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Graves riesGos en el marcode la narcopoltica.

muertes y amenazas a la viday la libertad de expresin

Derecho a la libertad de expresin e informacin

El recrudecimiento de los crmenes y las amenazas contra los y las periodistas tuvo su pico en el 2014. Varios comunicadores y comunicadoras fueron acallados por las

balas asesinas. La narcopoltica aparece con brutalidad. Torturas y agresiones de parte de agentes policiales se insertan en este cuadro. La precarizacin laboral, la agudizacin de la concentracin de medios, la represin a las

emisoras radiales comunitarias y el debilita-miento de medios pblicos cierran el nefasto circuito. La lucha popular deber ser redobla-

da para enfrentar un crtico panorama.

Vicente Pez1Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

1 El autor agradece a la Comisin Directiva del SPP y a Zulema Alcaraz por su colaboracin.

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Introduccin

El anunciado nuevo rumbo2 est manchado de sangre. El 2014 ya registr el asesinato de cuatro trabajadores y trabajadoras de prensa. La agudizacin de los crmenes contra los y las periodistas tiene una palanca importante en la impunidad.

El terror nuevamente desembarc en Paraguay. El 16 de mayo, el periodista Fausto Gabriel Alcaraz, que trabajaba en Radio Amambay, de Pedro Juan Ca-ballero, fue acribillado al momento de arribar a su domicilio. Fausto realizaba recurrentes denuncias de corrupcin en la zona, as como tambin atacaba al narcotrfico a travs de la radio.

dgar Fernndez, conductor del programa Ciudad de la Furia, que se emita por Radio Beln Comunicaciones, de Concepcin, fue asesinado a balazos el 19 de junio, al llegar a su vivienda. El periodista y abogado se caracterizaba por ser crtico con personas influyentes de esa ciudad.

El 16 de octubre, Pablo Medina Velzquez, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, y Antonia Maribel Almada, su asistente, fueron asesinados en un camino rural en el departamento de Canindey. Las evidencias apuntan a que fueron acribillados por orden de autoridades pblicas de la zona vincu-ladas al narcotrfico.

Detrs de estos crmenes fueron puestos en evidencia las influencias de las bandas criminales y sus supuestos lazos con las autoridades pblicas y pol-ticas de diversas ciudades y departamentos.

En paralelo, este ao tambin se registraron varios hechos de grave violencia estatal contra periodistas. La detencin y tortura al periodista Paulo Lpez, del Peridico digital Ea, por parte de la Polica; y la represin policial a traba-jadores de prensa que cubran manifestaciones del movimiento social, fue-ron algunas seales preocupantes acerca del severo retroceso en cuanto al respeto a los derechos humanos.

En este contexto, la agudizacin de la concentracin de medios de comu-nicacin en pocas manos empresariales, la precarizacin laboral, aunada a una persistente represin estatal a las radios comunitarias, constituyen es-labones de una preocupante cadena de hechos. Como corolario, el anuncio del cierre temporal y mudanza de la Radio Nacional del Paraguay, as como

2 Eslogan del gobierno de Horacio Cartes, que fue tambin la bandera de su campaa presidencial.

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despidos y persecuciones en el sistema pblico de comunicacin, marcan un panorama nada alentador. La respuesta del movimiento social organizado deber intensificarse para enfrentar y frenar este terrible escenario3.

Marco jurdico

Las garantas a la libertad de expresin estn insertas en el sistema normati-vo paraguayo. La Constitucin Nacional, las normas internacionales incorpo-radas al orden jurdico nacional y las leyes precautelan este derecho. El art. 26 de la Constitucin Nacional dispone:

Se garantizan la libre expresin y la libertad de prensa, as como la difusin del pensamiento y de la opinin, sin censura alguna, sin ms limitaciones que las dispuestas en esta Constitucin; en consecuencia, no se dictar ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habr delitos de prensa, sino delitos comu-nes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir informacin, como igualmente a la utilizacin de cualquier instrumento lcito y apto para tales fines.

