LA POLTICA DEL GATOPARDO. .MULTICULTURALISMO Y DEMOCRACIA EN OAXACA

Tras el levantamiento zapatista en el vecino estado de Chiapas el gobier-no de Oaxaca impuls reformas legales e institucionales en materia de derechos indgenas, una de las cuales fue el reconocimiento de los "usos y costumbres" en materia electoral. Las normas y prcticas comunitarias de nombramiento de las autoridades municipales fueron incorporadas a la legislacin electoral en 1995, reforma que cre una nueva frontera normativa y simblica entre una mayora de municipios en los cuales los partidos polticos no intervienen directamente en el proceso electoral y aquellos donde las elecciones pasan por la competencia abierta entre candidatos registrados por los partidos. Este libro analiza las razones que han conducido al gobierno a reconocer lo que hasta esa fecha haba quedado en la informalidad; tambin analiza los efectos polticos de dicho reconocimiento en los municipios de Oaxaca, durante una dcada de aplicacin de esa atpica legislacin electoral. El autor muestra cmo, lejos de garantizar la reproduccin de un sistema de dominacin regional articulado en torno al PRI, el reconocimiento de los usos y costumbres ha acelerado la crisis de los mecanismos tradicionales de mediacin y de representacin poltica. La transicin oaxaquea es interpretada en toda su complejidad y ambigedad: la permanencia -e incluso la profundiza-cin- de lgicas clientelares y caciquiles coexiste con la eclosin de espacios locales de deliberacin democrtica.

David Recondo es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundacin Nacional de Ciencias Polticas (cERI-Sciences Po/cNRs, Pars, Francia) e investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos icrmcA, Mxico, D F.).

'

L 11.

715, ta .,kat

;;; ;1:a n k . 4 . ,koln.' AlA Y.

fY

o

o a.

David Recondo

LA POLTICA DEL GATOPARDO. LTURALISMO Y DEMOCRACIA EN OAXACA

PUBLICACIONES DE LA CASA CHATA

N-002519

.;t* r . C

r

,t 1

ANTROPOLOGAS HISTORIAS LENGUAJES SOCIOLOGA

N-002519 324.27274 R548P RECONDO, DAVID.

CIE.SaS LA POLITICA DEL GATOPARDO. MULTICULTURALISMO ..

'TOR

OE NOMBRE DEL SOLICITANTE

VTO

La poltica del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca

::17 10 TECA ----

CC;w 1,1E3TE

PU131.1CACIONES DE LA CASA CHATA

La poltica del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca

David Recondo

aEsas

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social (clases)

Virginia Garca Acosta Directora General

Mara Bertely Busquets Directora Acadmica

dgar Garca Valencia Subdirector de Difusin) Publicaciones

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cEMcA)

Odile Hoffman Directora General

JoElle Gaillac Directora de Publicaciones

Imagen de portada a partir de fotografa de David Recondo: nombramiento de autoridades municipales, San Agustn Loxicha, 1988.

Diseo de portada: Gabriel Salazar

Primera edicin: 2007

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social (ciEsAs) Hidalgo y Matamoros s/n Col. Tlalpan, C.P. 14000, Mxico, D. E difusin@ciesas.edu.mx

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cEmcA) Sierra Leona 330, Lomas de Chapultepec 11000 Mxico, D.E http: //www.cemca.org.mx

ISBN 968-496-633-4 ISBN 978-968-496-633-8

Impreso y hecho en Mxico

ndice

Siglas y acrnimos 13

Introduccin 21 Mxico: el debate nacional en torno a las autonomas indgenas y la legalizacin de los usos y costumbres 23

Algunas preguntas iniciales 26 La estrategia del gatopardo: "cambiarlo todo para que todo siga igual" 28 El parto doloroso de un nuevo orden poltico 30 Un enfoque comparativo 31 El periodo estudiado 33 Plan del libro 34

PRIMERA PARTE LA CRISIS DE LA COMUNIDAD REVOLUCIONARIA

INSTITUCIONAL

Captulo 1. Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 39

La comunidad revolucionaria institucional: una subversin del gobierno indgena 39

La infiltracin cardenista de las comunidades indgenas . 40

324.27274 R548m Recondo, David

La poltica del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca / David Recondo ; traduccin de Josefina Anaya. -- Mxico : Centro de de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social : Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2007. 488 p. ; 23 cm. -- (Publicaciones de la Casa Chata)

Incluye bibliografa ISBN 978-968-496-633-8

1. Indios de Mxico - Oaxaca - Condicin jurdica, leyes, etc. 2. Democracia - Mxico - Oaxaca. 3. Multiculturalismo. 4. Indios de Mxico - Oaxaca - Politica y gobierno. 5. Indios de Mxico - Oaxaca -Procesos polticos. I. t. II. Anaya, Josefina, trad. III. Serie.

(#.1 1 3 q 62 ) 329 . 2 9-2,9-9 /2- SYS'e

ndice 9 8 David Recondo

El PRI y las comunidades en Oaxaca 43 La costumbre: reproduccin e hibridacin de las instituciones comunitarias de la poca colonial a la Revolucin 47

La jerarqua de los cargos civiles y religiosos 47 El origen de las instituciones comunitarias 51

Caciquismo y simulacin jurdica: la integracin clientelista de las comunidades 57

Los caciques indgenas 58 Los caciques mestizos 66 Los maestros rurales 67

La ley y la simulacin: el reconocimiento tcito de los usos y costumbres 72

Pequeas componendas con la ley 72 El pacto clientelista 78

Captulo 2. El surgimiento de un actor poltico indgena 83 La crisis del modelo de integracin nacional populista 84

Del indigenismo de integracin a la gestin de la etnicidad 87 lite indgena y poltica indianista 99

La conciencia de identidad 99 Organizaciones indianistas y reivindicacin de autonoma: el caso del Codremi-Asam 107

Captulo 3. El fin de la paz revolucionaria: multipartidismo y conflictos comunitarios 121

Las reformas electorales federales: en busca de una legitimidad perdida 121

La reforma de 1977: la apertura de nuevos espacios de representacin 122

La reforma municipal de 1983 127 Las reformas de 1990 y 1996: la consolidacin de instituciones electorales autnomas 129

Movimiento universitario, crisis poltica y reforma electoral en Oaxaca 133

El conflicto universitario (1974-1978) 133 Las reformas electorales de 1978 y 1984 en Oaxaca 137

Elecciones municipales en el estado de Oaxaca: el avance de la oposicin y la multiplicacin de los conflictos electorales 140

Disidentes y opositores: las fisuras de la hegemona prista 140 El ocaso de las "planillas nicas" 147 Los riesgos de ingobernabilidad 153

Captulo 4. La poltica del gatopardo: el reconocimiento de los usos y costumbres

171 Los antecedentes jurdicos: el reconocimiento constitucional de la plurietnicidad

172 Las reformas de Heladio Ramrez Lpez (1986-1992) 173 La reforma del Artculo 4 constitucional: entre legitimacin y compensacin 180 El contexto poltico de la reforma: la rebelin zapatista en Chiapas 186

La costumbre convertida en ley: la invencin de un sistema electoral dual

199 El nuevo indigenismo de Didoro Carrasco Altamirano (1992-1998) 200 La reforma electoral de 1995: la negociacin de las reglas del juego poltico 206 La nueva reglamentacin de los usos y costumbres

236

ndice 11 10 David Recondo

SEGUNDA PARTE LA INVENCIN PARADJICA DE LA DEMOCRACIA

Captulo 5. Las nuevas fronteras de la poltica local 253

Partidos polticos o usos y costumbres? La definicin del rgimen electoral municipal 253

El reparto negociado de las municipios 254

Municipios hbridos, fronteras porosas 262

La restauracin de los usos y costumbres 274

Cul costumbre? La definicin de los procedimientos consuetudinarios 284

Captulo 6. Los usos polticos de la costumbre 287

La competencia exacerbada por el control de los recursos municipales 287

La pirmide invertida del poder municipal 288

La disputa por el poder municipal 292

La consolidacin de los poderes perifricos 300

El poder electoral de las autoridades municipales 301

Los usos estratgicos de la costumbre 311

La crisis de las mediaciones polticas 314

El fin del monopolio prista del arbitraje electoral 314

La fragilidad de los nuevos mecanismos de arbitraje 320

La intervencin encubierta de los partidos polticos 324

La mediacin de las organizaciones independientes 330

Captulo 7. La costumbre contra la democracia 337

La costumbre al servicio de los caciques 338 La asamblea manipulada: el caso de Santiago Ixtayutla. 1998-2000 339

La costumbre contra los opositores: el caso de San Agustn Chayuco 341 La reproduccin del pacto clientelista 344

El consenso contra el voto: las ambigedades de la democracia comunitaria 350

La persecucin de los partidos: nostalgia de la unanimidad e intolerancia poltica 354 Voto comunitario y sufragio universal: algunas diferencias prcticas 358 El peso de los cargos: los lmites del gobierno comunitario 372

Captulo 8. Costumbres para la democracia 383 La reinvencin de los usos y costumbres 383

Actores identitarios, actores del cambio 384 La asamblea contra los caciques 391 La revisin crtica de las costumbres 396

La formacin de un sistema electoral hbrido 399 El conflicto, revelador de una recomposicin poltica 400 La produccin negociada de nuevas reglas del juego 403

Usos y costumbres y democracia electoral: algunas "afinidades electivas" 407

En el origen: el voto 408 Individuo y comunidad: un equilibrio constantemente renegociado 413 Civismo comunitario y ciudadana democrtica: una misma tica de responsabilidad 423

La aclimatacin de la democracia electoral 429 Boicot de las elecciones y compra del voto: los senderos inusitados de la democracia electoral 429

La pluralizacin del voto indgena 436

ACO: AGN: ANIPA: ANPIBAC: APPO: ARIC: Asam: Asaprom: Azachis: CAMPO: CAR-Asam:

Cedipio: CEN: CEMCA: CEPCO: CERI: CIESAS:

CIMECH:

CIOAC: CIPO-RFM:

