DECRETO NUMERO 5-99

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 119 literal k) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación fundamental del Estado, entre otras, proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión.

CONSIDERANDO:

Que conforme lo estipula el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es potestad exclusiva del Estado, emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, mandato que es conteste con lo que sobre el particular prevé el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala prescribe que la Junta Monetaria, entre otras funciones fundamentales, tiene la de velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional. asegurando la estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional, aspectos que son consistentes con lo que previene el artículo 3 literal b) de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que a la luz de lo dispuesto en los artículos 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 22 de la Ley del Organismo Judicial, en todos los actos adoptados por la administración pública deberá observarse siempre el criterio y la filosofía de que el interés social prevalece sobre el interés particular.

CONSIDERANDO:

Que los bancos privados nacionales así como los bancos extranjeros que operan en el país mediante sucursales o agencias son instituciones que forman parte del sistema bancario nacional y manejan una gran porción del ahorro del país, en razón de lo cual están regulados por leyes y disposiciones especiales, que tienden a salvaguardar, por una parte, su posición de liquidez, solvencia y solidez patrimonial y, por otra, a tutelar ese bien jurídico que es el ahorro nacional.

CONSIDERANDO:

Que el presente decreto tiene el propósito de crear el Fondo para la Protección del Ahorro, a efecto de garantizar al ahorrante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos de ahorro, así como explicitar las facultades constitucionales y legales que tienen la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos en casos de instituciones bancarias privadas nacionales con problemas financieros y administrativos que, por su propia naturaleza, ameriten la implementación inmediata de medidas tendentes a la regularización de la institución bancaria de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones que persigan el mismo fin.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente,

LEY PARA LA PROTECCION DEL AHORRO

PRIMERA PARTEDEL FONDO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO

ARTICULO 1. Creación y objeto.

Se crea el Fondo para la Protección del Ahorro, con el objeto de garantizar al ahorrante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos de ahorro, en los términos a que se refiere la presente ley, cuando la Junta Monetaria o el Superintendente de Bancos soliciten a la autoridad judicial competente la liquidación o declaratoria de quiebra de una institución bancaria privada nacional o sucursal o agencia de banco extranjero.

Para los efectos de esta ley se entenderán por depósitos de ahorro, los constituidos por las obligaciones exigibles en las condiciones especiales convenidas con el ahorrante o establecidas por las leyes que regulen el ahorro. - ‘

ARTICULO 2. Fuentes de financiamiento.

Las fuentes de financiamiento del Fondo para la Protección del Ahorro, estarán constituidas por:

a) Las cuotas que obligatoriamente deberán aportar las instituciones bancarias privadas y sucursales o agencias de bancos extranjeros, de conformidad con los artículos 4 y 6 de esta ley;

b) Los rendimientos de las inversiones de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, multas e intereses;

c) Los recursos en efectivo que se obtengan en virtud del proceso de liquidación de la institución bancaria de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el articulo 9 de la presente ley;

d) Los recursos en efectivo que se obtengan de la venta de los activos que le hubieren sido adjudicados al Fondo para la Protección del Ahorro en virtud del proceso de liquidación de la institución bancaria de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el artículo 9 de la presente ley. Queda entendido que los indicados activos que le sean adjudicados en pago al Fondo para la Protección del Ahorro no constituirán fuente de financiamiento del mismo, en tanto no sean vendidos y los recursos en efectivo producto de la venta hayan sido percibidos; y

e) Otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro.

Estos recursos serán inembargables y no tendrán carácter devolutivo, salvo por lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la presente ley.

ARTICULO 3. Cobertura.

En el caso de que se haya solicitado la liquidación o declaratoria de quiebra de una institución bancaria en los términos del artículo 1 de esta ley, el Fondo para la Protección del Ahorro cubrirá hasta un monto máximo de

veinte mil quetzales (Q. 20,000.00), por persona individual o jurídica que tenga depósitos de ahorro constituidos en una institución bancaria privada nacional o sucursal o agencia de banco extranjero, de la cual se haya solicitado su liquidación o declaratoria de quiebra en los términos a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Para tal efecto se excluirán los intereses pendientes de capitalización, y las cuentas mancomunadas se entenderán abiertas por una sola persona, individual o jurídica, excepto en aquéllas en las que uno de los titulares sea diferente, en cuyo caso las mismas estarán cubiertas en los términos de esta ley.

