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La ética y la moral en la gestión pública: Análisis crítico desde el deber ser del servidor público

del municipio de Bello-Antioquia

Trinidad Ubiter Taborda Orrego, [email protected]

Ensayo presentado para optar al título de Abogado

Asesor: Luz Astrid Álvarez Patiño, Especialista (Esp) en Derecho Administrativo

Universidad de San Buenaventura Colombia

Facultad de Derecho

Derecho

Medellín, Colombia

2018

Citar/How to cite (Taborda, 2018) ... (Taborda, 2018)

Referencia/Reference

Estilo/Style:

APA 6th ed. (2010)

Taborda, T. U. (2018). La ética y la moral en la gestión pública: Análisis crítico desde

el deber ser del servidor público del municipio de Bello-Antioquia. (Trabajo

de grado Derecho). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de

Derecho, Medellín.

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LA ÉTICA Y LA MORAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA... 3

Resumen

La ética y la moral pública se constituyen en los pilares fundamentales del deber ser del servidor

público y tienen respaldo constitucional en el artículo 2°de la Constitución Política de 1991 que

determina los fines del Estado y los deberes de las autoridades en Colombia. En este contexto se

propone un análisis crítico donde se tiene en cuenta la noción de ética y moral pública, sus

fundamentos normativos a nivel nacional y local, analizando el respaldo normativo en el munic ip io

de Bello-Antioquia. Finalmente se hace un llamado a los servidores para que se apropien de los

principios éticos y morales, incorporados en normas como el Código de Ética de los servidores

públicos y el Código del Buen Gobierno, producto del consenso de los funcionarios de la

Administración Municipal de Bello, la participación en su construcción, el compromiso de su

aplicación y el respeto por su conservación.

Palabras clave: Ética, moral, servidores públicos, servicio público, bien común, Municipio de

Bello

Abstract

Ethics and public morals constitute the fundamental pillars of the duty of the public servant and

have constitutional support in article 2° of the Political Constitution of 1991 that determines the

purposes of the State and the duties of the authorities in Colombia. In this context, a critical analysis

is proposed; where the notion of ethics and moral is taken into account, its normative foundations

at national and local level, analyzing the normative support in the municipality of Bello-Antioquia.

Finally, a call is made to the servants to appropriate of the ethical and moral principles, incorporated

in rules such as the Code of Ethics of public servants and the Code of Good Government, product

of the consensus of the officials of the Municipal Administration of Bello, the participation in its

construction, the commitment to its application and the respect for its conservation.

Keywords: Ethics, Morals, public service, person that work in a public service, common good,

municipality of Bello


Introducción

El análisis de la ética y la moralidad pública constituyen en la actualidad un tema inelud ib le

dados los acontecimientos que revelan la crisis en la que se encuentra la administración pública, es

más, actos de corrupción y comportamientos contrarios a la ley muestran la verdadera intención de

quienes actúan en contravía de los valores éticos y morales del servicio público.

La Administración pública enfrenta un reto de proporciones mayores y para afrontarlo

requiere de unos mínimos éticos que se salvaguarden, con procesos de calidad que respondan a las

exigencias de una sociedad contemporánea que espera mejores resultados en la gestión de los

servidores públicos, no solo por sus funciones, también por el deber de ser fiel en el cumplimiento

de los fines esenciales del Estado encomendados a ellos constitucionalmente.

La crisis en la gobernanza, la falta de procesos de calidad y la inadecuada estructura

administrativa son elementos que dan el punto de quiebre que motiva este análisis crítico y

permiten preguntar ¿Por qué los servidores públicos del municipio de Bello, con su

comportamiento discrepan de las normas que demandan la prestación de un servicio ético, moral y

responsable? No bastarán normas, reglamentos o estatutos éticos y morales para fundamentar la

institucionalidad si no hay un compromiso social y político real para generar un cambio y este es

el reto más importante que la administración debe afrontar.

Con objetividad y un sentido de la sana crítica se abordarán los conceptos y fundamentos

normativos de la ética y la moral pública que permitirán el análisis y reflexión en su aplicación en

el municipio de Bello. Aquí se tendrá como fundamento la información obtenida sobre hallazgos

administrativos y financieros además de las denuncias e investigaciones por presuntos actos de

corrupción y la injustificada falta de ética y moral de algunos de los servidores públicos del

Municipio de Bello.

También harán parte del análisis las normas constitucionales, legales y reglamentar ias

expedidas como referente del deber ético y moral de los servidores públicos. Entre las normas

citadas encontramos a nivel nacional: La Constitución Política de 1991, Ley 734 de 2002 (Código

Único Disciplinario), la Ley 1474 de 2011 y algunas sentencias de la Corte Constitucional como


la Sentencia C-826 de 2013, y normas locales como el Decreto 259 de 2005 (Código de ética de

los servidores públicos del municipio de Bello) y el Decreto 000268 de 2017 (Código del Buen

Gobierno del municipio de Bello).

Después del rastreo conceptual y normativo se dejarán algunas conclusiones sobre las

necesidades de cualificación de los procesos y la absoluta necesidad de cambiar las conductas y

los comportamiento de los servidores públicos de Bellanitas, fomentando la responsabilidad, la

honestidad y la justicia, con el fin de promover en directivos y profesionales el liderazgo para el

cumplimiento de sus obligaciones; en otras palabras, orientar el ejercicio profesional y la reflexión

a una vocación de servicio de los protagonistas del quehacer administrativo en Bello Antioquia.

