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LIBRO BLANCO
PROGRAMA PROMOCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA
(PPCMJ)
2001-2006
ÍNDICE
ÍNDICE PÁG.
ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 1
I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA (PPCMJ) 16
1.1 Objetivos 18
1.2 Período de vigencia que se documenta 18
1.3 Ubicación geográfica 19
1.4 Características técnicas 20
1.5 Unidades Administrativas Participantes 22
1.6 Cobertura 25
II. FUNDAMENTO LEGAL DEL LIBRO BLANCO 27
III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 30
IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PPCMJ 32 V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ 37
VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ 41
6.1 Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006 42
6.2 Programas Especiales 54 VII. SÍNTESIS EJECUTIVA 60
VIII. ACCIONES REALIZADAS 76
IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL 96
9.1 Informes periódicos sobre avances y situación 97 9.2 Acciones realizadas de corrección y mejora 100 9.3 Intervenciones de control y auditorías practicadas 100
9.4 Atención de observaciones determinadas 102
X. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 104
10.1 Resultados y beneficios alcanzados 105
10.2 Convenios suscritos por estado 111
10.3 Presupuesto ejercido por estado 113
XI. INFORME FINAL 114
XII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE 121
a. Autorizaciones de los recursos
b. Convenios suscritos
Titular de la Entidad 123
GLOSARIO. 124
1
ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(CDI)
2
ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
Creación
El 21 de mayo de 2003 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el cual se expide la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y con ello se abrogó la Ley de
Creación del Instituto Nacional Indigenista.
Este Decreto de creación entró en vigor a
partir del 5 de julio de 2003.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es
un organismo:
• Descentralizado de la Administración Pública Federal
• No sectorizado
• Con personalidad jurídica y patrimonio propio
• Con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
• Con sede en la Ciudad de México
3
Misión
Orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas
para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con base
en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Principios
• Preservación del carácter multiétnico y pluricultural en la nación.
• Promoción de acciones contra la discriminación o exclusión
social.
• Construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y
respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.
• Impulso de la integridad y transversalidad de políticas,
programas y acciones de la Administración Pública Federal para
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
4
• Fomento del desarrollo sustentable para el uso racional de los
recursos naturales de las regiones indígenas.
• Inclusión del enfoque de género en políticas, programas y
acciones de la Administración Pública Federal.
• Consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que el
Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos
administrativos, programas de desarrollo o proyectos que
impacten significativamente sus condiciones de vida y su
entorno.
Funciones
I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
desarrollen en la materia;
II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de
los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las
disposiciones constitucionales;
III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a
5
la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo
de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de
interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y de
concertación con los sectores social y privado;
IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas,
proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo
integral de dichos pueblos y comunidades;
VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo
integral de los pueblos indígenas;
VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas;
VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo
soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y
municipales;
6
IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la
Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, en el
establecimiento de los procedimientos técnicos y metodológicos para
promover la participación de las autoridades, representantes y
comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y
evaluación de los planes y programas de desarrollo;
X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones
federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones
de los sectores social y privado que lo soliciten;
XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo
de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones
de otras dependencias o entidades de la Administración Pública
Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y
entidades correspondientes;
XII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos
internacionales relacionados con el objeto de la Comisión;
XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como para las
entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de
mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;
7
XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, con la participación que
corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas,
proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y
comunidades indígenas;
XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que
coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los
indígenas;
XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de
información y consulta indígena, que permita la más amplia
participación de los pueblos, comunidades, autoridades e
instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación,
ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones
gubernamentales;
XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto
de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos
y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la
Constitución Federal;
8
XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus
funciones y los avances e impacto de las acciones de las
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública
Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos
indígenas y
XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables.
Estructura
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
está regida por una Junta de Gobierno integrada por los Titulares de
las siguientes Secretarías de Estado:
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y
Alimentación.
• Comunicaciones y Transportes.
• Desarrollo Social.
• Economía.
• Educación Pública.
9
• Función Pública.
• Gobernación.
• Hacienda y Crédito Público.
• Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Reforma Agraria.
• Salud.
• Trabajo y Previsión Social.
• Turismo
Funciona además un Consejo Consultivo integrado por:
NÚMERO DE CONSEJEROS
REPRESENTANTES:
123
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
6
DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
12
DE ORGANIZACIONES SOCIALES
7
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES
32
DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
10
El Consejo Consultivo es un órgano colegiado y plural, que tiene
como propósito analizar, opinar y hacer propuestas a la Junta de
Gobierno y al Director General de la CDI sobre las políticas,
programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos
indígenas. El Consejo sesionará de manera trimestral y será
presidido por un representante indígena.
La CDI es administrada por:
Dirección General
Unidad de Planeación y Consulta
Unidad de Coordinación y Enlace
Coordinación General de Administración y Finanzas
Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Delegaciones
Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena
11
Programas
• Albergues Escolares Indígenas
• Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
12
• Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas
• Fondos Regionales Indígenas
• Organización Productiva para Mujeres Indígenas
• “Promoción de Convenios en Materia de Justicia”
• Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas de la
Península de Yucatán.
• Ecoturismo en Zonas Indígenas.
• Apoyo a la Producción PROCAPI
Ecoturismo en Zonas Indígenas
Cobertura geográfica
La CDI funciona con un esquema desconcentrado, mediante la
operación de sus Delegaciones en 23 estados de la República
Mexicana.
Geográficamente abarca a más estados, dado que se atienden
acciones de diferentes programas y proyectos en entidades en las
que aun cuando no existe Delegación; las actividades son
coordinadas por la delegación más cercana.
También se cuenta con la atención de 110 Centros Coordinadores
del Desarrollo Indígena, un Centro de Investigación, Información y
13
Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 28 Centros
Regionales (CRID) y 1,085 albergues escolares, todas estas
instancias integran un Sistema Nacional que conduce las
actividades de la CDI a nivel nacional.
Asimismo se tiene un Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indigenistas (SRCI) que incluye:
• 20 emisoras en AM y 4 en FM
• Operación en 15 estados de la República Mexicana
• Cobertura de 26.5 millones de radioescuchas, de los cuales 5.5
millones son hablantes de lenguas indígenas (HLI) en 954
municipios
Importancia
Los pueblos indígenas de México.
La población mexicana presenta un panorama social altamente
diversificado, donde los pueblos indígenas son quienes más
contribuyen con su patrimonio cultural y la manifestación de usos y
costumbres a la riqueza de la Nación, a pesar de ser los más pobres
dentro del total de los mexicanos. Estos pueblos indígenas están
integrados por un poco más de 15 millones de personas, las cuales
están distribuidas en aproximadamente 12,500l localidades y
constituyen el 14.43% del total de la población mexicana (103,
14
951,000 habitantes) y para las cuales la Administración del
presidente Vicente Fox Quezada, no ha escatimado esfuerzos para
atenderlos.
Otras características de la población indígena son:
• En 12 entidades del país se concentran 5.4 millones de Hablantes
de Lengua Indígena (HLI), los restantes 678,000 están diseminados
en el resto de los 30 estados.
• Existen 871 municipios indígenas en México; se registran HLI en
2,330 de los 2,428 municipios del país.
• Nuestro país ocupa el octavo lugar en el mundo, entre los que
registran la mayor cantidad de pueblos indígenas.
• Nuestro país tiene una superficie de casi 2 millones de kilómetros
cuadrados. Los mexicanos indígenas poseen en las regiones en
las que viven, una superficie que abarca la quinta parte del
territorio nacional.
• El 70% de los recursos petroleros se extrae de yacimientos marinos
y terrestres del trópico mexicano. Los más importantes
corresponden a los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, en
municipios con una fuerte presencia indígena.
15
• Las principales presas hidroeléctricas del país como son La
Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se
ubican en territorios indígenas.
• Los ejidos y comunidades agrarias en municipios indígenas tienen
en propiedad el 60% de la vegetación arbolada, principalmente de
bosques templados y selvas húmedas y subhúmedas.
• Las principales áreas naturales protegidas del país, se encuentran
en municipios indígenas. Muchas de ellas son territorios sagrados y
ceremoniales, con zonas arqueológicas que los pueblos indígenas
reclaman como suyas.
16
I. PRESENTACIÓN DEL PPCMJ
17
I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE
CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA (PPCMJ)
INTRODUCCIÓN
El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia ha
crecido en un entorno de apertura y disposición nacional e
internacional, para brindar atención integral a los pueblos
indígenas en el marco de sus derechos y libertades
fundamentales, tal como se asienta en el artículo 2° Constitucional
en el que se reconoce la composición pluricultural de la Nación,
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son
aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas.
El estado se obliga a promover el desarrollo de sus lenguas,
culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de
organización social y garantizar a sus integrantes el efectivo
acceso a la jurisdicción del estado; así como lo establecido en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
18
1.1 Objetivos
1.2.1 Objetivo General.
Contribuir a generar las condiciones para que los
pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes
ejerzan los derechos individuales y colectivos
establecidos en la legislación nacional; y que el
estado propicie los mecanismos y procedimientos
para un efectivo acceso a la justicia basado en el
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.
1.2.2 Objetivo Específico.
Apoyar proyectos de promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y el impulso de
actividades de procuración de justicia, mediante la
transferencia de recursos financieros a organizaciones
civiles y comunitarias con personalidad jurídica a
través de mecanismos de corresponsabilidad.
1.2 Período de vigencia que se documenta
Aun cuando las acciones de convenios en materia de
justicia tienen su antecedente desde hace 17 años, el
19
período que abarca este documento comprende los
ejercicios del 2001 a 2006. Desde el inicio de la presente
administración, los lineamientos generales del Programa
Promoción de Convenios en Materia de Justicia tuvieron
como finalidad, propiciar la transferencia de recursos a una
población objetivo como son: las comunidades indígenas,
los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas, las
organizaciones de promotores y defensores de los derechos
humanos y las organizaciones civiles en general, a fin de
garantizar su desarrollo autónomo y de autogestión.
1.3 Ubicación Geográfica
El programa tiene cobertura con población indígena
originaria, así como aquellas con flujos de población
indígena migrante, incluyendo el Distrito Federal. Las
entidades federativas en las que se trabaja actualmente
son desde luego el DF y 24 estados:
20
1.4 Características técnicas
Durante el período que se reporta (2001-2006) la CDI, a
través del Programa Promoción de Convenios en Materia
de Justicia, canalizó recursos a comunidades, núcleos
agrarios y organizaciones sociales mediante la suscripción
de convenios de concertación. Estos convenios ofrecen,
además de los apoyos financieros establecidos en la
convocatoria, la asesoría y capacitación en aspectos
técnicos y contables; así mismo y sólo a petición de parte,
se establecen los apoyos correspondientes a la gestión y
pago de derechos del permiso de uso de nombre de figuras
asociativas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Baja California Hidalgo Querétaro
Baja California Sur
Jalisco Quintana Roo
Campeche México San Luís Potosí
Chiapas Michoacán Sinaloa
Chihuahua Morelos Sonora
Durango Nayarit Tabasco
Distrito Federal Oaxaca Veracruz
21
apoyo económico para la constitución legal bajo la figura
jurídica que más les convenga a comunidades,
organizaciones indígenas, organizaciones de promotores y
defensores de los derechos humanos que lo soliciten.
Con estos apoyos se pretende fortalecer los procesos
organizativos de las propias comunidades, ejidos y
organizaciones indígenas en proceso de integración y
brindarles asesoría para que logren su reconocimiento
formal ante las instancias competentes y en la defensa de
sus derechos humanos e indígenas que contribuyan a su
bienestar social.