La Carta Magna, en su art. 28, garantiza el derecho a informarse:

Se reconoce el derecho de las personas a recibir informacin veraz, responsable y ecunime. Las fuentes pblicas de informacin son libres para todas las perso-nas. La ley regular las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la di-fusin de una informacin falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificacin o su aclaracin por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los dems derechos compensatorios.

Tambin se consagra constitucionalmente la libertad de ejercicio del perio-dismo, a travs del art. 29, estableciendo que no requiere de autorizacin previa, y garantizando a los periodistas que no sern obligados a actuar con-tra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de informacin, en-tre otras garantas.

En lo referente a disposiciones internacionales, la Declaracin Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la libertad de opi-nin y de expresin. Esto incluye que la persona no sea molestada a causa de

3 Sindicato de Periodistas del Paraguay (2014) Preocupa atentados contra la libertad de expresin en Paraguay. Disponible en: http://sindicatodeperiodistas.org/sa/comunicado-del-spp-preocupante-situacion-de-la-li-bertad-de-expresion-en-el-pais/.


sus opiniones, as como en lo que se refiera a la libertad de investigar y recibir informacin y opinin, y difundirlas (art. 19)4.

A la vez, la Convencin Americana de Derechos Humanos (CADH), o Pacto de San Jos de Costa Rica, Ley N 1/89, reconoce la libertad de pensamiento y expresin (art. 13), incluyendo, adems de lo dispuesto en la Declaracin Uni-versal, la prohibicin de la censura; la delimitacin de responsabilidades en funcin de los derechos de las dems personas y proteccin de la seguridad, el orden, la salud y la moral pblicas, la proscripcin de los medios directos e indirectos de restriccin; la regulacin de los espectculos pblicos y la pro-hibicin de la propaganda a favor de la guerra y la apologa del odio.

Tambin la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprob en el ao 2000 la Declaracin de Principios sobre Libertad de Expresin, en la cual se desarrolla ms ampliamente lo dispuesto por el art. 13 de la CIDH y se incorporan al sistema interamericano de derechos humanos los estndares internacionales para una defensa ms efectiva del ejercicio de este derecho.

Muertes sin castigo

Paraguay se vislumbra en el escenario internacional como uno de los pases de elevado riesgo para el ejercicio del periodismo. De no adoptarse cam-bios estructurales, se avizora una eventual rplica de situaciones registradas en pases como Colombia, Mxico y Honduras, entre otros. La narcopoltica planta bandera en el pas5.

Tan solo en el 2014 fueron ejecutados cuatro periodistas. Uno de estos aten-tados fue el de Fausto Gabriel Alcaraz, periodista radial de Pedro Juan Caba-llero, capital del departamento de Amambay, que fue ejecutado al llegar a su casa. El trabajador de Radio Amambay fue vctima de la disputa entre el senador Robert Acevedo liberal y propietario de la citada radio y el gober-nador amambaiense, tambin liberal, Pedro Gonzlez. A pesar de los recla-mos de justicia, el caso sigue sin resolverse y prcticamente sin avances para identificar a los autores, tanto materiales como intelectuales, de este crimen acontecido el 16 de mayo.

4 Organizacin de las Naciones Unidas (1948) Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/.

5 Amrica XXI, 1 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articu-lo/113/p-asoma-la-mano-sangrienta-de-la-narcopol-iacute-tica-p.


Poco despus, pero en la ciudad de Concepcin, el 19 de junio, caa abatido por las balas asesinas el periodista dgar Fernndez, conductor del programa La Ciudad de la Furia, emitida por la Radio Beln Comunicaciones. Sus crti-cas hacia personas influyentes en dicha regin podran haber desembocado en su ejecucin a balazos, al momento en que arribaba a su domicilio. Las pesquisas siguen sin dar con los autores del crimen.

