1

La transición a la democracia (1975 -1982)

Tras morir el general Franco, las Leyes Fundamentales preveían la continuación del régimen franquista

transformado en una monarquía no democrática. Sin embargo, desde noviembre de 1975 se desarrolló en

España un proceso de transición política en el que se promulgó la Constitución de 1978, vigente en la

actualidad, y mediante el cual se estableció una monarquía constitucional.

La transición se desarrolló entre 1975, con la subida al trono del rey Juan Carlos I, y 1982, con la llegada al

poder del Partido Socialista Obrero Español (1982), uno de los partidos de la oposición al franquista. A partir

de 1982 se inició un periodo en el que, hasta la fecha, dos partidos se han ido alternando en el gobierno: el

PSOE y el Partido Popular (PP).

La primera etapa de la transición (1975 -1978) abarcó desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la

Constitución y la segunda (1978 -1982) se prolongó hasta la consolidación de la alternancia política, con el

acceso al gobierno del PSOE.

Los inicios de la transición (1975 – 1978)

La clase política estaba dividida en tres grupos:

□ Los partidarios de la ruptura con el franquismo, fundamentalmente socialistas y comunistas.

□ Los que quieren continuar con el franquismo, los hombres del Régimen.

□ Los reformistas o aperturistas, quieren reformas pero dentro de la legitimidad franquista.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón fue

proclamado rey. El monarca dispuso que continuara al frente del gobierno Carlos Arias Navarro. De este

primer gobierno se esperaba la aceleración de las reformas que debían conducir a la progresiva

democratización del sistema político español.

Arias Navarro apostaba por el continuismo franquista y su planteamiento reformista era del todo insuficiente.

Se limitó a proponer unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reunión y de asociación y

no contempló la existencia de partidos políticos. La decepción se extendió entre todos los demócratas.

Para presionar a favor de una alternancia democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un

programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Con esta orientación, los organismos unitarios

creados en la etapa final del franquismo (Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrática) se

unieron en la llamada Coordinación Democrática, popularmente conocida como la Platajunta. Su propuesta

política se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática, es decir, un procedimiento constituyente que,

a través de un gobierno provisional y unas elecciones generales, pusiera las bases de un nuevo sistema político.

Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares (manifestaciones,

huelgas, campañas reivindicativas…) que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos

políticos. Los conflictos laborales aumentaron y en numerosas ocasiones reivindicaban además el cambio

político.

La tensa situación del país polarizó las posturas dentro del franquismo: los inmovilistas y los reformistas. En

este contexto hay que situar los graves sucesos de Montejurra (Navarra) en mayo de 1976, donde se

enfrentaron las facciones franquistas y demócratas del carlismo.

El rey Juan Carlos forzó la dimisión de Arias Navarro el 30 de junio de 1976 y Torcuato Fernández Miranda, en

aquel momento presidente de las Cortes, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un joven

2

político procedente de los sectores reformistas del Movimiento. Adolfo Suárez sería quien dirigiría al gobierno

hacia la transición a la democracia. Para ello fue necesario anular la resistencia de los inmovilistas en las

instituciones del Estado y atraer hacia su proyecto a una buena parte de la oposición democrática. Una vez

fue nombrado presidente, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para

los presos políticos. Además, propuso la Ley de Reforma Política (LRP), que reconocía los derechos

fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y

preveía un sistema electoral democrático.

La ley fue aprobada sin problemas por las Cortes, unas Cortes franquistas, y en ello desempeñaron un papel

decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos de los procuradores franquistas, a los que

se les garantizó que podrían mantener su estatus económico y social, que no se les pedirían responsabilidades

políticas y que no se legalizaría al partido comunista. La ley fue sometida a referéndum el 15 de noviembre de

1976 y aprobada por el 81% de los votantes.

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se prepararon las condiciones para la

celebración de elecciones generales. Primero se aprobaron una serie de decretos que permitieron:

- la libertad sindical,

- el derecho a huelga,

- la libertad de expresión,

- la legalización de los partidos políticos (a excepción del comunista),

- amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo.

La legalización del PCE fue finalmente posible en el mes de abril por la fuerte presencia social que demostraban

tener. Esto provocó una crisis del gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

En la primavera de 1977, los partidos de la izquierda (PSEO, PCE…) se prepararon para la celebración de

elecciones. A la derecha, el veterano político Manuel Fraga Iribarne creó un nuevo partido, Alianza Popular.

Desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD), cuyo líder era Adolfo Suárez.

Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977. La jornada electoral transcurrió con absoluta

normalidad y una alta participación. El triunfo fue para UCD, que consiguió 166 diputados, quedando el PSOE

en segundo lugar, con 118 diputados. Aunque no contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja, compuesta

por 350 diputados, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra

Civil.

Durante la primera legislatura de la transición, el gobierno tuvo que hacer frente a una grave crisis económica

y a las fuertes tensiones que se derivaron de las actitudes violentas de quienes pretendían obstaculizar el

proceso de transición a la democracia.

La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por una gran subida

del precio del petróleo. La economía española entró en recesión a partir de 1975, cuando a los problemas

económicos se sumaron la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas contra la crisis. Debido al

alza del precio del petróleo se produjo inflación, pérdida de competitividad y caída de las exportaciones. No

sólo se produjo déficit en la balanza comercial, también en la de pagos, que pasó de un superávit de 500

millones de dólares a un déficit superior a los 3000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció el

mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital exterior paliaron la

gravedad del déficit durante los primeros años.

