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Legislatura Pyme
Madrid, noviembre de 2011
Legislatura Pyme 2
Sumario
Presentación……………………………………………………..3
1. Estancamiento económico:
incertidumbre y desconfianza………….............................. 9
1.1. Estabilidad presupuestaria……..……………….…..10
2. Tejido pyme y empresarios autónomos:
el impacto de la crisis……………………………………….…13
3. Una escalada de dificultades…………………….…….….16
3.1. Morosidad…………………………….......................16
3.2. Financiación………………………………………..….20
3.3. Mercado laboral…………………............................ 24
3.4. Formación……………………………………….…......27
3.5. Disminución de la presión fiscal…………………..…29
3.6. Un entorno favorable, sin trabas………………........31
3.7. La apuesta por la innovación…………………...…..33
3.8. La internacionalización de la pyme………….……. 36
4. Fomento del espíritu emprendedor……........................40
4.1. Situación del emprendedor ern España..……..…..42
1.1 Diagnóstico de la actividad emprendedora..…..…..43
5. Resumen de las propuestas de Cepyme......................44
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Presentación
La convocatoria anticipada de elecciones generales es una
inmejorable ocasión para replantearse la eficiencia de las medidas
hasta ahora adoptadas y para realizar un profundo análisis y un
sereno debate sobre la situación que atraviesa España.
A este análisis, a la participación en el debate y a la propuesta de
soluciones constructivas quiere contribuir Cepyme con el presente
documento, que es presentado a la opinión pública y a los
partidos políticos que van a concurrir a las elecciones, con la
esperanza de que éstos hagan suyas unas propuestas que parten
del conocimiento cabal de la realidad de las pymes españolas y
de los empresarios autónomos, y con la pretensión de reflejar
fielmente sus preocupaciones, sus temores y su esperanza ante
la nueva etapa política que se abrirá el 20-N.
En primer lugar, es necesario es tomar conciencia —y ayudar a
que la sociedad española la tome— de la gravísima situación
económica y financiera de España, de la evolución negativa que ha
experimentado en los últimos años y de la necesidad de
prepararnos para medidas que exigen renuncias y sacrificios.
Esta conciencia de la realidad que vivimos dista mucho de ser la
adecuada al momento. Todavía los españoles no comparten el
hecho de que España está intervenida de hecho, con casi cinco
millones de parados, con una economía en declive y con una
situación financiera que obliga al BCE a comprar deuda soberana
para evitar que ésta se hunda y la prima de riesgos se dispare.
En primer lugar,
tomar conciencia
de la gravedad
de la situación
Legislatura Pyme 4
El anuncio reiterado de “brotes verdes” que nunca llegaron a
materializarse, o la insistencia en predecir creación de empleo
neto para el siguiente trimestre, o la afirmación de que podía
haber una salida a la crisis sin ajustes ni sacrificios, también han
contribuido a la falta de mentalización de la sociedad española
ante la recesión.
Es cierto que la crisis es mundial, pero no lo es menos que desde
que comenzó el paro en España ha crecido del 8 al 21 por ciento,
mientras que en Alemania, el país más grande de la UE, se ha
mantenido inalterable en el 8 por ciento.
Es asimismo evidente que España, que hace diez años formaba
parte del pelotón de cabeza de la Unión, creaba más empleo que
ningún otro país y aspiraba a desbancar a la propia Francia en
nivel de renta y desarrollo económico, hoy es uno de los países
que despiertan más recelos e interrogantes.
Nuestro pasado reciente nos invita a ser optimistas. En otras
épocas, España creó casi ocho millones de puestos de trabajo y
fue punto de destino de una inmigración atraída por las
oportunidades que nuestro suelo les brindaba. Esos tiempos
pueden volver si se aplican las medidas y políticas adecuadas.
Y debemos reconocer, en fin, que desde hace cuatro años las
políticas ante la crisis constituyen un completo catálogo de lo que no
debe hacerse. Por ejemplo:
● Negar la mera existencia de la crisis. Negar también sus efectos
sobre España y la posibilidad de que se extendiera desde el ámbito
financiero al conjunto de los sectores productivos, como
finalmente ha sucedido.
Debemos
reconocer que aun
participando
España del grave
momento
internacional, la
crisis presenta en
nuestro país rasgos
distintivos y más
graves, que reflejan
unas malas
políticas aplicadas
Las políticas ante
la crisis han sido
un catálogo de lo
que no debe
hacerse
Legislatura Pyme 5
● Una vez aceptada con retraso su existencia, se ha respondido a
la crisis con políticas de gasto que han disparado el déficit y la
deuda; y se han contratado a 300.000 nuevos empleados públicos
desde 2007.
● Las subidas de impuestos destruyen empleo. Y más si se hacen
sobre figuras impositivas que penalizan el ahorro y la inversión.
Acometer la reducción del déficit por la vía del ingreso y no
disciplinando el gasto nos ha llevado a la situación actual. Han
subido todos los impuestos e incluso han resucitado algunos de
los antiguos, sin que ello haya evitado la caída de la actividad y
del empleo.
● La reiterada negativa a realizar las reformas estructurales que
desde todos los ámbitos nacionales e internacionales se nos han
exigido: si exceptuamos el retraso de la edad de jubilación y la
limitación constitucional del gasto, quedan pendientes la reforma
laboral, la de la negociación colectiva, la educativa, la de los entes
territoriales, la financiera y muchas otras.
● La demonización de sectores completos de actividad —que ha
sufrido el empresariado y su consideración social— también ha
contribuido al hundimiento de los mismos; y con ellos, al del
conjunto de la economía: la construcción residencial, el turismo de
sol y playa o la energía nuclear, por poner solamente unos
ejemplos, han sufrido un clima social y de opinión adverso que se
ha unido a otras circunstancias negativas.
La promoción de sectores de futuro, tecnológicos y basados en
las energías renovables no debe hacerse a costa de grandes
Legislatura Pyme 6
dispendios económicos y poniendo en riesgo los tradicionales
medios de vida de muchos españoles.
En este contexto, hay que dejar bien claro que han sido las pymes
y el empresariado autónomo, que en el pasado fueron motor de
riqueza y de creación de empleo, quienes más han sufrido la crisis
por los siguientes motivos:
Primero, porque las pymes no tienen acceso a adquirir dimensión
internacional, como acertadamente han hecho las grandes
empresas españolas, que hoy obtienen tres cuartas partes de su
facturación y la totalidad de sus beneficios en otros países. En la
misma línea, las pymes tienen grandes dificultades para exportar
y acceder a los mercados exteriores paliando así, como han
hecho las grandes, el desplome del mercado interno.
Igualmente, en un contexto de gran restricción crediticia, las
pymes han tenido problemas para renegociar sus deudas o para
obtener nuevos créditos. Mientras que las grandes renegocian
con las entidades financieras, porque de otra manera pueden
poner a éstas en quiebra, las pequeñas y medianas han tenido
que desapalancarse súbitamente, justo en el momento en que la
crisis difería los plazos de pago, que en el caso de las
administraciones públicas son ahora escandalosamente largos.
Todo lo anterior, unido a los problemas de las pymes para generar
economías de escala que permitan la investigación e innovación,
explica que en los últimos cuatro años hayan desaparecido casi el
20 por ciento de las pequeñas empresas y autónomos, en número
próximo al medio millón, mientras que solamente el cuatro por
ciento de las grandes ha tenido que cerrar. La aportación de los
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autónomos y empresarios a la tasa de paro es incluso superior
que la de los asalariados.
En resumen, el desplome de la demanda, la falta de financiación,
el vedado acceso al exterior, la morosidad de las administraciones
y las dificultades para investigar e innovar son rasgos
diferenciales de la situación de la pyme, que se vienen a añadir a
aquellas otras circunstancias que compartimos con las empresas
de todos los tamaños en materia de mercado de trabajo,
convenios colectivos, trabas administrativas, fiscalidad, costes
sociales, etcétera.
Pero las pymes y los autónomos son en España el 99,9% del
número total de empresas; crean y mantienen casi el 80% del
empleo y aportan a la producción nacional más del 65%. Con
estas cifras, cualquier política futura que no tenga en cuenta las
limitaciones y necesidades de las pymes está directamente
abocada al fracaso, como ha sucedido con las ensayadas hasta
ahora.
No ha habido ninguna sensibilidad hacia los problemas de las
pymes, y ello no se ha percibido solamente en la ausencia de las
grandes reformas estructurales, sino en la gestión del día a día,
en la cual todo tipo de consideraciones ajenas han pasado por
encima del principio de promover a las pymes. Y esto se ha
notado en todo momento, desde la prohibición total del tabaco en
la hostelería, hasta la permisividad con acciones de ocupación de
espacios públicos no autorizadas, que han perjudicado a gran
número de comercios y restaurantes, pasando por las dilaciones y
dejaciones a la hora de acometer crisis como la la que ha
afectado a nuestros agricultores.
Legislatura Pyme 8
Por todos estos motivos, y en la esperanza de que tras las
próximas elecciones salga de las urnas un Gobierno fuerte que
permita poner a España en la senda adecuada, Cepyme expone a
continuación sus propuestas y sugerencias, con el fin de contribuir
a situar a España de nuevo en la senda de la recuperación y en el
pelotón de cabeza de los países más solventes de la Unión
Europea.
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1. Estancamiento económico: incertidumbre y desconfianza.
Los débiles crecimientos de la economía española, tras el periodo recesivo de
2008, no son sino la expresión más evidente de una situación de
estancamiento en la que los indicadores reflejan un permanente riesgo de
recaída, cuyos efectos serían más perniciosos que en la mayoría de las
economías de nuestro entorno.