Se pretende llamar la atención de los servidores públicos del municipio de Bello,

formulando algunos planteamientos que despierten el interés por la ética y moral pública,

explicando y precisando en el tema del ensayo las razones por las cuales cobra importancia en un

contexto, social, político y normativo especialmente porque se trata de un servicio público.

1 La ética y el moral público principio y fin del servicio público

1.1 La noción de ética en la filosofía

A menudo se utiliza la palabra ética, como sinónimo de moral, es decir, ese conjunto de

principios normativos, preceptos y valores que rigen la vida de los pueblos y de sus habitantes. “La

palabra ética procede del griego ethos, que significa originalmente morada, lugar donde vivimos,

pero posteriormente pasó a significar el carácter, el modo de ser que una persona o grupo va

adquiriendo a lo largo de su vida” (López Aranguren, 1994, p. 20). Por lo anterior, “no es extraño

que los términos moral y ética sean intercambiables en muchos contextos cotidianos ” (López

Aranguren, 1994, p. 21).

Posteriormente los filósofos de la antigua Grecia vieron en la ética una especie de saber

normativo, es decir, un saber que ofrece orientaciones en las acciones del ser humano, y

propusieron la ética como filosofía moral; en una reflexión sobre las distintas morales y maneras

de justificar la vida moral. Parafraseando Gómez Sánchez (2007), afirma que durante mucho


tiempo los conceptos de filosofo moral y moralista han sido difusos porque ambos se refieren a la

práctica moral del ser humano y que esto no solo puede referirse a la moralidad y tampoco a la

calificación de los actos como buenos o malos ya que el propósito es llegar a la reflexión sobre

estos actos y ver cómo funcionan.

Por su parte, Cortina (1986) y Cortina y Martinez Navarro (2008), hace referencia a los

aportes de Aristóteles, quien dijo que la ética es como un esclarecimiento a la buena vida, en una

realización por la felicidad, sin dejar de referirse a las virtudes morales para lograr una vida feliz;

también se interrogó sobre “¿qué deberes morales deberían regir la vida de los hombres para que

sea posible una convivencia justa, en paz y en libertad, dado el pluralismo existente en cuanto a los

modos de ser feliz?” (Cortina & Martinez Navarro, 2008, p. 13).

De esta manera toda definición y concepto de la ética nos remite a la necesidad de brinda

una explicación de lo que es la moral, porque de alguna forma la dimensión ética lleva al fenómeno

de moralidad de los seres humanos. Hacer un acercamiento a las distintas teorías éticas resulta útil

para vislumbrar en qué consiste la moralidad, asunto que ha sido abordado desde el tiempo de los

presocráticos.

A manera de ejemplo, Cortina (2008) relaciona la ética, la filosofía y moral, refiriéndose a

las tareas de la ética como filosofía de la moral atribuyendo a la ética las siguientes tareas

esenciales:

1. Dilucidar en qué consiste lo moral, que no se identifica con los restantes saberes

prácticos (con lo jurídico, lo político o lo religioso) aunque esté estrechamente

conectado con ellos.

2. Intentar fundamentar lo moral, es decir, inquirir las razones para que haya moral

o, bien denunciar valiéndose de métodos específicos; ofrecen respuestas diversas,

que van desde afirmar la imposibilidad o incluso la inestabilidad de fundamenta r

racionalmente lo moral hasta ofrecer un fundamento.

3. Intentar la aplicación de los principios éticos descubiertos a los distintos ámbitos

de la vida cotidiana (Cortina, 2008, p. 164).


Las tareas que Cortina (1986, 2008) atribuye a la ética tienen una fundamentacion filosó fica

que hace pensar que no se trata solo de conceptos. En cada una de esas tareas se reflejan las

consecuencias de una accion humana que se encuentra fundamentada en la razón y en los diferentes

saberes prácticos del ser humano, los cuales dejan ver que la nocion de ética y la moral son

compartidas.

1.2 La noción de moral pública

Kant (2007) describió una noción de moral fundamentada en la democracia y el análisis de

la buena voluntad, esta se caracteriza por la conciencia del deber que conduce al principio de toda

conducta moral. También denomino al Imperativo Categórico como la ley de la voluntad que

persigue el mandato de la razón del deber ser, esta categoría la describe Kant como una acción por

el deber; de tal manera que el cumplimiento del deber jurídico se convierte en un valor moral por

actuar conforme a las leyes jurídicas y constitucionales; así una acción buena se realiza para

cumplir con un fin principal que es la ley, quien dispone como se debe cumplir con ese deber.

Ahora bien, lo contrario sería simplemente cumplir con la acción por razones egoístas o de

conveniencia esto sucede cuando no se tiene claro si cumplir por el deber de cumplir u omitir por

el mismo deber, o si simplemente no hacerlo, lo que en ambos casos es contrario a la moral. La

moral, entonces, es hacer por conformidad, de manera que la voluntad sea la razón práctica y la

expresión del interés propio y no el ajeno (Kant, 2007).

Otras acepciones de la moral la han llevado a utilizarse como la de moralidad en los actos

humanos, también la legalidad o la religiosidad hacen ver las dimensiones de la vida humana como

sinónimo de la vida moral. Toda moral deja ver el resultado de una buena conducta que, convertida

en moralidad, es, además un fenómeno en las estructuras jurídico, religioso o simplemente cortesía

social que permite hacer algunos juicios sobre determinada conducta.

Todas las concepciones morales-cada una de ellas -contiene algunos elementos

fundamentales (mandatos, prohibiciones, permisos, pautas de conducta) que pueden

entrar en contradicción al menos a en aparentemente contradicción con las de otras

concepciones morales diferentes. Algunos pueblos han permitido la antropofagia,

mientras que en otros prohíben tajantemente el sacrificio humano (López

Aranguren, 1994, p. 30).