Asamblea Ciudadana Oaxaquea Archivo General de la Nacin Asamblea Nacional Indgena Plural por la Autonoma Alianza Nacional de Profesionistas Indgenas Bilinges, A.C. Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca Asociacin Rural Indgena de Inters Colectivo Asamblea de Autoridades Mixes Asamblea de Productores Mixes Asamblea de Autoridades Zapotecas y Chinantecas Centro de Apoyo a los Movimientos Populares de Oaxaca Comisin de Apoyo y Relaciones de la Asamblea de Autoridades Mixes Centro de Desarrollo de la Pastoral Indgena de Oaxaca Comit Ejecutivo Nacional Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos Consejo Estatal de Productores de Caf de Oaxaca Centre d'tudes et de Recherches Internationales Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social Centro de Investigaciones Humansticas de Mesoamrica y el Estado de Chiapas Central Independiente de Obreros Agrcolas y Campesinos Consejo Indgena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magn

12 David Recondo

La eleccin de gobernador: la evolucin de 1992 a 2004 . . 437 Las elecciones presidenciales de 1994 a 2006 440 Las elecciones legislativas federales de 1994 a 2006: retroceso constante del PRI 443

Conclusin 449 Eplogo. 2006: el ocaso de un rgimen 457

El magisterio, la APPO y las elecciones federales 458 La APPO: un espacio poltico heterogneo 462 Ulises Ruiz y el "nuevo federalismo" mexicano

465 El ltimo suspiro del gatopardo

467

Bibliografa 471

Siglas y acrnimos

[13]

14 David Recondo

CNC: Confederacin Nacional Campesina CNCA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CNDH: Comisin Nacional de los Derechos Humanos CNOP: Confederacin Nacional de Organizaciones Populares cNbA: Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPI: Consejo Nacional de Pueblos Indios

COCEI: Coalicin Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEO: Coalicin Obrera Campesina Estudiantil de Oaxaca Coconal, S.A.: Compaa Constructora Nacional, Sociedad Annima Cocopa: Comisin de Concordia y Pacificacin Codeco: Comit Organizador y de Consulta para la Unin de los

Pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca CODEP: Comit de Defensa Popular de Putla Codremi: Comit Coordinador para la Defensa de los Recursos

Naturales, Humanos y Culturales de la Regin Mixe COFIPE: Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Colmex: Colegio de Mxico Conasupo: Compaa Nacional de Subsistencias Populares Coplade: Comit de Planeacin para el Desarrollo del Estado [diferente

en nota 64, cap. 5] Coplamar: Coordinadora General del Plan Nacional para las Zonas

Deprimidas y Grupos Marginados CTM: Confederacin de los Trabajadores de Mxico DAI: Departamento Autnomo de Asuntos Indgenas ENAH: Escuela Nacional de Antropologa e Historia EPR: Ejercito Popular Revolucionario EZLN: Ejercito Zapatista de Liberacin Nacional FDN: Frente Democrtico Nacional FNSP: Fondation Nationale des Sciences Politiques FEO: Federacin Estudiantil Oaxaquea FCE: Fondo de Cultura Econmica

Siglas y acrnimos 15

FIOB: Frente Indgena Oaxaqueo Binacional FLN: Fuerzas de Liberacin Nacional FMI: Fondo Monetario Internacional Foesca: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (Oaxaca) FUDT: Frente Unido para la Defensa de Tlacolula IEE: Instituto Estatal Electoral (Oaxaca) IHEAL: Institut des Hautes tudes de l'Amrique Latine IFE: Instituto Federal Electoral

Instituto de Investigaciones Sociales (UNAN) Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores III: Instituto Indigenista Interamericano IOC: Instituto Oaxaqueo de las Culturas INAH Instituto Nacional de Antropologa e Historia

INI: Instituto Nacional Indigenista LFOPPE: Ley Federal de Organizaciones Polticas y Procesos Electorales LGDJ: Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence LOPPEO: Ley de Organizaciones Polticas y Procedimientos Electorales

de Oaxaca MNI: Movimiento Nacional Indigenista MRM: Movimiento Revolucionario del Magisterio MSF: Movimiento Sindical Ferrocarrilero MTD: Movimiento por la Transicin Democrtica MULT: Movimiento de Unificacin y Lucha Triqui Nioax: Nueva Izquierda de Oaxaca OCEZ: Organizacin Campesina Emiliano Zapata Odrenasij: Organizacin de Defensa de los Recursos Naturales y

Desarrollo Social de la Sierra Jurez OIDHO: Organizaciones Indgenas para la Defensa de los Derechos

Humanos de Oaxaca OIT: Organizacin Internacional del Trabajo

16

ONU: OOCEZ: PAN:

Panal: PARM:

PC: PCM: PDM:

PFCRN: PMT: PNR:

PPM:

PPS: PRD:

PREM:

PRI: PRM:

PROCUP:

Pronasol: PRT:

PST: PSUM: PT:

PUF:

PUP:

SAM: SEP: Ser, A.C.: SNTE:

David Recondo

Siglas y acrnimos 17

Organizacin de las Naciones Unidas Organizacin Obrero-Campesina Emiliano Zapata Partido Accin Nacional Partido Nueva Alianza Partido Autntico de la Revolucin Mexicana Partido Cardenista Partido Comunista Mexicano Partido Democrtico de Mxico Partido del Frente Cardenista para la Reconstruccin Nacional Partido Mexicano de los Trabajadores Partido Nacional Revolucionario Partido del Pueblo Mexicano Partido Popular Socialista Partido de la Revolucin Democrtica Plan de Reordenamiento Econmico Mixe Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolucin Mexicana Partido Revolucionario Obrero-Campesino "Unin del Pueblo" Programa Nacional de Solidaridad Partido Revolucionario de los Trabajadores Partido Socialista de los Trabajadores Partido Socialista Unificado de Mxico Partido del Trabajo Presses Universitaires de France Partido Unidad Popular Sistema Alimentario Mexicano Secretara de Educacin Pblica Servicios del Pueblo Mixe, Asociacin Civil Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin

Suterm:

TEPJF:

Tri fe: UABJO: UAP: UCD: UCIRI: UCIZONI: UNESCO:

UG: UNICACH: Unosjo:

Sindicato nico de Trabajadores Electricistas de la Repblica Mexicana Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin Tribunal Federal Electoral Universidad Autnoma Benito Jurez de Oaxaca Universidad Autnoma de Puebla Unin Campesina Democrtica Unin de Comunidades Indgenas de la Regin del Istmo Unin de Comunidades Indgenas de la Zona Norte del Itsmo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Universidad de Guadalajara Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Unin de Organizaciones de la Sierra Jurez de Oaxaca

A Gloria, Emilio y Matteo. A todos los que hicieron posible este libro.

002519 Introduccin

Se vogliamo che tutto rmanga come bisogna che tuno cambi.

GUIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA

EL GATOPARDO

En el contexto muy mediatizado de la rebelin zapatista de enero de 1994 en Chiapas, y una vez dados los primeros pasos en las negociaciones de paz entre los representantes de la guerrilla y los del gobierno, el debate en torno a los derechos de los pueblos indgenas cobr en Mxico un impulso sin preceden-tes, mucho mayor incluso que los debates que surgieron en ocasin de la conmemoracin de los quinientos aos del "encuentro de dos mundos", en 1992. La reforma constitucional con la que se reconoci la "composicin pluricultural de la nacin mexicana", impulsada por el presidente Carlos Sa-linas de Gortari desde 1991 (a dos aos de que el Senado aprobara el Conve-nio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo sobre los derechos de las minoras), dio lugar, desde entonces, a muchas discusiones en torno a lo que debi representar la reparacin legal de una injusticia histrica: la nega-cin de la especificidad cultural de los pueblos originarios y del papel que han tenido en la construccin de la nacin. En 1994 los dirigentes del Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EzLN) retoman las reivindicaciones de mu-chas organizaciones indgenas que se formaron desde finales de los aos se-tenta y que centraron sus movilizaciones en la exigencia de un derecho a la diferencia y en el rechazo de las polticas asimilacionistas practicadas hasta entonces por el Estado. La cuestin de las autonomas indgenas se retorna en mltiples foros en los que participan dirigentes indgenas, antroplogos y representantes de organizaciones sociales y polticas.

En concomitancia con la tendencia mundial al multiculturalismo, el de-bate en torno al reconocimiento del derecho a la diferencia tiene particular eco en Oaxaca, estado vecino a Chiapas en el sureste mexicano. Oaxaca es, en efecto, una de las regiones donde se concentra el mayor nmero de ind-genas. Fue tambin semillero de dirigentes indgenas y organizaciones socia-les que han elevado la voz desde los aos ochenta, en el plano nacional y a veces tambin en el internacional. Es sobre todo ah donde se promueven las primeras reformas constitucionales que hacen referencia a los derechos de las comunidades indgenas, incluso antes de que medidas semejantes se toma-ran en el plano federal.

En tanto que la cuestin indgena es objeto de centenares de discursos, art-culos, programas televisivos, libros, etc., el 31 de agosto de 1995 el Congreso de Oaxaca vota una reforma a la ley electoral local, destinada a reglamentar los usos y costumbres aplicados por las comunidades en la eleccin de sus autoridades municipales. Se trata de una reforma innovadora en el pas, pues no obstante que el reconocimiento de las costumbres indgenas est inscrito en la Constitu-cin local desde 1990, y en la federal desde 1992, nunca haba dado lugar a una verdadera legislacin. La incorporacin en el cdigo electoral local de los pro-cedimientos electorales consuetudinarios en las comunidades marca un primer paso en la reglamentacin de los derechos, que hasta entonces, slo haban te-nido carcter declaratorio. El derecho a la diferencia se encarna aqu en una ley que se aplic en las elecciones municipales a partir de 1995.

Aun cuando en todo el continente existen otras experiencias de legislaciones particulares en materia de gobierno local y de representacin poltica relativas a los pueblos indgenas (Colombia, Bolivia y Ecuador), sta es una reforma sin precedentes en un pas donde la tradicin jurdica heredada del siglo xix se ha opuesto ferozmente al reconocimiento de derechos especficos segn los criterios tnicos o culturales. Siguiendo un modelo republicano inspirado, en parte, en Francia, la ley debe ser general y universal, y no puede establecer distinciones entre diferentes tipos de ciudadanos. La legislacin de procedimientos electo-rales particulares, que contradicen en gran medida los preceptos aplicados en el

resto de las elecciones (en particular el carcter secreto, universal e individual del voto), se presenta as como una excepcin histrica.