El financiamiento que se otorgó por medio de convenios
de concertación, contó con un presupuesto autorizado
inicial de 136.97 millones de pesos, importe que permitió
realizar un total de 1,734 proyectos, logrando beneficiar
directamente a 641,289 personas, de las cuales 346,211
son hombres y 295,078 mujeres.
22
1.5 Unidades Administrativas participantes
Coordinación General de Programas y Proyectos
Especiales, la cual realiza las siguientes funciones:
• Elaborar la normatividad de los programas y
proyectos especiales a cargo de la Comisión.
• Dirigir la operación de los programas y proyectos
especiales a cargo de la Comisión.
• Coordinar las acciones de supervisión operativa de
los programas y proyectos especiales a cargo de la
Comisión.
• Promover y desarrollar programas y acciones de
fortalecimiento de capacidades que contribuyan al
desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas.
• Programa Promoción de Convenios en Materia de
Justicia, cuya función es la siguiente:
23
• Administrar, supervisar y dar seguimiento a las
acciones relativas al programa a fin de cumplir con
los objetivos del mismo.
• Elaborar, revisar y evaluar el apego a las reglas de
operación y lineamientos para la operación del
programa.
• Generar información relativa al programa, su
operación, avance e impacto de los resultados.
• Normar los mecanismos y estrategias operativas del
programa en cada delegación.
• Apoyar a los responsables del programa en las
delegaciones estatales y CCDI´s para la realización
eficiente del trabajo con la población objetivo,
cuidando la aplicación de recursos y cumplimiento de
objetivos.
• Transferir recursos económicos, dar seguimiento y
evaluar a organizaciones de cobertura interestatal.
24
• Capacitar sobre la normatividad del Programa a
organizaciones aprobadas a nivel nacional.
Delegaciones Estatales, con las siguientes funciones:
• Difundir el programa, recepción, registro y envío de
proyectos concursantes a través del “Padrón Único de
Proyectos Recibidos”.
• Dictaminación de proyectos y suscripción de
convenios de concertación, así como la entrega de
recursos a las organizaciones aprobadas.
• Seguimiento y evaluación físico-financiera de las
organizaciones aprobadas.
Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, que
llevan a cabo las siguientes funciones:
• Difundir el programa, recepción, registro y envío de
proyectos concursantes a través del “Padrón Único de
Proyectos Recibidos”.
25
• Dictamen de proyectos y suscripción de convenios de
concertación, así como la entrega de recursos a las
organizaciones aprobadas.
• Seguimiento y evaluación físico-financiera de las
organizaciones aprobadas.
Nivel Central: Coordinación General de
Administración y Finanzas, Dirección General de
Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control.
Nivel Foráneo: Se refiere a las radiodifusoras,
adscritas a las Unidades Administrativas de nivel
foráneo, a través de las cuales se difunde el
programa.
1.6 Cobertura
Las Entidades Federativas de la República Mexicana con
población indígena originaria, donde la CDI ha tenido
presencia incluyendo el Distrito Federal, así como aquellas
entidades que cuenten con población indígena migrante.
Dentro del período que se reporta se atendieron con la
26
ejecución de los proyectos financiados en las entidades
federativas 3,343 municipios.
27
II. FUNDAMENTO LEGAL DEL
LIBRO BLANCO
28
II. FUNDAMENTO LEGAL DEL LIBRO BLANCO
DECRETO para realizar la entrega-recepción del informe de los
asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que
tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo
o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de
septiembre de 2005.
ACUERDO para la Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2000-2006, expedido por el Titular del Ejecutivo
Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14
de septiembre de 2005.
ACUERDO que establece las disposiciones que deberán
observar los servidores públicos al separarse de su empleo,
cargo o comisión, para realizar la Entrega Recepción del Informe
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre
de 2005.
29
LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición
de Cuentas de la administración Pública federal 2000-2006, así
como para la elaboración e integración de Libros Blancos,
emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre
de 2005.
30
III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO
31
III. OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO
Destacar de manera cronológica y transparente las acciones
conceptuales, legales, administrativas, operativas y de
seguimiento realizadas por el Programa Promoción de Convenios
en Materia de Justicia, mediante el apoyo a proyectos de
promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y
el impulso de actividades de procuración de justicia, así como
los apoyos económicos para la gestión del permiso de uso de
nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y
constitución legal de organizaciones, mediante su integración
documental sistematizada.
32
IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
DEL PPCMJ
33
IV. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PPCMJ
En el ejercicio fiscal del año 2000, la Dirección de Procuración
de Justicia a través de la Subdirección de Antropología
Jurídica, entre cuyas funciones se encontraba el impulso al
proyecto de Convenios de Concertación en Materia de
Promoción y Procuración de Justicia, se transferían recursos
financieros para gestión directa a organizaciones sociales
legalmente constituidas, que fueran parte o trabajaran para
las comunidades indígenas, mejorando sus condiciones de
acceso a la jurisdicción del Estado.
El proyecto se encontraba normado por su Manual de
Operación y las Reglas de Operación vigentes en ese
momento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (15-
marzo-2000). El proyecto funcionaba por medio de
convocatoria pública anual en la que se establecían las bases y
requisitos para el concurso de proyectos presentados por
organizaciones indígenas, comunitarias, sociales y civiles
interesadas en la atención de la problemática indígena.
La selección de proyectos se realizaba por medio de
dictaminación múltiple y colegiada cuyo monto máximo de
apoyo era de hasta 400 mil pesos.
34
Hasta el mes de diciembre del año 2000, se habían firmado
242 Convenios de Concertación con las organizaciones
beneficiadas, en una cobertura de 24 entidades federativas
motivado por la convocatoria pública emitida en ese año. En la
cual se ejerció un presupuesto de 17.5 millones de pesos, que
fueron transferidos en 2 ministraciones, con lo cual se finiquito
la entrega de los recursos, destinados al apoyo a través de
dichos convenios en el mes de noviembre del mismo año.
En el mes de diciembre se llevaron a cabo acciones de
seguimiento, cumpliendo con los términos que establece la
normatividad de caso, revisando objetivos y metas, de
acuerdo a lo pactado en los convenios de concertación
suscritos.
El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
(PPCMJ) ofrece a los beneficiarios los siguientes servicios:
• Apoyo económico a proyectos para la promoción y
defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el
impulso de actividades de procuración de justicia.
35
• Gestión y pago de derechos del permiso de uso de
nombre de figuras asociativas ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
• Pago de hasta el 50% de gastos notariales para la
constitución legal bajo la figura jurídica más conveniente
para las comunidades, organizaciones indígenas,
organizaciones de promotores y defensores de los
derechos humanos que lo soliciten, cuyo objeto social
esté vinculado a la promoción y defensa de los derechos
de los pueblos indígenas.
El propósito principal de estas acciones, es el fortalecimiento
de los procesos organizativos de las propias comunidades,
ejidos y organizaciones indígenas en proceso de integración.
Así mismo brindarles asesoría para que logren su
reconocimiento formal ante las instancias competentes e
impulsar la defensa de sus derechos políticos, sociales y
culturales que contribuyan a su bienestar social.
La CDI es respetuosa de las posiciones ideológicas y
políticas de cada una de las organizaciones. Los proyectos son
respaldados en función del beneficio que proporcionan a las
36
comunidades y pueblos indígenas y no de los intereses
directos de la institución.
La política de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), al transferir recursos económicos a
los núcleos agrarios, organizaciones indígenas, organizaciones
de promotores y defensores de los derechos humanos y
organizaciones civiles en general, consiste en unir esfuerzos
para potenciar sus actividades y brindar atención integral a los
pueblos indígenas mediante apoyos, que van desde la gestión
del permiso de uso de nombre, la protocolización del acta
constitutiva hasta la asesoría legal, para la realización de las
actividades que les permitan, mediante el financiamiento
otorgado proporcionar los servicios jurídicos en los diversos
ámbitos del derecho, así como la capacitación y promoción de
las garantías individuales, los derechos humanos y derechos
indígenas, que respondan a la problemática concreta de las
comunidades.
37
V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ
38
V. MARCO NORMATIVO DEL PPCMJ
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Civil Federal publicado en el D.O.F. el 26 de mayo
de 1928.
• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, publicada en el D.O.F. el 21 de mayo
de 2003.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
publicada en el D.O.F. el 29 de diciembre de 1976.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, publicada en el D.O.F. el 13 de marzo
del 2002.
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, publicada en el D.O.F. el 31 de diciembre de
1982.
39
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en
el D.O.F. el 14 de mayo de 1986.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, publicada en el D.O.F. el 11 de
junio de 2002.
• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el
D.O.F. el 9 de febrero de 2004.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, publicada en el D.O.F. el 30 de febrero de
2006.
• Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal
(abrogada) publicada en el D.O.F. el 30 de marzo de
2006.
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en
el D.O.F. el 4 de abril de 1994.
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, publicada en el D.O.F. el 26 de enero de
1990.
40
• Estatuto orgánico de la CDI, publicado en el D.O.F. el 23
de abril de 2003.
• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal correspondiente.
• Reglas de Operación del Programa Promoción de
Convenios en Materia de Justicia del ejercicio fiscal 2004
vigentes para 2005. D.O.F. del 28 de mayo de 2004.
• Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, publicada en el D.O.F. del 7 de junio de 2005.
• Guía operativa del Programa Promoción de Convenios en
Materia de Justicia en el Ámbito Central y Delegacional y
Guía de Procedimientos de Promoción de Convenios y
Apoyo a Procesos Organizativos.
41
VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ
42
VI. VINCULACIÓN DEL PPCMJ
6.1 Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006
Los pueblos indígenas son los grupos con mayor índice de
pobreza y representan una alta proporción de la población
de las localidades más marginadas. Por ello, en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno Federal
definió una estrategia orientada a apoyar el proceso de
desarrollo integral indígena dentro del contexto nacional,
creando las condiciones para lograr una comunicación e
interacción efectiva con diversos sectores de la sociedad,
además de establecer programas gubernamentales de
gran trascendencia que combatan los problemas
estructurales que han obstaculizado o limitado el
desarrollo de estos grupos, con el propósito de integrarlos
al progreso nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo en la introducción del área
Desarrollo Social y Humano, establece que la sociedad
mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a
largo plazo y las encamine a lograr un país cada vez más
justo y humano, con capacidad de respuesta que inspire
confianza.
43
Por esta razón, se ha propuesto una visión de México
para el año 2025, cuando su población habrá alcanzado
por lo menos la cifra de 126 millones de habitantes, de
los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 15 y 24
años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años.
Para entonces, la cobertura en educación deberá ser de
100%, el promedio de escolaridad de 12 años y el
analfabetismo prácticamente no existirá; el nivel de vida
de la población se habrá incrementado significativamente
y habrá desaparecido la pobreza extrema; los servicios de
salud darán cobertura universal, existirá respeto y
cuidado del medio ambiente y se habrán consolidado
formas de convivencia y de participación democrática que
fortalecerán la confianza de los individuos en sí mismos y
en un gobierno respetuoso de las instituciones, que
atenderá con eficacia y transparencia las demandas y
necesidades de la población.
Alcanzar las condiciones descritas implica que el
desarrollo social y humano sea concebido como un
proceso de cambio sustentado en la educación, tendiente
a construir oportunidades de superación para amplios
44
sectores de la población, con criterios de equidad en
todos los aspectos, orientado a reducir las desigualdades
extremas y las inequidades de género; a desarrollar las
capacidades educativa y de salud; a incrementar la
satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida
de los habitantes del país; a reforzar la cohesión social de
las colectividades y la armonía con el medio ambiente.
