La verdad del conflicto bancario Por Eduardo Mernies (*)

(Publicado en semanario El Popular el 26/11/2010)

Asistimos a una etapa preocupante, de alto nivel de conflictividad, fundamentalmente del movimiento sindical, más algunas agremiaciones de profesionales. Entre estos conflictos, está el de los bancarios estatales (los cuatro bancos y la ANV).

Los trabajadores no disfrutamos estar en conflicto.

Aprendimos a valorar y defender la democracia, y a profundizarla. Por décadas demostramos responsabilidad y sacrificio, y muchas veces pagamos un alto costo por el interés general, tuvimos miles de trabajadores desempleados, soportamos con nuestro propio aporte solidario la transición. No siendo causantes de la crisis, por bancos fundidos y negligencia estatal, contribuimos a superarla.

No somos otros bancarios, somos los mismos.

Entonces, tomando distancia del discurso que históricamente usó la derecha para demonizar a los bancarios y dividir a los trabajadores, deberíamos preguntarnos ¿cómo se llegó a este estado de confrontación? ¿se pudo haber evitado dialogando?

Un gobierno de derecha buscaría aplastar a los sindicatos, amedrentar. Un gobierno de izquierda, por concepción ideológica, debe buscar las causas y resolverlas. Para eso son los convenios colectivos: para generar condiciones de paz, marco adecuado para trabajar, producir, crecer y repartir.

A decir de voceros del propio Poder Ejecutivo, las reivindicaciones son de fácil solución. Y nosotros agregaríamos, de ínfimo costo.

Lamentablemente, versiones difundidas en los medios generan confusión sobre los reclamos.

Es importante que la ciudadanía sepa que, desde que se inició este conflicto, el Sindicato ha sido sumamente responsable y cuidadoso. Nunca se afectó la operativa que acredita sueldos y pasividades, mecanismo que se utiliza el BROU para la casi totalidad de sus pagos. No se ha afectado la red de cajeros automáticos. Nunca el Banco abrió fuera de hora por medidas gremiales, excepto en un paro parcial donde se pagaron pasividades con guardia gremial.

¿Cuál fue el grave pecado? Trancar el Clearing de cheques. Evidentemente, no existen medidas inocuas, todas tienen alguna consecuencia, según el ramo de actividad, así sea el transporte, la educación, la salud, la industria.

Los bancarios afectamos lo que trabajamos. No derramamos leche en las rutas, ni dejamos niños sin operar; nosotros afectamos las finanzas, el corazón del capital.

A esa medida se recurre para frenar una arremetida en contra de los trabajadores, donde un Directorio en particular innova incluso en un periodo de tregua.

La mayoría de los reclamos son de larga data. En junio pasado, AEBU activó la cláusula de prevención de conflictos, establecida precisamente para PREVENIR el conflicto. Se recurrió al MTSS, se inició un diálogo con los directores, pasaron meses (sin un solo paro) y ninguna solución. En esta segunda instancia, se agrava por medidas que AEBU califica como persecución. Esto se agrava cuando el Directorio del BROU no respeta la tregua implícita en el periodo para solución de diferendos.

Mientras AEBU concurrió siempre a todos los ámbitos de negociación, cabe señalar que dos de los Directorios (BHU y ANV) nunca enviaron representantes.

El motivo de esta nota no son las justas reivindicaciones, sino una gravísima decisión del Directorio del BROU, que “echa más leña al fuego” agudizando el conflicto.

El Directorio del BROU resuelve aplicar descuentos equivalentes al 50% del salario de la jornada, a quienes realicen cierto tipo de medidas gremiales distorsivas. Cabe aclarar que al trabajador ya se le descuenta por el tiempo que para, incluso se le cobran los aportes patronales por ese lapso. Cualquier descuento adicional (que exceda el tiempo no trabajado), equivale a multar al funcionario por ejercer el derecho de huelga.

Destacados juristas han considerado esa resolución inconstitucional “en cuanto vulnera la libertad sindical y el derecho de huelga, al contener una sanción encubierta consistente en un descuento salarial tarifado (50%) en caso de medidas gremiales atípicas, que puede ser superior a la disminución efectiva de la prestación laboral.”

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo define que las deducciones salariales superiores al monto correspondiente a la duración de la huelga, constituyen "una sanción que no favorece el desarrollo de relaciones profesionales armoniosas” (Recopilación de decisiones, 5a. edición, 2006, párrafo 655).

Según los juristas consultados, la resolución del BROU “violenta el derecho en lo dispuesto por los arts. 57, 72, 317 y 332 de la Constitución, por los Convenios Internacionales de Trabajo No. 87 y 98, por las leyes 15869, 17940 y 18508, y por el Acuerdo Marco sobre Negociación Colectiva en el Sector Público de 2005.”

En ese contexto, frente al ataque de los derechos constitucionales de los trabajadores, que otra cosa puede hacer un sindicato, sino defenderse y enfrentar aquello que atenta contra las libertades sindicales, en definitiva, contra la integridad y la esencia misma de la organización.

Pero hay un factor que hace más grave esta agresión contra los derechos fundamentales de los trabajadores. No es la primera vez que desde el Directorio del BROU se toman decisiones reñidas con el ejercicio de libertades y derechos inherentes al ciudadano.

Uno de los temas que reclama AEBU es que se cumpla con lo dispuesto en el Estatuto del Funcionario, que es el pago de la remuneración correspondiente al cargo que se desempeña. A muchos funcionarios se los obliga a cumplir cargos superiores, pero les siguen pagando un sueldo menor, contraviniendo lo que establece el Estatuto. Es decir, la Institución se queda con parte de los haberes que el funcionario genera con su trabajo. De esta situación exacta, hay precedente en años anteriores, la cual originó decenas de juicios laborales que, obviamente, el Banco perdió. Esos juicios costaron mucho dinero al banco estatal, la Justicia sentenció al BROU a pagar con valores actualizados e intereses dispuestos, lo que originó un fuerte malestar en el gobierno, debiendo regularizar todos los reclamos pendientes.

En ese entonces, el Directorio del BROU, cuyo presidente era el mismo que en la actualidad, aprueba que se haga una anotación en la ficha funcional a todo empleado que le inicie juicio. Seguramente no sería para “felicitar o ascender” al trabajador reclamante. Lo grave es que todos esos reclamos encuadran dentro del derecho constitucional de petición, y se basan en un derecho consagrado en las disposiciones del BROU. De hecho, la Justicia se ocupó de acabar con semejante arbitrariedad, dando la razón a quienes la recurrieron.

Si ignorar los justos reclamos de los trabajadores, legitimados en los convenios colectivos, incumplir las normas vigentes, olvidar los compromisos asumidos, e ignorar denuncias de arbitrariedades y persecución, no fuese suficientemente grave, adoptar resoluciones reñidas con el libre ejercicio de los derechos constitucionales, ya es una cuestión que tiene más que ver con la democracia y la libertad.

Sabiamente, el gabinete desestimó la idea de declarar esencialidad en la banca. Hoy toca enmendar el error del Directorio del BROU –tal vez mal asesorado- descartando la aplicación de sanciones que coartan derechos constitucionales.

Apostemos a la sensatez, a fortalecer las posiciones que, desde el gobierno, reconocen legítimos los reclamos de los trabajadores. Es preciso dejar sin efecto aquellas medidas inconstitucionales y reñidas con la democracia, que no hacen más que agravar el conflicto.