MXICO: EL DEBATE NACIONAL EN TORNO A LAS AUTONOMAS INDGENAS Y LA LEGALIZACIN

DE LOS USOS Y COSTUMBRES

En la repblica mexicana, la reforma puesta en prctica en Oaxaca suscita desde el comienzo una viva polmica. Suele citarse como ejemplo en un debate que confronta a partidarios y detractores de la autonoma. Para los primeros, la le-gislacin de las costumbres no puede ms que favorecer la expansin de una democracia comunitaria considerada superior a la de los partidos polticos. Ade-ms de los dirigentes de las principales organizaciones indgenas del pas, inte-lectuales como el filsofo Luis Villoro,' el historiador Miguel Len Portilla' y el antroplogo Hctor Daz-Polanco 3 defienden esta posicin. Con argumentos sensiblemente diferentes, conciben la autonoma como una legtima demanda de los pueblos indgenas, que, lejos de desembocar en el separatismo, debera garantizar la unidad nacional en el respeto a la diversidad. Todos consideran el reconocimiento legal de las formas comunitarias de organizacin poltica como un primer paso hacia esta autonoma reconciliadora, aunque no siempre estn de acuerdo en los niveles o la extensin territorial que deba tener. 4

Para los otros, por el contrario, la autonoma corre el riesgo de conducir a una mayor segregacin de los indgenas. Legalizar las costumbres es tanto

Luis Villoro, "En torno al derecho de autonoma de los pueblos indgenas", en Patricia Galeana, (coord.), Cultura y derechos de los pueblos indgenas de Mxico, pp. 161-184.

2 Miguel Len-Portilla, "La antigua y la nueva palabra dlos pueblos indgenas", en Patricia Galea-na (coord.), Cultura y derechos de los pueblos indgenas de Mxico, pp. 21-47.

3 Hctor Daz-Polanco, La rebelin zapatista y la autonoma. 4 Algunos autores piensan que la autonoma debe ser reconocida y promovida ante todo en el plano

comunitario o municipal, y otros que debe concebirse en un plano regional.

22 David Recondo I Introduccin 23

24 David Recondo 1 Introduccin 25

como institucionalizar la discriminacin y no puede ms que conducir a con-flictos y a la violencia tnica. Personalidades de sensibilidad poltica bien dife-rente se codean en esta crtica de la autonoma y la legalizacin de las costumbres. Entre ellos figuran intelectuales cercanos al gobierno, como el constitucionalis-ta Ignacio Burgoa Orihuela, el jurista Jos Luis Soberanes o el escritor y ex se-nador del PRI Andrs Henestrosa, u otros, que provienen de la izquierda, como Roger Bartra. 5 Sin embargo, sus argumentos no son los mismos.

Los primeros consideran que la autonoma sera anticonstitucional y que crear privilegios particulares (fueros) a favor de los indgenas contradice el carcter gen, al y universal de la ley. Su discurso es similar al del ex presiden-te de la repblica Ernesto Zedillo Ponce de Len (1994-2000), cuando ha-blaba de los peligros de una "balcanizacin".

Los segundos recurren a argumentos ms directamente polticos: las cos-tumbres son de ndole autoritaria, legalizarlas equivale a reforzar el rgimen instalado. Sobre todo Roger Bartra advierte contra la legitimacin de estas formas de gobierno fundamentalistas, discriminatorias y corporativas que, lejos de expresar una democracia directa cualquiera, forman parte de un "vie-jo modelo autoritario". 6 En un escrito ilustrado con ejemplos tomados de la etnografa, se dedica a demostrar el origen colonial de instituciones y prcti-cas que a menudo se erigen en smbolos de una identidad indgena precolom-bina. Su conclusin es categrica:

Los sistemas normativos indgenas o lo que queda de ellos son formas colo-niales poltico-religiosas de ejercicio de la autoridad [...] profundamente infil-tradas y hbilmente manipuladas por los intereses de mestizos o ladinos y por la burocracia poltica de los gobiernos posrevolucionarios con el fin de estabilizar la hegemona del Estado nacional en las comunidades indgenas. 7

5 Roger Bartra, "Violencias salvajes: usos, costumbres y sociedad civil", en R. Bartra, La sangre y la

tinta. Ensayos sobre la condicin postmexicana, pp. 27 -40. 6 Ibid., pp. 33-39.

7 Ibid, p. 34,

Para el autor, otorgarles reconocimiento legal a los usos y costumbres equivale a crear un rgimen de "patronazgo cultural segregador". 8 Lejos de contribuir a la democratizacin del rgimen, con semejantes medidas se corre el riesgo de engendrar ms conflictos y violencia. El autor apela, pues, a "re-formar las costumbres", ms que a conservarlas, con el fin de asegurar "la expansin de una sociedad civil basada en la libertad individual y la demo-cracia poltica"? El tono es polmico. Su impacto en los medios "pro-zapa-tistas" es fulgurante; stos se han agrupado en la defensa sin concesiones de las autonomas indgenas.

Este debate suscita argumentos fcilmente reduccionistas. Y adems remi-te a un problema ms profundo. El anlisis de las polticas de reconocimiento tiende, con demasiada frecuencia, a cerrarse en razonamientos normativos. En el mejor de los casos, es de la incumbencia de la filosofa poltica. Slo que la mayor parte de las veces se basa en juicios ideolgicos ms que en un verdade-ro examen de la realidad. En cuanto al tratamiento institucional de la diversi-dad cultural, solamente el estudio de casos concretos permite escapar de los dilemas binarios en los que rematan sistemticamente las discusiones en torno a los valores intrnsecos de las polticas del multiculturalismo.

La reforma sobre losuos y costumbres en Oaxaca ilustra perfectamente los retos que plantean las polticas de reconocimiento en un contexto de cambio poltico. Este caso regional es rico en enseanzas sobre las ambigedades de las medidas tendentes a reflejar la diversidad cultural en las instituciones pblicas. Examinarlas es tanto ms decisivo cuanto que el Congreso federal aprob, el 14 de agosto de 2001, una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indgenas. sta atribuye a los estados de la federacin la responsa-bilidad de legislar a favor de los indgenas. El EZLN y las organizaciones ind-genas representadas en el Congreso Nacional Indgena (foro independiente del gobierno), desaprobaron violentamente la reforma federal. Reprochan a los

Ibid., p. 38. 9 Ibid., p. 40.

26 David Recondo Introduccin 27

legisladores haber "traicionado" los acuerdos de San Andrs Larrinzar en va-rios puntos, entre ellos el reconocimiento de las formas de eleccin de las au-toridades municipales. En este terreno la experiencia de Oaxaca suele citarse como ejemplo de una de las reformas ms "avanzadas" en las que sera conve-niente inspirarse para legislar en el resto de la federacin.

Nos ocuparemos aqu del anlisis de la gnesis y los efectos polticos de la reforma emprendida en el estado de Oaxaca. El inters es doble: por una parte, se trata de una reforma nica en muchos sentidos, pero representativa de una serie de polticas de reconocimiento' que los gobiernos han puesto en prctica en todo el continente americano. El que tenga una aplicacin muy concreta y el que no se reduzca a mera retrica permite a la vez evaluar el entramado de estas polticas multiculturalistas y medir sus lmites y sus contradicciones. Por otra parte, una reforma como sta rebasa de lejos el mero dominio del derecho de las minoras o de los pueblos autctonos y remite a las transformaciones que sufre el sistema poltico mexicano en su conjunto. En este sentido, nos permite abordar indirectamente la problemtica ms general de la democratizacin en un contexto marcado por una gran diversidad social y cultural.

ALGUNAS PREGUNTAS INICIALES

Al mismo tiempo que trataremos de marcar una distancia crtica respecto del debate ideolgico, intentaremos responder a estas preguntas elementales: por una parte, por qu las reformas en torno a los derechos de los indios tienen lugar en Oaxaca a inicios de los aos noventa, y no en otros lugares del pas? Por qu se reglamenta aqu aquello que en cualquier otro lugar se queda en un nivel puramente simblico y declarativo? Y, sobre todo, por qu se decidi oficializar, en este momento preciso, prcticas consuetudinarias que el Estado se content con tolerar (y con utilizar en su provecho) durante decenios? Por

' Retomamos la expresin empleada por Charles Taylor en C. Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition.

otra parte, cules son los efectos que semejante legislacin produce sobre el proceso de cambio poltico por el que pas en general est pasando, y en parti-cular Oaxaca? Semejante reforma afecta profundamente el sistema de relacio-nes que se ha tejido hasta ahora entre las comunidades indgenas y el Estado? Contribuye a mantener un statu quo poltico, o bien, por el contrario, implica una revisin del modo de dominacin establecido a partir de la Revolucin, en los aos veinte y treinta? En otras palabras, la legislacin de las costumbres electorales indgenas favorece la preservacin de un sistema poltico corporati-vista dominado por un partido hegemnico (el PRO, o bien forma parte del proceso de democratizacin que se est dando en el plano nacional?

Para contestar a estas preguntas analizaremos, en primer lugar, el contex-to histrico y poltico, las estrategias de los actores que participan en la ela-boracin de la agenda de la reforma electoral, y las vicisitudes de la negociacin de nuevas reglas del juego poltico. En segundo lugar, analizaremos la aplica-cin de la reforma en el plano municipal y las nuevas dinmicas polticas que induce. Buscaremos comprender en qu consiste la particularidad de las prc-ticas consuetudinarias que la ley reconoce, y cmo los actores locales (faccio-nes polticas, dirigentes comunitarios, autoridades municipales, partidos y organizaciones sociales) perciben la reforma y se la apropian.

Para ello partiremos de una definicin sencilla aunque provisional de la nocin de "usos y costumbres". sta abarca el conjunto de normas y prc-ticas que regulan la designacin de las autoridades municipales y el ejercicio del gobierno local en una tercera parte de los municipios del estado de Oaxaca (418 de 570). Se trata de prcticas de tipo comunitario que se basan en un imperativo de servicio a la colectividad al que, tericamente, estn sujetos todos los habitantes adultos o casados de un pueblo. El servicio comunitario est articulado en torno a una jerarqua de funciones o "car-gos"," que cada individuo debe cubrir alternadamente y de manera ascen-

La nocin de cargo remite a la idea de "carga", en sentido estricto. Se trata de una funcin pblica atribuida a un miembro de la comunidad durante un periodo variable. Esta funcin es obligatoria y, con la mayor frecuencia, no remunerada.

