estado de demencia al momento de cometer un ilícito (circunstancias eximentes); en un primer momento se plantea la imposibilidad de declarar a una persona loca y culpable a la vez. Reformas posteriores al mismo Código incorporaron la posibilidad de considerar responsable penalmente al su-jeto demente, “tanto menos culpable cuanto un poco más loco” (circuns-tancias atenuantes).

De tal forma un derecho penal culpabilista implica la distinción en-tre regímenes diferenciados en materia de responsabilidad penal (volun-tad disidente): uno para los imputables, y otro para los inimputables. A diferencia del primero, inimputable es aquel que en determinada cir-cunstancia no se encontraba en condiciones de conocer lo injusto de su actuar (momento cognitivo) y de orientar su conducta en función a dicha comprensión (momento volitivo).

2 “La Ley No Podrá Presumir De Derecho La Responsabilidad Penal” (Chile, Constitución Política, Art. 19.4)3 El delito se estructura en base a la concurrencia de tres elementos presentes en la ac-ción: típica, antijurídica, y culpable.

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El debate, a partir de casos concretos, en torno a la responsabili-dad penal del demente fue el punto de partida que llevó a la incorpora-ción del peritaje psiquiátrico a modo de informar la decisión del juez, transformando de a poco a la sentencia judicial en un extraño artefacto jurídico-terapéutico (esto último en razón de las “medidas de seguridad” aplicables al inimputable).

Para el año 1874 Chile adopta su Código Penal, el cual se encuentra vigente en la actualidad; este a su vez se estructura en función del Có-digo Penal español de 1848 (cual herencia de colonialismo), al cual se le realizaran mínimas modifi caciones para su aplicación local. Las con-secuencias de un proceso de transfusión como el señalado plantean no pocos problemas de legitimidad, constituyendo la refl exión en torno a los sistemas normativos indígenas un fenómeno paradigmático al respecto.

Desde la antropología jurídica la pregunta cobra sentido por cuan-to el derecho penal tiene como objeto reprimir aquellas conductas que representen un ataque a aquellos bienes jurídicos fundamentales para la convivencia pacífi ca, defi nidos como estados sociales valiosos, cuyo contenido específi co remite, en última instancia, al marco axiológico-valórico de la cultura que los formula.

La transfusión de un modelo penal elaborado a partir de concepcio-nes estructuradas sobre la base de un ordenamiento jurídico extranjero, cuya matriz histórica, social y cultural difi ere de la realidad latinoameri-cana plantea cuestionamientos serios en torno a la legitimidad social en materia de política criminal, sobre todo al referirnos a pueblos indígenas que contaban previamente con sus propios sistemas de valores, normas, autoridades, instituciones y procedimientos, que regulaban la vida social y les permitían resolver los confl ictos que se suscitaban, así como man-tener el orden interno.

Afi rmar la vigencia actual de determinada cultura indígena, implica al menos, señalar que esta no puede quedar reducida a aspectos neta-mente folklóricos, ya que en el marco de los procesos de aprendizaje y socialización que cada cultura se empecina en transmitir a las nuevas generaciones encontramos aquellas normas de comportamiento que de-ben observar los miembros del grupo social, y a partir de las cuales sus integrantes desarrollan defi niciones compartidas respecto a la conducta “normal y desviada” (actos permitidos y prohibidos).

Por tanto, la coexistencia de culturas diversas implicará situaciones de choque entre códigos normativos, consecuencia de la internalización por parte del individuo de modelos culturales distintos, de modo que en situaciones el respetar la norma (cultura “X”) implica violar otra norma

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(cultura “Y”). Situación, por cierto, no asimilable a las mismas causas por las cuales el derecho penal declara inimputable al “loco”.

3. EL CONTROL DEL DELITO EN LA SOCIEDAD MAPUCHE: ASPECTOS GE-NERALES

A efectos de “aterrizar” la discusión a la realidad local, presentamos a continuación una breve caracterización del “derecho mapuche” en ma-teria penal, caracterización en términos de mecanismos generales, más que de contenidos específi cos4.

A modo de establecer paralelos entre una y otra sociedad comenza-remos por la refl exión en torno al control de la violencia en la sociedad, concordando con E. Cury respecto a que hablar de derecho penal es ha-blar siempre de la violencia: violentos son los actos, violentas las reac-ciones de castigo5. Desde la antropología, Rene Girard plantea una idea similar al señalar que: “No existe en el sistema penal ningún principio de justicia que difi era realmente del principio de venganza. El mismo principio de reciprocidad violenta de la retribución interviene en ambos casos. O bien este principio es justo y la justicia ya esta presente en la venganza, o bien la justicia no existe en ningún lugar”6.

Desde una perspectiva genealógica el talión se presenta como un principio primitivo de justicia (“ha tomado la justicia por sus propias manos”); sin embargo, a través de la venganza individual la violencia se convierte en un proceso infi nito e interminable que amenaza con espar-cirse contagiosamente a todos los miembros del grupo social –una reac-ción en cadena-, amenazando así con la destrucción del orden cultural, en una guerra de todos contra todos:

“Ante la sangre derramada, la única venganza satisfactoria consiste en derramar a su vez la sangre del criminal. La venganza se presenta como represalia, y toda represalia provoca nuevas represalias, constitu-yendo la venganza un proceso infi nito e interminable (…) La multiplica-ción de las represalias pone en juego la propia existencia de la sociedad.

4 Las costumbres particulares son materia de cada pericia, y su análisis en jurisprudencia constituye un medio privilegiado de caracterización de la criminalidad mapuche en la actualidad. 5 Cury, Enrique: Derecho Penal: Parte General. Editorial Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Santiago. 20056 Girard, Rene: La Violencia y Lo Sagrado. Editorial Anagrama, Barcelona 2005. Pág. 23.

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Este es el motivo de que en todas partes la venganza sea objeto de una prohibición muy estricta”7.

En Occidente el derecho penal se plantea como un recurso de última ratio, bajo cuya amenaza los sujetos se abstienen de ejecutar conductas que atenten contra los bienes jurídicos protegidos por el sistema de dere-cho; de igual forma, la amenaza de la violencia estatal permite sustentar un complejo sistema de arreglos y compensaciones pecuniarias entre los involucrados en un confl icto.

Aquí se plantea que para la sociedad mapuche el recurso de última ratio se encuentra representado por la institución del “malón”, o “jus-ticia pública mapuche” (Guevara), instancia a la cual se apela luego de fracasar todos los mecanismos intermedios de resolución de confl ictos: la razón estaría del lado del más fuerte.

En ausencia de un poder político centralizado que reclamase para sí el monopolio absoluto de la violencia, en la sociedad mapuche el malón se sustenta en un equilibrio dinámico a nivel de correlación de fuerzas entre los diferentes grupos. Sólo así esta venganza colectiva supone en-tonces un freno para las violencias de la vida cotidiana.

De todos modos, el malón no hace desaparecer el peligro de la es-calada, puesto que el deber de vengarse permanece latente en la memo-ria del grupo agredido. La mancomunalidad penal mapuche implica un mecanismo de atribución colectiva de responsabilidades criminales, de modo que el daño infringido a un miembro de la familia afecta a todos los consanguíneos, haciéndose culpable por el acto a la comunidad del victimario, recayendo la venganza sobre su parentela:

“La solidaridad entre el victimario i su parentela, entre la víctima y sus deudos, era la regla tradicional i, por lo tanto, ineludible. El olvido de vengarse constituía una cobardía i una vergüenza que nadie quería soportar. Tampoco se quería afrontar el peligro del enojo que el espíritu del muerto experimentaba con esta negligencia”8.

Es por tales razones que en la sociedad mapuche los mecanismos preventivos adquieren un rol fundamental en el control de la violencia, mecanismos fundamentalmente referidos al ámbito de lo religioso, a la esfera de lo sagrado y lo ritual.

7 Girard, Rene: La Violencia y Lo Sagrado. Pág. 22.8 Guevara, Tomás. Historia de la Justicia Araucana. Editorial Universo. Santiago 1922. de Chile. Pág. 12.

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Al respecto, una de las defi niciones del AdMapu alude a aquellas “normas de conducta, individuales como colectivas, que debe observar el mapuche para mantener la armonía cósmica. De modo que si se hace algo en forma indebida se romperá el equilibrio cósmico en que vive el hombre y el pueblo mapuche. (…) una vez que el equilibrio está roto, existen posibilidades de enmendar el error que llevó al rompimiento a través del principio de la reciprocidad, uno de los valores fundamentales de la cultura mapuche. De ahí que el hacer justicia en la cosmovisión mapuche equivale entonces a restablecer el equilibrio cósmico”9.

Se advierte entonces, que el AdMapu no constituye un cuerpo de co-nocimientos especializado y separado de las esferas ética y religiosa, sino que constituye un eje cultural a partir del cual las diversas costumbres adquieren sentido.

Fundamentalmente a partir de la “Pacifi cación de la Araucanía”, las bases de este sistema público de justicia fueron siendo minadas progre-sivamente a razón de las profundas transformaciones en la estructura de poder y, por consiguiente, en la correlación de fuerzas entre las distintas parcialidades. :

“Entrados en los años 1840 la capacidad militar de los grupos ma-puche es marcadamente dispar, producto del menoscabo registrado en la historia reciente de algunos y del incremento de capacidad de violen-cia producto de la alianza con el estado de otros. Este desequilibrio de poder en la sociedad mapuche trae consigo la incapacidad de aplicar el principio de justicia propio, que requiere de la superioridad o paridad de la fuerza del demandante en relación al deudor, dándose por tanto un descalabro cultural”10.

Ya entrados en el siglo XX el avance territorial del estado chileno im-plicó la imposición del sistema de derecho penal chileno, el cual reclama para sí el monopolio exclusivo de la violencia, como también a nivel de la producción jurídica, dando lugar a la persecución legal y criminalización de toda práctica cultural opuesta a las consagradas legalmente (contra legem), lo cual afectó primordialmente a la denominada justicia “públi-ca” mapuche, sustentada en el malón, no así a la denominada justicia doméstica o “privada” en la cual el longko desempeñaba las funciones de árbitro , en base a los usos y costumbres de los antiguos.

9 Sánchez, Juan: “El AzMapu o Sistema Jurídico Mapuche”. Revista CREA –Centro de Resolución Alternativa de Confl ictos-, Universidad Católica de Temuco. Nº 2, 2001. Pág. 29. 10 Milos, Diego: Misión Moral, Misón Política: Franciscanos en la Araucanía (1843-1870). Tesis para optar al grado de Antropólogo Social. Universidad de Chile. Pág. 100.

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De todos modos, la imposición de tribunales de justicia acordes con la justicia huinca en territorio mapuche limitó en gran medida el carác-ter de obligatoriedad a estas resoluciones; en estos momentos se acos-tumbra a “sacar” hacia los tribunales de justicia chilenos muchos de los confl ictos que anteriormente se resolvían en el espacio comunitario del Lof.

Sin perjuicio de lo anterior, la imposición del sistema penal chileno no implicó el inmediato abandono del sistema de derecho propio del ma-puche; la creencia en brujería se mantiene vigente y su práctica constitu-ye para el mapuche un crimen nefasto, no susceptible de compensación pecuniaria alguna, debiendo pagar el acusado con su vida. Al respecto señalaba se señala que:

“En los juzgados se tramitaban de ordinario juicios criminales por este delito. Hace a la fecha como veinte años que vivía en una localidad llamada Pufi nco, de la reducción de Collimallín, un poco al noroeste de Temuco, una mujer, a la que fueron atribuyéndole cualidades de bruja. Un día enfermó i murió un niño de un indígena llamado Mozo Cona. (…) la Machi, atribuyó éste a la bruja la muerte de su hijo i en una ocasión la esperó en un bajo del camino, la echó al suelo i la degolló. Del mismo si-tio del crimen huyó para la Argentina. Una voz unánime de condenación se levantó en contra de Cona, pero él mandó decir que la mujer asesina-da era bruja i que su desaparición importaba una seguridad para todos. Desde ese momento la opinión cambió i se tuvo como acción meritoria el crimen”11.

En la actualidad, muchos de los delitos comunes se encuentran aso-ciados a las consecuencias nefastas de la “Pacifi cación de la Araucanía” a consecuencia del proceso de usurpación del territorio ancestral mapu-che, lo cual no sólo enfrenta al mapuche con el “huinca”, sino también a mapuches entre sí por los límites de las tierras asignadas. La pauperiza-ción económica, asociada a una excesiva ingesta alcohólica, se encuentra gatillando la mayor parte de los homicidios entre mapuches en la actua-lidad: “El injuriado o calumniado se reconcentraba en sí, y esperaba la ocasión propicia: una orgía de licor por lo general, para reivindicarse, o para vengarse si la fuerza, el valor, y la ayuda de los parientes estaban a su favor”12.

