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LECTURAS TERRITORIALES EN CLAVE DE PAZ
REGIÓN DEL CATATUMBO
Autora: Camila Carvajal Oquendo Junio de 2016
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1. INTRODUCCIÓN
El Catatumbo es, sin lugar a dudas, un escenario de complejidades. Desde la década de los
años ochenta, hasta el paro agrario de 2016, la región del Catatumbo ha protagonizado los
pulsos de la protesta campesina, ha sido uno de los escenarios donde más estragos ha dejado
la guerra que, aún en curso, enmarca todavía la más valiente resistencia civil de sus
pobladores. Se encuentra hoy en el lente de la cooperación internacional, en el centro de las
prioridades de la política pública nacional, y en las agendas de los actores sociales. Así como
en el Catatumbo coexisten actores armados de diversa índole y denominación, también se
configura un conjunto de conflictividades estructurales que recuerdan las marañas inherentes
a los encuentros culturales, a las lógicas de la expansión del Estado, y a los choques entre
diversos tipos de nociones entorno al desarrollo.
Por esta razón, intentando trascender el estrépito de las cifras de violencia que emanan con
pesadumbre de la región, cualquier esfuerzo por comprender la complejidad de las dinámicas
sociales, políticas y económicas del Catatumbo, invita implícitamente a repasar los procesos
históricos de configuración de este territorio. Lo anterior, con el fin de establecer –además
de posibles interpretaciones y explicaciones de la situación actual- algunas vías de acción que
permitan tramitar dichas conflictividades y conducir a un escenario mejor para sus
pobladores.
En este sentido, el documento1 sigue la siguiente estructura general: Luego de una breve
caracterización de la región, se describen los procesos históricos de ocupación territorial y se
destacan los efectos principales del tipo de configuración socioespacial que tuvieron lugar en
la región (sección 2).
Posteriormente, se presenta una narrativa del conflicto armado en la región en los diferentes
períodos en los cuales se ha venido desarrollando: el de su origen y expansión y el de sus
principales impactos y afectaciones territoriales (sección 3). En la siguiente sección, se
presenta un análisis de las principales expresiones organizativas y los patrones de
movilización social (sección 4) y, para finalizar, se presentan los principales hallazgos de las
1 Este documento se basa en las investigaciones del equipo Conflicto y Estado del Cinep/PPP. Específicamente en el trabajo elaborado por Andrés Felipe Aponte (2012, 2013, 2016), que ha sido usado en el texto de forma indirecta y textual, referenciada o no.
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tres dimensiones estudiadas en clave de los riesgos que estos suponen para la implementación
de acuerdos de paz y se ofrecen algunas ideas para mitigarlo (sección 5).
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2. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO.
2.1. Aspectos geográficos básicos:
Ubicación: La región del Catatumbo se encuentra ubicada en el norte del departamento de
Norte de Santander, en el noroccidente del país. Pese a que no existe un consenso definitivo
sobre los criterios de regionalización del Catatumbo, en términos generales la región, de
9743,22 km2, está demarcada por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río
Catatumbo (Acnur, octubre de 2004).
Características geofísicas: Es un remanente de la selva húmeda tropical que abarca también las
estribaciones de la cordillera Oriental y, dadas sus características particularidades geofísicas,
la región del Catatumbo es altamente prioritaria desde el punto de vista ambiental. Está
geográficamente conformada como una combinación de zonas planas, montañas y valles
tropicales, selva andina y selva húmeda tropical, estas dos últimas, preservan una enorme
diversidad biológica, con abundantes recursos en fauna y flora (Defensoria del Pueblo, 2006).
Por esta condición, la región presenta una gran variedad climática, una importante
disponibilidad de recursos naturales como petróleo, carbón y uranio; así como una riqueza
topográfica y geológica importante, que se traduce en que las propiedades físicas y químicas
de sus suelos favorecen la producción agrícola diversificada, en su mayoría de tipo
campesina, al lado de cultivos intensivos y extensivos (palma aceitera). Así, la mayoría de sus
habitantes, de marcado carácter rural, se dedican cultivar cebolla, café, cacao, maíz, fríjol,
arroz, plátano y yuca; en una típica función de despensa para el ámbito regional (Aponte,
2012).
La región del Catatumbo podría también definirse en función de las cuencas de los ríos
Catatumbo, Tarra, Tibú, Sardinata y otras cuencas y sub-cuencas menores, que no solo
poseen una importante variedad de peces, que han servido de alimento durante mucho
tiempo a los habitantes ribereños (principalmente a los indígenas Motilón-Bari), sino que
también han sido útiles como medio de transporte y para las dinámicas productivas y
económicas (Igac, 1989; Meléndez, 1999 y Acnur, 2004, Citado en Cinep, 2016).
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Ordenamiento del territorio: Una gran parte de la región del Catatumbo compone la Zona de
Reserva Forestal Serranía de los Motilones (Serranía del Perijá) en la prolongación de la
cordillera oriental que termina en los departamentos del Cesar y Guajira, y que cuenta con
una superficie de 539.215 has. Otro porcentaje corresponde al territorio de los resguardos
indígenas Motilón Barí y La Gabarra-Catalaura; también se encuentra allí el Parque Nacional
Natural Catatumbo Barí (Defensoría del Pueblo, 2006).
Pese a que la flora del territorio es mayoritariamente bosque primario, como consecuencia
de la ampliación de la frontera agrícola, la desactualización de las figuras territoriales
nombradas y sus límites, y del desarrollo de megaproyectos industriales, gran parte del área
que ocupaba el bosque primario y, en general la vegetación silvestre, ha sido
indiscriminadamente destruida (Defensoria del Pueblo, 2006).
De este modo, tal y como se observa en el mapa anterior, la mayor parte de la superficie de
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los municipios de El Tarra (100%) y Teorama (90%), así como parte importante del área de
los municipios de El Carmen (45%) y Convención, son parte de la Zona de Reserva Forestal
Serranía de los Motilones, declarada con la expedición de la Ley 2° de 1959. La protección
jurídica de estos territorios se ha traducido en el desarrollo de procesos de poblamiento
desordenados, la configuración de una estructura agraria basada en la informalidad en la
tenencia de la tierra, la ausencia de condiciones de infraestructura propicias para el desarrollo
de sistemas y encadenamientos productivos. El traslape existente entre los límites de estas
figuras territoriales y su profunda desactualización, constituyen uno de los problemas
estructurales más graves de la región del Catatumbo en tanto que impide una eficaz gestión
ambiental del territorio y su ordenamiento productivo. La ausencia de alternativas
productivas y de regulación económica y social, sumada a las condiciones agroecológicas
previamente esbozadas, y la presencia precaria del Estado, determina en gran parte la opción
de los campesinos de la región por la producción de cultivos de uso ilícito.
Composición demográfica: La región del Catatumbo concentra el 21% del total de la población
del departamento de Norte de Santander, con una población aproximada de 282.393
habitantes, según proyecciones del DANE para el año 2015. Esta zona está conformada por
10 municipios que hacen parte de la cuenca del Río Catatumbo: Tibú, El Tarra, Sardinata,
Convención, El Carmen, San Calixto, Ocaña, Teorama, La Playa y Hacarí. El municipio de
Ocaña por el norte y el municipio del Zulia2 por el sur, son las dos vías de acceso a la extensa
región. Desde la ciudad de Cúcuta -capital departamental- “hasta la capital del Catatumbo,
Tibú, hay 120 km; el recorrido por carretera dura cuatro horas, dado el estado de la vía -que
se recorre apenas un promedio de 30 km/hora. Para recorrer esta región desde Ocaña
pasando por el Tarra, Tibú y Cúcuta el recorrido de 300 km, dura alrededor de 12 horas si el
clima favorece” (Galeano, s.f.).
Ubicación desde la perspectiva geopolítica: Se constituye geopolíticamente como área estratégica
por tratarse de una zona limítrofe que comunica al Urabá con la República Bolivariana de
Venezuela, al mismo tiempo, posee las riquezas y potencialidades económicas ya
mencionadas, razones que convierten a la región en un punto clave para diversos intereses
militares y económicos de actores legales e ilegales (Galeano, s.f.).
De acuerdo con estas resumidas características de su geografía física, pero también ligados a
los procesos de ocupación territorial y la intervención de los colonos y la sociedad que se
2 Como no existe un consenso generalizado en torno a los criterios de regionalización de la región del Catatumbo, no son tomados los municipios de Ábrego y el Zulia como parte de este documento.
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describen la siguiente sección, se pueden distinguir tres subregiones dentro del Catatumbo:
Alto Catatumbo El Carmen, Convención.
Medio Catatumbo Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí, Ocaña, La Playa.
Bajo Catatumbo Tibú, El Tarra, Sardinata.
2.2 Procesos históricos de ocupación y configuración territorial.
La región del Catatumbo ha sido habitada ancestralmente por los indígenas barí, y ha sido el
escenario de varios procesos desarticulados de colonización, principalmente dinamizados
por la búsqueda de recursos minerales, la existencia de bonanzas económicas de distinta
índole, y los auges de negocios ilegales (Defensoría del Pueblo, 2006).