Las perspectivas para este ejercicio coinciden en apuntar un ligero incremento
del PIB, entre cinco y ocho décimas (si no se producen acontecimientos que
llevarían a España a un crecimiento negativo), como consecuencia de la
prolongada anemia de la demanda interna, caracterizada por la debilidad del
consumo de las familias y la escasa ausencia de registros en el capítulo de la
inversión. Sólo el mercado exterior compensa parcialmente la atonía interna,
incluyendo en este amplio capítulo el buen comportamiento del sector servicios
debido a la buena coyuntura turística.
Consecuencia de ello, entre otros aspectos, es el hecho de que España afronte
el último trimestre del cuarto año de esta crisis en un marco de desconfianza y
de gran incertidumbre, en el que toma posiciones un cierto pesimismo
generalizado, no sólo por las dificultades objetivas de la coyuntura, sino
también —y no menos importante— por la política errática, tibia y tardía de la
que han hecho gala los máximos responsables de las instituciones públicas.
En todo caso, la tozudez de los hechos refleja un progresivo deterioro de los
indicadores, actualmente amenazados con nuevos nubarrones. Y así, al
margen del buen comportamiento del sector exterior que ha mostrado la
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economía española en el periodo reciente, los datos ponen de manifiesto que
la demanda externa no ha sido capaz de tirar finalmente de la actividad interna
de las empresas, manteniéndose ésta aún en registros muy negativos.
Este grave error de cálculo se une, además, al fallido intento de mantener
artificial y provisionalmente la actividad económica interna mediante políticas
de pseudoinversión (como los sucesivos planes E) o de sobreprotección (como
los 400 euros comprometidos en la campaña electoral de 2008), cuya
aplicación ha contribuido decisivamente al consumo de recursos públicos y,
como consecuencia, al posterior desplome de la inversión pública debido a la
necesidad de corregir las previsiones de gasto, ante la exigencias de nuestros
socios europeos, para recuperar la senda de la estabilidad presupuestaria.
Tampoco han contribuido suficientemente las instituciones europeas a la
recuperación de la confianza, debido a las dificultades para adoptar una política
común y, como consecuencia, a la excesiva lentitud a la hora de abordar la
crisis de la deuda soberana de los países periféricos. Además, en las últimas
semanas se han producido dos hechos relevantes a tener en cuenta. Por un
lado, el acuerdo alcanzado para la recapitalización del sector financiero castiga
sobremanera a la banca española. Y por otro, la decisión del Gobierno griego
de someter a referéndum las exigencias europeas para su rescate abre una
nueva crisis que pone en cuestión, incluso, la propia continuidad del euro en las
condiciones actuales y la credibilidad de las economías periféricas.
1. 1. Estabilidad presupuestaria
Durante el último periodo hemos asistido a una repentina recuperación de la
concepción keynesiana de gestión macroeconómica, caracterizada por el uso
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discrecional de la política fiscal para la consecución del objetivo de sustento y
reactivación del sistema económico y financiero.
Dicha concepción ha tenido como resultado principal un considerable aumento
de los niveles de endeudamiento, una excesiva presión fiscal y una clara
interferencia en las decisiones de inversión de los agentes, detrayendo
ingentes recursos a la iniciativa privada. Un proceso que, prolongándose en el
tiempo, conduce a unos pobres resultados en términos de crecimiento
económico, creación de empleo y estabilidad de precios.
Los elevados déficit crónicos, sumados a los efectos negativos del aumento de
la presión fiscal sobre la inversión y del consumo, han producido una
acumulación muy rápida y continua de la deuda.
Según los últimos datos publicados, los recortes en el gasto público aplicados
en el segundo semestre de 2010 han reducido el déficit del Estado hasta los
37.016 millones, el 3,42% del PIB. Y el déficit de caja era de 31.000 millones,
frente a los 37.000 de hace un año.
Unos datos que, según el Gobierno, permiten afrontar con esperanza los
objetivos de déficit para este año (6%), así como el objetivo del 3% para 2013.
Sin embargo, la opinión generalizada de los analistas es ciertamente pesimista,
debido sobre todo al lento progreso que presentan en este sentido las
comunidades autónomas y las corporaciones locales.
A ello se une, además, el deterioro de los ingresos, consecuencia de la caída
de la actividad, así como el aplazamiento de la venta parcial de Loterías y
Aena. Los ingresos de la Administración del Estado se han reducido un 16,7%
hasta el mes de septiembre, debido fundamentalmente a la menor recaudación
impositiva (-23,4%), cuyos valores más significativos son: IVA (-33%), Impuesto
de Sociedades (-12%) e IRPF (-15%).
Legislatura Pyme 12
En todo caso, la reducción del gasto público se ha apoyado fundamentalmente
en los recursos destinados a la inversión, mientras que el gasto corriente ha
seguido aumentando.
Según los datos de los tres primeros trimestres de 2011, el gasto público del
Estado se redujo casi un 17% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Pero si se elimina el efecto de las transferencias corrientes (recursos
destinados a las administraciones autonómicas y locales), la reducción del
gasto total se limita al 5,5%, mientras que el gasto corriente se incrementa en
un 4,6%. Por el contrario, los recursos destinados a la inversión, que ya en
2010 descendieron por encima del 20%, durante los nueve primeros meses de
este año han caído casi un 38%.
Las escasas perspectivas de crecimiento, los incrementos de la deuda y de la
carga de intereses pesan sobre los mercados imposibilitando refinanciar las
obligaciones de pago de nuestra economía, lo que alimenta las dudas sobre la
sostenibilidad de las finanzas públicas y reduce el alcance de los
estabilizadores automáticos.
Por ello, es preciso avanzar en la aplicación de los compromisos fiscales
adquiridos con la UE de reducción del déficit estructural y del endeudamiento
público, mediante un adecuado desarrollo de la reciente reforma constitucional
que limita el déficit de las administraciones públicas, que incluya una
transparente definición del déficit estructural y que limite a un reducido número
de contingencias excepcionales la posibilidad de sobrepasar los techos
establecidos.
La orientación de la política fiscal hacia estos objetivos es importante, por un
lado, para mejorar la confianza de los agentes y por tanto reducir en el corto
plazo el riesgo sistémico de nuestra economía; y por otro, de cara a la
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consecución de la estabilidad presupuestaria a largo plazo en la economía
española, factor fundamental para recuperar su crecimiento potencial.
Para ello, la estrategia para alcanzar los objetivos determinados por parte de
cada administración debe pasar fundamentalmente por una reestructuración y
reorientación del gasto público, priorizando la limitación de los gastos corrientes
y optimizando las asignaciones correspondientes a los gastos por inversión.
De nada servirá la adopción unilateral, por parte de la Administración General
del Estado, de un conjunto de medidas necesarias para equilibrar las cuentas
públicas, si el mismo esfuerzo no es simultáneamente realizado por el conjunto
del sector público. Por lo tanto, es imprescindible que se especifiquen y
concreten los compromisos de refuerzo del marco de estabilidad
presupuestaria aplicables por parte de todas las administraciones públicas y,
en particular, por las comunidades autónomas.
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2. Tejido pyme y empresarios autónomos: el impacto de la crisis
La cara más dramática de la crisis —el paro— tiene su origen en el paulatino
debilitamiento del tejido empresarial español, que se ha reducido
sensiblemente durante los últimos cuatro años, tanto en número (empresas
activas) como en tamaño (empleo).
Los datos aportados por el Registro de Empresas de la Seguridad Social
revelan una pérdida neta de más de 180.000 empresas y más de dos millones
de empleos en los últimos cuatro años. Es decir, el número de empresas ha
disminuido en más de un 12,5% y la tasa de paro (EPA) supera el 21%.
En estos cuatro años también se ha producido un importante deterioro en el
sector de los trabajadores y empresarios autónomos, cuyo número total se ha
reducido desde los 3,4 millones inscritos al comienzo de la crisis hasta los 3,2
millones de 2011. El balance neto arroja un saldo negativo de casi 300.000
autónomos, el 9% del total.
Un análisis más pormenorizado de estas grandes cifras pone de manifiesto que
han sido las pymes las que más acusan el impacto de esta crisis,
independientemente de que, en general, todas hayan experimentado las
consecuencias de una menor actividad en términos de facturación, empleo y
resultados.
Así, mientras el número de empresas de 500 o más trabajadores se ha visto
reducido en un 4,5% en los últimos cuatro años, el de las empresas de 6 a 49
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empleados se ha recortado en un 22%; y el número de empresas con una
plantilla entre 50 y 249 empleados, en más de un 16,5%.
El segmento más castigado ha sido el de las empresas con una plantilla entre
26 y 49 empleados, que en este periodo se ha reducido en un 25%, seguido del
grupo integrado por las de 10 a 25 empleados (-23%).
También ha sido importante el recorte sufrido por las micropymes con una
plantilla entre 1 y 5 trabajadores. En concreto, el segmento de las
microempresas con uno a dos empleados ha perdido un 8% de las existentes
en 2007; y las de plantillas entre tres y cinco empleados, el 14%.
Según un reciente informe de la Comisión Europea (¿Se están recuperando las
pymes europeas de la crisis?), el recorte de empleos por parte de estas
empresas en España ha sido del 14% en los dos últimos años (1,5 millones),
sobre todo en la construcción (50%) y en el sector manufacturero (25%). La
pérdida de puestos de trabajo en las grandes empresas en el mismo periodo
fue del 9%.