28 David Recondo Introduccin 29

dente durante toda su vida. En general, la designacin de las autoridades locales se realiza sin la intervencin directa de los partidos polticos. La eleccin se hace en asambleas que renen a un nmero variable de "ciuda-danos" que adquirieron el derecho a participar por haber cumplido con su servicio comunitario.

En la mayora de los 418 municipios mencionados (de un total de 570), el voto es pblico y sigue variadas modalidades (alzando la mano, formndo-se detrs del candidato favorito, por aclamacin, por anotacin en un piza-rrn, con boletas y urnas, etc.). Estas modalidades tradicionales de eleccin y de gobierno se basan en un principio de consenso, pero evidentemente abarcan un conjunto complejo de relaciones de fuerza, de intereses y de riva-lidades entre familias o facciones que rompe con la imagen idealizada que suelen dar de l los antroplogos o los propios dirigentes indgenas.

En un segundo nivel de anlisis dedicaremos nuestra atencin al juego poltico en el interior de este marco "tradicional", directamente afectado por la consolidacin del multipartidismo a nivel federal. Intentaremos evaluar la incidencia de la nueva reglamentacin electoral en la poltica local y en sus formas de articulacin con la poltica regional y nacional.

LA ESTRATEGIA DEL GATOPARDO: "CAMBIARLO TODO PARA QUE TODO SIGA IGUAL" 12

La legalizacin de las costumbres electorales refleja la convergencia de inten-ciones y de estrategias contradictorias. En tanto que decisin poltica, corres-ponde a una estrategia de legitimacin puesta en marcha por el gobierno de Oaxaca para evitar el contagio del conflicto chiapaneco y frenar el progreso de la oposicin (es lo que llamaremos la "estrategia del gatopardo"). Pero la

12 Tomamos la expresin de la novela del Italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo, publicada en 1958. La cita original es: "Se vogliamo che turro rimanga come , bisogna che tutto cambi".

reforma no es producto de la accin de un solo sector. Partidos de oposicin, organizaciones indgenas y autoridades municipales se movilizan buscando cada uno orientar en su provecho el cambio poltico. La aplicacin de la nueva legislacin conlleva efectos tan contradictorios como las razones que motivaron su creacin. Lejos de garantizar un statu quo poltico, la oficializa-cin de las costumbres implica nuevos conflictos y acenta la descomposicin del modo de dominacin instalado despus de la Revolucin, en los aos treinta. Parece surgir a nivel local un nuevo orden poltico, incierto, ambiva-lente, un orden que pasa principalmente por la recomposicin interna de las comunidades y la produccin negociada de una nueva costumbre.

Las polticas de reconocimiento son mucho ms que un simple "acomo-do" de la diversidad cultural. Detrs de los objetivos anunciados de fortale-cimiento de la unidad en la diversidad, se esconden juegos de poder. La legislacin de las costumbres dice mucho sobre la crisis por la que atraviesa el rgimen prista desde finales de los aos 80, y sobre los intentos de poner-le remedio. Los usos y costumbres son inseparables del modo de dominacin que se instal despus de la Revolucin. Las comunidades indgenas fueron integradas poco a poco al sistema poltico nacional articulado en torno al partido hegemnico, el PRI. Lo que llamaremos la "comunidad revoluciona-ria institucional" 13 asegura la reproduccin de un cierto espacio de autono-ma local, al mismo tiempo que afianza la reproduccin del sistema de Estado-partido. El principio tradicional de concenso es indisociable de la unidad del partido oficial y de su relacin simbitica con el Estado. ste estableci con las comunidades una especie de pacto clientelar: el Estado respeta las costumbres locales y garantiza la integridad territorial de las co-munidades indgenas y a cambio las comunidades prestan apoyo masivo e incondicional al partido oficial en todas las elecciones. A partir de los aos

13 Retomamos la expresin acufiada por Jan Rus en "La comunidad revolucionaria institucional: la subversin del gobierno indgena en los Altos de Chiapas, 1936-1968", en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (eds.), Chiapas. Los rumbos de otra historia Mxico, pp. 251-277.

ochenta, este arreglo implcito es trastocado por una crisis generalizada del rgimen prista. Los partidos de oposicin progresan y un movimiento in-dgena fragmentado pero revivificado por la rebelin zapatista de 1994, ame-naza el equilibrio de las fuerzas que garantizan al PRI el monopolio del poder. Ante este peligro, el rgimen v en la legalizacin de las costumbres una manera de reproducir, bajo una nueva forma ("cambiarlo todo"), el antiguo pacto clientelar ("para que todo siga como est").

Esta primera lectura debe matizarse de inmediato para restituir la com-plejidad de una reforma institucional que no responde solamente a las mo-tivaciones del gobierno. El reconocimiento de las costumbres resulta de una convergencia de intereses antagnicos. Cada uno de los actores de la poltica local y regional le apuesta a los usos y costumbres: las organizaciones ind-genas quieren consolidar las autonomas locales, liberadas de toda forma de control corporativista; los partidos de oposicin creen poder cortar el cordn umbilical que une a las comunidades con el Estado; las autoridades munici-pales y las diferentes facciones de las lites locales, segn su posicin, com-piten para imponer una interpretacin de la costumbre que sirve a sus propios intereses.

EL PARTO DOLOROSO DE UN NUEVO ORDEN POLTICO

Las reformas institucionales con frecuencia tienen resultados inesperados. Es el caso de la legislacin sobre las costumbres electorales: lejos de preservar un orden "tradicional" provoca una tensin adicional en los antiguos mecanismos de control y de mediacin poltica.

La costumbre se convierte en un verdadero campo de conflictos y de negociaciones. Las deficiencias de una legislacin ambigua, la consolidacin del multipartidismo y un proceso acelerado de descentralizacin confluyen para hacer aparecer un nuevo tipo de conflicto electoral. ste gira principal-mente alrededor de la definicin de las reglas del juego electoral local en los municipios de usos y costumbres, donde el consenso anteriormente soste-

nido por el vnculo del corporativismo clientelar salta en pedazos. Los anti-guos mecanismos de mediacin poltica entran en descomposicin.

La descomposicin parece dejar paso a un proceso de cambio poltico incierto y ambivalente. En un nmero significativo pero minoritario de mu-nicipios, antiguos o nuevos lderes utilizan la costumbre legalizada para asentar su autoridad y excluir a los oponentes. Con mayor frecuencia, la defensa de las costumbres oculta alianzas entre estas fuerzas locales y el PRI, que parece haber ganado, todava durante algn tiempo, su apuesta inicial. Pero en otras partes los conflictos locales reflejan una recomposicin de las relaciones de fuerza y la produccin negociada de un nuevo orden poltico. Una nueva comunidad ms abierta, menos jerarquizada, parece estarse formando; una comunidad ms acorde con las nuevas condiciones del juego democr-tico nacional. Pero estas dinmicas de recomposicin local se topan con la resistencia de un gobierno estatal cada da ms autoritario, por lo que no logran articularse con el proceso de cambio democrtico que se da a nivel federal.

UN ENFOQUE COMPARATIVO

Dada la inmensidad del territorio (95,364 km 2 , 4.8% de la superficie del pas) y la cantidad desproporcionada de municipios (570, una cuarta parte de los municipios del pas) nos vimos obligados a elegir. Si bien podemos hacer un anlisis general (que abarque el conjunto del estado) sobre la reforma electo-ral y las elecciones municipales, fue necesario seleccionar un nmero limitado de casos representativos para abordar el segundo nivel de anlisis que defini-mos antes. Elegimos, as, siete municipios que seleccionamos de acuerdo con dos criterios principales: primero, el grado relativo de "tradicionalismo" (arrai-go de las prcticas consuetudinarias, densidad de la poblacin indgena); segundo, las tramas de los conflictos de que eran objeto.

Introduccin 31 30 David Recondo

32 David Recondo Introduccin 33

La regin mixe

Santa Mara Tlahuitoltepec, en la regin mixe, al norte del estado, figura, en nuestro estudio, como municipio "tradicional", incluso "tradicionalista"." Indgena en su totalidad, su poblacin est clasificada tambin entre las ms pobres del estado. Las instituciones comunitarias rigen el conjunto de la vida colectiva y su legitimidad no se cuestiona (sobre todo en lo que toca a la de-signacin de las autoridades municipales). Este municipio se caracteriza por una gran estabilidad poltica, lo que no lo convierte en un remanso de paz y de democracia comunitaria. Como en cualquier otro sitio, existen fuertes tensiones pero stas se regulan en el interior, sin tener que recurrir a un rbi-tro externo.

San Pedro y San Pablo Ayutla se localiza en la misma regin, a unos cuantos kilmetros de Tlahuitoltepec. Lo escogimos porque desde 1994 est pasando por una serie de conflictos que se cristalizan en torno a la cuestin de las elecciones y de la defensa de los usos y costumbres. Conflicto de fac-ciones en ocasiones violento, que nos pareci representativo de un cierto nmero de dinmicas ligadas al cambio social y poltico que vive esta regin: prdida de legitimidad de las costumbres, fuerte rivalidad entre facciones por el control del poder municipal, conflictos entre las comunidades perifricas (agencias y rancheras) y la cabecera municipal.

que plantea la coexistencia, en un mismo territorio municipal, de una poblacin indgena y de una poblacin "halgena", en el caso de San Sebastin Tutla. Tambin nos parecieron representativos por la forma en que las autoridades locales utilizan la nueva legislacin electoral para neutralizar a sus opositores. En el caso de Tutla, la proximidad de la ciudad (el municipio se encuentra en los suburbios de la capital) plantea el problema de la conservacin de las cos-tumbres en un contexto de cambio social y cultural acelerado.

La Costa del Pacfico

Los municipios de San Agustn Chayuco y de Santiago Ixtayutla son tambin representativos de las nuevas estrategias polticas y de los nuevos litigios que surgen tras la reforma electoral de 1995. San Agustn Chayuco presenta un inters adicional: forma parte de los cinco municipios que en 1998 decidieron cambiar de rgimen electoral local (pasando del sistema de partidos al de usos y costumbres). Intentaremos comprender las razones de este "retorno" a las costumbres.

Fuera de estos casos especficos que seguiremos a lo largo de nuestro es-tudio, citaremos, a ttulo de comparacin, algunos otros casos significativos para sustentar nuestra argumentacin.

