la sociedad civil ecuatoriana, en el laberinto de la revolución ciudadana. andrés ortiz lemos

Andrs Ortiz Lemos

La sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la

revolucin ciudadana

www.flacsoandes.edu.ec

ndice

De la presente edicin:

FLACSO, Sede EcuadorLa Pradera E7-174 y Diego de AlmagroQuito-EcuadorTelf.: (593-2) 323 8888Fax: (593-2) 323 7960www.flacso.org.ec

ISBN: 978-9978-67-413-0Cuidado de la edicin: Santiago LarreaDiseo de portada e interiores: FLACSOImprenta: Soboc GraficQuito, Ecuador, 20131. edicin: diciembre de 2013

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Captulo IAntecedentes de la sociedad civil ecuatoriana e influencia en el proceso de democratizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Captulo IIDelimitacin de la accin social en el proyecto poltico de Rafael Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Captulo IIIPercepciones y discursos en torno a la relacin del Ejecutivo con organizaciones de la sociedad civil . . . . . . . . . . . . . . 242

Parmetros conclusivos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Entrevistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Ortiz Lemos, Andrs

La sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolucin ciudadana / Andrs Ortiz Lemos. Quito : FLACSO, Sede Ecuador, 2013

402 p. : cuadros. (Coleccin Tesis Doctorado)

ISBN: 978-9978-67-413-0

SOCIEDAD CIVIL ; ESTADO ; PARTICIPACIN CIUDADANA ; ORGANIZACIONES SOCIALES ; DEMOCRACIA ; ANLISIS DEL DISCURSO ; GOBIERNO ; POLTICA ; ECUADOR.

323.042 - CDD

Las opiniones vertidas por el autor en el presente texto son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen a las autoridades de la Facultad ni a la Coordinacin Editorial Acadmica.

7Agradecimientos

Me imagino que debo agradecer a Dios, pues este trabajo constituye el triunfo del espritu sobre el perverso mal de la procrastinacin.

Agradezco de manera especial a Carlos de la Torre por la direccin de esta investigacin, y su extraordinaria paciencia.

Agradezco a Eduardo Kingman, por su notable ayuda en ms de una ocasin, y al importante cuerpo acadmico de FLACSO Ecuador en general.

Expreso tambin mi gratitud a Marta Arzaga, Jorge Forero, Alejandra Espinosa, Luis Carlos Arteaga Romero, quienes colaboraron en la realiza-cin de entrevistas y asistencia en la recoleccin de informacin primaria, y a Irina Naranjo con la edicin formal del texto.

Otras personas fundamentales para la realizacin de este libro fueron: Ana Isabel Jcome, Jos Israel, Jos Molina, Mario Poma Monge, Vinicio Ortiz, y Liliana Lemos.

Andrs Ortiz Lemos

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Introduccin

Este libro pretende aproximarse de manera crtica a los discursos y per-cepciones en torno a la interrelacin entre el Estado y la sociedad civil, al respecto de los procesos de construccin de espacios de participacin en democracia, ofrecidos por la revolucin ciudadana, adems de analizar cul ha sido el verdadero rol de la sociedad civil en la consolidacin de los mismos, y cul ha sido el punto de vista de las principales organizaciones sociales1 durante este proceso.

En sus inicios, el discurso poltico de Rafael Correa se constituy al-rededor de una supuesta revolucin ciudadana, la cual ha centrado una buena parte de su propuesta en la promesa de profundizacin de escenarios democrticos y participativos, as como en el establecimiento de un nuevo pas, en el que los errores de la partidocracia (y por ende la democracia elitista) que le precedi, sean contrarrestados por contundentes transfor-maciones donde la sociedad civil (SC desde ahora), pueda ser parte activa de las polticas nacionales.

As pues, una vez que Rafael Correa asumi el poder, sus discursos en cuanto a la instauracin de los contextos participativos exigidos por la revolucin ciudadana, iniciaron un proceso de objetivacin cuando se convoc a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitucin, la cual, entre otras cosas, propuso la creacin de instituciones (e incluso una funcin de Estado) que prometan una efectiva institucionalizacin de canales desde los cuales la ciudadana y la sociedad

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Introduccin generalLa sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolucin ciudadana

civil, podran ser agentes activos de la vida poltica y de la fiscalizacin y control social de los actos pblicos. Durante este primer momento, el grueso de las organizaciones sociales mostraron su apoyo por el menciona-do proyecto poltico, en tanto que apenas se reconoci un leve antagonis-mo de unas pocas organizaciones civiles del tercer sector y grupos liberales o regionales crticos al discurso corresta.

Sin embargo, en un segundo momento, una vez establecida y apro-bada la carta Constitucional, se redactaron una serie de normativas rela-cionadas directamente con la demarcacin de campos posibles de accin para la sociedad civil, y se reglamentaron los escenarios especficos para la participacin ciudadana. Durante esta etapa, donde ya no se discutieron temas generales sino aspectos especficos, se desat un fuerte antagonismo hacia el Gobierno, desde la mayora de organizaciones sociales histricas; incluso desde aquellas que haban mostrado su apoyo inicialmente2. Pos-teriormente en un tercer momento, el Gobierno estructur una pesada ingeniera de relacionamiento para con la sociedad civil, desde sus minis-terios y secretaras de Estado, duplicando en algunos casos los mbitos de accin de instituciones y funciones de Estado recientemente creadas para tal efecto en la Constitucin, estableciendo mecanismos de control dis-ciplinario para con las organizaciones civiles, creando proyectos estatales para absorber a las bases de organizaciones crticas, y finalmente constru-yendo nuevas organizaciones para el apoyo, legitimacin, y aclamacin del rgimen.

A fin de realizar una adecuada aproximacin y anlisis de los elementos antes descritos, el presente libro est organizado de la siguiente manera:

En el primer captulo se realiza una aproximacin panormica al fen-meno de la sociedad civil en el Ecuador desde 1978 (es decir la transicin democrtica), hasta el 2005 (ao de irrupcin de la figura poltica de Ra-fael Correa). Se mencionan las organizaciones sociales ms trascendentes durante el mencionado lapso, sus repertorios de accin, y su incidencia en los procesos de democratizacin y apertura de participacin en el Ecua-dor3. Como elemento introductorio al captulo se repasan algunas concep-ciones tericas elementales acerca del concepto sociedad civil, y cmo ser entendido este durante el presente trabajo.

El segundo captulo se orienta al anlisis de la construccin de escena-rios normativos para regular los posibles campos de accin de la sociedad civil en el Ecuador, generados desde el proyecto poltico de la objetiva-cin. Se revisar la manera en que los discursos correstas han delineado lo que debe ser la participacin y sociedad civil, la forma en que estos discursos se objetivizaron al institucionalizarse, y legitimarse, y las percep-ciones de las organizaciones civiles en estos procesos. El captulo se divide a su vez dos secciones:

La primera parte revisa los discursos en torno al advenimiento de la revolucin ciudadana, y la instauracin de una Asamblea Nacional Cons-tituyente como parte de su proyecto poltico. Se revisarn los principales debates constitucionales en los cuales las organizaciones sociales tuvieron una participacin visible, as como las ms representativas polmicas entre estas y la Asamblea, los mecanismos institucionales de la Asamblea para procesar las demandas ciudadanas, y la posterior aprobacin del texto constitucional. Adicionalmente se revisarn los elementos establecidos en la Constitucin con respecto a regular la participacin y la sociedad civil4.

La segunda parte del captulo inicia con el anlisis de la creacin de las instituciones reguladoras de la participacin y la sociedad civil, dentro la nueva funcin estatal creada a partir de la actual Constitucin, y de su Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social5. Se analizar ade-ms, la construccin de cuatro leyes con particular incidencia en la regula-cin de los posibles campos de accin de la sociedad civil, y el control de la esfera pblica: Ley Orgnica de Participacin Ciudadana, Ley Orgnica del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social (CPCCS desde ahora), Ley Orgnica de Educacin Superior, y la Ley de Medios de Co-municacin6. Se analizan aqu los discursos de las organizaciones sociales con intereses en las mismas, el grado de participacin que existi para ellas, en los mencionados procesos (dado que son leyes que afectan directamente a la SC), y la interrelacin que las organizaciones civiles tuvieron con el legislativo, y el discurso gubernamental en los contextos ya sealados. Se analizan prioritariamente las percepciones de parte de lderes de organiza-ciones civiles principalmente interesadas en las potenciales consecuencias de estos cuerpos normativos7.

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Introduccin generalLa sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolucin ciudadana

En el tercer captulo se realiza una aproximacin panormica a la inte-raccin, esta vez exclusivamente, entre el aparataje ejecutivo-ministerial y la sociedad civil, en el contexto del proceso de profundizacin de la revolu-cin ciudadana, transcurridos los primeros cuatro aos del Gobierno de Correa. El captulo analiza las percepciones tanto gubernamentales/insti-tucionales, cuanto aquellas civiles y organizativas, desde dos secciones bien delimitadas:

En la primera seccin se realiza una aproximacin a la ingeniera de re-lacionamiento construida por el ejecutivo desde sus ministerios y secretaras de Estado, para generar espacios de interrelacin con la sociedad civil. Se estudiarn las caractersticas bsicas de estas instancias institucionales y se realizar una aproximacin a las percepciones de los funcionarios directi-vos (a nivel medio) de las mismas8. En esta seccin se analizarn escenarios como: El sistema nacional de participacin, el registro nico de organizaciones de la sociedad civil (RUOSC), los proyectos ministeriales enfocados a esta-blecer relacin directa con organizaciones de primer y segundo grado, las estrategias gubernamentales para absorber las bases de las organizaciones sociales histricas antagnicas, y las estrategias para el impulso y la crea-cin de nuevas organizaciones sociales afines al rgimen.

La segunda parte del captulo se orienta especialmente a visibilizar las percepciones de las ms importantes organizaciones sociales del Ecuador, desde una perspectiva diacrnica sobre los primeros cuatro aos del Go-bierno de la revolucin ciudadana, y sus intentos de establecer escenarios de participacin en democracia. Se realiza un nfasis especial en cmo son percibidas las maniobras delineadas por el ejecutivo frente a las organiza-ciones civiles que considera antagnicas, as como las estrategias desarro-lladas por este, para el posicionamiento de nuevas instancias sociales que apoyen los discursos del rgimen, y se posicionen como rivales a aquella sociedad civil tradicionalmente crtica.

