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La relación entre migración y movilidad en la política de la Unión Europea en
materia de inmigración. ¿Un nuevo enfoque de dicha política?
Eduardo Rojo Torrecilla.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
29 de diciembre de 2011.
Texto publicado en el blog del autor. http://eduardorojoblog.blogspot.com/
1. La Comisión Europea presentó el 18 de noviembre una importante Comunicación
sobre un nuevo enfoque global de la migración y movilidad, que ha sido objeto de un
primer examen en la reunión del Consejo Europeo de Ministros de Justicia e Interior
celebrado los días 13 y 14 de diciembre. El término “nuevo” no es una valoración
subjetiva mía tras leer el documento, sino una manifestación expresamente afirmada en
el texto con el que la Comisión pretende dar respuesta a los desafíos de la política
migratoria, tanto teniendo en cuenta lo ocurrido en el año a punto de terminar, tras los
conflictos de varios países del norte de África, como las tendencias de futuro. Con el
nuevo enfoque global se trata de de reflejar mejor los objetivos estratégicos de la UE y,
como se afirma en el texto ahora objeto de comentario, “traducirlos en propuestas
concretas para el diálogo y cooperación, en particular con los vecinos del Sur y del Este,
África, los países de la ampliación y otros socios estratégicos”. El interés “ad intra” de
la UE también queda muy bien reflejado en el documento, en el que se destaca que la
migración neta ha contribuido a su crecimiento demográfico en 900.000 personas en
2010 y que, según los indicadores con los que se trabaja, “algunas de las cualificaciones
adicionales y específicas que se necesitarán en el futuro sólo podrán encontrarse fuera
de la UE”. En la financiación de la nueva estrategia deberá jugar un papel de primera
importancia el futuro Fondo para el Asilo y la Migración, con un presupuesto previsto
de 3.869 millones de euros para el período 2014.- 2020, cuya propuesta de Reglamento
fue presentada el 15 de noviembre y que tiene por objetivos “consolidar y desarrollar el
sistema europeo común de asilo, mejorar la solidaridad y el reparto de responsabilidades
entre los Estados miembros – en particular de cara a los más afectados por los flujos de
migración y asilo - fomentar el desarrollo de estrategias proactivas de inmigración que
sean pertinentes y contribuyan al proceso de integración de los nacionales de terceros
países, y fomentar la integración de los nacionales de terceros países, con especial
atención a los niveles regional y local de los Estados miembros, a fin de mejorar la
capacidad de los Estados miembros para promover estrategias de retorno eficaces y
equitativas y apoyar el desarrollo de asociaciones y la cooperación con terceros países”.
No es únicamente la UE la que se preocupa de las futuras tendencias migratorias y de
los retos pendientes, ya que la Organización Internacional de las Migraciones así lo ha
hecho también en su reciente Informe anual (2011) sobre las migraciones en el mundo,
destacando que es probable que se registre un aumento de la magnitud y complejidad de
la migración internacional, “debido a las crecientes desigualdades demográficas, a la
nueva dinámica mundial y política, a la revolución tecnológica y a las redes sociales”, y
que ello planteará nuevos retos políticos “relativos a la acertada integración de los
migrantes en la sociedad de acogida, a la percepción de la migración entre la comunidad
en general, al concepto que se tiene de los migrantes en sus países de origen y, en
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términos generales, a la manera en que se concibe la migración en la comunidad en su
conjunto”.
2. Ciertamente ha pasado mucho tiempo, y ha habido cambios muy importantes en los
ámbitos políticos y económicos, desde que la Comisión aprobara el 30 de noviembre de
2005 otra Comunicación en la que abordaba también los aspectos de la migración
relacionados con la seguridad y el codesarrollo, se centraba en la gestión de las
migraciones con algunos países de la región euromediterránea y de Asia, y definía un
conjunto de medidas destinadas a afrontar los nuevos retos. Con relación a los países
vecinos de la UE se trataba, en síntesis, de gestionar mejor el fenómeno migratorio,
utilizando de forma más eficaz y coordinada los instrumentos y políticas comunitarias
entonces existentes, en el marco de una política de solidaridad y asociación con los
Estados miembros y los terceros países de los que provenían (y lo siguen haciendo) los
flujos migratorios. En la búsqueda de una correcta articulación entre migración y
desarrollo se incluían algunas medidas de impacto sobre el mercado de trabajo, como
las de explorar las opciones en materia de migración temporal o circular, y tratar de
reducir el impacto de la pérdida de competencia (salida de personal cualificado) en los
sectores vulnerables.