En términos generales, al dar una mirada trasversal a los procesos de configuración territorial
de la región del Catatumbo, es posible rastrear los siguientes puntos clave:
i) La información disponible parece indicar que el poblamiento de los municipios de la región
se dio en varios momentos, obedeciendo a diversas coyunturas como la consolidación de
intereses de hacendados por el florecimiento del mercado del cacao, la construcción de una
élite en zonas colindantes (tanto de Venezuela como de lo que hoy es el departamento de
Norte de Santander) con intereses sobre ciertos territorios, la violencia bipartidista, la
bonanza petrolera, la bonanza cocalera, entre otras coyunturas que motivaron la llegada de
flujos de población provenientes de diferentes regiones del país.
ii) La violencia constante derivada de la persistencia del conflicto armado, determinó el
poblamiento y la expulsión de la población de la región, configurando dinámicas de constante
movilidad demográfica. Esta situación, agravada por la inestabilidad productiva derivada de
los problemas de ordenamiento del territorial y la precaria presencia del Estado en la región,
se tradujo en una insuficiente oferta de posibilidades económicas viables para los pobladores.
iii) Las figuras de protección ambiental que existen en la zona han actuado como una
“barrera” en el proceso de integración de la región a los mercados y redes económicas
nacionales, planteando una tensión fuerte entre la colonización campesina y la protección
ambiental.
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iv) La interacción de soberanías fragmentadas que ha surgido en este contexto ha generado
condiciones proclives al desarrollo y la consolidación de las economías ilegales; las relaciones
existentes entre las bonanzas de la economía ilegal y las lógicas de poblamiento de algunos
lugares de la región son estrechas.
iii) La históricamente precaria presencia del Estado, impidió el desarrollo de la regulación
necesaria para la consolidación de un modelo de desarrollo organizado, y la configuración de
una estructura agraria que garantice el avance de proyectos productivos sostenibles
(comercial, financiera y ambientalmente hablando). Este aspecto explica en gran parte la
existencia de condiciones de pobreza y los altos índices de necesidades insatisfechas de la
población rural y urbana de la mayoría de los municipios de la región; así como la debilidad
de las instituciones municipales, consolidándose diferentes gobernabilidades híbridas en las
zonas rurales.
En lo que sigue, se describen los procesos históricos detrás de estos tres puntos clave
partiendo de una breve aproximación a los territorios ancestrales del pueblo Barí. Para este
propósito y luego de esa aproximación, la narrativa se divide en varios períodos temporales.
El primero, que va desde finales del siglo XVI a finales del siglo XVIII, cuando tuvo lugar el
primer proceso de colonización de la región, entonces territorio Barí. El segundo, de finales
del siglo XIX a mediados del XX, donde la superposición de colonizaciones dio lugar a una
mayor densificación demográfica determinada por la Concesión Barco (1918), terminando
con el crecimiento poblacional de la zona derivado de la violencia bipartidista. Y el tercer
período en el que se evidencia una reestructuración inestable de la configuración del
territorio, derivada tanto de la bonanza cocalera, como de la expansión del proyecto
paramilitar, procesos ambos que derivaron en la conformación de una estructura agraria
multimodal informal, la existencia de proceso de minería informal, con profundas
implicaciones negativas en materia ambiental, y configurando la existencia paralela de varios
modelos de desarrollo, algunas veces contradictorios entre sí.
2.2.1. El territorio Barí.
Los Barí sitúan su territorio ancestral o tradicional en el área que corresponde con la cuenca
y afluentes del Da Bokí o Río Grande, más conocido como Río Catatumbo. Entre sus
afluentes principales está el Río Shundocorrera, denominado comúnmente como Río Zulia.
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Esta cuenca del Da Bokí con sus afluentes tiene los siguientes límites naturales: al oriente el
lago de Maracaibo, al norte el Río Apón hasta encontrar la serranía de Perija y Sa sogn Yera
(Serranía de tierras frías, en lengua Barí) más conocida como Serranía de los Motilones que
constituye su límite occidental; luego en dirección suroriental por las cabeceras de las cuencas
de Da Bokí, el Tarra, y Shunducorrera entre otros, su lindero es cercano en gran parte con
linderos entre los departamentos de los Santanderes del Norte y Sur; luego en dirección
nororiental por los límites entre Santander del Norte y Venezuela, y luego en Venezuela
tomando las estribaciones de la cordillera de Mérida, hasta encontrar de nuevo el lago
Maracaibo a través del Río Escalante (ASOCBARI, 2004).
Así el territorio Barí o cuenca del Da Bokí (Río Grande) cubre áreas de los dos países,
Colombia y Venezuela, y administrativamente se corresponde básicamente con el
Departamento de Norte de Santander en Colombia y el Estado de Zulia en Venezuela. Este
territorio ancestral Barí hasta la invasión Española tenía una extensión aproximada de 37.000
kilómetros cuadrados equivalentes a 3´700.000 hectáreas, el que fue paulatinamente
arrebatado por los hispanos durante la conquista y colonia, y luego de la independencia de
España, especialmente por la presencia de las explotaciones petroleras desde el siglo XX
(Jaramillo, 1992, citado en ASOCBARÍ, 2004).
La zona estuvo caracterizada por permanentes contactos culturales dada la convergencia de
las áreas andina, cuenca del Orinoco, del mar Caribe y del valle del río Magdalena,
permitiendo la "circulación cultural" de técnicas de subsistencia, de lenguas, de artes y de
razas. Este proceso y la presión Europea de varios siglos presionó la localización de los Barí
en la Hoya del Catatumbo (ASOCBARÍ, 2004).
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2.2.2. Primer período y el poblamiento inicial: Finales del siglo XVI a finales del
siglo XVIII, cuando tuvo lugar el primer proceso de colonización.
La primera avanzada de conquista del territorio Barí, en la región conocida hoy como el
Catatumbo, se emprendió con la fundación de Maracaibo en 1530, y la expedición realizada
en el marco de este suceso al interior del territorio circundante. En este período se
establecieron diversas fundaciones de pueblos y se dieron los consecuentes asentamientos
en las provincias de San Cristóbal, Salazar, Ocaña, Maracaibo y Mérida. Estos poblados
fueron atacados por los guerreros indígenas y, por este motivo, se consideró la necesidad de
su reducción
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(ASOCBARÍ, 2004).
En este sentido, el proceso de poblamiento que se desarrolló en el territorio comprendido
entre las serranías del Perijá y los Motilones y la parte occidental de la cordillera de Mérida,
fue motivado por las necesidades de tierras y recursos de los pobladores de las ciudades de
Maracaibo, Salazar de las Palmas, Cúcuta y Pamplona, “quienes promovieron un proceso
típico de ampliación de la frontera agrícola, en un contexto de alta conflictividad con las
sociedades indígenas que por siglos ocuparon estos espacios. Estos grupos fueron objeto de
acciones militares, de pacificación, y políticas misionales que determinaron las nuevas
relaciones territoriales en la zona y facilitaron la colonización blancamestiza de ella” (Ramos-
Peñuela, 2005:10, citado en Aponte, 2012).
Los procesos de expansión territorial que tuvieron lugar en la región del Catatumbo
implicaron la consecución de empresas militares o de “pacificación”, apoyadas y dinamizadas
por la comunidad capuchina, que permitieron la formación paulatina de haciendas a partir
del siglo XVII. Estos procesos en su mayoría fueron promovidos por la iniciativa privada de
las élites regionales, cuyas haciendas en la zona comenzaban a establecerse dentro del
territorio barí. (Ramos-Peñuela, 2005:10, citado en Aponte, 2012).
A comienzos del siglo XVIII, fue registrado un incremento de las hostilidades militares entre
los Barí y los pobladores de las haciendas ganaderas y cacaoteras de reciente fundación en
las vertientes de los ríos Zulia y Catatumbo, “en un proceso de expansión agrícola que había
encontrado en la coyuntura del mercado libre una oportunidad muy importante para la
exportación de cacaos. Las quejas presentadas a los diversos virreyes por parte de los
hacendados y ganaderos de las ciudades de Maracaibo, San Cristóbal y Cúcuta expresaron
los nuevos intereses económicos condicionados al dominio de un territorio que ofrecía las
mejores condiciones geográficas para la expansión de la hacienda productora cacao,
producto que estaba siendo demandado por el mercado internacional” (Ramos-Peñuela,
2005:17).
Este auge de la hacienda cacaotera generó un proceso de colonización campesina espontánea
sobre todo en las vertientes de los ríos Zulia y Catatumbo, motivado por las ventajas
comparativas que ofrecía explotar la tierra fértil y además contar con las facilidades de
comunicación y mercado que ofrecieron los ríos Zulia y Catatumbo (Ramos-Peñuela, 2005;
Aponte, 2012). Se creó así, en los primeros asentamientos de campesinos en la región “la
necesidad de la guerra para conseguir la pacificación de los pobladores locales, indispensable
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para la consolidación de las propiedades”, tal y como fue enunciado anteriormente (Aponte,
2012: 371).