El monto máximo de cobertura deberá ser modificado por la Junta Monetaria cuando el porcentaje de cuentas de ahorro, cuyos saldos sean menores o iguales al monto máximo de cobertura vigente, se sitúe por debajo del noventa por ciento (90%) del total de cuentas de ahorro abiertas en los bancos privados nacionales o sucursales o agencias de bancos extranjeros. Para el efecto, la Superintendencia de Bancos verificará los extremos anteriores y al darse el caso señalado, presentará a la Junta Monetaria la propuesta de revisión del monto máximo de cobertura, que permita que éste cubra a no menos del noventa por ciento (90%) ni mas del noventa y cinco por ciento (95%) de las referidas cuentas.

Si el ahorrante es al mismo tiempo prestatario de la entidad, se deberán compensar ambos saldos únicamente por las cantidades que sean liquidas, exigibles y de plazo vencido. De la misma manera, en el caso de cuentas de ahorro abiertas en forma mancomunada, si alguno de los ahorrantes es al mismo tiempo prestatario de la entidad, se deberán compensar los saldos en la proporción que le corresponda al deudor. En ambos casos, si después de realizar la compensación de mérito existiese saldo a favor del ahorrante, dicho saldo será restituido hasta por el monto máximo de cobertura a que se refiere el presente artículo.

ARTICULO 4. Cuotas de formación.

Las cuotas que las instituciones bancarias deben aportar mensualmente a la formación del Fondo para la Protección del Ahorro serán el equivalente a una doceava parte del uno por ciento (1/12 del 1%) del monto que, al final del mes inmediato anterior, registren las cuentas de depósitos de ahorro cubiertas por el Fondo para la Protección del Ahorro en cada una de ellas, sobre las bases de cálculo siguientes:

a) En el caso de las cuentas cuyos montos sean menores o iguales al monto máximo de cobertura a que se refiere el artículo 3 de esta ley, la cuota se calculará aplicando el porcentaje sobre el saldo que las cuentas registren al fin del mes inmediato anterior.

b) En el caso de las cuentas cuyos montos sean superiores al monto máximo de cobertura a que se refiere el artículo 3 de esta ley, la cuota se calculará aplicar el porcentaje referido sobre el monto máximo de cobertura.

Para el cálculo de las cuotas a que se refiere el presente artículo se tomará de base la información que para el efecto la Superintendencia de Bancos requerirá a las instituciones bancarias. En todo caso la Junta Monetaria, cuando lo estime conveniente, puede modificar las bases de cálculo previstas en este artículo.

Para el pago de las cuotas de referencia, el Banco de Guatemala queda autorizado para que dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al que corresponda la información, debite las cuentas de depósito que las instituciones bancarias mantienen para efectos del encaje bancario.

Cuando una institución bancaria no proporcione la información necesaria para el cálculo de la cuota, el Banco de Guatemala debitará !a cuenta respectiva con base en la última información proporcionada por la institución, sin perjuicio de efectuar los ajustes pertinentes cuando se complete la información requerida. Si luego de realizar dichos ajustes, resulta una diferencia que pagar por la institución bancaria a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, se calcularán sobre dicha diferencia intereses a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, en la forma que se indica en el artículo 13 de la presente ley, por el tiempo que hubiere estado pendiente el pago. En el caso de que la diferencia fuere a favor de la institución bancaria, la misma se aplicará a las cuotas de los meses siguientes hasta agotarla.

ARTICULO 5. Suspensión de cuotas de formación.