3. Mucho más recientemente, encontramos un adelanto de la nueva política europea en
esta materia en las Comunicaciones de 4 y 24 de mayo, elaboradas al calor de los
acontecimientos políticos y sociales vividos en el norte de África durante los primeros
meses de 2011.
Ahora bien, más que un documento completamente nuevo y con propuestas totalmente
distintas de las que lleva formulando la Comisión desde hace varios años, la
Comunicación de 4 de mayo trata a mi parecer de un texto que recoge todo aquello
hecho hasta entonces, a la par que formula algunas propuestas para adaptarse a la nueva
realidad. La seguridad adquiere un papel de primera importancia en las propuestas de la
Comisión, algo que se comprueba si se repara en las frases que se utilizan y en la
preocupación claramente puesta de manifiesto por evitar la llegada de “grandes
cantidades de inmigrantes irregulares”, y por consiguiente disponer de “un entorno
seguro” y “una gestión eficaz de las fronteras”, con implicación muy estrecha de los
países de origen de la inmigración en la “gestión de los flujos irregulares”, vinculando
las ayudas de la UE al “principio de condicionalidad”. Pero todo ello, y esta es la otra
cara de la moneda, recordando nuevamente que la inmigración (preferentemente
cualificada) es necesaria para los países de la UE, y que hay que poner en marcha una
política de inmigración “basada en procedimientos comunes de admisión y que conceda
un trato justo a los ciudadanos de terceros países” para contribuir a la futura prosperidad
de la UE. Por consiguiente, la Comisión enfatiza que los textos que ahora se presentan
se centran en las regiones que plantean los problemas más inmediatos, pero que la
política de migración de la UE “tiene un planteamiento geográfico global”.
A) La Comunicación dedica una buena parte de su contenido a las políticas de gestión
de la movilidad, agrupadas bajo el rótulo genérico de “trasladarse a un espacio sin
fronteras interiores y vivir en él”, recordando que cada semana (datos de septiembre de
2009) 12,6 millones de personas cruzan las fronteras, de las que “un 73,5 % son
ciudadanos de la UE o personas que gozan de derecho a la libre circulación dentro de la
Unión…, 15,2 % son ciudadanos de terceros países que no necesitan visado…, y el 11,3
% son ciudadanos de países terceros titulares de un visado”. La Comisión apuesta,
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prudentemente, por utilizar al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, con la puesta en marcha de un sistema que permita registrar las entradas y
salidas de territorio europeo (dicho sea incidentalmente, tal posibilidad está recogida en
la normativa española de extranjería) y que completaría el sistema de información de
visados. De esta manera, siempre según la Comisión, se controlaría mejor la estancia de
los titulares de visado y se evitarían las estancias superiores al plazo autorizado, que
son, resalta la Comisión y confirman los datos disponibles para España, “contrariamente
a lo que suele suponerse, la principal fuente de inmigración irregular a la UE”.
La política de movilidad requiere de una política común de visados de la UE y la
Comisión destaca la importancia que ha tenido su puesta en marcha y la mejora de la
gestión de la movilidad. Ahora bien, puede ocurrir que la exención de visado pueda
provocar un riesgo para la seguridad, dar lugar a abusos o al incremento de la
inmigración irregular, y esa ha sido la queja de algunos Estados de la UE con la
actuación de algunos países balcánicos, de tal manera que la UE se propone, y antes ya
lo he apuntado, incorporar una clausula de salvaguardia en el Reglamento de visados,
que permitiría reintroducir temporalmente la obligación de visado para ciudadanos de
terceros Estados que están exentos (la Comisión cita concretamente a Albania, Bosnia y
Herzegovina, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia).
Ahora bien, la dureza por una parte debe ir acompañada por otra de mayor accesibilidad
a los servicios consulares, planteándose la hipótesis de creación de “centros comunes de
solicitud de visados” de los países de la UE.