Legislatura Pyme 16
3. Una escalada de dificultades
Las causas más próximas que explican el importante deterioro del tejido pyme,
derivadas de la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país, son
perfectamente conocidas y han sido reiteradamente explicitadas —también por
las organizaciones empresariales—, aunque no suficientemente embridadas
por las instituciones públicas, de cuya intervención depende en gran medida la
generación de un entorno más favorable para el desempeño de la actividad de
las pymes y de los empresarios autónomos.
3.1. Morosidad
En el contexto actual, el aumento de la morosidad de las operaciones
comerciales lastra adicionalmente el activo circulante de las empresas,
aumentando las necesidades operativas de fondos y amplificando los efectos y
los resultados negativos de la debilidad de la demanda y de las restricciones
del acceso a la financiación.
En el sector público existe un problema de falta de datos fehacientes sobre los
tiempos medios de pago en cada una de las administraciones, por lo que
resulta complicado medir el alcance de la misma. Según el Banco de España,
la cuantía que conforma el pasivo de las administraciones públicas por cuentas
pendientes de pago con las empresas ascendió a 45.794 millones de euros en
2010. Asimismo, se produce un retraso medio de pagos situado en los 280
días. Según las Cámaras de Comercio cerca del 80% de las empresas que son
proveedoras de la Administración han tenido problemas a la hora de efectuar
Legislatura Pyme 17
sus cobros, si bien las corporaciones locales se sitúan a la cabeza de los
retrasos en sus pagos, seguidas de las comunidades autónomas y de la
Administración central.
Una corrección de la morosidad a corto plazo solucionaría en buena medida la
actual falta de liquidez de estas empresas. Sin embargo, la situación actual
incide de manera crítica sobre las empresas de menor dimensión, sobre todo
en razón de su posición de debilidad, que las condiciona a la aceptación de
largos plazos y retrasos en los pagos e impide su acceso a la contratación
pública por no poder afrontar periodos tan largos de pago.
En cuanto a las recientes modificaciones sobre la normativa de lucha contra la
morosidad de las operaciones comerciales con las administraciones públicas,
se ha de destacar que sigue descansando el cómputo de los días en la emisión
de un documento de la administración (expedición de la certificación de obra o
acreditación de la realización total o parcial del contrato).
Dadas las distorsiones que se producen en el pago por parte de las
administraciones, es necesario —en todo caso— que el cómputo de los días
comience con la entrega de mercancías, o prestación de los bienes y servicios,
tal y como establece la Ley 15/2010 en las operaciones comerciales en el
ámbito privado y conforme a lo dispuesto por la Directiva 2011/7/EU.,
Más allá del establecimiento de plazos de pagos, es fundamental establecer
instrumentos administrativos y jurisdiccionales eficaces para garantizar el
cumplimiento de la ley. En este sentido, deben introducirse los adecuados
cambios regulatorios que permitan a las empresas suspender automáticamente
la actividad con la respectiva administración en caso de incumplimiento de la
normativa de pagos. Asimismo, es preciso establecer una responsabilidad
personal por la vía de lo penal en aquellos empleados o cargos de la
administración que lleven a término prácticas de incumplimiento de la
Legislatura Pyme 18
normativa sobre los pagos de las administraciones. Por último, es necesario
agilizar la resolución de los procedimientos contenciosos-administrativos que
establezcan medidas cautelares para el pago de las deudas pendientes de las
administraciones.
Por lo que se refiere a las obligaciones de registro de facturas impagadas por
las entidades locales, la actual normativa obliga la anotación en este registro de
todas las solicitudes de pago equivalentes e incidencias contractuales, así
como la tramitación ordenada temporalmente de las mismas, sin prelaciones
injustificadas de unos pagos sobre otros. Igualmente, se obliga asimismo a
emitir un informe trimestral al pleno de la corporación indicando
individualizadamente las facturas o solicitudes de pago equivalentes con un
retraso superior a tres meses.
No obstante, estos mecanismos de evaluación y control no se están llevando a
cabo por las entidades locales; y este hecho, unido a que esta obligación no se
extiende en estos términos a las comunidades autónomas (que establecen sus
propios sistemas de control e información) ni a la Administración General del
Estado, no es posible establecer la cuantía global de los adeudos, ni efectuar
operaciones financieras que permitan la compensación de las deudas
pendientes.
Es imprescindible que tanto las autonomías como la Administración central
establezcan sus propios mecanismos de evaluación y control de las
operaciones comerciales con las empresas que presenten un retraso en los
pagos superior al establecido por la normativa vigente.
El problema de la morosidad de las operaciones comerciales es complejo y
requiere de múltiples soluciones. Dada su relación con las dificultades de
acceso a la financiación es previsible que sus efectos negativos se atenúen en
cuanto se normalicen las condiciones financieras de la economía.
Legislatura Pyme 19
Hasta entonces, es necesario establecer un orden de prelación en el gasto
público de las administraciones públicas que priorice el pago de las deudas
pendientes con las empresas. De igual forma, es necesario “activar” y extender
las medidas cautelares que dispone la normativa de morosidad para el pago de
la deuda reconocida por estas administraciones. Asimismo, deben ajustarse los
nuevos contratos de la Administración al plazo de pago establecido por esta
normativa.
La agilización de los procedimientos en los juzgados, la formulación de
sistemas alternativos de arbitraje y, con carácter excepcional, la utilización de
medios de pagos alternativos —tales como el confirming— para la deuda
pendiente de pago de las administraciones, limitarían los negativos efectos de
la morosidad.
Debe contemplarse la posibilidad de realizar la suspensión del ingreso a la
Administración Tributaria hasta que no se produzca el correlativo por la venta
de bienes o prestación de servicios, en particular en el IVA de las facturas
pendientes de cobro, así como agilizar y extender el procedimiento de
compensación de las deudas tributarias de un contribuyente con los créditos
reconocidos por acto administrativo a favor de ese mismo contribuyente, por la
prestación de bienes y servicios.
Para agilizar este procedimiento se propone: a) Que las administraciones
agilicen el reconocimiento de las deudas contraídas con las empresas que le
prestan bienes y servicios. b) Que se acorten el plazo de resolución de las
solicitudes de compensación. c) Que se establezca el silencio administrativo
positivo en estos procedimientos. d) Que se elimine el devengo de intereses de
demora, en los casos en los que se deniegue la compensación y se ingrese la
deuda tributaria en el nuevo plazo establecido.
Legislatura Pyme 20
3.2. Financiación
Pese al enorme esfuerzo que están realizando los Estados para sustentar a los
mercados financieros, no se está consiguiendo mejorar las condiciones de
acceso a la financiación por parte de las empresas, autónomos y familias. A su
vez, el ingente volumen de deuda pública que se ha emitido a los mercados,
así como el fuerte deterioro de la posición financiera del sector público de la
mayor parte de las economías avanzadas, están dificultando adicionalmente el
acceso al capital por parte de la iniciativa privada.
La consecuencia más importante es que se sigue manteniendo por cuarto año
consecutivo una muy importante restricción del acceso al crédito para el sector
privado y en particular para las pymes, tal y como reflejan los indicadores y
distintas encuestas; entre ellas, la Encuesta sobre el acceso a la financiación
de las pymes en la Eurozona, realizada por el Banco Central Europeo; la
Encuesta sobre el acceso de las pymes a la financiación ajena elaborada por el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio; y la Encuesta sobre Préstamos
Bancarios publicada por el Banco de España.
Estos estudios coinciden en señalar que más de un 80% de las empresas que
acudieron en los últimos meses a una entidad financiera para solicitar
financiación han sufrido numerosas dificultades para conseguirla o
directamente les ha sido denegada (en torno a un 14% de ellas).
Según las estadísticas de la zona euro, el crédito nuevo que llega a las
empresas por parte de las entidades de crédito residentes se ha contraído
paulatinamente hasta alcanzar los 46.000 millones de euros a mediados de
este año; es decir, casi un 40% menos que a comienzos de la crisis.
Legislatura Pyme 21
Esta situación es especialmente grave para las pymes, ya que si el acceso a la
financiación es determinante para cualquier empresa, en las pequeñas y
medianas es esencial, debido a sus propias características y a su capacidad
limitada para generar recursos internos. El crédito nuevo que llega a las pymes
se situó a mediados de este año en los 15.900 millones de euros:
prácticamente la mitad del crédito dispuesto hace cuatro años.
El volumen de créditos del sistema bancario al sector privado, que aumentaba
a tasas de dos dígitos hasta 2008 (casi 1,8 billones de euros), no sólo se ha
paralizado, sino que ha disminuido progresivamente hasta registrar la cifra de
1,75 billones en junio de 2011. Por contraste, el crédito total otorgado por el
sistema bancario al sector público se ha elevado desde los 38.755 millones de
2007 hasta los 82.886 millones de junio pasado, casi un 114% más.
En los ocho primeros meses de 2011, el crédito a las familias se redujo en un
1,1% con respecto al mismo periodo del año anterior; y el crédito a las
empresas descendió un 2%. Por el contrario, la financiación a las
administraciones públicas aumentó el 15,4%.
Este indicador es concluyente, en relación con la situación financiera de las
pymes, puesto que si el acceso a la financiación y sus determinantes son
esenciales para cualquier empresa, el factor financiero es aún más apremiante
para las de reducido tamaño, debido a sus propias características y a su
limitada capacidad para generar recursos internos.
Esto es debido a que existe una diferencia destacable en la estructura
financiera de las pymes, que es la elevada dependencia que estas empresas
tienen de la deuda procedente de las entidades de crédito.
Por otra parte, el detalle de los resultados de la Encuesta sobre el acceso a la
financiación de las pymes en la Eurozona permite establecer una evaluación
Legislatura Pyme 22
sobre la situación financiera y las necesidades de financiación de estas
empresas en los países integrantes de la UEM.
