la verdad del edificio que no soportÓ el terremoto
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE COMUNICACIONES
Las pruebas y testimonios del juicio Alto Río:
LA VERDAD DEL EDIFICIO QUE NO SOPORTÓ EL
TERREMOTO
POR CAROLINA CÁCERES AGUILERA
Proyecto de grado presentado a la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, para optar al grado de Magíster en Periodismo mención
prensa escrita.
Profesor guía: Jimena Villegas
Junio, 2012
Santiago, Chile
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©2012, Carolina Cáceres Aguilera. Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines
académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica que
acredita al trabajo y a su autor.
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A Dios que siempre ha guiado mis pasos y ha moldeado mi vida.
A mi familia por apoyarme incondicionalmente.
A Jimena Villegas por su paciencia, apoyo y amistad.
A Gestión de Medios Regionales y a Diario El Sur por la oportunidad de estudiar este
Magíster.
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TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA …………………………………………………………………………... 3
I. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………. 5
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO GRADO ………………………………………... 6
2.1. Tema ………………………………………………………………...………………….6
2.2. Fuentes ……………………………………………………………………………… 6-7
2.3. Audiencia ……………………………………………………………………………... 7
2.4. Metodología …………………………………………………………………………... 7
2.5. Dilemas éticos ……………………………………………………................................ 8
2.6. Destrezas ……………………………………………………………………………… 8
2.7. Proyección ……………………………………………………………………………..8
2.8. Puesta en página ………………………………………………………………………. 8
2.9. Implementación web ………………………………………………. ……………….....9
III. REPORTAJE GRADO ………………………………………………………………. 10
La verdad del edificio que no soportó el terremoto………………………………………. 10
IV. REPORTAJE GRADO DIAGRAMADO PARA DIARIO
V. CONCLUSIONES ……………………………………………………………………..20
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INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto es para optar al grado de Magíster en Periodismo y trata sobre un
reportaje en profundidad de un tema de relevancia a nivel nacional y, específicamente, para
la región del Biobío.
Después del terremoto las necesidades del país cambiaron, especialmente las de las zonas
más afectadas por la catástrofe. Sin duda, uno de los hitos que marcó la jornada del 27/F
fue el desplome del edificio Alto Río.
Medios nacionales e internacionales utilizaron las ruinas del inmueble como postal para
graficar la magnitud del megasismo.
Después de terminada la efervescencia y la urgencia por socorrer a las víctimas del
terremoto, los propietarios del edificio, en el que ocho personas fallecieron y otras siete
quedaron con lesiones graves, comenzaron a exigir a las autoridades que se determinara las
causas del desplome.
La fiscalía estuvo diez meses investigando y encargó un estudio al Instituto de
Investigaciones y Ensayos de Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile. En base a
estas conclusiones, el fiscal Nelson Vigueras, a cargo del caso, presentó cargos por
cuasidelito de homicidio y lesiones graves: contra los representantes de la constructora
Socovil y la inmobiliaria Huequén, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza;
contra los ingenieros Pedro Ortigosa de Pablo, a cargo de la mecánica de suelos, y René
Pettinelli, calculista del proyecto; contra el director de obra, Mario Valeria, y contra los
jefes de obra, José Paredes y Héctor Torres.
La Fiscalía acusa que hubo negligencias graves a la hora de construir el edificio.
El reportaje es un adelanto de las pruebas y testimonios que estarán en el juicio que iniciaba
el 25 de junio.
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JUSTIFICACIÓN DEL REPORTAJE DE GRADO
TEMA:
Para el tema del reportaje de grado se escogió el tema “Las causas del desplome de Alto
Río”.
En febrero, se realizaron las audiencias de preparación del juicio oral y era de esperar que
en marzo empezara el proceso legal a más de dos años del terremoto. Sin embargo, dos
recursos presentados por la defensa –uno ante el Juzgado de Garantía de Concepción y otro
al Tribunal Constitucional- retrasaron el inicio del proceso hasta fines de mayo. Lo que
agregaba interesantes aristas y que enriquecían la noticia.