La obligación de las instituciones bancarias de aportar las cuotas de formación al Fondo para la Protección del Ahorro cesará, para cada institución, cuando el saldo de dicho aporte alcance el diez por ciento (10%) del monto de los depósitos de ahorro establecido de conformidad con las bases de cálculo a que se refieren las literales a) y b) del artículo 4 de la presente ley. Para el efecto, el fiduciario deberá llevar un registro de las cuotas de cada institución participante.

Con excepción de lo previsto en el artículo 6 de esta ley, si por cualquier circunstancia los recursos aportados al Fondo para la Protección del Ahorro por la institución de que se trate se situaran por debajo del porcentaje señalado, la institución en referencia deberá reiniciar el pago de sus cuotas de formación hasta alcanzar el porcentaje mencionado.

ARTICULO 6. Cuotas de reposición.

Si como resultado de los pagos que se efectúen a los ahorrantes, al amparo de esta ley, los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro llegan a representar menos del diez por ciento (10%) del monto de los depósitos de ahorro establecido de conformidad con las bases de cálculo a que se refieren las literales a) y b) del artículo 4 de la presente ley, las instituciones bancarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5 de esta ley, deberán aportar cuotas de reposición. Para el efecto, el fiduciario, con base en la información que le proporcione la Superintendencia de Bancos establecerá el monto de la deficiencia y la distribuirá entre las instituciones bancarias en forma proporcional a la sumatoria de los montos que individualmente sirven de base para el cálculo de las cuotas de conformidad con el citado artículo 4. La obligación de las instituciones bancarias de aportar las cuotas de reposición al Fondo para la Protección del Ahorro cesará, para cada una de ellas, cuando el monto de la deficiencia, que proporcionalmente el fiduciario les distribuyó, esté totalmente pagado. Las cuotas de reposición se harán efectivas a partir del mes siguiente a la fecha en que los bancos participantes hayan concluido el pago de las cuotas de formación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente ley.

Las cuotas mensuales de reposición serán el equivalente a una veinticuatroava parte del uno por ciento (1/24 del 1%) del monto que, al final del mes, sobre las bases del cálculo establecidas en el artículo 4 de esta ley, registren las cuentas de depósito de ahorro de cada institución. A dichas cuotas también se les aplicará las demás disposiciones contenidas en el indicado artículo.

Las cuotas de reposición serán devueltas a las instituciones bancarias en forma proporcional hasta por el monto de dichas cuotas, cuando los recursos en efectivo indicados en las literales c) y d) del artículo 2 de esta ley, sumados a los recursos con que cuente el Fondo para la Protección del Ahorro, excedan el límite del diez por ciento (10%) a que se refiere el presente artículo. Dicha devolución se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el fiduciario establezca el referido excedente.

ARTICULO 7. Aportes extraordinarios.

De determinarse que los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro resultaren insuficientes para cumplir en cada caso con las obligaciones derivadas de la aplicación de la presente ley, el Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, y con carácter excepcional y temporal, a requerimiento del fiduciario, hará los aportes extraordinarios respectivos por el monto equivalente a las cuotas de formación de las instituciones bancarias participantes, para completar el diez por ciento (10 %) del monto de los depósitos de ahorro establecido de conformidad con las bases de cálculo a que se refieren las literales a) y b) del artículo 4 de la presente ley, para cuyo efecto dicho Ministerio queda autorizado para realizar las transferencias presupuestarias correspondientes. Si fueran necesarios los aportes extraordinarios del Gobierno de la República, éstos serán restituidos por el Fondo para la Protección del Ahorro, a partir de la siguiente cuota mensual de formación que aporten las instituciones bancarias.

Los aportes a que ser refiere este artículo no devengarán intereses.

ARTICULO 8. Fideicomiso.

Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro serán administrados por virtud de esta ley, mediante un fideicomiso en el Banco de Guatemala.

Los elementos personales del fideicomiso son los siguientes:

Fideicomitentes: Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, y las instituciones bancarias privadas nacionales y sucursales o agencias de bancos extranjeros.

Fiduciario: Banco de Guatemala.

Fideicomisarios: Los ahorrantes que se beneficien con la presente ley.