Pablo Medina Velzquez, periodista del diario ABC Color en Curuguaty, y An-tonia Maribel Almada, su asistente, fueron ejecutados, aparentemente, por sicarios al servicio del narcotrfico. El crimen fue perpetrado en un camino rural en el departamento de Canindey, en las proximidades de Villa Ygatim.

Las bandas delictivas habran decidido la muerte del periodista tras una in-cautacin de una importante carga de marihuana, semanas antes del crimen, y la deteccin de un tnel donde se almacenaba la droga. Esto, sumado a an-teriores publicaciones en las que se exponan las operaciones de los supues-tos implicados en el ilcito negocio, como el caso del propio intendente de la localidad de Ypeh, el colorado Vilmar Acosta, que se encuentra imputado y prfugo. Uno de sus hermanos, Wilson Acosta, est sindicado, y fue detenido e imputado, como presunto autor material de las ejecuciones. Das despus del crimen los presuntos nexos de los traficantes llegaban incluso hasta la diputada nacional por el Partido Colorado Cristina Villalba, exgobernadora del departamento de Canindey.

Estos hechos luctuosos acaecidos este ao engrosan el nmero de vctimas en el periodismo paraguayo: Santiago Leguizamn (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Romn Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cante-ro (2002), Samuel Romn (2004), ngela Acosta (2006), Tito Palma (2007), Martn Ocampos (2009), Merardo Romero (2011), y Carlos Manuel Artaza (2013), fueron asesinados en el ejercicio del oficio periodstico. En esta la-mentable nmina tambin est incluido Marcelino Vzquez, dueo de la ra-dio Sin Fronteras, ejecutado el ao pasado.

Tortura y agresiones

Amedrentar a la prensa desde organismos pblicos tambin se inserta en la poltica del nuevo rumbo. El periodista Paulo Lpez, del Peridico digital Ea, se haba trasladado, el 3 de enero pasado, hasta la Comisara 3 de Asun-cin, luego de recibir informacin de que varias personas fueron agredidas y detenidas durante una manifestacin en contra de la suba del pasaje del transporte pblico.


Lpez se acerc hasta el lugar para conocer la situacin de los manifestan-tes detenidos, momento en que los supuestos autores, agentes policiales de dicha comisara, lo agredieron brutalmente, detuvieron y encerraron en un calabozo, y al mismo tiempo despojaron de su agenda y cmara fotogrfica. Lpez fue liberado horas despus, pero la cmara no le fue devuelta hasta ahora6.

El periodista realiz las denuncias correspondientes a la Fiscala de Derechos Humanos, a cargo del agente fiscal Santiago Gonzlez Bibolini, sin que pros-peraran las investigaciones a pesar de los numerosos elementos aportados para identificar a los culpables. An ms, el fiscal Emilio Fster abri una causa contra Lpez por supuesta agresin a un oficial ayudante. Segn un reporte del Hospital de Polica utilizado como prueba, uno de los uniformados que particip de la detencin del comunicador presentaba una ligera hinchazn en el pmulo. Esto da cuenta tambin del uso no solo de la fuerza, sino tam-bin del aparato fiscal-judicial en la persecucin de las voces discordantes al discurso oficial.

Se registr tambin la represin policial durante la reunin de la Organiza-cin de Estados Americanos (OEA) a varios trabajadores del Canal 13 y de Unicanal, que fueron golpeados durante la cobertura de una manifestacin a favor de los derechos de los grupos Lesbi, Gay, Trans, Bi e Intersex (LGTBI), frente a la sede de la Conmebol, en Luque.

Asimismo, durante la movilizacin de los docentes, el pasado 28 de agosto, el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, integrante de la corresponsala del canal Telesur en Paraguay, fue golpeado y termin con un corte en la cabeza tras un ataque realizado por un agente policial. Otros trabajadores de prensa, como Carlos Bentez, del diario ltima Hora, y Mario Palacios, de Telesur, tam-bin fueron golpeados en la ocasin.