En concreto, en la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 539/2001 se
plantea la posibilidad de introducir una cláusula de salvaguardia que lleve a la
suspensión de la exención de visado para ciudadanos de algunos países (con una
intervención muy activa de la Comisión que será la que adopte la decisión final) en
estos tres supuestos: un incremento repentino de cómo mínimo el 50 %, en un período
de 6 meses, de ciudadanos de Estados exceptuados de la obligación de presentar visado
y declarados en situación de estancia irregular en el territorio de un Estado miembro, en
relación con los seis meses anteriores; incremento repentino, de cómo mínimo el 50 %
(en los mismos períodos ya referenciados) de las peticiones de demanda de asilo
depositadas por ciudadanos de un tercer Estado y que eran inferiores al 3 % del total
durante los seis meses anteriores; en fin, incremento repentino de cómo mínimo el 50
%, en los mismos períodos, del número de de peticiones de readmisión rechazadas que
un Estado de la UE ha transmitido a un tercer país para sus propios ciudadanos, en
relación con los seis meses precedentes.
B) No aporta especialmente nada nuevo, a mi parecer, la Comunicación respecto a
cómo debe ser la política de inmigración de la UE para facilitar el acceso al mercado de
trabajo de ciudadanos de terceros países en situación regular. Se insiste una vez más, en
un pragmatismo puro y duro, que la inmigración es necesaria desde una perspectiva
económica, ya que hay puestos de trabajo en los distintos Estados que sus nacionales
“no pueden o no quieren ocupar”, y además que la aportación de los inmigrantes
“contribuyen a solucionar los problemas demográficos que se plantean a la Unión”; y
desde otra perspectiva, pero claramente complementaria, se defiende la incorporación
de la inmigración a sectores y puestos de trabajo en los que hay carencia de mano de
obra y de cualificaciones profesionales, tales como el sector sanitario, profesionales de
las tecnologías de la información y comunicación, investigadores en sectores de futuro y
emergentes, etc., pero todo ello con una llamada de atención, que debería ser muy clara,
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nítida y precisa en su aplicación, de que las políticas de la UE sean muy respetuosas
para evitar “una fuga de cerebros de los países en desarrollo”.
C) No se olvida la Comunicación de dedicar un apartado a recordar la importancia de
facilitar protección internacional a las personas que lo necesitan, a través del sistema
europeo común de asilo (se presentaron 257.800 solicitudes en 2010) que es necesario
acabar de completar para que sea plenamente operativo, a la par que potenciar los
programas regionales de protección con los países afectados por la crisis y con la
colaboración de ACNUR, y tener una política de reasentamiento coherente que debería
convertirse, afirma el documento, “en parte integrante de la política de asilo de la UE”.
D) La Comisión ya había expuesto que el documento que es objeto de mi comentario se
dedica fundamentalmente a los países más recientemente afectados por crisis sociales,
pero que la política de inmigración ha de ir mucho más allá de una crisis y requiere de
un planteamiento global, ya abordado en otros textos de la Comisión desde 2005. De ahí
que no sorprenda leer que hay que avanzar en el planteamiento global y definir más
claramente sus objetivos, al objeto de mejorar los tres ámbitos principales de
intervención estratégica y que son “organizar la inmigración legal, reforzar la lucha
contra la inmigración irregular, potenciar al máximo los beneficios mutuos de la
inmigración para el desarrollo”. Pero quizás lo más novedoso del documento
comunitario sobre otros anteriores que han abordado el planteamiento global es que hay
que reforzar las prioridades estratégicas de la UE en materia de inmigración, de las que
se constata que hasta el presente se han centrado de forma prioritaria en África y en el
este y sudeste de Europa, y que ahora deben revisarse “basándose en los intereses
comunes de la UE y de los países terceros, a la vista de los recientes acontecimientos en
Oriente Medio y en el Norte de África”.
El partenariado con los países del sur del Mediterráneo es necesario para abordar la
crisis con perspectiva de futuro, abriendo por una parte la posibilidad de un mayor
acceso de ciudadanos de países afectados por la crisis al territorio europeo y
apoyándolos económicamente para mejorar los niveles educativos y las cualificaciones
profesionales de gran parte de su población, pero al mismo tiempo (principio de
condicionalidad) fijando unas claras reglas del juego respecto a la obligación de estos
terceros Estados de readmitir a los ciudadanos llegados de forma irregular a la UE y
adoptando medidas eficaces de control de sus fronteras que refuercen la lucha contra la
inmigración irregular.