11 Guevara, Tomás: Historia de la Justicia Araucana. Editorial Universo, Santiago de Chile, 1922. Pág. 61. 12 Guevara, Tomás: Costumbres Judiciales y Enseñanzas de los Araucanos. Editorial Cervantes, Santiago de Chile, 1904. Pág. 76.

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Los estudios orientados a la caracterización de la delincuencia ma-puche contemporánea son casi inexistentes, de modo que las investiga-ciones al respecto se encuentran sumamente desactualizadas en relación a los cambios estructurales percibidos en esta sociedad. Un buen punto de partida para abordar esta temática la constituye el trabajo de la crimi-nóloga Doris Cooper, quien plantea la existencia de tipos diferenciales de delincuencia para el país, en función de áreas ecológicas, sexo, y etnia13.

En particular se postula un continuo anclado en tipos polares: una criminalidad de tipo urbana, en su mayoría hablamos de delitos contra la propiedad, motivados por metas de éxito económico, concentrando las más altas tasas de reincidencia y habitualidad. Sólo aquí la delincuencia se presenta profesionalizada, en la forma de una “carrera delictual”, cu-yos miembros son socializados en el marco de una contracultura sólida, un sistema de estratifi cación alternativo, formas de adquirir prestigio, un “código penal” alterno, un sistema de comunicación, una economía contracultural redistributiva violenta, etc.

Por contraste, la delincuencia masculina mapuche- rural concentra las más altas tasas de “delitos de sangre” (62% respecto del total de de-litos), la menor tasa nacional de reincidencia y habitualidad delictual, no asociadas a metas de éxito económico. Se indica, además, una menor tasa comparativa de delitos sexuales, situación atribuida a pautas cultu-rales de mayor permisividad sexual. La mayor parte de estos homicidios obedecen a una venganza de tipo individual, la cual se encontraría legi-timada, en particular luego de haber sido desestructurado el sistema de venganza colectiva (malón). El excesivo consumo de alcohol se encuen-tra asociado a la mayoría de estos delitos de sangre, momentos en que salen a relucir antiguas rencillas.

Y si bien a nivel cuantitativo las tasas de “delitos de sangre” son simi-lares entre miembros del medio rural (sin que la pertenencia étnica sea un factor relevante a este respecto), advierte la autora que los factores que etiologizan los delitos son cualitativamente distintos para uno y otro grupo. Y es precisamente este elemento cualitativo de la criminalidad mapuche el que pretende aprehender el antropólogo, recurriendo a las diversas metodologías y técnicas que ofrece el enfoque etnográfi co.

13 Cooper, Doris. Nichos etiológicos y características de la delincuencia urbana y rural, mapuche y no-mapuche en Chile. Universidad de Chile, Facultad de ciencias Sociales. Santiago de Chile, 2000.

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4. UNA FUERZA PSÍQUICA IRRESISTIBLE: LA MUERTE DE LA BRUJA

La recurrencia de choques entre culturas diversas se encuentra en el origen de la disciplina antropológica, y es hoy el motivo por el cual el an-tropólogo se incorpora al proceso judicial en materia criminal. Su rol no implica no tan sólo resolver en torno a la pena adecuada para tal o cual sujeto; la pericia antropológica se constituye en un campo privilegiado de investigación en torno a las características que asume en la actualidad la criminalidad mapuche.

La caracterización en términos de una “descripción densa” de la cri-minalidad mapuche implicará por tanto un análisis detallado, cuya exten-sión excede los márgenes de esta presentación. A efectos de caracterizar brevemente algunos elementos de este “choque entre códigos normati-vos” nos remitiremos a la revisión de jurisprudencia en materia criminal, en la cual la pericia antropológica contribuye a esclarecer la etiología del delito. Se presenta con cierto detalle una jurisprudencia “histórica”, para luego establecer generalizaciones en base a sentencias contemporáneas que permitan establecer tendencias en torno al recurso pericial.

La primera de ellas nos sitúa en el año 1953, cuando Alejandro Lips-chutz, elaboró el primer informe pericial para un caso de “homicidio por brujería”, ocurrido el día 14 de febrero de 1953 en la comunidad mapu-che de Cachim Palituhe, cercana a Panguipulli. Aquí se acusa a Juana Catrilaf de haber dado muerte a su abuela Antonia Millalef, a quien todos reputaban de Kalku, causa que fue vista por la jueza María Mardones del Segundo Juzgado de Letras de Valdivia, con sentencia para el día 4 de Julio de 1953.

Asegura la Catrilaf que justo antes de que muriera su guagua ésta tuvo la visión de un perro colorado, y que con posterioridad el mal fue dirigiéndose en contra de ella. Que todo esto lo hacía su abuela con sus brujerías, poniendo en peligro la existencia de los mapuches. De tal for-ma, y aconsejada por una Meica, se propuso matarla, “pues sabía que matándola y chupándole la sangre se iba a mejorar, pues esas son las creencias de su raza”14.

Con esta intención siguió a la Millalef hasta el estero, lugar sonde la confrontó y exigió que le entregara la piedra con la cual efectuaba sus malefi cios, ante cuya negativa se inició una riña entre ambas, momentos en que la golpeó en la cabeza con una piedra, herida mortal de la cual brotó sangre, ante lo cual “chupó un poco y se hizo a un lado; que inme-diatamente se sintió mejor, y notó que algo se le salía de la boca, algo

14 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 86

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así como el diablo”15. Asegura que después de esto se ha sentido mucho mejor, y que “todos los indígenas están contentos porque van a poder criar a sus hijos”16.

Muchos testimonios recogidos parecen corroboran la versión de la reo. Uno declara que “el mal consistía en matar a la gente con brujerías, especialmente a los niños: que para hacer sus brujerías tiraba a las casas fl echas como vientos, que no se veían, pero que hacían sonar las casas; además preparaba veneno para la gente con quien estaba mal o se los daba para comer”17.

Los testimonios vertidos en proceso descolocan al tribunal puesto que las creencias en la brujería son ajenas a la lógica occidental contem-poránea, y menos se encuentra contemplada como causal de justifi ca-ción, para alegar una legítima defensa. Sin embargo, para profundizar en la etiología de este extraño móvil delictual se encomienda realizar una pericia antropológica, orientada a: examinar si la versión de la reo se condice con las creencias del entorno socio-cultural en que esta vivió, y si estas creencias son homologables a la fi gura de legítima defensa y, por tanto, ausencia de responsabilidad penal.

Tras sus pesquisas los peritos arriban a la conclusión de que “al ma-tar a su propia abuela –es decir, al cometer un acto que, en el marco de la realidad mental de nuestra sociedad chilena, es un horrendo crimen- la reo cumple con un requisito que, en el marco de la realidad mental de la comunidad primitiva en que vive, es de orden verdaderamente moral. Es un acto de auto-defensa y de defensa de la comunidad que la rodea, de modo igual que lo era la ejecución de la bruja en el mundo europeo y americano hasta fi nes del siglo XVIII”18.

Atendidos exámenes de veracidad la jueza María Mardones concen-tra su atención en el encuadre técnico jurídico de los elementos presen-tados por la pericia y, en particular, aquellas causales de exención de responsabilidad penal contempladas en el Art. 10.9 del Código Penal, esto es, el haber actuado violentado por una fuerza irresistible o impul-sada por un miedo insuperable. Se plantea que la distinción entre uno y otro –el primero prioriza el poder compulsivo, mientras que el segundo el punto de vista de quien lo padece- obedece a una distinción analítica que para el caso concreto “interfi eren entre sí como círculos secantes”.

15 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 8616 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 8617 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 8718 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 89.

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De todos modos, en el fallo se prioriza el enfoque del poder o fuerza que compele a la acción, incorporando al concepto de “fuerza irresisti-ble” la variable psicológica, cuyos efectos se estiman tan relevantes como los de una fuerza psíquica, ya provenga esta desde el exterior hacia su fuero interno, o de su propia psiquis. Atendido lo anterior, se concluye que la Catrilaf se encuentra exenta de responsabilidad penal puesto que, “al actuar sobre ella un factor exógeno de carácter social y una situación de hecho que consideró amenazante, fue privada de su inteligencia y li-bertad, y obró constreñida por estos imperativos”19.

La sentencia aludida otorga por vez primera efi cacia exculpante a “la costumbre indígena”, jurisprudencia recogida por el Juzgado de Letras de Nueva Imperial el 2 de octubre de 1962, momentos en que se proce-saba a María Juana Namoncura por el delito de homicidio en contra del menor Luis Painecur. El homicidio ocurre en momentos en que sacudía al sur del país el “Maremoto de Valdivia”, en el mes de junio de 1960. Los eventos telúricos fueron interpretados por los miembros de la comuni-dad mapuche de Collileufú como un castigo de Chao Ngenechén por el olvido del AzMapu y al ahuincamiento del mapuche20.

En la religiosidad mapuche existe un mito de origen que plantea la lucha entre dos serpientes: Tren-Tren y Kai-Kai. Esta última dueña del océano, que amenaza con inundar la tierra, de modo que los humanos perecieran ahogados. Aconsejados por un anciano los mapuches subie-ron a una montaña de cima triple, que se elevaba a medida que subían las aguas. Sólo un sacrifi cio humano permitió aplacar la ira de Kai-Kai, y así obtener el descenso de las aguas, de modo que los sobrevivientes pudieron repoblar la tierra.

Como decíamos anteriormente, el hacer justicia en la cosmovisión mapuche equivale a mantener el equilibrio cósmico, de modo que cons-tantemente el mapuche debe agradecer a Chao Ngenechen por los dones otorgados (la vida, la salud, la fertilidad, etc.). De tal modo, el olvido del AzMapu y de las prácticas rituales implica desatender a estas relaciones de reciprocidad con la esfera de lo sagrado; es por esto que la ira de la na-turaleza se interpreta como un castigo divino, cuya resolución implica el sacrifi cio humano –en términos de efi cacia sacrifi cial, cuanto más aguda la crisis más preciosa debe ser la víctima–.

En su apreciación de los hechos la jueza Esther Valencia estima que “el sacrifi cio humano realizado, como los bailes ejecutados en los cerros

19 Revista Jurisprudencia LII, 5/6, julio y agosto de 1955. Pág. 89 20 Salta a la vista semejanza con los elementos de la tradición judeo-cristiana ligados al relato mítico del “Diluvio Universal” y el “Arca de Noé”.

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por los indígenas mientras temblaba y el mar los cubría, no son sino ma-nifestaciones del estado cultural de esas reducciones, de una de las cua-les son miembros los que trataron de apaciguar en esa forma las fuerzas de la naturaleza, en un intento desesperado por salvar sus propias vidas que se veían seriamente amenazadas. Los mismos reos confesaron ha-berse resistido en un principio a lo que sus tradiciones los inducían, pero como seguía temblando y el mar arrasaba una y otra vez sus tierras, con-sumaron el sacrifi cio impulsados por sus instintos atávicos que su razón no pudo dominar”21.

Y recogiendo la jurisprudencia del caso anterior se interpreta la in-fl uencia de “las costumbres” como un caso de “fuerza psíquica irresisti-ble” o “miedo insuperable”, de tal forma que “los reos fueron incapaces de obrar en forma racional ante el peligro inminente de perder sus vidas amenazadas por fuerzas naturales que creyeron poder calmar”22.

5. PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE LA PERICIA ANTROPOLÓGICA EN JUSTICIA PENAL

Como señalábamos, todo sistema social instituye un control interno para la conducta desviada, lo que en contextos multiculturales hace pre-ver choques entre códigos normativos diversos. Sin embargo, a medida que se acrecientan los procesos de contacto e intercambio cultural, resul-ta cada vez más difícil plantear la existencia de campos sociales autocon-tenidos cuyas fronteras sean impermeables a la infl uencia del entorno.

En virtud a las transformaciones y adaptaciones del sistema a su en-torno, la legalidad del Estado ha penetrado y estructurado gran parte de lo que entendemos por “la costumbre indígena en materia penal”, por lo que hoy –más que sistemas prehispánicos de derecho– encontramos si-tuaciones de “interlegalidad” o “hibridación cultural”, situación que, por cierto, debe incorporar el enfoque etnográfi co del perito antropológico.

21 Proceso Nº 24.228. Homicidio. Nueva Imperial. 2 de octubre de 1962. 22 Proceso Nº 24.228. Homicidio. Nueva Imperial. 2 de octubre de 1962.