Además del acceso a más altos niveles de bienestar, este
proceso conduce a una mejor comprensión por parte de
los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, lo que
propicia mejores condiciones para su inserción social y da
un fuerte impulso a la iniciativa individual, estableciendo
así las bases para una emancipación individual y
colectiva, producto de la seguridad que da la capacidad y
confianza en sí mismo.
El propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce que, La
transición demográfica ha modificado el perfil poblacional
de México esto determina que en los próximos años las
demandas sociales, en sus aspectos cualitativo y
cuantitativo irán variando, al presentar condiciones
distintas a las del pasado.
45
Los retos en educación, salud, empleo, vivienda,
desarrollo regional y preservación del medio ambiente,
pero sobre todo los aspectos de la equidad entre grupos
sociales en estos asuntos, reflejarán la cambiante
demanda por grupos de edades, género y localización
geográfica.
Asimismo el plan pondera de manera destacada la
atención a los Grupos Sociales Marginados de la siguiente
manera:
La pobreza en México se encuentra muy extendida y no
sólo es causa de profundo sufrimiento para los millones
de personas que la padecen, sino que es motivo de
agravio para la sociedad en su conjunto, al poner en claro
la existencia de fallas en las formas de convivencia,
solidaridad y distribución de oportunidades entre los
individuos.
Algunos indicadores pertinentes a la extensión de la
pobreza en México en el año 2000 son los siguientes:
55% de la población recibe un ingreso inferior a dos
salarios mínimos mensuales; 47.5% vive en condiciones
de hacinamiento; 27.8% de la población mayor de 15
años de edad no ha terminado la primaria; casi 15%
46
tiene piso de tierra en sus viviendas y cerca de 12% no
cuenta con agua entubada ni con drenaje.
Los indígenas constituyen un grupo al que debe otorgarse
atención especial en el planteamiento de las políticas
sociales. Se trata de una población cercana a 10 millones
de personas, cuyos derechos han sido insuficientemente
reconocidos y que han vivido en condiciones de
marginación muy notables.
Como muestra, en 1995, 38.3% de la población de habla indígena
de 15 años y más, era analfabeta, lo que equivale a 3.6 veces el
promedio nacional (10.6%); en ese mismo año, la mortalidad
infantil por cada 1,000 indígenas era de 48.3 niños, mientras que
el promedio nacional era de 29 niños. Durante el ciclo escolar
1999-2000 la eficiencia terminal en las escuelas primarias
bilingües fue de 68.4%, mientras que el promedio nacional fue de
84.7 por ciento.
Las políticas y los programas sociales del Gobierno deben
perfeccionarse si es que realmente se desea propiciar una real y
verdadera justicia social; así lo reconoce el multicitado Plan
Nacional de Desarrollo.
47
La mayoría de las personas y las familias en México encuentran
todavía en diversas políticas sociales la esperanza de alcanzar un
desarrollo personal más pleno, un mejoramiento económico y una
posición social más alta. Sin embargo, también expresan su
insatisfacción con la calidad de los bienes o servicios que obtienen
mediante algunos programas gubernamentales relacionados con la
salud y la educación a todos los niveles y así mismo cuestionan la
inequidad en el acceso y en la calidad de la infraestructura y los
servicios asociados a estos programas en las distintas regiones del
país, algunas de ellas no tan distantes entre sí.
En la actualidad, la conciencia generalizada de que los recursos
para aplicar los programas provienen de las contribuciones de la
población conduce a exigencias crecientes ante las autoridades a
cargo de tales programas, para que los lleven a cabo con equidad
y de manera eficiente, honesta y en términos de calidad
satisfactoria para los usuarios.
Otros programas y políticas sociales no han logrado alcanzar
grados altos de aprobación y reconocimiento social, debido a que
su diseño da lugar a inequidades entre los beneficiarios, se
enfocan sobre poblaciones determinadas conforme a criterios
imperfectos, que dan como resultado situaciones injustas que, en
ocasiones, crean suspicacias sobre la ética con la que se aplican.
48
En un país con crecientes desigualdades sociales, el
fortalecimiento y la transformación de las políticas públicas, es una
necesidad inaplazable. La responsabilidad, transparencia y
rendición de cuentas en el uso de los recursos y en la ponderación
objetiva de sus efectos deberán ser prácticas generalizadas; serán
la clave para un desarrollo social efectivo. En materia social,
además de alcanzar metas cuantitativas cada vez más ambiciosas,
es necesario lograr incrementos de calidad y eficiencia que
redunden en mayor satisfacción de la población, en la atención de
grupos excluidos y marginados y en mayor productividad de los
recursos presupuestales destinados a su atención.
Para enfrentar estos problemas, el área de desarrollo social y
humano plantea objetivos rectores que dan sentido de unidad al
conjunto de acciones de las secretarías y entidades que la
integran. Estos objetivos rectores se refieren a:
1. Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los
mexicanos.
2. Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
3. Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades
personales y de iniciativa individual y colectiva.
49
4. Fortalecer la cohesión y el capital sociales.
5. Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la
naturaleza.
6. Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para
fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
El Plan Nacional de Desarrollo estableció claramente Objetivos y
Estrategias que al cumplirse reivindican a las clases mas
desprotegidas de la población y entre estas los grupos indígenas
son de los que más apoyo y atención demandan.
1.-“Diagnostico de los niveles de educación y bienestar” La
pobreza y la extrema pobreza afectan a millones de mexicanos,
sobre todo a los habitantes de las zonas rurales. La pobreza,
derivada de la constante marginación o como consecuencia de
cambios estructurales que han concentrado la riqueza en unos
cuantos, se manifiesta de múltiples maneras que dan por resultado
un alto grado de privación de necesidades básicas y una marcada
desigualdad en millones de mexicanos de todas las edades.
Entre sus manifestaciones más graves se observan: altas tasas de
mortalidad infantil y de mujeres gestantes; grados notables de
desnutrición; elevadas tasas de analfabetismo entre adultos;
50
deserción escolar desde los primeros niveles educativos; carencia
de habilidades para participar en actividades productivas bien
remuneradas; viviendas que carecen de los servicios elementales
para el bienestar de sus ocupantes, como agua potable, pisos de
cemento, sistemas de saneamiento y energía eléctrica, además de
transportes y comunicaciones insuficientes.
Asimismo, la pobreza, vinculada al analfabetismo y a bajos niveles
de escolaridad, se refleja en la dificultad de las personas para
ejercer derechos elementales y recibir un trato digno de parte de
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL NACIONAL Y DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA, 1990 Y 1995
(POR 100 NACIMIENTOS)
AÑO TOTAL
POBLACIÓN NACIONAL INDÍGENA
1990 36.2
60.9
1995 29.0
48.3
FUENTES: -Conapo, La situación demográfica de México, 1998, pp. 125 y 126.
51
autoridades e instituciones sociales, como es el caso en materia de
procuración de justicia.
En educación persisten profundas diferencias regionales,
interculturales y de género. El marco jurídico actual en materia
laboral resulta insuficiente y existen sectores de la sociedad que
han sido marginados o que no tienen un adecuado tratamiento en
la ley.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, el Programa Proyecto de Convenios en Materia
de Justicia encuentra su vinculación dentro del apartado de
Derechos y Justicia que establece que el Proyecto debe:
• Generar condiciones que garanticen el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado a los pueblos, comunidades e
individuos indígenas con equidad y pleno respeto a la
diferencia cultural.
• Impulsar la actualización del marco jurídico sobre derechos
indígenas, en consulta con los pueblos indígenas.
• Promover la defensa de los derechos indígenas en las
diversas instancias de la relación bilateral y multilateral
internacional.
52
Para lograr todo ello, por medio de las siguientes estrategias:
• Impulsar la participación social en la toma de decisiones y
gestión hacia la vigilancia en la correcta aplicación de las
leyes.
• Impulsar la formación, organización y participación de los
individuos, comunidades y pueblos indígenas para que
realicen acciones de traducción, gestoría, defensoría,
conciliación agraria y difusión para la promoción de sus
derechos individuales y colectivos que fortalezcan su
capacidad de autodefensa jurídica.
Para la atención del renglón de Equidad e Igualdad, se
estableció el siguiente “Objetivo Rector” y diversas
“Estrategias”, directamente vinculadas a la búsqueda de la
justicia social.
Las formas de vida comunitaria constituyen una riqueza de las
sociedades. Muchos mexicanos no habrían podido enfrentar las
presiones derivadas de los cambios económicos y sociales
ocurridos en el país durante las últimas décadas sin el apoyo de
sus familias.
53
La discriminación, el maltrato y la explotación que sufrieron
amplios segmentos de la población los ha hecho altamente
vulnerables y los ha marginado del desarrollo social del país.
Además, existen sectores de la sociedad que sistemáticamente
han sido desatendidos por la promoción y la difusión cultural.
En el ámbito de la cultura, debido a la falta de un marco legal
apropiado, existen duplicidad de funciones, áreas desatendidas,
excesiva burocracia, descuido del equilibrio entre apoyo a los
creadores y formación de públicos, difusión y cobertura
limitadas, poca profesionalización de promotores culturales,
ausencia de infraestructura, falta de proyección internacional,
desinterés por las industrias culturales, falta de estímulos para
la participación ciudadana y escasa participación de voluntarios.
La integración de México a la globalización ha modificado los
referentes culturales y deteriorado las modalidades de
organización social.
Tampoco favorecen a la cohesión social las expresiones de
fanatismo e intolerancia.
El fortalecimiento de la cohesión y el capital social, se basa en
el desarrollo de formas de solidaridad que refuercen los vínculos
de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de valores,
54
orientaciones comunes y relaciones de confianza. Esto debe
incluir la integración de individuos a sus comunidades, con base
en formas de organización que fortalezcan la cultura nacional.
6.2 Programas Especiales
Se entienden como programas especiales los realizados al
interior de la CDI, con apoyo y derivados del plan Nacional de
Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece objetivos
rectores en las áreas de Desarrollo Social y Humano,
Crecimiento con Calidad, Orden y Respeto, mismos que han
sido punto de partida para la formulación de los objetivos,
estrategias y líneas de acción de este Programa.
En materia de Desarrollo Social y Humano el objetivo rector
2 es "Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades
que implica utilizar criterios que reconozcan las diferencias y
desigualdades sociales para diseñar estrategias de política
social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades
a todos los hombres y mujeres de la población mexicana".
55
Para este Programa es de especial importancia la estrategia
de "Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas
en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas
estructurales de su marginación con pleno respeto a sus usos
y costumbres”.
Los planteamientos de procuración de justicia que se hacen
en este Programa se desprenden del objetivo rector 8 del
área de Orden y Respeto: "Garantizar una procuración de
justicia, pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a
los derechos humanos”.
En este contexto el Programa Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas 2001-2006 traduce y concreta estos
objetivos y estrategias a las circunstancias específicas del
desarrollo de los pueblos indígenas. El Programa se fija una
serie de objetivos y líneas estratégicas que no responden a
una sola entidad pública, sino que deberán permear al
conjunto de las dependencias del Ejecutivo Federal.
La situación de rezago y marginación que viven los pueblos
indígenas, en prácticamente todos los ámbitos de su vida
productiva y social, exige el compromiso que cada una de las
instituciones públicas deberán plasmar en programas
concretos, programas y acciones que estén dirigidos a
56
remontar esa realidad. Esta es una de las tareas
fundamentales de la presente administración.
Estos programas persiguen los siguientes:
Objetivos generales:
• Establecer los lineamientos que fundamenten la nueva
relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la
sociedad y que, con base en las demandas y la
participación de los pueblos, organizaciones y
comunidades indígenas, le otorguen un sentido integral
a los programas y acciones que realiza el gobierno en su
beneficio.
