las reuniones de san josé

Las reuniones de San JoséAuthor(s): Ismael MorenoSource: Foro Internacional, Vol. 1, No. 3 (3) (Jan. - Mar., 1961), pp. 431-459Published by: El Colegio De MexicoStable URL: http://www.jstor.org/stable/27736946 .

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LAS REUNIONES DE SAN JOS? Ismael Moreno,

del Servicio Exterior Mexicano

El movimiento panamericano

no ha avanzado nunca de un

modo espectacular; antes bien, sus principios alcanzan la con

sagraci?n s?lo tras una reiteraci?n constante. Esta caracte

r?stica, en compensaci?n, es la mejor garant?a de su solidez

y estabilidad, adem?s de ten?rsela que considerar para medir los resultados logrados en las Reuniones de Consulta VI y VIL

Si hubieran de singularizarse las reuniones interamericanas de mayor importancia, habr?a un acuerdo completo

en cuan

to a las de Montevideo, en que se consagra por primera vez el principio de la no intervenci?n; Chapultepec, donde se debate sobre el lugar que habr?a de ocupar la Organizaci?n Regional dentro del orden mundial; R?o de Janeiro, en la cual se da contenido al principio de la solidaridad frente a la agresi?n, al establecerse un sistema de seguridad regional; y Bogot?, de la que surgen dos de los instrumentos b?sicos en que se sustenta la Organizaci?n de los Estados America nos: la Carta de la OEA y el Tratado Americano de Solu ciones Pac?ficas. Quiz? no sea muy aventurado afirmar que en una selecci?n hecha en el futuro se a?adir?n las Reunio nes de Consulta celebradas en San Jos?, Costa Rica, ya que en ellas, como en ninguna otra, se puso a

prueba la vitalidad,

la bondad y la eficacia misma del Sistema Interamericano.

Las aplicaciones hechas hasta ahora del Tratado Interame ricano de Asistencia Rec?proca han despertado la duda sobre si la facultad otorgada al Consejo de la Organizaci?n de los Estados Americanos por los art?culos 12 de ese instrumento

y 52 de la Carta de la OEA, para actuar provisionalmente como ?rgano de Consulta, no es una perversi?n de las inten ciones originales de quienes idearon el complejo mecanismo tutelar de la seguridad colectiva en el Continente America

431



43? Ismael Moreno FIl-s

no. Ha nacido la duda porque, de las ocho ocasiones en que ha operado el Tratado, en siete ha bastado con la actuaci?n

provisional del Consejo, sin que haya llegado a reunirse el

?rgano principal de consulta, constituido por los ministros de Relaciones de las Rep?blicas Americanas.

No es esta una cuesti?n meramente acad?mica, ya que afecta a una de las ideas m?s controvertidas de la Organiza ci?n de Estados Americanos: el otorgamiento de facultades

pol?ticas al Consejo de ella. Existe en la econom?a total de la Organizaci?n Interamericana una clara distribuci?n de com

petencias entre los diversos ?rganos que la integran: la Con ferencia Interamericana tiene facultades ampl?simas que, des

critas en el art?culo 33 de la Carta, deben resumirse diciendo

que puede decidir la acci?n y la pol?tica generales de la Or

ganizaci?n, determinar la estructura y funciones de sus ?rganos y considerar cualquier

asunto relativo a la convivencia de

los estados americanos. Se trata, pues, del ?rgano al que in

cumbe determinar, como regla permanente y general, la pol?

tica de la Organizaci?n. La Reuni?n de Consulta de Minis tros de Relaciones Exteriores tiene la funci?n de conocer

emergencias espec?ficas, y si bien es cierto que por esa raz?n

puede, asimismo, decirse que es un ?rgano esencialmente po

l?tico, su actuaci?n, a diferencia de la Conferencia, tiene por objeto la consideraci?n (art?culo 39 de la Carta) de "proble mas de car?cter urgente y de inter?s com?n para los Estados Americano". El ?rgano de Consulta, al que alude la parte final del art?culo 39, y al que sin duda tambi?n se refiere el

43, por m?s que lo designe con el nombre gen?rico de Reuni?n de Consulta, regula sus actuaciones de conformidad con el

Tratado Interamericano de Asistencia Rec?proca, y se re?ne

para conocer de los casos de agresi?n contra cualquier estado

americano, o de cualquiera de los supuestos descritos en el

art?culo 6 del Tratado de R?o que afecten la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberan?a o la independen cia pol?tica de cualquiera de los miembros de la OEA.

A esos tres ?rganos se ha encomendado la consideraci?n de los problemas de orden pol?tico, pues para eso se crearon, adem?s de que, por su

composici?n, ofrecen las mayores ga



FI I-3 Las Reuniones de San Jos? 433

randas de que no se atentar? contra la vigencia de las insti

tuciones consagradas en la Carta de Bogot?, que han nacido

y se han desenvuelto seg?n la larga experiencia que la vida

de relaci?n interamericana ha ofrecido. El caso del Consejo de la Organizaci?n es distinto: recibe

su competencia de una triple fuente: la de la Carta; la que emana de algunos acuerdos especiales, que son, sobre todo, el

Tratado Interamericano de Asistencia Rec?proca y el de So

luciones Pac?ficas; y la que proviene de la Conferencia ?nter

americana o de la Reuni?n de Ministros de Relaciones Exte

riores, de conformidad con el art?culo 50. La primera no da

al Consejo facultad pol?tica alguna; la segunda, en cambio, se

las da, ya que, seg?n lo dispuesto por el Tratado Interameri

cano de Asistencia Rec?proca, puede actuar provisionalmente como ?rgano de Consulta; y, de conformidad con el Tratado

Americano de Soluciones Pac?ficas, puede realizar funciones

delicadas que tienen una relaci?n ?ntima con el mantenimiento

de la paz continental, sobre todo en cuanto a los procedi

mientos de arbitraje e investigaci?n y conciliaci?n, previstos en dicho instrumento.

Sin embargo, fuera de esos casos especial?simos, que la

propia Carta reconoce y sanciona, y que operan dentro de marcos muy precisos, puede decirse que el Consejo carece

de facultades pol?ticas, ya que si bien podr?a quiz? llegarse a

sostener en cuanto a la tercera de esas fuentes que es te?rica

mente posible que los ?rganos supremos del sistema enco

mienden al Consejo el conocimiento de alg?n problema pol? tico, esto no

significar?a que el Consejo tuviera una nueva

funci?n, sino el encargo de conocer de alg?n "asunto", nece

sariamente de car?cter espec?fico. Como quiera que sea, puede afirmarse que si bien el procedimiento de convocar sin fecha a la Reuni?n de Ministros de Relaciones Exteriores no es el

que priv? entre los delegados a la Conferencia Interamericana

para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Conti

nente, tampoco se le puede calificar como abierta y categ?ri camente opuesto a la letra y al esp?ritu del Tratado de R?o.

Basta se?alar, entonces, que, a la luz de la distribuci?n

equilibrada de competencias a que se ha hecho menci?n, s?



434 Ismael Moreno FI 1-3

resultar?a francamente inconveniente permitir que llegara a tomar cuerpo una tendencia que ha venido apunt?ndose y que consistir?a en la eliminaci?n, en favor del Consejo de la

OEA, de la Reuni?n de Ministros de Relaciones Exteriores como ?rgano adecuado para conocer en ?ltima instancia, den

tro del sistema regional, de los conflictos que alteran la paz y la seguridad continentales. En buena hora que el Consejo de la Organizaci?n, actuando como ?rgano de consulta pro visional, adopte decisiones que no requieren para su plena validez la ratificaci?n del ?rgano principal de consulta; pero, al mismo tiempo, es esencial mantener irrestricta la facultad de este ?ltimo de poder alterar o revocar dichas decisiones cuando lo estime conveniente.

Por ser la primera vez en que se reun?a el ?rgano princi pal de consulta, los precedentes establecidos por la primera de las Reuniones de San Jos? tuvieron una importancia supe rior a la normal. Vale, pues, la pena examinar en detalle cu?les fueron las realizaciones de esta Sexta Reuni?n de Consulta.