La escritura pública constitutiva del fideicomiso deberá suscribirse dentro de los sesenta días posteriores a la fecha en que cobre vigencia la presente ley.

ARTICULO 9. Procedimiento de pago.

El Banco de Guatemala, en su calidad de fiduciario, iniciará los pagos a los ahorrantes con motivo de la aplicación de la presente ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que el Superintendente de Bancos o la Junta Monetaria, según el caso, le notifiquen el haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente lo relativo a la ocurrencia en una institución bancaria de cualquiera de las causales de quiebra o liquidación previstas en las leyes de la materia.

El ahorrante que sea beneficiado por la mencionada cobertura por ministerio de la ley, subroga sus derechos a favor del fideicomiso a que se refiere el artículo anterior, por la suma que le haya sido pagada por el Fondo para la Protección del Ahorro, en cuyo caso no se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley de Bancos, en lo que se refiere al privilegio que el mismo otorga a los depósitos de ahorro.

El pago que haga el Banco de Guatemala, en su calidad de fiduciario, a los ahorrantes, con motivo de la aplicación de esta ley, es sin perjuicio de los derechos de los mismos de exigir a la institución bancaria correspondiente, la restitución del saldo de sus depósitos no cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro.

El Banco de Guatemala, como fiduciario, queda autorizado para contratar los servicios de las instituciones bancarias que considere conveniente, a efecto de realizar los pagos correspondientes, así como para reconocer las comisiones u honorarios por los servicios de que se trate, con cargo al Fondo para la Protección del Ahorro.

ARTICULO 10. Inversión.

El Banco de Guatemala, en su calidad de fiduciario, debe invertir los recursos de Fondo para la Protección del Ahorro en instrumentos financieros expresados en moneda nacional o extranjera, conforme sanos y prudentes criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que aseguren una adecuada diversificación de las inversiones. Se prohibe al fiduciario invertir los recursos obtenidos por el Fondo para la Protección del Ahorro en instrumentos de inversión a cargo de las instituciones bancarias que contribuyan a éste y en los de las sociedades financieras del país. La política de inversión del Fondo para la Protección del Ahorro deberá ser definida por la Junta Monetaria.

ARTICULO 11. Supervisión.

El Fondo para la Protección del Ahorro estará sujeto a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 12. Informes y Publicaciones.

El Banco de Guatemala, en su calidad de fiduciario, trimestralmente deberá presentar a la Junta Monetaria un informe de las operaciones del Fondo para la Protección del Ahorro del trimestre anterior.

Las instituciones bancarias a que se refiere el presente decreto están obligadas a informar a todas las personas con las que realicen operaciones depositarias, que la cobertura a que se contrae esta ley es aplicable a los depósitos de ahorro, hasta por el monto máximo de cobertura correspondiente. Para el efecto, en todos los contratos, libretas e instrumentos que documenten la operación realizada deberá consignarse dicha circunstancia. Asimismo, deberán mantener en lugar visible, en todas las áreas de atención al público, los avisos correspondientes en el sentido indicado.

El Banco de Guatemala, en su calidad de fiduciario, deberá publicar trimestralmente, en por lo menos dos diarios del país, información relativa a la situación del Fondo para la Protección del Ahorro y a la composición de sus recursos e inversiones, referida al trimestre anterior.

ARTICULO 13. Sanciones.

Cuando una institución bancaria no tuviere suficientes fondos en su cuenta de encaje, de tal manera que no sea posible efectuarle el cobro total o parcial de la cuota de formación o la de reposición a que se refieren los artículos 4 y 6 de esta ley, el Banco de Guatemala le informará al Superintendente de Bancos dicha situación, para que éste le imponga una multa sobre el importe de la suma no pagada, equivalente a la aplicación de una vez y media la tasa máxima de interés anual que la propia institución bancaria hubiere cobrado en sus operaciones activas durante el mes a que corresponda la cuota no pagada.

Los recursos provenientes de las multas impuestas de acuerdo con el párrafo anterior pasarán a formar parte del Fondo para la Protección del Ahorro.

ARTICULO 14. Disposiciones reglamentarias.