• Impulsar en forma decidida una mejora en la calidad de
vida de los pueblos indígenas, así como el desarrollo
sustentable en sus regiones.
• Garantizar el efectivo acceso de los pueblos,
comunidades, organizaciones e individuos indígenas a la
57
jurisdicción del Estado en el marco del reconocimiento
de su diversidad cultural.
El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2001-2006 impulsa bajo un sistema de cooperación, una lógica
de consenso y un diálogo en la diversidad, los cambios
institucionales y jurídicos que promuevan el trabajo conjunto y la
suma de capacidades, así como la construcción de espacios
formales que establezcan las bases de la nueva relación.
Objetivos específicos
• Promover el respeto a la diversidad cultural de los pueblos
indígenas.
• Impulsar la igualdad de oportunidades para el desarrollo con
la finalidad de abatir la marginación y la pobreza de los
pueblos indígenas.
• Promover la actualización del marco jurídico, el respeto y el
ejercicio de los derechos indígenas, así como el cumplimiento
de las obligaciones institucionales previstas en la Constitución.
• Establecer nuevas relaciones institucionales para sumar
capacidades y recursos y para ejercer una atención pública
58
transversal que involucre a cada una de las instancias y
órdenes de gobierno.
• Promover la participación indígena en la construcción de
planes y programas, en la toma de decisiones y en las
instancias de planeación del desarrollo.
• Promover los cambios normativos y administrativos para la
creación y transformación institucional que garanticen la
atención integral a los pueblos indígenas.
• Cohesionar, articular y dar consistencia al trabajo
gubernamental en materia indígena.
Cada uno de estos objetivos se relacionan entre sí y la gran
mayoría comparte líneas estratégicas y de acción.
Líneas estratégicas
Promover el diálogo intercultural para construir consensos que
aseguren la participación de los pueblos indígenas en las políticas
y programas gubernamentales nacionales, estatales y regionales.
- La participación indígena en la formulación y aplicación de las
políticas, los programas y acciones gubernamentales que
competen a los diferentes ámbitos de la vida nacional debe ser
una constante que permita el establecimiento de acuerdos.
59
Por ello, una estrategia fundamental del Programa Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas es propiciar el diálogo
intercultural entre las diferentes entidades públicas y los propios
pueblos indígenas, que conduzcan a la definición, aplicación y
ejecución de programas de desarrollo regional o micro regional
acordes a la diversidad cultural que caracteriza el país. Dichos
programas serán el insumo para la instrumentación de un
Programa rector nacional de los propios pueblos indígenas de
largo aliento, bajo una perspectiva de planeación estratégica que
trascienda el corto plazo.
El intercambio respetuoso de ideas y opiniones y en
consecuencia, de cosmovisiones diferentes es indispensable para
lograr consensos que involucren y garanticen la participación
activa de los pueblos indígenas en los asuntos que conciernen a
su propio desarrollo y en aquellos que atañen al desarrollo
nacional.
Respetar la diversidad cultural y lograr la convivencia es, quizás,
uno de los mayores desafíos a enfrentar.
60
VII. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PPCMJ
61
VII. SÍNTESIS EJECUTIVA
PERÍODO 2001-2006
El presente apartado persigue básicamente ofrecer al lector del
“Libro Blanco” un panorama general de las acciones realizadas
desde el principio del programa, los contratiempos superados y los
logros obtenidos. Significa desde luego, un resumen del contenido
del libro, que facilita la comprensión del trabajo terminado.
El surgimiento del Programa se genera en 1989, a través de la
Dirección de Procuración de Justicia del antes INI, hoy CDI, que
dentro de sus principales líneas estratégicas tiene el de apoyar a
los pueblos indígenas para la solución de su problemática
relacionada con la administración de justicia nacional, a través del
financiamiento a comunidades, núcleos agrarios y organizaciones
cuyo propósito sea la promoción y defensa de los derechos de los
pueblos indígenas.
A partir de entonces, a lo largo de 17 años el Programa ha hecho
necesaria la permanencia de acciones tendientes a responder a la
problemática que en materia de justicia padecen los pueblos
indígenas, pese a los evidentes avances que se han registrado,
62
aún predomina la discriminación social y la violación a sus
derechos.
En el ejercicio fiscal del año 2000, la Dirección de Procuración de
Justicia a través de la Subdirección de Antropología Jurídica tenía
entre sus funciones impulsar el proyecto de Convenios de
Concertación en Materia de Promoción y Procuración de Justicia, a
través del cual se transferían recursos financieros para gestión
directa a organizaciones sociales legalmente constituidas, que
fueran parte o trabajaran para las comunidades indígenas,
mejorando sus condiciones de acceso a la jurisdicción del Estado.
El proyecto se encontraba normado por su Manual de Operación y
las Reglas de Operación vigentes en ese momento, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación (15-marzo-2000).
El proyecto funcionaba por medio de convocatoria pública anual en
la que se establecían las bases y requisitos para el concurso de
proyectos presentados por organizaciones indígenas, comunitarias,
sociales y civiles interesadas en la atención de la problemática
indígena.
63
La selección de proyectos se realizaba por medio de dictaminación
múltiple y colegiada cuyo monto máximo de apoyo era de hasta
400 mil pesos, como ya se había apuntado en apartado anterior.
Al mes de diciembre del 2000, se encontraban firmados 242
Convenios de Concertación con el mismo número de
organizaciones sociales aprobadas, en una cobertura de 24
entidades federativas. Lo anterior de acuerdo a los resultados de la
convocatoria pública emitida en ese año, para ejercer un
presupuesto total de 17.5 millones de pesos, los cuales fueron
transferidos en dos ministraciones, concluyéndose la entrega de
los mismos, en el mes de noviembre del mismo año. De igual
forma en el mes de diciembre, fueron realizadas acciones de
seguimiento a estos proyectos, en cumplimiento a los términos
marcados dentro de la normativa y de las metas y objetivos
establecidos en los convenios de concertación suscritos.
A partir del año 2001 se generó un cambio en la conceptualización
de las políticas públicas en materia indígena al integrarse
conceptos tales como transversalidad, concurrencia, integralidad e
interinstitucionalidad en la acción pública para el desarrollo de los
pueblos indígenas, con lo que se generaron programas y acciones
institucionales desde el sector público federal encaminadas a
contribuir en la promoción, procuración y defensa de los derechos
indígenas.
64
Aunado a lo anterior, este programa creció en un entorno de
apertura y disposición nacional e internacional para brindar
atención integral a los pueblos indígenas en el marco de sus
derechos y libertades fundamentales, tal como se asienta en el
artículo 2° del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo. No obstante, cabe resaltar que no sólo es un apoyo
financiero el que se brinda a través del Programa, sino también un
proceso de diálogo con los pueblos indígenas.
En este sentido, la CDI dentro del Programa Promoción de
Convenios en Materia de Justicia, se ha comprometido a estimular
y promover el esfuerzo de los indígenas organizados para que, a
través de sus organizaciones civiles y comunitarias con
personalidad jurídica, participen en el desarrollo e implementación
de proyectos de procuración de justicia y defensa de sus derechos.
65
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS
2001-2006
AÑO
METAS
PROGRAMADAS
METAS
ALCANZADAS
2001 260 267
2002 213 205
2003 230 258
2004 260 253
2005 280 335
2006 280* 417*
TOTAL 1,523* 1,734*
FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
* Cifra estimada
Para cumplir con las metas alcanzadas durante este período,
fueron ejercidos dentro del Programa en promedio el 97% del
total de recursos asignados, desglosados de manera anual como
lo establece el cuadro que se presenta a continuación.
66
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO
2001– 2006
(En millones de pesos)
AÑO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
2001 17.9 17.6
2002 14.9 14.4
2003 14.8 13.4
2004 21.5 21.1
2005 34.7 32.6
2006 35.8 37.8*
TOTAL $ 139.60* $ 136.97*
FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
* Cifra preliminar
** Cifra estimada al mes de septiembre
Con la transferencia de estos recursos la CDI busca apoyar el
esfuerzo de las organizaciones sociales indígenas y civiles dentro de
67
una estrategia integral de justicia, con pleno respeto a sus
propuestas y autonomía organizativa tendientes a consolidar una
nueva relación estado, pueblos indígenas y el conjunto de la
sociedad nacional.
Asimismo, existe un creciente reconocimiento, tanto en la sociedad
como en el gobierno, de la importancia que tienen los derechos y la
justicia indígena para el desarrollo nacional.
Este proceso de cambio de orden cultural y político, simplifica el
camino y disminuye los esfuerzos como los que viven los proyectos,
esfuerzos que hoy, lejos de verse desde una óptica paternalista, son
promovidos con una perspectiva de derechos sociales. Lo anterior,
ha propiciado que el número de organizaciones se incrementen cada
año.
68
FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
PRESUPUESTO EJERCIDO POR AÑO2001-2006
NÚMERO DE ORGANIZACIONES FINANCIADAS 2001-2006
2000 2001
2002
2003
2004
2005 2006
2000 2001 2002 2003 2004 2006
267
205
258 253
335
416
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2006
2005
2004
2003 2002
2001
AÑO PR ESU PU ESTO
2001 $17.6
2002 $14.4
2003 $13.4
2004 $21.1
2005 $32.6
2006 $37.8
69
Como se observa en la gráfica, en los últimos dos años ha existido
un incremento presupuestal, como consecuencia de la creación de
la CDI en 2003. En este sentido se impulsaron las acciones de
procuración de justicia y vigencia de derechos, para lo cual fueron
reestructuradas las estrategias y paradigmas institucionales. A
partir de este replanteamiento, en 2004 el Proyecto de Convenios
se convierte en el Programa especial de Promoción de Convenios
en Materia de Justicia formando parte de la Coordinación General
de Programas y Proyectos Especiales, lo anterior repercutiendo en
el presupuesto asignado al Programa por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, otros apoyos que se otorgan dentro del programa
consisten en la gestión y pago de derechos de permisos de uso de
nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo
económico para la constitución legal. Dentro del período reportado
fueron apoyadas 147 organizaciones en los estados de Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Morelos, Baja California,
Yucatán y Distrito Federal, de la siguiente manera:
70
CONSTITUCIÓN LEGAL
2001 – 2006
AÑO
NÚMERO DE
ORGANIZACIONES
APOYOS
MONTO OTORGADO
2001 0 $0.00
2002 1 $525.00
2003 7 $16,420.22
2004 13 $19,039.91
2005 97 $67,375.17
2006 28 $28,463.00
TOTAL 146 $131,823.30
FUENTE: Archivo del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
Como se puede observar en el cuadro anterior, durante el ejercicio
fiscal 2001 aún no se proporcionaba este servicio dentro del
Programa; a partir de 2002 este servicio es incluido dentro del
Manual de Operación. Es importante notar que, estos apoyos se
han ido incrementando cada año, de tal forma que en 2005 el
aumento fue de siete veces más que 2004.
71
En cuanto al número de beneficiarios directos programados y
alcanzados por el Programa, dentro de este período se ha
incrementado anualmente como puede apreciarse en el cuadro
siguiente:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROGRAMADOS Y ALCANZADOS
2001-2006
AÑO
TOTAL DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
PROGRAMADOS
TOTAL DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS ALCANZADOS
2001 0 94,603
2002 8,000 60,331
2003 11,500 115,048
2004 115,654 91,613
2005 110,000 121,724
2006 100,000 157,970
TOTAL 345,154
641,289
FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
72
El cuadro anterior permite apreciar que anualmente el número de
beneficiarios directos ha sido rebasado positivamente con relación
a lo programado, lo cual se debe al incremento tanto de las
organizaciones apoyadas como al presupuesto autorizado dentro
del Programa.