El Representante de Venezuela en el Consejo de la OEA solicit? de su presidente, el 4 de julio de i960, "que se con

voque de inmediato y con car?cter de urgente al ?rgano de

Consulta, de acuerdo con el art?culo 6o del Tratado ?nter americano de Asistencia Rec?proca, para que considere los actos de intervenci?n y de agresi?n del gobierno de la Rep? blica Dominicana, que culminaron en el atentado contra la vida del jefe del estado venezolano el 24 de junio ?ltimo".1 El 8 de julio el Consejo se constituy? provisionalmente en

?rgano de Consulta, y autoriz? a su presidente para designar "una Comisi?n que investigue los hechos denunciados y sus

antecedentes, y someta un informe al respecto".2 Los represen tantes de Argentina, Estados Unidos, M?xico, Panam? y Uru

guay, la formaron.

La Comisi?n, tras de escuchar las exposiciones de los re

presentantes de Venezuela y Rep?blica Dominicana, lleg? a la conclusi?n de que su mandato consist?a en investigar las si

guientes situaciones: 1) el incidente denunciado por el gobier no de Venezuela ante la Comisi?n Interamericana de Paz el 25




de noviembre de 1959, o sea, el vuelo sobre la isla de Aruba de un avi?n de matr?cula norteamericana que, despu?s de em

barcar unos volantes en Ciudad Trujillo, en los que se repro duc?a el texto de una carta del ex-general venezolano Jes?s Mar?a Castro Le?n, donde incitaba al ej?rcito de Venezuela a la rebeli?n, hab?a arrojado dichos volantes sobre la isla de

Curazao, aun cuando los mismos hab?an sido originalmente destinados para ser lanzados sobre una ciudad venezolana; 2) la

ayuda del gobierno de la Rep?blica Dominicana a ese mismo

ex-general para organizar el movimiento rebelde que contra el gobierno de Venezuela tuvo lugar en abril de i960; y 5) el atentado contra del presidente de Venezuela, R?mulo Betan

court, del 24 de julio de i960. La Comisi?n Investigadora hizo un viaje a Caracas durante

el cual las autoridades venezolanas pusieron a su disposici?n, "para ser interrogados sin la presencia de funcionario vene zolano alguno, a los detenidos en la C?rcel Modelo, de Caracas,

bajo inculpaci?n de haber participado en el atentado contra la vida del se?or presidente Betancourt".3 Y una subcomisi?n de ella visit? Ciudad Trujillo, en donde se entrevist? con el canciller dominicano. La Comisi?n, as?, pudo compilar un do cumento s?lido, completo y bien elaborado, que sirvi? de base a los acuerdos de la VI Reuni?n de Consulta.

El propio Consejo de la Organizaci?n, durante su sesi?n extraordinaria del 29 de julio, acord? se?alar el 16 de agosto como fecha en que deber?a iniciar sus labores "la Sexta Reuni?n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

para servir de ?rgano de Consulta en la aplicaci?n del Tra tado Interamericano de Asistencia Rec?proca". Este nombre dio lugar a dos opiniones distintas: seg?n una, las Reuniones de Consulta celebradas para aplicar el Tratado Interameri cano de Asistencia Rec?proca deb?an tenerse como absoluta mente distintas de las Reuniones ordinarias, y, en consecuen

cia, la de San Jos? ser?a la primera de una serie. Seg?n la

otra, era una m?s de las cinco ya celebradas, y, por tanto, la de San Jos? ser?a la sexta.

El asunto parec?a de bastante inter?s, ya que, a cambio de aceptar el argumento de los que favorec?an la segunda



436 Ismael Moreno ?1-3

opini?n ?evitar confusiones en la opini?n p?blica continen

tal, a fin de que ?sta pudiera seguir en mejor forma el fun

cionamiento de un ?rgano que aun para los t?cnicos resulta a veces demasiado complejo?, se corr?a el peligro de llegar a identificar dos ?rganos cuyos motivos de convocaci?n son dis

tintos, adem?s de encontrarse regidos por instrumentos diver

sos, estar sujetos a reg?menes diferentes de votaci?n y, final

mente, a los cuales conviene mantener separados por ser

desiguales en su esencia misma. En efecto, mientras el ?rga

no de Consulta es, por excelencia, un ?rgano ejecutivo y fun

ciona como un tribunal, la Reuni?n de Consulta ordinaria es una asamblea deliberante donde se coordinan las actuacio

nes de los Estados Miembros frente a situaciones de car?cter

urgente y de inter?s com?n para ellos. Como suele ocurrir en estos casos, acab? por imperar

una tesis ecl?ctica que reun?a

lo mejor de ambas posiciones, y as? result? que la primera de las reuniones de Consulta de San Jos? recibi? la designa ci?n oficial de Sexta Reuni?n de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores para servir de ?rgano de Consulta en

aplicaci?n del Tratado Interamericano de Asistencia Rec?

proca.

Pues bien, esta Reuni?n, gracias a la labor previa de la Comisi?n Investigadora, designada por el Consejo, como ?r

gano provisional de Consulta, tuvo ante s? una situaci?n que no requer?a sino llegar a un acuerdo sobre cu?les habr?an de ser los mejores m?todos para hacer frente a los actos compro bados de intervenci?n y agresi?n del gobierno dominicano. La Reuni?n se inici? con las exposiciones que ambas partes hi

cieron para presentar sus casos. Si al alegato de la delegaci?n de la Rep?blica Dominicana lo caracteriz? su buena t?cnica, la presentaci?n del caso venezolano fue h?bil para destacar

que la justicia y la raz?n estaban de su parte. La preocupaci?n principal de la delegaci?n mexicana,

aparte, naturalmente, de que se adoptaran las medidas del caso frente a la agresi?n e intervenci?n dominicanas, fue

vigilar que, como alivio de situaciones particulares, no se sa

crificaran principios generales de orden trascendente, por m?s

que este ?ltimo curso de acci?n asumiera la forma de causas




atractivas por su inherente justicia. De haberse procedido en otra forma, se hubieran llegado a sentar precedentes que facilitar?an la aplicaci?n futura de procedimientos extrajur? dicos, y quiz?s el servicio de fines que no se distinguieran precisamente por su nobleza.

Fue as? como la delegaci?n mexicana se opuso inequ?vo ca y vigorosamente a la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos de que la Reuni?n de Consulta recomendara

que "la Rep?blica Dominicana aceptara recibir una comisi?n

especial de este cuerpo para asegurar que, dentro de un plazo de tiempo espec?fico y juicioso, se celebraran elecciones libres en las que pueda participar un pueblo que haya tenido real mente el derecho de la libertad de expresi?n y de reuni?n, elecciones celebradas bajo la fiscalizaci?n de la Comisi?n

misma, sujetas a las medidas apropiadas para asegurar el cum

plimiento de los principios acordes con la Declaraci?n de San

tiago".4 La creaci?n y las funciones de semejante comisi?n hubieran significado, sin duda, grave violaci?n del principio de no intervenci?n. Otras delegaciones latinoamericanas reco

nocieron las razones de la posici?n mexicana, lo que motiv?

que la norteamericana no insistiera en su idea, a pesar de su

gran inter?s inicial. Otro aspecto importante de la postura mexicana fue la

de vigilar cuidadosamente que las medidas cuya adopci?n se exabinaba no se enderezaran contra el pueblo dominicano,

ni lo afectaran en su salud o bienestar generales. Por eso, la

Reuni?n misma s?lo resolvi? la suspensi?n inmediata del co

mercio de armas e implementos de guerra de toda clase, si bien facult? al Consejo de la Organizaci?n para estudiar la po sibilidad y conveniencia de extender la suspensi?n a otros art?culos.

La principal de las Resoluciones adoptadas por la VI Reuni?n de Consulta tiene, a m?s del m?rito de su justicia, diversos aciertos de orden t?cnico que conviene destacar. En

efecto, hizo suyo el informe de la Comisi?n Investigadora del

Consejo, cuya designaci?n y cuyo trabajo demostraban que no se hab?a procedido a la ligera, ni tampoco bajo la influencia de la antipat?a por una larga dictadura. La Resoluci?n se re



438 Ismael Moreno W-.I-3

fiere enseguida a los actos de las autoridades dominicanas

que el ?rgano subsidiario de consulta consider? de agresi?n e intervenci?n, hecho que, adem?s de ser ventajoso para expli car a la opini?n p?blica continental la actuaci?n de la VI

Reuni?n, presentaba debidamente la raz?n de ser de la acci?n

colectiva, de manera de evitar que aparecieran precedentes

que m?s tarde pod?an ser invocados en favor de las m?s diver sas situaciones.