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La tendencia señalada puede verifi carse luego del análisis de las pe-ricias antropológicas presentadas en las últimas décadas. Así por ejem-plo encontramos las pericias realizadas a propósito de la denominada “Matanza de Lonco Luán”, ocurrida el 27 de agosto de 1978 en la provin-cia de Neuquén, Argentina23.

Los involucrados corresponden a una comunidad mapuche conver-tida al pentecostalismo, de modo que en este caso existe un evidente pro-ceso de sincretismo cultural y religioso. Allí, y en el marco de un culto religioso para reestablecer la salud de una mujer se llega a la conclusión de que esta se encontraba poseída por el mal, y en medio del proceso de exorcismo se le da muerte a golpes, tras lo cual el demonio saldría de ella para entrar en otro, a quien se lo exorciza con idénticos resultados. Al momento de arribar la policía se encuentran 3 cadáveres, y otro junto a un grupo de personas y niños.

En este caso la pericia no se focaliza en señalar el desconocimien-to de las normas morales y jurídicas estatales, sino en el fenómeno de sincretismo religioso, y las circunstancias inmediatas del caso. Se sugie-re una etapa terminal del proceso aculturativo, donde la oferta del pen-tecostalismo no da lugar a la identidad mapuche, sino que la niega de plano, lo cual deriva en procesos de desestructuración social y personal. Lo anterior no implica la desaparición de estructuras típicamente mapu-ches como la creencia en la brujería, la cual reaparece en el marco de un proceso de dar sanación a una enferma.

El homicidio de la primera víctima amenaza con esparcir la vengan-za por todo el cuerpo social, reacción en cadena en desarrollo al momen-to en que apareció la policía. Tradicionalmente el mecanismo sacrifi cial permitió a la sociedad mapuche canalizar la violencia intestina hacia un “chivo expiatorio”, de modo de restablecer la armonía y reforzar la uni-dad social a través de su inmolación. En este caso la “violencia sagrada” se confunde con la “violencia impura”, de modo que la inmolación de la víctima no pone frenos a la violencia y, por el contrario, incrementa el fenómeno de reciprocidad violenta.

En la sentencia se vislumbra otra tendencia que marca el desarrollo de la pericia en la actualidad, cual es la convergencia de diversas discipli-nas que informan la apreciación del juez respecto a la culpabilidad penal que le cupo al agente en el delito. Para el caso que revisamos, las pericias psiquiátricas plantean un “estado crepuscular de consciencia” en el mar-co de un fenómeno de catarsis colectiva asociada a delirios místicos.

23 Kalinsky, Beatriz: “El Concepto de Inimputabilidad en la denominada Matanza de Lon-co Luán”.

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Lo anterior da cuenta de una problemática aún no resuelta respecto al tratamiento jurídico penal del indígena: ¿Qué hacer con aquellos com-portamientos que son tan graves como un delito, en la medida en que afectan bienes jurídicos esenciales, y son típicos y antijurídicos, pero son realizados por personas que no pudieron actuar culpablemente?

En un primer momento la pericia se orientaba confi gurar un “error de prohibición” –culturalmente condicionado–, donde el sujeto cree obrar de forma legítima, amparado por los códigos cognitivo-conductuales de la cultura en la cual fue socializado. Y de hecho aún es posible rastrear algunas sentencias judiciales que así han enfocado la problemática24. Sin embargo, alegar un error de prohibición acarrea graves problemas por cuanto se estima que este debió haber sido “invencible”, frente a lo cual basta que el sujeto haya tenido la oportunidad de actualizar el conoci-miento de lo injusto de su actuar para que este error se transforme en “vencible”25.

Por el contrario, alegar la inimputabilidad del acusado no exige esta-blecer distinciones acerca de la vencibilidad o no de la interpretación di-vergente del mundo: se entiende que el sujeto se encuentra incapacitado mentalmente para comprender la ilicitud de sus actos, lo cual aplicado al indígena de modo general implica suponer una suerte de “retraso mental cultural”. Este es uno de los principales problemas del uso y abuso de la fi gura del inimputable para estos casos: la estigmatización y reproduc-ción de prejuicios etno-culturales anclados por largo tiempo en la histo-ria de nuestro país.

Y puesto que la pericia, en tanto ejercicio de antropología aplica-da, se inserta en el marco de las estrategias de la defensa del imputado, corresponde a un asunto de ética profesional hacer parte de estrategias

24 Véase: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. 11 de junio de 2004. Sentencia RUC: 0200075104 – 1, RIT: 041/2004. Sentencia relativa a un confl icto de intereses entre un mapuche y colonos respecto a la propiedad de la tierra; fi nalmente el tribunal le da la razón al mapuche pues de acuerdo a su tradición oral y títulos de merced tenía un legítimo derecho a reclamar las tierras que ocupaba, aun cuando mediante esta acción incurriera en desacato de un fallo judicial anterior que lo obligaba a hacer abandono de ellas. 25 Véase: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. 23 de noviembre de 2005. Sen-tencia RUC: 0400415571-3, RIT: 101/2005. En este debate en torno a la moral sexual pehuenche, la pericia alega disparidad de criterios respecto al momento en que la mujer mapuche puede disponer libremente de su libertad sexual, alega también aislamiento social de la comunidad lo cual le impidió al acusado actualizar sus conocimientos en tor-no a la normativa respectiva, reformulada poco tiempo antes de ocurridos los hechos. Al respecto los jueces estiman que con tan solo contar la comunidad con radio y TV el sujeto es culpable por no haber sido diligente e informarse al respecto.

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orientadas a la reproducción de estigmas asociados al indígena en aras de un benefi cio inmediato –la rebaja de la condena–. Un ejemplo bastante claro de esto lo encontramos en la jurisprudencia reciente, aplicada a un caso de robo con violencia, cuya sentencia sostiene: “Fueron convencio-nes probatorias en este juicio, esto es, cuestiones no debatidas entre las partes, el hecho que los tres acusados tienen un RETARDO MENTAL leve producto de una DEPRIVACIÓN SOCIO-CULTURAL”26.

En este caso no hablamos de un “retardado mental”, sino de tres “re-tardados mentales” incapaces de comprender la ilicitud de un robo pro-ducto de que fueron socializados en “una cultura mapuche”; el término “deprivación socio-cultural” alude a que al menos tuvieron la posibilidad de establecer contactos mínimos con “la civilización”, que en este caso se encuentra representada por la sociedad y cultura de los jueces y abo-gados que ahora los juzgan. Como señalábamos, la etnografía realizada en el contexto de procesos judiciales difi ere de la realizada en contextos académicos, aquí evitar caer en aberraciones como la recién expuesta corresponde a un asunto de ética profesional del antropólogo.

Una última estrategia consiste en una solución intermedia entre la fi gura del inimputable, y el error de prohibición, cual es alegar la pa-sajera privación total de razón, en estos casos se plantea una incapaci-dad temporal para comprender lo injusto del actuar –y determinar su comportamiento en función a dicha conocimiento–, debido a una causa exógena o endógena. Alegar esta fi gura jurídica por cierto disminuye la carga peyorativa con la cual se califi ca al indígena, pero continúa prisio-nera del estereotipo según el cual la “razón” estaría del lado del “civiliza-do”, mientras que la “sin-razón” estará del lado del “bárbaro”, al parecer ahora aliado del “demente”.

Como vimos en un comienzo, gran parte de estos problemas de en-cuadre técnico jurídico de la interpretación divergente de la realidad obedecen al origen europeo de nuestros códigos penales, donde solo me-diando una pericia psiquiátrica era posible declarar carente de culpa al “loco”. Desarrollar perspectivas para el abordaje jurídico penal acorde a los cambios estructurales habidos en los pueblos indígenas se torna en un desafío para los antropólogos interesados en estas materias, sobre todo respecto al reto que implica extender su aplicación al fenómeno de la migración hacia centros urbanos.

26 Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. 30 de agosto de 2002. Sentencia RUC: 0200028461-3, RIT: 035/2002.

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FEMICIDIO

Javier Muñoz Endre *

I. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL PREÁMBULO DEL FEMICIDIO

El fenómeno de la violencia al interior de la familia no es un proble-ma nuevo en el mundo. Pero, históricamente, la violencia intrafamiliar ha sido considerada un problema privado de las personas. Sin embargo, en los últimos años este fenómeno ha desbordado las barreras del hogar transformándose en un asunto que compete y afecta a toda la comuni-dad.

Esta nueva mirada ha sido posible gracias a todos aquellos esfuerzos por destruir los antiguos preceptos y mitologías respecto a este tema, los que de alguna forma lo legitimaban, considerando casi normal la exis-tencia de la violencia al interior de las familias, poniendo de manifi esto la injusticia de estas situaciones violentas que afectan especialmente a mujeres, niños y ancianos.

En la década del ‘60 se defi ne por primera vez, dentro del contexto psicopatológico, el síndrome del niño golpeado, con lo que se hace visi-ble a la sociedad un hecho que anteriormente no tenía nada de extraño, otorgándole a esta situación un status de problema social. Esto provocó un fuerte impacto llevándonos a comprender que los menores de edad también son sujetos de derechos como todas las personas y que dichos derechos deben ser protegidos por todos los adultos.

Luego en la década del ‘70 y gracias a numerosas manifestaciones fe-ministas sale a la luz otro gran problema social que también permanecía oculto: la violencia en contra de la mujer.

Actualmente, la violencia intrafamiliar y sus múltiples resultados --entre los que encontramos el femicidio-- son considerados mundial-mente como un problema de derechos humanos, siendo obligación de los estados el velar por dichos derechos, tanto a través de sus políticas sociales como de la legislación vigente.

* Subcomisario de la PDI. Se desempeña en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana.

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II. LA MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Antigua Grecia

Para los griegos la existencia de la mujer no tenía más sentido que para casarse y generalmente la joven no tenía ni una palabra que decir en su futuro matrimonio, su persona no tenía ningún tipo de derecho político ni jurídico y era entregada al marido como un bien y, por el sólo hecho de ser mujer, jamás tendría la posibilidad de ser considerada ciu-dadana1.

Con su propia persona, la joven casada aportaba una dote a su nueva familia, que generalmente consistía en dinero. Y la mujer estaba impo-sibilitada de pedir la disolución del matrimonio bajo ningún pretexto, facultad que pertenecía exclusivamente al marido, con lo cual la dote era devuelta y la mujer repudiada de por vida.

Se exigía una estricta fi delidad de la mujer y su misión fundamental era procrear la descendencia legítima, pudiendo de esta misma forma ser repudiada y regresada a su familia si no era capaz de engendrar un varón que continuara el linaje familiar. Ésta obligación de fi delidad no era apli-cable a los hombres, pues su naturaleza les permitía poseer concubinas.

Religión judeo-cristiana

Según el Antiguo Testamento, la fi gura femenina nace en el Génesis 2-22, donde dice “Y de la costilla que Yahvéh Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre”. De esta forma Dios crea a Eva, la prime-ra mujer como una ayuda idónea para Adán, quedando esta nueva mujer supeditada inmediatamente a su marido para ayudarlo y acompañarlo; pero luego vemos que Eva fue engañada por la serpiente (el demonio) –Génesis 3-16– y ambos son expulsados del jardín de Edén, condenán-dose a Eva a “parir con dolor y sangre por toda la eternidad” (Génesis 3-19).

Efectivamente, a partir de este momento y por generaciones dentro de la religión judeo cristiana, la mujer fue considerada como fuente de maldad, siendo ella la culpable de haber caído en el engaño del diablo y haber inducido a los hombres a comer del árbol sagrado, por lo cual

1 http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_la_Antigua_Grecia#Hijas_y_mujeres_de_ciudadanos

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su naturaleza es débil y engañosa, debiendo pagar eternamente por su pecado.

La mujer en el Islam

«Cuando les llegaban las noticias acerca de (el nacimiento de) una mujer, su rostro se oscurecía y le llenaba una gran tristeza. Con vergüen-za, él se ocultaba de su pueblo, por las malas noticias recibidas. ¿Deberá conservarla con sufrimiento y resignación, o, enterrarla en la arena? ¡Ah! ¡Qué mala elección al decidirlo!» (Corán 16:58-59)2.

De esta manera, la mujer era considerada en la época pre-islámica como un deshonor para la familia, como una amenaza de desprecio por parte del resto de la sociedad, no teniendo otra opción que ser enterrada viva; si por casualidad llegaba a edad adulta debía ser considerada como un objeto sexual que podía comprarse, venderse o heredarse.