Notas

1 Y civiles.2 Vale decir que los elementos relacionados con temas de participacin ciudadana y sociedad civil

no fueron el nico o el principal tpico de este antagonismo, (centrndose mayormente temas relacionados con el manejo de recursos geolgicos, recursos hdricos, o reestructuracin de insti-tuciones pblicas).

3 Adicionalmente se hace mencin al rol de la sociedad civil (SC desde ahora), en los procesos de control social (acountability), a nivel local y nacional, durante la vigencia de la Constitucin de 1998.

4 Durante esta primera seccin del captulo se revisarn los discursos y percepciones de las organi-zaciones civiles en el contexto de todos los procesos antes sealados y el grado de incidencia y de participacin real que tuvieron en los mismos.

5 Se realiza un particular enfoque al Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social (CPCCS desde ahora), los debates y polmicas en torno a su conformacin, la participacin ciudadana durante su consolidacin, y las percepciones de la sociedad civil al respecto, incluyendo la posicin de los veedores que monitorearon el proceso.

6 An en discusin durante el tiempo de la presente investigacin.7 Cabe sealar que existen otras normativas que regulan varios aspectos de la participacin como el

Cdigo Orgnico de Ordenamiento Territorial y el Cdigo de planificacin y Finanzas Pblicas; sin embargo, estas no causaron grandes contextos de confrontacin y debate con la sociedad civil. Adems existen otras leyes que habiendo causado gran revuelo y confrontacin, como la Ley Mi-nera y la Ley de recursos hdricos, no son, sin embargo, leyes que determinan de manera directa los posibles campos de accin de la sociedad civil.

8 Los nombres de este tipo de entrevistados sern protegidos en el presente trabajo, por decisin del autor del libro.

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Captulo I. Antecedentes panormicos de la sociedad civil y su influencia

Captulo IAntecedentes de la sociedad civil ecuatoriana e influencia en el proceso de democratizacin

El presente captulo pretende realizar una aproximacin referencial a algu-nos de los escenarios ms trascendentes de accin de la sociedad civil ecua-toriana durante el perodo que va desde el retorno a la democracia (1978), hasta el ltimo perodo de desbordes sociales (2005) previo al apareci-miento en la escena poltica de Rafael Correa Delgado. Se busca identificar los procesos de interaccin entre las organizaciones de la sociedad civil ms importantes de la escena social ecuatoriana, el Estado y la sociedad pol-tica, as como la forma en que la agencia de las organizaciones civiles ha sido capaz de influenciar en la generacin de escenarios de profundizacin democrtica y participacin social en el Ecuador.

El acercamiento es panormico, y tiene como objetivo determinar los antecedentes, contextos, marcos y universos de significacin en los que el trabajo de las organizaciones civiles ms importantes ha estado inmerso, as como la interrelacin que ha mantenido con la sociedad poltica, el Estado, y principalmente si esta ha podido conducir a procesos de pro-fundizacin democrtica, y participacin social. Precisamente tomando en cuenta el antagonismo, coexistencia o cooperacin entre sociedad civil, y el Estado, se buscar realizar un acercamiento crtico a la manera en que, la primera, ha tratado de profundizar la democracia ecuatoriana, y particu-larmente establecer escenarios de participacin social, generando cambios en la estructura de las instituciones estatales.

El caso ecuatoriano posee varias caractersticas que lo diferencian de otros procesos latinoamericanos, sobre los cuales se ha teorizado, en lo que

conlleva a su proceso democrtico, pues debe tomarse en cuenta que a di-ferencia del fuerte rol atribuido a la sociedad civil latinoamericana dentro de la llamada tercera ola de la democracia (Avritzer, 2001; Cohen y Arato 2000), el papel de la sociedad civil ecuatoriana fue menos determinante, e incluso marginal, para el proceso de transicin a la democracia en su pas. Entre otras cosas porque la restauracin del sufragio universal en el Ecuador (1978-1979) estuvo ms relacionado con el ambiente y presin internacional, que con las condiciones polticas internas (Collins, 2000). Sin embargo, una vez restaurado el nuevo orden democrtico (elitista1 des-de luego), el proceso ecuatoriano se caracteriz por la debilidad de sus instituciones polticas2, y en especial por la poca capacidad de los partidos polticos para procesar las demandas sociales, lo que dio lugar a un papel creciente (aunque lento) de los movimientos sociales, y otras formas de sociedad civil.

Por lo tanto, en el Ecuador, la Sociedad Civil Organizada, lleg a ejercer varios mecanismos de presin, como un medio para evidenciar las limita-ciones de su recin inaugurado sistema democrtico, como afirma Collins (2000). Para esta autora, la sociedad civil ecuatoriana ejerci tres funciones bsicas en respuesta a la debilidad de la estructura democrtica ecuatoria-na: a) generacin de demandas dirigidas al sistema poltico; b) educacin cvica y democrtica para la sociedad civil; y c) mecanismos de rendicin de cuentas. Desde las particularidades de los mencionados elementos, Co-llins afirma que si bien es innegable que la sociedad civil, y de manera ms especfica los movimientos sociales, no jugaron un papel determinante en el fin de la dictadura en Ecuador, s tuvieron un rol fundamental en el pro-ceso posterior de consolidacin de la democracia en el pas.

Desde lo anteriormente dicho sera imposible no pensar en la teora de la transicin de ODonell (1986), cuya frmula expone precisamente lo contrario: democratizacin por rol de los movimientos sociales, y posterior decrecimiento de los mismos en reemplazo de las instituciones democrti-cas. El caso ecuatoriano, fue, podra decirse, inverso: el retorno a la demo-cracia fue suscitado desde la iniciativa de los mismos gobiernos autorita-rios, los cuales se aseguraron de reducir al mnimo el rol de la sociedad civil en la transicin, pero una vez instituido el sistema electoral y de partidos

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Captulo I. Antecedentes panormicos de la sociedad civil y su influencia La sociedad civil ecuatoriana en el laberinto de la revolucin ciudadana

polticos, aconteci que las instituciones democrticas demostraron fuertes limitaciones estructurales lo que moviliz a la sociedad civil para generar demandas de profundizacin democrtica y paulatinas aperturas a escena-rios de participacin que influenciaron de manera ms o menos exitosa a las instituciones del Estado.

Es as que el presente captulo buscar aproximarse a los momentos clave de accin de la sociedad civil ecuatoriana, y las consecuencias de esta agencia (Gamson, 1988)3 para los procesos de apertura a escenarios de profundizacin democrtica particularmente la consolidacin de espacios de participacin social.

Antes de desarrollar los elementos ya sealados, se propone una muy breve reflexin de ndole conceptual acerca de cmo se entender la nocin de sociedad civil, y qu debates generales se hallan inmersos en la misma, a fin de entender mejor las particularidades del caso ecuatoriano.

Qu entender por sociedad civil?

Previo a la aproximacin al caso ecuatoriano, ser indispensable mencionar algunos elementos acerca del concepto elemental sobre el que girar el es-tudio, es decir, la nocin de Sociedad Civil (SC de aqu en adelante). Para fines prcticos la presente seccin dejar de lado los elementos conceptuales clsicos planteados desde la filosofa poltica y realizar una necesaria deli-mitacin hacia los debates tericos vinculados con el mencionado concepto desde las democracias contemporneas, buscando adems orientarse a ex-periencias latinoamericanas, dado que son el contexto en el que est inmis-cuido el presente caso de estudio. En este sentido, y con base en la literatura revisada4 se pueden plantear las siguientes reflexiones al respecto del con-cepto contemporneo de SC y su aproximacin al caso latinoamericano:

a. Imposibilidad de encasillar a la nocin de SC desde parmetros norma-tivos. La SC mantiene, de una u otra manera, relaciones permanentes con el Estado o el mercado indistintamente, por lo que exigirle una autonoma prstina, como sugieren ciertas corrientes de la teora crtica

(Habermas, 1995, 2003; Arato y Cohen, 2000), es complicado (pues estas corrientes describen una SC como debera ser y no como efectiva-mente esta tiende a ser). Esto es especialmente obvio desde tradiciones latinoamericanas, con instituciones polticas hbridas y donde priman categoras como clientelismo y populismo. Por esto, una definicin normativa como la planteada por Cohen y Arato donde se define a la sociedad civil como Una esfera de interaccin social entre la economa y el Estado, compuesta ante todo en la esfera ntima, la esfera de las asociaciones (voluntarias), los movimientos sociales y las formas de co-municacin pblica constituida desde formas de auto constitucin y auto movilizacin (Cohen y Arato, 2000: 8), es poco creble dada la heterogeneidad del fenmeno civil en el caso de estudio, y su rela-cin con los aparatajes estatales. Tampoco se puede hablar de una total autonoma de la SC frente al mercado, dado que varias organizaciones (especialmente aquellas desde perspectivas liberales o del tercer sector) tienden a trabajar conjuntamente con l y desde intereses particulares.

Por lo tanto, no hay ninguna razn para pensar que las organizaciones civiles no puedan moverse con base en intereses especficos ya sean estata-les o econmicos, de hecho, dada la tradicin clientelar del caso de estu-dio propuesto (Bustamante, Durn, Andreetti, 2006), un acercamiento cerrado a una definicin normativa de SC dejara fuera demasiados acto-res civiles interesantes (seguramente a la mayora de ellos).

b. La Sociedad civil es lo suficientemente fragmentada como para no referirse a ella en singular, sino hablar de verdaderas sociedades civiles. Panfichi advierte que la SC puede ser [] heterognea y fragmentada y puede tener un carcter contradictorio: mientras algunas organizaciones cvi-cas buscan perpetuar las injusticias, otras tratan por todos los medios de reducirlas. Es ms, algunas organizaciones pueden promover el in-dividualismo en lugar del inters comn, e incluso debilitar la demo-cracia en lugar de fortalecerla [] (Panfichi, 2001:4). Incluso Arato y Cohen reconocen la posibilidad de fragmentacin de la sociedad civil, desde las diversas maneras en que esta puede interrelacionarse con la economa y el Estado, as: Pueden existir diferentes tipos de socie-dad civil: ms o menos democrticas, ms o menos institucionalizadas

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[...] una sociedad econmica individualista orientada a la economa de mercado autorregulada y una sociedad civil basada en la solidaridad, protegiendo al rol del Estado burocrtico (Cohen y Arato, 2000: 36). Los mismos autores hablan de los tres debates en los que la SC puede estar imbuida: democracia de lite frente a la democracia representa-tiva, liberalismo orientado a derechos y el comunitarismo, mercado libre versus defensores del Estado benefactor.

Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razn por la que no existan diferentes formas de SC en cada una de las caras de los tres debates antes planteados. Esto incluso era vlido para los contextos de burocracias autoritarias y su confrontacin con las nociones bsicas de democracias delegativas, en las dictaduras sudamericanas, donde agru-paciones civiles vinculadas a las lites polticas daban su contundente respaldo a los regmenes no democrticos.

Tambin son tiles los lineamientos de Gramsci al suponer a la SC como la plataforma de hegemona de la clase dominante, siem-pre y cuando se tome en cuenta la posibilidad crtica enunciada por Althusser y recogida por Emilio de pola (1982), quien propone una distincin entre la interpelacin y la constitucin de individuos en sujetos, planteando que el efecto de constitucin de los individuos en sujetos se sita en proceso de recepcin de los discursos, y desde la posibilidad de los individuos de rechazar estos discursos. Es decir, la posibilidad de la existencia de sociedades civiles que se resistan a los procesos hegemnicos que pretenden interpelarlas.

Esto tambin aplica para las organizaciones generadas desde parmetros clientelares, cuyas intenciones no son de ninguna manera relacionadas con ampliar la democracia y ayudar a constituir una esfera pblica cr-tica5, sino, ciertamente lo contrario.

c. Tres formas notorias de sociedad civil en la historia poltica de Amrica latina. Probablemente las tres formas ms notorias de SC en el caso latinoamericano puedan delinearse desde: 1. movimientos sociales: los cuales son contestatarios y antiegemnicos, 2. grupos civiles de pers-pectivas liberales, los cuales buscan la reduccin de la participacin del Estado en la vida social y, 3. espacios participativos en contextos de

cogobierno (Montufar, 2007), los cuales, o bien pueden ser autno-mos y crticos al Estado, o estar cooptados por este y delineados desde perspectivas clientelares, acrticas y plebiscitarias. En este sentido aque-llos espacios participativos, incluso aquellos impulsados por estrategias estatales que buscan profundizar la democracia, establecen tambin escenarios para la accin de este tipo de organizaciones, las cuales en esta investigacin tambin van a ser consideradas sociedad civil.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta, como recogen varios au-tores (Montufar, 2007; Caldern, Piscitelli y Reyna, 1992; Caldern, 1986; Douglass Chalmers, 1997; Servin, 2002; Caldor, 2003; Vidal, 2003; de Sousa, 2007; Franz Nuscheller), que las caractersticas com-plejas de las sociedades latinoamericanas contemporneas han visto surgir una gran variedad de nuevas organizaciones vinculadas a temas identitarios, de gnero, tnicos, ambientales, etc, los cuales probable-mente tienden a vincularse a algunas de las tres formas mencionadas arriba, o incluso desarrollar caractersticas nicas. Igualmente no hay ninguna razn para pensar que la SC tenga que actuar de manera ho-mognea sino que de hecho pueden generarse espacios de antagonismo y confrontacin entre las mismas organizaciones civiles.

d. La sociedad civil en el caso latinoamericano ha demostrado ser una fuerza democratizadora. Autores que en cierta manera se identifican con las nociones de democracia de lite han desarrollado las teoras de la tran-sicin (O`Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986), las cuales plantean que una vez reasumida la democracia elitista (por ejemplo luego de las dictaduras del cono sur), el rol de los MS (y por ende de la SC) fue re-emplazado, por instituciones democrticas estatales. Sin embargo, esta afirmacin es confrontada por varios autores quienes aseguran que el rol de la sociedad civil en las democracias ya instituidas sigue siendo trascendental. Desde una posicin moderada, autores como Peruzzotti y Catalina Smulovitz (2002), manifiestan que uno de los principales roles de la SC, en contextos de democracias es la generacin de espacios de control social (acountability social).

Sin embargo, existen varios argumentos que sostienen que las insti-tuciones polticas latinoamericanas han demostrado no ser lo suficien-

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temente eficientes para sostener procesos democrticos satisfactorios, lo que en cierta manera impele a un cada vez mayor protagonismo de la sociedad civil, as pues Panfichi (2001), habla de un debilita-miento en las formas tradicionales de representacin, y plantea que, desde la SC, han surgido nuevos conceptos liberadores, que ocupan (o pueden ocupar) en cierta medida el espacio que las instituciones de representacin delegativa no han podido procesar adecuadamente (Montufar, 2007). Este argumento es confirmado por varios intelec-tuales (Caldern, Piscitelli y Reyna, 1992; Caldern, 1986; Escobar y lvarez, 1992; Douglass Chalmers, 1997; Carlos Vilas, 1997) quienes aseguran que el poder democratizante de la SC ha trascendido ms all de la democracia de lite, y ven en la SC una fuente permanente de pro-fundizacin de la democracia, que busca superar la visin meramente elitista de la misma.

Existen intelectuales mucho ms radicales, como es el caso de Boa-ventura de Sousa Santos (2003, 2004) y Avritzer (2002), quienes exigen que pblicos participativos tomen posiciones en la misma administra-cin pblica, desafindola e incluso reemplazndola, a travs de canales institucionales adecuados. Adicionalmente, se debe mencionar a auto-res como Luis Tapia (2001, 2002, 2006), Raquel Gutirrez (2001) y Ral Prada (2001), que defienden a una democratizacin multicultural desde perspectivas etnisistas.

Ante las ideas centrales discutidas en este punto, cabe mencionar algo muy importante: si bien un gran sector de la SC ha sido una fuer-za democratizadora en la regin, no se puede descartar la presencia de sociedades civiles interesadas en perpetuar la democracia elitista, y las visiones liberales del manejo democrtico en la regin. Tampoco se han presentado ejemplos verdaderamente exitosos (y amplios6) de rempla-zo de instituciones democrticas por agrupaciones civiles, como para confirmar las posturas de los autores que defienden la emergencia de supuestos pblicos participativos en la regin.

Finalmente, se podra aadir un punto adicional:

e. Las sociedades civiles deberan ser espacios democratizantes, an en regme-nes plebiscitarios que pretendan instrumentalizarlos. Esto podra lograrse si el universo de significacin en el que existen, es decir el mundo de la vida, pueda mantenerse apta para el ejercicio crtico. Ahora bien, la definicin habermasciana de SC la sociedad civil se compone de esas asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de forma ms o menos espontnea que recogen la resonancia de los mbitos de la vida privada, la condensa y la transmiten al espacio de la opinin pblica poltica (Habermas, 2001:447), conserva elementos hegelianos, al dar nfasis a las asociaciones voluntarias, sobre la voluntad general, y al re-presentar la necesidad de constitucin de un supuesto Estado tico en algn momento. El problema de Habermas, como denuncia Avritzer, es la ausencia de canales para que sta influya exitosamente hacia el Estado. Sin embargo, generar puentes Estado y SC no es un tema tan sencillo, ni siquiera desde los aportes de teoras como la de los pblicos participativos (Avritzer, 2002), dado que estos escenarios al encontrar correas de transmisin con los poderes estatales pueden tender a caer en ejercicios de cooptacin. (Los ejemplos brasileros como Porto Alegre, no necesariamente ofrecen espacios en los que la SC ha influenciado de manera real ms all de lo municipal hacia las polticas centrales o presente una amenaza verdadera a la idea de democracias delegativas).

Una clasificacin terica de sociedad civil para el contexto ecuatoriano

Ms all de los elementos antes sealados, el estudio del fenmeno de la sociedad civil desde un acercamiento diacrnico, como el que se busca para el caso ecuatoriano, requiere de una tipologa flexible y contextual. En este sentido vale la pena analizar una tipologa que particularmente ha propuesto entender el caso del Ecuador, la cual es ofrecida por Franklin Ramrez (2009), quien divide a las organizaciones de sociedad civil desde cuatro parmetros, a saber: 1) organizaciones de la sociedad civil vs. Estado, dentro las que se encuentran los movimientos sociales de carcter reivindi-

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cativo y con alta preocupacin por su autonoma organizativa7. Quienes en cierta forma tomaron la batuta de la accin social desde el retorno a la democracia hasta la Constitucin del 1998. 2) las organizaciones de la sociedad civil y Estado, caracterizadas por organizaciones de la accin ciuda-dana sin entrar en directa confrontacin con el Estado, caracterizado por organizaciones cvicas; instituciones filantrpicas, ONG gestoras de pro-yectos, fundaciones polticas y campaas ciudadanas; algunas de discurso liberal, tambin entran en esta lnea las ONG ciudadanas de vigilancia democrtica, especialmente activas tras 1998. 3) organizaciones sociales de sociedad civil con Estado, caracterizado por procesos organizativos y me-canismos de participacin que entran en articulacin con el Estado. Aqu estn todas aquellas novedosas formas de participacin, sobre todo a nivel local, potenciadas a partir de las facilidades ofrecidas en la Constitucin de 1998, y en cuyo contexto generaron nuevos significados para entender la participacin ciudadana. Y, finalmente, 4) organizaciones sociales en el Estado por ejemplo desde procesos de inclusin de representantes de grupos de inters organizados, asociaciones y organizaciones en el proceso poltico; cuerpos colectivos, asociaciones, grupos de inters, gremios estatales, etc. Caracterizado por aquellos nichos de poder, que las grandes organizacio-nes sociales incrustaron en el seno mismo del Estado y que se beneficiaron de ingresos pblicos, generando escenarios ambiguos de cooptacin y en cierta forma de clientelismo poltico. Este tipo de organizaciones han sido tpicos en escenarios de cooptacin hacia la dirigencia de organizaciones sociales especialmente trascendentes en la vida poltica nacional, y han sido aprovechados por gobiernos de ndole populista para legitimar sus propias propuestas polticas, y adems han sido causales directos de la erosin en la legitimidad de movimientos sociales que antes haban gozado de gran aceptacin popular.