La Resoluci?n I presenta despu?s las medidas acordadas:

ruptura de relaciones diplom?ticas e interrupci?n parcial de las econ?micas, as? como el mecanismo para suspender esas

medidas cuando desaparezca el peligro que para la paz y la

seguridad del Continente representa actualmente el gobierno de la Rep?blica Dominicana. Debe mencionarse, respecto a

esta ?ltima particularidad, que constituye un singular acierto la referencia expresa que se hace al art?culo 19 de la Carta,

ya que, como se ver? despu?s con m?s detalle, la acci?n colec

tiva s?lo se justifica cuando est?n de por medio la paz y la

seguridad. En fin, debe se?alarse otro aspecto de la Resolu ci?n cuyos efectos ben?ficos, a diferencia de los anteriores, re

sulta dif?cil predecir. Se trata del mandato (inciso b) del 1er.

p?rrafo resolutivo) para que el Consejo, al extender la

suspensi?n del comercio con la Rep?blica Dominicana a otros

art?culos, tenga en cuenta "las limitaciones constitucionales

o legales de todos y cada uno de los Estados Miembros". La inclusi?n de esta referencia se debi? a la particular insistencia

de la delegaci?n norteamericana, que se mostr? temerosa de no

poder aceptar que se excluyeran ciertos art?culos de su

comercio con un determinado pa?s. El secretario de Relacio

nes de M?xico hizo la observaci?n de que si bien no se opon?a a que se incluyeran las palabras propuestas por el se?or Her

ter, deseaba se?alar que dicha adici?n no podr?a menos de

producir serios efectos sobre las futuras aplicaciones del Tra

tado Interamericano de Asistencia Rec?proca. El fundamento de esa observaci?n resulta evidente, pues

si bien parece inobjetable la afirmaci?n de que un tratado

concertado en contra de disposiciones constitucionales carece

de validez, no es menos cierto que sujetar la ejecuci?n de un




tratado multilateral, libremente concertado y debidamente

ratificado, a lo dispuesto por la legislaci?n interna de cada una

de las partes, viene a significar que cada una de ?stas se ha

obligado en distinta medida, y que, de hecho, ninguna ten

dr?a en un momento dado una noci?n clara de lo que ha

obtenido de los dem?s Estados contratantes a cambio de las

obligaciones que se ha impuesto. El hecho de que la inclu

si?n de esta limitaci?n a la aplicabilidad del Tratado Inter

americano de Asistencia Rec?proca haya sido sugerida por la

delegaci?n norteamericana resulta todav?a m?s dif?cil de com

prender si se toma en cuenta que el art?culo VI de la consti

tuci?n pol?tica de Estados Unidos dice de manera expresa que un tratado debidamente concluido constituye ley suprema.

Esta disposici?n ha sido refrendada por multitud de decisiones de los m?s altos tribunales estadounidenses desde la decisi?n

adoptada por la Suprema Corte de Justicia de 1909 en el caso

de Maiorano vs. Baltimore ?8c Ohio RR. Co. No puede dejar de mencionarse al escribir sobre la VI

Reuni?n de Consulta que el representante dominicano, al in tervenir en la Comisi?n General, introdujo una cuesti?n de

excepcional importancia: la de saber si se requiere o no la autorizaci?n previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder aplicar aquellas medidas a que se refiere el art?culo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Rec?

proca que no supongan el uso de la fuerza armada. Esto

?ltimo en virtud de que resulta claro que, dado el texto del art?culo 51 de la Carta de la organizaci?n mundial, el em

pleo de la fuerza para repeler un ataque armado, hasta tanto

el Consejo de Seguridad no haya tomado las medidas necesa

rias para mantener la paz y la seguridad internacionales, es

una derivaci?n natural del derecho de leg?tima defensa, indi

vidual o colectiva, por lo que no requiere autorizaci?n alguna.

La cuesti?n que, en realidad, se debat?a era la de si existe en

Am?rica un sistema de seguridad regional capaz de operar con efectividad; o si la seguridad interamericana debe depen der de los dictados de la llamada guerra fr?a y quedar sujeta as? a las decisiones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.



44o Ismael Moreno FIl-S

La representaci?n dominicana adujo los siguientes argu mentos principales: /) el Tratado Interamericano de Asisten cia Rec?proca es un sistema de leg?tima defensa y no de san

ciones; 2) s?lo se pueden emplear medidas coercitivas en los casos de ataque armado, pero no en el de agresiones que no

son ataques armados; 5) el TIAR, lejos de constituir una

derogaci?n o una excepci?n a la soluci?n pac?fica de las con troversias interamericanas, consagra y reafirma esa noble tra

dici?n americana; 4) el art?culo 51 de la Carta, que dio lugar al TIAR, s?lo contempla la leg?tima defensa individual o

colectiva frente a la hip?tesis estricta del ataque armado; 5) el art?culo 51 constituye la ?nica excepci?n a la regla general establecida por el art?culo 53 de la Carta de Naciones Uni

das, que se?ala que no se

aplicar?n medidas coercitivas en

virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin

autorizaci?n del Consejo de Seguridad; 6) por tanto, ninguna medida coercitiva, conforme al art?culo 8 del Tratado de R?o, ser?a ejecutoria ni obligar?a jur?dicamente a un estado ameri cano a aplicar la medida colectiva decretada sin la autorizaci?n

previa del Consejo de Seguridad, decisi?n cuya adopci?n, dada

por raz?n de su naturaleza, requiere el voto de siete miembros

del Consejo de Seguridad, incluyendo el de sus miembros per manentes.

La delegaci?n chilena se encarg? de refutar estos argu mentos en la siguiente forma: 1) aun en el supuesto de que el art?culo 53 de la Carta de la O.N.U. dispusiera que el

organismo regional no puede aplicar medidas sino en virtud de un acuerdo previo del Consejo de Seguridad, la disposi ci?n s?lo se refiere a medidas coercitivas; 2) ?stas son de

coacci?n, cuyo cumplimiento requiere el empleo de la fuerza o de la violencia; 3) las medidas que la Reuni?n aplicar?a no

requieren el empleo de la fuerza o de la violencia, puesto que, en ese caso, su ejecuci?n quedar?a librada a la decisi?n soberana de cada uno de los estados americanos; 4) los art?cu

los 41 y 42 de la Carta de la O.N.U. contraponen el concepto de la medida coercitiva, que supone, por necesidad, el em

pleo de la fuerza armada, con las que carecen de ese car?cter,

y que son, precisamente, las que considera el art?culo 8 del



FI I~3 Las Reuniones de San Jos? 441

Tratado de R?o, excepci?n hecha del empleo de la fuerza

armada; 5) el informe que present? a la consideraci?n del

Consejo Directivo de la Uni?n Panamericana el entonces Di rector General de ella, Alberto Lleras Camargo, sobre los re

sultados de la Conferencia Interamericana para el Manteni miento de la Paz y la Seguridad del Continente, expresamente reconoce que:

Hay un matiz muy claro para el lector de la Carta [de la O.N.U.] entre las medidas del art?culo 41, que no son coercitivas, en el sentido de que carecen de elemento de violencia f?sica, que va ?ntimamente ligado a la ac ci?n militar, y las del art?culo 42. Evidentemente, las

medidas de coerci?n, como el empleo de la fuerza f?sica, son privativas del Consejo de Seguridad con una sola

excepci?n: la leg?tima defensa individual y colectiva; pero las otras, las del art?culo 41, no lo son, y aun podr?a decirse que est? dentro de la facultad de cualquier esta do, sin violar necesariamente los prop?sitos, los princi pios de la Carta o sus disposiciones, romper relaciones diplom?ticas, consulares y econ?micas o interrumpir sus comunicaciones con otro estado.5

A la refutaci?n chilena podr?a a?adirse el argumento com

plementario de que si bien es cierto que, como se?al? el repre sentante dominicano, las medidas que establece el Tratado Interamericano de Asistencia Rec?proca no son sanciones ?ya

que no van enderezadas a castigar un delito como tal?-, y

admitiendo, asimismo, que s?lo se pueden emplear medidas coercitivas en los casos de ataque armado, no se desprende que las medidas a que se refiere el art?culo 8 del Tratado de R?o son inaplicables en virtud de lo dispuesto por el 53 de la Carta de la O.N.U., ya que dichas medidas no constituyen sino la reacci?n frente a la agresi?n, cuyo fin primordial es

el mantenimiento o la restauraci?n de la paz y seguridad continentales. En efecto, el TIAR no persigue castigar ni

constituye su objeto inmediato forzar la voluntad de estado

alguno, sio que tiene por ?nica finalidad el mantenimiento, o la restauraci?n, en su caso, de la paz y la seguridad del Continente.