La mujer no era más que un objeto de uso y placer sexual para el hombre, y en un tiempo en que los círculos religiosos alegaban sobre si la mujer era un ser humano o no, con alma propia, el Islam proclamó:

« ¡Oh humanidad! Reverenciad a vuestro Señor Protector, que os creó de una sola persona, y creó de ella a su pareja, de ellos esparció a innumerables hombres y mujeres. Tened temor de Alá, a través de quien demandáis vuestros mutuos derechos y respetad los úteros (que os guar-daron), porque Alá siempre os vigila. » (Corán 4:1)3.

No obstante lo anterior, y si bien las infl uencias occidentales han producido modifi caciones en la forma de ver a la mujer en las sociedades islámicas modernas, todavía sigue jugando un papel secundario en don-de la familia posee un fuerte carisma patriarcal siendo posible su repudio si no es capaz de engendrar descendencia.

Las mujeres y la Inquisición

La Inquisición fue instituida por el Papa Lucio III en el sínodo de Verona, Italia, en 1183. Desde entonces se excomulgó y castigó a quienes contravenían las leyes establecidas por el Estado y la Iglesia; muchas de las cuales no sólo estaban destinadas a erradicar los grupos disidentes que el tribunal eclesiástico creía peligrosos, sino también a moralizar en grado extremo la conducta de la mujer4.

2 http://www.islamenlinea.com/lamujer/m18.html3 http://www.islamenlinea.com/lamujer/m18.html4 http://www.morfonet.cl/secciones/informe/00i2.htm

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La Santa Inquisición no era sino una maquinaria de represión, cuyo objetivo primordial era castigar y perseguir las herejías, entre las cuales la hechicería y la magia eran las de mayor gravedad.

Desde el punto de vista de la antropología social, estudios han de-terminado que las mujeres eran las culpables de tales hechicerías y con-sideradas brujas principalmente por contravenir las rigurosas normas impuestas por la sociedad patriarcal, en donde el Estado y la Iglesia con-trolaban absolutamente todos los dichos y hechos de la población feme-nina.

Durante el feudalismo, los poderes dominadores del Estado y la Igle-sia persiguieron encarnizadamente a las mujeres, tratando siempre de demostrar su naturaleza maligna y pecadora. Se les acusaba de sostener pacto con el Diablo, sobre todo si era poseedora de sabiduría o respeto por parte de los demás, esto la transformaba inmediatamente en ene-miga de la Iglesia y debía ser inducida (mediante tortura) a confesar su malignidad para luego ser “purifi cada” con el fuego de la hoguera.

La fi gura de la bruja representaba a todas aquellas mujeres que ha-bían “roto” las conductas que la sociedad había impuesto para el sexo femenino. Todas estas brujas habían empezado a modifi car su rol tradi-cional, lo que despertó recelo en los hombres que veían amenazada su posición de poder.

Los verdugos pinchaban con enormes agujas la garganta, la vagina y los pies de las mujeres condenadas a fi n de encontrar el “pactum dia-bólicum”, una suerte de marca sexual dejada por el diablo en el cuerpo femenino, siendo el pecado de la sexualidad lo que desataba la furia de Dios.

Por su parte, las mujeres solteras o las que se casaban por segunda vez tenían que estrangularse a cambio de ser fl ageladas públicamente para liberarlas del demonio, lo mismo sucedía con las mujeres bellas, quienes incitaban los placeres en los hombres y con esto el pecado.

De esta forma las mujeres debían ser propiedad privada del marido, siendo incluso castigada por éste si demostraba placer sexual en la inti-midad. En todos estos casos, de acuerdo a la Ley eclesiástica, los maridos podían golpear a sus mujeres, siempre y cuando el instrumento utilizado no excediera el largo del brazo de un hombre adulto.

III. EL CONCEPTO DE FAMILIA

La familia ha sido considerada, desde la antigüedad hasta nuestros días, como la expresión primera y fundamental del hombre. En ella se

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funden convivencia, emociones, deseos, organizaciones, intereses, anhe-los y un sinnúmero de variables difícilmente cuantifi cables.

La familia, en términos simples, “es la unión de un hombre y una mujer, generalmente de ascendencias diversas y sin lazos de consangui-nidad, que habitualmente viven con su progenie en un lugar privado y separado”5. Ésta nueva organización incluye una clara delimitación de funciones, en donde la fi gura masculina predominantemente dominan-te, debe aportar el sustento al hogar y la fi gura femenina, predominan-temente dominada, debe custodiar la crianza de los hijos y ser el apoyo del marido.

Evidentemente, dicho concepto de familia ha evolucionado hasta nuestros días, siendo la Reforma Industrial el punto inicial de un nuevo concepto familiar, en donde la mujer comienza paulatinamente a formar parte de la fuerza laboral.

Dichas infl uencias han producido numerosos resultados, entre los que se puede contar una participación más activa de la mujer en la vida profesional y competitiva, más allá de sus ancestrales funciones familia-res.

Pese a que la familia moderna posee condiciones organizacionales diferentes a sus antecesoras, la cultura patriarcal de los últimos 2000 años de nuestra humanidad se resiste a ceder el concepto de poder por el concepto de responsabilidades, en donde padre, madre e hijos pueden participar.

IV. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Antecedentes

Como hemos señalado anteriormente, la problemática de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares constituye un fenómeno difícil de defi nir y abordar, debido a los múltiples niveles que pueden verse im-plicados (desde individuales hasta macrosociales). Por esta razón, la ma-yoría de los estudios realizados se han aproximado únicamente desde la descripción analítica de este fenómeno, lo que ha posibilitado la creación de gran cantidad de conocimiento sobre el tema, siendo posible además crear determinados modelos explicativos de la conducta violenta.

5 Florenzano, Ramón y Valdés, Macarena: El Adolescente y sus Conductas de Riesgo, Editorial Universidad Católica, Santiago de Chile, 2005, págs. 61 y 62.

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De todos los modelos diseñados, la aproximación sistémica contex-tual viene a aportar una cantidad importante de herramientas de análi-sis.

La violencia intrafamiliar puede ser defi nida como “todas las for-mas de abuso, que tienen lugar en la relación entre los miembros de una familia”6 , entendiendo por relación de abuso a “toda conducta, que por acción u omisión, ocasione daño físico o psicológico a otro miembro de la familia”7. De acuerdo a este autor, la conducta de abuso debe ser de na-turaleza crónica, permanente o al menos periódica, para que constituya violencia intrafamiliar.

La literatura existente distingue tres tipos básicos de violencia al in-terior de las relaciones familiares: a) maltrato infantil b) violencia con-yugal y c) maltrato de ancianos.

Últimos estudios como los presentados por el SERNAM (1993)8 y la UNICEF (1991)9, evidencian que en distintas culturas y sociedades el abuso de poder y el maltrato al interior de las familias, ha alcanzado ni-veles nunca antes conocidos, sobre todo el países sudamericanos.

La violencia intrafamiliar y las consecuencias sobre las personas in-volucradas es uno de los problemas sociales de mayor gravedad en la actualidad, motivando a diversos países en pos de generar modelos de intervención apropiados como también establecer políticas sociales ade-cuadas.

V. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA VIOLENCIA, SISTEMAS ABUSIVOS

Aunque el maltrato hacia la mujer y los niños preponderantemente ocurre en el ámbito privado de la familia, es importante también situar el contexto social donde se encuentra dicho fenómeno. Normalmente las dinámicas familiares obedecen en gran medida, a las dinámicas socio-culturales en donde se encuentran insertas.

Como ya lo hemos manifestado, desde tiempos inmemoriales las fa-milias han sido fundadas sobre bases patriarcales dominantes, en donde

6 Corsi, J. (1990): Algunas Cuestiones Básicas sobre la Violencia Familiar: Separata de Doctrina y Acción Postpenitenciaria. Publicación del Patronato de Liberados de la Re-pública Federal de Argentina 4, Nº6.7 Corsi, J. (1990): Algunas Cuestiones Básicas sobre la Violencia Familiar. 8 Informe Anual de de la Comisión para la Familia SERNAM, 1993.9 Informe Comisión Nacional de Familias, UNICEF, 1991.

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el control del más fuerte sobre el o los más débiles forma parte importan-te de la dinámica intrafamiliar.

En este contexto, la violencia viene a constituir sólo una de las for-mas de control que se ejerce cuando se ve amenazada la autoridad pater-na o la supremacía dominante. Esta forma de control se ha perpetuado no sólo en los sistemas familiares sino en otros aspectos sociales como son la educación, la política, el derecho, etc.

Un sistema abusivo se encuentra formado por alguien que está en una posición de poder por encima de otro, abusando de dicha posición para obligar a la víctima a realizar o permitir determinadas acciones las cuales no ejecutaría por su propia voluntad.

En esta dinámica las víctimas se encuentran en una relación de de-pendencia con su abusador y son obligadas permanentemente.

Este sistema abusivo se completa con aquellas personas externas a esta dinámica, que saben o están en condición de saber acerca de los ac-tos abusivos sin intervenir10.

El profesor Badury (1992) describe los sistemas abusivos como aquéllos en que la violencia se produce como un abuso de poder, en un contexto de silenciamiento de las víctimas, que les impide romper el cír-culo del abuso. La base de la imposición de la dinámica del secreto es el silenciamiento respecto de la situación de abuso, lo que hace posible que el sistema se mantenga sin que terceros puedan romper la dinámica.

Una de las características de las familias en cuyo interior se produce abuso y maltrato es el aislamiento social en el cual se encuentran. Es frecuente que el propio abusador contribuya a dicho alejamiento como una manera de facilitar el control sobre su víctima, separándola que to-das aquellas posibles fuentes de apoyo a la víctima, lo que limitaría su control sobre ésta.

VI. CONCEPTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Este concepto alude a un ejercicio del poder al interior de la familia, cuya ocurrencia se produce de manera crónica, en donde una persona, normalmente el padre, somete a través de la violencia o la fuerza a otra persona (normalmente la mujer, los hijos y los ancianos) a realizar de-terminadas acciones contra su voluntad, existiendo una situación de de-

10 Badury, J. (1992): Dictaduras Familiares, Violencia e Incesto. Una lectura sistémica del incesto padre-hija.

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pendencia entre víctima y victimario, rodeado por una situación de aleja-miento social que permite una fuerte dinámica del secreto, perpetuando dicha relación negativa.

Estos desequilibrios no son necesariamente observables, por cuanto toda esta situación se encuentra teñida fuertemente por una suerte de có-digo conductual, en donde la habitualidad muchas veces tiende a validar estos actos al interior de la familia, siendo tan comunes que en algunos pueden llegar a ser considerados normales por parte de las víctimas.

Ejemplos de lo anterior se refl ejan en algunos dichos corrientes como: “Mi marido nomás me pega” o “Quien te quiere te aporrea”. Esto llevaría a pensar que las agresiones físicas son parte de la demostración normal de afecto.

Al interior de las familias con interacciones violentas, las dinámi-cas se producen en torno a dos grandes variables que son el poder y el género. El poder da origen, sin lugar a dudas, a una estructura vertical, apoyada por el género y la edad, situación que deja a las mujeres y los ni-ños en una situación de dependencia absoluta. Por otra parte, dinámicas culturales que dan un valor dominante a la fi gura masculina acentúan esta estructura familiar vertical.

Corsi (1994)11 considera los siguientes elementos para evaluar el po-tencial de violencia al interior de una familia:

Grado de verticalidad de la estructura familiar.•

Grado de rigidez de las jerarquías.•

Creencias en torno a la obediencia y el respeto.•

Creencias en torno a la disciplina y al valor del castigo.•

Grado de adhesión a los estereotipos de género.•

Grado de autonomía relativa de los miembros.•

Estos elementos constituyen factores de riesgo importantes al inte-rior de una familia que sufre violencia, sea esta sexual, física, psicológica, etc., con el objeto de controlar la relación.

11 Corsi, J. (1994): Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Editorial Paidós, Buenos Aires.

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VII. ALGUNOS ENFOQUES PARA COMPRENDER LA VIOLENCIA INTRAFA-MILIAR

La violencia intrafamiliar es un fenómeno demasiado complejo para ser explicado únicamente en base a las anomalías de la personalidad. Las personalidades de la víctima y el victimario constituyen solamente un elemento de todo el proceso de interacción familiar que deriva en el uso de la violencia como instrumento de control y sometimiento.