Con base en la anterior clasificacin se puede decir que aquellas agrupa-ciones de la sociedad civil que mayor efectividad han tenido de influenciar a la sociedad poltica, y de exigir espacios ms participativos, a nivel estructural y nacional, han sido aquellas delineadas desde la primera clasificacin, es decir, organizaciones de la sociedad civil vs. Estado, y de estas las dos ms trascendentes han sido, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) durante

los ochentas, y el Movimiento Indgena durante los noventas e inicios del siglo XXI. Una vez que este tipo de grandes organizaciones pudo exigir im-portantes cambios estructurales (en especial el Movimiento Indgena) fueron las organizaciones en la segunda clasificacin, es decir sociedad civil y Esta-do, quienes aprovecharon los escenarios favorables para impulsar procesos participativos, ms o menos exitosos, aprovechando los recursos y experticia tcnica como ONG y corporaciones especializadas, y en cuya efectivizacin participaron los actores de la tercera clasificacin, organizaciones de la socie-dad civil con Estado, desde instancias locales de participacin. Cabe advertir, sin embargo, que algunas veces los linderos de esta clasificacin se vuelven difusos, y que ms de una vez varias de las sociedades civiles articuladas en diversos niveles pudieron rozar o aparecer dentro de la cuarta clasificacin, es decir organizaciones sociales en el Estado (el vnculo de la dirigencia de CONAIE con el CODENPE da muestra de este ltimo ejemplo).

Ha de tomarse en cuenta que la anterior tipologa, propuesta por Ram-rez, ser usada en varios momentos de este captulo cuando sea necesario realizar una clasificacin del tipo de organizacin estudiada y su relacin frente al Estado.

Momentos clave de la sociedad civil a partir del retorno a la democracia

A continuacin se buscar analizar los principales contextos de agencia (Gamson, 1988)8 de la sociedad civil, y su bsqueda de instaurar espacios de participacin social desde una visin diacrnica, tomando en cuenta la existencia de dos puntos de quiebre fundamentales en la historia de la moderna SC ecuatoriana, y en los que diversas organizaciones han tenido sus particulares momentos de protagonismo: el primero fue, desde luego, el retorno a la democracia a partir de la Constitucin de 1978 y las elecciones del ao siguiente, y el segundo la instauracin de la Constitucin de 1998, construida en parte como respuesta a las fuertes demandas de las organiza-ciones sociales. Ambos puntos de quiebre establecen un antes y un despus, para el desempeo de la sociedad civil ecuatoriana.

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A partir del primer punto de quiebre, es decir el retorno a la democra-cia (1978-1979), ha sido posible identificar tres momentos especialmente representativos de accin crtica de la sociedad civil ecuatoriana frente al Estado, cada momento con caractersticas especficas en la manera de pro-cesar sus demandas:

El primer momento desde las acciones colectivas importantes durante el plan de retorno a la democracia (de 1976 a 1979). El segundo momento desde las movilizaciones sindicales en la dcada de los ochentas que mar-caron el liderazgo de las organizaciones obreras, particularmente el FUT, durante la dcada de los ochentas. El tercer momento est caracterizado por los grandes levantamientos indgenas en los noventas que determinaron el innegable liderazgo de estas organizaciones durante toda esa dcada, su posibilidad de generar poderosos desbordes sociales, y el desempeo que tuvieron los movimientos sociales al influir en varias maneras en la redaccin de la constitucin de 1998, abriendo la posibilidad de establecer mltiples espacios de participacin social.

A partir del segundo punto de quiebre, es decir el establecimiento de la Constitucin de 1998. Los momentos de accin de la sociedad civil siguen un curso caracterizado por la presencia de instancias que favore-cieron nuevos escenarios de organizacin, y el apoyo de institucional para la participacin en diversos escenarios estatales, as que se puede hablar de un cuarto momento caracterizado por la intensa promocin de la de participacin social amparada bajo la nueva normativa constitucional de 1998, particularmente desde la injerencia ciudadana durante el ciclo de las polticas pblicas a nivel local (Ortiz Crespo, 2008), espacios como planeacin participativa, y control social, aunque particularmente desde los contextos locales. Finalmente, se debe hacer mencin a los grandes desbordes sociales posteriores a la Constitucin de 1998, que desafiaron el poder constituido y que definieron el cambio definitivo en algunas de las organizaciones sociales que venan liderando el contexto de la sociedad civil en el Ecuador, erosionando definitivamente el liderazgo de algunas de ellas y empoderando la irrupcin de nuevos significados sociales, los cuales sern posteriormente aprovechados por actores sociales y polticos para su propio beneficio.

Primer momento: acciones colectivas importantes durante el plan de retorno a la democracia

El ltimo Gobierno militar en el Ecuador, encabezado por el triunvirato (desde 1976) puso marcha un plan de retorno a la democracia9, exigiendo como requisito previo para la transicin un clima de paz y de orden que fue un eufemismo para justificar la vigencia de polticas anti sindicatos, la ilegalizacin de agrupaciones como la Unin Nacional de Educadores (UNE), las centrales obreras (CEDOC10) la persecucin a la dirigencia es-tudiantil (como el FESE11) y el encarcelamiento de varios dirigentes obre-ros. Como consecuencia de esta poltica, autores como Tamayo (1988) sealan que los conflictos laborales bajaron de 285 en 1975, a 171 en 1977 y a 117 en 1978. Es decir, como pretexto para mantener un clima favorable para el retorno a la democracia, se realizaron polticas represivas contra las organizaciones de la sociedad civil, as el triunvirato dejaba claro que la transicin era una decisin unilateral de la cpula militar y exiga la no intervencin de la sociedad civil en el proceso. Este episodio se dife-rencia de otros procesos de transicin democrtica del caso latinoamerica-no (ODonell, 1986), en el que escenarios propicios para la movilizacin social, permitieron la existencia de un activo rol de la sociedad civil en las transiciones democrticas (especialmente del cono sur).

A pesar de la postura autoritaria del ltimo rgimen militar ecuato-riano, existen dos acciones colectivas de gran importancia, que si bien no tuvieron como objetivo (necesariamente) exigir el paso a un sistema de-mocrtico, y se limitaron a demandas puntuales, s generaron un fuerte sentido de urgencia sobre la necesidad de abandonar un rgimen militar, las experiencias son: en primer lugar la masacre de Aztra de 1977, donde el 18 de octubre los obreros del mencionado Ingenio Azucarero se toma-ron sus instalaciones exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo que estipulaba el pago del 20% del alza del precio del azcar12. El triunvirato militar declar la huelga ilegal, y policas atacaron a los alzados y provo-caron el asesinato de cientos de trabajadores. La masacre demostr que las acciones colectivas de las dirigencias obreras, en directa confrontacin al rgimen militar, podan ciertamente ser peligrosas para sus participan-

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tes, este episodio (ya dentro del plan de retorno a la democracia) grafica el inters del Gobierno autoritario, a que la transicin se realice bajo los lineamientos militares, y que de ningn modo las acciones civiles podan aparecer como parte de un proceso de apertura democrtica (si bien las demandas de Aztra eran salariales, y mayormente coyunturales). El evento signific tambin una abrupta disminucin de la participacin activa de la dirigencia obrera durante el resto del Gobierno militar.

En segundo lugar, con consecuencias menos trgicas pero con mucho ms alcance, la guerra de los cuatro reales, que tuvo lugar, precisamente en 1978, aunque no fue el causal directo del fin de los Gobiernos militares, s puso en escena la imposibilidad de esta estructura autoritaria en lo que res-pecta a procesar dinmicas y demandas sociales. En 1978 el triunvirato de entonces resolvi incrementar las tarifas del transporte pblico (cuarenta centavos, lo que motiv que la confrontacin se llame: guerra de los cuatro reales), en este contexto durante ms o menos un mes, los grupos organi-zados de estudiantes y ciertas organizaciones barriales se tomaron la ciudad de Quito. La movilizacin se caracteriz por el liderazgo de estudiantes se-cundarios y universitarios organizados desde asociaciones identificadas con la izquierda. Adems varios grupos organizados de vecinos se sumaron a las revueltas, aunque no se logr la articulacin de muchos ms actores civiles.

Las demandas eran coyunturales, simples y directas, restringindose al problema de las tarifas del transporte. La gran capacidad de movilizacin desarrollada en esta coyuntura no fue aprovechada para establecer otro tipo de peticiones, (por ejemplo la exigencia de acelerar la transicin democr-tica) y los grupos se disolvieron una vez expuesta la demanda. Dentro de la experiencia, sin embargo, se llegaron a establecer formas organizativas nuevas, especficamente, los Comits de Defensa Popular, instalados en ba-rrios populares y que llegaron a sobrevivir al declive de esta accin colectiva (Unda y Aguinaga, 2000).

Como se mencion anteriormente, tanto la masacre de Aztra, cuanto la posterior guerra de los cuatro reales, sucedieron durante el plan de retorno a la democracia, desde el que el Gobierno militar exiga un clima de paz y de orden (Tamayo G, 1988). Paz y orden era un recurso discursivo muy hbil, basado en la autopresentacin positiva (van Dijk, 1999), donde el

uso de significantes reconocidos universalmente como benignos y moral-mente aceptados (paz), adquiran significados, convenientes para el poder estatal, donde el Gobierno poda ser represivo hacia las organizaciones so-ciales como condicin para dar paso a un Gobierno civil.

Esto denota el inters del triunvirato en aparecer como la nica institu-cin interesada en el retorno a la democracia, y la manera en que se busc restar cualquier protagonismo a las organizaciones de la sociedad civil du-rante el proceso. Podra decirse que el Gobierno militar estaba afanado en dejar sentadas las bases para el ejercicio de los partidos polticos (los que ellos haban reconocido, desde luego), y disminuir la accin de potenciales actores sociales y civiles, quienes (especulando) probablemente hubieran tenido el poder para influenciar en la transicin, y enriquecer el estrecho margen de accin democrtico que el sistema de partidos construido por la dictadura propona.