La Junta Monetaria podrá emitir las disposiciones reglamentarias para el estricto cumplimiento de la primera parte de esta ley, sin alterar su espíritu.

SEGUNDA PARTEDE LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

ARTICULO 15. Objeto.

Las instituciones bancarias en las que se detecten, a criterio de la Superintendencia de Bancos, con aprobación de la Junta Monetaria, graves irregularidades administrativas o serios problemas financieros que pongan en peligro su posición de liquidez, solvencia o solidez patrimonial, quedan sujetas a intervención en los términos contemplados en esta ley.

Las disposiciones de la presente ley tienen carácter de orden público pues persiguen salvaguardar y asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional.

ARTICULO 16. Procedimiento y solicitud.

Cuando la Superintendencia de Bancos, observando el principio del debido proceso, establezca que en una institución bancaria existen graves irregularidades administrativas o serios problemas financieros que pongan en peligro su posición de liquidez, solvencia o solidez patrimonial, lo informará a la Junta Monetaria, quien con base en el referido informe y con el voto favorable de por lo menos tres cuartas partes de sus miembros, resolverá la intervención administrativa de la institución bancaria de que se trate, para cuyo efecto nombrará una Junta de Intervención, quien no estará obligada, como cuerpo colegiado, ni sus miembros que la integren, a prestar fianza o garantía por su actuación y ordenará la inmediata suspensión de funciones de la totalidad de los miembros de los órganos de administración.

La intervención implica, por ministerio de la ley y por razones de ‘ interés social, la inmediata suspensión de los derechos patrimoniales y administrativos que incorporan las acciones de la institución bancaria intervenida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, se podrá aplicar a la institución bancaria de que se trate, las disposiciones atinentes contenidas en la Ley de Bancos y otras leyes, tendientes a corregir las irregularidades administrativas o deficiencias financieras detectadas.

ARTICULO 17. De la Junta de Intervención.

La Junta de Intervención estará integrada por tres miembros, así:

a) Un presidente, quien ostentará la representación que de conformidad con la ley y los contratos sociales le correspondan a los órganos de administración de la institución bancaria intervenida;

b) Un vocal primero; y

c) Un vocal segundo.

Los miembros de la Junta de Intervención desempeñarán los cargos a tiempo completo en la institución bancaria intervenida y devengarán el salario que para ese efecto fije la Junta Monetaria, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Bancos.

La Junta de Intervención sesionará, como mínimo, una vez por semana y tendrá las funciones y atribuciones que establece esta ley y las que le asigne la Junta Monetaria.

Dicha Junta adoptará sus decisiones por mayoría de votos, dejando constancia de sus actuaciones en acta.

ARTICULO 18. Facultades administrativas y patrimoniales.

La Junta de Intervención, por el hecho de su nombramiento y por ministerio de esta ley, queda investida en exclusiva de la totalidad de las facultades de dirección y administración que de conformidad con la ley y los contratos sociales le correspondan a los órganos de administración de la institución bancaria intervenida, incluyendo, si fuere el caso, la facultad de reducir el capital de la misma, con base en los ajustes firmes ordenados por la Superintendencia de Bancos, así como de aquellas facultades que fueren necesarias o convenientes para corregir las irregularidades administrativas detectadas, procediendo como es de ley ante los eventuales ilícitos penales contra los miembros del Consejo de Administración, gerentes, subgerentes y demás funcionarios y empleados. Estas personas, que en sentencia penal o civil resultaren responsables de actuaciones que hayan puesto en peligro la posición de liquidez, solvencia o solidez patrimonial de la institución bancaria intervenida, no podrán adquirir a título, oneroso o comprar bajo ninguna modalidad las acciones a que se refiere el artículo 19 de esta ley, aplicándose, para el efecto, las mismas limitaciones previstas en dicho artículo.