La moral es vista entonces como el modelo ideal de buena conducta socialmente establecida

y así ha sido estudiada por la sociología, la historia y la antropología social. Por ello, el término

puede ser usado como un código de conducta personal del cual a nivel social se hacen juicios. Esas

valoraciones de la conducta dependerán entonces de lo que se considere el deber, o de lo que sea

contrario al deber en un grupo social determinado.

1.3. La ética y la moral en la gestión pública

La administración pública debe promover y hacer posible un ambiente de calidad y eficacia

en el marco de la legalidad del servicio público. Rodriguez-Arana Muñó (2013) al hablar de la ética

de la administración pública o ética pública, considera que la Administración al proyectarse debe

“regenerar los valores éticos para alcanzar cambios en la civilización, cambios que reflejen la

gestión del sector público donde sobresalgan los principios de legalidad y eficacia en el servicio ”

(pp. 13-14).

Respecto de la administración pública, Bonnin (1772-1834), citado por Sarquís Ramírez y

Solís Alemán (2013) cuando dice que la administración encuentra sus raíces en la sociabilidad

natural del hombre quien mantiene una relación con estos, cooperando en asuntos que son de interés

común, manteniendo así una sociedad; que Bonnin fue el primero en darle estatus de ciencia al

quehacer administrativo.

El servicio público es una condición sine qua non para la gobernanza. Su ausencia incluso

puede hacer imposible la conciliación entre la función pública y la gestión pública, la cual tiene

encomendada en la actualidad los valores que debemos preservar. Los instrumentos para la

prevención reglamentaria de las conductas indeseables y la promoción de las buenas conductas

deberían configurar una especie de infraestructura ética. “El objetivo de la ética lo constituye la

aplicación de una serie de normas morales tomando como base la lealtad, la honradez, la cortesía

y el honor, mismas que van a contribuir al fortalecimiento de las estructuras instituciona les”

(Cedillo Osorio, 2008, párr. 13).

Zubiri (1986), Aranguren (1958) y García (1988) citados por Cortina (1995), decían que

“todo ser humano se ve obligado a conducirse moralmente porque está dotado de una estructura


moral” (p.45); es por lo que los servidores públicos deben ser un ejemplo de comportamiento ético

y moral. El cumplimiento de su deber representa no solo el orgullo de pertenecer a la

Administración pública, también debe reflejar la manera como los ciudadanos recobran la

confianza en las instituciones del Estado.

Rodríguez-Arana Muñoz, en su texto Ética en la Administración pública se refiere a la

necesidad que tiene la administración pública, con sus agentes, de mantener un comportamiento en

orden a la finalidad del servicio público. Frente a una definición de ética pública Rodriguez-Arana

Muñoz (2013) la describe “como el comportamiento de los funcionarios en orden a la finalidad del

servicio público que le es inherente (…) es la moralidad de los actos humanos en cuanto realizados

por funcionarios públicos” (p. 28). Asumir el compromiso de conducirse ética y moralmente es una

práctica del servidor público, ese compromiso lo debe llevar siempre a trabajar por el bien común.

La existencia de valores éticos y morales en el servidor público es que lo distingue de otros

ciudadanos y lo hace responsable de la defensa se de aquellos a quienes debe servir.

1.4 El servidor público y su compromiso con el ciudadano

Los servidores públicos, sus principios y valores dan cuenta de la ética y la moral de la

administración y es por eso que los ciudadanos esperan un buen servicio que refleje la ética del

servidor público, es decir, los comportamientos responsables, eficientes y eficaces mejoran la

gestión de la administración y dejando al servidor público en una dimensión diferente a la de las

reglas sociales que rigen la ética y la moral personal, de la cual se esperan otro tipo de conductas

que se regulan por normas sociales que tienen otro tipo de reproches.

Si la ciudadanía tiene confianza en los servidores públicos podemos entonces preguntarnos

cómo sirve la administración pública a los ciudadanos; es decir, cuál es el compromiso de la

administración frente a las personas que están bajo su órbita, tanto si son miembros de ella como

si no pertenecen ella.

Por tanto, la ciudadanía implica “no privar a las personas de los recursos esenciales y de

compartir la autoridad, los ciudadanos no deben ser excluidos de la plena participación” (Margalit,


1997, pp. 125–126). En una sociedad decente no hay aquello que lesiona el honor cívico de sus

miembros, en una sociedad decente; la administración pública respeta y protege sus derechos.

El concepto de ciudadanía en los Estados-nación ha evolucionado históricamente, las

reivindicaciones de la ciudadanía social ocupan un lugar central en la arena política y las funciones

de un Estado social de derecho, en otras palabras, tener la calidad de ser ciudadano permite hacer

parte de la construcción de la nación, aquí también se incluye al servidor público, quien tiene la

obligación de administrar la cosa pública y también está “moralmente obligado a ser ejemplo

cotidiano de hacer lo correcto, aún a sabiendas de que nadie se enterará” (Sarquís Ramírez & Solís

Alemán, 2013, p. 8).


2 Fundamentos normativos de la ética y moral pública en Colombia

En Colombia la ética pública y moral pública se ven reflejadas en sus preceptos normativos

que permiten evidenciarse desde el espíritu mismo de la norma, pero la imperatividad de estas

disposiciones, en ocasiones olvidadas y desahuciadas, se convirtieron en ornato en el actuar de los

servidores públicos. A continuación, se mencionarán algunos de los fundamentos normativos,

constitucionales, legales y reglamentarios que contienen las directrices éticas y morales como

fundamento de la gestión administrativa que debe adoptarse en cada una de las entidades

territoriales como una hoja de ruta para los servidores públicos en este país.