El aporte de este reportaje es que se adelanta a lo que será el juicio y da a conocer los
argumentos técnicos de cada una de las partes. Hay detalles inéditos: como el de la defensa
que presentará un software que demostraría por qué se cayó el edificio, el de la Fiscalía que
presentará a declarar al arquitecto y director de obras de la Municipalidad de Concepción;
la respuesta de la defensa sobre la diferencia en la tipificación de suelo; que la Fiscalía
reconozca que encontró los planos, que aún no aparecen en la Municipalidad, en los
computadores de los ocho imputados.
FUENTES:
Las fuentes que utilizadas en el reportaje fueron oficiales: el abogado defensor, el fiscal a
cargo, los abogados querellantes, la vocera de los propietarios de Alto Río, el director de
obras de la Municipalidad. A todos se los entrevistó de manera presencial. Además, se
utilizaron documentos como la acusación de la Fiscalía, el recurso que presentó la defensa
al Tribunal Constitucional, el informe del Idiem y del Dictuc y la norma 433.
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Entrevistados:
-Mónica Molina, vocera de los ex residentes de Alto Río.
-Fiscal Nelson Vigueras.
-Los abogados querellantes Enrique Hernández y Renato Fuentealba.
-El abogado Fernando Saenger.
-Frank Sanhueza, director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Andrés Bello,
sede Concepción.
-Alejandro Espinoza, abogado defensor.
-Fiscal Andrés Barahona
-Diputado Frank Sauerbaum
-Director de obras municipal, Ricardo Schneider.
-El profesor de Derecho Constitucional, Carlos Maturana y el Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Gonzalo
Cortez.
-Marta Fuentes, abogada asistente del Tribunal Constitucional.
AUDIENCIA
El reportaje es informativo y está dirigido a una audiencia informada, que le interesen los
temas regionales, pero también a aquellos que les gustan los temas urbanísticos y de
construcción. El reportaje podría ser publicado en la sección Reportajes de El Mercurio o
en el Diario El Sur de Concepción.
METODOLOGÍA
Se utilizaron los documentos oficiales y expertos en la materia, que no tuvieran conflictos
de intereses, que me explicaron esos temas. Por ejemplo, en la tipificación de suelo, el
ingeniero civil Frank Sanhueza que analiza la norma 433 de construcción y él “interpreta”
cada uno de los conceptos. También en el caso del recurso que presentó la defensa al
Tribunal Constitucional, dos abogados de la Universidad de Concepción Gonzalo Cortez y
Carlos Maturana analizaron el documento y explicaron de qué se trataba y cuáles serían las
implicancias que tendría para el juicio penal.
Las fuentes fueron entrevistadas de manera presencial.
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DILEMAS ÉTICOS
El único problema ético fue tratar de no tomar parte en la postura que tenía la Fiscalía y la
Defensa. El desafío fue tratar de ser lo más imparcial y objetivo posible.
DESTREZAS
Los conocimientos del magíster me sirvieron, en especial, en la puesta en página y en la
estructura. Como Cristóbal Edwards nos enseñó el objetivo del reportaje es responder las
preguntas que el lector tiene sobre el tema, pero también explorar enfoques visuales, de
manera que el contenido atraiga al lector y permita relatar el texto de manera clara,
promoviendo –idealmente- el recuerdo de la información. En la estructura me sirvieron las
clases con Sergio Espinoza, porque nos mostró varios ejemplos de cómo debían realizarse
los reportajes.
PROYECCIÓN
La proyección que tiene este reportaje es que es un tema que recién comienza. Cuando
empiece el juicio a fines de mayo, todos los diarios cubrirán la noticia. La ventaja es que el
lector de este reportaje conocerá antes los antecedentes que se debatirán en el proceso
judicial y podrá tener una visión informada.
PUESTA EN PÁGINA
Para la puesta en página utilicé como foto principal tres imágenes del edificio: recién
inaugurado, desplomado después del terremoto y cómo está el terreno ahora. Cada
fotografía se complementó con un pie de foto que aportaba datos que contextualizaban
estos tres escenarios. Era como una cronología, pero en imágenes. El segundo elemento fue
una cronología de los hechos judiciales que antecedieron al juicio. El objetivo es que el
lector tenga el panorama completo del caso, no sólo el proceso judicial que está ad portas
de empezar. Además, hay una infografía con datos del edificio y un recuadro con tres
reseñas de protagonistas de la historia. Los elementos gráficos pretenden complementar la
historia central, no repetir información.