Segundo momento: el liderazgo de los movimientos sindicales en los primeros aos de la transicin democrtica

Desde 1980 hasta 1985, el protagonismo de las organizaciones de la socie-dad civil en el Ecuador estuvo representado por los gremios de trabajadores y las asociaciones de trabajadores estatales. La organizacin que tom la posta articulando demandas de intereses de los trabajadores fue el FUT, aunque sus requerimientos fueron generalmente puntuales, coyunturales y basados en su confrontacin a medidas de ajuste econmico, especialmente aquellas orientadas a la eliminacin de subsidios de derivados del petrleo, por lo menos durante los primeros aos de los ochenta (Barrera, 1997; Len y Prez, 1986; Unda, 2000). Los parmetros discursivos en esta etapa estaran planteados por la nocin laclauniana de demandas diferenciales (Laclau, 2005), las cuales, se buscaba sean procesadas de manera democrtica, es decir, desde las instituciones formales del Estado. En otras palabras, senci-llamente se exiga una rebaja en los precios de los derivados del petrleo y algunas demandas puntuales de ndole salarial. No cambios estructurales, ni una verdadera crtica a la estructuracin de la democracia elitista.

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A partir de 1983 los discursos del FUT utilizan insipientemente mar-cos de extensin (Snow y Benford, 2000; Benford, 1993), usando la no-cin de imperialismo y neoliberalismo para aglutinar posiciones discon-formes. Aunque de una manera muy preliminar y superficial. Incluso en 1984, el FUT inicia un ejercicio crtico hacia los procesos de eleccin de los magistrados de la Corte Suprema, lo que hace creer que superara por un momento, corto, las demandas de orden particular y coyuntural. Sin embargo, an es incapaz de generar un discurso verdaderamente articula-dor desde demandas completamente diferenciales. Sus alianzas con gre-mios como el de los transportistas, fueron poco duraderas, igual cosa con respecto a uniones de trabajadores estatales. El FUT tambin fue incapaz de ir ms all de un discurso obrero urbano que lograra generar un frente campesino y menos indgena con organizaciones como ECUARUNARI, las cuales, sin embargo, siempre buscaron un acercamiento al FUT, el cual no necesariamente se consolid por las limitaciones de la dirigencia obrera, y una visin etnocentrista.

El FUT nunca pudo constituir un discurso contrahegemnico, por lo menos a nivel de las organizaciones civiles, por dos razones primordiales: primero, porque sus demandas nunca dejaron de ser coyunturales, reivin-dicativas, y meramente clasistas, esto incluso cuando trat de usar marcos de extensin pretendiendo usar al imperialismo o neoliberalismo, para extender sus demandas clasistas y ganar el liderazgo de otras organizacio-nes. El FUT no fue sensible al reconocer otro tipo de demandas ms all de su perspectiva clasista, como aquellas que se exigan desde las realidades rurales indgenas.

La segunda gran razn de las limitaciones del FUT tiene que ver con su respaldo acrtico al sistema democrtico de partidos. En ms de una ocasin su dirigencia busc apoyo del ala progresista del Congreso (por ejemplo el 31 de octubre de 1984), lo que produjo que la organizacin legitime al sistema de democracia elitista, y no proponga lineamientos de extensin democrtica ms all de los mismos. La movilizacin y la huelga seran los grandes pilares de la participacin social para estos actores.

Probablemente la nica ocasin en que el FUT se moviliz desde el retorno a la democracia por demandas que no obedecan a lgicas redis-

tributivas y puntuales, fue el 31 de octubre de 1984 cuando se realiz la sexta huelga nacional desde la democracia, (y octava desde la instauracin del FUT), con un aspecto muy novedoso respecto a las movilizaciones ante-riores: la plataforma contena demandas enmarcadas en la defensa del rgi-men democrtico, en un contexto de enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo por el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, es decir por primera vez se haba establecido una accin colectiva vinculada con un fen-meno exclusivo de la sociedad poltica, lo que sent una importante novedad respecto al periodo de huelgas 81-83. Sin embargo, Jorge Len (1986) plan-tea que el FUT cometi un importante error durante estas movilizaciones, pues busc que su plataforma de lucha, en ese entonces, sea procesada desde el bloque de centro izquierda del Congreso Nacional, esta accin demostr (segn Len) que el FUT haba perdido autonoma, y quedara a merced del enfrentamiento entre poderes poltico-estatales, y del resultado de la compo-sicin de bloques en el legislativo, en especial del bloque progresista.

Debe tomarse en cuenta, sin embargo, (para comprender de una mane-ra ms completa las limitaciones de esta organizacin), el modelo de desa-rrollo del Ecuador: el pas no cont nunca con un alto desarrollo industrial y las factoras generadas a partir de la ICI, fueron insuficientes para alber-gar una verdadera masa crtica de organizaciones obreras. As que tampoco se contaba con una base social verdaderamente representativa dentro del sindicalismo obrero como para contar con organizaciones como el FUT como grandes protagonistas de los cambios sociales.

Finalmente, frente al inevitable ocaso del FUT, el nico tipo de gremio que efectivamente pudo ejercer influencia por ms tiempo fue aquel rela-cionado con gremios estatales, empeados en las luchas contra procesos privatizadores en los ochentas y noventas (Unda, 2000).

Posteriormente, los gremios de empleados estatales tomaron la posta en la lucha contra el neoliberalismo, con algunos contrastes obvios relaciona-dos con intereses particulares, como en el caso de los trabajadores elctricos y los petroleros. Gremios estatales como la UNE se caracterizaron por su poder de presin, mientras que el FUT perdi protagonismo rpidamente.

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Organizaciones sindicales en el caso ecuatoriano

Cuadro N. 1Paros nacionales del FUT, 1981 - primer semestre de 1982

Contexto general que define el universo de significacin

Contexto social

Se organiza, en 1975, una huelga gene-ral como Frente Unitario de Trabajado-res (FUT), para apoyar la poltica refor-mista del Gobierno de Rodrguez Lara.

En 1977 el FUT se enfrenta al triun-virato militar, que responde con repre-sin, punto culminante: la conocida matanza de Aztra. Durante el resto del rgimen autoritario, el FUT estuvo in-volucrado en paros locales de menor importancia en 1978 y 1979.

FUT apoya a Rolds en el contexto de Guerra de Paquisha.

FUT confronta las medidas liberales de Hurtado, especialmente en cuanto al encarecimiento generado por la subida de derivados de petrleo.

Contexto poltico

Antecedentes de fuerte represin por parte del triunvirato en el contexto del plan de retorno a la democracia13, don-de el triunvirato condicion un am-biente de paz y orden como requisito para el regreso al rgimen de elecciones.

Regreso a la democracia, luego de que el triunvirato culmin proceso de retorno al sistema democrtico de partidos.

Medidas sociales de Rolds Aguilera, no continuadas por Oswaldo Hurtado, quien elimina gradualmente subsidios de derivados del petrleo, con las res-pectivas consecuencias en incremento del nivel de vida.

Interaccin de actores

Demandas desde la SC

Demandas puntuales vinculadas con el malestar por encarecimiento de la vida, y con puntos especficos vinculados a los intereses del FUT.

Demandas corporativas centradas en negociacin de sueldos, estabilidad la-boral y rechazo a las medidas econmi-cas propuestas por el Gobierno.

Alianzas de ndole clasista con otros grupos (transportistas) por ejemplo, pero con ausencia de una articulacin de demandas populares.

Respuesta a las demandas desde el Estado

No hubo estrategias por parte del Esta-do para encarar la crisis.

Se acus a los paros de ser antidemo-crticos.

Elementos discursivos SC

Desde la visin laclauniana (2005) un predominio de las demandas diferencia-les14, que buscan ser tratadas como de-mandas democrticas, es decir procesadas institucionalmente. Es decir se nota una ausencia de demandas equivalenciales que hubieran podido articular para ser trata-das como populares.

Elementos discursivos Estado

Hurtado manifestara que la demo-cracia estara siendo cercada por un ald de demandas, (Jorge Len 1986), es decir que el gobierno persiba a las movilizaciones sociales como manifes-taciones de una masa antidemocrtica.

Hurtado se refugiara desde Marcos de Injusticia (Snow y Benford 2000; Gamson 1998, 1995).

Cuadro elaborado por el autor, con base en la informacin sealada a lo largo del captulo.

Cuadro N. 2Paros nacionales del FUT, segundo semestre de 1983-1984


Contexto social

Demandas puntuales basadas en la subida del precio de derivados del petrleo y pro-ductos bsicos. Antagonismo ante la obediencia del

Gobierno frente a los lineamientos de los organismos financieros internacio-nales.

Falta de procesamiento de las deman-das indgenas y campesinas, aunque ECUARUNARI apoy al FUT en ciertas movilizaciones, si bien de modo limitado.

FUT trata de tener aliados polticos dentro de diputados progresistas.

En Octubre de 1984 FUT realiza una movilizacin indita, buscando defen-der la democracia en medio de una pugna de poderes por causa de la elec-cin de jueces de la Corte Suprema.

Contexto poltico

Plena sumisin del Gobierno de Hur-tado a los lineamientos de las organiza-ciones internacionales de crdito.

Profundizacin de medidas en torno a la eliminacin progresiva de subsidios en derivados de petrleo.

Pugna de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

(Contina...)

(Contina...)

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Interaccin de actoresDemandas sociales desde la SC

La visin del FUT sobre un nuevo orden fue casi exclusivamente redistri-butiva y estatista, es decir, las preocu-paciones del movimiento laboral bus-caron el reparto del excedente social y una revaluacin del papel del Estado en la economa, sin una verdadera oposicin estructural hacia el poder, si no que apuntaron todas a la imple-mentacin de una especfica poltica gubernamental.

FUT exige una eleccin transparente de jueces de Corte Suprema, rechaza la pugna de poderes y defiende el rgi-men democrtico elitista.

Al buscar el apoyo del ala progresista del congreso el FUT terminara legiti-mando el sistema de partidos dentro de la democracia de lite.


Medidas superficiales que no cumplan con las demandas de las organizaciones de trabajadores.

Denuncia de las demandas sociales como acciones antidemocrticas.


El FUT cae en el juego de la negocia-cin de actores de la sociedad poltica, y de manera intrnseca legitima al sistema delegativo de democracia.