Finalmente, durante la manifestacin de los baadenses frente a la Mu-nicipalidad de Asuncin, varios periodistas de Radio TV Nuevo Paraguay, adems de trabajadores de otros medios, fueron afectados por la represin policial7.

6 Codehupy, 13 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.codehupy.org/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=249:codehupy-y-el-spp-anuncian-presentacion-de-querella-adhesiva-en-ca-so-de-periodista-victima-de-tortura&catid=8:estatutos.

7 Ea, 6 de octubre de 2014. Disponible en: http://ea.com.py/v2/represion-a-periodistas-es-una-politi-ca-del-gobierno/.


Ms amenazas

Tres comunicadores del departamento de Misiones fueron amenazados. Los blancos de las graves advertencias fueron Adriano Guerrero, de Radio San Ignacio FM; Marcial Vzquez, de Radio Arapysand, y Gabriel Bentez, corres-ponsal del Canal 4 Telefuturo.

Guerrero denunci supuesta amenaza de muerte y disparos intimidatorios sobre su domicilio en Costa Puc, distrito de San Ignacio, Misiones. Los dispa-ros fueron hechos el 7 de noviembre. Las amenazas surgieron, aparentemen-te, porque brind espacio, en su programa radial, a las autoridades municipa-les que quieren abrir un vertedero en este distrito.

Por su parte, Vzquez denunci que recibi amenazas el 29 de octubre lti-mo desde la transmisin en directo de un conflicto vecinal en Costa Puc con la Municipalidad, por el proyecto vertedero en el lugar.

A Gabriel Bentez, hace ms de un ao, como medida de presin le derribaron la muralla de su domicilio en San Ignacio. Pedro Bentez Aldana, secretario de Interior del SPP, sostuvo que la situacin de los comunicadores es grave cuando hay amenazas de muerte de por medio. La cuestin es grave porque al final se cumplen, sostuvo en alusin al reciente caso del corresponsal de ABC Color, Pablo Medina8.

El corresponsal del diario ltima Hora y Telefuturo en Curuguaty, Elas Ca-bral, denunci el 28 de febrero al poltico colorado Julio Colmn por ame-naza grave. Este haba advertido al periodista que algo le puede pasar a raz de sus publicaciones sobre el desvo de fondos pblicos en la comuna curuguatea.

Otra muestra de presin contra los trabajadores de prensa es la denuncia realizada por el jefe de la Polica del departamento de Amambay, comisario Sebastin Talavera, contra el periodista Anbal Gmez Caballero por publica-ciones sobre hechos de corrupcin en la Polica de la zona.

8 ABC Color, 12 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.abc.com.py/nacionales/periodistas-de-mi-siones-denuncian-amenazas-1305502.html.


Despidos y precarizacin laboral

El despido injustificado de los periodistas Cristhian Pimpollo Franco y Cyn-thia Villalba, de Radio Cardinal, por haber emitido opiniones personales a travs de redes sociales en internet, fue denunciado por el SPP. El gremio tambin repudi el despido injustificado del periodista Marcos Caballero del Canal 4 Telefuturo. Entendemos que los despidos injustificados y ms an cuando son a causa de una opinin personal es un gravsimo atentado contra la libertad de expresin que debe ser condenado con toda la fuerza9, sostu-vo un comunicado del SPP.

El incumplimiento por parte de las empresas empleadoras al pago del seguro de vida para las y los periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa en general que arriesgan su vida en el ejercicio del periodismo es habitual. Esto da la pauta de que no sern las patronales, propietarias de los grandes me-dios de comunicacin comerciales, que hoy se muestran muy preocupadas por la violencia en el pas, las que defiendan realmente el derecho del con-junto de la sociedad a expresarse y a acceder a la informacin.

Son esas mismas patronales las que mantienen a cientos de trabajadoras y trabajadores de prensa en la absoluta precariedad e inseguridad y no son siquiera capaces de cumplir con las normas laborales mnimas, remarc la organizacin sindical.