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IMPLEMENTACIÓN WEB
1.- El texto central es un resumen, de no más de dos mil caracteres, que tenga el resumen
del caso: quiénes son los involucrados, qué se debatirá y cuándo comenzará el proceso
legal. Al costado derecho se incluyen link de noticias relacionadas al tema. En el texto
tendría palabras claves que serían link que permitan descargar documentos relacionados
como la norma 433, el informe técnico del Dictuc y del Idiem.
2.- La infografía se puede transformar en una imagen interactiva, que tenga datos del
edificio y los hechos que marcaron este caso.
3.- Un fotorrelato con cada uno de los hitos previos al proceso judicial.
4.- Incluir video animado de cómo se cayó el edificio.
5.- Fotos de cada uno de los procesados con sus curriculum y los cargos que se le imputan.
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Las pruebas y testimonios del juicio Alto Río:
LA VERDAD DEL EDIFICIO QUE NO SOPORTÓ EL
TERREMOTO
¿Qué pasó? ¿Es que la norma chilena de construcción antisísmica era insuficiente? ¿O
hubo negligencias al momento de hacer el edificio? ¿Fue una falla humana o es una
responsabilidad que reposa en la naturaleza? Son algunas de las preguntas que tendrán
que contestar los jueces Georgina Solís, Ana María Hernández y Adolfo Cisterna en el
proceso judicial más esperado de Concepción y que comenzará a cerrar heridas abiertas
desde hace dos años.
Basura, pasto seco, piedras y más piedras. Es la intersección de avenida Prat con Padre
Hurtado en la ciudad Concepción. No hay edificio, no hay escombros, no hay vida
evidente. Algunos peatones se detienen a mirar y se persignan, dicen sentir una energía,
como si el dolor aún latiera ahí. Otros—la mayoría— sólo ven un sitio eriazo, el símbolo de
una catástrofe, 2.503 metros cuadrados de desolación que dan cuenta de cómo, a más de
dos años del terremoto del 27/F, queda un enorme tema por resolver en la ciudad penquista:
el del desplome del edificio Alto Río.
Esa madrugada de la catástrofe, la psicóloga Mónica Molina (32) estaba ahí. Recién el
lunes anterior al terremoto se había cambiado a su nuevo departamento en el piso 11 de
Alto Río, una torre de 15 plantas. Le gustaba la vista que tenía desde su balcón: podía ver lo
hermoso que es el Biobío al atardecer. Ese viernes se había quedado dormida cerca de la
medianoche; estaba cansada después de revisar informes de trabajo. A las 3:34 el estruendo
de la tierra en movimiento la despertó.
Mónica recuerda: “En breves segundos empezó a empeorar, todas las cosas en mi
dormitorio saltaban. La forma en que se movía el edificio era muy grosera y pensé: ‘se va a
caer’. El televisor saltaba de una pared a otra; la mesa y el computador se me vinieron
encima”. De repente, agrega, sintió el ruido pavoroso. Parecía el de un gran hueso
quebrado, y era en su edificio: “Hubo dos fracturas. La primera provocó una inclinación; la
segunda, el desplome. Miré hacia la ventana y noté que empezaba a girar, que el muro se
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me venía encima. Instintivamente me acerqué a una de las murallas de la pieza y me tapé la
cabeza, todas las cosas caían sobre mí. Ése fue el momento más angustioso: sabía que me
iba a morir, pero no sabía cómo”.
Mónica no murió. A las 8:00 de la mañana fue rescatada por bomberos. Estaba con vida,
pero marcada para siempre por el dolor. En el edificio Alto Río ocho personas fallecieron y
otras siete quedaron con lesiones graves. Una de ellas, Verónica Riquelme, hoy se desplaza
en silla de ruedas.