De ahí que la fundación inicial de los poblados durante toda la colonia, haya sido inconstante
e interrumpida, así como la presencia y el control de la administración colonial limitado,
dejando de esta forma el manejo de los centros poblados en manos de la población (Pabón
Villamizar, 1994; Ramos Peñuela, 2005; Cinep, 2016) y gestando un escenario de “ausencia
de ley” estatal, que todavía persiste. Hacia 1792, a pesar de que se habían establecido 13
centros misioneros que contaban con participación de los Barí (Jaramillo, 1992), la aparente
calma en las relaciones con los indígenas fue interrumpida por los intentos de conquista que
se emprendieron desde la parte Colombiana. De este proceso derivó la destrucción de
centros poblados como Chiriguaná, en 1789, sobre la vertiente del Río Magdalena, por parte
de los guerreros de la resistencia Barí (Roldan, 1995).
Las familias que arribaron a la región en ese contexto, buscaron usufructuar los recursos
naturales y ambientales que ofrecía esta zona para el cultivo del cacao, a la vez que por los
ríos estimularon el comercio (Ramos Peñuela, 2004). El resultado de la anterior dinámica fue
la progresiva y fuerte vinculación de Cúcuta y sus alrededores a los circuitos comerciales con
Venezuela, más que con las cadenas productivas del mercado nacional (Aponte, 2012). No
obstante, esto tampoco cambió la situación de marginalidad regional del Catatumbo, ya que
todos estos intentos colonizadores, solo tenían el propósito de ampliar la red comercial con
Venezuela y controlar el tráfico ilegal del cacao (Meléndez, 1993, citado en Cinep, 2016). De
este modo, los procesos de integración de la región a las dinámicas económicas nacionales
no fueron eficientes, en la medida que los incentivos de las élites regionales de vincularse con
las redes del mercado nacional eran marginales. Esto generó un ambiente de autonomía que
encontraba en la ausencia de regulación estatal una ventana de oportunidad para su desarrollo
y consolidación.
De este modo, el control de las autoridades locales fue desde el principio muy limitado: la
construcción y el mantenimiento de la infraestructura quedó en manos de los hacendados en
función de sus intereses (Meléndez, 1993, citado en Aponte, 2012), “además, los altos costos
de la medición de la tierra y los largos trámites en el centro hacían onerosos los reclamos de
baldíos por parte del campesinado, situación que fomentó la ocupación de facto de la tierra.
Así, el inicial proceso de poblamiento y apropiación territorial espacio fue resultado, más de
la voluntad individual que de las políticas estatales” (Meléndez, 1993, citado en Aponte,
2012).
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A este momento, en la región del Catatumbo se habrían fundado los municipios de de Ocaña
(1570), El Carmen (1686) y Hacarí (1780).
2.2.3 Finales del siglo XIX, inicios del XX y Concesión Barco (1918)
Con la declaración de la independencia de España, los misioneros capuchinos españoles
abandonaron las colonias y los Barí tornaron a la selva y reasumieron su vida tradicional,
posiblemente haciendo contacto pacífico con grupos que habían rechazado la reducción
(Asocbarí, 2004). Por esta razón, el siglo XIX transcurrió en relativa paz; muestra de lo
anterior es el hecho que los indígenas permitieron la construcción y el libre tránsito de un
camino abierto entre Tamalameque y el río Tarra venezolano, en 1895, con el fin de facilitar
el transporte de ganado. A pesar de esto, este camino fue abandonado por la oposición de
los indígenas ante el hurto continuado de sus conucos por los mestizos (Jaramillo, 1992,
citado en Asocbarí, 2004) siendo muestra ello de la inestabilidad en la que transcurrían las
relaciones entre los indígenas Barí y los nuevos pobladores de la zona. Durante este período,
se fundarían los municipios de Teorama (1817), Convención (1829) y La Playa (1862).
Ahora bien, desde la Concesión Barco a comienzos de 1900, cuando el presidente Rafael
Reyes otorgó al general Virgilio Barco una zona del Catatumbo para explorar las fuentes de
petróleo descubiertas en los baldíos de ese territorio, pasando por las siguientes concesiones
a las empresas extranjeras y llegando a la actual situación de otorgar nuevamente en
concesión los bloques petroleros en el Catatumbo, los indígenas han venido sufriendo
afectaciones en su territorio ancestral (Defensoría del Pueblo, 2006). La posición de la
población mestiza ante la inminente existencia de reservas de petróleo, y el arribo de intereses
externos a la región en la explotación de hidrocarburos, planteó un nuevo giro en las ya
tensas relaciones entre colonos e indígenas, que dio pie a una nueva fase de exterminio de
los Barí:
“No está probado que Guajiros y Motilones rehúsen absolutamente la civilización. Lo que hay
es que ningún esfuerzo bien encaminado y perseverante se ha hecho o que la civilización se les ha
mostrado por aspectos repugnantes y odiosos… En cuanto a los Motilones, el problema es
realmente más difícil, las relaciones con ellos están planteadas sobre el principio de la guerra a
muerte, también por culpa de los blancos” Rafael Uribe Uribe (Citado en ASOCBARÍ,
2004).
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Los primeros años del siglo XX significaron importantes transformaciones en los espacios
del Catatumbo por cuenta de dicha Concesión posteriormente cedida a una empresa
extranjera (Colombian Petroleum Company - Colpet) (Cinep, 2016). Los cambios
consistieron en que la actividad petrolera y el consiguiente desarrollo de la infraestructura
para la explotación promovieron dos olas de colonización espontánea, “que obraron sin
ninguna planeación estatal: la primera, compuesta por campesinos expulsados de las tierras
altas donde la frontera agraria se había cerrado o estaba a punto de cerrarse; la segunda,
constituida por personas atraídas por las oportunidades que ofrecían el petróleo y los puertos
fluviales (Vega y Aguilera, 1995). La importancia de este episodio radica estos en que estas
dos olas repercutieron en la configuración de expresiones endógenas de apropiación
territorial. Pues estas no contaron con la dirección, regulación y tramitación de la maquinaria
institucional en las distintas modalidades de apropiación de la tierra (Aponte 2012)” (Cinep,
2016). En este período, se fundó el municipio de Sardinata, en 1906.
A este punto de la historia, los Barí habían resistido por varios siglos las distintas incursiones
a su territorio, emprendiendo una resistencia violenta que alternada con algunas
negociaciones con los hispanos y sus misiones. Sin embargo, la exploración y explotación
petrolera del siglo XX sería reconocida por ellos como el episodio que afectó en forma más
crítica y contundente su existencia, traducida tanto en la disminución de su población, como
en la exponencial pérdida de su territorio (Cuadro 1). Ante esta situación, los Guerreros Barí
establecieron una resistencia violenta contra la agresión e invasión de su territorio por cerca
de treinta años, generando un gran desafío a las petroleras y el gobierno (ASOCBARÍ, 2004).
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La tangible inseguridad que representaba la resistencia del pueblo Barí para los proyectos de
extracción de hidrocarburos en la región del Catatumbo, motivó que Andrew Mellon,
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y dueño de la Gulf Oil. Mellon, presionara al
Gobierno Colombiano para aprobar el traspaso de la concesión caducada a la Gulf so pena
de “la cancelación indefinida de empréstitos bancarios para el país y el riesgo de una nueva
segregación de territorio” (Roldán, 1995, citado en Asocbarí, 2004), motivando a su vez la
aprobación de la Ley 80 de 1931. Hacia 1936 la Gulf transfirió sus derechos a la Texaco, a la
COLPET, y a la Socony Mobil oil (Roldan, 1995). La recomposición del territorio
consecuenta, implicó la construcción de vías e infraestructura, la fundación de pueblos y la
creación de autoridades civiles y militares, siempre en detrimento de la comunidad Barí
(Asocbarí, 2004).
2.2.4. Colonización reciente.
En el marco de La Violencia de mitad de siglo XX, parte importante del territorio Barí que
había quedado después de más de tres décadas de colonización petrolera, se instauró como
el escenario de una nueva ola de colonización emprendida por miles de campesinos
desplazados por la violencia política de la época que ingresaron a la región de forma
relativamente desordenada y sin ningún acompañamiento del Estado.
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Este proceso de colonización que tuvo lugar entre 1955 y 1960, configuró el poblamiento de
la parte norte del Catatumbo, entre La Gabarra, las bocas del Río de Oro y La Pista. Lo
propio sucedió a partir de 1965, desde La Gabarra hasta las bocas del río Orú. “La otra punta
de colonización penetró en dirección noreste (Monteadentro y Tierrafirme), siguiendo la
denominada ‘Trocha Ganadera’” (Corporación Minuto de Dios e Indec, 1971, citado en
Cinep, 2016). Como resultado de ese proceso la población de la subregión aumentó
exponencialmente, hasta convertirse en la segunda más poblada del departamento.
Ahora bien, con la reactivación de la actividad petrolera en los albores de la década del
sesenta, se estableció una nueva infraestructura para la exploración y explotación al oriente
del territorio Barí, entre Tibú y Playa de oro, y se dio inicio al último período de la resistencia
Barí.