Otro caso recurrente es el incumplimiento de la Editorial y Grfica Intersud-americana del pago del seguro social para los trabajadores y las trabajadoras de los diarios La Nacin y Crnica. A la vez, los empleados y las empleadas reclaman la regularizacin del pago salarial para la totalidad del plantel de la empresa. La empresa adeuda al Instituto de Previsin Social (IPS) un monto que supera los 12.000 millones de G. Esta situacin impide que los trabajado-res accedan al servicio de salud e incluso a la jubilacin.

La periodista Emilce Aponte denunci en el ao 2012 a la empresa Monte-carlo S.A., propietaria de la Radio 970AM, por haberla despedido de forma injustificada tras ms de 10 aos de trabajo en la empresa. Tambin recla-m por los daos ocasionados debido al no pago del seguro social, durante el perodo trabajado. Tras dos aos de litigio, el juez Luis Pereira reconoci en su sentencia que la patronal viol gravemente la legislacin laboral, al no tener registrada a la periodista ni ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, en

9 Ea, 27 de octubre de 2014. Disponible en: http://ea.com.py/v2/spp-patronales-de-medios-mantie-nen-a-periodistas-en-la-precariedad-e-inseguridad/.


ese momento, ni ante el IPS. Sin embargo, de manera llamativa en la misma sentencia rechaz los reclamos presentados por la trabajadora.

Cierres de radios comunitarias y censura

La Comisin Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio P-blico continan con su poltica persecutoria contra las radios comunitarias. Decenas de ellas estn siendo decomisadas en una abierta violacin al dere-cho humano a la comunicacin. Otras, en tanto, fueron notificadas para que cumplan con una serie de requisitos o, caso contrario, sern suspendidas en sus operaciones.

El SPP denunci el cierre arbitrario de la Radio Nativa FM de Pilar por la Co-natel. En paralelo, se inform acerca de las amenazas que sufre el periodista de la citada emisora, Andrs Arias, por denunciar a las mafias del narcotrfico y la poltica.

Radios de Tembiapor, Caaguaz; de Alto Ver, Itapa, as como de Chacarita, Asuncin, fueron algunas de las vctimas de la represin, la incautacin de sus equipos y la imputacin de sus directivos, en una seal persistente de clara censura y restriccin al derecho a la libre expresin y de prensa.

Sigue en vigencia la Ley N 4179/11 Que modifica y ampla los artculos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley N 642/95 de Telecomunicaciones, que cercena el alcance de las radios comunitarias, por un lado, y a la vez prohbe el acceso a fondos de apoyo pblico-privado para el mantenimiento y operacin de las emisoras comunitarias. De esta forma se inviabiliza en la prctica el funciona-miento de las radios no comerciales cercenando al mismo tiempo el derecho de las audiencias de recibir una mayor oferta comunicativa.

Otro caso de censura fue impuesto por la jueza Patricia Gonzlez al prohibir la publicacin de cualquier informacin generada en los videos sexuales que involucran al senador Juan Carlos Galaverna de la Asociacin Nacional Repu-blicana (ANR Partido Colorado). Esto viola los arts. 26 y 28 de la Constitu-cin Nacional que protegen la libertad de expresin y de prensa y el derecho a la libre informacin de toda la ciudadana. La jueza emiti su resolucin, el 30 de julio, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por Galaverna, prohibiendo a varios medios de comunicacin () la divulgacin, publica-cin, generacin y alteracin de contenido multimedia relacionado al ciu-


dadano Juan Carlos Romn Galaverna Delvalle10. El caso se agrav tras una presentacin de los abogados del senador peticionando aclaratoria sobre la medida cautelar emitida, ante la cual la jueza se ratific en su criterio contra-rio a la Carta Magna.

La concentracin de medios persiste. La venta de la frecuencia electromagn-tica concedida a la empresa Tevedos S.A. (Red Guaran) que hasta inicios de ao estaba alquilada por la empresa Red de Comunicaciones Integral del Gru-po Obedira presuntamente al Canal 4 Telefuturo, sera otra maniobra ilegal.