Por su formación profesional, Mónica Molina sabe que para cerrar el duelo es
imprescindible saber la verdad. Si su edificio colapsó porque la empresa constructora
Socovil y la inmobiliaria Río Huequén hicieron mal su trabajo. O si la culpa fue de este
terremoto gigantesco: 8,8 grados Richter, el octavo más poderoso del que se tenga registro.
El 25 de junio debiera iniciarse, en la Cuarta Sala Tribunal Oral en lo Penal de Concepción,
el juicio que irá tras esa verdad que buscan Mónica y los otros 78 sobrevivientes de Alto
Río. Será un proceso largo —se calcula una resolución para fines de septiembre o
principios de octubre— y mezclará datos técnicos con los testimonios de víctimas y testigos
de la tragedia. La sala será presidida por la jueza Georgina Solís Morgado. La acompañarán
Adolfo Cisterna Pino, en calidad de tercero; Selín Figueroa Araneda, como juez alterno, y
Ana María Hernández Hulín, en calidad de redactor. Ellos deben contestar por qué el Alto
Río se fue al suelo y qué responsabilidades les caben a ocho profesionales ligados a la
construcción del inmueble.
Suelo: la primera arista
La Fiscalía encargó, con un costo de $150 millones, al Instituto de Investigaciones y
Ensayos de Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile un estudio técnico para
determinar las causas de la caída del edificio. En base a estas conclusiones, el fiscal Nelson
Vigueras presentó cargos por cuasidelito de homicidio y lesiones graves: contra los
representantes de la constructora Socovil y la inmobiliaria Huequén, Juan Ignacio Ortigosa,
Felipe Parra y Ricardo Baeza; contra los ingenieros Pedro Ortigosa de Pablo, a cargo de la
mecánica de suelos, y René Pettinelli, calculista del proyecto; contra el director de obra,
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Mario Valeria, y contra los jefes de obra, José Paredes y Héctor Torres. El estudio del
Idiem será el principal medio de prueba de la Fiscalía.
La defensa presentará cinco peritajes. Entre ellos hay dos estudios: uno que realizó la
Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad
Católica (Dictuc) y otro de un grupo de profesionales de la Universidad de California en
San Diego (Estados Unidos).
El abogado de la defensa Alejandro Espinoza no entrega cifras del costo de estos peritajes,
pero sí un contexto: “Si logramos poner los recursos —como los ha puesto esta empresa—
para saber qué pasó, se va a poder evitar que ante un nuevo sismo se produzca una tragedia
similar”.
Los abogados Enrique Hernández y Renato Fuentealba, del estudio de abogados de
Fernando Saenger, representarán a los dueños y arrendatarios del edificio en calidad de
querellantes. Al juicio llevarán como medios de prueba documentos, testigos y testimonios.
En el informe del Idiem el primer elemento que apunta hacia una negligencia en la
construcción de Alto Río es la clasificación sísmica del suelo. Según la norma 433, antes de
su modificación en febrero de 2011, existían cuatro tipos de suelo: I, roca; II, firme; III,
blando o arenoso, y IV pantanoso, no apto para construir. La importancia de clasificar
correctamente es que determina cómo se debe realizar una construcción; por ejemplo, se
fijan parámetros para el espesor que deben tener los muros o los fierros de las armaduras y
para la cantidad de acero, y también el número de vigas y pilares.
El subsuelo en la “Zona Cero”, donde estaba el edificio, clasifica —según el Idiem— como
suelo blando o arenoso (tipo III). Pero el cálculo estructural que realizó el ingeniero Pedro
Ortigosa de Pablo lo clasifica como suelo firme (tipo II). Según la Fiscalía, existe un
informe previo, que realizó el ingeniero Horacio Calvo D’Ottone en junio de 2006 y que ya
decía que la empresa optó por el más riesgoso, porque eso le significaba construir con un
menor estándar o menor exigencia técnica”, dice el fiscal Nelson Vigueras.
El error de Ortigosa de Pablo, según el Idiem, es que basó la clasificación de suelos en un
ensayo sobre resistencia del terreno —que era lo que exigía la norma pero no hizo un
segundo informe sobre la velocidad de propagación de ondas de corte.