Paradjicamente utilizar el recurso dis-cursivo de la demanda de una violacin de la norma y de los valores15(van Dijk, 1999), es decir, defender la importan-cia de un sistema democrtico denun-ciando una supuesta pugna de poderes como una confrontacin de la sociedad poltica que atenta contra de la demo-cracia de lite, a la cual apoya y legitima, sin tener ya posibilidades de ser un actor crtico que exija nuevas instancias de participacin social, ms all de la de-mocracia de lite.


Contina la visin de las organizaciones de trabajadores como masa antidemo-crtica. Recurso discursivo basado en el mvil de la comparacin negativa16, gene-ralizacin17, lexicalizacin negativa18 (van Dijk, 1999). Reduciendo a sus antago-nismos a masa, interesada en deshacer el sistema democrtico.

Hurtado manifestara despus en traba-jos acadmicos como Las costumbres de los ecuatorianos (Hurtado, 2007), que la cultura poltica de los actores sociales en el Ecuador, poco compenetrada con los valores de la modernidad, fue la res-ponsable de movilizacin de masas con resultados poco constructivos.


Cuadro N. 3Movilizaciones del FUT 1985


Contexto Social

Aparicin del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Fuerte represin hacia antagonistas so-ciales por causa de la irrupcin del grupo irregular.

Contexto Poltico

Gobierno autoritario y fuertemente neoliberal de Febres Cordero.

Altos grados de represin por causa de la irrupcin del grupo AVC.

Interaccin de actores

Demandas sociales desde la SC

A inicios de 1985, el FUT convoc a una nueva huelga en rechazo a la elevacin de los precios del transporte.


La continuidad de la huelga se vio reducida a la negociacin de aspectos reivindicativos y, poco a poco, cay en el juego de ataque-negociacin puntual que el gobierno planteaba.


Inicia el uso de marcos de extensin (Snow y Benford, 2000; Benford, 1993; Gamson, 1982, 1995). Es decir, desde la insipiente utilizacin del significante vaco de la lucha anti imperialista, se trata de extender el discurso obrero, hacia las de-mandas desde otros sectores (estudiantes indgenas, trabajadores estatales) con muy poco xito. El intento es tardo, no logra encontrar profundidad, no sale de los te-mas coyunturales y nunca consigue hege-mona discursiva. Tampoco se consigui tomar en serio las demandas de grupos como ECUARUNARI, sesgando el dis-curso a temas del mundo mestizo, desde una perspectiva nicamente mestiza.


Movilizaciones sociales como Sub-versin. Subversin como terrorismo (no se volver a ver un discurso as hasta el advenimiento del gobierno de Correa).


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El tercer momento: el liderazgo del Movimiento Indgena, a partir de la dcada de 1990

A finales de los noventa, el Gobierno de Borja (autoproclamado socialde-mcrata), aplic polticas de ajuste, desencadenando altos niveles de infla-cin. Esto, como era de esperarse, provoc grandes protestas sociales y uno de los momentos ms importantes en la historia del Movimiento Indgena, el Levantamiento del ao 1990, bautizado como Inti Raymi, el cual signi-fic un viraje sustancial en cuanto a la participacin de los indgenas en la historia poltica ecuatoriana, consiguiendo que desde entonces la sociedad ecuatoriana comience a mirar de otra manera a los indios (Dvalos, 2001).

Inti Raimi

El lunes 28 de mayo de 1990, inici un levantamiento indgena que ocup varias cabeceras parroquiales. En cada poblacin de la serrana se desarro-llaban juicios populares, en los que los indgenas obligaban a mestizos, po-lticos, prestamistas y funcionarios pblicos, a responder por abusos contra las comunidades, como resultado de esto se firmaban acuerdos, en papel sellado, entre las comunas y las autoridades locales (Barrera, 2002). En esta coyuntura coincidieron desde los conflictos de tierra sin resolver, hasta pro-blemas con las instancias de Gobierno, en especial con la Comisin de Asun-tos Indgenas, es decir fue un estallido social que articul una infinidad de demandas de ndole reivindicativas, tnicas, clasistas y de acceso a la tierra.

Sucedi adems, que pocos das despus del levantamiento, se desarro-llaron las elecciones parlamentarias y locales de medio perodo. Este esce-nario fue aprovechado por la CONAIE, quien, por primera vez, asumi una visin crtica respecto a la democracia representativa y de lite, con consignas como Acciones y no elecciones, y Esta democracia es una desgra-cia, a construir la nueva democracia (Barrera, 2002). En estos enunciados puede leerse la gran diferencia que plante la organizacin indgena, con las organizaciones sindicales como el FUT, pues los indgenas criticaron la

estructura en s de la democracia de lite y exigieron dimensiones partici-pativas que desafaron las estructuras delegativas imperantes y el sistema de partidos. Esta etapa marc el inicio de un nuevo tipo de demanda civil en el Ecuador, aquella relacionada con las luchas por la profundizacin de la democracia y la denuncia de la poca efectividad de las estructuras de democracia de lite que los partidos polticos representaban.

Los paquetes culturales (Gamson, 1982, 1988), emitidos desde las consignas que desafiaban la democracia de lite, propusieron marcos de injusticia (Gamson, 1982; Snow y Benford, 2000), que sealaban a la democracia electoral como la nueva gran enemiga de sus intereses como grupo organizado. Adicionalmente el discurso del Movimiento Indgena se benefici de marcos de extensin (Snow y Benford, 2000; Benford, 1993; Gamson, 1982, 1995), al buscar vincular una infinidad de demandas de ndole reivindicativo, tnico, clasista, y de acceso a la tierra, y extenderlas hasta el desafo a la legitimidad misma de las instituciones polticas elitistas que hasta entonces no haban sido cuestionadas en serio por ningn actor de la sociedad civil.

Dos aos despus, en una nueva manifestacin pblica (en1992), un grupo de indgenas ocup el Congreso, exigiendo la amnista de los di-rigentes procesados por el Inti Raymi, y sobre todo la reivindicacin del carcter plurinacional del Estado nacional. Segn Barrera (2002), esto cons-tituy una apuesta del Movimiento Indgena de su capital poltico acumu-lado, contra el descrdito de la institucin parlamentaria.

Ahora, el paquete cultural (Gamson, 1983), que se levantaba como el gran cuestionador del sistema elitista de democracia sera la nocin de pluri-nacionalidad. La plurinacionalidad ocupara, a partir de entonces, el lugar central en el discurso indgena, y se constituira probablemente en la materia prima de las demandas del movimiento, adems como ni la organizacin, o su dirigencia, haban dado una forma definitiva al significado de este enun-ciado, se dio la posibilidad de constituir a este como un verdadero significan-te vaco (Laclau, 2005) con la potencialidad de lograr articular demandas de otros actores sociales, con relativa facilidad en procesos posteriores.

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La lucha contra el neoliberalismo, y la articulacin de demandas

Durante el Gobierno de Duran Balln a partir de 1992, y a causa de sus polticas neoliberales y de shock econmico19, se desarroll un amplio con-junto de movilizaciones (entre 1992 y 1993), lideradas por el Movimiento Indgena que vinculaba a los trabajadores pblicos, los estudiantes, y la Confederacin de Afilados al Seguro Social Campesino (CONFENAS-SUC). Adems varios actores sociales aprendieron del repertorio de mo-vilizacin desplegado por los indgenas (Barrera, 2002). Este proceso, de articulacin de diversos actores sociales, propici la conformacin de la Coordinadora por la Vida, que agrupaba a un amplio espectro de grupos civiles. En una de sus manifestaciones pblicas, la toma de la Baslica Na-cional, el 28 de Mayo de 1993, la Coordinadora por la Vida plante, entre otras reivindicaciones, un conjunto de reformas a la Ley de Desarrollo Agrario, dejando claro que las demandas indgenas lideraban el ejercicio de la nueva coalicin de organizaciones civiles20. Augusto Barrera dira que la doble naturaleza del Movimiento Indgena, clasista-plurinacional, le permita moverse con total facilidad en el contexto de las luchas civiles ecuatorianas, pero no simplemente eso, sino liderarlas, e incluso priorizar puntos en las agendas contestatarias como en el caso de los temas agrarios.

Meses despus, en 1994, el Congreso aprob una ley que contrarrestaba los procesos de reforma agraria21, la Ley de Desarrollo Agropecuario. Las organizaciones indgenas y campesinas, respondieron con una intensa mo-vilizacin. El Movimiento Indgena negoci con el Gobierno un paquete de reformas para la mencionada Ley. La comisin del Movimiento Ind-gena, liderada por Nina Pacari, logr defender el punto de la CONAIE, de tal forma que gan la simpata de amplios sectores de la sociedad civil. Varias de las propuestas de la comisin fueron asumidas, y aunque en su conjunto la Ley constituy una regresin respecto al proceso de reforma agraria, fue percibida como un triunfo poltico del Movimiento Indgena (Barrera, 2005), y de una muestra de la capacidad de influencia de la socie-dad civil en la sociedad poltica por la va de la movilizacin.

La Coordinadora de Movimientos Sociales

La gran experiencia acumulada del Movimiento Indgena, sirvi para la creacin, en 1995, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, en la que se agruparon, adems de la CONAIE, varias organizaciones de mujeres, la Federacin de Trabajadores Petroleros y Energticos del Ecuador, la Coordi-nadora Popular y la Confederacin Nacional del Seguro Social Campesino. La creacin de la Coordinadora represent una importante transformacin, segn Barrera (2005), de la configuracin de la esfera pblica, en tanto representaba un nuevo polo de movilizacin, diferenciado del FUT (en r-pido declive) y del Frente Popular, este ltimo conformado por trabajadores y estudiantes, y fuertemente vinculado al PCMLE22 y al MPD23.

En este nuevo contexto, en noviembre de 1995, el Gobierno de Six-to Durn Balln propuso una consulta popular (la segunda durante su mandato), dirigida a validar las reformas de la seguridad social (de ndole privatizador), y la desregulacin del sistema laboral en el mbito pblico. Sin embargo, a pesar de una intensa campaa meditica por el s, con la prensa, los partidos polticos y los grupos econmicos de poder unidos en torno a la liberalizacin de la economa, finalmente triunf la posicin de los movimientos sociales, congregado a favor del no.

