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Número 29. Diciembre, 2005

Las asimetrías entre países ante el TLC-EEUU: por ejemplo, el problema de la asimetría de la información

La información es un requisito indispensable para una regulación eficaz. En la teoría económica moderna, la regulación se analiza generalmente como problema de agente−principal, en el que la parte que ejerce el control (el principal) es el gobierno o el organismo regulador que representa a los clientes (todos los y las costarricenses) y el agente está representado por los directivos de la empresa regulada (empresas de EEUU). La regulación se considera un juego en que la principal trata de inducir al agente a actuar en función del interés público, es decir, maximizar el bienestar social. Sin embargo, el principal se ve limitado por la falta de información sobre el agente que regula y no puede observar su conducta con precisión: El problema de la regulación es, fundamentalmente, un problema de control en un marco de información insuficiente. La asimetría de la información hace que el principal dependa del agente, disminuye la eficacia económica, reduciendo la eficiencia de la regulación y brindando al agente la posibilidad de actuar estratégicamente en respuesta a las políticas establecidas por el principal, y permite a aquel obtener una renta –que se manifiesta en un exceso de utilidades y de laxitud interna- derivada de sus ventajas en materia de información. En los servicios públicos, la asimetría de información es el resultado de factores de proximidad al proceso de producción, un contacto más estrecho con los clientes, un mayor conocimiento de las características subyacentes del producto o del servicio, las diferencias en materia de recursos financieros, el tamaño de la plantilla, los incentivos, la capacitación técnica, etc. La información de que dispone el agente no es del todo perfecta pero supera a la que tiene acceso el principal. Si éste tuviera la información –es decir si supiera cuánto le costaría a una empresa eficiente proporcionar el servicio pertinente- no tendría más que indicar al agente que ejecutara el plan más adecuado desde un punto de vista social. Sin embargo, el regulador, que se encuentra en desventaja en materia de información con respecto al agente, resulta difícil elaborar las instrucciones del caso y vigilar su cumplimiento adecuadamente. Cuando el regulado es una empresa de servicios públicos, esta situación se traduce en la presentación de planes de actividades en los que se sobreestiman los costos de funcionamiento y las necesidades de inversión y se subestima la demanda –cuanto menor sea la demanda estimada, tanto mayores serán los precios necesarios para obtener un monto de ingresos determinado- y en incluir selectivamente la información que favorezca sus intereses, entre otras tácticas. Estas asimetrías que existen entre países, tiene que llevar a meditar sobre la responsabilidad nacional que se debe tener a la hora de firmar el TLC y la amenaza de la privatización de servicios públicos estratégicos (agua para consumo humano y otros, biodiversidad, generación de energía eléctrica, sistema de salud, telecomunicaciones), donde a todas luces está en juego el interés público, es decir, maximizar el bienestar social, mismo que debe prevalecer, en

defensa de todas y todos los habitantes del país. Fuente: CEPAL, 2001. Serie Recursos naturales e infraestructura. No.36.-