A esta situacin en el mbito privado se inserta la precarizacin en los me-dios pblicos de comunicacin. Una seria amenaza a la comunicacin pblica es el proyecto de cierre temporal y mudanza de la antena transmisora de la Radio Nacional del Paraguay, cuya continuidad y apertura a todas las voces es una necesidad ms que perentoria.

Conclusiones

El Estado, administrado por el presidente Horacio Cartes, tiene un alto grado de responsabilidad en todo el panorama anteriormente descripto. Las accio-nes oficiales se han dirigido sistemticamente a socavar el derecho humano a comunicar siendo precisamente el Estado el principal responsable de res-guardarlo. El manto de impunidad, la aviesa complicidad con las patronales para la violacin de los derechos laborales, la censura y cierre de emisoras radiales comunitarias, la agresin a trabajadores y trabajadoras de prensa, as como la falta de polticas pblicas de democratizacin de la comunicacin, son el modo en que los organismos gubernamentales pretenden mantener el actual modelo de exclusin y pobreza. Los desafos se duplican, por lo que los esfuerzos del movimiento social organizado deben ir orientados hacia movilizaciones masivas que exijan y empujen hacia la transformacin de esta realidad. La sangre de periodistas y pueblo en general lo reclaman.

Recomendaciones

- Castigar judicialmente a las personas responsables, tanto a autores mate-riales como intelectuales, de los crmenes contra las y los periodistas.

10 ltima Hora, 2 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.ultimahora.com/spp-repudia-prohibicion-di-vulgar-imagenes-galaverna-n817361.html.


- Fomentar la creacin y el fortalecimiento de medios alternativos de co-municacin, a fin de que la ciudadana tenga acceso plural a la informacin, y los comunicadores y las comunicadoras puedan expresar libremente sus opiniones.

- Inspeccionar de oficio a las empresas de comunicacin en un trabajo con-junto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el IPS para corroborar que las empresas cumplan con el seguro social obligatorio.

- Garantizar que la libertad sindical y el derecho a la organizacin de los trabajadores y trabajadoras puedan ser ejercidos sin presiones ni miedos.

- Controlar en forma ms rigurosa a las empresas de comunicacin que vio-lan las leyes laborales, as como asegurar la investigacin y sancin judicial a las personas responsables.

- Democratizar la comunicacin, entre otras formas a travs de la amplia-cin del acceso a licencias del espectro radioelctrico para las radios co-munitarias y la desmonopolizacin de los medios comerciales de comu-nicacin.

- Derogar la Ley N 4179/11, que modifica varios artculos de la Ley N 642/95 De Telecomunicaciones, violatoria de derechos de las emisoras comuni-tarias, y dejar sin efecto las incautaciones de equipos e imputaciones de integrantes de tales medios.

- Retirar las licencias a los operadores que cuenten con ms de una frecuen-cia de radio y televisin.

Bibliografa

Alcaraz, Zulema (2010) Escasos avances ante los oligopolios de la informacin, la impunidad judicial y la precarizacin laboral de los periodistas en Derechos Humanos en Paraguay 2010. Asuncin, Codehupy.

Asociacin Mundial de Radios Comunitarias (2010) Informe sobre la Ley N 4179/10, que establece restricciones a las radios comunitarias en Paraguay, mediante la modificacin de la

Ley N 642/95 de Telecomunicaciones. Asuncin, Amarc.Bentez Aldana, Pedro (2010) Informe sobre libertad de expresin y medios en Paraguay.

Asuncin, SPP.Fundacin Konrad Adenauer Stiftung (sin fecha) Clusulas de Libertad de Expresin

en Paraguay. Disponible en: http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/medioslatinos/paraguay/clausulas_de_libertad_de_expresion_-_paraguay.pdfvv.

Organizacin de los Estados Americanos (sin fecha) Relatora Especial para Libertad de Expresin. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp.

libertad - derecho a la libertad de expresión e información.pdf

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