2.1 Fundamentos constitucionales de la ética y la moral en la gestión pública

La Constitución política de 1991 fue creada en ejercicio del poder soberano mediante la

convocatoria de una Asamblea Constituyente, con el fin de fortalecer la unidad nacional y asegurar

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la

libertad y la paz. Se destacan en su contenido dos artículos que representan el espíritu de la norma

constitucional y que soportan el fin de la carta magna.

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones

que los afectan y en la vida económica; política, administrativa y cultural de la

Nación; defender la independencia nacional mantener la integridad territorial y

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de

la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para

asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares.

(…)

Artículo 123: Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas,

los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas

territorialmente y por servicios.


Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán

sus funciones en la forma prevista por la constitución, la ley y el reglamento. La ley

determinara el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen

funciones públicas y regulara su ejercicio.

Así mismo, Colombia ha ratificado varios instrumentos internacionales, algunos de los

cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y otros tienen un carácter supralegal como el

tratado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -en adelante OCDE-

y la convención de las Naciones Unidas (ONU), cuyos contenidos normativos incluyen políticas y

prácticas orientadas al mejoramiento de la calidad de la gestión pública.

La OCDE comparte, con sus integrantes para la solución de problemas y el establecimiento

de políticas de gobernanza, con el fin de identificar buenas prácticas en la gestión pública dentro

de sus Estados. En mayo de 2018, Colombia fue aceptada en dicha organización, tras la evaluación

y seguimiento favorable de varios aspectos como: La conducta empresarial responsable, evaluación

de impacto de gobierno digital, revisión de políticas nacionales de educación entre otras.

El consejo de la OCDE (2018) se refiere a la corrupción de los Estados como aquello que

mantiene la desigualdad, atenta contra el bienestar, aumenta la pobreza y evita que haya más

igualdad en la distribución de los ingresos del Estado. Por ello propone que los valores y princip ios

éticos sean integrados y compartidos como un interés por lo público.

De igual forma la ONU creó mecanismos contra la corrupción; acuerdos que se encuentran

plasmados en la Resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003 (Naciones Unidas, 2004). Colombia,

firmó estos acuerdos comprometiéndose a buscar las medidas necesarias en la lucha contra la

corrupción, igual que se comprometió a cooperar técnica y legalmente con los demás estados que

son parte de esta convención. Esta convención fue ratificada mediante la Ley 970 de 2005 y la

Corte Constitucional dio su visto bueno mediante la sentencia C-172 de 2006. Así pues, mediante

la suscripción y ratificación de tratados, convenciones y acuerdos internacionales el país consolida

su intención de promover las buenas prácticas de gobernanza en todas entidades territoriales.

Es importante destacar entonces, que la norma constitucional fundamentada en princip ios

de la ética y la moral pública, orientan el orden social, político, económico y justo, postulados


constitucionales que le dan a la idea del servicio una importancia que exige de los servidores

públicos un plus en de su condición humana y un especial cumplimiento de las funciones.

2.2 Fundamentos legales de la ética y la moral en la gestión pública

Aunque hay muchas leyes con connotaciones éticas y morales para la gestión pública, en

este trabajo se destacan la Ley 610 de 2000, la Ley 734 de 2002, la Ley 872 de 2003, la Ley 1474

de 2011, que contienen los aspectos más sobresalientes del deber ser ético y moral del servidor

público, que se analizarán en este texto.

La Ley 610 de 2000 fue expedida con el propósito de establecer un conjunto de normas

para regular las actuaciones de los servidores públicos en Colombia, “Por la cual se establece el

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias”. Esta

regulación pretende determinar los comportamientos que pueden desencadenar en una

responsabilidad fiscal de los funcionarios ya sea por acción o por omisión en forma dolosa o

culposa; con la responsabilidad de resarcir los daños causados como consecuencia de esa conducta

o de la omisión. Esta regulación también se les aplica a los particulares que tienen el ejercicio de

las funciones públicas y que por similares actuaciones que las que pueda tener un servidor público

cometan una conducta ya sea en forma dolosa o culposa.

Así mismo, la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, contiene las prohibiciones

inhabilidades e incompatibilidades en las que puede incurrir un servidor público en el

cumplimiento de sus funciones, tiene como fundamento la Constitución Política de 1991 y los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Las prohibiciones, las inhabilidades

e incompatibilidades se encuentran en los artículos 35, 36 y 37 de la mencionada ley, en ellos hay

una relación de actos que van en contra de las buenas prácticas del servidor público en relación con

la ética y la moral pública.

Para cumplimiento de esta ley, las entidades territoriales y órganos gubernamentales deben

ajustar sus manuales de funciones a la normatividad, garantizando que las actuaciones del servidor

no afecten las obligaciones familiares, comerciales o laborales impuestas por organismos judicia les

o administrativos.


Entre las prohibiciones contenidas en la Ley 734 de 2002, se encuentran las siguientes :

solicitar dádivas, aceptar recompensas, ejecutar actos de violencia contra subalternos o superiores,

entrabar los asuntos relacionados con su cargo, entre las inhabilidades e incompatibilidades están

algunas como: haber sido condenado a pena privativa de la libertad más de cuatro años y haber

sido declarado responsable fiscalmente.