La complejidad en el análisis psicosocial de la violencia intrafa-miliar ha dado lugar a la creación de diversos enfoques que, de alguna manera, buscan comprender el fenómeno. A continuación se mencionan algunos de los más importantes:

La teoría que atiende a los trastornos de la personalidad y per-• turbaciones del carácter de la víctima y el victimario, así como una baja en la inteligencia: Esta teoría explica que el uso de la violencia en las familias se basa en las dinámicas conductuales producidas por una perturbación mental que imposibilitaría la normal comprensión de los actos, no obstante esta teoría no pue-de ser aplicable a todos los casos de violencia12.

La teoría que vincula la violencia intrafamiliar a la pertenencia • de clases sociales bajas y a las presiones sufridas por stress so-cioeconómicos: esta teoría no da buena cuenta del total de los ca-sos producidos, ya que bien puede producirse casos de violencia intrafamiliar en estratos socioeconómicos medio y alto, sin llegar a ser conocidos 13.

La teoría psicodinámica de la violencia intrafamiliar: esta teoría • interpreta el ciclo de la violencia como resultado de procesos psi-codinámicos de defensa. En esta teoría el o los agresores poseen una falta de confi anza primitiva, porque en su propia infancia carecían de la protección y el afecto de sus progenitores; fueron rechazados y maltratados física y psicológicamente. Intentan sa-tisfacer su necesidad de dependencia en sus hijos o en su pareja, “En este cambio de roles los padres que maltratan se comportan como si sus propios hijos fueran adultos y capaces de proporcio-narles apoyo, amparo y amor”14.

12 Leroy Pelton: Niños Abusados y Abandonados, Nueva York, 1981.13 Leroy Pelton: Ibíd.14 Brand F. Steeler y Carl B. Pollock: Manual de Psiquiatría Forense, Ed. Francfort, 1978.

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La teoría sociopsicológica de los recursos: sostiene que la familia, • al igual que todos los sistemas sociales, se mantiene unida aún bajo violencia. La violencia es un recurso aprendido para ejercer presión sobre los otros. Cuantos más otros recursos de coerción existan menor será la utilización de violencia. Se usa la violencia solo como último recurso, cuando ya no hay otros o si éstos han sido inefi cientes. Un hombre que de acuerdo con su socialización sexual específi ca pretende asumir un rol dominante pero que po-see recursos personales y profesionales menores que su víctima, acudirá a la violencia como medida de imponer su autoridad que un hombre con recursos intelectuales y profesionales superio-res15.

VIII. EL SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA

¿Por qué no se fue?

El síndrome de la Mujer Maltratada o SMM nace en los Estados Uni-dos y se refi ere tanto a cierto patrón de violencia como a las consecuen-cias psíquicas de la receptora de dicha violencia. El SMM es considerado como un subtipo de síndrome de Stress Postraumático que ha sido iden-tifi cado como la consecuencia de años de sufrimiento como rehén u otras situaciones de involucren un alto nivel de stress.

De acuerdo con los autores que postulan dicho síndrome, este es “la culminación de tres etapas que pueden presentarse en la situación do-méstica de violencia: a) la primera fase se caracteriza por una gran ten-sión que da origen a la segunda fase b) la segunda fase está caracterizada por la agresión misma o severo maltrato y c) la tercera fase se caracteriza por el arrepentimiento del que golpea, sus promesas y la cesación tem-poral de la violencia. Este último período permite a la mujer mantener la relación creyendo que la pesadilla ha terminado y que todo cambiará, no obstante el ciclo continúa en frecuencia e intensidad16.

El resultado de lo anterior puede derivar en una condición emocio-nal y situacional en que la mujer adquiere una respuesta de desamparo aprendido ante las estas situaciones de violencia. Ella llega a convencer-se sobre su destino y sus pocas opciones de cambio, sobre el poder de su maltratador: “¡Qué le vamos a hacer, es lo que me tocó nomás!”.

15 William J. Goode (1971): Fuerza y Violencia en la Familia.16 Douglas, M., “El síndrome de la Mujer Maltratada, en D. Sonkin (ed): La Violencia Doméstica Enjuiciada, Sprinter Publishing Co., New York, 1987.

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Este desamparo aprendido explica como estas víctimas pierden la aptitud para determinar si sus respuestas naturales las protegerán des-pués de experimentar dolor en situaciones comunes. Un resultado y con-tribución importante de dicha dinámica violenta es la creciente pérdida de autoestima, su aislamiento y vergüenza frente a los demás; las víc-timas también sienten temor de demostrar a los otros, principalmente a sus familiares, que su relación matrimonial no resultó tan bien como ellas esperaban.

Todo esto se transforma en una suerte de comprensión situacional en donde las víctimas estiman que aún estando mal en su relación vio-lenta, estarán peor en otra condición.

Estudios han demostrado que en aquellos casos en que la víctima golpeada mata a su pareja agresiva, existen factores que diferencian esta situación de otras situaciones violentan similares y que ya han sido vi-vidas con anterioridad. En estos casos el homicidio ha sido el resultado deseado y en el contexto situacional existe una condición de alcoholismo, drogadicción, amenaza de muerte, amenazas con armas, maltrato más grave y violencia sexual hacia la mujer o hacia otros miembros de la fa-milia.

En estos casos, usualmente el homicidio real se encuentra precedido por un incidente previo y desacostumbrado, algo hecho por el agresor que no encaja dentro de las escenas o el repertorio habitual de maltrato.

IX. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SÍNDROME DE ESTOCOLMO

El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víc-tima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desa-rrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fi nes o evadir a la policía17.

De acuerdo con el psicólogo Nils Bejerot, el síndrome de Estocolmo es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, tal es el caso de:

Rehenes •

Miembros de una orden de culto •

Niños con abuso psicológico •

17 http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo

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Prisioneros de Guerra•

Prostitutas•

Prisioneros de Campos de concentración•

Mujeres Maltratadas•

Víctimas de incesto• 18

Desde este punto de vista y de acuerdo al análisis de la etiología de la violencia, bien podría establecerse una cierta similitud entre la relación víctima-victimario, surgida del síndrome de la Mujer Maltratada, y el síndrome de Estocolmo, por cuanto en ambas situaciones, una perma-nente y otra transitoria, se advierte una fuerte carga emocional violenta, la que es capaz de formar en la personalidad de la víctima femenina diná-micas de sometimiento o bien contribuir a la perdida de la autoestima, a un sentimiento de lástima por el agresor y, por sobre todo, a una sensa-ción de desamparo aprendido.

X. EL FEMINICIDIO

Feminicidio es un término que está relacionado con el término ge-nericidio creado por Mary Anne Warren en 1985 en su libro Gendercide: The Implications of Sex Selection (Genericidio: las implicaciones de la selección por sexo). No obstante, la categoría feminicidio ya es parte del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras son Diana Russell y Jill Ra-dford. Su texto es Femicide. The politics of woman killing (Femicidio: la política de la matanza de mujeres)19.

El feminicidio corresponde a una de las expresiones más extremas de la fi gura y del sistema patriarcal que nos ha acompañado desde siglos, corresponde a una tradicional institucionalización del machismo y ritua-lidad masculina como sexo fuerte, llegando a ser incluso erótico para al-gunos ver sometida a la mujer hasta un nivel absoluto, donde su cuerpo y su existencia no tienen más sentido que para el placer y el sufrimiento.

De esta forma, el feminicidio viene a formar parte de una larga lista de abusos contra el género femenino, entre los que se pueden contar las violaciones, los abusos sexuales, el acoso sexual, la explotación laboral, la desigualdad económica y de oportunidades, etc.

18 http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo19 http://isis.cl/femicidio/doc/4311/1311lapena.doc.

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Este nuevo fenómeno –al que llamamos también femicidio– en rea-lidad no tiene nada de nuevo. Ciertamente ya no estamos en la Edad Me-dia o preislámica, donde se les enterraba vivas o se les obligaba a confe-sar su “malignidad intrínseca”; sin embargo, las mujeres siguen sufrien-do discriminación y menosprecio por el sólo hecho de pertenecer, como lo dijo uno de los grandes poetas de nuestro país, al “Linaje de Eva”.

XI. EL FEMINICIDIO EN NUESTRO PAÍS

La violencia intrafamiliar y las agresiones contra las mujeres son de larga data en América Latina, situación reforzada por el carácter patriar-cal de nuestras sociedades y en donde el hombre jefe de hogar posee el control absoluto tanto de los integrantes como de las decisiones al inte-rior de la familia.

Por otro lado, el desconocimiento de las víctimas (previo al suceso de muerte) y de su entorno directo respecto de los derechos que las pro-tegen, hace muy difícil la recopilación de información directa y, sobre todo, oportuna.

El silencio social sobre la práctica de la violencia en el núcleo de las familias latinoamericanas se ha refl ejado en la investigación científi ca. Solamente en los últimos 30 años se ha comenzado a investigar sobre el tema: “En América Latina, las primeras investigaciones datan de los años ochenta”20.

El acoso sexual, el abuso continuo, la violencia al interior de la fa-milia, son todos eslabones de la misma cadena, que en su extremo más perverso está atada a los cadáveres de las mujeres ejecutadas.

No obstante lo anterior, paulatinamente el concepto de Femicidio ha ido adquiriendo fortaleza y preponderancia, principalmente como una nueva forma de comprender la violencia intrafamiliar y, por sobre todo, la violencia de género.

En Chile, al igual que en el resto de América Latina, los datos dis-ponibles sobre casos de violencia intrafamiliar y femicidio son escasos y generalmente se encuentran asociados a estratos socioeconómicos bajos o de pobreza. Lamentablemente se dispone de muy pocos antecedentes previos sobre cuáles familias están viviendo procesos de violencia intra-familiar, tornándose visible ya cuando sus resultados son extremos como la muerte de la víctima de dicha violencia, en este caso la mujer.

20 Soledad Larraín Heiremans: Violencia Conyugal: La Realidad Chilena, Ed. Universi-dad de Chile, Santiago 1995.

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De todas formas, en los últimos años importantes investigaciones realizadas en nuestro país, principalmente por universidades y organiza-ciones no gubernamentales, han permitido realizar observaciones cien-tífi cas del proceso violento al interior de las relaciones de pareja y en donde la mujer es victimizada. Este proceso, en mayor o menor medida, se desarrollaría de la siguiente forma:

Discutir calmadamentea.

Traer a alguien para ayudarb.

Gritarlec.

Insultarlad.

Descalifi carla frente a los otrose.

Mantener silencios prolongadosf.

No dejarla salirg.

Amenazarla con golpearlah.

Tirar o romper objetosi.

Tirar objetos a la mujerj.

Empujarla o zamarrearlak.

Pegarle una cachetadal.

Patearla o morderlam.

Golpearla con un objeton.

Darle una golpizao.

Relaciones sexuales forzadasp.

Quemarlaq.

Amenazarla con un armar.

Agredirla con un armas. 21

Por otra parte, se han establecido tres tipos de violencia del esposo/conviviente hacia la mujer.

Violencia Psíquica1.

Violencia sexual2.

21 Soledad Larraín Heiremans: Ibíd.

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Violencia física menos grave3.

Violencia física grave4. 22

Por otra parte, estudios realizados en el año 2003 arrojaron ante-cedentes que permiten establecer que el 80% de los casos de violencia intrafamiliar se produce al interior del hogar, con sólo un 4% de éstos ocurridos en la vía pública y un 16% en otros lugares públicos como hos-pitales o restaurantes23.

Lo anterior representa solo una muestra de la difi cultad para acce-der tempranamente al fenómeno de la violencia intrafamiliar en nuestro país, situación no conocida por las autoridades sino hasta que se produce la muerte de la cónyuge.

XII. MARCO NORMATIVO

Ámbito Internacional

En los últimos años, nuestro país ha suscrito signifi cativos compro-misos internacionales, que incluyen propuestas e indicaciones a incor-porar en el diseño de políticas públicas y legislativas, tendientes a me-jorar la condición y posición de la mujer en la sociedad, entre los cuales podemos destacar La Declaración de Derechos Humanos de Viena del año 1993; Plan de Acción de Población y Desarrollo del Cairo de 1994; Programa de Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe de Mar del Plata de 1994; La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Brasil de 1994; y la Plataforma de Acción Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995.

Sin duda de los instrumentos internacionales antes mencionados los más importantes son:

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Brasil de 1994, más conocida como la “Convención de Belem Do Pará”, que en su Artículo 1 señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”;

22 S. Larraín Heiremans: Ibíd.23 Anales V Congreso de Psicología Jurídica, Santiago de Chile 2003, Asociación Ibero-americana de Psicología Jurídica.