. Como quiera que sea, esta cuesti?n parecer?a haber que dado definitivamente resuelta en favor de la libertad de ac

ci?n del organismo regional, pues no se puede sacar otra conclusi?n del hecho de que todas las Rep?blicas Americanas

hayan ratificado el Tratado Interamericano de Asistencia Re

c?proca sin que ninguna hubiera hecho siquiera referencia, ni durante la Conferencia de R?o ni despu?s, a la necesidad de una previa autorizaci?n del Consejo de Seguridad para la

aplicaci?n de las medidas previstas en el art?culo 8. Tambi?n deben contar los hechos de que sus representantes escucharan,

sin una sola voz disidente, el pasaje antes transcrito del in forme del Director General de la Uni?n Panamericana, y, so

br? todo, de que, a pesar del alegato dominicano, procedieron a ejecutar las medidas adoptadas por la VI Reuni?n, sin

aguardar autorizaci?n alguna del Consejo de Seguridad. Es obvio que no puede ser en inter?s de las Rep?blicas

Americanas el tener que sujetar su sistema regional de segu

ridad a los vaivenes de la pol?tica mundial, cuando que fue

precisamente la falla del sistema universal de seguridad colec tiva la que favoreci? e hizo necesaria la adopci?n del Tratado de R?o. De igual manera, si se aceptara la tesis del previo consentimiento del Consejo de Seguridad para la aplicaci?n del TIAR, se asestar?a duro golpe a la igualdad que entre estados grandes, medianos y peque?os existe en la OEA, ya que se habr?a consagrado en favor de uno solo de los miem bros de la organizaci?n regional la facultad de poder para lizar la acci?n que dos tercios o m?s de los estados miembros consideraran como necesaria para la preservaci?n de la paz y

seguridad continentales.

La representaci?n peruana en el Consejo de la OEA solicit? el 13 de julio la celebraci?n de una Reuni?n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para "considerar las exi

gencias de la solidaridad continental, la defensa del sistema

regional y de los principios democr?ticos americanos ante las amenazas que puedan afectarlos".6 El Consejo design? una Comisi?n Preparatoria para redactar el Proyecto de Agenda, y en ella surgi? en seguida lo que diversos representantes lia




mar?n "el elemento constructivo" que deb?a singularizar la propuesta Reuni?n, y que no era otro que el de conciliar las diferencias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos*

problema principal al que habr?an de enfrentarse los Minis tros de Relaciones Exteriores durante su VII Reuni?n.

De la labor de la Comisi?n Preparatoria vale la pena destacar, como antecedente de la posici?n de M?xico en San

Jos?, la preocupaci?n constante de sus representantes en el

Consejo de la O.E.A, la de que la agenda no incluyera tema

alguno que pudiera prestarse a menoscabar principios b?sicos de la Organizaci?n, como los de no intervenci?n y libre auto

determinaci?n de los pueblos. As? se logr? que el tema II de esa agenda, cuya primera redacci?n era la de "Defensa Con

junta de las instituciones democr?ticas americanas contra

cualquier sistema incompatible con la libertad pol?tica, la

dignidad del hombre y la libre determinaci?n de los pueblos", se enunciara finalmente en esta forma: "Cooperaci?n inter

americana, de acuerdo con los principios y normas consagrados en la Carta de la OEA, para la defensa de las instituciones democr?ticas americanas contra las actividades subversivas de

cualquiera organizaci?n, gobiernos o de sus agentes, dirigidas en contra de dichas instituciones".7

Este lenguaje mejoraba el primeramente empleado en va rios puntos importantes. Desde luego, al decir "cooperaci?n interamericana" en vez de "defensa conjunta", se expresa que la defensa de las instituciones democr?ticas americanas corres

ponde a cada uno de los estados miembros de la OEA. Ade

m?s, hace una referencia expresa al principio de la no interven

ci?n, referencia que se justifica no s?lo por la importancia intr?nseca del principio, sino tambi?n porque las medidas que pod?an haberse aconsejado habr?an ca?do directamente en el dominio reservado a los estados, lo que creaba la necesidad

de definirlas con cuidado para evitar una violaci?n de ese

principio. Finalmente, se reemplazaron las palabras "activi

dades de cualquier sistema incompatible con la libertad pol? tica", por las de "actividades subversivas de cualquier gobierno o de sus agentes", precisando, as?, que no se trataba de pro mover intervenciones bajo el pretexto de la defensa de la




democracia, sino de reaccionar cooperativamente en contra de

cualquier amenaza externa de subversi?n de las instituciones democr?ticas de los estados americanos. Nada resume

mejor la idea de M?xico que la expresi?n feliz del canciller colom

biano durante su intervenci?n en el debate general de la VII

Reuni?n de Consulta. ".. .no creemos que la democracia pue

da defenderse con medidas de alta polic?a, y estableciendo

pecados de opini?n".8 Los otros tres temas que integraron la agenda de la Reuni?n

fueron los de "Fortalecimiento de la solidaridad continental

y del sistema interamericano, especialmente ante las amenazas

de intervenci?n extracontinental que puedan afectarlos"; "Consideraci?n de los factores econ?micos y sociales que mo

tivan la inestabilidad pol?tica en el Hemisferio, e intensifica ci?n de la acci?n colectiva para promover la elevaci?n del nivel de vida de las zonas subdesarrolladas en Am?rica"; y "Consideraci?n de las tensiones existentes en la regi?n del Ca ribe para asegurar la armon?a, la unidad y la paz de Am?rica". La parte final de este ?ltimo tema da la t?nica necesaria para

comprender la acci?n desarrollada en San Jos?: no se trataba de acusar para provocar la desuni?n, sino de procurar la con

ciliaci?n en beneficio de la solidaridad continental. Una cuesti?n de particular inter?s para las relaciones del

organismo regional con el mundial fue la esbozada por el se

cretario de Estado de Estados Unidos durante su primera in

tervenci?n en el debate general, cuando se?al? que Cuba obr? indebidamente al pasar por alto a la O.E.A. para presentar su

caso ante las Naciones Unidas. Por su parte, el canciller cu

bano defendi? el derecho de todo miembro de la O.N.U. para llevar a conocimiento de los ?rganos apropiados de dicho orga nismo internacional los conflictos en que sea. par te.