E) Si hubiera que resumir en muy pocas palabras la Comunicación de 24 de mayo
relativa al diálogo para las migraciones, la movilidad y la seguridad con los países del
sur del Mediterráneo, yo diría que se pide a los países africanos más control de sus
ciudadanos y de sus fronteras a cambio de más dinero, de más ayuda económica por
parte de la UE. El texto desarrolla más concretamente las líneas maestras esbozadas en
la Comunicación de 4 de mayo, y pone de manifiesto que la política de inmigración
guarda también conexión con la política europea de relaciones con países vecinos y que
ha sido objeto de una importante Comunicación presentada el día 25 de mayo.
La política propuesta por la UE tiene como punto de referencia inicial los países de
Túnez, Marruecos y Egipto, y con carácter más general se pretende adaptar cada
partenariado a la situación concreta de cada país, afirmándose de forma clara y
contundente que el principio de condicionalidad será eje fundamental del acuerdo, o
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dicho con las palabras del documento, el acuerdo deberá tomar en consideración los
progresos realizados por el Estado africano en los ámbitos de las migraciones,
movilidad y seguridad, así como también en materia de gobernanza. Si el Estado de
donde proviene la inmigración “hace sus deberes”, podrá estudiarse por la UE y sus
Estados miembros la apertura de canales legales de migración para sus ciudadanos y
para las necesidades existentes en el mercado de trabajo europeo, acompañado de
medidas que favorezcan la puesta en marcha de políticas adecuadas de empleo en los
países de emigración, de tal manera que en ambos casos, y preferentemente en el
segundo, mejoraría el nivel de empleabilidad y las perspectivas de los ciudadanos de
dichos países, con atención especial para algunos colectivos específicos como son los
estudiantes, investigadores y empresarios así como también para los supuestos de
migraciones circulares. Ese partenariado podría incluir también medidas de apoyo
económico para los trabajadores extracomunitarios que retornen a su país de origen, así
como el reconocimiento de las competencias y cualificaciones profesionales y
universitarias obtenidas en el país de origen para que tengan validez en el de acogida y
con el que se suscribe el acuerdo de partenariado
4. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta nueva política migratoria plasmada
en la Comunicación de 15 de noviembre? En primer lugar, se destaca la importancia de
reforzar las relaciones entre diversas políticas de la UE (migración, movilidad, política
de visados,…) para regular de forma adecuada la movilidad de nacionales de terceros
países que atraviesan, o tratan de atravesar, las fronteras exteriores de la UE, recordando
en este punto, para destacar la importancia de esta cuestión, que en 2009 se expidieron
alrededor de 11 millones de visados Schengen. Por otra parte, las políticas de visados y
su mayor facilidad de obtención para ciudadanos de algunos Estados han de ponerse en
relación con el cumplimiento por parte de estos de ciertas reglas previas en materia de
asilo, gestión de fronteras y control de la migración irregular. En fin, las políticas de
migración y movilidad han de estar en estrecha relación con la política exterior y los
objetivos de desarrollo de la UE “de una manera coherente e integrada”. En el ámbito
laboral se sigue insistiendo en la necesidad de combinar las necesidades europeas en
materia de mano de obra con una política de integración adecuada de los nacionales de
terceros países, explorando todas las posibilidades para conseguir que la migración
laboral guarde relación con la demanda existente, con una propuesta concreta, y
acertada a mi parecer, sobre la conveniencia de la transferibilidad de los derechos
sociales y de pensión, que “podría facilitar la movilidad y la migración circular y ser un
factor disuasorio para el trabajo irregular, por lo que debería mejorarse”.