Cabe señalar que en cuanto a la clasificación por género, se ha
mantenido una constante en los últimos cuatro años, de 60%
hombres y 40% mujeres.
IMPACTO DEL PROGRAMA
Los indígenas mexicanos enfrentan una situación de desventaja
respecto del resto de la población nacional. Lo anterior se ve
reflejado en los bajos índices de desarrollo social y humano que
presentan. Adicionalmente, son víctimas de discriminación y
exclusión social y sus derechos colectivos son negados, por lo que
resulta evidente que la gran mayoría de los indígenas padecen las
restricciones propias de los pueblos que no ejercen sus derechos
colectivos.
No obstante lo anterior, los pueblos y comunidades indígenas se
han involucrado en un proceso de participación y diálogo con las
diferentes instancias públicas a través de la presentación de
73
propuestas de desarrollo para los ámbitos locales y regionales, del
fortalecimiento de sus propias formas de organización y del
establecimiento de alianzas y redes que representan a los
diferentes sectores de los pueblos indígenas.
En este período la sociedad civil ha adoptado una postura
propositiva y activa, al impulsar desde la dinámica de los pueblos
indios, acciones organizadas en defensa de sus derechos y la
configuración de instancias propias de participación, de tal manera
que la sociedad civil organizada ha logrado conquistar espacios
importantes en la vida pública del país.
A través de este Programa la cultura jurídica se ha visto fortalecida
al fomentar el valor de la legalidad. El conocimiento de los
instrumentos internacionales, de la Constitución y de las leyes
reglamentarias ha estimulado el nivel de interlocución de los
beneficiados para propiciar el reconocimiento de las garantías
individuales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En la actualidad, las organizaciones financiadas han brindado
servicios directos a la ciudadanía en la protección de sus derechos
y las comunidades tienen la oportunidad de ejecutar proyectos que
cumplan sus propias necesidades en materia de justicia. Durante
74
el período que se reporta, se dio un incremento tanto en la
participación de la sociedad civil en la ejecución de proyectos de
esta índole, como el número de organizaciones comunitarias
participantes.
El impacto de estas acciones realizadas por medio de los proyectos
apoyados, se centra fundamentalmente en la adquisición de
conocimientos por parte de la población beneficiada, en torno a los
derechos y los efectos que esto tiene, en las dinámicas familiar y
comunitaria. Asimismo, destacan otros beneficios directos tales
como el conocimiento de los derechos específicos de las mujeres y
la mejoría en la relación entre géneros. A consecuencia de ello, la
promoción y fomento a la organización comunitaria y el
incremento en la seguridad jurídica de las familias al apoyarlos en
la gestión de diversos trámites legales. Con lo anterior el Programa
ha logrado trascender el beneficio individual a los ámbitos
colectivos inmediatos (familia y comunidad), con lo que se logra
un beneficio comunitario que impacta positivamente en las
relaciones sociales de las localidades en las cuales operan los
proyectos apoyados.
Aunado a lo anterior, dentro del Programa se ha fortalecido y
fomentado la transparencia y la rendición de cuentas, de tal forma
que las organizaciones participantes se encuentran en mejores
75
condiciones para ejecutar y realizar un gasto óptimo de los
recursos otorgados por el gobierno federal, permitiéndoles una
profesionalización de ellas mismas y con ello el desarrollo acciones
de mejor calidad y capacidad de respuesta para las necesidades
que en materia de justicia atienden.
Otro avance fundamental del Programa ha consistido en promover
en las organizaciones indígenas su participación y vigilancia social
para lograr que quienes administran e imparten la justicia, se
ajusten al estado de derecho que emana de la Constitución y de
los demás ordenamientos federales, estatales y municipales. A la
par, la participación social puede y debe fortalecerse en
actividades relacionada con el estudio y la adecuación del marco
jurídico nacional en atención a la diversidad cultural del país, a fin
de lograr la incorporación de los indígenas a un plano de igualdad
jurídica con relación a otros sectores de la sociedad.
76
VIII. ACCIONES REALIZADAS
77
VII. ACCIONES REALIZADAS
En primer lugar se puede afirmar que las metas alcanzadas
fueron superiores a las programadas en los ejercicios 2001, 2003,
2004 y 2005; esto como resultado de una demanda creciente de
organizaciones sociales respecto del apoyo ofrecido por el
Programa y del impacto que tuvo la oportuna convocatoria
publicada. Desafortunadamente para el ejercicio fiscal 2002 los
resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que no fue posible
alcanzar la meta programada, debido a la emisión tardía de la
convocatoria.
En el período 2001-2005 el cumplimiento de las metas rebasó lo
programado, como se puede observar en el cuadro y la gráfica
siguientes:
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2001-2005
AÑO METAS
PROGRAMADAS METAS
ALCANZADAS 2001 260 267 2002 213 205 2003 230 258 2004 260 253 2005 280 335 2006 280 416
TOTAL 1,523 1,734 Fuente: Archivo y base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
78
Para cumplir con las metas alcanzadas durante este período, fueron
ejercidos dentro del Programa en promedio el 97% del total de los
recursos asignados, desglosados de manera anual como lo establece
el cuadro que se presenta a continuación.
Presupuesto autorizado y ejercido
2001-2006
AÑO PRESUPUESTO AUTORIZADO EN
MILLONES DE PESOS
PRESUPUESTO EJERCIDO EN MILLONES DE
PESOS 2001 17.9 17.6 2002 14.9 14.4 2003 14.8 13.4 2004 21.5 21.1 2005 34.7 32.6 2006 35.8 37.8*
TOTAL 139.60 136.97 Fuente: Archivos y base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
* Cifra Estimada al mes de septiembre
En la siguiente gráfica se muestra el número de organizaciones que
recibieron financiamiento en el periodo 2001-2006.
79
Durante el período 2001-2006 en el que se comprende este
“ Libro Blanco” la CDI a través del Programa Promoción de
Convenios en Materia de Justicia canalizó recursos a
comunidades, núcleos agrarios y organizaciones sociales que
acreditaron la viabilidad de la aplicación económica; el
financiamiento se otorgó por medio de convenios de
concertación, contando con un presupuesto ejercido de
136.97 millones de pesos con lo que se aprobaron durante
este período a un total de 1,734 proyectos, logrando
beneficiar directamente a un total de 641,289 personas de
las cuales 346,211 son hombres y 295,078 mujeres, dentro
NÚMERO DE ORGANIZACIONES FINANCIADAS 2001-2006
416
335
253 258 205
267
2006 2005 2004 2003 2002 2001
80
de una cobertura de 24 entidades federativas y 3,343
municipios.
Como se observa en el cuadro presentado líneas atrás, en
los últimos dos años la CDI incrementó el presupuesto para
este programa de manera considerable, así, en 2004 se
aplicaron recursos 58% mayores que el año precedente y en
2005 del 140% respecto con los recursos ejercidos en el
2003. Se refleja aquí la acción concertadora de la CDI
creada en el año 2003.
En este sentido fueron impulsadas las acciones de
procuración de justicia y vigencia de derechos, para lo cual
fueron reestructuradas las estrategias y paradigmas
institucionales. A partir de este replanteamiento, en 2004 el
Proyecto de Convenios se convirtió en el Programa Especial
de Promoción de Convenios en Materia de Justicia, pasando
a ser responsabilidad de la Coordinación General de
Programas y Proyectos Especiales y recibiendo así un
especial impulso a través de la mayor asignación de recursos
por parte de la Cámara de Diputados, como se observa
enseguida.
81
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR AÑO 2001-2006
AÑO PRESUPUESTO AUTORIZADO EN MILLONES DE PESOS
2001 17.9 2002 14.9 2003 14.8 2004 21.5 2005 34.7 2006 35.8
TOTAL 139.60
Por otra parte, con relación a los servicios de gestión y pago
de derechos de permisos de uso de nombre ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo económico
para la constitución legal de las organizaciones apoyadas,
dentro del período se aplicaron recursos a favor de 147
(dentro del periodo 2001-2006) organizaciones en los
estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Jalisco,
Quintana Roo, Morelos, Baja California, Yucatán y Distrito
Federal, de la siguiente manera:
82
CONSTITUCIÓN LEGAL 2001-2006
AÑO NUMERO DE ORGANIZACIONES
APOYO
MONTO OTORGADO
2001 0 0 2002 1 $ 525.00 2003 7 $ 16,420.22 2004 13 $ 19,039.91 2005 97 $ 67,375.17 2006 29 $28,463.00
TOTAL
147
$ 131,823.30
Es destacable hacer notar que estos apoyos se han ido
incrementando año con año, de tal forma que en 2005 el
aumento fue de siete veces más con relación al ejercicio
fiscal 2004, avance alcanzado en la instrumentación de las
políticas específicas del sector consideradas como relevantes
para el cumplimiento de los objetivos o metas de La CDI.
En este contexto y dando cumplimiento a lo establecido en el
PEF, se realizaron diversas acciones entre las que destacan
el apoyo económico para la realización de 1,734 proyectos
de promoción y defensa de los derechos indígenas,
presentados por comunidades, núcleos agrarios y
organizaciones sociales en general, financiamientos
otorgados por medio de convenios de concertación, en una
cobertura total de 24 entidades federativas y 3,343
municipios, beneficiando de forma directa a 641,289
personas, lo que significa que se atendió al 6.3% de la
83
población indígena total (considerando como población
indígena la estimación INICONAPO 10´189,514 contenida en
Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de
México).
El número de beneficiarios directos programados y
alcanzados por el Programa en el período 2001-2006, se han
desarrollado anualmente como lo establece el cuadro
siguiente:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROGRAMADOS Y ALCANZADOS
2001-2005
AÑO TOTAL DE BENEFICIARIOS
DIRECTOS PROGRAMADOS
TOTAL DE BENEFICIARIOS
DIRECTOS ALCANZADOS
VARIACIÓN %
2001 0 94,603 2002 8,000 51,080 538 2003 11,500 115,048 900 2004 11,5654 91,613 -21 2005 11,0000 123,724 12
TOTAL 24,5154 476,068 329
Lo que permite apreciar que anualmente el número de
beneficiarios directos ha sido rebasado positivamente con
relación a lo programado, lo cual atiende al incremento tanto
84
de las organizaciones apoyadas como al presupuesto
autorizado dentro del Programa.
Cabe señalar que en cuanto a la clasificación por genero, se
ha mantenido una constante en los últimos cuatro años, de
60% hombres y 40% mujeres, como aparece en las gráficas
siguientes que corresponden a los años 2001 y 2002 e
incluyen Beneficiarios directos, número de proyectos por
materia y número de proyectos por estado.
85
86
87
Durante los años 2001-2006 el Programa ha mantenido
como indicador de resultado el siguiente:
Número de proyectos concluidos x 100
Número de proyectos financiados
El resultado del indicador a lo largo del período, refleja el
cumplimiento en un 95.3% con relación a las metas
programadas, tal como se puede observar en el cuadro
siguiente:
INDICADOR DE RESULTADOS
2001-2006
Fuente: Archivo y Base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
AÑO INDICADOR RESULTADO % 2001 (267/260)* 100 102.6
2002 (205/213)*100 96.3
2003 (258/230)*100 112.2
2004 ((253/260)*100 97.3
2005 (335/280)* 100 119.6
2006 (416/280)* 100 148.9
TOTAL (1734/1523)*100 113.9
88
Hasta el año 2003, el Programa Promoción de Convenios en
Materia de Justicia era un proyecto inmerso en la Dirección
de Procuración de Justicia, por lo que el indicador se sumaba
a las acciones de esta Dirección.