La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial que tuvo dos causas:

1º) aumento de los costes y de los precios de venta como consecuencia del elevado consumo de energía;

3

2º) el mayor peso que tenían los sectores de bienes de consumo, siderurgia, transporte, naval, más afectados

por la crisis.

En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10% en 1979.

En este contexto se firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que contenían una serie de acuerdos

para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.

Las medidas que concretaban los Pactos de la Moncloa fueron:

En el terreno político:

- regulación de la vida pública (libertad de expresión, reunión y asociación, reforma del Código Penal,

nueva política de orden público…), que encontrarían su plasmación en la Constitución.

En el terreno económico y social:

- reducción de la inflación

- reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis.

- Devaluación de la peseta,

- Control de gasto público,

- Moderación salarial,

- Programa para racionalizar el consumo de energía.

- Se comprometieron a apoyar una reforma fiscal.

- Reforma tributaria (en 1977 entró en vigor el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y en 1978

el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

- Reforma de la Seguridad Social y un incremento de su financiación pública, que permitió la extensión

del seguro de desempleo y un incremento de las pensiones de jubilación.

Con un retraso de casi un siglo, España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados de su

entorno y pudo sentar las bases para la construcción del Estado de bienestar.

Por otro lado, las principales amenazas a la transición provenían del involucionismo, del golpismo militar y

del terrorismo.

Las fuerzas de la extrema derecha, nostálgicas del franquismo se movilizaron para impedir la consolidación

democrática. Para ello organizaron manifestaciones y grupos violentos, llegando incluso a crear agrupaciones

de pistoleros como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A o el Batallón Vasco Español. También tuvieron

lugar algunos intentos de desestabilización promovidos por grupos de militares y en buena parte incitados por

la prensa ultraderechista (El Alcázar), como el intento de golpe de Estado conocido como “Operación Galaxia”

(1978).

El terrorismo de extrema izquierda estuvo vinculado a la aparición de organizaciones como el GRAPO (Grupos

Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota),

que protagonizaron actos violentos y diversos secuestros. Sus víctimas se encontraban en los cuerpos de

seguridad y personalidades vinculadas al franquismo.

Sin embargo, la principal actividad terrorista provenía de ETA (77 víctimas en 1979 y 95 en 1980). En Cataluña

se creó la organización independentista Terra Lliure, que cometió atentados y secuestros hasta su disolución

en 1995.

Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, aunque no tenían formalmente el carácter de constituyentes pronto

se pusieron a la elaboración de una Constitución democrática. El texto constitucional fue publicado el 6 de

4

noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, siendo aprobada y

permaneciendo vigente hasta hoy.

La consolidación democrática (1978 -1982)

Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo

de 1979. El triunfo fue de nuevo para la UCD de Adolfo Suárez, siendo PSOE y PCE la segunda y tercera fuerza

política respectivamente.

El nuevo gobierno continuó la actividad reformista y promulgó el Estatuto de los Trabajadores (1980). El

ejecutivo se mostró inestable y comenzaron a aflorar distintas tendencias en el interior de UCD.

A los problemas internos del partido se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales

democráticas, celebradas en abril de 1979, en las que perdieron ayuntamientos de grandes ciudades a favor

de la izquierda. O en las autonómicas celebradas en el País Vasco y Cataluña (marzo de 1980), donde perdieron

la mitad de los votos conseguidos en 1979.

La oposición ganaba fuerza y en mayo de 1980, el poder ejecutivo tuvo que someterse a una moción de

censura presentada por el PSOE en las Cortes, que ganaría el gobierno con escaso margen. A partir de ese

momento, la actividad gubernamental se paralizó y las reformas frenadas.

Ante el fraccionamiento de la UCD, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del

partido el 29 de enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de Diputados la votación de investidura

de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, un grupo de guardias civiles al mando

del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo, interrumpió la votación por la fuerza y retuvo a

todos los diputados. Paralelamente, el capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los

tanques a la calle para imponer un golpe de Estado militar que cambiase el rumbo de la política española.

El golpe era el resultado de una trama en la que estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos

jefes militares y algunos políticos involucionistas. Tenían la intención de paralizar el proceso democrático y

otorgar al ejército un papel relevante en el gobierno que debía constituirse posteriormente.

La comparecencia del rey en televisión, la misma noche del 23 de febrero, descalificando a los sublevados y

apoyando el régimen constitucional fue decisiva para abortar el golpe. El 27 de febrero multitudinarias

manifestaciones en defensa de la democracia recorrieron las calles de las ciudades españolas.

Dos días después del golpe, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido nuevo jefe del gobierno. Su política no se

diferenciaría de la anterior de Suárez. Durante su gobierno se aprobó la Ley de Divorcio y se solicitó la petición

de ingreso en la OTAN, que se hizo efectiva el 30 de mayo de 1982, pero a la que se opusieron los partidos de

izquierda. También se aprobó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) el 30 de

junio de 1982, con el objetivo de impedir que fueran desbordados los límites de los poderes entregados a las

autonomías.

Calvo Sotelo no consiguió frenar la desintegración del partido. Por su parte Suárez abandonó UCD para crear

su propio partido, el Centro Democrático y Social (CDS), en julio de 1982. El 28 de agosto, Calvo Sotelo decidió

disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Las elecciones generales de octubre de 1982, que dieron

la victoria al PSOE, marcaron el final del proceso de transición y dieron inicio a una nueva etapa de

consolidación definitiva del régimen democrático.