Igualmente, la Ley 872 2003, creó el Sistema de Gestión de la Calidad, aplicable a las

entidades públicas en Colombia. La Norma Técnica NTC GP 1000:2004, determina los requisitos

mínimos que los entes del poder público deben cumplir para llevar a cabo procesos y

procedimientos de calidad en el desarrollo de sus gestiones públicas. La norma también es aplicable

a los agentes que presten un servicio público y que hacen parte del poder ejecutivo en Colombia.

Esta norma fue modificada por la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expide el Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en su artículo 147 se ordena la apropiación de recursos para

el mejoramiento de la Gestión de la Calidad en el los sectores de educación y salud.

Por otro lado, la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción de Colombia,

creo los mecanismos para la prevención investigación y sanción de los actos de corrupción

cometidos en el cumplimiento de las funciones de la Gestión Pública y las inhabilidades contenidas

en la Ley 80 de 1993, en todo lo relacionado con la contratación estatal. También se encuentran en

ella todo lo referido a las irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso de contratación y

las sanciones por la omisión de denuncia tras el conocimiento de dichos actos de corrupción.

El artículo 62 de la ley en comento conforma la Comisión Nacional para la Moralización y

en los artículos 73 y 74 se ordena a las entidades del orden Nacional Departamental y Munic ipa l

crear el Plan Anticorrupción, donde esté el mapa de riesgos se establezcan las medidas para

mitigarlos igualmente. Además, ordena a dichas entidades elaborar el Plan anual de compras con

las estrategias y los objetivos del plan. Así mismo deberán crear el Plan anti-trámites buscando no

afectar a los ciudadanos cuando solicitan un servicio en la administración.

Varias de estas normas han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte

Constitucional, por ejemplo, la Sentencia C-826 de 2013 contiene la demanda de

inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 872 de 2003, por considerarse que vulneran


los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 de la Constitución Política. En este caso, el demandante

consideró que la 6° atribución del Contralor General de la Republica consagrada en el artículo 268

de la Constitución según la cual “Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno

de las entidades y organismos del Estado” riñe con el Sistema de Certificación de Calidad, tal y

como quedó estructurada en la Ley 872 de 2003, al considerar que el Control Fiscal es el mismo

Control Interno por cuanto ambos tienen la misma finalidad.

Al respecto la Corte Constitucional señaló:

Encuentra la corte que el legislador tenía plena y amplia libertad de configurac ión

en materia de la regulación de herramientas para el mejoramiento de la

administración pública , en desarrollo de la cláusula general de competencia de

conformidad con el articulo 150 CP, para desarrollar y regular los postulados

constitucionales que se refieren a los valores y principios con el fin de mejorar la

calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios de la administración pública,

generando una herramienta de gestión de calidad , encaminada a evaluar el

desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación

de los servicios a cargo de las entidades obligadas. (C-826 de 2013).

De igual forma, en la sentencia: C-903 de 2008 se presenta la demanda de

inconstitucionalidad del inciso 1 artículo 1 de la Ley 1148 de 2007, por considerar que las

expresiones cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, infringen el princip io

constitucional de cosa juzgada y los artículos 243 y 292 de la Constitución Política de 1991.

Al respecto la Corte Constitucional dijo que el objetivo primordial de la norma en su

articulado es lograr la moralización e imparcialidad de aquellos que van a ocupar empleos públicos.

De la misma manera destaca las sanciones para aquellos que ejerzan simultáneamente, las sus

funciones y otras de otros empleos, por la indebida acumulación de funciones. De esta manera

declara exequible e numeral 1 del artículo 1 de la ley 1148 de 2007. (Sentencia C-903 de 2008)

En las leyes y sentencias relacionadas se puede evidenciar que existe una regulac ión

legislativa que orienta el quehacer de los servidores públicos. Determinar su efectividad dependerá

de los resultados de la gestión pública en cada uno de los entes territoriales y la manera como se


aplican estas reglamentaciones es el resultado de la tarea del control y seguimiento que realicen los

entes de control a quienes se les asignó dichas funciones.

2.3 Reglamentos sobre la ética y la moral en el municipio de Bello

Es importante resaltar que otros entes territoriales tienen dentro de sus regulaciones

normativas, reglamentos con pautas que orientan el quehacer y la gestión de los servidore s

públicos, pero para el objeto de este análisis se tendrá encuentra únicamente con la reglamentac ión

para los servidores de la Administración pública del Municipio de Bello y algunos de los resultados

de sus comportamientos éticos y morales.

El municipio de Bello ha reconocido y formalizado los principios, valores éticos y morales

para el desempeño de los servidores públicos y por medio de reglamentaciones como el Código de

Ética, expresa una cultura de probidad, que previene no solo la corrupción si no todas aquellas

prácticas que sean contrarias a la realización de una gestión eficiente.

El Código de Ética de los Servidores públicos de la Administración Municipal de Bello fue

expedido mediante Decreto 259 de junio de 2005 y expedido para establecer el Código de Ética de

la entidad Territorial, fue construido de manera consensuada y participativa con el objetivo de

promover(Bello (Antioquia). Alcaldía, 2005) y propiciar la orientación ética y moral de la Gestión

Pública en el Municipio de Bello. El Código contiene generalidades y valores éticos entre los que

tenemos los siguientes:

Generalidades:

Finalidad: el propósito es de orientar la gestión proba o íntegra de la Administrac ión

municipal

Compromiso: El compromiso ético de los servidores públicos de la

administración municipal de Bello, se orienta a un esfuerzo no solo individual sino

también colectivo.

Ámbito de Aplicación: Los principios rectores consignados en este código de

ética, serán cumplidos de manera consciente y voluntaria en las diferentes

actuaciones realizadas por todos y cada uno de los servidores públicos de Bello.