Frank Sanhueza, director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Andrés Bello,
explica que en la época en que construyó Alto Río la norma 433 no obligaba a las empresas
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a realizar los dos ensayos. Agrega que si la constructora Socovil hubiese hecho ambos se
podría haber calificado correctamente el suelo: “Hay diferencias económicas. Es mucho
más caro construir en terreno arenoso, porque hay que reforzar más la construcción. Tal vez
eso influyó en la decisión”.
En una entrevista con El Mercurio, en marzo de 2010, Ortigosa de Pablo planteó su punto
de vista: “Estoy absolutamente seguro de lo que se hizo. Se hizo más de lo que
normalmente se hace en cuanto a estudios. Pero no puedo decir en este momento si, en la
realidad, el sismo me llevó la contra, porque los ingenieros no somos dioses”.
El abogado defensor Alejandro Espinoza asegura que no hubo dos clasificaciones de suelo.
Explica que, antes de la compra del terreno, el ingeniero Calvo D’Ottone hizo un sondaje
para saber si el lugar era apto para construir un edificio como Alto Río. Después, tras la
compra, el 18 de agosto de 2006, se contrató a Ortigosa de Pablo, quien clasificó el terreno
como suelo firme. Añade que la empresa Empro Ltda., que hizo el estudio preliminar,
también lo reclasificó en coincidencia con Ortigosa de Pablo. “Vamos a presentar, y están
admitidos como prueba del juicio oral, que hay edificios muy cercanos a éste construidos
con la misma clasificación de suelo tipo II y a los que no les pasó nada. Esa zona admitía,
hasta antes del cambio de normativa, clasificación II y III”, detalla Espinoza.
Un ingrediente anexo a este debate —y que retrasó la partida del juicio central— es que el
abogado de Ortigosa de Pablo, Marcelo Torres, elevó una solicitud de incompetencia del
Juzgado de Garantía de Concepción en el caso. Según Torres, el informe de mecánica de
suelo se hizo de manera íntegra en Santiago y, por tanto, correspondía que su cliente fuera
juzgado en la capital. Tanto el Juzgado de Garantía de Concepción como la Corte de
Apelaciones rechazaron su recurso.
Renato Fuentealba, a nombre de los querellantes, dice: “Eso demuestra que han querido
retrasar el juicio. Además, la causa del colapso es un conjunto de factores; si a él se le
juzgaba en Santiago, lo más probable era que saliera absuelto. Estamos contentos que todo
se resuelva en la zona”.
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Los planos desaparecidos
El diseño estructural del edificio también será una de las claves que se debatirá en el juicio.
Según la Fiscalía, hay insuficiencias en la configuración, en las dimensiones y en los
detalles de las armaduras en la zona en la que se fracturó el edificio, que es entre el primer
y segundo piso.
Se añade que el revisor del proyecto de cálculo, Patricio Bonelli, hizo un certificado de
revisión en diciembre de 2006, considerando los planos que había hasta noviembre de ese
año. Ése fue el documento aprobado que se presentó en la Municipalidad de Concepción.
El problema para la Fiscalía es que el creador del diseño, René Petinelli, hizo cambios
estructurales al proyecto y con esos cambios se empezó a construir Alto Río, en septiembre
de 2007. Entre las modificaciones figuran variaciones en la armadura longitudinal en los
elementos del primer piso, cambios en la armadura de muros, cambios en dimensiones y
armaduras de vigas y eliminación de muros. Bonelli, además, amplió y prolongó los dos
subterráneos más allá de la planta del edificio.
“Era otro proyecto, que no se presentó al revisor independiente. Tampoco se cumplió con
informar a la Municipalidad”, asegura el fiscal Vigueras.
La defensa explica que no hay tales cambios. Alejandro Espinoza dice que se hicieron más
especificaciones, con el fin de pasar de un proyecto preliminar a uno más afinado: “No son
dos planos distintos; es una segunda versión de los mismos planos”. Recalca que la
ingeniería de Alto Río es la adecuada y que los peritajes se que presentarán en el juicio así
lo demuestran.