En términos generales, se mantiene una cierta restricción del acceso a la
financiación por parte de las pymes europeas, destacándose la situación
negativa de los recursos financieros externos procedentes de los bancos.
Y en términos netos, las pymes españolas sufren una situación más negativa
de accesibilidad a esta fuente de financiación que las europeas. Los principales
factores que justificarían este deterioro son tanto la evolución económica en el
periodo, como la predisposición por parte de los bancos en la provisión de
préstamos hacia las pymes. Se ha de destacar, asimismo, que la situación de
los anteriores factores en la economía española es notablemente más negativa
que la que se experimenta en el conjunto de la UEM durante el mismo periodo.
Sobre la evolución esperada de las condiciones de acceso de la financiación de
las pymes españolas, aproximadamente la mitad de estas empresas no espera
que se produzcan cambios significativos en las mismas; y señalan que si éstos
llegan a producirse, serían a peor.
Estos resultados son consecuentes con los que proporciona la Encuesta sobre
el acceso de las pymes a la financiación ajena elaborada por el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, en la que se reflejan unos elevados
porcentajes de pymes han tenido problemas para acceder a la financiación. En
cuanto al destino de estos recursos ajenos, la financiación de circulante sigue
siendo la principal necesidad de las pymes.
Asimismo, las pequeñas empresas consideran que las condiciones
establecidas para acceder a las líneas del ICO son muy complejas, lo que hace
que un escaso porcentaje de las pymes que necesitan recursos ajenos no
acudan a estas líneas. Y de las que lo hacen, un alto porcentaje encuentra
obstáculos para la concesión de financiación por esta vía.
Legislatura Pyme 23
Es preciso equilibrar el porcentaje de recursos propios y de financiación ajena
con la que cuentan las pymes. Para la mejora del acceso a la financiación por
parte de la pyme es necesario que se reduzcan y eliminen los costes de
transacción que se producen en estas operaciones. Y para ello, es necesario
que existan los instrumentos financieros adecuados que garanticen la
financiación en cuantía, plazo y coste que es demandada por las pyme.
También se ha de ampliar el importe máximo de concesión de créditos por
parte del ICO Directo, establecido actualmente para operaciones de inversión y
liquidez en los 200.000 euros, con cobertura de riesgo del 100%; y detallar los
criterios de selección, primando la viabilidad de los proyectos presentados más
que la solvencia acreditada.
De igual forma, sería conveniente analizar el conjunto de la situación
patrimonial de estas empresas de tal forma que, en la evaluación del riesgo
crediticio pesara en mayor medida la viabilidad de los proyectos presentados
que la solvencia acreditada.
Dada la urgencia de la actual situación económica y financiera por la que están
atravesando un amplio número de empresas españolas, se hace necesario el
compromiso efectivo de aplicación de las medidas ya implementadas por parte
del Gobierno; es decir, que el cuantioso volumen de recursos dispuestos por el
ICO llegue finalmente a las empresas. Esto implica redoblar los esfuerzos de
seguimiento y control, al mismo tiempo que se ha de mejorar la eficiencia en la
gestión de intermediación de estas líneas.
Para ello, es imprescindible la constitución de una comisión ejecutiva por parte
del Gobierno que efectúe el control y seguimiento, mediante la realización de
evaluaciones intermedias de la actividad de las líneas ICO, que se publicarían
periódicamente.
Legislatura Pyme 24
Además, es preciso mejorar la estructura del sistema de garantías para las
pymes. En este sentido, es necesario que el Gobierno emprenda medidas para
el aseguramiento y refuerzo de la solvencia de las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
Al mismo tiempo, facilitar una mayor diversificación de las tradicionales fuentes
de financiación mediante una ampliación de la oferta (capital semilla, red de
inversores-angels), así como una mayor amplitud y profundidad de los
mercados de capitales alternativos en los que las empresas de menor
dimensión diversifiquen el acceso a los recursos financieros, además de
facilitar la canalización del ahorro privado hacia la inversión productiva.
3.3. Mercado laboral
La evolución reciente del mercado de trabajo ha registrado un comportamiento
muy negativo en la economía española, imponiendo un coste creciente y muy
perjudicial sobre las pymes, que sostienen y generan el mayor porcentaje del
empleo del sector productivo nacional (más del 80%). Según el Banco de
España, que ha analizado la composición del crecimiento del empleo desde la
perspectiva del tamaño, las pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores)
contribuyeron al crecimiento de la ocupación en mayor medida, de acuerdo con
el volumen de empleo que sustentan.
Si se tienen en cuenta que en este segmento empresarial se está ocasionando
una mayor caída del número de actividades —como se ha indicado en el
capítulo 2—, se podrá comprender y evaluar el actual proceso de aumento de
la tasa de paro y de caída de la afiliación a los registros de la Seguridad Social.
Legislatura Pyme 25
Otras características que se pueden destacar en la evolución del mercado de
trabajo en este periodo de crisis son: el alargamiento de la duración de la
situación de desempleo, las elevadas tasas de paro registradas entre los
jóvenes y la persistencia de la misma tanto en los colectivos de mayor edad,
así como entre los trabajadores poco cualificados.
Entre los factores que sustentan esta evolución se puede destacar el factor
impositivo y la incidencia que éste genera sobre los resultados del mercado de
trabajo.
Una carga impositiva mayor tiene efectos adversos sobre el paro estructural,
especialmente si se produce un incremento continuado del coste del factor
trabajo derivado del comportamiento inflexible de los salarios ante una menor
demanda del factor productivo. Por ello, es necesaria una revisión del factor
impositivo que penaliza el empleo que generan las pymes y, en particular, de
las cotizaciones sociales que soportan las empresas de menor dimensión.
Las rigideces en la formación de los salarios son, de igual forma, elementos
instrumentales de la incidencia de la imposición sobre el trabajo. La
problemática sobre la fijación del coste salarial se puede reducir —en términos
estrictamente económicos— a establecer una relación entre salarios, precios y
productividad de tal forma que en condiciones “muy especiales” (información
completa y perfecta, ausencia de costes de transacción, etc.) la variación de los
salarios reales que se ajuste a la de la productividad será la combinación
óptima para que tanto los empresarios como los trabajadores cumplan con sus
objetivos preestablecidos.
Ahora bien, se plantean dos cuestiones que se han de tener en cuenta sobre lo
anterior. Por un lado, la situación específica de una actividad, de un sector o
del conjunto de la economía puede recomendar de forma apremiante que los
salarios reales se ajusten a la productividad. Y por otro lado, la determinación,
Legislatura Pyme 26
valoración y cuantificación de la productividad es una tarea difícil tanto a nivel
nacional como en la unidad sector o empresa, lo que desincentiva su uso a la
hora de cuantificar la retribución salarial. La aproximación (producción/empleo)
simplifica en exceso la medida de la productividad, puesto que no tiene en
cuenta ni la variación particular de los ingresos por la aportación de una unidad
adicional de factor trabajo, ni tendría tampoco en consideración la aportación
de otros factores (la eficiencia del capital físico, o la gestión empresarial) a esta
variación de los ingresos.
En este punto es necesario observar la importancia del papel que juegan los
componentes que determinan la evolución de esta variable, como son el grado
de utilización del factor trabajo, la dotación de capital por trabajador y, en
especial, el componente que determina la eficiencia en la utilización conjunta
de los mismos, que es el que tendría la mayor relevancia.
Parece, por lo tanto, conveniente que la variación de los salarios se ajuste a las
necesidades de competitividad de la pyme. En este sentido, la consideración
de un conjunto de factores amplio —que incluya la competencia, la evolución
prevista de costes y precios, los objetivos de producción, ventas, facturación, la
eficiencia del capital instalado, la gestión empresarial, los impuestos, etc.— se
aproximará en mayor medida a aquéllas condiciones ideales expuestas
anteriormente.
Teniendo en cuenta estas premisas, es necesario además vincular la evolución
de los salarios a la mejora de la competitividad de la economía española. En
este sentido, en la actualidad, el objetivo de restablecer un crecimiento
económico sólido y prolongado, compatible con una reducción de la tasa de
paro, recomienda que se mantenga en mayor medida un entorno de estabilidad
de precios y costes. Junto a la falta de flexibilidad para determinar los salarios,
las enormes dificultades para gestionar el aumento o disminución de la plantilla,
explican en gran medida el freno a la contratación por parte de las empresas
Legislatura Pyme 27
más pequeñas, que encuentran excesiva y compleja la regulación que
determina la gestión de la entrada, permanencia y salida de los trabajadores,
factor que explicaría en gran medida el menor recurso de estas empresas a la
contratación.
Para evitar esta situación se ha de facilitar una mayor capacidad de
organización interna e introducir una modalidad de contratación indefinida que
pueda utilizarse con carácter general y que se adapte a las necesidades de
estas empresas.
Otro de los factores que está operando negativamente en nuestro mercado
laboral es la actual negociación colectiva. Debemos incidir en la necesidad de
reformar la negociación colectiva en nuestro país, evitando su complejidad y
rigidez, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas; y especialmente, en
las micropymes.
Los procedimientos establecidos a través de la negociación colectiva no deben
mermar la capacidad de adaptación de las pymes ante las condiciones que
operan en su entorno. Dada la naturaleza de estas empresas, el retraso en la
toma de estas decisiones comprometería su permanencia en los mercados,
más aún en estos momentos de crisis. Por lo tanto, el objetivo es conseguir la
mayor flexibilidad y adaptabilidad de la negociación colectiva, teniendo en
cuenta la realidad de nuestras pymes.