Como se sabe, la acusaci?n de Cuba contra Estados Unidos

por una serie de agresiones e intervenciones, fue hecha prime ramente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual, despu?s de considerar que la situaci?n la examinaba

ya el organismo interamericano, decidi? "suspender la consi deraci?n de este asunto hasta no recibir un informe de la

Organizaci?n de los Estados Americanos".9 En favor de la po




sici?n norteamericana pueden citarse el art?culo 20 de la Carta de la O.E.A.: "todas las controversias internacionales que sur

jan entre los estados americanos ser?n sometidas a los proce dimientos pac?ficos se?alados en esta Carta antes de ser lle vadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas"; el 2

del Tratado Interamericano de Asistencia Rec?proca: ".. .las

Altas Partes Contratantes se comprometen a someter toda

controversia que surja entre ellas a los m?todos de soluci?n

pac?fica y a tratar de resolverla entre s?, mediante los proce

dimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de re

ferirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Aunque no vigente para Cuba ni para Estados Uni

dos, puede citarse, finalmente, otro de los instrumentos fundamentales de la O.E.A., el Tratado Americano de So luciones Pac?ficas, cuyo art?culo II expresa que "las Altas Partes Contratantes reconocen la obligaci?n de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pac?ficos regionales antes de llevarlos al Consejo de Seguridad de las Na ciones Unidas..." De modo paralelo pueden citarse los ar

t?culos 33 y 52 p?rrafo 2 de la Carta de la Organizaci?n de las Naciones Unidas, que se?alan, respectivamente, la obligaci?n de las partes en una controversia cuya continuaci?n sea sus

ceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacionales, de buscarle soluci?n, ante todo, por los diversos m?todos de soluci?n pac?fica ah? consignados, en tre los que figura el recurso a organismos o acuerdos regio

nales; y que los miembros de la O.N.U., parte de acuerdos u

organismos regionales, har?n todos los esfuerzos posibles para arreglar pac?ficamente las controversias de car?cter local por medio de tales acuerdos u

organismos regionales antes de so

meterlos al Consejo de Seguridad. Los defensores de la tesis de libre acceso en todo momento

a la O.N.U., podr?an citar los siguientes art?culos de la Carta de las Naciones Unidas: 24 p. 1, que se?ala que el Consejo de

Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la

paz y la seguridad internacionales; 34, que expresa que el Con

sejo de Seguridad puede investigar toda controversia o situa



446 Ismael Moreno FI I-3

ci?n susceptible de conducir a fricci?n internacional o dar

origen a una controversia; 35, que indica que todo miembro de las Naciones Unidas puede someter cualquier controversia o cualquier situaci?n de las mencionadas en el art?culo 34 al

Consejo de Seguridad o la Asamblea General; 36, p. 1, se

g?n el cual el Consejo de Seguridad puede, en cualquier estado

que se encuentre una controversia o situaci?n de las descritas

por el art?culo 33, recomendar los procedimientos o m?todos de ajuste apropiados; el 103, que resuelve en favor de la su

premac?a de la Carta de la O.N.U. cualquier conflicto entre

las obligaciones contra?das por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus obligaciones contra?das a

trav?s de cualquier otro convenio internacional; y el art?cu

lo 102 de la Carta de la O.E. A., que se?ala que ninguna de las

estipulaciones de dicho instrumento se interpretar? en me

noscabo de los derechos y obligaciones de los estados miembros de acuerdo con la Carta de la O.N.U.

Es evidente que, cuando se suscribieron, se pens? en la

obligaci?n de recurrir a los m?todos de soluci?n pac?fica de los convenios interamericanos antes de recurrir al organismo

mundial. Tampoco puede desconocerse, por otra parte, que no es nada f?cil hallar una soluci?n satisfactoria a este pro

blema, raz?n por la cual reclama la atenci?n futura de los

juristas. Como quiera que se resuelva, ser? muy dif?cil ignorar el argumento del canciller cubano, a saber, que cuando un

estado miembro de la Organizaci?n Mundial se incorpora a

la O.E.A., lo hace no para ver disminuidos sus derechos como

miembro de aqu?lla, sino para obtener nuevos de la regional. Como es de suponerse, el tema b?sico de la Reuni?n fue el

de las relaciones cubano-norteamericanas, as? como la amenaza

contra la solidaridad de Am?rica contenida en las declaracio nes del Presidente del Consejo de Ministros de la U.R.S.S., en

las que, frente a la referida controversia entre dos estados ame

ricanos, tom? resueltamente el partido de uno de ellos y amenaz? al otro con el fuego de sus proyectiles dirigidos si

agred?a al otro. Olvid? por completo el se?or Jrushchov la

existencia de pactos interamericanos que no s?lo proveen a un

adecuado y bien probado sistema de soluci?n pac?fica de con




troversias, sino que establecen el mecanismo para una reacci?n

continental frente a cualquier agresi?n, venga de donde vi

niere.

Todo lo dem?s que figuraba en la Agenda no mereci? la atenci?n de la Reuni?n sino en cuanto al aspecto puramente

procesal de determinar cu?l ser?a el ?rgano a que convendr?a remitir el asunto en cuesti?n, para la mejor consideraci?n de su aspecto substantivo.

La posici?n mexicana ante los problemas que confron

taba la Reuni?n, fue fijada en la intervenci?n que el canciller mexicano hizo ante la Comisi?n General el d?a 23 de agosto, fecha singularmente feliz de las deliberaciones, pues en ella se hicieron otras dos intervenciones, las de Colombia y Per?,

que, como la de M?xico, produjeron fuerte impresi?n, tanto as? que, de hecho, a ellas se debi? en gran parte el resultado alcanzado en la Reuni?n. Las tres intervenciones tuvieron

de com?n la singular virtud de diferenciar dos situaciones que era vital distinguir: los esfuerzos del gobierno y pueblo cuba nos por alcanzar un bienestar mayor con un sentido de justicia

social, y las amenazantes declaraciones del Presidente del Con

sejo de Ministros de la U.R.S.S., que, siendo todo lo figurativas que se

quiera, no

dejaban de constituir un amago de inter

venci?n extracontinental.

La primera de dichas situaciones no presentaba problema

alguno: dentro de su territorio, el gobierno de Cuba tiene el

derecho soberano de procurar para su pueblo las transforma

ciones sociales, jur?dicas y econ?micas que m?s estime conve

nientes, y el pueblo cubano es el ?nico que ha de pronunciarse sobre ellas. Para los estados americanos, que consideran que

el principio por excelencia de su vida de relaci?n es el de la no intervenci?n, y que lo han consagrado en forma inequ? voca en la Carta de su

Organizaci?n, que han creado para

lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboraci?n y defender su soberan?a, su inte

gridad territorial y su independencia, no pod?a caber la menor

duda al respecto, y as? lo proclamaron, uno tras otro, los can

cilleres de Am?rica: los m?s, expresa y vigorosamente, y los

menos, admiti?ndolo, al menos de manera impl?cita. En cam




bio, las amenazas extracontinentales, y su aceptaci?n por

algunos de los dirigentes cubanos, que probablemente cre?an

oponer as? una barrera entre su pa?s y la supuesta amenaza

de intervenci?n continental, no pod?a

menos de ser conde

nada. Ante una situaci?n que atenta contra la existencia mis

ma del Sistema Interamericano, no se pod?a

ser neutral. Dicho

Sistema ha sido aceptado libremente por todas nuestras Rep? blicas, que en ?l han hallado, al menos desde que se consagr? en la realidad el aut?ntico movimiento americanista mediante la aceptaci?n un?nime del principio de no intervenci?n, la

mejor garant?a de su soberan?a e independencia pol?tica. Resultan as? f?cilmente comprensibles las palabras del can

ciller mexicano cuando de modo muy reiterado declar? que "si hemos proscrito la intervenci?n de un estado o grupo de estados americanos en los asuntos internos de nuestras

Rep?

blicas, tampoco vamos a admitirla si proviene de un pa?s extracontinental. Debemos rechazarla si llegara

a realizarse, y no debemos tolerarla ni siquiera

como amenazante hip?

tesis".10

Con justicia ha sido criticada la Doctrina Monroe, no s?lo

porque, en cuanto doctrina pol?tica, est? sujeta a ser

interpre tada unilateralmente, sino tambi?n por contener un elemento

de aislamiento que tend?a a consagrar una tutela que ni ha

b?a sido solicitada ni fue nunca aceptada por los pueblos latino

americanos; pero si algo bueno contiene, es, sin duda, el ele

mento com?n que con el m?s puro bolivarismo presenta: la idea de la inviolabilidad de Am?rica. Semejante idea es per fectamente compatible

con una activa participaci?n americana

en todos los ?rdenes de colaboraci?n universal que promueve la Organizaci?n de las Naciones Unidas, ya que de ninguna

manera concibe al Sistema Interamericano como egoistamente aislado del resto de la humanidad, sino que quiere tan s?lo

proveer a la seguridad y a la paz del Hemisferio haciendo ope rar la solidaridad de las Rep?blicas Americanas.