Según un estudio de la época (INDEC, La colonización del Catatumbo, INCORA, 1971),
entre 1957 y 1963, habrían muerto 100 colonos en estas refriegas. Tampoco aquí se tiene un
indicio aproximado de los muertos indígenas, pero el mismo estudio antes nombrado señala
que con motivo de estos ataques tuvo lugar el “surgimiento de organizaciones entre los colonos
y la constitución de comisiones para perseguir a los indios y vengar a los compañeros muertos”.
El tamaño de estas venganzas ha quedado dramáticamente registrado en la prensa de la época.
(Roldan, 1994: 271, citado en Asocbarí, 2004).
A ese momento, el único actor que desempeñó el papel de ente regulador fue la Colpet, que
se encargó de la construcción de vías, la prestación de servicios básicos, el régimen laboral y
la provisión de justicia; razón por la cual los colonos optaron por insertarse en las lógicas de
vida inherentes a la explotación de petróleo, o por construir sus propios espacios de
sociabilidad y sus formas de regulación (Vega y Aguilera, 1995 y Aponte, 2012). Como
consecuencia de este proceso, se construye la vía Cúcuta – Tibú – La Gabarra – Río de Oro
– Caño Tomás, por la vía fronteriza con Venezuela (López, 2016). Entretanto, la South
American Gulf Oil Compañy (Sagoc), abre la vía Tibú – Convención – La Mata, en el
departamento del Cesar, por donde va el primer oleoducto del Catatumbo cuya estación
principal de bombeo estaba ubicada en La Esmeralda, cerda del municipio de Convención
(López, 2016:12).
En el margen de estas vías, los colonos que recién arribaron comenzaron a establecer sus
ranchos y fueron formando caseríos progresivamente. Esta ola de colonización espontánea
se intensificó en los años 70, gracias a que la petrolera llevaba a la región a trabajadores
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provenientes de otros lugares, sin generar una política de empleo que garantizara las
condiciones mínimas de vida para la gente que comenzaba a asentarse en el territorio. En
este sentido, la colonización petrolera y las lógicas de integración consecuentes no
promovieron tampoco en este período una comunicación efectiva entre la región del
Catatumbo y la capital departamental, y mucho menos con las lógicas nacionales de
comercio.
“Lo que pasa es que el Catatumbo está bastante aislado de la capital que es Cúcuta. El
problema mayor que yo desde niño recuerdo era que no había vías de acceso, que todavía pasa.
Eso no ha cambiado para nada, no ha habido quien pueda cambiar eso, siempre ha sido así.
Entonces, claro, al principio la cosecha de arroz, pero a lo último la gente cosechaba 90.100
cargas de arroz y de eso a la larga no les quedaba mucho. Con el tiempo las cosechas no eran
tan buenas como al principio y entonces los precios nunca aumentaban sino al contrario, en
tiempos de cosecha bajaban. Yo me acuerdo cuando se puso el kilo de carne a tres pesos La gente
decía ‘así no se puede trabajar, ¿Quién va a comprar carne a tres pesos para mantener obreros’,
no se puede” (López, 2016:16).
En el marco de la ausencia estatal descrita, y en medio de la ausencia de condiciones
productivas idóneas para garantizar la supervivencia de los colonos que habían venido
arribando a la región, se popularizó paulatinamente el cultivo de la hoja de coca desde finales
de la década de 1980, propagándose en la década siguiente. Las Farc, desde su ingreso en el
Catatumbo, “promovieron y regularon la siembra, la producción de base y pasta de coca y
su comercialización, lo que les reportó significativos recursos para su crecimiento y
expansión A su vez, el aumento de los cultivos en veredas y corregimientos del municipio de
Tibú propició el ingreso de los carteles de la droga, los que apoyaron y financiaron la
incursión paramilitar y con ello la disputa a sangre y fuego por el control del territorio
fronterizo para la siembra, producción y comercialización de sustancias sicotrópicas”
(Salinas, 2014)
Debido al histórico abandono del Estado en la provisión de bienes, servicios básicos e
infraestructura; el inexistente acceso a canales de comercialización para los campesinos de la
región, así como las garantías productivas derivada del acceso a créditos y asistencia técnica
para el desarrollo actividades legales, el negocio de la coca se convirtió en una fuente de
ingresos y un medio de supervivencia eficaz y rentable para los habitantes del Catatumbo, y
esta situación persiste.
18
Como correlato al sistemático abandono del Estado, el campesinado del Catatumbo empieza
a configurarse como sujeto político, dándose inicio a un fuerte proceso de movilización social
que se mantiene vigente y que ha demandado, desde la década del ochenta y de la mano de
la comunidad indígena Barí y otros sectores populares del territorio, la garantía de sus
derechos y el reconocimiento de su agencia e independencia por parte del Estado
colombiano. Sobre este particular se volverá más adelante.
3. Conflicto armado
Inserción guerrillera, 1970-1981.
La situación anteriormente descrita permite introducir las distintas temporalidades y modos
de inserción de los grupos guerrilleros en la región del Catatumbo a mediados del siglo
anterior. El primero en hacer presencia fue el Eln quien, fiel a su tradición ideológica, empezó
a incidir en los procesos organizativos de los pobladores locales (Villarraga, 2005; Rincón,
2003 y Aponte, 2012). Su presencia se enfocó en principio en controlar la economía petrolera
a lo largo del oleoducto Caño Limón – Coveñas, propinando ataques contra la infraestructura
del petróleo, acompañada de prácticas de secuestro y extorsión para su financiamiento
(Salinas, 2014).
Distinto al proceso de inserción de las Farc, cuya llegada a la región estuvo más relacionada
con la nueva ola de colonización de los años ochenta, y que coincidió con el inicio de los
cultivos de coca. Su presencia se enmarca en el desarrollo de la estrategia política y militar de
expandirse por todo el país, e interconectar sus tradicionales zonas de dominio en el sur con
el centro y el norte del país incluyendo la frontera con Venezuela (Salinas, 2014).
En cuanto al Epl, pese a haber estado en el Catatumbo desde los primeros años de la década
de los 80, hicieron mayor presencia en la región como fuerza disidente después de la
desmovilización de su estructura nacional en 1991, con el frente Libardo Mora (Salinas,
2014). Este grupo tuvo poco protagonismo en la zona hasta el proceso de desmovilización
de los paramilitares, cuando empezaron a ocupar los vacíos dejados, y gracias al repliegue de
los grupos guerrilleros más fuertes (Cinep, 2016).
Las tres organizaciones llegaron a la región obedeciendo a sus propias agendas estratégicas,
aprovechando tanto la potencial base social que representaba la población campesina
19
catatumbera y el entorno propicio para el desarrollo de economías ilegales, así como el
beneficio geoestratégico que representa la región en términos militares.
Finalmente, cabe señalar que para estos años fue poca la actividad militar que se registró al
interior del Catatumbo, pues los grupos armados no solo estaban enfocados en realizar un
trabajo político y consolidar sus bases sociales, además, sino que tampoco esta zona no fue
para la época una territorio estratégico que definiera la escala nacional de la guerra. De ahí
los pocos enfrentamientos registrados para estos años (Aponte, 2012)
El orden guerrillero y los albores de la incursión paramilitar, 1982-1998.
Fue entonces el Eln el grupo armado que tuvo mayor poderío en la región durante los años
ochenta, en la medida que consolidó sus zonas de influencia por medio de los frentes Cacua
Guerrero, el Claudia Isabel Escobar Jerez en Ocaña, y el Camilo Torres, con base en la Serranía de
Perijá. La región del Catatumbo se fue convirtiendo paulatinamente en una de las principales
zonas de retaguardia de esta guerrilla (Vicepresidencia, 2007 y Aponte, 2013). Sin embargo,
mientras la década del ochenta fue el escenario temporal de la mayor expansión del Eln en
la región3, la década de los noventa representó un período de repliegue defensivo ocasionado
por la expansión paramilitar (Cnrr-GMH, 2011).
Por su parte, Las Farc hicieron presencia con los frentes 33 y 29, buscando el dominio de la
Cordillera Oriental y la comunicación de las fronteras con Venezuela (Aponte, 2013). La
actividad de esta guerrilla se concentró inicialmente en La Gabarra – Tibú, y luego se
desplazó al municipio de El Tarra, fundado en 1990 a raíz del frente de colonización que se
expandió desde el norte de San Calixto y que coincidió con la ampliación de la frontera de la
coca en ese territorio. Allí, las Farc replicaron su experiencia regulando el cultivo de la coca,
asumiendo funciones de policía, definiendo linderos y acompañando los procesos
organizativos. De este modo, para mediados de los años noventa, consiguieron establecer
una serie de normas que regulaban los espacios de sociabilidad de los pobladores, la
producción y comercialización de la coca; y los desplazamientos de los habitantes (Molano
2012 y El espectador, 2013, citados en Cinep, 2016).