Valores éticos:

Justicia: Dar a cada cual lo que corresponde. Se propende por el desarrollo de las

relaciones justas.

Responsabilidad: Asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones en el ejercicio

de sus funciones.

Transparencia: Actuar y asumir un comportamiento evidente y recto,

transparente.

Respeto: Aceptar al otro, reconocer y no vulnerar sus derechos.

Compromiso: Participar de manera responsable, eficiente y actuar en el logro de

la misión corporativa.

Honestidad: Quienes ocupan cargo público en el municipio de Bello tienen la

obligación de declarar todos los intereses privados, relacionados con sus

responsabilidades públicas

Lealtad: Lo servidores públicos actúan dando pleno cumplimiento a lo que dicen

las leyes de la fidelidad y del honor personal.

Imparcialidad: Las decisiones están orientadas hacia el logro de la calidad e

igualdad en la prestación del servicio. (Decreto 259 de 2005, pp. 35-48)

Así mismo, el Código del Buen Gobierno en el Municipio de Bello, creado mediante el

Decreto 000268 de 2017, tiene el objetivo de impulsar las buenas prácticas en la gestión pública

de esta entidad, haciendo énfasis en la transparencia e integridad en las actuaciones y decisiones

en las relaciones éticas.

Este código contiene unos compromisos éticos orientados al cumplimiento de la misión y

la visión de la Administración Municipal. Igualmente se encuentran los principios éticos orientados

hacia una gestión transparente y el cuidado de los dineros públicos en cumplimiento de los fines

del Estado y que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.

También contiene políticas orientadas a la protección y salvaguarda de los derechos

fundamentales, a la libertad, al respeto por la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad y

hay especial prohibición en lo que respecta al conflicto de intereses y todo lo relacionado con

dichos conflictos.


Estas dos normas, el Código de Ética del Servidor Público y el Código del Buen Gobierno

serán muy importantes para el análisis crítico, por tratarse de reglamentaciones que parten de una

construcción y concertación de los servidores públicos del municipio de Bello; por lo tanto,

representan la voluntad de estos y el compromiso ético y moral de sus acciones.

2.4 Problemas y discrepancias de la ética y la moral pública con su aplicación normativa

Las normas constituciones, legales y reglamentarias en Colombia y las resoluciones y

conceptos emitidos por las Organizaciones Internacionales, dan cuenta de la imperiosa necesidad

de encontrar mecanismos para la prevención de conductas que atentan contra los principios y

valores de la gestión pública.

En los últimos años han ido en aumento las prácticas de corrupción que impiden que las

garantías para el acceso a los derechos de los ciudadanos sean cada vez más difíciles. Actos

asociados al detrimento patrimonial, la violación de derechos fundamentales y el incumplimiento

del deber(funcional) de servicio son hoy en día comunes. De forma resumida podría sostenerse que

todo ello; constituye una falta de compromiso institucional.

En últimas el problema es que la responsabilidad, la justicia, la trasparencia y la honestidad

se convirtieron en paisaje y en letra muerta. Los servidores públicos parecen no querer cumplir con

su deber, quedándose al margen de las obligaciones e increíblemente desconociendo y discrepando

con el carácter instrumental que tienen las normas.

Para profundizar en el problema de la irresponsabilidad y en el incumplimiento de las

funciones en la Gestión pública se realizará un análisis teniendo en cuenta el proceder de los

servidores públicos del Municipio de Bello. Para este propósito, se confrontarán tanto los conceptos

y normas abordadas como algunos resultados de sus acciones. Esto nos permitirá concluir si estas

han sido o no, éticas y morales.


3 Análisis crítico: ética y moral pública del servidor público en el Municipio de Bello

Mucho se ha hablado de ética y moral, los griegos le dieron importancia no solo por su

significado también lo hicieron por lo que representa en la organización de los Estados. A partir de

los principios y valores éticos y morales se fundamentaron las naciones y se fortalecieron

institucionalmente, pero más importante que fortalecer las instituciones es el fortalecimiento del

ser humano, aquel que tiene compromiso para servir. Vale decir entonces que el interés por el bien

común y el compromiso de servicio se convirtieron en una norma que refleja la ética y la moral del

individuo, la organización o del grupo al que pertenece; pues se presume que sienten y actúan de

forma similar porque buscan el bien común.

Incorporada en su comportamiento, la correcta y virtuosa manera de proceder el ser humano

la exterioriza por medio de sus actuaciones y su pensamiento para conducirse mejor conforme a

las normas sociales que le han impuesto, respondiendo así a las exigencias éticas y morales que su

grupo le impuso.

De la misma manera que para los seres humanos son importante los valores éticos y morales

también lo son para las organizaciones públicas o privadas quienes tienen reglas que los identifican

y son parte de su cultura. No es solo por la identidad de la organización en cuanto a su actividad

económica, lo es porque a través de ella se refleja la forma como los empleados actúan y se

conducen en determinadas situaciones bien sea por razones políticas, sociales, culturales o

económicas.

Colombia como institución estatal no es ajena a la búsqueda del fortalecimiento

institucional, de ahí que sus disposiciones normativas respondan a los retos éticos y morales que le

presenta la sociedad, lo que significa que las expectativas y aspiraciones de la comunidad se

constituyen en un llamado al Estado para que cumpla con su obligación de un recto servicio con

los valores morales de quien debe servir.