En el tema de los planos entra en juego la Municipalidad. A pocos días del terremoto, el
fiscal Vigueras fue al segundo piso del edificio donde entonces operaba la dirección de
obras—Caupolicán 518— para incautarse de todos los archivos relacionados con Alto Río.
Pero el inmueble había colapsado, y eso dificultó el proceso. Si bien había dos carpetas con
información del caso, no estaban los planos de ingeniería: “Existe una investigación al
respecto”, dice Vigueras. Y añade: “Puedo constatar que, producto del terremoto, había
gran desorden y que dentro de ese desorden encontramos sólo dos archivadores. Esos son
los hechos. Si estaba o no esa carpeta ahí, yo no lo puedo asegurar, porque no me consta”.
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El fiscal Andrés Barahona tiene a su cargo esa investigación. Asumió el caso, que antes
estaba en manos de Vigueras, hace dos meses y cuenta que tiene informes de la PDI y el
resultado del sumario interno que hizo la Municipalidad y que aún no hay conclusiones.
El diputado Frank Sauerbaum (RN), quien en estos dos años ha estado acompañando a las
familias de Alto Río, duda de que los planos se hayan extraviado: “Espero que esta
investigación tenga una respuesta respecto de quiénes son los responsables de ocultar esta
información. Hay que ser ingenuo para pensar que estos documentos se perdieron por sí
solos. La gente tendrá que responder por estos hechos”.
El fiscal Vigueras dice que los planos nunca han aparecido, pero que él los vio cuando se
incautó de computadores y documentos de los ocho imputados. En el juicio declararán el
arquitecto de la municipalidad, Juan Domingo Andreoli, y el director de obras municipal,
Ricardo Schneider.
La causa del desplome
Uno de los focos de ataque que hará la Fiscalía es que el proyecto fue desarrollado por
gente sin experiencia en construcciones de altura. El director de obras fue Mario Valeria
Leal, un ingeniero mecánico. Según Nelson Vigueras, de acuerdo con la ley general de
urbanismo y construcción y según a la ordenanza municipal, la suya no es la profesión
idónea para la tarea de levantar un edificio como Alto Río.
“Junto a él cumplieron con esta labor dos jefes de obras, Héctor Torres y José Paredes, que
tampoco tenían la experiencia suficiente. Como en los planos había faltas en los detalles y
en la dimensión que debía tener el edificio, ellos ejecutaron una obra muy negligente. Eso
desencadenó que el edificio se fracturara entre el piso 1y 2. Era una obra mal estructurada
en el papel, a lo que se sumaron falencias en la práctica”, plantea el fiscal.
Alejandro Espinoza, en cambio, afirma que si se comparan los planos de ingeniería con los
que se construyó hay “prácticamente una coherencia absoluta en todo”. Y añade: “Es
coincidencia mayor al 99% y esto no es relojería suiza. Puede que haya una diferencia
menor, pero eso en caso alguno explica el colapso del edificio”.
Ésta es una de las claves de la discusión: lo que más critica la defensa es que en el informe
del Idiem sólo se enumeran falencias (la clasificación del suelo, el diseño y las deficiencias
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en la construcción), pero no necesariamente esa suma explica la causa del desplome. “Si
quedaron mal puestos los sanitarios y se filtraba el agua en el piso 10 es un error garrafal en
la construcción, un error constructivo, pero cosa distinta es que eso explique el colapso del
edificio”, enfatiza Espinoza.
La defensa dice que para el análisis de la caída se requiere un software, que no está
disponible en Chile y que mide si efectivamente con otra clasificación del suelo y con una
construcción distinta del edificio no se hubiese caído. “Nadie ha logrado ver o fue testigo
de qué elemento colapsó primero. El Idiem está haciendo afirmaciones que no son
sustentables, porque no tienen los elementos técnicos. Ellos pueden dar una hipótesis,
pueden creer que esto pudo haber pasado o que estos tres elementos confluyeron más el
terremoto, pero la explicación exacta de qué pasó requiere de un análisis forense que no
está en el país y que nosotros como defensa sí lo tenemos”.