3.4. Formación
Para que España pueda competir en una economía basada en el conocimiento,
es preciso solventar las actuales limitaciones que suponen los bajos niveles de
cualificación, el fracaso escolar, la falta de coordinación entre los sistemas de
Legislatura Pyme 28
educación/formación y entre las distintas administraciones, superando el
desequilibrio existente entre las especialidades y cualificaciones en las que se
forman las personas y los empleos que requieren las empresas.
Las cualificaciones han de ser actualizadas y adaptadas a la realidad de las
pymes. Para ello es necesario promover la colaboración efectiva entre la
empresa y la universidad y otras entidades de educación y formación.
El sistema de formación para el empleo ha de facilitar la adaptación de la
formación del trabajador a las necesidades de las pymes. En este sentido, la
formación en el empleo no debe suplir las carencias del sistema educativo, sino
tener un papel complementario y orientado a las necesidades de las empresas.
El actual modelo de formación para el empleo, pese a haber logrado en los
últimos años un considerable aumento en la participación de trabajadores y
desempleados en acciones formativas, necesita mejorar el alcance del sistema
de incentivos a la inversión de las empresas en formación, especialmente en lo
referido a las pymes.
Muchas pymes adolecen de una baja cultura formativa, desconocen todavía las
iniciativas de formación, las líneas de financiación y la forma de acceder a
ellas. Su reducido tamaño les impone fuertes condicionamientos para dedicar
recursos económicos a la formación y se ven en la necesidad de acudir al
asesoramiento externo a la hora de definir y planificar la formación.
El sistema de formación para el empleo, pese a haber conseguido logros
destacables, requiere también de una mayor difusión e información entre las
pymes. Es preciso facilitar y simplificar la participación en la formación de
trabajadores y empresas, haciéndose necesario que el sistema se adapte a las
posibilidades, necesidades y demandas reales de éstas.
Legislatura Pyme 29
La financiación para la formación en las pymes es todavía insuficiente, por lo
que se deben reforzar los incentivos a la inversión de estas en formación,
dando un impulso a los actuales mecanismos, aumentando los créditos
bonificables de las empresas de menor dimensión, procurando igualmente
simplificar los procedimientos y los requisitos y facilitando una mayor
información y apoyo a las mismas.
Y es importante, además, insistir en la necesidad de potenciar la imagen del
emprendedor y su función social como creador de riqueza y empleo, dándose
mayor relevancia a la iniciativa y la capacidad emprendedora en todos los
niveles educativos y formativos.
3.5. Disminución de la presión fiscal
El factor impositivo no debe ser un elemento que interfiera en las transacciones
económicas. Desde este punto de vista, la mejora y agilización de los
procedimientos administrativos se convierte en un elemento clave para la
reforma en materia tributaria. La armonización de los trámites y centralización
de los mismos, bajo la aplicación de los principios Think small first y Only once,
reduciría considerablemente las desventajas fiscales que se producen entre las
operaciones intracomunitarias y aminoraría el fraude fiscal, factor que en la
actualidad produce una importante distorsión de la competencia.
Los cambios de la normativa fiscal tienen un impacto muy importante en la
actividad económica en general y, en particular, en las decisiones de los
empresarios y sus resultados. Una menor carga impositiva que pueda recaer
sobre su actividad, mejora los fondos disponibles y permite tanto capitalizarse
como acometer nuevos procesos de inversión, factores que determinan la
actividad futura de estas empresas y, por lo tanto, el empleo.
Legislatura Pyme 30
En este sentido, Cepyme ha denunciado reiteradamente la elevada carga fiscal
que sufren las empresas españolas, así como los autónomos, que no sólo
dificulta su actividad y de expansión, sino que reduce su competitividad en los
mercados internacionales.
Ejemplo de ello es la alta carga impositiva que representa el IRPF en España,
cuyo tipo marginal se sitúa en el 45,8%, ocho puntos por encima de la media
de la Unión Europea. O por otro lado, la carga que supone el Impuesto de
Sociedades (25%), tres puntos más que la media de la UE, que además es
particularmente negativo para las pymes, cuyos balances no permiten acogerse
generalmente a las rebajas adicionales previstas en la legislación y orientadas
más bien hacia las grandes empresas.
Es preciso, en consecuencia, priorizar el diseño de incentivos fiscales que
garanticen tipos efectivos orientados a mejorar la capitalización de las pymes y
al empleo. Complementariamente, este diseño debe ser neutral en cuanto la
adopción de la figura de persona física o societaria, por lo que los cambios se
deben introducir tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.
Las empresas de menor dimensión, con menos capacidad de generar recursos
internos y más dificultades de acceso a la financiación, deben soportar también
una menor presión sobre su tesorería procedente de los ingresos a cuenta y
pagos fraccionados de las distintas figuras impositivas. En particular, cuando la
obligatoriedad del ingreso no se corresponde con la ejecución efectiva del
hecho imponible. La mayor parte de estas modificaciones que afectan al pago
del IVA, pagos fraccionados y retenciones del IRPF y del Impuesto de
Sociedades tendrían como finalidad la mejora de las condiciones de circulante
de las empresas.
No obstante, parece conveniente subrayar que tanto la obligación tributaria
como la carga administrativa asociada a la misma permanecen; y en el
Legislatura Pyme 31
momento de su liquidación pueden volver a generar distorsiones en la tesorería
de estas actividades, si no se lleva una adecuada planificación financiera en las
propias empresas.
Por lo tanto, preciso buscar fórmulas alternativas que —sin modificar los
criterios contables aplicados al cómputo de estos impuestos— flexibilicen su
ingreso. En particular, se debe integrar la posibilidad de realizar la suspensión
del ingreso a la Administración Tributaria del IVA hasta que no se produzca el
correlativo ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios.
Por otro lado, es conveniente establecer una deducción en la cuota a las
empresas de reducida dimensión por participación en ferias y exposiciones de
ámbito nacional (50%) y de ámbito internacional (100%), sobre los gastos
asociados a la asistencia, exposición, marketing, alquiler y montaje,
participación y gestión de los locales para llevar a cabo su actividad en estas
ferias.
A la que cabe añadir, finalmente, una deducción en la cuota del IRPF (10%)
por la participación en capital de las empresas de reducida dimensión por las
cantidades efectivamente desembolsadas, así como una deducción del 50% de
los gastos de formación realizados por el empresario.
3.6. Un entorno favorable, sin trabas
Cepyme ha insistido, con especial énfasis durante los últimos años, en la
necesidad de que la empresa desarrolle su actividad en un entorno legal no
sólo adecuado, sino favorable. Es decir, la eliminación de exigencias derivadas
de la desconfianza públicas en el empresario, o del simple afán de control, y su
sustitución por obligaciones legales sustentadas en una relación de confianza y
Legislatura Pyme 32
de responsabilidad mutua, así como en una predisposición de estímulo a la
iniciativa ciudadana y a la actividad empresarial.
Se trata de una aspiración que si bien era prioritaria para los empresarios hace
cuatro años, actualmente es imprescindible, con el fin de no acentuar aún más
las dificultades de la empresa en un contexto económico y financiero
claramente adverso.
Pero es, además, un objetivo de primer orden para las empresas de menor
tamaño, como para los empresarios autónomos, dada su reducida estructura y
sus limitados recursos. De hecho, en demasiadas ocasiones, el elevado
número de trámites a realizar, su complejidad y su costo son motivo de
desistimiento de una iniciativa empresarial, de una ampliación de su actividad o
de su posible participación en la contratación pública.
La propia Ley de Economía Sostenible reconoce la necesidad de tener en
cuenta el tamaño de las empresas en los procesos de elaboración de la norma
y la inclusión de mecanismos de consulta con las organizaciones que
representan a las pymes, principios que inspiraron el Real Decreto 1083/2009,
de 3 de julio, por el que se regula la memoria de impacto normativo.
Este Real Decreto se establece la necesidad de elaborar una Guía
Metodológica que deberá seguirse en la elaboración del análisis del impacto
normativo, guía que se aprobó y que contempla el estudio de impacto de la
norma sobre las pymes, identificando la incidencia diferencial en las empresas
en función de su tamaño y debiendo de tener en cuenta las peculiaridades de
estas empresas. Sin embargo, aunque se trata de un avance, aún debe
completarse con otras medidas. Por ejemplo, la mejora de los mecanismos de
información y consulta entre las instituciones públicas y las organizaciones
empresariales, a la hora de evaluar la conveniencia de la iniciativa propuesta,
análisis de impacto, etc. O la posibilidad de extender este procedimiento de
Legislatura Pyme 33
forma coordinada a las administraciones autonómicas y locales, para que sea
fuese posible evaluar cualquier propuesta normativa.
Desde el punto de vista de las pymes es imprescindible que para cualquier acto
administrativo se aplique el principio de Only once, evitando que las
administraciones soliciten información a las empresas que ya está disponible
en las mismas. De igual forma, es conveniente la armonización en la
publicación que cualquier normativa que afecte a las pymes, aplicando los
CCD´s: Common Commencement Dates o fechas únicas de publicación de
aplicación de toda aquella normativa que afecte a la actividad empresarial
(requerimientos técnicos, concursos, subvenciones, etcétera).
Como también es necesario establecer acciones coordinadas en todos los
niveles de la administración, para evitar que la nueva regulación suponga una
oportunidad de incrementar los costes en el proceso de transposición de las
normas desde los órganos administrativos de ámbito superior a otros de ámbito
inferior. Ello exigiría llevar a cabo una revisión de la normativa autonómica y
local (fiscal, medioambiental, laboral, de prevención de riesgos laborales,
formación…) que afecta a las pymes de tal forma que se armonice el entorno
regulatorio en el que operan. Estas iniciativas supondrían, además, un gran
avance en la consecución del objetivo de unidad de mercado.