El servidor público no debe tener límites al prestar un servicio, debe disponer toda su

capacidad en un compromiso que por definición ya es altruista; es decir, que “por sí mismo ya tiene

un sentido desinteresado que implica per sé renunciar al beneficio propio” (Cortina, 1993, p. 161)


La Administración del Municipio de Bello, Antioquia, buscando el fortalecimiento de la

gestión de la entidad y la promoción de las buenas prácticas éticas y morales de los servidores

públicos, construyó su carta de navegación y la plasmo en una norma que denominó “Código de

Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipa l”. En este código se promueven y

orientan valores éticos, directrices éticas, deberes y prohibiciones que guían su gestión para cumplir

con el más altruista de los actos, el de servir.

El Municipio de Bello, por medio de su reglamento, fomentó la cultura de la probidad,

buscando prevenir la corrupción y las prácticas contrarias a la realización de una gestión eficiente,

así como la implementación y promoción de los Derechos Humanos al interior de la entidad

(Decreto 259, 2005). No obstante, resultan insuficientes las demostraciones de los servidores

públicos del Municipio por hacer ver su compromiso constitucional e institucional, ya que algunos

de ellos han sido imputados y vienen siendo investigados por actos de corrupción, las malas

prácticas y la tentación de buscar su propio beneficio. (Ver figura 1)

Es así como la ética y moralidad pública del servidor público en el Municipio de Bello,

debe tener en cuenta el cumplimiento del código de ética de los servidores públicos de la

Administración Municipal, como una norma que refleja los mandatos constitucionales. Sin

embargo, la realidad que se refleja con los hallazgos y denuncias de corrupción en la administrac ión

municipal como la realizadas en contra del alcalde de la entidad por presunta falsedad material e

ideológica, así como la imputación por el delito de concusión realizada a una de las inspectoras lo

que contrasta fuertemente con sus fundamentos normativos. En tal sentido, se analizan los

hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría del Municipio en el año 2017 y las denuncias

por corrupción, investigaciones a servidores públicos, procesos legales en contra de algunos

miembros de la alta dirección del municipio, los cuales constituyen una infortunada evidencia de

lo que está sucediendo en materia de ética y moralidad pública.

En primer lugar, se refiere al informe de la Contraloría Municipal de Bello (2018), quien

en cumplimiento de sus competencias de vigilancia, busca prevenir y evidenciar si hay


incumplimiento de los principios de eficiencia, responsabilidad, transparencia y compromiso, de

los servidores públicos del municipio de Bello.

Se advierte entonces, que, aunque los datos no son concluyentes, son un indicador que

permite hacer un llamado de atención a la administración municipal acerca de su compromiso ético

y moral para el logro de una mejor gestión pública regida por principios y valores que den como

resultado la administración de lo público de una manera más eficiente y para este caso permita el

análisis propuesto. Se presentan algunos de datos tomados para este ejercicio académico. (Ver tabla

1 y 2)

Tabla 1.

Informe de Gestión Contraloría de Bello

Nota: fuente tomada de (Bello. Contraloría Municipal, 2018, p. 146).

Tabla 2:

Recuperación de Recursos.

Nota: fuente tomada de (Bello. Contraloría Municipal, 2018, p. 146).


El código de ética de los servidores públicos de la Administración Municipal (Decreto 259

de junio de 2005) contiene entre los valores éticos los siguientes:

La eficiencia (virtud y facultad de lograr un efecto determinado, capacidad de acción

para lograr un propósito (…) la administración municipal con sus servidores

públicos, se centran en la necesidad de fijarse unos objetivos, con sus

correspondientes plazos para alcanzar la mayor eficiencia posible).

responsabilidad (asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones en ejercicio de

sus funciones (…) actúa de acuerdo con el interés colectivo y no según sus intereses

particulares)

Compromiso (participar de manera responsable, eficiente y actuar en el logro de

la misión corporativa (…) las actuaciones de los funcionarios públicos se basan en

el sentido del deber y la actitud responsable (…))

Transparencia (actuar y asumir un comportamiento evidentemente recto (...)

dispuestos a ser observados por las demás instituciones públicas y por la comunidad

en general y por la ciudadanía)

Los hallazgos administrativos encontrados por la Contraloría Municipal van en contravía

del valor ético del compromiso institucional de actuar para el logro de la misión corporativa, pues

la eficiencia del Estado y el propósito responsable de velar por el cuidado y custodia de los bienes

públicos se ve menoscabado porque no hay el sentido del deber de cuidado de lo público y no se

asumen con eficientemente ese compromiso para el logro de la misión encomendada.

Como se advirtió, aunque estos datos no son concluyentes de una conducta no ética o no

moral y tampoco es competencia de la contraloría emitir juicios al respecto; debemos recordar que

el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos no deben permitir ni una sombra de

duda sobre la ética y la moralidad pública de quien representa una entidad del estado, pues su

comportamiento debe ser ejemplarizante evitando la sensibilidad de la comunidad frente al manejo

que se le da a los recursos públicos.

En segundo lugar, se abordan a modo de ejemplo algunas investigaciones a servidores

públicos y/o procesos legales en contra de algunos miembros de la alta dirección del municipio por


actuaciones de corrupción, lo que constituye una evidencia infortunada de la crisis ética y moral de

la gestión pública del ente territorial.

Datos que llaman la atención especialmente porque muestran las falencias de un sistema, el

deterioro de la imagen de los servidores públicos y la desconfianza de los ciudadanos por la

administración pública; de modo que cualquier norma resulta insulsa e ineficaz frente a esas

manifestaciones de corrupción. (ver figura 1)

Figura 1. Información de medios de comunicación colombianos

En este punto solo se tendrán en cuenta dos valores éticos que contiene el decreto 259 de

2005, Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal:

La honestidad (es valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez y

veracidad en todas y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo con

reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios (…))

La dignidad (Decoro de las personas en el modo de comportarse…Se construye

y edifica el interior de las personas (…) de conformidad con lo anterior los


servidores públicos se la administración se comporta con decoro en todas y cada una

de sus actuaciones con respeto por sí mismos y por los demás).