Asimismo, la Junta de Intervención estará facultada para acordar y ejecutar todas aquellas medidas que estimare necesarias o convenientes para subsanar los problemas financieros que afecten la posición de liquidez, solvencia o solidez patrimonial de la institución bancaria intervenida, en especial para realizar todas o cualesquiera de las acciones siguientes:

a) La reducción de inversiones sujetas a requerimiento patrimonial;

b) La capitalización de reservas o utilidades necesarias para cubrir las deficiencias patrimoniales;

c) El aumento del capital autorizado y la negociación de acciones en el monto necesario para cubrir las deficiencias patrimoniales;

d) La compensación con acciones de las acreedurías que tengan contra la institución bancaria, cualesquiera clase de acreedores;

e) La contratación de uno o más créditos subordinados dentro de la estructura de capital de la institución bancaria intervenida,

f) La venta en oferta pública, bursátil o extrabursátil, de un número de acciones comunes de la institución bancaria intervenida, que colocadas a su valor nominal o a uno distinto, permitan subsanar los problemas financieros de liquidez, solvencia o solidez patrimonial. Si la institución bancaria intervenida no cuenta con suficiente capital autorizado para emitir el monto de acciones comunes requerido, entonces, el capital autorizado se entenderá automáticamente incrementado por ministerio de la ley, en la suma que fuere necesaria para cubrir la deficiencia; y

g) La enajenación de los activos y derechos de la institución bancaria intervenida en el precio, forma y condiciones que, previa aprobación de Junta Monetaria; se estime conveniente.

La Junta de Intervención nombrada deberá llevar cuenta ordenada y comprobada de su administración, de lo cual deberá informar mensualmente a la Junta Monetaria o a requerimiento de ésta.

ARTICULO 19. Régimen Sancionatorio.

Los accionistas que en sentencia civil o penal firme resultaren responsables de actuaciones que hayan puesto en peligro la posición de liquidez, solvencia o solidez patrimonial de la institución bancaria intervenida deberán vender sus acciones por medio de la bolsa de valores, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que quede firme la sentencia respectiva. Dichas acciones no podrán ser adquiridas a título oneroso o compradas bajo ninguna modalidad, por el cónyuge del accionista de que se trate, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o por personas jurídicas en las que tales accionistas sean socios, en forma directa o por interpósita persona. El incumplimiento de esta disposición o la

compra, adquisición o tenencia, bajo cualquier modalidad, en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar .a que los derechos incorporados en las acciones correspondientes queden en suspenso, hasta que tales acciones salgan del dominio de las personas aquí referidas, aspecto que deberá comprobar la Superintendencia de Bancos y a la adopción de las acciones penales pertinentes.

Las sanciones a que se refiere el presente artículo deberán aplicarse indefinidamente, sin perjuicio de que la Junta Monetaria haya resuelto dar por terminada la intervención.

ARTICULO 20. Adquisiciones.

El Banco de Guatemala, con autorización previa de la Junta Monetaria y previo informe de la Superintendencia de Bancos, podrá participar en los procesos de adquisición de bienes, derechos o acciones de la institución bancaria intervenida, así como conferirle crédito en los términos que la Junta Monetaria estime adecuados para salvaguardar el sistema de pagos, dentro del marco de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

El Banco de Guatemala deberá vender las acciones adquiridas como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante oferta bursátil o extrabursátil, de tal forma que se garantice la transparencia de la negociación, dentro de los dos años siguientes a partir de la fecha en que se hayan levantado las medidas dictadas en aplicación de la presente ley. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Junta Monetaria, a solicitud del Banco de Guatemala.

Las instituciones del sistema bancario nacional podrán suscribir y pagar acciones de una institución bancaria privada nacional intervenida de conformidad con esta ley, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. Asimismo, podrán otorgarle préstamos convertibles en acciones, a un plazo. no. mayor de tres años, los que se capitalizarán obligatoriamente y se convertirán en acciones si los mismos no fueren pagados en el plazo estipulado en el o los contratos correspondientes. En ningún caso el valor de tales préstamos podrá representar más del veinte por ciento (20%) del patrimonio computable de la institución prestamista.

ARTICULO 21. Prohibiciones.