Por otro lado, también desde los años 80, Los Pepes y Los Pradas, grupos de autodefensas
denominados como Los Masetos, incursionaron en el Catatumbo en donde cometieron
3 Sus dirigentes calculaban alcanzar un crecimiento del 350% hacia 1986 y de un 500% en 1989 (Aguilera, 2006, citado en Cinep, 2016)
20
asesinatos selectivos; mientras Los Pradas, provenientes del sur del Cesar, en alianza con
grupos del sur de Santander, conformaron las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar
(Ausac) y el Frente Resistencia Motilona, que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de
Córdoba y Urabá. Estos grupos, asentados en algunas partes del territorio, facilitaron el
ingreso del bloque Catatumbo y del bloque Norte de la Casa Castaño, comandados por
Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, por Aguachica (Cesar) y Ocaña, y Curumaní
(Cesar), con el fin de controlar la franja que comunica al Urabá con Venezuela
(Vicepresidencia, 2006, citado en Salinas, 2014), y de arrebatarle a las Farc el control de la
economía cocalera (Salinas, 2014).
Posterior a este proceso, en los inicios de los años noventa, la incursión paramilitar se
desarrolló de forma más contundente, para consolidar su presencia en la región a finales de
la década, siguiendo la típica estrategia de tierra arrasada, que se tradujo en la concreción de
numerosas masacres, muertes selectivas y desplazamientos de la población civil (Aponte,
2012 y Ávila, 2013). El control de este territorio por parte de los paramilitares presupuso tres
elementos: unía el occidente con el oriente del país, sus cultivos ilícitos habían ayudado a
financiar el proyecto contrainsurgente, y se pretendía socavar así uno de los bastiones
históricos de la guerrilla (Cinep, 2016).
De este modo, el arribo paramilitar al Catatumbo (anunciado por Carlos Castaño Gil), fue
desestimado por las autoridades del Estado “pese a los homicidios colectivos que lo
antecedieron en Cúcuta y Ocaña entre 1997 y el 27 de mayo de 1999, fecha de la masacre de
La Gabarra en el municipio de Tibú. El asesinato colectivo acompañado de prácticas de
sevicia y de tortura marcaría la expansión y consolidación paramilitar en esa región” (Salinas,
2014).
Escalamiento del conflicto: disputas territoriales y configuración de un clúster
cocalero, 1999-2006.
La violenta incursión paramilitar dejó como saldo en once meses 92 personas muertas en
masacres y el desplazamiento de alrededor de 50.000 campesinos, que terminaron
asentándose en la periferia de ciudades intermedias de la región, especialmente en Cúcuta
(Revista Semana, “La caldera del diablo”, 27 de marzo de 2000, y “La otra cara”, 22 de
octubre de 2001; Minga y Progresar, 2008, citados en Cinep, 2016). No en vano, las
infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) registraron una escalada sin
precedentes en el departamento, y con un importante acento en el Catatumbo, donde hasta
21
el año 2010 se registró el 29% del total de infracciones cometidas por los actores armados
(Cinep, 2016).
Los repertorios de la violencia de la época evidencian que uno de los objetivos de la entrada
paramilitar fue la desarticulación de las organizaciones sociales, eliminando, amenazando y
exiliando sus líderes e integrantes (Aponte, 2012 y Villaraga, 2007). En este sentido, algunas
versiones de los hechos sostienen que la incursión del paramilitarismo no obedeció a una
estrategia contrainsurgente en la medida que sus “blancos eran la población civil y, una vez
alejada la insurgencia de las zonas estratégicas donde se explotaría carbón, petróleo, o donde
se sembraría palma africana, los paramilitares pararon en su avance y se atrincheraron para
defender esas tierras de importancia económica para los planes del desarrollo. La arremetida
era para defender esos proyectos y planes, y no sólo para hacerse con la coca” (Loinsigh,
2008: 22).
Tal y como se esbozó previamente, los paramilitares incursionaron en el Catatumbo desde
el sur del Cesar (Aguachica, San Alberto y San Martín) siguiendo un dispositivo militar
diseñado por Carlos Castaño desde Tierralta (Córdoba) para penetrar por el lado norte del
departamento (Villarraga, 2007, citado en Cinep, 2016), desde Ocaña hasta La Gabarra,
22
corregimiento del municipio de Tibú. De ahí las denominaciones de las estructuras: el Frente
La Gabarra, el Bloque Móvil Catatumbo y la Comisión de Frontera, que se fusionaron con
los grupos contraguerrilleros previamente ubicados en el departamento. De forma paralela,
las Ausc, ahora adscritas a las Auc, se incorporaron al Bloque Norte (Bn), lo cual permitía
utilizar su conocimiento previo de la zona (Aponte, 2012).
Sin embargo, pese a que el control territorial paramilitar se concretó en los principales cascos
urbanos, las áreas rurales continuaron bajo el poder de la guerrilla. Esto explica parcialmente
el aumento de los cultivos de coca en las zonas más altas del Catatumbo, sobre todo las Farc
y Epl (Entrevista grupal con alcaldes y funcionarios de las alcaldías de Tibú y Sardinata, Abril
13, 2016 y Aponte, 2012, citado en Cinep, 2016).
Las razones por las cuales el Catatumbo se convirtió en el escenario de tan cruenta disputa,
son varias. Primero, la configuración del corredor de oriente a occidente por el norte del país
les permitía a los paramilitares cortar el avance guerrillero sobre el Caribe; además su entrada
en el Catatumbo les acarreó el control del corredor Tibú-Cúcuta, a fin de mantener una
presencia activa sobre la frontera de Venezuela, para regular el contrabando. Segundo, una
vez consolidada su presencia en el Catatumbo pretendieron golpear las retaguardias
históricas de la guerrilla en el sur del país (Cañizares, 2010; González, Bolívar y Vásquez,
2003; Minga y Progresar, 2008; Pérez, 2008; Vicepresidencia, 2006, 2006a; Villarraga, 2007).
Además, la presencia de cultivos ilícitos, contrabando, etc. en la zona hizo del Catatumbo un
lugar atractivo para financiar el proyecto paramilitar en la región y en otras zonas del país
(Cinep, 2016).
Una vez concretado su control territorial, en las zonas que habían sido arrasadas por el
proyecto paramilitar se impulsó un nuevo modelo desarrollo anclado en la concentración de
la tierra para el uso intensivo y extensivo de cultivos agroindustriales (palma y minero-
energéticos) (Aponte, 2015; Porras, 2014; Ronderos, 2014; Millán, 2011). De este modo, la
inserción del proyecto paramilitar no solo se convirtió en una disputa territorial por el control
de una zona considerada estratégica dentro la confrontación nacional, sino también por la
imposición de un tipo de desarrollo e integración a la vida económica nacional bajo
parámetros opuestos a los de la economía campesina de la zona.
Por último, uno de los grandes problemas y lastres que arrojó la incursión paramilitar fue el
desarraigo forzado y sistemático de muchos pobladores del Catatumbo, la mayoría de los
cuales se asentaron en los bordes de Cúcuta. No por nada, por primera vez en cuarenta años,
23
el Catatumbo experimentó un descenso de su población, pues hacia 1993 se calculaba en
156.476 habitantes y en 2005 fue de 146.046. Las respuestas dadas por las autoridades
nacionales y regionales a la población desplazada han sido insuficientes, debido a la ausencia
de planes de retorno a sus lugares de origen, la precaria atención prestada a esta población
vulnerable en materia de salud, subsidios, educación, etc., y las limitadas posibilidades de
ubicarlos dignamente en el espacio urbano (Aponte, 2012).
El proceso de rearme, 2006-2016.
Entre 2005 y 2006 se desmovilizaron en el departamento tres bloques paramilitares: el Bloque
Central Bolívar (6.000 hombres); el Bloque Catatumbo (1.425 hombres), y el Bloque Norte,
(2.000 hombres) (Vicepresidencia, 2006 y 2006a; Villamizar Moreno, 2007, entre otros).
Empero, los cuestionamientos e inconsistencias se hicieron hecho presentes a causa de que
al poco tiempo después antiguas estructuras paramilitares se reorganizaran bajo nuevos
nombres pero con los mismos objetivos.
Al igual que en otras zonas del país nunca se supo qué sucedió con los mandos medios y los
combatientes rasos pues aparecieron de nuevo en Villa del Rosario, El Tarra, Tibú y los
barrios periféricos de Cúcuta, bajo la denominación de ‘Águilas Negras’ (Aponte, 2012 y
Revista Semana, “Relevo criminal”, julio 8, 2006; “OEA anuncia ‘clonación’ paramilitar”,
marzo 1, 2006; “¿Se acabaron los paras?”, abril 24, 2006, “El nido de las águilas negras”,
febrero 10, 2007). Bajo la apuesta recuperar el control del Catatumbo y ampliar sus acciones
a las estribaciones de la serranía de Perijá (Vicepresidencia, 2006 y 2006a).
Así, tras el evidente fracaso de la desmovilización, operó una nueva reconfiguración de la
presencia de los grupos armados en la región. ¿Cómo fue esto?