A continuación se presentan las gráficas del año 2003.
89
90
En el 2004 con la creación de la CDI desaparece la Dirección
de Procuración de Justicia y el proyecto se convierte en
Programa emitiendo así sus propias Reglas de Operación en
las que además del indicador ya citado se incluye el de
perspectiva de género:
Proyectos financiados con perspectiva de género x 100 Total
de proyectos financiados.
En el indicador de perspectiva de género, se logra apreciar
que en éste se ha mantenido una constante del 28.2% del
total de proyectos financiados con relación a los proyectos
con perspectiva de género.
91
INDICADOR DE GÉNERO
2004-2006
AÑO INDICADOR RESULTADO % 2004 (72/253) *100 28.5 2005 (94/335) *100 28 2006
(135/416)*100 32.4
TOTAL (301/1004)*100
30.0
Fuente: Archivo y Base de datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
Otro avance importante en el año 2004 a través de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) fueron
insertados los trámites que las comunidades, núcleos
agrarios y organizaciones sociales debieran cubrir a fin de
tener acceso a los servicios que presta el Programa,
simplificándose de manera sustantiva los mismos, sin dejar
de dar cumplimiento a los principios establecidos por el
Gobierno Federal como los son la transparencia, rendición de
cuentas y corresponsabilidad.
En las siguientes gráficas se aprecia el número de proyectos
por materia, beneficiarios directos por género y número de
proyectos por estado en el año 2004.
92
93
94
Por otra parte, durante el 2005, la CDI dio inicio a la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual
el Programa realizó las acciones procedentes a fin de contar
con los manuales de calidad de cada uno de los proceso que
conforman el Programa, a la fecha se encuentran en proceso
de autorización por parte del comité de calidad.
Las gráficas siguientes presentan los beneficiarios directos,
el número de proyectos por materia y el número de
proyectos por estado durante el ejercicio fiscal 2005.
BENEFICIARIOS DIRECTOS 2005
95
NÚMERO DE PROYECTOS POR MATERIA
2005
96
IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL
97
IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL
9.1 Informes periódicos sobre avances y situación
Este programa ha crecido en un entorno de apertura y
disposición nacional e internacional para brindar atención
integral a los pueblos indígenas en el marco de sus
derechos y libertades fundamentales, tal como se asienta
en el artículo 2°, numerales 1 y 2, inciso b, del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo que a la
letra dice: “Los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y
garantizar el respeto a su integridad” y “Esta acción deberá
incluir medidas: b) que promuevan la plena efectividad de
los derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones y sus instituciones”.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
sustenta la política del gobierno de la República dirigida a
establecer una nueva relación entre el Estado, los pueblos
indígenas y la sociedad en su conjunto y confirma la
98
necesidad de incorporar la participación social organizada
para la implementación de las políticas públicas y esto es
tanto más importante cuando se trata de atender a la
población indígena que sufre de los mayores grados de
marginación y de inseguridad jurídica. Por lo tanto,
debemos agregar que no es sólo un apoyo financiero el que
se brinda a través del Programa, es también un proceso de
diálogo con los pueblos indígenas.
Por otra parte, el Programa Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas establece que: “Los recursos públicos
y privados deberán fortalecer las capacidades ciudadanas
para potenciar los conocimientos y las habilidades de las
organizaciones y de las comunidades indígenas para
impulsar su propio desarrollo”. PNDPI.
En este sentido, la CDI dentro del Programa Promoción de
Convenios en Materia de Justicia, se ha comprometido a
estimular y promover el esfuerzo de los indígenas
organizados para que, a través de sus organizaciones
políticas, civiles y comunitarias con personalidad jurídica,
participen en el desarrollo e implementación de proyectos
de procuración de justicia y defensa de sus derechos, con la
firma de convenios de concertación a través de los cuales
se establecen los derechos y obligaciones entre las partes.
99
Así ha quedado referido en los informes de rendición de
cuentas que el Organismo ha realizado.
A través de los informes de gestión se observó en este
programa siempre existió congruencia del POA con los
objetivos, metas y lineamientos establecidos en el PND
El PPCMJ, dentro de sus principales objetivos considera
otorgar financiamiento a organizaciones dedicadas brindar
asesoría, defensoría, investigación y capacitación en
materia agraria, penal, civil y laboral, así como a ofrecer
otros servicios jurídicos en beneficio de las comunidades
indígenas del país.
El Programa estableció como unidad de medida (meta) el
de “convenio” suscrito. En el período 2001-2005 el
cumplimiento de las metas rebasó lo programado, como se
puede observar en el cuadro siguiente:
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2001-2005
AÑO METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS 2001 260 267 2002 213 205 2003 206 258 2004 260 253 2005 280 335 TOTALES 1,220 1,318 FUENTE: Archivo y Bases de Datos del Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia.
100
9.2 Acciones realizadas de corrección y mejora
Número de
revisión
Fecha de actualización Descripción del cambio
1 Noviembre de 2005
De nueva creación, elaborado con base en la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos” versión 2.1.
2 Marzo de 2006 Modificación de los anexos núm. 10.1 “Convenio de colaboración” y núm. 10.2 “Anexo de ejecución”, enviados por la DGAJ mediante oficio No. DGAJ/227/06 del 13 de febrero de 2006.
9.3 Intervenciones de control y auditorías practicadas
El Órgano Interno de Control, ha realizado diversas
auditorias durante todo los ejercicios, sin haberse
presentado durante toadas ellas “NINGUNA” observación
relevante, en éste programa.
Se presentan a continuación la relación de auditorías
realizadas al programa:
EJERCICIO 2001
Trimestre Concepto Unidad Admtva. Cuarto Eval. Prog. Of. Centrales
Eval. Prog. Del. Yucatán
Eval. Prog. Del. Durango
101
EJERCICIO 2002 Primero Eval. Prog. Del. Chiapas
Eval. Prog. Del. Guerrero Eval. Prog. CCDI San Cristóbal de las Casas, CISS.
Trimestre Concepto Unidad Admtva. EJERCICIO 2002
Segundo Eval. Prog. Del. Nayarit Eval. Prog. Del. Chihuahua Eval. Prog. Of. Centrales Eval. Prog. CCDI Zacapoaxtla Pue.
Tercero Eval. Prog. Del Querétaro Eval. Prog. Del Hidalgo Eval. Prog. Del San Luis Potosí Eval. Prog. Subdeleg. Sinaloa
Cuarto Eval. Prog. Deleg. Baja Calif. EJERCICIO 2003
Primero Eval. Prog. CCDI Teziutlan , Pue. Tercero Eval. Prog. Del. Michoacán
Eval. Prog. Del Morelos Eval. Prog. Del. Veracruz Eval. Prog. Del. Mérida Eval. Prog. CCDI Sotuta , Yuc. Eval. Prog. CCDI Peto, Yuc.
Cuarto Eval. Prog. Oficinas Centrales EJERCICIO 2004
TRIMESTRE CONCEPTO UNIDAD ADMINISTRATIVA Primero Actividades. E Del. Durango Segundo Actividades. E Del. Chiapas
Tercero Actividades. E Del. Hidalgo
Actividades. E CCDI Venustiano Carranza , Chis. Actividades. E CCDI Las Margaritas , Chis.
Cuarto Actividades. E CCDI Guachochic, Chih. Actividades. E Del. San Luis Potosí
EJERCICIO 2005
Primero Actividades. E CCDI. Mazapa de Madero, Chis Actividades. E CCDI. Tila , Chis Actividades. E CCDI. Tlapa, Gro
Segundo Actividades. E Del. Campeche EJERCICIO 2006
102
Primero Actividades. E Del. Chiapas Segundo Actividades. E CCDI. Tuxtepec , Oax Tercero Actividades. E CCDI. Chicontepec , Ver
Actividades. E Del. Durango
Es de ratificarse que como resultado de las auditorias
practicadas no se derivó ninguna observación relevante.
Solamente existió una observación “No relevante” por
“Incumplimiento de programas, metas, objetivos o
proyectos” fincada al CCDI Tuxtepec, Oax. Misma que se
solventó adecuadamente cumpliendo la fecha de
compromiso de solventación (30 sep de 2006)
9.4 Atención de observaciones determinadas
Es Relevante destacar que el Programa Promoción en
Materia de Justicia desde su creación (2004) a la fecha,
ha solventado las observaciones por parte de las instancias
fiscalizadoras, tanto internas como externas; no existiendo
a la fecha ninguna recomendación pendiente.
Dentro de las funciones de la Coordinación General de
Administración y Finanzas, previstas en el Estatuto
Orgánico de la CDI, está el realizar el seguimiento
oportuno y eficiente para la atención de las observaciones
103
determinadas por los órganos de control y vigilancia, para
resolverlas en tiempo y forma.
Cabe señalar que las áreas responsables constantemente
realizan análisis referentes a la recurrencia de las
observaciones y resultado de los diversos análisis
realizados, se desarrolló un Plan de Trabajo el cual incluye
acciones que impacten en una mejora administrativa de
las áreas o procesos con mayor número de casos de
deficiencias o irregularidades (las cuales constituyen las
áreas de oportunidad de esta Institución); a fin de lograr
la reducción de la recurrencia de observaciones al
intervenir las diversas instancias fiscalizadoras.
El Plan de Trabajo mencionado, parte de una consideración
a los esfuerzos realizados de manera conjunta, entre el
OIC y la CGAF, a fin de abatir las diversas problemáticas y
recurrencias reflejadas en las observaciones y
posteriormente proponer acciones que complementen el
esfuerzo realizado con el objeto de reducir el número de
las mismas.
104
X. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS
105
10.1 RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS
IMPACTO DEL PROGRAMA
Los indígenas mexicanos enfrentan una situación de
desventaja respecto del resto de la población nacional. Lo
anterior se ve reflejado en los bajos índices de desarrollo
social y humano que presentan. Adicionalmente, son
víctimas de discriminación y exclusión social y sus derechos
colectivos son negados, por lo que resulta evidente que la
gran mayoría de los indígenas padecen las restricciones
propias de los pueblos que no ejercen sus derechos
colectivos.
No obstante lo anterior, los pueblos y comunidades
indígenas se han involucrado en un proceso de participación
y diálogo con las diferentes instancias públicas a través de la
presentación de propuestas de desarrollo para los ámbitos
locales y regionales, del fortalecimiento de sus propias
formas de organización y del establecimiento de alianzas y
redes que representan a los diferentes sectores de los
pueblos indígenas.
106
En este período la sociedad civil ha adoptado una postura
propositiva y activa, impulsando desde la dinámica de los
pueblos indios, acciones organizadas en defensa de sus
derechos y la configuración de instancias propias de
participación; de tal manera que la sociedad civil organizada
ha logrado conquistar espacios importantes en la vida
pública del país.
A través de este Programa la cultura jurídica se ha visto
fortalecida al fomentar el valor de la legalidad.
El conocimiento de los instrumentos internacionales, de la
Constitución y de las leyes reglamentarias ha estimulado el
nivel de interlocución de los beneficiados para propiciar el
reconocimiento de las garantías individuales y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
A la fecha, las organizaciones financiadas han brindado
servicios directos a la ciudadanía en la protección de sus
derechos y las comunidades tienen la oportunidad de
ejecutar proyectos que cumplan sus propias necesidades en
materia de justicia. Durante el período que se reporta, se dio
un incremento tanto en la participación de la sociedad civil
en la ejecución de proyectos de esta índole, como el número
de organizaciones comunitarias participantes.