La honestidad y la dignidad como valores éticos son conductas que de hecho son

reprochables en cualquier ser humano, pero tratándose de los servidores públicos la falta de ética

de moralidad y de probidad en comportamientos como: la corrupción, la falsedad o los delitos en

contra de la propia administración, no comportan decoro y muchos menos ejemplifican como se

había dicho antes, el buen obrar público. El fuero interno del ser humano y especialmente del

servidor público debe reflejarse en lo referente a la ética y la moralidad pública en todos los actos

del funcionario, esto debe ser su prioridad y su vocación. Las actuaciones no éticas o no morales

como las que se muestran en la figura 1 de este texto, deben ser una excepción y no una constante

en el comportamiento de los servidores públicos de la administración municipal de Bello.

En definitiva, no son las normas las que determinan los actos de los servidores públicos del

Municipio de Bello, su función además de ser orientadora del comportamiento adecuado es la de

crear pautas por medio de códigos de conducta. Los actos y sus resultados dependerán de cada uno

de ellos. Kant decía, describiendo el imperativo categórico, que el ser humano es quien por medio

de la razón define si debe o quiere actuar conforme a la ética y a la moral.

Promover el comportamiento ético y moral en los servidores no es tarea fácil, porque es

necesario apelar a su conciencia, esperando los mejores resultados y el entendimiento sobre las

consecuencias negativas de los actos negligentes o de corrupción por medio de los cuales se violan

de distintas maneras los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, a modo de reflexión, se resalta que los servidores públicos deben entender que

la felicidad también está en la vocación de servir, que más que un deber es una misión aceptada de

forma autónoma que requiere compromiso, entrega y del más alto sentido ético y moral, que espera

la renuncia al egoísmo y el beneficio propio y de la probidad de cada uno de los servidores públicos

del Municipio de Bello.


Conclusiones

La dinámica de la relación humana está marcada por la ética y la moral, es por eso por lo

que tienen sentido entre tanto exista el ser humano, de tal manera que sus actos lo afectan y afectan

a aquellos con quienes comparte. Por estas razones está obligado asumir la responsabilidad por los

resultados de esas actuaciones.

El servicio público no debe estar determinado solo por códigos de comportamiento escrito,

como una lista de deberes que cumplir; porque los principios y valores dependen del fuero interno

y solo a través de la vocación de los servidores públicos, le dan el sentido a servir.

Es precisamente la vocación la que debe atraer a los servidores públicos hacia lo social, con

la obligación de realizar de manera responsable, honesta transparente y justa su labor. Es esta la

manera como la administración pública asume la construcción de un Estado social de derecho y

abre a una democracia participativa y plural.

El cumplimiento de los fines del Estado requiere del ineludible compromiso de aquellos

que detentan el poder de decidir y gestionar lo público, con decisiones que están por encima del

interés particular, que requiere de los compromisos éticos y morales de los servidores públicos y

la prevalencia de los derechos colectivos sobre los intereses egoístas. Aquí es necesario contar con

la sensibilidad de los servidores de la administración municipal de Bello.

Los funcionarios sensibles proyectarán principios éticos y morales, tendrán además de una

actitud de servicio que justificará la existencia del Estado y el sentido de la administración pública.

Potenciar la administración del municipio de Bello requiere de la apropiación de

comportamientos reales y no ideales, perfeccionados en la ética y la moralidad pública soportada

en los valores atribuibles a directivos y profesionales que garanticen la práctica de

comportamientos fundamentados en modelos de conducta deseables y que proyecten una imagen

positiva de la administración. En una palabra, el modelo de institucionalidad que se quiere precisa

de la transparencia en el uso de los recursos públicos, la lealtad institucio nal y la promoción de los

derechos fundamentales, lo que sin duda potenciará la administración y motivará las buenas

prácticas de los servidores públicos.


Así pues, la administración pública requiere de acciones ejemplarizantes que fomenten los

principios y valores, que caractericen la verdadera esencia del servicio público, que permita servir

de manera eficiente y eficaz para que servir sea la verdadera razón de lo público.

Finalmente, el poder y la discrecionalidad no deben ser el argumento suficiente para tomar

decisiones que contraríen la ética y la moralidad pública en el municipio de Bello; por el contrario,

la confianza depositada por los ciudadanos debe ser el instrumento para la perfecta gestión pública.

Los intereses privados no pueden estar por encima de los intereses públicos y tampoco deben ser

la razón de ser de la administración.

Disponer de estrategias para formar a los servidores públicos en la enseñanza de la ética y

la moral pública ahora es un imperativo. Promover las buenas prácticas administrativas y la

gobernanza con calidad es una necesidad, generar la autocrítica de los servidores públicos motivará

esa mejor práctica en la administración del municipio.

En definitiva, el municipio de Bello requiere de una transformación en el pensamiento de

sus servidores públicos para generar mejores resultados en la gestión administrativo, así las

evidenciadas de los 308 hallazgos administrativos de la Contraloría Municipal incluidos en el

análisis serán cosa del pasado. Se requiere entonces, de la interiorización de los códigos de ética y

del buen gobierno construidos, publicados y socializados por los servidores públicos; quienes

demandan la ética, la moral y la probidad para ser virtuosos en su desempeño y merecedores de la

confianza de los ciudadanos Bellanitas y de todos los colombianos.


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