Este es un asunto que tiene varias aristas. Si bien el Eln fue el grupo insurgente que más
terreno perdió en la región, actualmente mantiene presencia con los frentes Camilo Torres,
(Serranía de Perijá, Cesar), Carlos Armando Cacua Guerrero; y a la compañías Héroes del
Catatumbo, Colectivo Héctor y Comandante Diego (Millán, 2011).
Por su parte, las Farc aumentaron progresivamente sus posiciones en la región,
aprovechando el retroceso del Eln. Instalaron así, a pesar de la Operación Berlín , la Columna
Arturo Ruiz, procedente del Caguán y destinada a reforzar el Frente XXXIII, con presencia
en el norte del municipio de Sardinata y en el Bajo Catatumbo. También está en Frente XLI
con operaciones en la serranía de Perijá; y, la columna móvil Resistencia del Barí (Villarraga,
24
2005).
Ahora, estos intentos de recopamiento y reposicionamiento de las dos guerrillas arrojaron
que realizaran una serie de pactos de cooperación y no agresión (Aponte, 2012) para evitar
una nueva entrada de los llamados Grupos Armados Posdesmovilización (Gapd) y que estos
ejercieran el mismo control paramilitar (Ibíd.). Así, estos movimientos revelaron que estos
grupos armados no fueron desarticulados. Por un lado el Eln, terminó debilitado por la
avanzada paramilitar sus efectos no fueron lapidarios como para provocar la desarticulación
de sus mandos y estructuras político-militares. No en vano, todavía muestra una actividad
militar, así ella sea irregular, y mantiene el sabotaje como principal forma de lucha, al lado de
uno que otro paro armado (Aguilera, 2006; Millán, 2011;El Mundo, “Destruyeron torres”,
agosto 3, 2008; La Opinión, “Asesinado policía en Tres Bocas” (Tibú) , mayo 9, 2009; El
Tiempo, “Otra vez sin luz 18 municipios”, junio 12, 2006; La Opinión, “Presuntos
subversivos mataron a dos policías”, agosto 31, 2008; ELN. “Comunicado a la opinión
pública”, septiembre, 2011).
Además han logrado recuperar cierta presencia en zonas de Tibú por una serie de acuerdos
entablados con la estructura del Epl, al mando del extinto “Megateo”, al compartir la
regulación y algunos impuestos de la coca en zonas donde convergen los dos grupos armados
(Entrevistado 1, realizada en abril 13, 2016).
Y en el caso de las Farc han ganado terreno nuevamente, en los últimos años, con el aliento
de los cultivos ilícitos, cuyo carácter ilegal exige algún tipo de regulación. No sobra recordar
que el máximo jefe de esta organización, “Timochenko”, tiene al parecer su base de
operaciones en la región. Por eso durante los últimos años se han dado la colocación de
artefactos explosivos y una escalada de las acciones violentas contra puestos de la fuerza
pública (Revista Semana, Los violentos días del Catatumbo, enero 18, 2012 y Aponte, 2012).
No obstante, contrario a lo que se cree, parece ser el grupo que más terreno ha perdido, pues
los espacios de regulación ligados a la coca han sido ocupados por el Epl, a tal punto que es
considerada la estructurara más débil (Entrevistado, 2, realizada en abril 12, 2016).
Y en cuanto al Epl, esta es la organización que se ha tornado más fuerte en la zona ya que ha
aprovechado la desmovilización paramilitar y el momentáneo repliegue del Eln y las Farc.
Así, el extinto jefe del Epl se apoyó en las zonas de tradicional influencia de su estructura
(San Calixto y Hacarí) para ampliar su dominio a otras zonas de la región. Haciendo alianzas
tanto con guerrillas como con Gapd para proteger el negocio de la coca y sobre todo al
25
productor (Grupo focal con funcionarios públicos del Catatumbo, realizada en abril 13,
2016). Y este tipo de acciones le brindó legitimidad dentro de la población cocalera ya que
le dio garantías para que no se le perdiera la producción.
Ahora, para los pobladores del Catatumbo este preponderancia a nivel local del Epl tendría
hondas repercusiones para la implementación de los acuerdos de la Habana y la negociación
con el Eln, ya que con “Megateo” el EPL ganó mucha fuerza (Entrevista 3, realizada en abril
12, 2016). Y es que una de las intenciones de este grupo sería recopar los espacios dejados
por los grupos guerrilleros desmovilizados. Por eso están buscando expandir los cultivos y
su control territorial. Por ejemplo, en la punta de El Catatumbo bajo (Agua clara, Puerto
Lleras toda esta zona esta maneja por estas Bacrim, ellos están controlando ese territorio
(Entrevista 4, realizada en abril 12, 2016).
5. Lo comunitario en el Catatumbo
La ausencia de institucionalidad en la región se tradujo en un ordenamiento del territorio sin
directrices y planeación en el cual surgieron diversos tipos de espacios de organización, cuya
piedra angular son las Juntas de Acción Comunal, ente encargado de regular y resolver
conflictos, así como todos los ámbitos de la vida pública comunitaria (Salinas, 2014). Es así
como organizaciones gremiales, campesinas y comunales se han encargado de enarbolar las
banderas de los movimientos sociales catatumberos que, desde la década de los ochenta y de
la mano de los indígenas de la comunidad Barí, han emprendido una ardua labor en términos
de la defensa del territorio ante la avanzada de modelos de desarrollo excluyentes, y ante las
atrocidades del conflicto armado.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios de Norte de Santander
emprendieron la toma de predios bajo el lema “La tierra para el que la trabaja” y,
conjuntamente con Sidenal, el primer sindicato de los trabajadores del petróleo que
posteriormente haría parte de la Unión de Sindicalistas del Petróleo (USO,) realizaron
marchas y protestas en diferentes momentos de la historia. Una de las más representativas
movilizaciones fue el paro del nororiente en el que participaron docentes, campesinos,
indígenas, sindicalistas y otros actores de los departamentos de Norte de Santander, Arauca
y Cesar (Salinas, 2014).
26
Sin embargo, con el paso de los años, el fortalecimiento de los movimientos políticos y
comunitarios fue generando reacciones adversas en las élites regionales que respondieron a
las manifestaciones de descontento popular, con la conformación grupos de autodefensas
que actuaron contra los líderes, estigmatizándolos sin fundamento de ser miembros o
colaboradores de las guerrillas. Precisamente, el asesinato y las amenazas de varios de los
promotores del paro del Nororiente dieron lugar a la marcha de 1989 en la que se reclamó
el respeto a la vida y a la integridad de los habitantes del Catatumbo (Cinep, 2016).
Durante la época de dominio paramilitar, gracias a la aquiescencia y connivencia de las
instituciones del Estado4, y bajo el discurso de “combatir a la guerrilla en cualquier tiempo y
lugar, armada, desarmada, en combate o fuera de él, uniformada o de civil”, la persecución
de líderes de acentuó (Versión Salvatore Mancuso, citada en: TSJP, EL IGUANO, párr. 131,
citado en Salinas, 2014), las violaciones a los derechos humanos y al derechos internacional
humanitario alcanzaron dimensiones insospechadas en la región, tal y como puede ser
observarse en el gráfico siguiente.
A pesar de que han sido proferidas algunas condenas contra servidores del Ejército, de la
4 “En los procesos judiciales ordinarios y de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, se ha documentado la colaboración y apoyo de
miembros de la Fuerza Pública en la incursión paramilitar, así como la cooptación de entidades como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia condenó por concierto para delinquir al fallecido congresista Ricardo Elcure Chacón, se da cuenta de la infiltración del DAS por parte del bloque Catatumbo” (Salinas, 2014).
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Infracciones al DIH por actor - Catatumbo 1990-2015
ELN
FARC
FUERZA PÚBLICA
PARAMILITARES
27
Policía Nacional y del DAS, y hay diferentes investigaciones en curso contra servidores
públicos, aún no se ha esclarecido la verdad sobre la infiltración y las alianzas que
establecieron elites políticas y económicas y servidores públicos con el paramilitarismo
(Salinas, 2014). Sumado a esto, la precaria presencia institucional en la que se ha venido
insistiendo en este documento, que se traduce en altos índices de necesidades básicas
insatisfechas, y la impunidad y el aumento de prácticas de corrupción y clientelismo
financiadas con recursos de origen ilícito, profundizan la desconfianza que existe de los
catatumberos hacia el Estado y hacen cada vez más in las distancias existentes entre en la
institucionalidad estatal de todos los niveles (Salinas, 2014).
Luchas sociales: organizaciones sindicales, populares y comunales del Catatumbo.
La paradoja existente entre la desconfianza en el Estado (esbozada en el punto anterior) y la
constante demanda de su presencia, ha servido de piedra angular a los repertorios de
movilización en el Catatumbo. Los principales antecedentes de las movilizaciones sociales
que tuvieron lugar en el Catatumbo, merece la pena resaltar:
-La resistencia del pueblo Barí a las compañías petroleras: 1931-1964
-Las luchas de los trabajadores petroleros en Tibú contra la Colpet: 1931-1977
-El paro cívico de los estudiantes de Convención contra la empresa William Brother, constructora del oleoducto Chevron, 1963.