107
El impacto de estas acciones realizadas por medio de los
proyectos apoyados se centra fundamentalmente en la
adquisición de conocimientos por parte de la población
beneficiada en torno a los derechos y los efectos que esto
tiene en las dinámicas familiar y comunitaria. Asimismo,
destacan otros beneficios directos tales como el
conocimiento de los derechos específicos de las mujeres y la
mejoría en la relación entre géneros a consecuencia de ello;
la promoción y fomento a la organización comunitaria y el
incremento en la seguridad jurídica de las familias al
apoyarles en la gestión de diversos trámites legales.
Con lo anterior el Programa ha logrado trascender el
beneficio individual a los ámbitos colectivos inmediatos
(familia y comunidad), por lo que se logra un beneficio
comunitario que impacta positivamente en las relaciones
sociales de las localidades en las cuales operan los proyectos
apoyados.
Aunado a lo anterior, dentro del Programa se ha fortalecido
y fomentado la transparencia y la rendición de cuentas, de
tal forma que las organizaciones participantes se encuentran
en mejores condiciones para ejecutar y realizar un gasto
óptimo de los recursos otorgados por el gobierno federal;
108
permitiéndoles una profesionalización de ellas mismas y con
ello desarrollar acciones de mejor calidad y capacidad de
respuesta para las necesidades que en materia de justicia
atienden.
Otro avance fundamental del Programa ha consistido en
promover en las organizaciones indígenas su participación y
vigilancia social para lograr que quienes administran e
imparten la justicia, se ajusten al estado de derecho que
emana de la Constitución y de los demás ordenamientos
federales, estatales y municipales. A la par, la participación
social puede y debe fortalecerse en actividades relacionada
con el estudio y la adecuación del marco jurídico nacional en
atención a la diversidad cultural del país, a fin de lograr la
incorporación de los indígenas a un plano de igualdad
jurídica con relación a otros sectores de la sociedad.
109
A continuación se presentan las gráficas alusivas a los beneficios
alcanzados por entidad federativa 2001-2003
2001-2003 2001* 2002* 2003
Entidad federativa
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Nacional 269,982 146,667 123,315 94,603 56,761 37,842 60,331 34,175 26,156 115,048 55,731 59,317
Distrito Federal y proyectos interestatales
28,441 15,874 12,567 13,229 7,937 5,292 10,490 5,754 4,736 4,722 2,183 2,539
Baja California
3,174 1,984 1,190 1,405 843 562 1,604 1,052 552 165 89 76
Campeche 11,520 7,522 3,998 7,827 4,696 3,131 144 84 60 3,549 2,742 807
Chiapas 17,359 10,728 6,631 7,376 4,426 2,950 1,691 980 711 8,292 5,322 2,970
Chihuahua 541 316 225 250 150 100 46 26 20 245 140 105
Durango 2,554 1,784 770 0 200 125 75 2,354 1,659 695
Estado de México
2,263 1,330 933 250 150 100 1,403 920 483 610 260 350
Guanajuato 200 120 80 100 60 40 0 0 0 100 60 40
Guerrero 56,434 23,457 32,977 6,189 3,713 2,476 5,414 3,269 2,145 44,831 16,475 28,356
Hidalgo 17,797 10,449 7,348 16,450 9,870 6,580 50 30 20 1,297 549 748
Jalisco 3,739 2,633 1,106 589 353 236 100 40 60 3,050 2,240 810
Michoacán 5,908 3,160 2,748 3,683 2,210 1,473 130 80 50 2,095 870 1,225
Morelos 4,608 2,915 1,693 1,004 602 402 3,055 2,065 990 549 248 301
Nayarit 1,741 1,176 565 843 506 337 326 200 126 572 470 102
Oaxaca 53,483 30,066 23,417 24,524 14,714 9,810 6,754 3,930 2,824 22,205 11,422 10,783
Puebla 6,607 3,474 3,133 1,965 1,179 786 1,195 740 455 3,447 1,555 1,892
Querétaro 2,120 1,252 868 1,720 1,032 688 70 70 0 330 150 180
Quintana Roo 2,793 1,750 1,043 370 222 148 645 360 285 1,778 1,168 610
San Luís Potosí
3,239 2,020 1,219 2,572 1,543 1,029 137 90 47 530 387 143
Sinaloa 891 595 296 535 321 214 74 45 29 282 229 53
Sonora 2,108 1,234 874 1,388 833 555 600 360 240 120 41 79
Tabasco 7,570 4,059 3,511 1,254 752 502 520 402 118 5,796 2,905 2,891
Veracruz 34,183 18,470 15,713 800 480 320 25,538 13,498 12,040 7,845 4,492 3,353
Yucatán 709 298 411 280 168 112 145 55 90 284 75 209
*Instituto Nacional Indigenista
110
Convenios suscritos por estado 2004-2005 y preliminar 2006
2004-2006 2004 2005 2006p Entidad federativa
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Nacional 371,307 199,544 171,763 91,613 47,432 44,181 121,724 66,451 55,273 157,970 85,661 72,309
Distrito Federal y proyectos interestatales
53,007 27,192 25,815 31,114 15,292 15,822 12,153 6,854 5,299 9,740 5,046 4,694
Baja California 7,153 3,610 3,543 3,060 1,940 1,120 570 289 281 3,523 1,381 2,142
Campeche 649 408 241 268 164 104 162 92 70 219 152 67
Chiapas 87,891 46,003 41,888 16,573 8,049 8,524 19,483 9,535 9,948 51,835 28,419 23,416
Chihuahua 2,153 1,006 1,147 170 110 60 1,032 272 760 951 624 327
Durango 6,652 3,199 3,453 1,430 553 877 1,748 989 759 3,474 1,657 1,817
Estado de México
10,972 5,629 5,343 2,105 1,093 1,012 2,050 1,380 670 6,817 3,156 3,661
Guanajuato 130 60 70 0 0 0 130 60 70 0 0 0
Guerrero 20,405 12,430 7,975 4,895 3,134 1,761 6,547 4,519 2,028 8,963 4,777 4,186
Hidalgo 12,558 8,775 3,783 4,403 2,987 1,416 3,173 2,271 902 4,982 3,517 1,465
Jalisco 12,023 9,840 2,183 770 405 365 3,295 2,821 474 7,958 6,614 1,344
Michoacán 16,732 10,405 6,327 2,150 950 1,200 10,057 7,365 2,692 4,525 2,090 2,435
Morelos 4,600 2,093 2,507 1,371 788 583 1,389 692 697 1,840 613 1,227
Nayarit 4,053 2,514 1,539 280 190 90 1,080 706 374 2,693 1,618 1,075
Oaxaca 44,855 22,756 22,099 4,810 3,128 1,682 29,550 13,606 15,944 10,495 6,022 4,473
Puebla 16,460 6,312 10,148 5,770 2,110 3,660 7,187 2,930 4,257 3,503 1,272 2,231
Querétaro 670 240 430 120 0 120 240 90 150 310 150 160
Quintana Roo 16,337 8,308 8,029 2,490 1,191 1,299 6,303 3,430 2,873 7,544 3,687 3,857
San Luís Potosí
8,664 6,013 2,651 708 500 208 3,602 2,276 1,326 4,354 3,237 1,117
Sinaloa 7,499 3,862 3,637 3,127 1,500 1,627 1,875 1,085 790 2,497 1,277 1,220
Sonora 2,178 1,004 1,174 200 128 72 305 75 230 1,673 801 872
Tabasco 3,896 1,863 2,033 2,030 930 1,100 736 368 368 1,130 565 565
Veracruz 27,121 13,968 13,153 3,534 2,170 1,364 6,632 3,611 3,021 16,955 8,187 8,768
Yucatán 4,649 2,054 2,595 235 120 115 2,425 1,135 1,290 1,989 799 1,190
*Instituto Nacional Indigenista
P=Preliminar
111
10.2 Convenios suscritos por estado
Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia Número de municipios atendidos por estado
2001–2006
Entidad federativa 2001-2006 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006p
Nacional 3,354 896 825 409 385 440 399
Distrito Federal y proyectos interestatales
201 32 22 31 32 19 65
Baja California 32 3 8 7 2 6 6
Campeche 34 4 4 6 6 7 7
Chiapas 323 37 56 60 56 57 57
Chihuahua 46 5 10 5 8 11 7
Durango 18 0 4 4 4 4 2
Estado de México 82 3 19 15 18 12 15
Guanajuato 9 1 0 1 0 7 0
Guerrero 167 40 26 35 24 20 22
Hidalgo 98 24 7 14 13 21 19
Jalisco 64 8 6 3 16 13 18
Michoacán 100 33 21 5 15 14 12
Morelos 94 11 16 10 15 24 18
Nayarit 38 7 5 7 5 7 7
Oaxaca 1,373 570 520 99 50 80 54
Puebla 181 30 19 18 41 57 16
Querétaro 17 8 2 2 2 1 2
Quintana Roo 32 6 5 4 5 6 6
San Luís Potosí 101 18 16 26 19 11 11
Sinaloa 38 6 2 2 4 17 7
Sonora 39 7 10 4 6 6 6
Tabasco 25 4 4 5 7 3 2
Veracruz 210 35 36 42 31 34 32
Yucatán 32 4 7 4 6 3 8
*Instituto Nacional Indigenista
P= Preliminar
112
Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia
Proyectos por entidad Federativa 2001–2006
Entidad federativa 2001-2006 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006p Nacional 1,735 267 205 258 253 335 417 Distrito Federal y proyectos interestatales
142 29 17 23 19 24 30
Baja California 28 6 3 2 2 8 7
Campeche 41 6 5 10 8 5 7
Chiapas 538 36 49 56 89 134 174
Chihuahua 23 4 4 2 3 5 5
Durango 11 0 1 4 3 1 2
Estado de México 34 1 5 7 7 6 8
Guanajuato 4 1 0 1 0 2 0
Guerrero 89 26 12 14 9 11 17
Hidalgo 50 18 5 9 4 6 8
Jalisco 49 8 7 9 8 8 9
Michoacán 40 9 9 4 3 8 7
Morelos 44 4 7 5 7 9 12
Nayarit 16 2 1 2 1 4 6
Oaxaca 221 42 34 46 30 32 37
Puebla 61 9 8 11 13 11 9
Querétaro 11 3 2 3 1 1 1
Quintana Roo 58 7 5 6 12 13 15
San Luís Potosí 57 22 6 7 8 6 8
Sinaloa 30 6 2 3 3 7 9
Sonora 20 6 2 2 2 2 6
Tabasco 24 4 3 8 5 2 2
Veracruz 121 15 15 19 13 27 32
Yucatán 23 3 3 5 3 3 6
*Instituto Nacional Indigenista P= Preliminar
113
10.3 Presupuesto ejercido por estado
Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia
Presupuesto ejercido por entidad federativa 2001–2005
Entidad federativa 2001-2006
2001* 2002* 2003 2004 2005
Nacional 136,969,690.62 17,603,190.45 14,447,442.16 13,396,965.47 21,123,752.06 32,585,301.16
Distrito Federal y proyectos interestatales
21,513,216.56 2,412,981.25 1,854,109.10 1,677,814.45 2,385,182.61 4,244,104.83
Baja California 2,156,617.00 383,060.00 372,370.00 160,362.00 164,825.00 579,000.00
Campeche 4,230,641.85 673,400.00 570,000.00 798,000.00 955,940.00 597,801.85
Chiapas 35,967,878.37 2,274,220.00 2,668,471.00 2,845,174.70 6,580,986.81 11,143,975.86
Chihuahua 1,772,054.50 242,950.00 286,000.00 67,992.00 218,112.50 526,000.00
Durango 876,238.12 0.00 75,169.95 146,175.00 291,413.93 260,914.24
Estado De México
2,282,186.38 57,288.00 313,980.00 416,949.88 539,118.20 374,450.30
Guanajuato 320,375.00 67,200.00 0.00 0.00 3,175.00 0.00
Guerrero 6,691,514.47 1,651,829.40 936,472.00 718,807.99 885,725.16 1,199,679.92
Hidalgo 3,300,420.97 1,199,140.00 342,055.14 390,661.00 405,814.83 534,750.00
Jalisco 3,522,620.00 501,400.00 451,500.00 411,120.00 490,600.00 872,500.00
Michoacán 2,484,070.77 399,413.60 483,764.93 165,091.03 206,979.50 638,221.71
Morelos 3,468,339.10 200,340.00 453,924.30 277,522.80 540,924.50 938,727.50
Nayarit 1,936,303.90 360,000.00 91,985.46 231,350.00 164,468.44 469,000.00
Oaxaca 16,237,762.30 2,951,682.00 2,393,818.00 2,186,260.90 2,362,186.90 3,168,564.50
Puebla 4,314,139.74 611,020.00 455,831.73 426,925.00 890,523.01 959,240.00
Querétaro 1,108,215.55 232,600.00 117,500.00 256,068.00 86,379.55 218,168.00
Quintana Roo 6,080,691.68 740,316.20 386,416.36 438,767.00 1,170,450.00 1,540,242.12
San Luís Potosí 2,586,162.86 801,076.00 200,800.30 169,301.56 451,695.00 590,290.00
Sinaloa 2,460,640.01 395,024.00 115,524.16 184,036.85 263,805.00 692,750.00
Sonora 1,126,510.64 198,500.00 161,000.02 37,851.00 112,159.62 162,500.00
Tabasco 1,837,834.42 199,500.00 232,499.71 329,832.31 495,736.50 242,765.90
Veracruz 8,867,342.43 866,650.00 1,186,000.00 852,838.00 1,101,050.00 2,350,154.43
Yucatán 1,827,914.00 183,600.00 298,250.00 208,064.00 356,500.00 281,500.00
*Instituto Nacional Indigenista P= Preliminar
114
XI. INFORME FINAL
115
XI. Informe final
El Programa ofrece a los beneficiarios los siguientes servicios: • Apoyo económico a proyectos para la promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y el impulso de actividades de
procuración de justicia.