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complementa ésta defi nición el artículo siguiente que prescribe que la violencia contra la mujer puede tener lugar dentro de la familia o uni-dad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer; También comprende la que tenga lugar en la comunidad y que sea per-petrada por cualquier persona, extendiendo la fi gura a la tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, aún más que és-tas conductas sean perpetradas o toleradas por el Estado o sus agentes.

Esta Convención en su Art. 4 contiene una verdadera declaración de derechos humanos que los Estados partes deben asegurar a todas las mujeres, como el derecho a la vida, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales.

La Plataforma de Acción Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, más conocida como la “Declaración de Beijing”, cuyos principios más importantes son:

Asegurar a todas las mujeres el pleno disfrute de todos los dere-• chos humanos y libertades fundamentales.

Adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar to-• das las formas de discriminación contra las mujeres, y suprimir todos los obstáculos para la igualdad entre hombres y mujeres.

Promover la independencia económica de las mujeres.•

Prevenir y eliminar todas las formas violencia contra las muje-• res.

Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres • y mujeres en la educación y salud.

Derecho Interno

Los últimos avances legislativos representan un gran paso a lograr la igualdad de género, podemos destacar la modifi cación al artículo 1º de nuestra Carta Fundamental que iguala a hombres y mujeres ante la ley; la ley de fi liación que iguala a hijos e hijas y elimina todas menciones discriminatorias efectuadas por el Código Civil, relativas a la distinción entre hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos. Asimismo, con la modifi caciones al Código Penal en materia de delitos sexuales introdu-cidas en el año 1999 por la Ley Nº 19.617 que crea entre otros, la fi gura penal del delito de violación conyugal.

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Sin embargo, unos de los aspectos más importantes fue la promulga-ción en el año 1994 de la ley de Violencia Intrafamiliar, la que si bien es cierto defi nió la violencia en la familia como una simple falta, reducién-dola al ámbito privado como un problema doméstico y no como delito que viola los derechos humanos de las mujeres, aunque sabemos que en muchos casos, y así ha quedado demostrado es el preámbulo de un femicidio24, no podemos desconocer que signifi có un gran progreso en la materia.

Legislación actual

El 22 de septiembre del año 2005 se promulgó la Ley Nº 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, la que fue publicada en el Diario Ofi cial con fecha 07 de octubre del mismo año. Este nuevo marco normativo que tiene como antecedente los compromisos internacionales adoptados por Chile, entre otros la Convención de Belem Do Pará, tiene por objeto “prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma”25.

El Art. 5º de la Ley, describe las conductas que serán constitutivas de violencia intrafamiliar, señalando que lo serán “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afi nidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida ocurra entre los padres de un hijo en común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o de-pendencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

En la actualidad el procedimiento se inicia con una denuncia verbal o escrita que puede ser presentada en cualquier unidad policial o direc-tamente en el Tribunal de Familia a través de una demanda. Se concede acción pública para denunciar, toda vez que, no obstante que la ley se-ñala que cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos puede hacerlo.

La gran innovación que incorpora esta nueva normativa es la crea-ción de la fi gura del “Delito de Maltrato Habitual” defi nido en el Art. 14º

24 Declaración de la Red Chilena contra la violencia doméstica y sexual, 2006.25 Art. 1º de la Ley 20.066.

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como “el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de al-guna de las personas referidas en el art. 5º,( esto es cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, pariente por consanguinidad o por afi nidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado, padres de hijos en común, o bien cuando se trata de personas discapacitadas que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los inte-grantes del grupo familiar)

Para apreciar la habitualidad, se tiene en consideración la cantidad de actos ejecutados, y la proximidad temporal de éstos, independiente que la violencia se haya ejercido sobre la misma persona, sin embargo para que sean considerados como tales los actos constitutivos de violen-cia intrafamiliar anteriores, no puede haber recaído sobre éstos senten-cia condenatoria o absolutoria.

Competencia: Se debe distinguir entre actos constitutivos de violen-cia intrafamiliar en cuyo caso la competencia le corresponde a los Tri-bunales de Familia y el delito de Maltrato Habitual cuyo conocimiento y persecución radica exclusivamente en el Ministerio Público. En este sentido se debe tener presente dos situaciones:

Para que el Ministerio Público conozca del Maltrato Habitual, el a. Juez de Familia debe remitirle los antecedentes, es decir existe un examen preliminar de este órgano jurisdiccional.

Si el hecho constitutivo de Maltrato Habitual confi gura un delito b. de mayor gravedad, por ejemplo lesiones, violación u homicidio, va a ser necesariamente de conocimiento del Ministerio Público conforme a las reglas generales que contempla el Código Proce-sal Penal.

Sanciones: Para el delito de Maltrato Habitual la pena asignada es de presidio menor en su grado mínimo, esto es 61 a 540 días, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad.

Para los actos de Violencia Intrafamiliar, la sanción es una multa de media a 15 Unidades Tributarias Mensuales.

Además de las sanciones antes descritas, el Juez atendiendo la natu-raleza de los hechos deberá aplicar cualquiera de las siguientes medidas accesorias:

Obligar al ofensor a abandonar el hogar común.a.

Prohibirle de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de b. trabajo, estudio.

Prohibirle el porte o tenencia de armas de fuego.c.

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La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orienta-d. ción familiar.

Medidas Cautelares: En cualquier estado de la investigación o del procedimiento, aún con el sólo mérito de la denuncia, el Tribunal de Fa-milia o Juez de Garantía podrá decretar medidas cautelares tendientes a asegurar los siguientes derechos de las víctimas:

La integridad física y/o psíquica de la familia.a.

La tranquila convivencia del núcleo familiar.b.

La subsistencia económica del núcleo familiar.c.

La integridad del patrimonio del núcleo familiar.d.

Actuación de la Policía: La Policía está obligada a tomar la de-nuncia, la que deberá remitir al Juez de Familia respectivo, salvo que los hechos descritos sean constitutivos de otro delito, en cuyo caso se dará cuenta al Fiscal del Ministerio Público.

Si al momento de tomar la denuncia no se señala la identidad del presunto autor, se deberá procurar identifi carlo conforme al control de identidad, recabar las declaraciones que se allanaren a prestar quienes conozcan su identidad, y a solicitud de la denunciante, mantener reserva de su identidad.

La Policía está facultada para:

Ingresar a lugares cerrados.a.

Prestar ayuda inmediata y directa a la víctima.b.

Practicar la detención del agresor si procediere e incautar las ar-c. mas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víc-tima.

Procedencia de estas atribuciones:

En caso de actos de violencia intrafamiliar que se está cometien-a. do actualmente.

Ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el b. interior del lugar.

Otros signos evidentes que indicaren que se está cometiendo vio-c. lencia intrafamiliar.

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La Policía también está obligada a detener a toda persona que sor-prenda en quebrantamiento fl agrante de las medidas cautelares o acce-sorias decretadas.

Nuevos desafíos legislativos

No obstante, las mejoras legislativas en la persecución y erradicación de la violencia intrafamiliar; a raíz de los graves sucesos acaecidos en el último año, en donde la violencia ejercida sobre la mujer ya no queda en una secuela psicológica o física, sino que ha llegado a extremos como ocasionar la muerte, situación que en lo que va corrido de este año le ha costado la vida a 47 mujeres, que ha dado lugar a que los medios de pren-sa hayan recogido el concepto de Femicidio para posicionarlo en nuestra realidad nacional y de esta forma provocar una gran conmoción pública que como consecuencia fi nal ha derivado en que un grupo de Diputados hayan presentado en el mes de abril del presente año una moción que contiene un proyecto de ley para sancionar el “Femicidio” y aumentar las penas aplicables a este delito.

Este proyecto, que actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión Familia de la Cámara de Diputados, incor-pora conceptualmente el tipo penal de femicidio, quedando comprendi-do dentro de él “todo asesinato en que la víctima sea la cónyuge, convi-viente o cualquier mujer con la que el agresor está o haya estado ligado por alguna relación afectiva”.

Lo anterior viene a llenar un vacío tanto conceptual como de tipifi ca-ción existente en nuestra legislación.

Junto con ello, en la defi nición del tipo de Femicidio que se crea y en el parricidio que se desagrega, se superará la defi ciencia existente en el parricidio vigente que califi ca como tal sólo las relaciones actuales de matrimonio o convivencia, excluyendo a los anteriores cónyuges o con-vivientes y a todo otro tipo de relación afectiva26.

Otra incorporación importante es respecto a la consideración de ate-nuantes que estipula el Código Penal. En este sentido, para el caso de Femicidio se plantea “Disminuir las posibilidades de aplicar la atenuante de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan produci-do arrebato y obcecación en algunos delitos cuando el agresor ha sido sancionado previamente por violencia intrafamiliar”.

26 Boletín 4937-18, Cámara de Diputados , abril 2007.

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Finalmente, considerando que como se ha señalado anteriormente el Femicidio, es la consecuencia fi nal y extrema de una serie de atropellos a los derechos humanos de la mujer, violencia física y psicológica reite-rada en el tiempo, subsumida bajo el silencio culpable de todos aquellos que de una u otra manera conocen de la existencia de los malos tratos y lo reducen a una simple conducta doméstica privada sin medir las ulte-riores consecuencias que esto conlleva, el Proyecto considera “Eliminar la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por delitos especialmente graves de connotación familiar”, modifi cando de esta forma el decreto Ley Nº 321 del año 1925, que establece la libertad condicional para los penados.

XIII. ROL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

Además de la función dispuesta por la propia ley anteriormente ana-lizada, nuestra institución a través de la Jefatura Nacional de Delitos Contra La Familia, desde el año 2005, ha desarrollado un Plan de Acción Integral en esta materia que comprende:

Capacitación a los funcionarios de todo el país de las unidades 1. dependientes en el conocimiento de la ley, aspectos procedimen-tales y jurídicos de aplicación policial. Fortaleciendo la sensibi-lización sobre esta materia, y entregándoles herramientas para el diseño de actividades de prevención que puedan replicar en la comunidad.

Durante el año 2006, se capacitó a 337 funcionarios, 210 de los • cuales se desempeñaban en el área de especialización de esta Je-fatura.

En el marco de estas capacitaciones se entregaron 382 Guías en • cuyo contenido se abordó la temática en cuestión.

Con el apoyo de profesionales del área de la psicología de nuestro 2. Instituto de Criminología se han realizado charlas informativas dirigidas a los propios funcionarios y sus familias, porque es sa-bido que la violencia intrafamiliar es transversal en la sociedad.

Se continúan realizando seminarios de formación de agentes 3. preventivos dirigidos a estudiantes universitarios de las áreas de la educación y salud, en importantes alianzas estratégicas con prestigiosas universidades del país.

Dentro de la labor netamente comunitaria, se realizan constan-4. temente actividades de prevención a colegios, escuelas para pa-dres, juntas de vecinos y, en general, a toda organización social

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o gubernamental que lo solicite. De esta forma, durante el año 2005 se efectuaron charlas de orientación a 12.647 personas, en el año 2006 a 14.670, en tanto en el primer semestre del presente año a 6.782 personas que han recibido esta misma capacitación.

Por otra parte, la Policía de Investigaciones de Chile ha compren-dido la importancia de su capital humano, diseñando e implementando durante los últimos años diversos talleres, capacitaciones y seguimientos respecto de los niveles de desgaste profesional que sufren sus funciona-rios, todos ellos expuestos continua y permanentemente a los aspectos más horribles de la realidad humana y criminal, entre los que se encuen-tra la violencia intrafamiliar y el femicidio.

Cabe hacer presente que algunos de los resultados más importantes del síndrome de Desgaste Profesional Profundo o Burnout, es justamen-te la intolerancia a las situaciones impactantes y la respuesta violenta frente a aquellos hechos en que la persona desgastada siente no poseer herramientas conductuales efectivas. Por esto, la relación entre desgaste profesional profundo y la destrucción de las relaciones afectivas --sean estas maritales o amistosas-- es directa, siendo posible que a causa de dicho círculo vicioso en que ambas situaciones se encuentran, un obser-vador que interviene en aspectos de la violencia doméstica, pueda trans-formarse sin quererlo en un agresor intrafamiliar.

XIV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Sin lugar a dudas, el fenómeno criminal de la violencia intrafamiliar y sus resultados, entre los cuales encontramos el Femicidio, debe con-ducir a todos los funcionarios de nuestra institución hacia una profunda refl exión.

En primer lugar, como funcionarios policiales custodios de la Ley nos enfrentamos a un cuadro criminológico complejo, donde confl uyen diversas motivaciones en la génesis y el desarrollo del delito: sociales, económicas, culturales, antropológicas, etc.