Ahora bien, esa idea central de la inviolabilidad de Am? rica no

pod?a ser indiferente a la amenaza que en t?rminos

m?s o menos "figurados" hizo el presidente sovi?tico del Con

sejo de Ministros, en directa violaci?n a lo estipulado en el




p?rrafo 4 del art?culo 2? de la Carta de las Naciones Unidas. Se trataba, ni m?s ni menos, de intentar traer la guerra fr?a a

tierras americanas, aprovechando para ello la situaci?n exis

tente entre Estados Unidos y Cuba; ignorando, o pretendiendo ignorar, al menos, que ambos pa?ses

son miembros de un sis

tema que ha condenado toda intervenci?n, y cuyo m?ximo anhelo es el de asegurar la soluci?n pac?fica de toda contro

versia que pueda surgir entre sus miembros, para que, con

viviendo en paz, atienda al mejoramiento com?n con el m?s

absoluto respeto a la individualidad y soberan?a de cada uno.

Por todo lo anterior, la declaraci?n mexicana supo sacar

dos conclusiones de la gesta de su propio revoluci?n: una ins

tancia cordial, comprensiva y generosa a Cuba para que, com

prendiendo que su ?mbito natural est? en Am?rica y que en este Hemisferio tiene sus verdaderos amigos y son

mejor com

prendidas sus ansias de mejoramiento econ?mico y de justicia social, contribuya a la grandeza y unidad continentales; y una

solemne instancia a todos los cancilleres de Am?rica para que, debidamente impuestos de la grandeza y trascendencia del mo

mento, procuraran llegar a las soluciones constructivas que m?s convinieran a las partes en discordia, y ratificaran mejor,

por tanto, la vocaci?n pacifista que distingue al continente americano.

Inspirada en la necesidad de diferenciar de manera propia la acci?n colectiva que se lleva a cabo dentro de un

organismo

internacional, de la figura de la intervenci?n, entendida esta ?ltima como la ingerencia arbitraria en los asuntos externos

o internos de un estado, la delegaci?n mexicana precis? y de limit? el concepto de la legitimidad de las medidas colectivas; necesidad tanto m?s sentida cuanto que,

como ya se ha expre

sado antes, se hab?an notado ciertas tendencias intervencionis

tas en el seno del Consejo de la Organizaci?n, que, inspiradas en el deseo, leg?timo en s?, de defender las instituciones demo

cr?ticas, habr?an significado, en realidad, una violaci?n al

principio de no intervenci?n. Fue as? como la delegaci?n me

xicana procedi? a se?alar en forma inequ?voca que, a fin de

que la acci?n colectiva de un organismo internacional no

degenere en una intervenci?n, se precisa, desde el punto de vis




ta material u objetivo, que tienda a mantener la paz y la

seguridad si est?n amenazadas por el estado objeto de la mis

ma, y que, desde el punto de vista formal o subjetivo, la acci?n colectiva ha de basarse en un tratado vigente, al que hayan concurrido voluntariamente todos los estados interesados, de

biendo, asimismo, sujetarse dicha acci?n, en cuanto a sus

procedimientos y sanciones, a lo dispuesto en el aludido trata

do preexistente. La delegaci?n mexicana fund? su posici?n en el art?culo 19 de la Carta de la O.E.A., as? como con citas

pertinentes de diversos dict?menes del Comit? Jur?dico Inter

americano, sin que se escuchara una sola voz discrepante, lo

que hace esperar que esta contribuci?n tenga resultados ben?

ficos a la buena marcha de la O.E.A.

El m?rito de las delegaciones que, como la de M?xico, ins

piraron en todo momento su actuaci?n en- un criterio sereno

y objetivo, residi? en que as? pudo evitarse llegar a las posi ciones extremas a que pod?an haber conducido las tesis tan

divergentes de Cuba y Estados Unidos. En vez de ello, la Reuni?n logr? proceder

con cordura, teniendo en cuenta en

primer t?rmino los altos intereses de la solidaridad americana. De conformidad con su postura conciliadora y moderadora de

extremismos, la delegaci?n de M?xico, en uni?n de las de Bo

livia, Ecuador, Honduras, Panam?, Per? y Venezuela, present? a la consideraci?n de la Reuni?n un proyecto de resoluci?n11

cuya importancia fue manifiesta, pues sirvi? para que no se

adoptaran otras que habr?an hecho m?s r?gidas las respecti vas posiciones de las partes en conflicto, alejando as? todav?a

m?s la soluci?n final. En efecto, el proyecto de las siete dele

gaciones era, tanto una exhortaci?n a Cuba para que, haciendo

una profesi?n de fe americanista, reiterara su confianza en la

O.E.A., como una declaraci?n de que las rep?blicas americanas

continuar?an apoy?ndola en su lucha por el mejoramiento eco

n?mico y la justicia social. Ese proyecto de resoluci?n se fincaba con firmeza en dos

premisas: la de que "la idea de la solidaridad y unidad conti

nentales, de honda raigambre americanista, no permite que lo

que sucede en cualquier punto de Am?rica pueda ser motivo

de indiferencia para los dem?s integrantes de la comunidad




americana", y la de que "la genuina expresi?n de esos senti mientos fraternales no puede entenderse como violatoria de los principios de no intervenci?n y de autodeterminaci?n de los

pueblos, ya que ?stos se hallan englobados dentro del concepto general de la solidaridad americana que en forma alguna ex

cluye el m?s acendrado respeto a la personalidad, soberan?a e

independencia de los Estados Americanos". Creo que la adop ci?n del proyecto hubiera sido un se?alado servicio a la causa

de la solidaridad de Am?rica, y hubiera permitido que las di ferencias que separan a dos miembros de la O.E.A. hallara una

soluci?n m?s pronta y justa. Sin embargo, como ya se ha dicho, este proyecto, en uni?n

de otro,12 que tambi?n copatricin? la delegaci?n mexicana con las de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panam?, Per? y Venezuela, fueron determinantes en grado muy signifi cativo del resultado a que finalmente lleg? la VII Reuni?n de Consulta. Entre las disposiciones del segundo proyecto estaba tina reafirmaci?n del concepto de que "Cada estado tiene el derecho a desenvolver libre y espont?neamente su vida cultu

ral, pol?tica y econ?mica"; un rechazo aun del m?s leve prop? sito de intervenci?n pol?tica o militar extracontinental en los asuntos propios de los estados americanos; y, sobre todo, pro ve?a al establecimiento de una comisi?n ad hoc, integrada por representantes de la m?s alta jerarqu?a de cinco estados miem bros que, al efecto, designara la Reuni?n de Consulta, y cuya

misi?n ser?a la de "promover el arreglo de las controversias cuando as? lo soliciten los gobiernos interesados, por los proce dimientos de los buenos oficios, la investigaci?n o la conci

liaci?n".

Quienquiera que de buena fe se compenetre del contenido de ambos proyectos de resoluci?n, habr? de convenir que esta ban redactados dentro de la m?s pura tradici?n panamericana, y que en ellos resultaban reiterados los m?s altos principios que inspiran a la O.E.A.

La segunda de las Reuniones de San Jos? aprob? trece re

soluciones, las dos primeras de las cuales son las de mayor im

portancia. En efecto, la Resoluci?n I, llamada Declaraci?n de San Jos? de Costa Rica, consiste en la aplicaci?n a circunstan




cias por todos conocidas, de principios que durante largo tiem

po han pertenecido al patrimonio de la Organizaci?n. Ah? se

encuentra, efectivamente, un inequ?voco rechazo de la inter

venci?n o amenaza de intervenci?n, aun cuando sea condicio

nada, de una potencia extracontinental en asuntos de las

rep?blicas americanas; repudio al que est? ligada, como con

secuencia l?gica, la declaraci?n de que la aceptaci?n de dicha amenaza por un estado americano pone en

peligro la solida

ridad y la seguridad americanas, lo que obliga a la O. E. A. a

desaprobarla y rechazarla. Ah? est?n contenidas, asimismo,

la reafirmaci?n clara y vigorosa del principio de la no inter

venci?n, y, consecuentemente, la de su corolario sobre la libre

autodeterminaci?n de los pueblos; la declaraci?n de la incom

patibilidad del sistema interamericano con toda forma de

totalitarismo; y la reiteraci?n de que la soluci?n pac?fica es la ?nica posible soluci?n de toda controversia entre estados ame

ricanos.