3.7. La apuesta por la innovación
Los problemas generados por las asimetrías de información que afrontan las
pymes a la hora de acceder a la financiación se conjugan con un mercado que
no está siendo suficiente para proporcionar una oferta de créditos y préstamos
que solventen estas dificultades. Los efectos externos positivos de las
inversiones en formación, I+D+i o protección del medio ambiente —que son
Legislatura Pyme 34
relativamente más altos en las pymes—, no están siendo compensados en
estos momentos por el mercado, lo que da como resultado una falta de
inversión estructural en estas áreas y conduce por tanto a situarse en un nivel
por debajo del óptimo, aspecto que impide a su vez una recuperación sólida de
la actividad futura y del empleo.
En este sentido, son necesarias iniciativas que recojan una mayor apuesta por
el fomento de los procesos de innovación en las pymes, teniendo en cuenta
que éstos siguen una pauta o patrón propio en las empresas de reducida
dimensión, de acuerdo con sus propias características.
Según algunos estudios, como el recientemente publicado por Sage, una
amplia mayoría de las pymes (más del 70%) cuentan con una infraestructura
tecnológica adecuada, aunque sólo un 10% de ellas pone ese activo al servicio
de su negocio mediante la oferta y venta de sus productos. Del 90% restante,
casi la mitad ni tiene presencia en Internet y la otra mitad entiende su apuesta
por la red únicamente con fines corporativos.
Los pequeños empresarios entienden (54%) que su dedicación debe centrarse
en la gestión de la empresa, objetivo que sitúan por delante de cualquier
proyecto tecnológico que pueda abrir nuevas vías a su negocio. Otros, aunque
en menor porcentaje (33%), argumentan que la situación actual no les permite
financiar iniciativas de innovación, que ciertamente están subvencionadas por
las instituciones públicas, aunque la inmensa mayoría de los pequeños
empresarios no tienen información al respecto.
Toda propuesta de medidas de apoyo a la innovación en las pymes debe
desarrollar los principios y actuaciones de la Small Business Act y deben
orientar la política de I+D+i hacia aspectos más próximos a la demanda y más
cercanos a la actividad de las pymes y de los empresarios autónomos. En
particular, se ha de recomendar una adecuada provisión de instrumentos
Legislatura Pyme 35
financieros destinados a la financiación de la innovación, que cumplan con dos
premisas fundamentales. La primera, que estén lo suficientemente
diversificados. Y la segunda, que puedan adaptarse a las específicas
necesidades de retorno de las inversiones y al riesgo asumido en cada una de
estas operaciones por parte de las empresas de menor dimensión.
Una mayor apuesta por los sistemas de garantías financieras, así como por la
financiación procedente de instrumentos intermedios entre el capital y la deuda,
coadyuvarían a mejorar la financiación de las pymes en sus procesos de
innovación. Ahora bien, en cuanto al apoyo público a la I+D+i en las pymes, es
necesario que este tipo de ayudas amplíen su cobertura a un mayor número de
empresas, para lo cual es imprescindible que tengan en consideración
aspectos tan relevantes como son la cuantía mínima de participación en
proyectos financiables y la ampliación y adaptación del concepto de innovación
a las características particulares de las pymes en cuanto a su origen (más allá
de la I+D interna) y con respecto al ámbito que contempla (la innovación
organizativa y de gestión avanzada).
De igual forma, la sistematización de los procesos que implica la presentación
de este tipo de proyectos subvencionables ante las entidades de control y
supervisión requiere un apoyo adicional para las empresas que cuentan con
menos recursos. Por ello, es imprescindible un fortalecimiento de la red de
Puntos de Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e
Innovación (red PIDI), así como una mayor participación de las organizaciones
empresariales en la promoción y difusión de este tipo de ayudas.
Legislatura Pyme 36
3.8. La internacionalización de la pyme
En un contexto de grave crisis, como el actual, la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas es determinante. La internacionalización
refuerza el crecimiento y la rentabilidad de la empresa, aumenta su
competitividad, apoya su viabilidad a largo plazo y asegura su supervivencia en
tiempos de crisis y estancamiento del mercado nacional.
Estos procesos de salida al exterior se ven favorecidos por el continuo
desarrollo de las nuevas tecnologías, que son un instrumento eficaz e
imprescindible para facilitar el ejercicio de la actividad empresarial en un
mercado global. Ciertamente, la globalización de los mercados conlleva el reto
de ser capaces de enfrentarse a fuertes competidores procedentes del exterior,
pero también tiene la ventaja de ofrecer mercados de mayores dimensiones, lo
que representa un enorme potencial para que las empresas competitivas
crezcan.
Para afrontar el futuro es preciso aumentar considerablemente el número de
pymes españolas que compitan en mercados internacionales. Y además,
conseguir que las que ya lo hacen, cuenten con un marco adecuado para
posibilitar la continuidad de su actividad en el exterior.
Es importante tener presente el alcance de la internacionalización de las
pymes: no es sólo exportar, ni es exportar exclusivamente bienes. Es también
exportar servicios, la creación y la participación en redes rentables, la
cooperación transnacional, la inversión extranjera directa, la creación o
adquisición de negocios en otros países, la subcontratación y la importación.
Legislatura Pyme 37
Las características específicas de las pymes hacen que les sea más difícil
iniciar una actividad internacional. El reducido tamaño de las pymes, y muy
especialmente de las españolas, hace más complicadas determinadas
actividades, muy importantes a la hora de salir a mercados internacionales. La
falta de la cultura en la internacionalización es la primera barrera. En nuestro
país no se ha fomentado la apertura internacional, no existe aún la suficiente
inquietud profesional ni personal de salir a conocer lo que hay fuera.
Una pyme, cuando asume el reto de salir a mercados exteriores, se enfrenta a
una serie de problemas específicos: falta de información y dificultades para la
localización de clientes y proveedores, complejidad administrativa y
desconocimiento de los marcos legislativos extranjeros, falta de ayudas a la
financiación, falta de apoyo y asesoramiento en los estudios de mercado,
descoordinación entre entidades públicas, privadas y administraciones y falta
de capacitación de su capital humano.
En numerosas ocasiones, el empresario que decide salir al exterior se
encuentra con que ha de partir de cero, con que ha de volver a construir su
negocio. Desconoce la regulación aplicable en el nuevo mercado, así como sus
características, costumbres, necesidades y hábitos de consumo y se enfrenta a
una enorme confusión ya que han proliferado en los últimos años instituciones
de todos los ámbitos y niveles que realizan actividades de promoción y
asesoramiento para la internacionalización de nuestras pymes.
Cepyme ya ha reclamado la necesidad urgente de coordinar todos estos
organismos públicos y privados, enfocándose los esfuerzos en la colaboración
y cooperación eficaz y eficiente de estos proveedores de servicios existentes.
Asimismo, propone la creación de un completo portal de internet que facilite
información global a las empresas sobre la internacionalización, así como un
inventario ordenado de las instituciones nacionales e internacionales de apoyo
Legislatura Pyme 38
en su proceso de salida a otros mercados. Este portal debería contar con
vínculos a oficinas comerciales en las que se facilite información regular de los
países y de los sectores con mayor proyección en oportunidades empresariales
y de inversión, concursos administrativos, licitaciones, etc. Y debería contar,
además, con información sobre los diversos fondos existentes dirigidos a
apoyar la inversión en proyectos innovadores, así como ofrecer un
asesoramiento sobre la viabilidad de los proyectos para su implantación en
otros países, análisis de riesgos y planes de actuación. En definitiva, un portal
en el que pueda apoyarse el emprendedor cuando decida salir con su negocio
a otro país.
Por otro lado, como en el resto de la actividad empresarial, la financiación es
un grave problema a la hora de acometer los procesos de internacionalización.
Es preciso revisar y potenciar las líneas de actuación que impulsa el ICEX para
las pymes en tres aspectos fundamentales: 1) Oferta de información y
asesoramiento. 2) Líneas de financiación específicas para abordar proyectos
de internacionalización. 3) Fomento de las iniciativas de cooperación entre
empresas.
También hay que impulsar la salida al exterior con incentivos fiscales, que
deben concretarse en reducciones en las cuotas empresariales a la seguridad
social y reducciones fiscales en IRPF e Impuesto de Sociedades. Asimismo, es
importante incentivar fiscalmente la participación en ferias nacionales e
internacionales y la participación en asociaciones empresariales. El fomento de
convenios para evitar la doble imposición es igualmente imprescindible.
En otro orden de cosas, la salida al exterior requiere de unos recursos
humanos con mayores competencias, conocimientos y disponibilidad, ya que
en la mayor parte de los casos han de compatibilizarlo con sus tareas
profesionales cotidianas. Y una de las asignaturas pendientes, en este sentido,
es la de los idiomas.
Legislatura Pyme 39
También es importante profundizar en el uso de las nuevas tecnologías. Una
pyme que quiera competir en el extranjero ha de contar con un soporte
informático adaptado a sus necesidades. La página web es la imagen de la
empresa, su catálogo de productos y servicios y la herramienta con la que se
efectúan sus operaciones comerciales. Los avances en el mundo de las
telecomunicaciones, en su movilidad y en su multifuncionalidad han dado a las
pymes una capacidad y libertad de actuación en constante evolución. Para ello,
empresarios y trabajadores tendrán que realizar unos programas continuos de
formación, específicos, que les permitan adaptarse a las nuevas realidades
tecnológicas y aprovechar al máximo todas las oportunidades que le ofrecen.