Queda terminantemente prohibido que las instituciones bancarias otorguen financiamiento a deudores que formen parte de la cartera crediticia de la institución bancaria intervenida, calificada como de recuperación dudosa por la Superintendencia de Bancos, excepto en aquellos casos en que el financiamiento se destine para la cancelación de obligaciones a favor de la institución intervenida de conformidad con esta ley o para la implementación de programas de recuperación de la deuda correspondiente a favor de la institución . intervenida. Para el efecto, la Superintendencia de Bancos deberá informar mensualmente a las instituciones bancarias los nombres de los deudores que se encuentren en esa situación. En todo caso, la prohibición cesará hasta que los saldos adeudados hayan sido cancelados o que la cartera, a juicio de la Superintendencia de Bancos, deje de ser de recuperación dudosa.

ARTICULO 22. Cesación.

La intervención de una institución bancaria deberá cesar si la Junta Monetaria, con base en informe del Superintendente de Bancos, declara que las irregularidades administrativas causa de la intervención han sido subsanadas o bien que los problemas financieros de liquidez, solvencia o solidez patrimonial, también motivo de la intervención, han sido corregidos.

ARTICULO 23. Liquidación.

La intervención de una institución bancaria que no consiga, dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de toma de posesión de la Junta de Intervención, subsanar las irregularidades administrativas o corregir los problemas financieros de liquidez, solvencia o solidez patrimonial, obliga a dicha Junta a comunicar tales hechos a la Superintendencia de Bancos, quien previa aprobación de la Junta Monetaria, debe poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que se proceda con el proceso de ejecución colectiva correspondiente.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá prorrogarse por dos años más, a solicitud razonada del Superintendente de Bancos.

ARTICULO 24. No Interferencia.

La intervención de una institución bancaria, en nada restringe, limita o menoscaba las facultades de vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Cualquier persona individual o jurídica, vinculada con la institución bancaria o que le preste servicios de apoyo al giro bancario, de procesamiento de cualquier tipo de información o de cualesquiera otra clase de servicios, está obligada a poner a disposición de la Superintendencia de Bancos, en la fecha y forma que ésta lo requiera, la información sobre hechos,, operaciones, actos o negocios que la institución bancaria realice con ella, y a permitir la realización de las auditorías que dicha Superintendencia de Bancos estime pertinente, en el plazo que se le fije para el efecto.

Se entiende por persona vinculada, la que por razones de control societario, de propiedad, de parentesco u otras circunstancias, a criterio razonado de la Superintendencia de Bancos, está en posición de influir en la toma de decisiones de la institución bancaria correspondiente.

El Superintendente de Bancos, en caso que las personas aquí mencionadas se nieguen a dar cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo y obstaculicen la labor de la Superintendencia de Bancos en ese sentido, podrá acudir sin más trámite ante Juez de primera Instancia del Ramo Civil, para que éste ordene la exhibición o presentación de los libros, documentos, instrumentos o informes, o dicte las medidas cautelares que sean pertinentes, sin perjuicio de iniciar las acciones penales correspondientes.

ARTICULO 25. Divulgación.

A fin de preservar la confianza en el Sistema Bancario Nacional y en el sistema de pagos, la Junta Monetaria, por medio del Banco de Guatemala, deberá informar al público acerca de la aplicación del mecanismo de protección del ahorro, así como de la intervención que de conformidad con esta ley decida, identificando en forma clara y completa a la institución bancaria afecta.

ARTICULO 26. (Transitorio).

La primera de las cuotas de formación que se refiere. el artículo 4 de la presente ley, se hará efectiva el primer día hábil del mes calendario siguiente a la formalización del fideicomiso previsto en el artículo 8 de esta ley.

ARTICULO 27. Vigencia.

El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

LEONEL ELISEO LOPEZ RODASPRESIDENTE

ARTURO G. DE LA CRUZ G.SECRETARIO

JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIASECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRIGOYEN

JUAN JOSE SERRAMINISTERIO DE ECONOMIA

LICDA. ROSAMARIA CABRERA ORTIZ SUB SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAENCARGADA DEL DESPACHO