-El paro cívico departamental por la reversión de la Concesión Barco: 1971.
-Las movilizaciones campesinas del nororiente: 1985-1987
28
Como ya se ha mencionado, ante la ausencia de institucionalidad estatal, los campesinos que
arribaron al Catatumbo en las distintas colonizaciones han desarrollado una fuerte tradición
organizativa, asentada inicialmente en las Juntas de Acción Comunal, que gozan de gran
legitimidad en la región y que dieron lugar a la creación de otras organizaciones. Hacen parte
de esa tradición las organizaciones gremiales (cacao, arroz, café, madera, ganadería) y
sectoriales (trabajadores petroleros, movimientos cívicos, docentes, mujeres y jóvenes)
(Salinas, 2014).
Dichas organizaciones han venido movilizándose históricamente exigiendo, básicamente, lo
mismo a pesar del paso del tiempo: el respeto de su vida en el marco de la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran en el marco de la guerra de la región, el mejoramiento
de las condiciones básicas de vida, la prestación de servicios básicos, salud, educación, el
mejoramiento de la infraestructura vial y la garantía de condiciones que faciliten las
actividades agrícolas, como créditos, insumos, asistencia técnica y acceso a los mercados, el
incumplimiento de acuerdos previos establecidos en espacios de concertación con el Estado
(ver gráfico).
Durante los años 90 las protestas y movilizaciones se dieron principalmente por la
fumigación con glifosato de cultivos de uso ilícito, “que causaba daños ambientales y de
26%
8%
13%16%
5%
22%
5%5%
Motivos de las movilizaciones en Catatumbo
Derecho a la vida, integridad ylibertad
Educación
Incumplimientos de acuerdosprevios
Política Agraria
Políticas estatales
Predios rurales
Tierra / Vivienda
Vías
29
salud, y que dejaba a los agricultores sin alternativas económicas viables para su
sostenimiento económico” (Salinas, 2014).
La tradicional expresión de los reclamos de los pobladores del Catatumbo se plasma en las
111 movilizaciones sociales realizadas entre 1975 y 2012, según datos del CINEP. A estas se
suman las ocurridas en los primeros meses de 2013. En estas, como en las anteriores, las
reclamaciones versaron sobre las históricas deudas del Estado con esa región y sus
pobladores, así como sobre la exigencia de ser reconocidos como actores del desarrollo sin
que se les estigmatice por sembrar coca como única opción de vida para satisfacer sus
necesidades de educación, salud y alimentos (Salinas, 2014). Las mismas reivindicaciones han
convocado a la población a un nuevo paro que continúa vigente en el momento de escritura
de este texto (junio de 2016).
A lo largo del tiempo, estas movilizaciones sociales han sido enfrentadas y apaciguadas
mediante el uso de la fuerza por parte del Estado, valiéndose de la estigmatización de las
organizaciones que se movilizan, profundizando en últimas la falta de credibilidad y
confianza en el Estado (Salinas, 2014).
6. Las agendas y los retos de la paz en la región del Catatumbo
Este escrito ha pretendido comentar, en resumen, algunas de las situaciones que determinan
el panorama de las conflictividades de la región del Catatumbo; y, ahora, la intención es hacer
una breve mención a los retos que plantea el panorama actual, en relación con los procesos
históricos que han venido configurando a la región desde hace siglos.
La pertinencia de abordar estos retos en perspectiva histórica radica, esencialmente, en la
necesidad de reconocer que las diferentes conflictividades que existen en la región son el
fruto de procesos de larga duración que han configurado violencias de diversa índole y que
han generado dinámicas de configuración territorial donde la ilegalidad y la pobreza
determinan escenarios de exclusión que deben ser mitigados. Esa es una responsabilidad del
Estado colombiano.
En primer lugar, y teniendo en cuenta la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con
la comunidad indígena Barí, es absolutamente imprescindible tener en cuenta su agenda y
respetar, conforme a lo estipulado en la ley, su autonomía y los derechos territoriales de los
cuales son sujetos. En los mismos términos de la comunidad Barí, la coyuntura política
nacional relacionada con la construcción de una paz estable y duradera es percibida por ellos
30
así:
"Si a nosotros no nos delimitan el territorio, no habrá paz para los Barí. La agenda
del posconflicto para la comunidad Barí tiene cuatro puntos: El primero, son los
megaproyectos y su cordón de seguridad. El segundo es el conflicto que existe
con la población campesina, porque las propuestas de la ZRC, de las zonas
agroalimentarias y las otras propuestas, riñen con el territorio de ampliación del
resguardo del territorio nuestro, y la Agencia de tierras no ha venido a ver cómo
es este asunto y a hacer una delimitación; hacer entrada a ese tema con gente que
no es indígena es muy complicado. El tercero son los cultivos ilícitos, que están
más concentrados en la parte baja del resguardo. El cuarto es el asunto de las
zonas de concentración, ¿dónde serán los territorios de paz, y dónde las zonas de
concentración? En estos aspectos es que en realidad se juega la cuestión de nuestra
autonomía" (Entrevista con vocero de Asocbari, Tibú, abril de 2016).
Por otro lado, tal y como fue enunciado en el texto de Yamile Salinas referenciado
previamente, la cantidad de actores y agendas que existen en el territorio, plantean
varias complejidades alrededor de la construcción de la paz. Teniendo en cuenta esto,
y utilizando como insumo principal el análisis de las agendas regionales de paz y
desarrollo realizado por la Pastoral Social y la Diócesis de Tibú (2015), a continuación
serán presentados los puntos de confluencia y de divergencia de las propuestas que
han sido concebidas desde el territorio, con el fin de esbozar posibles vías de acción y
de prever algunos posibles obstáculos que puedan llegar a entorpecer su
implementación. Para eso, se hará uso de las dimensiones propuestas por el análisis
previamente referenciado.
Dimensión territorial y ambiental:
Existe un consenso explícito en considerar la imperiosa necesidad de generar
mecanismos de ordenamiento productivo y ambiental del territorio, por medio de la
actualización de los EOT y los PBOT que permitan:
-Una gestión eficiente, eficaz y sostenible de las cuencas y microcuencas de la región
del Catatumbo.
-La identificación de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos,
31
priorizándolos por encima de la consideración de usos productivos de esas áreas
estratégicas.
-El diseño de programas de reforestación y conservación ambiental.
-La construcción de alternativas de diversificación de monocultivos a unidades
productivas sostenibles.
-La sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito, por medio de la instauración de
cultivos alternativos, atractivos, rentables y sostenibles ambiental, financiera y
comercialmente.
Asimismo, las propuestas de los distintos sectores en términos del ordenamiento del
territorio en algunos casos plantean algunas mutuas exclusiones que generan tensiones
dentro de los diferentes movimientos e iniciativas. De este modo, la figura de
ordenamiento territorial cambia de acuerdo a cada visión: Ascamcat propone la Zona
de Reserva Campesina, Cisca defiende la zona agroalimentaria, Asocbarí exige el
saneamiento de su territorio y la ampliación del resguardo indígena, el CTPM propone
que se actualice el PBOT creando un parque de conservación ambiental, entre otros.
Lo anterior implica que existen varias visiones sobre lo que debería ser la definición
del uso del territorio, y cuál debería ser la delimitación de las áreas mineroenergéticas,
hasta dónde va la frontera de la producción de monocultivos (especialmente de palma
africana), y las zonas de conservación ambiental.
Dimensión económica:
Una prioridad común a todas las visiones y agendas regionales es forlalecer la
conectividad de la región mejorando la infraestructura de las redes viales primarias,
secundarias y terciarias. A su vez, “varias visiones focalizan proyectos como la vía
Cúcuta – Tibú - El Tarra – Convención – La Mata, así como el mejoramiento de la vía
Cúcuta – Ocaña. Por otro lado, recurrentemente se insiste en la necesidad de generar
alternativas productivas lícitas así como acceso a fuentes de financiamiento para dar
garantía de sostenibilidad y rentabilidad a la producción agropecuaria de la región. Esto
requeriría, en primera instancia y en estrecha relación con el punto anterior, que
hubiese un proceso masivo de formalización de la propiedad rural, sobre todo en
aquellos municipios cuya área hace parte de la Zona de Reserva Forestal.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que una prioridad regional garantizar la soberanía
32
y la seguridad alimentaria del Catatumbo, el sector de la palma genera posiciones
divergentes: hay quienes ven la necesidad de establecer un clúster de la palma; hay otros
que defienden la producción palmera siempre y cuando se garantice la diversificación
de los cultivos; hay algunos que reconocen que el cultivo extensivo de palma ha
funcionado como forma de sustitución de cultivos, a pesar de que implica serias
externalidades negativas para el suelo y los ecosistemas; y hay muchos otros que se
oponen rotundamente al modelo productivo ofrecido por este proyecto, no sólo por
las particularidades de la producción o las implicaciones ambientales, sino, sobre todo,
por la asociación que existe entre la incursión paramilitar y la llegada de los cultivos de
palma. Lo propio sucede con la extracción minera ante la cual, pese a existir algunas
posiciones que defienden su desarrollo, existe una resistencia radical y generalizada por
parte de las organizaciones campesinas e indígenas cuya razón de ser es la defensa de
la vida y del territorio. Su oposición tiene diferentes aristas: política, ambiental y
económica.