Las organizaciones empresariales deben jugar un relevante papel en todo este
proceso. El asociacionismo empresarial y la cooperación entre empresas
(entendida como un proceso de aunar esfuerzos, recursos y talento para
reducir gastos y riesgos en la ejecución de un proyecto común) constituye una
vía especialmente eficaz para acceder a los mercados internacionales.
Legislatura Pyme 40
4. Fomento del espíritu emprendedor
Es muy importante precisar qué es un emprendedor puesto que comúnmente
se identifica a los emprendedores con perfiles predeterminados que incluyen o
excluyen sus atributos específicos.
A la hora de delimitar el ámbito subjetivo en esta propuesta se debería incluir
—tal y como llevan a cabo la mayoría de los estudios de emprendedores— no
sólo los procesos de inicio de una actividad (creación de una empresa), sino
todos aquéllos que se encuentran definidos en la decisión de emprender,
(gestión de la idea y desarrollo previo del proyecto), junto a aquellos procesos
que incorporan también las etapas de consolidación de la actividad empresarial
durante los primeros años.
Incluyendo lo anterior junto a la definición de emprendedor que parte de la
Comisión Europea entendemos que éste es la persona que posee la
habilidad individual o en cooperación para convertir las ideas en acciones
empresariales que permanecen en el tiempo.
El emprendedor incluye capacidades tales como la creatividad, la innovación, la
asunción de riesgos así como la planificación y dirección de proyectos con el fin
de alcanzar una serie de objetivos planteados previamente.
Por tanto, la existencia de un clima propicio para el fomento del espíritu
emprendedor incluye:
- Dar prioridad, a través de los programas educativos y de formación, a todos
los conocimientos y capacidades que posibiliten una mejor adecuación entre la
planificación de proyectos empresariales y la consecución de los objetivos
propuestos. Esta formación dotará al capital humano de cualquier sociedad de
Legislatura Pyme 41
más y mejores emprendedores capaces de generar consecutivamente un
mayor valor añadido en la producción de bienes y servicios.
- De igual forma, las condiciones del entorno que determinan la acción de los
emprendedores exigen una estrategia coherente en todos los niveles de la
Administración que permitan la proliferación del mayor número de iniciativas
empresariales y la consolidación de las ya existentes. Las funciones de las
Administraciones Públicas son fundamentales para conseguir un entorno
propicio para la creación y consolidación de las iniciativas emprendedoras.
La monitorización de este entorno e identificación de sus amenazas y
debilidades, así como la coordinación de las diversas acciones entre los
distintos niveles de las administraciones públicas son premisas fundamentales
para establecer un entorno competitivo en el que predomine la libre
competencia, así como un marco regulatorio mínimo y estable que se adapte a
las necesidades de los emprendedores en todas sus etapas y combine el
interés general.
- Las barreras administrativas y la complejidad de las normas siguen siendo un
obstáculo importante para la consecución del éxito en estos procesos de
creación de empresas.
- Las dificultades para obtener recursos financieros siguen significando una
barrera importante a la creación de empresas y su posterior supervivencia.
- El componente fiscal repercute significativamente en la actividad
emprendedora. La estructura del sistema fiscal, incluidos los impuestos sobre
la renta y sobre sociedades, la presión fiscal sobre el factor trabajo, el consumo
y el ahorro, influyen en el proceso emprendedor, por lo que es imprescindible
reducir la carga fiscal que recae sobre los emprendedores a su mínima
expresión.
Legislatura Pyme 42
4.1. Situación del emprendedor en España.
Según el Global Entreprenuership Monitor (GEM), el contexto económico actual
está empeorando las condiciones del entorno en el que operan los
emprendedores. La tasa de emprendimiento de la economía española, que se
encontraba en el 7,6% inmediatamente antes de la crisis, registró su tasa más
baja en 2010 (4,3%).
Tanto las iniciativas emprendedoras que se encuentran en fase de inicio como
las que están en fase de consolidación acusan esta contracción, si bien ésta
adquiere mayor intensidad en aquellos emprendedores que están luchando por
mantenerse en sus respectivos mercados. (En España, más de la mitad de las
iniciativas emprendedoras no supera los cinco años de actividad).
La mayor parte de los emprendedores inicia esta actividad por motivos de
oportunidad más que por necesidad, tal y como corresponde a una economía
avanzada. Ahora bien, la crisis económica y la elevada tasa de paro están
aumentando el porcentaje de emprendedores que buscan esta actividad como
alternativa a la falta de empleo.
Atendiendo al perfil medio del emprendedor, su perfil medio responde al de un
varón en torno a los 40 años, con estudios superiores, una renta media y sin
experiencia previa como emprendedor. En cuanto a su proyecto, está orientado
al consumo y no posee un carácter innovador ni contempla una proyección
internacional.
El capital medio requerido es de 100.000 euros, que el propio emprendedor
aporta prácticamente en su totalidad.
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4.2. Diagnóstico de la actividad emprendedora.
A partir de los resultados del GEM, dentro del análisis general del entorno en
que se desarrolla la actividad emprendedora, el estado medio general de las
condiciones del entorno para emprender en España son las siguientes:
● En fomento del espíritu emprendedor en nuestro sistema educativo hemos
retrocedido sensiblemente y seguimos ocupando una posición muy retrasada.
● España sigue ocupando una posición precaria en relación al apoyo financiero
de la actividad emprendedora en cuanto a la disponibilidad de recursos
financieros alternativos ajustados en cuantía y coste a las necesidades de los
emprendedores. Esta situación es extensiva a todo lo relacionado con las
políticas y programas gubernamentales donde se advierte un empeoramiento
de la posición en los últimos años.
● La burocracia asociada a la normativa, los impuestos y las barreras del
mercado interno son obstáculos muy presentes en nuestra actividad
emprendedora
● La transferencia de I+D sigue siendo un condicionante negativo del entorno
que está muy lejos de alcanzar niveles como los de otros países desarrollados,
convirtiéndose éste en un obstáculo de nuestra competitividad.
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5. Resumen de las propuestas de Cepyme
En el enunciado de las propuestas que Cepyme quiere trasladar a los partidos
políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de
noviembre se distinguen dos niveles claramente definidos: las medidas de
carácter estructural y las que demanda la coyuntura económica y financiera
actual. En todo caso, en el contexto de dificultad en el que desempeñan su
función las pymes y los empresarios autónomos, la inmensa mayoría de ellas
exige una atención urgente, por lo que ocasionalmente se entremezclan en uno
u otro apartado.
Legislatura Pyme
1. Cepyme considera fundamental y prioritario que los partidos políticos que
concurren a las próximas elecciones asuman la necesidad de potenciar la
imagen del emprendedor y su función social como creador de riqueza y
empleo para toda la sociedad.
2. Proponemos que la próxima sea considerada por los partidos con
representación parlamentaria como la Legislatura de la Pyme y de los
empresarios autónomos, lo que implica orientar todas sus iniciativas en
orden a generar un entorno favorable para la actividad productiva, la
creación de empresas y la consolidación de las mismas.
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Morosidad
3. Cepyme pide a los partidos políticos que se presentan a las próximas
elecciones generales que incluyan en sus programas su firme compromiso
de acabar con la morosidad de las administraciones públicas, en los
términos establecidos por la legislación vigente.
4. Adicionalmente, es fundamental establecer instrumentos administrativos y
jurisdiccionales eficaces para garantizar el cumplimiento de la ley.
5. Es imprescindible que tanto las autonomías como la Administración central
establezcan sus propios mecanismos de evaluación y control de las
operaciones con las empresas que presenten un retraso en los pagos
superior al establecido por la normativa vigente.
6. De igual forma, es necesario activar y extender las medidas cautelares
que dispone la normativa de morosidad para el pago de la deuda
reconocida por estas administraciones.
7. Ajustar los nuevos contratos de la Administración al plazo de pago
establecido por la ley.
8. Es preciso agilizar los procedimientos en los juzgados, formular
sistemas alternativos de arbitraje y, con carácter excepcional, utilizar
medios de pagos alternativos para aliviar la presión de la deuda pendiente
de pago de las administraciones.
9. La normativa debe contemplar el inicio del cómputo de los plazos para
realizar el pago con la entrega de la mercancía o la prestación de los
bienes o servicios, tal y como se establece en el ámbito privado.
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10. Agilizar y extender el procedimiento de compensación de las deudas
tributarias de un contribuyente con los créditos reconocidos por acto
administrativo a favor del mismo por la prestación de bienes y servicios.
Financiación
11. Cepyme reclama a los partidos políticos que expongan claramente qué
medidas van a adoptar para mejorar la financiación de las pymes y
que asuman el compromiso expreso de llevarlas a cabo urgentemente.
12. Es imprescindible culminar urgentemente el proceso de reforma del
sistema financiero.
13. Reducir y eliminar los costes de transacción que se producen en
estas operaciones.
14. Ampliar el importe máximo de concesión de créditos por parte del
ICO Directo, establecido actualmente para operaciones de inversión y
liquidez en los 200.000 euros, con cobertura de riesgo del 100 por cien, y
detallar los criterios de selección, primando la viabilidad de los proyectos
presentados más que la solvencia acreditada.
15. Abrir vías para que el cuantioso volumen de recursos del ICO llegue
a las empresas. Esto implica redoblar los esfuerzos de seguimiento y
control, además de de mejorar la eficiencia en la gestión de intermediación
de estas líneas.
16. Mejorar la estructura del sistema de garantías para las pymes: que el
Gobierno emprenda medidas para el aseguramiento y refuerzo de la
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solvencia de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de la
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
17. Diversificar las tradicionales fuentes de financiación mediante una
ampliación de la oferta (capital semilla, red de inversores-angels), así
como una mayor amplitud y profundidad de los mercados de capitales
alternativos.