Lo que está por venir
Alejandro Espinoza, a nombre de Alto Río, es categórico: “El edificio se cayó porque la
norma chilena antisísmica era insuficiente y muestra de eso es que se modificó en febrero
de 2011. Además, el edificio estaba en una posición geográfica en relación a las ondas del
terremoto bastante desafortunada. Eso permitió que éste colapsara”.
La reforma a la que se refiere el abogado fue impulsada el año pasado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Se enfoca, principalmente, en la tipificación del suelo y añade un
quinto tipo de suelo llamado “medianamente denso o firme”. Clasificar bien el terreno es
vital: incide directamente en el diseño y el cálculo del hormigón armado que se utilizará en
la construcción de un edificio y en el tipo de materiales que se usarán en una obra. Obliga
además a hacer dos ensayos: de resistencia y de velocidad de ondas de corte.
Esta reforma se hizo —y así lo ratifica el académico de la Unab Frank Sanhueza— porque
gran parte de los inmuebles dañados por el terremoto colapsaron por la falta de estas
especificaciones.
Para la fiscalía incluso con la antigua normativa la responsabilidad es clara: la norma exige
que ante sismos de gran altura, la estructura resista y permita salir a sus habitantes con vida.
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“Éste”, dice Vigueras, “fue el único edificio en Chile que colapsó la madrugada del 27/F. Y
más grave aún: murieron ocho personas y otras siete resultaron con lesiones graves”.
La psicóloga Mónica Molina dice que los meses que dure el juicio serán difíciles: “Será
como revivir todo. Pero es necesario. Hay que pasar por todo esto, necesitamos saber la
verdad”.
Recurso ante el Tribunal Constitucional:
El as bajo la manga de la defensa
Pese a los preparativos de las partes para enfrentarse en tribunales y a las expectativas de
las víctimas, existe una posibilidad de que el juicio por Alto Río no se desarrolle: la
defensa presentó un recurso al Tribunal Constitucional. De prosperar, el proceso judicial
podría atrasarse o incluso suspenderse para siempre sin que se determinen culpabilidades.
El abogado defensor Alejandro Espinoza argumenta que la formalización de la Fiscalía
por cuasidelito de homicidio y de lesiones “es inconstitucional”. Según él, en la acusación
se citan reglamentos que no están publicados en el Diario Oficial. Ese solo hecho atentaría
contra una garantía constitucional: la que establece que los delitos por los cuales es
acusada y condenada una persona deben estar previamente establecidos en la ley. Vista
esta falta, añade, se optó por presentar el 27 de diciembre de 2011un recurso de
inaplicabilidad. Tras analizar el contenido del documento que presentó la defensa ante el
TC, el profesor de Derecho Constitucional Carlos Maturana y el vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Gonzalo
Cortez, especulan en torno a posibles consecuencias y afirman: “Si se acoge la acción de
inaplicabilidad, lo más probable es que deba sobreseerse a los acusados. En cambio, si se
rechaza, el Tribunal Penal tendrá que resolver si hay o no responsabilidad penal en los
ocho imputados”. Maturana y Cortez explican que en este caso el Tribunal Constitucional
no resuelve el tema de fondo, que es saber la verdad de por qué se cayó el edificio, y
advierten: si el TC acoge el recurso de la defensa, la Fiscalía deberá replantear la
acusación por completo. Hasta el cierre de esta edición, el pleno del TC, encabezado por
Raúl Bertelsen, aún estaba en la etapa de levantar información: el jueves 19 de abril, pidió
a la defensa y a los querellantes presentar sus argumentos frente al caso.
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CONCLUSIONES
El proyecto para alcanzar el grado de Magíster consistía en realizar un reportaje de
investigación que tuviera trascendencia nacional y que aportara al contexto del desarrollo
del país.
En ese contexto, el reportaje sobre lo que será el juicio de Alto Río es un aporte en la
discusión sobre cuáles son las normas que rigen a las construcciones en Chile, cuál es el
camino de prevención que se deben adoptar en caso de un megaterremoto.
Lo interesante de esta investigación es que inicia el debate que determine cuáles fueron las
causas de por qué Alto Río fue el único edificio en Chile que se desplomó por completo.