La Resoluci?n II, "Comisi?n Ad Hoc de Buenos Oficios",

consagra la idea ya contenida en uno de los proyectos13 de que fue coautora la delegaci?n mexicana, de crear esa comisi?n

para ponerla a disposici?n de las partes, d?ndose as? a ?stas la

oportunidad de arreglar sus diferencias con las mayores ga

rant?as que puede ofrecer la Organizaci?n para que los t?rmi nos del arreglo se ci?an en todo a la justicia.

Habr? inconformes y cr?ticos del Sistema Interamericano

que hubieran deseado que en San Jos? se adoptaran posicio nes m?s "definidas", o sea, dram?ticas. Algunos hubieran

deseado una condenaci?n a Cuba por todos los cargos que pre sent? Estados Unidos en su contra, y, sobre todo, por su

despe

go a los principios de la Declaraci?n de Santiago. Olvidan

que, como ella misma lo expresa, la Declaraci?n no

persigue otro objeto que enunciar algunos principios y atributos del sistema democr?tico con el fin de permitir a la opini?n p? blica, nacional o internacional, determinar el grado de iden tificaci?n de los gobiernos con aquel sistema, y contribuir as? a borrar toda forma de dictadura, despotismo o tiran?a, sin

quebrantar el respeto a la facultad que tienen los pueblos de

escoger sus formas de gobierno; y que, como lo se?al? muy




claramente la intervenci?n mexicana en la Comisi?n Genera!, el ejercicio leg?timo de una acci?n colectiva requiere enfren tarse a una situaci?n que ponga en peligro la paz o la seguri dad del Continente.

Por el apoyo que impl?cita o expl?citamente recibi? de un

gran n?mero de delegaciones, as? como por su indudable va lor para fijar los verdaderos alcances de la Resoluci?n I de la

VII Reuni?n de Consulta, resulta pertinente transcribir a con tinuaci?n la explicaci?n al voto afirmativo de M?xico al Acta Final de la Reuni?n:

Con relaci?n a la "Declaraci?n de San Jos? de Costa Rica", la delegaci?n de M?xico desea dejar constancia de que, al votar a favor de dicha Declaraci?n, lo ha he cho en el siguiente entendimiento:

La delegaci?n de M?xico estima que al reafirmar que cada estado tiene el derecho de desenvolver libre y es

pont?neamente su vida cultural, pol?tica y econ?mica, ha desvanecido hasta la posibilidad m?s remota de que se

pueda poner en tela de juicio, ni siquiera te?ricamente, ese atributo inseparable de la soberan?a que es el derecho de autodeterminaci?n.

La delegaci?n de M?xico juzga, asimismo, que el prin cipio de no intervenci?n ?base insustituible de la paz y del entendimiento entre los Estados ? ha sido fortifi cado de modo muy efectivo.

Por ?ltimo, la delegaci?n de M?xico est? convencida de que se trata de una resoluci?n de car?cter gene ral, para todos los estados miembros de la Organizaci?n, y de que en ninguna forma constituye una condenaci?n o una amenaza en contra de Cuba, cuyas aspiraciones de

mejoramiento econ?mico y de justicia social cuentan con la m?s viva simpat?a del gobierno y del pueblo de

M?xico.

Algunos otros hubieran deseado, en cambio, una condena

ci?n pura y simple de Estados Unidos por los actos de agresi?n econ?mica que le imput? la delegaci?n cubana, as? como por la supuesta complacencia del gobierno norteamericano para




que desde su territorio se realicen vuelos que tienen por ob

jeto la destrucci?n de los ca?averales de la isla antillana. Olvidan ?stos que los actos de agresi?n ?como fue el caso de los sufridos por Venezuela? deben investigarse cuidadosa

mente y probarse de la manera m?s completa posible, como lo impone la gravedad misma del hecho que, de comprobarse, sin duda constituir?a el m?s grave de los delitos internacio nales.

La O.E.A., frente a unos y otros, obr? con la sabidur?a que le da el hecho de ser la m?s antigua ?y, desde muchos aspec tos, la m?s eficaz? de cuantas organizaciones internacionales

existen. Reiter? as? los principios b?sicos de validez uni versal y eterna vigencia que le sirven de base de sustentaci?n: solidaridad interamericana frente a

cualquier acto o amenaza

de agresi?n; no intervenci?n; autodeterminaci?n de los pue blos; y, ante el conflicto entre dos pueblos hermanos, renov? una vez m?s su fe imperecedera en la soluci?n pac?fica y justa de toda divergencia internacional, creando para ello una co

misi?n que, por su composici?n y por el nivel en que, de recibir el consentimiento de las partes, operara, estar?a por encima de

cualquier sospecha. Como conclusi?n final puede, pues, se?alarse que el resul

tado m?s notable de las reuniones de San Jos? fue la forma como los grandes principios del Sistema Interamericano sa

lieron fortalecidos de ellas, en la misma medida en que fueron fuertes las presiones a que se vieron sometidos.

NOTAS

1 OEA/Ser. F/Il 6 Doc 2, "Nota del Embajador, Representante de

Venezuela en la cual solicita la convocaci?n del ?rgano de Consulta

de acuerdo con el art?culo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia

Rec?proca". 2 OEA/Ser. F/II 6 Doc 3, "Convocatoria del ?rgano de Consulta de

acuerdo con el art?culo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Re

c?proca". 3 OEA/Ser. F/II 6 Doc 5, "Informe que rinde la Comisi?n del Con

sejo constituido provisionalmente en ?rgano de Consulta en el caso pre sentado por Venezuela, para dar cumplimiento al tercer punto dispositivo de la Resoluci?n del 8 de julio de i960"; pp. 10 y 11.



FI I-3 Las Reuniones de San Jos? 455 4 OEA/Ser. F/II 6 Doc 22, "Acta de la Segunda Sesi?n de la Co

misi?n General"; p. 3. 5 "Informe del Director General de la Uni?n Panamericana sobre la

Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Segu ridad del Continente"; p. 26.

6 OEA/Ser. F/Il 7 Doc 2, "Nota del Embajador, Representante del

Per? en la cual solicita la convocaci?n de la Reuni?n de Consulta de Mi

nistros de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Art?culo 39 de la

Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos". 7 OEA/Ser. F/II 7 Doc 5, "Programa de la VII Reuni?n de Con

sulta de Ministros de Relaciones Exteriores". 8 OEA/Ser. F/II 7 Doc 16, "Discurso del Canciller de Colombia,

Dr. Julio C?sar Turbay Ayala, en la Comisi?n General"; p. 11.

9 Doc Po 220 Cuba (2), con el que se transmiti? a la Secretar?a Ge

neral de la OEA, la Resoluci?n adoptada por el Consejo de Seguridad en

su 876ava sesi?n. 10 OEA/Ser. F/II 7 Doc 15, "Discurso del Secretario de Relaciones

Exteriores de M?xico, Don Manuel Tello en la Comisi?n General";

pp. 1 y 2. 11 OEA/Ser. F/H 7 Doc 49, "Proyecto de Resoluci?n exhortando a

Cuba a mantener su confianza en la OEA". 12 OEA/Ser. F/II 7 Doc 61, "Proyecto de Resoluci?n presentado por

las Delegaciones de Bolivia, Venezuela, M?xico, Panam?, Per?, Ecuador,

El Salvador y Honduras (Puntos I y II del Programa)". 13 Ibid.