• Gestión y pago de derechos del permiso de uso de nombre de
figuras asociativas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Pago de hasta el 50% de gastos notariales para la constitución
legal bajo la figura jurídica que más convenga a las comunidades,
organizaciones indígenas, organizaciones de promotores y
defensores de los derechos humanos que lo soliciten, cuyo objeto
social este vinculado a la promoción y defensa de los derechos de
los pueblos indígenas.
El propósito principal de estas acciones, es el fortalecimiento de los
procesos organizativos de las propias comunidades, ejidos y
organizaciones indígenas en proceso de integración. Asimismo
brindarles asesoría para que logren su reconocimiento formal ante
las instancias competentes e impulsar la defensa de sus derechos
116
políticos, sociales y culturales que contribuyan a su bienestar
social.
El hoy Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia
tiene por lineamientos generales propiciar la transferencia de
recursos a las comunidades indígenas, núcleos agrarios y
organizaciones indígenas promotoras y defensoras de los derechos
humanos, a fin de garantizar su desarrollo autónomo y
autogestivo.
Si bien los lineamientos generales del Programa constituyeron una
estrategia que globalmente ajusta a las demandas de los pueblos
indígenas, en el caso de la justicia jurídica es pertinente hacer
algunas consideraciones.
La administración e impartición de justicia sigue siendo una
facultad exclusiva del Estado, no obstante la demanda expresada
por las organizaciones indígenas de tener participación en ella.
Durante la presente administración la participación y vigilancia en
la que se encuentran inmersas las organizaciones sociales ha dado
como respuesta que quienes administran e imparten la justicia, se
ajusten al estado de derecho que emana de la Constitución y de
los demás ordenamientos federales, estatales y municipales. A la
par, la participación social puede y debe fortalecerse en
117
actividades relacionadas con el estudio y la adecuación del marco
jurídico nacional en atención a la diversidad cultural del país, a fin
de lograr la incorporación de los indígenas a un plano de igualdad
jurídica con relación a otros sectores de la sociedad.
El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia busca
generar las condiciones para el acceso de los pueblos,
comunidades e individuos indígenas a la jurisdicción del Estado y
hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.
Para lograr esto, se instrumentaron líneas estratégicas, mediante
las cuales se buscó contribuir al mejoramiento de la procuración de
justicia de los pueblos y comunidades indígenas que lo soliciten, a
través del financiamiento de proyectos que ejecuten las
organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas que
promuevan y difundan los derechos de los pueblos indígenas y el
impulso de actividades de procuración de justicia; lo anterior a
consecuencia de la necesidad de combatir la impunidad y la
violación de los derechos humanos en los pueblos y comunidades
indígenas.
Cabe mencionar que en los últimos dos años ha existido un
incremento presupuestal, en 2004 fue del 70% y en 2005 del 61%
respecto con los años inmediatos anteriores. Lo anterior como
118
consecuencia de la creación de la CDI en 2003. En este sentido
fueron impulsadas las acciones de procuración de justicia y
vigencia de derechos, para lo cual fueron reestructuradas las
estrategias y paradigmas institucionales.
A partir de este replanteamiento, en 2004 el Proyecto de
Convenios se convierte en el Programa especial de Promoción de
Convenios en Materia de Justicia formando parte de la
Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, lo
anterior repercutiendo en el presupuesto asignado al Programa por
la Cámara de Diputados.
En el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, se
modificaron los principios estratégicos de trabajo, definiendo los
criterios para la aprobación de los proyectos, diversificando los
apoyos en las distintas áreas de atención jurídica, que permitiera
la participación directa de la población indígena organizada para
atender sus propias demandas de justicia; lo anterior debido en
parte a la gran demanda de las organizaciones que año con año se
ve incrementada. Estas modificaciones se han ido plasmando en el
aspecto normativo, definiendo criterios, estrategias funciones y
obligaciones de cada una de las Unidades Operativas involucradas,
plasmadas en las Reglas de Operación y en el Manual Operativo
del Programa.
119
Es por ello que en el año 2004 a través de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) fueron insertados los trámites que
las comunidades, núcleos agrarios y organizaciones sociales
debieran cubrir a fin de tener acceso a los servicios que presta el
Programa, simplificándose de manera sustantiva los mismos, sin
dejar de dar cumplimiento a los principios establecidos por el
Gobierno Federal como los son la transparencia, rendición de
cuentas y corresponsabilidad.
El Programa ha hecho necesaria la permanencia de acciones
tendientes a responder a la problemática que en materia de
justicia padecen los pueblos indígenas, pese a los evidentes
avances que se han registrado, aún predomina la discriminación
social y la violación a sus derechos.
El Programa operado por la Coordinación General de Programas y
Proyectos Especiales de la CDI, se enmarca en uno de los puntos
más preocupantes del gobierno federal, a fin de dar respuesta
mediante políticas públicas específicas a los reclamos de justicia de
los pueblos indígenas.
De tal manera que el Programa responde a una necesidad social
actual, así como a una creciente demanda por parte de la sociedad
120
civil, de apoyo financiero para llevar a cabo acciones
corresponsables en torno a la procuración y acceso a la justicia por
parte de los pueblos indígenas.
121
XII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE
122
XIII. DOCUMENTACIÓN SOPORTE
a. - Autorizaciones de los recursos
b. - Convenios suscritos
123
Titular de la Entidad
XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ
DIRECTORA GENERAL
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
________________________________________ Firma
124
GLOSARIO
CCDI
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena.
CDI
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Comité Interno
Comisión integrada por el Responsable del POPMI o su
representante, el Delegado(a) Estatal correspondiente o su
representante y los invitados que en su caso se considere necesaria
su intervención; los cuales revisan, evalúan y dictaminan cada uno
de los proyectos presentados en la captación de la demanda.
Comprobantes
Documentos como notas de compra, notas de remisión o recibos de
compra, que describan los artículos adquiridos y que dichas
adquisiciones sean avaladas con el nombre, el cargo, la firma y/o el
sello de alguna autoridad local; lo anterior debido a las
particularidades en la ejecución del POPMI, por lo que no serán
exigibles para los grupos beneficiados la presentación de facturas
que reúnan los requisitos fiscales.
125
CONAPO
Consejo Nacional de Población
Delegaciones Estatales
Las representaciones de la CDI en las entidades federativas donde
se tiene cobertura.
Delegado estatal
Titular a cargo de la Delegación Estatal.
Evaluación
Verificación en campo de las actividades reportadas en los informes
físico-financieros presentados por los grupos solidarios; así como la
valoración sobre el impacto social del proyecto al concluir las
actividades de los mismos.
Evaluación externa
Valoración de los resultados del Programa que realiza una institución
académica y de investigación u organismo especializado de carácter
nacional o internacional, con reconocimiento y experiencia en la
materia, con base en los Términos de Referencia del Programa
elaborados por la Unidad Administrativa Responsable del Programa.
126
Expediente de grupos financiados
Carpeta que integra la Instancia Ejecutora, la cual consta de
Anexos, Plan de Trabajo General, Convenio de Colaboración, Anexos
de Ejecución, informes físico – financieros correspondientes, así
como toda la documentación generada en el acompañamiento.
Grupo solidario
Es la figura mediante la cual las mujeres indígenas se organizan
para el desarrollo del proyecto productivo. Los grupos solidarios se
caracterizarán por tener disposición para participar activamente en
las diferentes etapas del programa y de su proyecto.
INEGI
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
Instancia normativa
Son las responsables de diseñar, instrumentar y establecer las
disposiciones y lineamientos normativos a nivel general y específico
para el desempeño de los programas y proyectos bajo su
responsabilidad. Así como dar seguimiento al adecuado
cumplimiento de éste. La CDI, a través de la Unidad Administrativa
Responsable del Programa, en coordinación con sus Delegaciones
127
Estatales, será la instancia normativa encargada de autorizar los
Proyectos de Organización Productiva y de Acompañamiento.
PND
Plan Nacional de Desarrollo
PNDPI
Programa Nacional para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas
2001-2006
PPCMJ
Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia
SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social
Seguimiento
Monitoreo al trabajo desarrollado por los grupos solidarios con
relación a las actividades programadas y a la aplicación correcta de
los recursos otorgados.
SFP
Secretaría de la Función Pública
128
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
TESOFE
Tesorería de la Federación
Validación
Proceso de valoración definitiva de los proyectos presentados, con
base en la información de los expedientes respectivos, cuyo
resultado es la validación por parte del Delegado Estatal.
Vocal de Contraloría social
Persona de la comunidad donde se desarrolla el proyecto, encargada
de vigilar la adecuada aplicación de los recursos, con el respeto a
los acuerdos designados en la asamblea general y formular las
denuncias correspondientes para la regularización de las situaciones
que pongan en riesgo el logro de los objetivos y principios de la
organización y del Programa.
129
Unidad Administrativa Responsable del Programa
Área encargada de la operación del PPCMJ cuya estructura se
compone de: Responsable del Programa (Dirección), Subdirección,
cinco Jefaturas de Departamento, cuatro Enlaces y una Secretaria.