18. Establecer un marco de colaboración entre las administraciones, las
entidades de crédito y las organizaciones empresariales, mediante la
instrumentación de los fondos de titulización pyme para la promoción y
difusión de la figura del préstamo participativo.
Mercado laboral
19. La gravedad de la crisis financiera ha puesto aún más de manifiesto la
necesidad de acometer reformas profundas, estructurales, en nuestro
mercado de trabajo para conseguir una mayor flexibilidad y adaptabilidad
de las empresas.
20. Es preciso eliminar rigideces en la contratación estable y abordar con
mayor ambición el aumento de la flexibilidad interna en las pymes.
21. Es necesaria una revisión del factor impositivo que penaliza el
empleo generado por las pymes y, en particular, de las cotizaciones
sociales que soportan las empresas de menor dimensión.
22. Asunción por el Instituto Nacional de la Seguridad Social del coste de la
prestación de baja por enfermedad entre el 4º y el 15º día, que
actualmente corre a cargo exclusivamente del empresario.
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23. Cepyme reclama el mantenimiento de la no obligatoriedad de la
cotización por cese de actividad de los autónomos, tal como está
planteada actualmente.
24. La variación de los salarios debe ajustarse a las necesidades de
competitividad de la empresa.
25. Recuperar el poder de decisión del empresario tanto en el momento
de la entrada de los trabajadores en la empresa en su contratación, como
en su salida, en caso de despido.
26. Simplificar al máximo las causas del despido evitando así su
judicialización.
27. Creación de un nuevo contrato indefinido más sencillo, que incentive
este tipo de contratación y contribuya a reducir la temporalidad.
28. Una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial, más flexible, que
mejore su aplicación y pueda ser una alternativa a la excesiva contratación
temporal.
29. Una negociación colectiva que atienda la realidad de las pymes,
evitando la complejidad de sus procesos y haciendo posible cuestiones de
vital importancia, como el descuelgue, la modificación de las condiciones
de trabajo o la exclusión del ámbito personal del convenio para los nuevos
emprendedores.
30. Cepyme considera un perjuicio para el desarrollo de la actividad de las
pymes el proceso de sindicalización que han abierto las recientes
reformas.
Legislatura Pyme 49
31. Armonizar la legislación laboral en los distintos niveles
administrativos, dotando de mayor seguridad jurídica a las empresas para
operar en un mercado nacional.
32. Racionalizar la jornada laboral y el tiempo de trabajo para evitar
jornadas excesivas, que en nada contribuyen a la productividad de
nuestras empresas.
33. Racionalizar el calendario de festivos para que la repercusión de
éstos, que inciden directamente en la productividad y por tanto en la
competitividad, sea la menor posible.
34. Promover cuantas iniciativas sean necesarias para erradicar el
absentismo laboral no justificado y otorgar un mayor protagonismo a las
mutuas de seguros en la determinación de los periodos de baja por
enfermedad o accidente laboral.
Formación
35. El sistema educativo debe ofrecer una mayor relevancia a la iniciativa y
la capacidad emprendedora desde las primeras etapas.
36. Ampliar la formación de los profesores en el ámbito de la empresa y
el espíritu emprendedor.
37. Elevar la experiencia profesional durante el período formativo, reforzar
las competencias lingüísticas y el uso de las nuevas tecnologías.
38. Promover la colaboración efectiva entre empresa y universidad y otras
entidades de educación y formación.
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39. Ofrecer una mayor difusión e información del sistema de formación
para el empleo a las pymes, especialmente a las más pequeñas.
40. Incrementar la financiación para la formación por parte de las pymes e
impulsar la formación de Demanda.
41. Facilitar información sobre normativas, procedimientos y gestión de las
ayudas; simplificar procedimientos y requisitos.
42. Facilitar la adaptación de la formación del trabajador a la situación y
necesidades de las pymes.
Estabilidad presupuestaria
43. Es preciso mantener una estrategia ajustada para la aplicación de los
compromisos fiscales, adquiridos con la UE, de reducción del déficit
estructural y del endeudamiento público, mediante un adecuado
desarrollo de la reciente reforma constitucional que limita el déficit de las
administraciones públicas.
44. La estrategia para alcanzar los objetivos determinados por parte de cada
administración debe pasar fundamentalmente por una reestructuración y
reorientación del gasto público, priorizando la limitación de los gastos
corrientes y optimizando las asignaciones correspondientes a la inversión.
45. Es imprescindible que se concreten los compromisos de refuerzo del
marco de estabilidad presupuestaria aplicables por parte de todas las
administraciones y, en particular, por las comunidades autónomas.
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Presión fiscal
46. Priorizar el diseño de incentivos fiscales que garanticen tipos
efectivos orientados a mejorar la capitalización de las pymes y al
empleo.
47. Hacer efectiva la posibilidad de realizar la suspensión del ingreso a la
Administración Tributaria del IVA hasta que no se produzca el
correlativo ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios.
48. Mejorar y agilizar los procedimientos administrativos asociados a la
fiscalidad de los empresarios autónomos, en particular con el IVA.
49. Establecer una deducción en la cuota a las empresas de reducida
dimensión por participación en ferias y exposiciones de ámbito nacional
e internacional sobre los gastos asociados a su participación
50. Deducción en la cuota del IRPF del 10% por la participación en
capital de las empresas de reducida dimensión por las cantidades
efectivamente desembolsadas.
51. Deducción en la cuota del IRPF del 50% de los gastos de formación
realizados por el empresario.
52. Promoción de la firma de convenios para evitar la doble imposición.
Un entorno favorable, sin trabas
53. La mejora de los mecanismos de información y consulta entre las
instituciones públicas y las organizaciones empresariales para evaluar las
propuestas normativas en todos los niveles administrativos.
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54. Aplicar, para cualquier contrato administrativo, el principio de Only
once, evitando que las administraciones soliciten información a las
empresas que ya está disponible en las mismas.
55. Armonizar las normativas que afectan a las pymes aplicando los
CCD´s: Common Commencement Dates, o fechas únicas de publicación
de aplicación de toda aquella normativa que afecte a la actividad
empresarial.
56. Evitar que una nueva regulación suponga el incremento de los
costes en el proceso de transposición de las normas desde los órganos
administrativos de ámbito superior a otros de ámbito inferior.
57. Agilizar el proceso de constitución de las pymes y la adopción de
actos societarios mediante la simplificación de los trámites desde los 47
días de media actuales a un máximo de cinco, así como la reducción de
los costes.
58. Impulsar la adecuada implementación del Centro de Información y Red
de creación de Empresas (CIRCE), que se debe convertir en un
elemento esencial para la eliminación de las barreras administrativas.
59. Reducir la carga administrativa que imponen los trámites y el coste
de constitución de sociedades regulados por las administraciones locales,
acortar los tiempos efectivos y el coste de apertura de las actividades
empresariales.
60. Creación de un inventario de los recursos existentes para asesorar a
las pymes y hacer un uso más inteligente de los mismos.
61. Promover e incentivar la fusión entre empresas, que permita elevar el
tamaño de nuestras pymes para mejorar su productividad y viabilidad.
Legislatura Pyme 53
La innovación en las pymes
62. Adaptar los programas de fomento de la innovación a las
características específicas de las pymes y de los empresarios autónomos.
63. Las vías de financiación para la innovación deben ser múltiples y
diversificadas, así como adaptadas a necesidades de retorno de la
inversión y al riesgo asumido.
64. Intensificar la apuesta por los sistemas de garantías financieras, así
como de otros cauces de intermediación existentes.
65. Ampliar la cobertura de las ayudas a un mayor número de empresas,
fijando nuevas condiciones, como la cuantía mínima de participación en
proyectos financiables y la ampliación y adaptación del concepto de
innovación a las características de las pymes.
66. Reforzar el asesoramiento a las pymes sobre los diferentes procesos
y trámites, así como en la búsqueda de financiación y en la adaptación de
los productos a los mercados internacionales.
67. Fortalecer la red de Puntos de Información sobre Actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación (red PIDI), así como una mayor
participación desde las organizaciones empresariales en la promoción y
difusión de las ayudas a la innovación.
Internacionalización
68. Acompañar a las empresas de menor dimensión en su reorientación
estratégica hacia el posicionamiento en los mercados exteriores.
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69. Incentivar la formación especializada en las pymes, con el fin de
establecer una cultura organizativa orientada a la promoción exterior, a
través de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y deducciones
fiscales en IRPF e Impuesto de Sociedades.
70. Creación de un portal de Internet que facilite información global a las
empresas sobre la internacionalización, ofrezca un inventario de las
instituciones nacionales e internacionales de apoyo en su proceso de
salida a otros mercados, facilite vínculos a oficinas comerciales en las que
se ofrezca información regular de los países y de los sectores con mayor
proyección en oportunidades empresariales y de inversión, concursos
administrativos, licitaciones, etc.
71. Impulsar la cooperación entre las pymes, con el fin de facilitar su
acceso a los mercados internacionales, a la información y a la tecnología,
a través de deducciones fiscales por la participación en ferias nacionales e
internacionales. Y primar la constitución de agrupaciones empresariales.
72. Articular mecanismos financieros de cobertura de las operaciones de
exportación a través del seguro de crédito.
73. Profundizar en las líneas de actuación que impulsa el ICEX para las
pymes en la oferta de información y asesoramiento, las vías de
financiación específicas para proyectos de internacionalización y el
fomento de cooperación entre empresas.
74. Fomento de programas de promoción de inversión y comercial (como
PIPE).
75. Fomento de la cultura de internacionalización y del aprendizaje de
idiomas desde las primeras etapas educativas.