EL PERIODO ESTUDIADO Los Valles Centrales

En la regin de los Valles Centrales, donde se encuentra la capital del estado, seleccionamos dos municipios representativos de dos tipos de conflictos azuza-dos por el reconocimiento de los usos y costumbres: las confrontaciones centro-periferia, en el plano municipal, en el caso de Santiago Matadn; los problemas

" Veremos hasta qu punto este calificativo es relativo y sumamente subjetivo, y refleja la imagen que los dirigentes locales pretenden dar de su comunidad.

Nuestro estudio abarca sobre todo los aos 1995 a 2006. Empero, en la pri-mera parte hacemos un recorrido histrico ms largo para comprender la gnesis del reconocimiento de los usos y costumbres. Nos remontamos ini-cialmente a los primeros aos posteriores a la Revolucin mexicana (1910-1930), para comprender la instauracin del pacto clientelista que vincula al Estado-PRI con las comunidades indgenas. Para comprender mejor los or-genes de las costumbres locales, nos remontamos, brevemente, al perodo colonial y a los primeros tiempos de la Independencia.

PLAN DEL LIBRO

En la primera parte trazaremos la gnesis de la reforma electoral de 1995 en el estado de Oaxaca, centrando nuestra atencin en lo que toca a los usos y costumbres. Mostraremos de qu manera el pacto clientelista que ligaba a las comunidades con el Estado-PRI entra en crisis desde los aos setenta, cuando se cuestiona el modelo de desarrollo nacional-populista y surge una nueva lite indgena escolarizada y bicultural (captulos 1 y 2). En seguida mostra-remos de qu manera la descomposicin del vnculo clientelista tradicional se refleja en un progreso constante de la oposicin en el plano municipal (principalmente en las ciudades medianas y grandes), a partir de los aos ochenta (captulo 3). El incremento de la competencia electoral, atizada por las fracturas en el seno del PRI y la formacin de organizaciones polticas in-dependientes, provoca conflictos constantes durante las elecciones municipa-les a lo largo de los aos ochenta y principios de los noventa. Esta inestabilidad poltica, conjugada con el peligro de contagio que representa la rebelin zapatista en Chiapas, impulsa al gobierno de Oaxaca a legalizar los usos y costumbres en 1995, y luego a prohibir, en 1997, la intervencin de los partidos polticos en las elecciones locales de ms de 400 municipios que aplican dichos normas (captulo 4). Insistiremos pues, con una perspectiva diacrnica, en el contexto social y poltico (nacional e internacional), que permite comprender la decisin tomada por el gobierno de oficializar las costumbres que hasta ese momento el Estado se haba limitado a tolerar y utilizar para su propio provecho. Insistiremos en el papel de los diferentes actores (nuevas lites y organizaciones indgenas independientes, movimien-to universitario, asesores del gobierno en materia de poltica indigenista, di-rigentes de partidos polticos, intelectuales y miembros de la jerarqua eclesistica) en la "fabricacin" de una reglamentacin electoral original.

En la segunda parte abordaremos la forma en que se instala el rgimen de "doble va" electoral y las recomposiciones polticas que conlleva. Haremos primero una descripcin general de las elecciones municipales de 1995 a 2004, poniendo el acento en la forma en que los actores polticos han ido

construyendo una nueva frontera entre municipios que practican la costum-bre y los que no lo hacen (captulo 5). Luego veremos cmo los actores pol-ticos locales y estatales hacen uso estratgico de la duplicidad del sistema electoral municipal (captulo 6). Por ltimo, trataremos de calificar la orien-tacin del cambio poltico que parece dibujarse en Oaxaca. Mostraremos que el panorama poltico es de lo ms heterogneo y ambivalente, ya que estamos presenciando la radicalizacin de formas perifricas de autoritarismo en cier-tos municipios (captulo 7), mientras que en otros parece estarse delineando, por el contrario, un proceso lento e incierto de renegociacin de las reglas del juego poltico en un sentido ms democrtico (captulo 8). A pesar de dicha ambivalencia, concluimos argumentando que el reconocimiento de los usos y costumbres ha sido un vector indirecto de democratizacin desde abajo, en una sociedad que siempre ha percibido las reformas poltico-electorales como imposiciones.

34 David Recondo 1 Introduccin 35

PRIMERA PARTE

LA CRISIS DE LA COMUNIDAD REVOLUCIONARIA INSTITUCIONAL

La organizacin tradicional y comunitaria que caracteriza a ms de dos tercios de los municipios del estado de Oaxaca, es la prueba viviente de un legado histrico que se remonta a los primeros aos de la poca colonial. La institu-cin municipal es, en este sentido, testigo ideal de la historia poltica mexi-cana: es la nica institucin que se ha mantenido de forma continua a lo largo del proceso de formacin del Estado nacional, en el que ha desempea-do el papel de bisagra entre las sociedades locales y el poder central.* A todo lo largo de la historia mexicana ha garantizado la consolidacin del Estado al mismo tiempo que ha permitido la reproduccin de las comunidades indge-nas. Para comprender las actuales transformaciones de esta institucin y qu reflejan de los cambios por los que est pasando el sistema poltico mexicano, es indispensable conocer la forma particular en que el rgimen nacido de la Revolucin de 1910 incorpor a la comunidad indgena y sus instituciones municipales. Esto nos permitir avanzar en el argumento central de nuestra demostracin: la reforma de los usos y costumbres electorales de Oaxaca es en gran parte una respuesta a la descomposicin de las relaciones tradiciona-les y clientelistas que enlazaban al Estado-PRI con las comunidades indgenas. Refleja de forma ms general la crisis del modo particular de dominacin poltica construido al terminar la Revolucin mexicana.

* Mauricio Merino, Gobierno local, poder nacional La contienda por la formacin del Estada mexicano.

Captulo 1

Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista

Al acabar la Revolucin, desde fines de los aos veinte, se instala el Estado-par-tido integrando a las comunidades rurales e indgenas en su propia estructura corporativa. La comunidad indgena, con sus instituciones heredadas en gran parte de la poca colonial, se convierte poco a poco en la clula de base de un sistema poltico que se infiltra hasta en los mnimos intersticios de la sociedad a fin de consolidar su hegemona. Pero no se trata de un rgimen totalitario. Al contrario, el modo de dominacin que establece el Estado-partido se parece ms bien, en las regiones ms apartadas, a una especie de gobierno indirecto (indirect rule) similar toda proporcin guardada al de los imperios coloniales. Mostraremos, primero que nada, cmo las comunidades indgenas se convir-tieron poco a poco en el mecanismo central del rgimen de Estado-partido. Luego intentaremos caracterizar el pacto clientelista que es el cimiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades indgenas. Pacto que, corno vere-mos, entra en crisis a partir de los aos setenta.

LA COMUNIDAD REVOLUCIONARIA INSTITUCIONAL: UNA SUBVERSIN DEL GOBIERNO INDGENA

El Estado-partido construye poco a poco, a partir de 1929, una vasta trama, sumamente centralizada, de control poltico, integrando la mirada de unida- des y de poderes locales y regionales que subsisten desde la Revolucin. En

[39]

40 David Recondo Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 41

estados como el de Oaxaca, donde la poblacin indgena es mayoritaria,' este

modo de integracin poltica se efecta gradualmente, infiltrando las institu-

ciones comunitarias heredadas de la poca colonial. En unos cuantos decenios

el PRI y la costumbre sern una y la misma cosa. Durante el mandato del

general Lzaro Crdenas (1934-1940) es cuando el PM adquiere la forma que hoy le conocemos. Tambin es en ese momento cuando establece los lazos

privilegiados con las comunidades rurales por medio de la reforma agraria.

Las comunidades indgenas, aun guardando un margen considerable de au-

tonoma, se convierten en comunidades revolucionarias institucionales en la medida en que el Estado-partido hace de ellas clulas elementales de su propia

reproduccin.

LA INFILTRACIN CARDENISTA DE LAS COMUNIDADES INDGENAS

En un texto memorable sobre la historia poltica de los Altos de Chiapas, Jan

Rus describe detalladamente cmo, a fines de los aos treinta, el general

Crdenas y sus interlocutores locales, en particular Erasto Urbina, reempla-zaron en los municipios de esta regin a los antiguos secretarios municipales

ladinos por indgenas jvenes alfabetizados que se convierten as en interme-

Hoy en da, Oaxaca sigue concentrando una problacin indgena importante. Segn el ltimo cen-so del INEGI (2005), un milln 91 mil 502 personas de 5 aos y ms hablan una lengua indgena, lo que representa 31% de la poblacin total del estado, siendo sta de 3 millones 506 mil 821 per-sonas. La cifra es discutible ya que slo toma en cuenta las personas de ms de cinco aos que decla-ran hablar alguna lengua indgena. Adems, desde el punto de vista socio-antropolgico, la lengua no es el nico "marcador" de identidad. Segn estimaciones que toman en cuenta otros elementos de la cultura (formas de organizacin social, creencias, costumbres, auto-identificacin, etc.) ms de la mitad de la poblacin de Oaxaca puede ser considerada indgena. De todas formas, an con la estimacin "conservadora" del INEGI, la proporcin de poblacin indgena en Oaxaca es la ms importante en comparacin con los dems estados de la repblica, y es cinco veces superior al pro-medio nacional (vase INEGI, II Conteo de Poblacin y Vivienda, Mxico, 2005).

diarios del gobierno cardenista y del PNR2 en el seno de las comunidades. 3

Muestra, sobre todo, cmo la estructura tradicional del gobierno local, que

funcionaba como muro de contencin contra la sobrexplotacin de las comu-

nidades por la sociedad mestiza regional, fue sujeto de cooptacin por el nue-vo rgimen poltico y transformada en un instrumento de dominacin:

los cardenistas y sus sucesores se inmiscuyeron en las comunidades indgenas

[...] Al paso del tiempo, lograron subordinar no solamente a los dirigentes in-dgenas que eran sus colaboradores ms directos, sino tambin y de manera

irnica, cooptar las mismas estructuras comunitarias previamente identificadas

con una postura de resistencia a la intervencin externa y la explotacin, es

decir, con la de autogestin independiente, la estricta aplicacin de medidas de

solidaridad comunitaria y la legitimacin religiosa del poder poltico. A conse-

cuencia de ello, hacia mediados de la dcada de 1950, aquello que los antrop-

logos apenas empezaban a describir como "comunidades corporativas cerradas"

se haban convertido, de hecho, en "comunidades revolucionarias instituciona-

les", subordinadas al poder central. 4

Los secretarios cardenistas se convirtieron entonces en los operadores del parti-

do en el poder. Aseguraron su victoria en las elecciones y garantizaron la apli-

cacin de los diferentes programas impulsados por el gobierno. La organizacin

municipal sufri profundos cambios. Por una parte, se crearon nuevos cargos

que se integraron a la jerarqua tradicional, en particular los que tenan que ver con la reforma agraria. Por otra parte, el gobierno quiso obligar a las comuni-

2 En 1929 el general Plutarco Elas Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que

luego se convertir en el Partido de la Revolucin Mexicana (PRm) en 1938 y en el Partido Revo-lucionario Instioucional (PRI) en 1946.