SEXTA REUNI?N

RESOLUCI?N 1

La Sexta Reuni?n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

para Servir de ?rgano de Consulta en Aplicaci?n del Tratado Interame

ricano de Asistencia Rec?proca, Habiendo tomado conocimiento del Informe de la Comisi?n Investiga

dora nombrada en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dispositivo 3 de la Resoluci?n aprobada por el Consejo de la Organizaci?n de los Es

tados Americanos el 8 de julio de i960, y

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos consagra el principio de que el orden internacional est? esencialmente constituido

por el respeto a la personalidad, soberan?a e independencia de los Estados

y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional;




Que en el incidente denunciado por el Gobierno de Venezuela ante

la Comisi?n Interamericana de Paz el 25 de noviembre de 1959, dicho

?rgano del sistema interamericano lleg? a la conclusi?n de que "los arre

glos necesarios para realizar el vuelo de Ciudad Trujillo a Aruba ?pro

yectado con el fin de lanzar hojas sueltas sobre una ciudad venezolana?

y para embarcar esos volantes en Ciudad Trujillo, no pudieron haberse

llevado a cabo sin la connivencia de las autoridades dominicanas";

Que la Comisi?n del Consejo de la Organizaci?n de los Estados Ame

ricanos constituido provisionalmente en ?rgano de Consulta que tuvo a

su cargo la investigaci?n de los hechos denunciados por el Gobierno de

la Rep?blica de Venezuela, lleg? a la conclusi?n de que el Gobierno de la

Rep?blica Dominicana expidi? pasaportes diplom?ticos para que fueran

utilizados por venezolanos que participaron en el levantamiento militar

que tuvo lugar en abril de i960 en San Crist?bal, Venezuela;

Que la Comisi?n del Consejo de la Organizaci?n de los Estados Ame

ricanos constituido provisionalmente en ?rgano de Consulta que tuvo a

su cargo la investigaci?n de los hechos denunciados por el Gobierno de

la Rep?blica de Venezuela, lleg? asimismo a las conclusiones de que:

"1) El atentado contra la vida del se?or Presidente de Venezuela per

petrado el 24 de junio de i960, fue un episodio de un complot fra

guado para derrocar al Gobierno de dicho pa?s.

2) Los implicados en el atentado y complot de referencia recibieron

apoyo moral y ayuda material de altos funcionarios del Gobierno de

la Rep?blica Dominicana.

3) Dicha ayuda consisti?, principalmente, en brindar a los implicados facilidades para viajar y para ingresar y residir en territorio domini

cano en relaci?n con sus planes subversivos; en haber facilitado los

dos viajes del avi?n de matr?cula venezolana hacia y desde la Base

A?rea Militar de San Isidro, Rep?blica Dominicana; en proveer armas

para el golpe contra el Gobierno de Venezuela y el dispositivo elec

tr?nico y la bomba que se utilizaron en el atentado; as? como en haber

adiestrado, en el funcionamiento del dispositivo electr?nico de dicha

bomba, a quien lo hizo explotar y demostrado a ?ste la fuerza destruc

tiva de la misma";

Que los hechos antes relatados constituyen actos de intervenci?n y

agresi?n contra la Rep?blica de Venezuela, que afectan la soberan?a de dicho Estado y ponen en peligro la paz de Am?rica, y

Que en el caso presente se justifica la acci?n colectiva en los t?rminos del Art?culo 19 de la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos,

Resuelve:

Condenar en?rgicamente la participaci?n del Gobierno de la Rep?blica Dominicana en los actos de agresi?n e intervenci?n contra el Estado de




Venezuela que culminaron en el atentado contra la vida del Presidente

de dicho pa?s, y, en consecuencia, De conformidad con lo dispuesto en los Art?culos 69 y 8? del Tratado

Interamericano de Asistencia Rec?proca,

Acuerda:

1. Aplicar las siguientes medidas:

a) Ruptura de relaciones diplom?ticas de todos los Estados Miem

bros con la Rep?blica Dominicana;

b) Interrupci?n parcial de relaciones econ?micas de todos los Esta

dos Miembros con la Rep?blica Dominicana, comenzando por la

suspensi?n inmediata del comercio de armas e implementos de

guerra de toda clase. El Consejo de Organizaci?n de los Estados

Americanos estudiar?, seg?n las circunstancias y con la debida

consideraci?n de las limitaciones constitucionales o legales de

todos y cada uno de los Estados Miembros, la posibilidad y conveniencia de extender la suspensi?n del comercio con la

Rep?blica Dominicana a otros art?culos.

2. Facultar al Consejo de la Organizaci?n de los Estados Americanos

para que, mediante el voto afirmativo de los dos tercios, deje sin

efecto las medidas adoptadas en la presente Recoluci?n, desde el

momento en que el Gobierno de la Rep?blica Dominicana haya

dejado de constituir un peligro para la paz y seguridad del Con

tinente.

3. Facultar al Secretario General de la Organizaci?n de los Estados

Americanos para trasmitir al Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas informaci?n completa sobre las medidas acordadas en la

presente Resoluci?n.

S?PTIMA REUNI?N

RESOLUCI?N I

DECLARACI?N DE SAN JOS? DE COSTA RICA

La S?ptima Reuni?n de Consulta de Ministros de Relaciones Exte

riores, 1. Condena en?rgicamente la intervenci?n o amenaza de intervenci?n,

aun cuando sea condicionada, de una potencia extracontinental en asun

tos de las rep?blicas americanas, y declara que la aceptaci?n de una

amenaza de intervenci?n extracontinental por parte de un Estado ameri cano pone en peligro la solidaridad y la seguridad americanas, lo que

obliga a la Organizaci?n de los Estados Americanos a desaprobarla y rechazarla con igual energ?a.



45? Ismael Moreno ?7I-3

2. Rechaza asimismo la pretensi?n de las potencias sino sovi?ticas de

utilizar la situaci?n pol?tica, econ?mica o social de cualquier Estado

americano, por cuanto dicha pretensi?n es susceptible de quebrantar la unidad continental y de poner en peligro la paz y seguridad del Hemis

ferio.

3. Reafirma el principio de no intervenci?n de un Estado americano

en los asuntos internos o externos de los dem?s Estados americanos, y reitera que cada Estado tiene el derecho de desenvolver libre y espont? neamente su vida cultural, pol?tica y econ?mica, respetando los derechos

de la persona humana y los principios de la moral universal y, por consi

guiente, que ning?n Estado americano puede intervenir con el prop?sito de imponer a otro Estado americano sus ideolog?as o principios pol?ti

cos, econ?micos o sociales.

4. Reafirma que el sistema interamericano es incompatible con toda

forma de totalitarismo y que la democracia s?lo lograr? la plenitud de

sus objetivos en el Continente cuando todas las rep?blicas americanas ajus ten su conducta a los principios enunciados en la Declaraci?n de Santiago

de Chile, aprobada en la Quinta Reuni?n de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores, cuya observancia recomienda a la brevedad posible.

5. Proclama que todos los Estados miembros de la organizaci?n regio nal tienen la obligaci?n de someterse a la disciplina del sistema inter

americano, voluntaria y libremente convenida, y que la m?s firme garan

t?a de su soberan?a y su independencia pol?tica proviene de la obediencia

a las disposiciones de la Carta de la Organizaci?n de los Estados Ame

ricanos.

6. Declara que todas las controversias entre Estados miembros deben

ser resueltas por los medios pac?ficos de soluci?n que contempla el sistema

interamericano.

7. Reafirma su fe en el sistema regional y su confianza en la Organiza ci?n de los Estados Americanos, creada para lograr un orden de paz y de

justicia que excluye toda posible agresi?n, fomentar la solidaridad entre

sus miembros, robustecer su colaboraci?n y defender su soberan?a, su

integridad territorial y su independencia pol?tica, ya que es en esta Orga

nizaci?n donde sus miembros encuentran la mejor garant?a para su evolu

ci?n y desarrollo.

8. Resuelve que esta declaraci?n sea conocida con el nombre de "Decla

raci?n de San Jos? de Costa Rica".

RESOLUCI?N II

COMISI?N A D HOC DE BUENOS OFICIOS

La S?ptima Reuni?n de Consulta de Ministros de Relaciones Exte

riores,



FI 1-3 Las Reuniones de San Jos? 459

Reiterando su fe en la eficacia de los medios y procedimientos previstos en el sistema interamericano para la soluci?n pac?fica de controversias*

Resuelve:

1. Crear una Comisi?n ad hoc integrada por representantes del m?s alto nivel, de los Gobiernos de Venezuela, M?xico, Brasil, Colombia, Chile y Costa Rica.

a) Esta Comisi?n, previa solicitud de los gobiernos directamente

interesados, facilitar?, esclareciendo los hechos y ofreciendo sus buenos oficios, el arreglo de las controversias entre los gobiernos de Am?rica y deber? informar al respecto al Consejo de la

Organizaci?n de los Estados Americanos.

b) El Secretario General de la Organizaci?n de los Estados Ameri canos prestar? a la Comisi?n, en la capital de Am?rica que le sirva de sede, los servicios de secretar?a.

2. Autorizar al Secretario General de la Organizaci?n de los Estados Americanos para que comunique el texto de la presente Resoluci?n al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



las reuniones de san josé

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