La experiencia de la Coordinadora de Movimientos Sociales, deja una importante enseanza acerca del liderazgo del Movimiento Indgena. El discurso indgena fue muy hbil al utilizar una lgica de equivalencia al ar-ticular el universo de significantes flotantes congregados en contra del neo-liberalismo, convirtiendo las demandas especficas de varios actores civiles, especialmente aquellos identificados con la Coordinadora, en verdaderas demandas populares (Laclau, 2005), y ganando de este modo hegemona discursiva de la lucha social del caso ecuatoriano.

Barrera (2002) seala como algunos de los ms importantes factores que incidieron en el apogeo del Movimiento Indgena y su liderazgo so-bre otros actores civiles: 1) el desarrollo de un conjunto importante de aprendizajes, fruto de las movilizaciones desarrolladas entre los setenta y ochenta, y haber logrado que la administracin privada de la poblacin in-dgena24, se convierta en un asunto discutido en la esfera pblica. 2) La

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organizacin indgena supo capitalizar el descontento generalizado, fren-te al neoliberalismo, para sumar un contenido clasista a reivindicaciones tnico-culturales. 3) La emergencia del Movimiento Indgena coincidi con el declive de del movimiento de trabajadores.

A pesar de la importancia de la hegemona del Movimiento Indge-na sobre otras organizaciones sociales, cabe destacar, sin embargo, que su discurso, en ese momento, articulado desde paquetes culturales (Gam-son, 1983) como lucha contra el neoliberalismo (marco de confrontacin) (Snow y Benford, 2000), la plurinacionalidad, y el rechazo contra una democracia elitista erosionada (marco de diagnstico), no pudo capitalizar necesariamente un movimiento popular de dimensiones excepcionalmen-te grandes como para competir de manera efectiva contra la estructura institucional, ni lograr otorgar el poder poltico a alguno de sus dirigentes ms importantes. Limitndose a una hegemona discursiva, apenas sufi-ciente para liderar el contexto de demandas civiles, lo que sin embargo no pudo, en aquel momento, generar cambios definitivos en las estructuras del Estado.

El Movimiento Indgena busca formar parte de la sociedad poltica, la creacin de Pachakutik

Probablemente por esto, en 1995, se crea Pachakutik agrupacin polti-ca (identificada con el centro izquierda), que representaba al Movimiento Indgena y a los movimientos organizados en torno suyo al interior de la sociedad poltica. La iniciativa estaba orientada a las elecciones de 1996, y deriv en una alianza con Freddy Elhers, candidato cercano tanto a los sindicatos petroleros como a los sectores urbanos descontentos (Cordero, 2008), ambos actores, afines a la Coordinadora de Movimientos Sociales. En la fundacin de Pachakutik, Aguinaga y Unda (1999), identifican el surgimiento de una iniciativa para la fusin de lo social y lo poltico, aun-que obviamente esta fusin ofrecera el peligro que una de las dos instan-cias absorba y desnaturalice a la otra (como efectivamente pas).

Pachakutik no obtuvo mayores resultados en las elecciones de 1996, fuera de algunos diputados, y se mostr incapaz de pasar de la oposicin a la

proposicin, incapacidad que segn Collins (2000), caracteriz a todos los sectores de izquierda de aquel entonces, lo que limit las potencialidades transformadoras de las movilizaciones sociales.

Acerca del rol ambiguo del partido poltico que representaba al Mo-vimiento Indgena, autores como Snchez Parga (2007) afirman que Pa-chakutik no pudo convertirse en representante del movimiento social, en parte por lo que haba dicho Touraine acerca de los movimientos sociales: Estos deberan ser ante todo auto representables [] de manera directa y no solamente a travs de agentes polticos (Touraine, 2007). Talvez el Mo-vimiento Indgena, confiado en los xitos de su proceso organizativo, con-curri en una tendencia comn de la sociedad civil ecuatoriana posterior: incursionar en la sociedad poltica, y perder de esa manera su condicin de actor autnomo, crtico y legtimo frente al Estado.

Si hubo un elemento que fue puesto en peligro desde la decisin de conformar un partido poltico como Pachakutik, fue la prdida de opor-tunidad del Movimiento Indgena de ser un actor ms trascendente en la lucha contra los lineamientos de la democracia de lite; ahora, con repre-sentacin poltica y dentro del juego de la democracia elitista, el discurso crtico del Movimiento indgena haba sido puesto en entredicho. Proba-blemente por esto (y seguramente por esto), los posteriores Gobiernos po-pulistas no tendran mayor dificultad en captar una dirigencia que ya haba anticipado su inters de ser en algn momento parte del Estado.

El Gobierno de Bucaram y las primeras fisuras del Movimiento Indgena

Para Aguinaga y Unda (2000), el desarrollo del Movimiento Indgena, y su poderosa crtica a la democracia elitista, gener un interesante fenmeno: profundizar la denuncia a los actores polticos tradicionales (la partidocracia), los ciudadanos, es decir, las clases medias urbanas movilizadas, desarrollaron simpata hacia el movimiento, aunque esta simpata no se reflej en apoyo hacia su brazo poltico: Pachakutik. Talvez porque el movimiento solo se asu-ma legtimo fuera de su versin partidista. Sin embargo, paradjicamente,

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este descontento respecto a la clase poltica tradicional, favoreci la victoria de un candidato hbil en capitalizar el descontento a la democracia de lite, desde la confrontacin a la partidocracia, aprovechando un discurso popu-lista. Fue as como se consolid la victoria de Abdal Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en las elecciones presidenciales de 1996.

El advenimiento del Gobierno populista de Bucaram, gener una fuer-te campaa de cooptacin hacia el Movimiento Indgena, de modo que el sector que se senta impelido a apoyar a Bucaram, fue compensado con prebendas polticas, como la creacin del Ministerio de Asuntos Indgenas donde Rafael Pandam, vicepresidente de la CONAIE, asumi el cargo. La consecuencia de este proceso de cooptacin: el lento resquebrajamiento del movimiento. De este modo, al poco tiempo y tras las conflictivas pol-ticas de Bucaram, identificado con lineamientos neoliberales, provoc que mientras un sector, liderado por la ECUARUNARI y otras organizaciones de la Costa proponan una oposicin radical al rgimen, otro sector lide-rado por los indgenas de la Amazona25 encabezada por Antonio Vargas, dirigente de la Organizacin de Pueblos Indgenas del Pastaza y la CON-FENIAE26, apoyara a Bucaram.

Si bien Bucaram continu la misma lnea neoliberal afn a la de sus an-tecesores polticos27, propuso una notable diferencia: Bucaram no tom en cuenta a la oligarqua tradicional en sus proyectos (sino que busc constituir una nueva lite con sus allegados), ante esta situacin los partidos polticos tradicionales, los gremios de trabajadores petroleros y los movimientos so-ciales, conformaron un Frente Patritico, el cual confluy en un desborde que culmin el 5 de febrero del 1997 con masivas movilizaciones sociales que exigieron la renuncia de Bucaram, (situacin aprovechada por el Con-greso Nacional para destituirlo), en las que la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Movimiento Indgena tuvieron an un importante protago-nismo28. Esto a pesar del desgaste que haban sufrido por dos situaciones conflictivas: la incursin del Movimiento Indgena en la poltica partidista (Pachakutik) y la cooptacin de una buena parte de su dirigencia por el Gobierno derrocado.

A pesar que el derrocamiento de Bucaram fue bsicamente una estra-tegia de su oposicin poltica congregada en el Congreso, para la memoria

colectiva de la ciudadana los movimientos sociales, especialmente el ind-gena, haban sido quienes protagonizaron tal derrocamiento. El desborde demostr, sin embargo, una gran leccin para la sociedad poltica: haba que contentar a los movimientos sociales, de lo contrario desbordes simi-lares o peores podran ocurrir en cualquier momento.

La Constitucin de 1998

La fuerza de las movilizaciones sociales, capaces incluso de desestabilizar gobiernos (por lo menos aparentemente29), haban sentado un podero-so precedente, por lo que era necesario que la sociedad poltica diseara de manera urgente un mecanismo que demuestre que era sensible a las demandas de la sociedad civil (en este caso liderada por el Movimiento Indgena), de lo contrario, la gobernabilidad podra ser imposible para cualquier presidente electo en adelante (lo que efectivamente ocurri).

La Carta de 1998, trajo al Movimiento Indgena la posibilidad de in-sertar organizaciones mixtas dentro del aparato estatal, beneficindose de recursos pblicos y legitimando a su vez, un nuevo momento participativo en la vida poltica ecuatoriana. Los ejemplos ms notables de este nuevo tipo de espacios controlados por el Movimiento Indgena son: en primer lugar, CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), definido como una instancia representativa y participativa, que democratiza las entidades estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de polticas pblicas.

CODENPE, fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre de 1998. El Organismo se autodefine como un cuerpo descentralizado y participativo en el que es-tn representadas las Nacionalidades: Kichwa de la Amazona, Aw, Chachi, pera, Tschila, Andoa, Shiwiar, Huaorani, Siona, Cofn, Secoya, Shuar, Zpara y Achuar. Adems de la diversidad de pueblos pertenecientes a la na-cionalidad Kichwa: Pasto, Otavalo, Natabuela, Karanki, Kayambi, Saraguro, Palta, Kaari, Salasaca, Chibuleo, Kisapincha, Tomabela, Waranka, Panza-leo, Puruh, Manta, Huancavilca y Nacin originaria Kitu Kara.

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Otra instancia mixta de trascendental importancia creada, luego de la Constitucin de 1998, es la Direccin de Salud Indgena DINASI, es-tablecida por un acuerdo Ministerial en l999. Finalmente, la Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB) la cual si bien fue creada diez aos antes30, y ya estaba incluida en la Ley de Educacin desde 199231, vio multiplicadas exponencialmente sus atribuciones luego de esta nueva Constitucin (1998).