3 Jan Rus, "La comunidad revolucionaria institucional: la subversin del gobierno indgena en los Altos de

Chiapas, 1936-1968", en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (eds.), Chiapas. Los rumbos de otra historia.

4 'bid., p. 252.

42 David Recondo Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 43

dades a designar presidentes municipales bilinges. stos entonces deban ser jvenes; por lo dems, con frecuencia se trataba de secretarios promovidos por Erasto Urbina durante la campaa electoral de Crdenas en 1934. Hubo en-tonces reacciones en el seno de las comunidades cuya tradicin era poner a la cabeza de los ayuntamientos a personas mayores que hubieran ocupado antes otros cargos como el de mayordomo- 5 y que solan ser monolinges. Estos ancianos eran los garantes de la proteccin de la comunidad y de sus tradiciones contra la injerencia directa de los ladinos que residan en San Cristbal de las Casas, la capital regional. Sustituirlos por hombres jvenes que a menudo te-nan alrededor de veinte aos y no haban ocupado ms cargo que el de secre-tario provoc la oposicin de los ancianos. Finalmente, para evitar conflictos recurrentes se cre una doble estructura: a partir de entonces los municipios tendran dos presidentes, por un lado una persona monolinge que hubiera ocupado varios cargos y por otro un hombre joven bilinge, considerado ad-junto o secretario del alcalde en el seno de la comunidad, pero acreditado como presidente municipal para el exterior. Esta estructura paralela sigue existiendo en municipios tales como San Juan Chamula. Se habla as de ayuntamiento tradicional y de ayuntamiento constitucional para diferenciarlos.

Lo interesante es la forma en que el Estado en formacin despus de la Revolucin logr infiltrarse en las instituciones comunitarias y convertirlas en una pieza clave de la reproduccin del nuevo rgimen. As, a partir de los aos cuarenta, los jvenes secretarios buscarn consolidar su poder y su le-gitimidad en el interior de las comunidades, presentndose como voluntarios para ocupar los cargos tradicionales que anteriormente haban evitado. Cuan-do la clase dominante de terratenientes ladinos, contraria desde el inicio al cardenismo y a la reforma agraria, retoma el poder en el plano regional al final del mandato presidencial del general Crdenas, los antiguos secreta-rios, impulsados por Erasto Urbina, se convierten en verdaderos lderes co-munitarios. Se mantienen como interlocutores obligados de los gobiernos en

sus relaciones con las comunidades. La clase dirigente de la regin, preocupa-da por preservar los intereses de los terratenientes, llegar incluso a establecer una alianza implcita con ellos ayudndoles a comprar camiones y a conver-tirse en distribuidores de refrescos y cerveza en sus comunidades, a cambio de mantener el statu quo en la reparticin de la tierra.

Cuando en los aos setenta comienza a surgir una nueva generacin, edu-cada en las escuelas pblicas y deseosa de tener acceso a un mejor nivel de vida, los antiguos secretarios cardenistas se erigieron en defensores de las tradiciones y coartaron el ascenso de los jvenes ambiciosos obligndolos a ocupar los car-gos tradicionales. La renovacin de los rituales y de las celebraciones de las fiestas que los antroplogos observan en estos aos est ligada a este fenmeno: los secretarios convertidos en ancianos imponen gastos cada vez ms elevados a los jvenes, que se muestran un poco ms hbiles o dinmicos de lo necesario en el mbito del comercio, y amenazan su poder econmico y poltico. Toda reclamacin de los jvenes es denunciada entonces como una afrenta a las cos-tumbres, un peligro para la unidad de la comunidad. 6 Los antiguos secretarios, fortalecidos por el apoyo del PM y por el prestigio adquirido en el seno de la comunidad, juegan un papel decisivo en el control e incluso en la represin de sectores favorables al cambio en la poltica local. Contienen lo que se converti-r poco a poco en una oposicin franca al orden establecido. Por su parte, el PRI se transforma a su vez en el gran defensor de la costumbre y de la unidad comunitaria frente al peligro que representan estos nuevos sectores confronta-dos cada vez ms con los caciques locales. Jan Rus califica esta evolucin como "subversin del gobierno indgena".

EL PRI Y LAS COMUNIDADES EN OAXACA

El caso de las ~unidades de los Altos de Chiapas es especial. El anlisis hist- rico realizado por Jan Rus no corresponde del todo al de la mayora de los mu-

Jan Rus, "La comunidad revolucionaria institucional", pp. 293-300. 5 El mayordomo es la persona que financia la fiesta patronal del pueblo con sus propios recursos.

44 David Recondo Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 45

nicipios de Oaxaca. No obstante, algunos elementos de su anlisis nos parecen tiles para la comprensin de la relacin entre el Estado y las comunidades en esta regin. En particular, en Oaxaca, al igual que en los Altos de Chiapas, el Estado posrevolucionario tuvo la capacidad de incorporar a las instituciones comunitarias y convertirlas en un instrumento de reproduccin del modo de dominacin estatal. Sin duda esta incorporacin no adquiere la misma forma.

La injerencia del PRI en el seno de cada municipio parece ser menos direc-ta en Oaxaca. El tamao reducido de los municipios, su elevado nmero (ms de 500 en comparacin con los 150 de Chiapas) y la falta de vas de comuni-cacin en la mayora de las regiones, contribuyeron sin duda a que el PRI no extendiera su control directamente en cada uno de los municipios. El PRI esta-ba generalmente representado a nivel distrital por personas comparables a los secretarios de Urbina: con frecuencia se trataba de hombres que hablaban espa-ol adems de la lengua local y que, por su capacidad de liderazgo regional, servan de intermediarios entre las autoridades municipales y el gobierno estatal. Poco despus de la fundacin del PNR, en los aos treinta, se constituyeron comits del partido en cada uno de los municipios. Sin embargo, no tenan ms funcin que la de comunicar a los dirigentes del partido el nombre de las nue-vas autoridades municipales elegidas en las asambleas de pueblos, as como informar a las autoridades municipales el nombre de los candidatos oficiales para las elecciones de diputados locales y federales, de gobernadores y del presidente de la repblica. El da de las elecciones, los presidentes de los comits estaban encargados de velar, con ayuda de las autoridades municipales, que las boletas fueran marcadas en el lugar "correcto", el correspondiente a los candidatos del PNR (despus del PRM y del PRI). Frecuentemente llenaban ellos mismos las boletas sin que realmente se hubiera instalado una casilla de voto. La funcin de presidente del comit municipal del partido la asuma el secretario muni-cipal o alguna otra persona de la comunidad, designada para tal efecto entre los asamblestas del pueblo. En una considerable cantidad de municipios, has-ta los aos noventa, el comit del PRI form parte de la jerarqua tradicional de los cargos comunitarios. A partir de los aos cincuenta y sesenta fueron a

menudo los maestros los que cumplieron esa funcin. Adems de su papel de informadores, parece que no tuvieron mayor incidencia en el plano municipal. De esta forma, el PRI, en su calidad de organizacin poltica, no intervena di-rectamente en la designacin de las autoridades municipales. Se contentaba con registrar las planillas que los comits municipales les enviaban.

Contrariamente al caso de los Altos de Chiapas, esta incorporacin de las instituciones tradicionales al PRI, no trajo aparejada la formacin de una doble estructura de gobierno. La mediacin con el poder central estaba asegurada por agentes regionales o bien por los maestros cuando eran secretarios muni-cipales. Las relaciones con los funcionarios no eran tan frecuentes como para que ello obligara, desde el principio, a designar presidentes bilinges. La in-tensificacin de estas relaciones a partir de los aos cincuenta y sesenta (natu-ralmente dependiendo de las regiones) implica, sin embargo, transformaciones en el sistema de gobierno local. Cargos como el de presidente municipal tien-den a rebasar el de alcalde, sobre todo, en la escala del prestigio y del poder, y son ocupados cada vez ms por maestros jvenes y bilinges. Los secretarios municipales, en caso de que el presidente y el resto del cabildo sean monolin-ges, tienden a desempear un papel clave que les da un poder nunca antes visto. Otros cargos vinculados a programas del Estado, como la reforma agra-ria, irn apareciendo y ganando autoridad en comparacin con otras funciones. Al mismo tiempo que los comits del partido oficial, se crean los comisariados de bienes comunales o ejidales encargados de la gestin de la tierra, tanto en el proceso de reparticin o titularizacin de las tierras como en la resolucin de los conflictos limtrofes con las comunidades vecinas o entre familias de una misma comunidad. Estas autoridades agrarias, designadas con frecuencia por los comuneros reunidos en asamblea, estn directamente vinculadas al partido oficial a travs de su sector campesino (la CNC) y van a jugar, con el ayunta-miento, un papel central de mediacin con el Estado.'

7 Jaime Bailn Corres, Pueblos indios, lites y territorio. Sistemas de dominio regional en el sur de Mxi-co: Una historia politica de Oaxaca, p. 189.