Descendiendo del marco general a un mayor grado de concreción, el nuevo enfoque
migratorio debe basarse en cuatro pilares, a los que se concede igual importancia en el
documento:
A) Organización y facilitación de la migración legal y la movilidad, explorando las
posibilidades de complementariedad con los Estados de los que proviene el mayor flujo
migratorio. Con un lenguaje nada diplomático sino tremendamente pragmático desde el
plano económico, se conviene en la necesidad de que los empleadores tengan la
posibilidad de encontrar a “los mejores” para cubrir los puestos de trabajo, y al mismo
tiempo ofrecer más oportunidades de empleo en Europa “para los mejores de cualquier
lugar del mundo”, en el bien entendido, y la referencia aquí es una buena prueba más de
los límites jurídicos existentes para lograr tales objetivos, que debe respetarse
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plenamente “la competencia de los Estados miembros para gestionar sus mercados
laborales”. El documento pasa revista exhaustiva a todo lo hecho hasta ahora en materia
legal para facilitar la migración regular en la UE, y sugiere ampliar las posibilidades de
acceso a la UE de quienes desean estudiar o investigar en territorio europeo, estrechar
las relaciones entre los servicios públicos de empleo de los Estados UE y los de los
países socios, y potenciar la creación de centros de recursos para la migración y
movilidad en los países de origen, en donde, en estrecha relación con el nuevo portal de
integración de la UE, se facilitaría información previa a la partida, “centrándose en la
correspondencia de las cualificaciones, la mejora de las mismas y el dominio de las
lenguas de la UE, en cooperación con los Servicios Públicos de Empleo, las agencias de
la UE y otros interesados”.
B) Prevención y reducción de la inmigración irregular y de la trata de seres humanos,
poniéndose de manifiesto que “sin unos controles fronterizos que funcionen bien y con
unos niveles más bajos de migración irregular, no será posible que la UE ofrezca más
posibilidades de migración legal y movilidad”. La Comisión demanda la plena
aplicación de las Directivas sobre retorno y sanciones a los empleadores que contraten a
trabajadores extranjeros en situación irregular, así como también una utilización plena
de Frontex en la vigilancia de fronteras exteriores, una mayor cooperación sobre la
seguridad de los documentos (véase la reciente Comunicación de 25 de octubre
“Fronteras inteligentes: opciones y caminos a seguir”), y vincular acuerdos de
readmisión a acuerdos de facilitación de visados como parte de la nueva política
exterior de migración de la UE.
Con respecto a Frontex, hay que hacer mención al reciente Reglamento (UE) Nº
1168/2011, del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 que
refuerza sus posibilidades de actuación. En la introducción se afirma que esta agencia
europea, ateniéndose plenamente a la política de la UE en materia de retorno, “debe
garantizar en consecuencia la coordinación o la organización de las operaciones
conjuntas de retorno de los Estados miembros y determinar las prácticas idóneas en
cuanto a obtención de documentos de viaje, así como definir un código de conducta que
debe cumplirse durante la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren
ilegalmente en el territorio de los Estados miembros”. También es obligada la cita de la
propuesta de Reglamento, presentada el 12 de diciembre, sobre la creación de un
sistema europeo de vigilancia de fronteras (Eurosur), que se pretende que esté operativo
en 2013 y con el que se busca “mejorar el conocimiento que tienen los Estados
miembros de la Unión Europea de la situación en las fronteras exteriores, así como su
capacidad de reacción”.
C) Promoción de la protección internacional y potenciación de la dimensión exterior de
la política de asilo; La UE debe potenciar los programas regionales de protección para
fortalecer las capacidades de protección y los sistemas de asilo de los países y regiones
socios, y debe mejorar sus políticas de reasentamiento en colaboración con tales socios.
En este apartado cabe hacer referencia al reciente texto aprobado de refundición de la
Directiva 2004/83/CE de 29 de abril, es decir la nueva Directiva 2011/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se
establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de
terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto
uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y
al contenido de la protección concedida, del que me interesa recordar su artículo 26,
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relativo al acceso al empleo, en el que se dispone que “Inmediatamente después de
conceder la protección, los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios de
protección internacional a realizar actividades económicas por cuenta ajena o por cuenta
propia con arreglo a las normas aplicadas de forma general a la actividad profesional de
que se trate y a los empleos en la administración pública”.
D) En fin, maximizar la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad, con
un amplio campo de actuación para obtener los máximos resultados de las transferencias
de remesas de dinero, los conocimientos técnicos y las innovaciones. Destaco la
importancia que la Comunicación concede a la promoción del código de buenas
prácticas de la Organización Mundial de la Salud sobre la contratación internacional de
personal sanitario, y también a la supervisión de la Directiva “blue card” para atenuar la
fuga de cerebros. Conviene valorar la importancia de las remesas, pero también se
requiere tomar en consideración seriamente los costes sociales de las migraciones “y los
riesgos de las familias de acabar dependiendo de los ingresos procedentes de las
remesas”.