Este tipo de instancias mixtas le permitieron mayor autonoma, forta-leciendo el poder de su dirigencia y mejorando ostensiblemente el trabajo con sus bases, mientras contaba con el amparo y el presupuesto del Estado, inaugurando una nueva y definitiva etapa para el Movimiento Indgena. Ahora se poda destinar recursos pblicos para seguir tejiendo las redes so-ciales que necesitaba para fortalecer el crecimiento de su organizacin. Esta circunstancia entraaba, sin embargo un peligro, pues al haber establecido espacios de lo que Ramrez (2009) denomina organizaciones sociales en el Estado, se abra la puerta para que los Gobiernos de turno intentaran es-trategias clientelares con las bases indgenas, y usaran los recursos pblicos para crear cooptacin en la dirigencia. Circunstancia que efectivamente sucedera ms adelante, especialmente con Gobiernos populistas como el de Gutirrez, y que terminara por minar lentamente la legitimidad de las organizaciones indgenas. Recurdese que un ao antes la cooperacin internacional ya haba creado el PRODEPINE, facilitando recursos a una dirigencia indgena que se preparaba para manejar grandes nmeros y con-vertirse en una instancia con experticia en la ejecucin de proyectos de desarrollo.

La Constitucin de 1998 abrira adems, la posibilidad de que las co-munidades nativas sean consultadas antes de la explotacin de recursos naturales en sus territorios, algo que en la prctica no se consolid cabal-mente y que sin embargo ayud a que la dirigencia adquiera espacios de influencia en territorios ricos en recursos econmicos.

Cuarto momento: la sociedad civil desde la cobertura institucional, el legado de la Constitucin de 1998

Autores como Gina Chvez (2003) afirman que, dado que el debate cons-titucional de 1998 se dio en un ambiente de conflicto poltico y moviliza-cin de actores sociales emergentes, la sociedad poltica, como estrategia, se enfoc en la preeminencia de la retrica y la demanda de una prctica efectiva de esa retrica por parte de la burocracia32. Por ello, los resultados del texto de 1998, apelaran, finalmente, a una ampliacin de la visin de participacin, como aparente fundamento del ejercicio del poder y del orden poltico. Sin embargo, y como era de esperarse, la legitimidad del poder sigui operando a travs del sistema de representacin, aunque se reforzaron otros mecanismos que (en la retrica) acercan al Estado a la sociedad civil en la toma de decisiones.

De este modo, los logros en la carta Constitucional de 199833, con-cebidos como mecanismos de participacin social y legitimacin, lejos de poner en riesgo la construccin de un orden poltico determinado, lo estimula-ron. Adicionalmente nos cuenta Chvez, el mbito de la lucha poltica cotidiana fue desplazado de manera hbil a la temtica de los derechos y garantas ciudadanas, particularmente al de los derechos colectivos, pro-bablemente como un hbil mecanismo para mantener a raya a los gran-des movimientos sociales y alejarlos de debates que puedan cuestionar la orientacin neoliberal que finalmente tuvo la Constitucin 1998. Zibechi (2008), explicara este tipo de estrategias de una manera ms clara descri-bindolas como parte del arte de gobernar los movimientos reduciendo la participacin a causas justas34 desde el mbito identitario, dejando intactas demandas estructurales35. La descripcin de Zibechi, es muy acertada, es-pecialmente si se toma en cuenta que uno de los enunciados ms impor-tantes de los movimientos sociales (y del Movimiento Indgena ) fue pre-cisamente la lucha contra el neoliberalismo, mismo que fue contrarrestado hbilmente en el debate constitucional. Al haber sido la Constitucin de 1998 una carta de orientacin neoliberal, solo se explica la pasividad de las organizaciones sociales progresistas desde la consecucin de logros re-tricos relacionados con temas identitarios, derechos colectivos, y avances

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en cuanto a la participacin social. Y desde una probable negociacin para la implementacin de instancias mixtas, donde las grandes organizaciones sociales pudieran actuar con relativa autonoma, mientras se beneficiaban de recursos estatales, desde espacios como por ejemplo el (ya mencionado) CODENPE36, en el caso del Movimiento Indgena.

Con respecto al avance que signific la Constitucin de 1998, en las temticas de participacin, se puede sealar la instauracin de Consejos de derechos, enfocados a grupos discriminados para incidir parcialmente en las polticas pblicas. As como las facilidades que la carta prest para el establecimiento de experiencias participativas a nivel local (Ortiz Crespo, 2008), protagonizadas por actores que impulsaron diversas formas de pla-nificacin, programas de desarrollo y presupuestos participativos.

Ortiz Crespo considera, adems, que la Constitucin de 1998, de hecho impuls una ola de descentralizacin que gener un ambiente favorable a la participacin, lo que se concret en ms de mil planes a escalas provincial, cantonal y parroquial. Otros autores, como Trujillo y vila (2008) conside-ran que la Carta Constitucional de 1998 signific un avance considerable en su parte dogmtica al incluir, no solamente derechos colectivos, sino tambin principios de carcter general, interpretarlos y aplicarlos (el reconocimiento de derechos vinculados con la identidad y la manera en que los DD.HH. sean directamente aplicables), aunque para autores como Cepeda y Pazmio (2008) la Constitucin, si bien fue una reforma profunda a la Constitucin de 1978, no consigui que todos los derechos planteados contaran con los mecanismos y procedimientos adecuados para su ejercicio y observancia.

De todas formas, este nuevo ambiente participativo inaugurado en 1998, present adicionalmente la oportunidad de que la sociedad civil organizada encuentre nuevos nichos de accin, ya sea desde la creacin de nuevas organizaciones, desde la oportunidad de incidir en los ciclos de las polticas pblicas (principalmente a nivel local), o incluso desde la potencialidad de plantear demandas menos coyunturales y cada vez ms enfocadas a enfoques sociales mucho ms amplios, esto indirectamente facilit la posibilidad de la existencia de grandes desbordes sociales que fueron capaces de influenciar directamente en cambios de Gobiernos y de exigir cambios ms estructurales.

Cuadro N. 4Constitucin de 1998, contenidos principales sobre participacin

Temas Constitucin de 1998

Principios generales

Define al Estado social de derecho como representativo y participati-vo. El principio de la soberana en el pueblo, pone la base de la parti-cipacin ciudadana.

Derechos

Incluye innumerables derechos de participacin en el texto constitu-cional tales como: dirigir quejas y peticiones a las autoridades, libertad de asociacin y de reunin, el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho a acceder a fuentes de informacin.

A esto agrega una serie de derechos en lo social, familiar, cultural, am-biental, econmico, tales como la gestin de trabajadores en empresas, el derecho a la huelga, la igualdad de derechos de mujeres y hombres, etc.

La Constitucin establece en el Captulo 6, varias instituciones dirigi-das a garantizar derechos: hbeas corpus, hbeas data, amparo, defen-sora, Control Cvico de la Corrupcin.

Democracia directa

En el ttulo IV se establece la consulta popular, revocatoria del manda-to e iniciativa en proyectos de ley, bajo la solicitud de un porcentaje, relativamente alto, de empadronados.

La participa-cin poltica

Ubica en el Capitulo 3 Art. 26 los derechos polticos: elegir y ser elegi-dos, presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, ser consultados en los casos previstos en la Constitucin, fiscalizar los actos del poder pblico. Tambin en el Art. 114 se garantiza el derecho a fundar par-tidos polticos y a participar en ellos en las condiciones establecidas en la ley.

Participacin en polticas pblicas:

(mbito nacional)

Se institucionaliza la participacin en polticas pblicas en el sistema nacional de salud, de proteccin integral de la niez, en el educativo y en las discapacidades.

Tambin en el tema ambiental se establecen varios derechos, siendo el principal la consulta sobre decisiones estatales que puedan afectar al medio ambiente.

(Contina...)

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Participacin local

Art. 225. El Estado impulsar mediante la descentralizacin y la des-concentracin, el desarrollo armnico del pas, el fortalecimiento de la participacin ciudadana y de las entidades seccionales, la distribucin de los ingresos pblicos y de la riqueza. Art. 235. En cada parroquia rural habr una junta parroquial de eleccin popular. Su integracin y atribuciones se determinarn en la ley.

Movimientos sociales

Derecho de organizacin que incluye informacin, legalizacin, for-macin, asistencia tcnica y participacin en las polticas.

Econmicos

Aparte del derecho a la organizacin, huelga y contratacin colectiva plantea en el Art. 244 una serie de tareas del Estado para formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas obligatorios para la inversin pblica. Se diferencia empresas mixtas y comunitarias o de autogestin, tales como cooperativas, talleres artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y gestin pertenezcan a la comunidad.

Participacin intercultural y derechos colectivos:

Los pueblos indgenas y negros o afroecuatorianos tienen derecho a mantener su identidad, ser consultados sobre planes y programas de prospeccin y explotacin de recursos no renovables; conservar y de-sarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organizacin social, de generacin y ejercicio de la autoridad, formular prioridades en pla-nes y proyectos para el desarrollo, participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.

Fuente: Ecuador dialoga (2008). La participacin en la nueva Constitucin Ecuatoriana cuadernos para el dilogo N. 5.

La nueva etapa de la participacin ciudadana a partir de la Constitucin de 1998

En Ecuador han existido varias prcticas participativas surgidas de diversas tradiciones, de entre las cuales, y a modo de antecedente general, pueden mencionarse tres, desde los aportes de Galo Ramn (2011): en primer lu-gar la tradicin ancestral desde formas de participacin practicadas en las comunas y localidades indgenas, para ilustrar cmo este tipo de experien-cia participativa ha podido influenciar en la vida democrtica, se podra tomar el ejemplo del cantn Guamote, donde la organizacin tradicional

logr tempranamente ganar espacio en los escenarios de representacin poltica local. En segundo lugar, una tradicin regional o localista que se practicaba en los Gobiernos sub nacionales, en esta experiencia fue la Jun-ta la que jug un papel importante y ms tarde, las denominadas Juntas Cvicas. Y, finalmente, la participacin electoral en la tradicin de la de-mocracia liberal, recin hecha legtima y universal luego de la Constitucin de 1978.

La Constitucin de 1998, naci, como se ha dicho, en un ambiente de muy alta conflictividad social y bajo la presin continua de las grandes organizaciones sociales, fue en parte por esta causa, que el texto tuvo que incluir varios espacios y escenarios para impulsar la participacin directa de ciudadanos en algunos aspectos del ciclo de las

la sociedad civil ecuatoriana, en el laberinto de la revolución ciudadana. andrés ortiz lemos

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