Cabe hacer presente que, para comprender mejor este fenómeno de-bemos, en primer lugar, abandonar nuestros propios prejuicios sobre la fi gura femenina en nuestras sociedades. Resulta complejo analizar ob-jetivamente un fenómeno social y criminal de este tipo sin llegar a com-parar lo observado con las propias vivencias; esta es una de las grandes difi cultades de las ciencias sociales, en donde el objeto de estudio forma parte de la naturaleza del observador.

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En segundo lugar, también los funcionarios de nuestra institución somos parte de una familia, por lo que debemos mantenernos atentos a nuestra propia conducta en relación a ella. Los actos violentos al inte-rior de una familia generalmente comienzan con pequeñas discusiones y descalifi caciones, no siendo capaces de observar o darnos cuenta de la escalada violenta en nuestras relaciones familiares hasta cuando ya es demasiado tarde.

Un tercer punto de observación radica en profundizar y establecer periódicamente actividades de autocuidado para el personal, toda vez que las constantes vivencias de alto contenido emocional y de estrés pro-pios de la labor policial constituyen cultivos de emociones retenidas que pudieran detonar al interior del grupo familiar.

Consecuentemente con lo expuesto, y como sucede con otras mate-rias, la visibilización de los hechos y la capacitación constituyen las prin-cipales fuentes para combatir estas conductas y hacer conciencia en la sociedad de la necesidad de actuar solidariamente ante su presencia y no ser un espectador pasivo que sólo se motiva cuando la víctima pertenece a su entorno directo.

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http://www.morfonet.cl/secciones/informe/00i2.htm

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NOTAS SOBRE LIBROS

Rogelio Rodríguez Muñoz * RE

SEÑ

AS

GRACIAS A LA VIDA, de Jane Goodall.Editorial Mondadori, Barcelona, 2003.

Harto ruido está produciendo en gran parte del mundo occidental el llamado Proyec-to Gran Simio, fundado en 1993 por los fi ló-sofos Peter Singer y Paola Cavalieri, con el fi n de romper las barreras entre los animales hu-manos y sus más cercanos parientes. Esta or-ganización, a la que se han unido varios otros pensadores y científi cos, promueve –en razón de un igualitarismo moral– una Declaración

de Derechos para los chimpancés, gorilas y orangutanes, que incluye el derecho a la vida, la protección de la libertad y la prohibición de la tortu-ra. Hace un par de meses, una comisión del Parlamento español declaró su apoyo a este Proyecto y, si el pleno del Congreso de los Diputados aprueba su resolución, se espera que el gobierno español promueva una declaración similar en el ámbito de la Unión Europea y apruebe próxi-mamente una ley que impida someter a estos grande simios a experi-mentos potencialmente dañinos que no vayan en su propio benefi cio. Si ello ocurre, España sería –tras Nueva Zelanda–el segundo país en con-ceder derechos especiales a los simios.

Pero no faltan voces opositoras que encienden la polémica. Se sos-tiene que sólo el ser humano tiene autonomía y sentido moral, por lo que es el único ser capaz de recibir y ejercer derechos. El bioético americano Willard Gaylin ha señalado que hablar de los “derechos de los animales”

* Profesor y Coordinador de Extensión y Publicaciones de la Academia Superior de Estu-dios Policiales.

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no es más que un velado ataque a la dignidad del hombre. Por supuesto, hay acuerdo en la necesidad de un trato a los animales sin crueldad, pero se cuestiona el considerar personas a los simios. El estudioso de la éti-ca Fernando Savater ironiza al respecto, indicando que bastante tienen ya los europeos intentando combatir a quienes tratan a ciertos hombres como animales, para que además tengan que enfrentarse hoy a un nuevo género de bárbaros empeñados en tratar a ciertos animales como huma-nos.

Como sea, a raíz de este debate el nombre de Jane Goodall vuelve a sonar con fuerza, por ser esta famosa etóloga inglesa una importante investigadora del comportamiento de los chimpancés y una apasionada defensora de la naturaleza. Los partidarios de otorgar derechos esencia-les a los simios acuden a sus estudios para mostrar la semejanza que tenemos con estos primates.

Y resulta, entonces, una instructiva experiencia –justamente para familiarizarnos con investigaciones de este tipo y las circunstancias en que se desarrollan– leer este libro autobiográfi co de esta interesante mu-jer de ciencia.

Goodall nos muestra en estas páginas lo que llama su “viaje espiri-tual”, las etapas que han conformado su fi losofía de vida, desde su niñez --pasando por sus primeros trabajos en África con el paleontólogo Louis Leakey, sus indagaciones sobre las costumbres de los simios en la selva de Gombe, las vicisitudes de su vida sentimental, sus dramáticas expe-riencias ante la crueldad, la violencia y el odio del terrorismo africano-- hasta su actual cruzada esperanzadora que la lleva dando conferencias alrededor del mundo en favor de la vida y la naturaleza.

En varios pasajes del libro la autora se denomina cristiana, aunque debemos reconocer que muy sui generis: como científi ca que es acepta la evolución darwiniana y está convencida –por sus estudios con restos de criaturas ya extinguidas– que hacia millones de años atrás se bifurca-ron, desde un ser primitivo común, distintas ramas, una que dio origen al chimpancé y otra que con el tiempo llevó hasta nosotros, los humanos. Nuestra herencia primate determina muchas de nuestras conductas: para Goodall, en tal herencia están profundamente arraigadas nuestras tendencias agresivas así como nuestros impulsos altruistas. Asimismo, nos señala que la santidad signifi ca una vida vivida al servicio de la hu-manidad, una vida de amor y respeto por todas las cosas vivas, y que, por ello, no sólo los que creen en Dios, sino también los ateos, pueden ser santos. Y también nos dice que debemos aceptar que los humanos no somos los únicos animales con personalidad, ni los únicos capaces de resolver problemas, ni los únicos en experimentar alegría, tristeza y des-

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esperación ni los únicos en conocer el sufrimiento, lo que debiera reducir nuestra arrogancia y eliminar nuestra creencia sobre que tenemos un derecho inalienable a utilizar a placer otras formas de vida para nuestros fi nes y benefi cio.

Una idea importante en este libro (entre varias otras) es la que nos instruye sobre la conducta agresiva de los chimpancés hacia miembros de grupos vecinos de su misma especie, lo que lleva a Goodall a supo-ner una disposición innata o atracción instintiva por la agresión en la programación conductual de los primates. Esta instintiva disposición se refl ejaría también en nosotros, los primates humanos, en el continuo que va desde las primitivas guerras de nuestros antepasados –los grupos de homínidos– hasta los cada vez más organizados confl ictos armados del presente. Jane Goodall llama seudoespeciación o especiación cultural a la diferenciación entre los miembros del propio grupo (grupo in) y los miembros del grupo extraño (grupo out) que se produce en los confl ictos humanos intergrupales, y que puede provocar la deshumanización de los del otro grupo hasta acabar considerándolos miembros de una espe-cie diferente, lo que permite emprender acciones de violencia libres de inhibiciones y sanciones morales y sociales. Los chimpancés estudiados por Goodall aparecen claramente como los precursores de la especiación cultural por su marcado sentido de identidad grupal, que los lleva a dis-tinguir entre individuos que pertenecen a una comunidad y los que no, y a atacar con suma crueldad a los vecinos de comunidades diferentes.

Frente a la miseria, la destrucción, la violencia y el sufrimiento exis-tentes en el mundo podría pensarse que vivimos una época sin esperan-za. Jane Goodall, sin embargo, aunque denuncia sin rodeos los males del presente, es optimista respecto del futuro. Siempre y cuando, sostiene, realicemos cambios en nuestra manera de vivir para evitar el desastre. Cuatro son las razones para su esperanza: 1) la maravillosa capacidad del cerebro humano para la innovación, 2) la plasticidad de la naturaleza, 3) la energía y el entusiasmo presente o potencial de los jóvenes de todo el mundo, y 4) el indomable espíritu humano.

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Durante los días 7 y 8 de julio la PDI recibió la visita de tres importantes miem-bros del Instituto Nacional de Altos Estu-dios en Seguridad (INHES) de Francia: su Director, señor Pierre Monzani; su conse-jero para relaciones internacionales, señor Remy Perraud, y el director de formación e investigación, comisario general Pierre-Antoine Malfait. Los acompañó, además, el coronel Hugues Lebeau, agregado policial en la Embajada de Francia en Buenos Ai-res. Estas autoridades, entre otras activida-des, se reunieron con el Director General, don Arturo Herrera Verdugo.

Uno de los motivos de la visita fue inte-riorizarse en nuestro sistema de educación policial, especialmente en relación con los programas de estudio para los ofi ciales su-periores. En tal sentido, el día 7 se reunie-ron también con el Jefe de Educación Poli-cial, Prefecto Inspector Héctor Soto Candia y con el Director de la Academia Superior, Prefecto Claudio Preller Pinochet. Este úl-timo les informó sobre las actividades do-centes, de capacitación y de investigación del plantel que dirige. El día 8, los visitan-tes franceses se reunieron con los ofi ciales alumnos de ASEPOL. En la ocasión, el di-

rector del INHES, señor Monzani, les dictó una charla sobre el instituto; asimismo, el comisario general Malfait les habló sobre las actividades de formación e investigación que el Instituto lleva a cabo.

El Instituto Nacional de Altos Estudios en Seguridad francés es un establecimiento público que ha sido concebido como un espacio de tra-

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

VISITA DEL INHES DE FRANCIA

EV

EN

TO

S

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bajo interministerial y multidisciplinario cuyo objetivo central es contri-buir al logro de una estrategia nacional de seguridad, dinámica y útil a los servicios operativos. Esto resulta verdaderamente necesario es estos tiempos en que nuevas amenazas a la sociedad y nuevos delitos requieren su prevención y anticipación, pero también imponen la refl exión sobre la adaptación de las políticas públicas ante la evolución de la sociedad y la sofi sticación de los riesgos.

Las autoridades del INHES agradecieron la recepción mostrada en la Academia Superior y coincidieron en afi rmar que las labores de forma-ción, capacitación e investigación efectuadas en nuestro plantel son muy similares a las que se realizan en Francia. La visita sirvió para generar importantes vínculos y para estudiar y proyectar actividades conjuntas en benefi cio académico de ambas instituciones de formación policial.

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO EN LA ACADEMIA SUPERIOR DE CARABINEROS

Invitados por la Academia Superior de Carabineros, tres ofi ciales alumnos de ASEPOL –el comisario Pedro Cuevas Cerda, el comisario Christián Lucero Villarreal y la subcomisario Claudia Domínguez Lei-va– concurrieron a ese plantel los días 28 de julio y 4 de agosto para participar en un Seminario de Administración, Presupuesto y Finanzas, que incluyó el sistema ChileCompra.

Esta participación se llevó a efecto en el marco de un acuerdo de colaboración fi rmado por el Director General de la PDI, don Arturo He-rrera Verdugo, y el Director General de Carabineros, don Eduardo Gor-

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don Valcárcel, con el objeto de promover el estudio, la investigación y el análisis de los problemas delictivos y de seguridad pública, así como compartir información y buenas prácticas del diario quehacer de ambas instituciones.

VISITA A FUNDACIÓN SANTA CLARA

Por propia y espontánea iniciativa, los ofi ciales alumnos de los cur-sos A y B de la Academia Superior visitaron, el día 13 de agosto, el Ho-gar de la Fundación Santa Clara, institución de benefi cencia que acoge a niños infectados de VIH – SIDA durante el embarazo, el parto y/o la lactancia materna, dirigida por las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús. Con ello quisieron, en este mes de la Solidaridad, conmemorar de un modo real y humanitario el Día del Niño.

En la ocasión, los policías –acompañados por el Secretario de Estu-dios del plantel, comisario Eduardo Silva Fuentes– llevaron a los peque-ños una ayuda consistente en ropa para niños de uno a quince años y les hicieron pasar un agradable momento de risas y diversión.

El director de la Academia, prefecto Claudio Preller Pinochet, agra-deció el gesto caritativo de los ofi ciales alumnos y señaló que “habla muy bien de los policías que actualmente ocupan las aulas de esta Casa de Es-tudios, de su inquebrantable vocación de servicio público, de su corazón generoso, de su amor por las personas necesitadas de nuestra sociedad, de su compromiso institucional que va más allá de las exigencias forma-les”.