Especialmente importante me parece la referencia, algo más que meramente formal, a
que las políticas migratorias han de centrarse en las personas de los migrantes y el
respeto de sus derechos fundamentales, ya que la gobernanza de la migración “no está
relacionada con flujos, stocks y rutas; se trata de personas”. Dicho en los términos del
documento, el principio de la nueva gestión se basa en que el migrante “es el centro del
análisis y de cualquier actuación y debe poder acceder a una movilidad segura”.
El documento pasa revista a cuales deben ser las prioridades geográficas y qué
instrumentos y cobertura jurídica debe concederse a las distintas relaciones con países
terceros, partiendo de la premisa previa de que las amplias relaciones establecidas entre
la UE y numerosos Estados obliga a redefinir cuáles han de ser aquellas prioridades, que
deben estar en consonancia “con la política exterior de la UE y con la realidad de las
tendencias migratorias hacia la UE y sus Estados miembros”.
De manera muy bien ordenada y estructurada, se destaca que la primera prioridad ha de
ser la Asociación con el Mediterráneo Meridional (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y
Egipto), y con la Asociación Oriental (Ucrania, Belarús, Moldova, Georgia, Armenia y
Azerbaiyán), con una estrecha relación entre migración y movilidad por una parte y
cooperación política, económica, social y de seguridad por otro. En segundo término,
debe contemplarse la relación estratégica UE-África, es decir los 53 estados africanos,
sobre migración, movilidad y empleo, y el llamado “Proceso de Praga” con 19 estados
del este. Se prevén procesos subregionales específicos para el Arica Occidental y para el
cuerno de África (África Oriental), y el abordaje de la llamada ruta de Budapest que
incluye a buena parte de países del Asia central. En fin, cabe pensar en la intensificación
del diálogo entre la UE y los países del grupo de África, Caribe y el Pacífico, por una
parte, y con los de América Latina y la región del Caribe por otra, sin olvidar prestar
atención a las relaciones entre la UE y los países asiáticos.
Junto a los diálogos regionales, el documento prevé un amplio número de diálogos
bilaterales UE- Estados (Turquía y Rusia serían dos buenos ejemplos), y en este terreno
la Comisión apuesta por centrarse en un número relativamente limitado de Estados,
poniendo de relieve que los diálogos bilaterales “complementan los proceso regionales
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y, en la medida de lo posible, deben estar vinculados a acuerdos que abarcan todo el
espectro de la cooperación entre la UE y el país correspondiente”.
Las herramientas para la puesta en marcha del nuevo proceso de migración y movilidad
pueden ser las llamadas “de conocimiento”, “de diálogo” y de “cooperación”; en las
primera se incluyen “perfiles migratorios, instrumentos cartográficos, estudios, informes
estadísticos, evaluaciones de impacto y misiones exploratorias; en lo segundos,
“misiones de migración, seminarios y conferencias”; en los terceros, “capacitación,
plataformas de cooperación, intercambios de expertos, hermanamientos, cooperación
educativa y proyectos y programas focalizados”.
5. Concluyo. Buena lectura de todos los documentos citados en esta entrada, al objeto
de conocer mejor una realidad cada vez más compleja. Para acabar, destaco esa
complejidad en el ámbito laboral español con datos de la Encuesta de Población Activa
del INE recogidos en un reciente artículo publicado en el Boletín Económico del Banco
de España sobre la evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de este año. En
2008 la población activa extranjera creció un 10,8 %, en 2009 un 3,2 % y en 2010 se
redujo en 0,6 %, descenso que llega al 2,3 % en el tercer trimestre de este año. La
población ocupada creció aún un 5,2 % en 2008 pero se redujo en un 10,1 % en 2009 y
en 3,2 % en 2010, siendo la disminución del 8,6 % en el tercer trimestre con respecto al
anterior. En fin, la tasa de desempleo ha experimentado un importante aumento, desde
el 17,5 % de 2008 al 28,4 % en 2009 y el 30,2 % en 2010, alcanzándose la preocupante
cifra del 32,7 % en el tercer trimestre de 2011.