En resumen, la construcción de la paz en la región debe pasar, indefectiblemente, por
la reformulación del modelo de desarrollo económico de la mano de las comunidades
campesinas e indígenas, contemplando como una prioridad insoslayable la protección
de los ecosistemas del Catatumbo.
Dimensión social:
En resumidas cuentas, las voces del territorio coinciden en reafirmar la necesidad de mejorar
las condiciones y las garantías de acceso a los derechos a la salud, la educación, vivienda y
electrificación rural. Asimismo, es de común mención la necesidad de ampliar la cobertura
en el suministro de agua potable, alcantarillado, y manejo de residuos sólidos; tanto como la
prioritaria necesidad de brindar a las víctimas del conflicto armado una atención y reparación
integral.
Por otra parte, la defensa de la vida y de la libertad son considerados como los pilares
fundamentales de la construcción de la paz en la región. Ante las agresiones del Estado, ante
los sistemáticos incumplimientos en los que ha incurrido históricamente cuando de
implementar las medidas acordadas con los movimientos sociales en la región se trata, la
crisis de legitimidad y la desconfianza profunda que existe hacia el Estado, se establecen en
este panorama como el reto más profundo que deberá afrontar la sociedad colombiana en
general, y el Estado en particular, para lograr progresivamente un escenario cercano a la paz.
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BIBLIOGRAFÍA
Acnur. (2004). Acnur. Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en
la región del Catatumbo. Disponible en:
http:/www.acnur.org/t3/uploads/media/ 669.pdf?view=1
Aguilera, Mario. (2006). ELN: entre las armas y la política en Nuestra Guerra Sin
Nombre. Francisco Gutiérrez (comp.). Bogotá: Iepri. Editorial Norma.
Aponte, A. (2015). Ganaderos, valores regionales y paramilitares: hacienda, poder y
violencia en la sabana del antiguo estado de Bolívar 1980-2014. (Tesis para optar al
grado de maestro en sociología). Paris: Escuela de altos estudios en Ciencias
sociales –EHESS-. Mimeo.
___________ (2012). Cúcuta y el Catatumbo: entre la integración y la marginalización.
Disputas territoriales, arreglos institucionales e imposición de un orden social de la guerra.
En Conflicto y territorio en el Oriente colombiano. Fernán González et. al.
ODECOFI-CINEP. Bogotá.
___________ (2013). Santa Rosa del sur: el caso de un sincretismo institucional en medio
de la lucha armada. Mimeo.
Ávila A. (2013). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Bogotá: Debate.
Barrera, V. (2014). Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y conflicto
armado en el Cesar. En Territorio y conflicto en la Costa Caribe. Fernán
González et. al. ODECOFI-CINEP. Bogotá.
Cañizares, Wilfredo (ed.). (2010). Tantas vidas arrebatadas. La desaparición forzada
de personas: una estrategia de guerra sucia aplicada sistemáticamente en Norte de Santander.
Cúcuta: Fundación Progresar.
CNM, 2015:36).
Comisión de la Superación de la Violencia. (1992). Pacificar la Paz. Lo que no se
ha negociado en los acuerdos de Paz. Bogotá: Iepri-Cinep-Cecoin.
Corporación Minuto de Dios e Instituto de Desarrollo de la Comunidad
35
(Indec). (1971). Estudio socioeconómico y Plan Integral de Desarrollo de la Colonización
del Catatumbo, tomo I. Bogotá: Indec.
Defensoría del Pueblo, 2006: 15
González, F., Bolívar, I. y Vásquez, T. (2003). Violencia política en Colombia: De
la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep.
Guzmán, G., Umaña, E. y Fals-Borda, O. (2005). La violencia en Colombia.
Bogotá: Taurus.
Jaramillo J., Mora, L. y Cubides, F. (1989). Colonización, coca y guerrilla. Bogotá:
Alianza Editorial Colombiana.
LeGrand, C.(1988). Colonización y protesta campesina 1850-1950. Bogotá:
Universidad Nacional.
Meléndez Sánchez, Jorge. (1999). Alto Catatumbo: región y ambiente. Bogotá:
Codice.
___________________. (1993). Lados de filogringo. Presentación histórico-social y
política de la vertiente del Catatumbo. Editorial Tropykos.
___________________. (1987). Reto al recuerdo. La comarca ocañera, entre el
abandono y la violencia. Descripción para un debate. Bogotá: Editorial Ecoe.
Millán, Santiago. (2011) Las variaciones regionales del ELN, en No estamos
condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN.
David Aponte y Andrés Vargas (ed.). Bogotá: Cerac-Odecofi. Editorial Códice.
Minga y Fundación Progresar. (2008). Memoria Puerta la Esperanza. Violencia
sociopolítica en Tibú y El Tarra. Región del Catatumbo, 1998-2005. Bogotá:
Progresar-Minga.
Molano, A. (2011). Del otro lado. Bogotá: Distribuidora y Editora Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara.
Molano (2012). Paramilitarismo y palma en el Catatumbo. Bogotá: El
36
Espectador. Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paramilitarismo-y-palma-el-
catatumbo-articulo-330074
Molano (2013). Las guerras del Catatumbo. Bogotá. El Espectador. Disponible
en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/guerras-del-catatumbo-
i-articulo-430812
Observatorio Social y Político de Norte de Santander. (2009). Informe especial de
tierras, conflicto y desplazamiento forzado. Gobernación de Norte de Santander.
Mimeo.
Pabón Villamizar, Silvano. (1994). Desarrollo poblacional de las valles de Cucutilla y
Arboledas: de los pueblos de naturales a los feligreses parroquiales, en Poblamiento regional,
etnohistoria y etnografía en Pamplona. María Cristina Mogollón Pérez y Silvano
Pabón Villamizar (comp.). Memorias del primer Simposio de Historia Regional
“Pamplona 445 años”, tomo I. Pamplona.
Pabón, Antonio. (2009). La Gabarra. Motivo fatal. Cúcuta: Ediciones Esfuerzo
Común.
Pérez González, Luis. (2006). Comunidades del Catatumbo: entre el conflicto armado y
la imposición de modelos de desarrollo regional. Población Civil.
Porras, E. (2014). Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de María : un análisis
de temporalidad extendida. En: Territorio y conflcito en la Costa Caribe. Bogotá:
Cinep.
Ramos Peñuela, Aristides. (2005). Frontera y poblamiento. Hacendados y misioneros
en el nororiente de la Nueva Granada, 1700-1819. En Cuadernos de Desarrollo
Rural, No. 54. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
___________________. (2004). Las fronteras en el proceso de configuración del espacio
regional nortesantandereano. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana (mimeo).
Rincón, John Jairo. (2003). El Catatumbo: múltiples experiencias de trabajo asociativo
y cooperativo, 1980-1990. Mimeo.
37
Ronderos, M. T. (2014). Guerras recicladas: una historia periodística del paramilitarismo
en Colombia. Aguilar, Bogotá.
Sánchez, G. y Meertens, D. (2006). Bandoleros, gamonales y campesinos: El
caso de la Violencia en Colombia. Bogotá: Alfaguara
Vásquez, T. (2015). Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá: 1900-2010.
Bogotá: Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes.
Vásquez, T., Vargas, A. y Restrepo, J. (2011). Una vieja guerra en un nuevo contexto:
Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Bogotá ́: Pontificia Universidad Javeriana.
Vega Cantor, Renán y Aguilera Mario. (1995). Obreros, colonos y motilones. Una
historia social de la Concesión Barco, 1930-1960. Santafé de Bogotá: Fedepetrol-
Cisf.
Verdad Abierta. Las otras masacres de ‘Juancho Prada’, octubre 31, 2011.
Disponible en
:http://www.verdadabierta.com/component/content/article/82-
imputaciones/3625-las-otras-masacres-de-juancho-prada/
Vicepresidencia de la República. (2006). Diagnóstico Departamental Norte de
Santander. Disponible en:
http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2182.pdf?view=1
Villarraga Sarmiento, A. (2005). Paz, te han vestido de negro. Estudio sobre los derechos
humanos en Cúcuta en el contexto de la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander.
Bogotá: Fundación Cultura Democrática y Fundación Progresar.
_________________. (2007). El paramilitarismo en Norte de Santander. Incursión
de las Accu, emergencia al poder y desmovilización del Bloque Catatumbo. En Mauricio
Romero (ed.) Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos
políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Intermedio.
Entrevistas
Entrevistado 1, realizada en abril 13, 2016
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Entrevistado 2, realizada en abril 12, 2016
Entrevistado 3, realizada en abril 12, 2016
Entrevista grupal con alcaldes y funcionarios de las alcaldías de Tibú y Sardinata,
Abril 13, 2016.