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Durante los días 1 y 2 de sep-tiembre se llevaron a cabo Talle-res de Vocería, organizados por la Academia Superior, a funcionarios policiales de la XII Región Policial de Magallanes y la Antártica Chi-lena. Estos talleres, que habilitan en estrategias comunicacionales para enfrentar medios de prensa, fueron impartidos por el equipo de Comunicaciones Fran que di-rige el profesional Antonio Neme. En estas ocasiones, las sesiones contaron también con la relatoría de Mónica Sanhueza, periodista de Chilevisión. Acompañó al equi-po de profesionales el Director de ASEPOL, prefecto Claudio Preller Pinochet.

El primer día participaron quince funcionarios de la Prefec-tura Provincial Magallanes; el se-gundo día, otros quince policías de la Prefectura Provincial Última Esperanza. Este importante even-to formativo terminó con una ce-remonia a la que acudieron, invi-tados, profesionales de los medios de comunicación de la zona.

TALLERES DE VOCERÍA EN LA XII REGIÓN POLICIAL

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En el marco de las ac-tividades de Extensión de ASEPOL y en razón de una orden emanada de la Ins-pectoría General respecto a capacitar al personal de la PDI sobre la investiga-ción del delito de Cohecho Internacional, la Academia Superior recibió el día 28 de octubre la visita del abo-gado Arturo Onfray Vivan-co, Jefe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, quién dictó la conferen-cia “Convención de la OCDE contra el sobor-no transnacional” para los ofi ciales alumnos.

En su exposición, el ju-rista –Licenciado en Dere-

cho por la Pontifi cia Universidad Católica de Chile; Licenciado en Edu-cación por Universidad Educares; Master of Arts por el Internacional Institute for the Sociology of Law, Oñate, País Vasco; Master of Laws por la European Academy of Legal Theory de Bruselas, y miembro del Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores– señaló la importancia de estudiar el fenómeno de la corrup-ción e instruyó sobre convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales interna-cionales, detallando los cuatro rubros implicados: el penal, el contable-fi nanciero, el del lavado de dinero y el de la jurisdicción y asistencia legal mutua. Terminó indicando que Chile ratifi có la Convención de la OCDE el 18 de abril de 2001, implementando la normativa destinada a aplicarla en el año 2002 (Ley Nº 19.829), pero que está siendo evaluado y que los

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: CONFERENCIAS

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El día 6 de noviembre, expuso la socióloga Lucía Da-mmert sobre “Violencia y de-lincuencia en América Latina: origen, diagnóstico y prospec-tiva”, conferencia con la que el área de Extensión cerró su Ciclo de Exposiciones 2008 dirigido a la formación inte-gral de los ofi ciales alumnos. La invitada –quién, además, es doctora en Sociología por la Universidad de Leiden, es-pecialista en Seguridad Ciu-dadana y Violencia Urbana, y Coordinadora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-SO)– hizo un diagnóstico de la violencia en el continente y planteó los desafíos que se enfrentan.

Señaló que América Latina aparece como el segundo continente más violento del mundo, con países que tienen las tasas planetarias más altas de homicidios. Esta violencia, que en la región tiene múltiples rostros, aparece ligada a la existencia de 200 millones de seres humanos sumidos en la pobreza, a la sobrepoblación existente en las cárceles donde no hay ninguna rehabilitación, a la poca profesionalización policial, a la caren-cia de infraestructura y tecnología y a la poca cooperación internacional para abordar el fenómeno. En este panorama, Chile es uno de los pocos países que son una excepción: por ejemplo, los niveles de solución de homicidios y robos que alcanza la PDI no se dan en los otros lugares de la región. También, en nuestra nación, la preocupación por el tema va desde el gobierno central hasta los gobiernos locales.

Agregó que en América Latina se aumenta el presupuesto en segu-ridad, pero no para mejorar los salarios de los policías existentes sino para aumentar la dotación policial, para construir más cárceles en vez de

expertos han dictaminado que deben modifi carse algunos aspectos de la legislación. No obstante ello, nuestro país también ha sido evaluador de otras naciones, como Portugal y Brasil.

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programas de educación y rehabilitación, para cambiar los sistemas de justicia penal y aumentar las penas y castigos, en una actitud que deno-mina populismo penal.

A su juicio, los retos que enfrenta la región son cuatro: la problemá-tica de la delincuencia está aún escasamente entendida (no es un proble-ma policial, sino social); hay carencia de información estadística crimi-nal (en Chile esto no ocurre); las reformas institucionales son débiles y se hace una utilización política del problema de la delincuencia.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: SEMINARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Entre los días 1 y 3 de octubre se llevó a efecto el Seminario Inter-nacional de Propiedad Intelectual, organizado por la Academia Superior de Estudios Policiales, la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI. La inauguración contó con la presencia del Director General subrogante de la Policía de Inves-tigaciones de Chile, Prefecto General René Castellón Argote, y del Minis-tro de Cultura subrogante, don Arturo Barrios Oteiza.

En sus palabras referidas al signifi cado y propósito del Seminario, el Director de ASEPOL, Prefecto Claudio Preller Pinochet, señaló: “De-bemos analizar los fenómenos que afectan la propiedad intelectual. De-bemos cruzar razones y puntos de vista que recojan la opinión de todos los sectores involucrados en esta materia, cuyos representantes estarán presentes en el desarrollo de este seminario, con el fi n de generar con-

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ciencia sobre la importancia que reviste la protección de estos derechos. Debemos pensar en el establecimiento de nuevas regulaciones y estrate-gias educacionales para combatir los ilícitos contra la propiedad intelec-tual. Debemos –como resultado de este debate– levantar propuestas concretas para mitigar los índices de piratería, que tanto daño provoca a la creatividad de las personas, a la economía y a la sociedad en general”.

Por su parte, el Ministro subrogante de Cultura, Arturo Barrios, men-cionó los avances decididos que ha realizado el gobierno en reformas y perfeccionamiento de leyes en pos de la protección de los derechos de los creadores y de las industrias que los sustentan y desarrollan, así como en la persecución efectiva de los delitos contra la propiedad intelectual. En este último aspecto, celebró la creación de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual, escuadrón especializado de la PDI. Terminó señalando: “Avanzamos en la implementación de medidas y acciones concretas, coordinadas además entre los distintos órganos del Estado, porque creemos fi rmemente en la importancia del derecho de autor y de la propiedad intelectual, como herramientas de desarrollo y bienestar para nuestro pueblo”.

La jornada inicial contó con dos paneles, participando en cada uno tres expositores. En el primero, “La piratería también les quita el sue-ño”, participaron la actriz Esperanza Silva, presidenta de Chile Actores, el cantautor Quique Neira, consejero de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, y el escritor Fernando Sáez, director ejecutivo de la Fundación Neruda y presidente de la Sociedad de Derechos Literarios.

En el segundo panel, “Chile en la lista de observación prioritaria”, expusieron sus puntos de vista el químico farmacéutico José Manuel Cousiño, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farma-céutica de Chile y director de Asuntos Regulatorios de la Federación La-tinoamericana de la Industria Farmacéutica; el abogado Ricardo Sateler, miembro de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, y la seño-rita Carolina Belmar, jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRE-CON) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Durante los días siguientes se llevó a efecto el siguiente programa:

Jueves 2 de octubre

Panel 1.- “Cómo establecer una política pública de propiedad intelec-tual”

Expositores:

Gabriela Ortúzar, bibliotecóloga, Directora del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile.

Luz Bustillos, abogada, Conservadora del Departamento de Derechos In-telectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Eduardo Castillo, Presidente de la Comisión Nacional Antipiratería (CONAPI) y Presidente de la Cámara Chilena del Libro.

Panel 2.- “Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual”

Expositores:

Daniel Álvarez, abogado, asesor legislativo de la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Claudio Ruiz, abogado, Director de ONG Derechos Digitales.

Carlos Bascuñán, abogado, Director Ejecutivo de EGEDA Chile (Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales).

Panel 3.- “Sistemas de protección y fi scalización de delitos contra la pro-piedad intelectual”

Expositores:

Manuel Navarrete, abogado, Jefe Ofi cina Fiscalía contra el Comercio Clandestino del Servicio de Impuestos Internos.

Mario Arrué: abogado, Subdirector de Fiscalización del Servicio Nacio-nal de Aduanas.

Prefecto Patricio Morales: Jefe Nacional de Delitos Económicos.

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Panel 4.- “Diseño de campañas de concientización y educación”

Expositores:

Marco Arellano, abogado, asesor del Departamento de Propiedad Indus-trial del Ministerio de Economía.

Luz Bustillos, abogada, Conservadora del Departamento de Derechos In-telectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Panel 5.- “Importancia de las redes de cooperación nacional e interna-cional”

Expositores:

Subprefecto Roberto Manríquez, ofi cial de Inteligencia Criminal, Uni-dad de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Subdirección de Delitos Financieros y de Alta Tecnología de la Secretaría General de INTERPOL. Coordinador General de la Operación Júpiter Sudamérica.

Coronel José Antonio Godar, ofi cial de la Guardia Civil Española, Agre-gado del Ministerio del Interior de España en Chile.

Viernes 3 de octubre

Panel 1.- “¿Es Internet una amenaza para la propiedad intelectual?”

Expositores:

Claudio Magliona, abogado, Director de la Asociación de Derecho e In-formática de Chile.

Santiago Schuster, abogado, Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.

Sebastián Rodríguez, Gerente General de la Asociación de Distribuidores de Software (ADS).

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Panel 2.- “Propiedad intelectual como parte del patrimonio cultural”

Expositores:

Oscar Acuña, abogado, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Arturo Navarro, periodista, sociólogo, Director Ejecutivo del Centro Cul-tural Mapocho.

Panel 3.- “Innovación y propiedad intelectual”

Expositores:

Mauricio González, ingeniero civil de industrias, Subgerente de Empren-dimiento de DICTUC.

Marcia Varela, ingeniero comercial, Directora de Innovación Empresa-rial y Emprendimiento en la Secretaría del Consejo de Innovación.

Rodrigo Rojas, abogado, asesor legal de la Asociación Chilena de Empre-sas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI).

Patrick Fischer, diplomático, funcionario de la Sección Económica y Po-lítica de la Embajada de Estados Unidos en Chile.

En el cierre del evento, el Jefe Nacional de Delitos Económicos, pre-fecto Patricio Morales Riquelme, agradeció tanto a los destacados pa-nelistas que participaron en las tres jornadas como al público asistente. Señaló que la PDI, a través de este evento, abrió las puertas a la comuni-dad, que la visión policial se nutrió con otras posiciones y perspectivas y que, al terminar, se sabe hoy más que ayer sobre este complejo tema de los delitos contra la propiedad intelectual y la búsqueda de formas para combatirlo.

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CRITERIOS EDITORIALES

Las personas interesadas en colaborar con la Revista Estudios Po-liciales deben hacer llegar sus trabajos a la Academia Superior de Estu-dios Policiales, Avda. Gladys Marín Nº 5783, 7º piso, comuna Estación Central. Los textos deben venir acompañados de los datos relativos a la condición profesional o académica, pertenencia institucional y dirección electrónica y teléfonos de sus autores.

Los artículos, que pueden adoptar la modalidad de ensayo o resulta-dos de investigación, deben ceñirse a las siguientes normas:

Deben ser inéditos.1.

Los contenidos, independientemente del tema tratado y de la 2. disciplina en que se enmarquen, deben tener una vinculación con áreas de la investigación y/o el quehacer policiales.

Su extensión no debe sobrepasar las 20 páginas tamaño carta in-3. cluyendo bibliografía, notas, cuadros y otros, considerando una letra tamaño 12 y un interlineado simple.

Estar cuidadosamente presentados en lo que se refi ere a escritu-4. ra, redacción y usos gramaticales.

Venir encabezados con un breve resumen de su contenido de no 5. más de 10 líneas.

Acompañar la bibliografía ordenada por orden alfabético de au-6. tores al fi nal del texto, señalando todos los datos que permitan su identifi cación.

Tener las citas referidas a la bibliografía fi nal mediante parénte-7. sis incorporado en el párrafo respectivo, encerrando el apellido del autor, el año y la página, cuando corresponda, de la publica-ción utilizada.

Colocar las notas ubicadas a pie de página y numeradas en forma 8. correlativa.

Los trabajos deben presentarse en una copia impresa en papel junto a un CD con su archivo en programa Word. El Comité Editorial se reser-va el derecho de incluir en la Revista los artículos que estime convenien-tes sobre la base de criterios temáticos, de rigurosidad académica y de relevancia para el plantel y/o la Institución. El editor se reserva el dere-cho, asimismo, de hacer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar una colaboración. Los originales no seleccionados no serán devueltos a sus autores.

“En la senda del liderazgo policial”

libro estudios policiales - asepol.cl · antropología latinoamericana debe enfrentar los problemas...

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