46 David Recondo

Detrs de una presencia aparentemente directa del partido de Estado en las comunidades, lo que hay en realidad es una relacin clientelista y corporativista que descansa en un pacto implcito: las comunidades testi-monian una lealtad a toda prueba al partido oficial, al votar colectivamente a favor de sus candidatos; a cambio el partido y el gobierno respetan los procedimientos internos que aplican en la designacin de las autoridades municipales. Este pacto de no injerencia funcionaba en la mayora de los municipios. Es en general en las cabeceras de distrito y en las capitales re-gionales donde exista una competencia poltica que se expresaba a travs de los partidos locales. Con frecuencia se trataba de facciones pertenecien-tes a la Confederacin de Partidos Socialistas' y al PNR, el partido de Esta-do. Los conflictos en torno a la seleccin de candidatos eran frecuentes, pero en un nmero reducido de municipios. En 1965, por ejemplo, unos aos antes de la aparicin de nuevas fuerzas polticas, el PRI estableci reglas para el registro de precandidatos en 69 municipios, donde pensaba que podra haber conflictos. En el resto de los municipios (501), la eleccin de autori-dades se realizaba segn los procedimientos de las comunidades sin que el partido interviniera directamente. Se contentaba con registrar a las autori-dades una vez elegidas. Es muy probable que el nmero de municipios en conflicto que requeran la intervencin del partido o del gobierno para re-solver las diferencias entre facciones rivales, haya sido mucho menor an en los aos treinta y cuarenta. 9

En realidad, el rgimen posrevolucionario reprodujo una suerte de indirect rule, segn el trmino utilizado en el estudio de los regmenes coloniales contemporneos.' Una forma de dominacin en la que el poder central es-tablece control indirecto sobre las sociedades locales a travs de autoridades salidas de esas mismas sociedades. Esto garantiza la reproduccin del modo

Partido regional del estado de Oaxaca que perteneci al PNR desde la formacin de ste. 9 Ibid., p. 207.

1 Frederick J.D. Lugard, The Dual Mandase in British Tropical Africa.

Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 47

de dominacin, pero preserva al mismo tiempo un cierto margen de autono-ma poltica en el nivel local. As, el Estado-PRI, lejos de destruir la forma tradicional de organizacin comunitaria la incorpora modificndola sensible-mente y hace de ella una de las unidades fundamentales de reproduccin de su sistema de dominacin.

LA COSTUMBRE: REPRODUCCIN E HIBRIDACIN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS DE LA POCA

COLONIAL A LA REVOLUCIN

Aquello que comnmente se llama "usos y costumbres" constituye una especie de sedimentacin hbrida de instituciones y prcticas heredadas de la poca colonial, y transformadas a lo largo de toda la historia de Mxico. En lo que toca al gobierno local y a la designacin de autoridades munici-pales, las costumbres se encarnan en lo que los antroplogos llaman la "je-rarqua civil y religiosa ". Haremos una descripcin genrica de ellas antes de presentar las principales interpretaciones antropolgicas e histricas sobre sus orgenes.

LA JERARQUA DE LOS CARGOS CIVILES Y RELIGIOSOS

Internamente los municipios siguen funcionando segn modalidades parti-culares. La eleccin de las autoridades municipales se realiza con frecuencia de forma colectiva, por medio de asambleas ms o menos abiertas, que renen solamente a las autoridades municipales en funciones y a los ancianos del pueblo, o bien#111 conjunto de jefes de familia de la comunidad. Las personas ocupan el cargo de uno a tres aos (algunos, ao y medio o dos aos), segn la localidad. Su mandato se considera un servicio a la comunidad; es obliga-torio y no remunerado. Los criterios de elegibilidad se basan en una escala

48 David Recondo Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 49

jerrquica de cargos vinculados directamente al ayuntamiento (topa," ma-yor secretario, tesorero, regidor sndico, presidente municipal, alcalde), a la celebracin de las fiestas religiosas (mayordoma, capitana, banda municipal) o bien a la gestin de la tierra (comisariado de bienes comunales o ejidales). En principio, una persona puede tener acceso a los cargos de presidente mu-nicipal o alcalde, en lo alto del organigrama, slo despus de haber ocupado el de topil, mayor, suplente o regidor.

El siguiente es un ejemplo de los cargos comunitarios que existen actual-mente en el municipio de Santa Mara Tlahuitoltepec, en la regin mixe, en las montaas del noreste de Oaxaca (ver cuadro 1)

En el cuadro 1 reconstruimos aproximadamente la jerarqua civil y reli-giosa de Santa Mara Tlahuitoltepec, clasificando los cargos por orden de importancia desde el topil, en la parte inferior de la escala, hasta el fiscal que, en principio, representa el ltimo cargo que debe desempear una persona; 13

cada una de las casillas rene cargos de un mismo nivel jerrquico. Una per-sona puede ser nombrada para ocupar varios cargos de un mismo nivel, pero no repetir el mismo. Todos duran un ao, salvo los del Comisariado de bienes comunales y del Consejo de vigilancia, que duran tres aos, o el de capitn de festejo, cuyas funciones se ejercen durante el tiempo que dura la fiesta del pueblo (cinco das generalmente)." Algunos de estos cargos se ocupan du-

Trmino de origen nhuatl que designa a las personas que ocupan las funciones de polica y tambin de mensajero al servicio del municipio. Esta funcin generalmente la llenan hombres jvenes clibes.

12 Jefe de topiles.

13 Elaboramos este organigrama a partir de las entrevistas y las observaciones que realizamos en Santa Mara Tlahuitoltepec, tomando como modelo el organigrama escrito que nos proporcionaron las autoridades municipales. Un grupo de maestros y de autoridades se dedic en 1995 a formalizar la jerarqua de cargos, reordenndolos por niveles o equivalencias. Es slo un modelo, que nunca ha sido plenamente aplicado.

14 Los capitanes de festejos tienen por funcin ocuparse de las bandas musicales durante las fiestas.

Deben alimentarlos y hospedarlos. Este cargo slo se ocupa una vez en la vida durante una de las fiestas del ao (cada pueblo celebra cuando menos dos o tres fiestas por ao en honor de sus santos patronos). En cada fiesta hay una decena de capitanes de festejo. Se trata de un cargo particular-mente crucial: condiciona el acceso a cargos de mayor importancia en el ayuntamiento. Tambin es extremadamente pesado, pues representa una erogacin de varios miles de pesos (entre 15 mil y veinte mil pesos en 1999).

Cuadro I. Jerarqua de cargos civiles y religiosos del municipio de Santa Mara Tlahuitoltepec (regin mixe, Oaxaca)

Nivel de prestigio y de antigedad

14 Fiscal de la iglesia

13 Alcalde nico constitucional

12 Presidente municipal

11 Sndico municipal + presidente del Comisariado de bienes comunales + presidente del Consejo de vigilancia

10 Regidor de educacin + presidente de obras + suplentes municipales (de regidor, sndico, presidente, alcalde)

9 Presidente del Comit de educacin + colaboradores del comisariado + colaboradores del Consejo de vigilancia + regidor de Hacienda + tesorero municipal

8

Vocal de obras + regidor de alcalde + presidente del Comit del patrimonio + presidente de la banda filarmnica

7

Vocal del Comit de educacin + presidente de la mayordoma + vocal de la banda filarmnica + agentes del presidente + suplente de tesorero

6

Presidente del Comit de la clnica + presidente del comedor + mayor de vara

5

Capitn de festejo + pago de castillo + caporal de jaripeo 4

Secretario municipal + secretarios auxiliares + auxiliares de regidura

3

Msicos + capillos 15 + tesoreros auxiliares + secretarios semaneros + presidente del club deportivo + comisin de obras

2

Vocal de mayordoma + Comit de salud + Comit de clnica + club deportivo + vocales de bienes comunales + topiles

1

Topil de la banda

15 Los "capillos" son las personas encargadas del cuidado de las capillas de los barrios y rancheras del

municipio.

Nombre del cargo

50 David Recondo

rante los 365 das del ao (principalmente los del ayuntamiento: presiden-te municipal, sndico, alcalde, sus suplentes y secretarios), mientras que otros se ocupan nicamente una semana al mes (mayor, Comisariado de bienes comunales, Consejo de vigilancia, vocales, auxiliares, topiles, comi-ts de educacin, etc.). En total, ms de doscientas personas se ocupan en servir a su comunidad cada ao. Entre cada servicio los "cargueros" tienen derecho a un tiempo de descanso que puede ir de uno a varios aos, du-rante los cuales no se les puede atribuir ningn cargo. La jerarqua es rela-tivamente imprecisa en lo tocante a los cargos que se encuentran por debajo del sndico o de los regidores. Esto tal vez se deba al hecho de que la mayora de estos cargos (excepto los relacionados con la iglesia o las fiestas) son relativamente recientes (sobre todo los que tienen que ver con la educacin y la salud). Aqu se refleja tambin la adaptabilidad de los criterios de seleccin a las circunstancias y a las relaciones de fuerzas: existe siempre un conjunto de cargos que pueden evitarse. En cambio, los de ca-pitn de festejo, regidor y sndico condicionan imperativamente el acceso a la presidencia o a la alcalda. La jerarqua vara de un municipio al otro. Si en Tlahuitoltepec una persona no puede ser alcalde sin haber sido presiden-te municipal, no ocurre lo mismo en otros municipios, donde el acceso al primer cargo es anterior o independiente del acceso al segundo. En suma, existen tantas jerarquas como municipios, lo que imposibilita la generaliza-cin. Lo comn a todos los casos es el principio, a veces muy vago, de jerar-qua, segn la cual el acceso a ciertos cargos exige haber ocupado otros de menor prestigio.' 6

16 Para un anlisis y discusin del principio de jerarqua en la organizacin de los cargos civiles y re-

ligiosos comunitarios, vase Danile Dehouve , "Les chelles de catas et de prestige, ralit ou erreur de mthode? La hirarchie des charges dans les communauts indiennes msoamricaines", Etudes

Rurales, vol. 69, enero-marzo de 1978, pp. 101-108; D. Dehouve, "Systme des charges civiles et religieuses des communauts indiennes mso-amricaines et andines", Actes du XLII CongrPs Inter-

national des Amricanistes, vol. 6, septiembre de 1976, pp. 139-141 ; D. Dehouve, "L'influence de l'tat dans la transformation du systme des charges d'une communaut indienne mexicaine", L'Homme, vol. 14, abril-junio de 1974, pp. 87-108.

Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 51

EL ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS

Las interpretaciones sobre los orgenes de lo que los antroplogos han llama-do la "jerarqua cvico-religiosa", o "sistema de cargos civiles y religiosos", son numerosas y contradictorias. Algunos autores han buscado los antecedentes precolombinos de esta institucin en las rdenes especializadas y jerarquizadas en cuyo seno los individuos podan hacer carrera y subir de grado durante toda su vida (guerreros, sacerdotes, mercaderes). 17 Otros han formulado la hipte-sis de que un sistema similar de cargos que cumplen sucesivamente y de forma ascendente los miembros de ciertos linajes exista ya antes de la llegada de los espaoles, sobre todo en las sociedades mayas. 18 Estas posturas han provocado la crtica de una gran cantidad de investigadores que se inclinan ms bien por el origen colonial e incluso poscolonial del sistema de cargos." En el plano muy general de la organizacin comunitaria o de las concepciones y prcticas de la autoridad, nos parece evidente que ciertos elementos de la cultura pre-colombina se hayan conservado al paso del tiempo y que se transformaran a la vez, contribuyendo as a la originalidad del gobierno local en las regiones indgenas de Oaxaca. Detrs de las apariencias de la aculturacin se oculta un proceso sutil de apropiacin y reinterpretacin de las instituciones espaolas por parte de las comunidades. Es, por lo dems, una constante en la historia de Mxico: los indios utilizaron las instituciones impuestas por los espaoles y, ms tarde, las del Estado independiente, a manera de controlar un territo-rio que les permita reproducirse en su calidad de grupos culturalmente

Vanse sobre todo Pedro Carrasco, "The Civil-Religious Hierarchy in Mesoamerican Communities: Pre-Spanish Background and Colonial Development", American Anthropologist, nm. 63, 1961, pp. 483-497; Andrs Medina Hernndez, "Los sistemas de cargos en la Cuenca de Mxico: una primera aproximacin a su trasfondo histrico", Alteridades, ao v, nm. 9, 1995, pp. 7-23.

18 Vase sobre todo Evon Z. Vogt, "Some Implications of Zinacantn Social Structure for the

Study of the Ancient Maya", en John A. Graham (ed.), Ancient Mesoamerica: Elected Readings, pp. 176-188.

19 John K. Chance y William B. Taylor, "Cofradas and Cargos: an Historical Perspective on the

Mesoamerican Civil-Religious Hierarchy", American Ethnologist, nm. 12, 1985, pp. 1-26.

52 David Recondo

Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 53

diferenciados. Es una lgica que va mucho ms all de un simple sincretis-mo y que se aplica tanto a la conquista poltica como a la espiritual. Los historiadores han dado nueva luz a la manera en que las poblaciones indgenas continuaron, por ejemplo, celebrando sus propios cultos bajo la tapadera de la nueva liturgia catlica. Lo mismo ocurri con los cargos del cabildo, como el de gobernador o alcalde, que durante los primeros aos de la Colonia ocu-paron a menudo los descendientes de los antiguos jefes de linaje. 20 Las nuevas instituciones rompen con las normas hereditarias anteriores, pero al mismo tiempo permiten la reproduccin de las antiguas concepciones y prcticas del poder con una nueva apariencia.

Nos parece indispensable superar los discursos demasiado tajantes que pre-sentan a las comunidades indgenas actuales como reminiscencias de sociedades precolombinas, o bien, por el contrario, como un legado puramente colonia1. 2 ' Es un falso dilema que no da cuenta de la complejidad dialctica de los proce-sos histricos de apropiacin y de reinvencin de las instituciones por las socie-dades y de las transformaciones que ello implica en su funcionamiento. 22

De cualquier modo, si se hace referencia nicamente al sistema de jerarqua civil y su carcter rotativo, la introduccin del cabildo espaol en el siglo xvi constituye su origen ms directo Los espaoles eliminaron el antiguo go-

20 Mara de los ngeles Romero Frizzi, El sol y la cruz. Los pueblos indios de Oaxaca colonial.

21 Roger Bartra reinici la polmica al publicar un artculo en el que demuestra hasta qu punto los

elementos constitutivos de los sistemas de jerarqua de los cargos municipales son de origen colo-nial y no precolombino, corno pretenden algunos intelectuales indgenas o indianistas. Arguye como prueba el que las mismas instituciones existen prcticamente en todas las regiones indgenas, mientras que las formas de organizacin autctonas eran muy diversas antes de la llegada de los espaoles. Para mayores detalles vase Roger Bartra, "Violencias salvajes: usos, costumbres y so-ciedad civil", en La sangre y la tinta. Ensayos sobre la condicin postmexicana.

22 Juan Pedro Viqueira, "La comunidad india en Mxico en los estudios antropolgicos e histricos",

Anuario 1994, Centro de Estudios Superiores de Mxico y Centroamrica, Universidad de Ciencias y Artes del estado de Chiapas, pp. 22-58.

23 Las Ordenanzas de Corts de 1524 y 1525 fueron las primeras que instauraron el cabildo como clula de base de la administracin colonial. A partir de 1530 los espaoles lo introducen en Oaxa-ca, estableciendo, al igual que en cualquier otro sitio, una distincin entre las "repblicas de espa-

bierno de linajes para constituir, frecuentemente por la fuerza, comunidades organizadas en torno a parroquias y gobernadas por autoridades locales elegi-das anualmente. En su estudio sobre la sierra Jurez de Oaxaca, John K. Chan-ce muestra que la institucin del cabildo, aunada al modo particular de explotacin practicado por los "alcaldes mayores" espaoles (el "repartimiento de efectos"), 24

contribuy a reforzar la importancia del sistema de cargos como mecanismo de regulacin del orden social. 25

La jerarqua de los cargos civiles sustituye la de los linajes y determina la estratificacin en el seno de las comu-nidades, al abrir la posibilidad de un ascenso social a los individuos. Los pri-vilegios heredados de los caciques o de los antiguos seores fueron paulatinamente reemplazados por los que adquieren los macehuales (campesi-nos) y los principales (especie de nobles de segundo nivel), al tener acceso a los cargos ms prestigiosos del cabildo, que les permiten participar de los benefi-cios de la explotacin colonial, en colaboracin con las autoridades espaolas. Los espaoles establecieron una distincin entre "repblicas de indios" y "re-pblicas de espaoles", que continuar en Oaxaca hasta el siglo xix. General-mente los espaoles tenan derecho a un cabildo completo, constituido por varios alcaldes y regidores, segn el nmero de habitantes, mientras que los cabildos de indios estaban compuestos por un solo alcalde y dos o tres regido-

fioles" y las "repblicas de indios", distincin que se mantendr hasta 1857, cuando aparecern por vez primera, en la Constitucin federal y en las leyes, los trminos "municipio" y "presidente mu-nicipal". Vase J. K. Chance y W. Taylor, "Confradas and Cargos".

24 Los repartimientos designaban las cantidades de dinero o bien de materias primas que los alcaldes

mayores adelantaban a los indios a cambio de su futura produccin. Los alcaldes mayores vendan o prestaban algodn a los artesanos, por ejemplo, y varias semanas ms tarde les compraban, a precios irrisorios, las telas que hubieran confeccionado. Luego las revendan a precios de mercado. En el caso de la cochinilla o del gusano de seda, adelantaban el pago de la produccin a precios muy por debajo de los del mercado. Este sistema aseguraba al comerciante que se asociaba con el alcalde mayor un verdadero monopolio sobre el mercado regional. Las considerables ganancias que obtena el alcalde mayor le permitan no solamente pagar el tributo real y reembolsar los prstamos en que hubiera incurrido para comprar la materia prima, sino adems enriquecerse personalmente.

25 J.K.p232-239.

La conquista de la sierra. Espaoles e indgenas de Oaxaca, en la poca de la Colonia, pp.

54 David Recondo

res colocados bajo la autoridad de los alcaldes mayores y de los corregidores espaoles. Las repblicas de indios tenan a la cabeza un gobernador, que re-presentaba al municipio en sus relaciones con las autoridades coloniales. A esta jerarqua de cargos civiles, ligados al gobierno, es necesario agregar la de los cargos religiosos ligados al financiamiento del culto catlico (mantenimiento de la iglesia, pago de las misas, financiamiento de las fiestas patronales), que en la actualidad estn imbricadas con las del ayuntamiento. Hoy, en efecto, la mayordoma es un paso obligado para el acceso a los cargos municipales. Los elevados costos de estas celebraciones, que no dejan de recordarnos los gastos suntuarios propios de las economas de prestigio, convierten este cargo en una especie de filtro o de gollete en el acceso a los cargos municipales: nicamente un reducido nmero de individuos puede asumirlo. Aqu tambin las opinio-nes se dividen en cuanto al origen exacto del patronazgo individual de las fiestas, por una parte, y a su participacin en el conjunto del sistema de cargos por la otra. Chance y Taylor asumen la opinin contraria de la mayora de las interpretaciones anteriores, que consideraban estos elementos de origen colo-nia1.26 Ambos autores formulan la hiptesis de que hubo cambios que se pro-dujeron desde fines del siglo xviii y la primera mitad del mx debido al efecto conjunto de los cambios econmicos y las polticas liberales de privatizacin de las tierras comunales y de secularizacin de los bienes de la Iglesia. El ago-tamiento de los fondos comunes de las cofradas hizo necesario recurrir al fi-nanciamiento individual del culto. Esta transformacin tendr repercusin directa en el conjunto de la jerarqua comunitaria, convirtiendo a la mayordo-ma en uno de los cargos ms prestigiosos.

A todo lo largo del siglo mx los gobernantes liberales del Mxico inde-pendiente tratarn de destruir todas las corporaciones, entre ellas las comu-nidades indgenas, acometindola especialmente contra la posesin colectiva de la tierra. Intentarn romper con la distincin entre municipios indgenas y no indgenas, instituyendo universalmente el ayuntamiento.

26 J.K. Chance y W. Taylor, "Cofradas and Cargos".

Estado y comunidades indgenas de Oaxaca: el pacto clientelista 55

Adems, de modo general, y dentro de la ms pura tradicin del liberalismo heredado de la Ilustracin, su objetivo principal ser hacer desaparecer cual-quier cosa que se parezca a una discriminacin sobre bases sociales o cultu-rales. Todos los mexicanos sern ciudadanos, sin distincin de clase ni raza. Sin embargo, Oaxaca se considera una excepcin, ya que de 1825 a 1857 la legislacin local mantiene la institucin de las repblicas de indios para los poblados de menos de 500 habitantes. Es sta una originalidad que nos recuerda la distincin actual entre los municipios de usos y costumbres y los municipios de partidos polticos en materia electoral. La fuerza y el nmero de comunidades indgenas, su apropiacin de la institucin muni-cipal colonial para asegurar el control de su territorio son, sin duda, los factores principales que contribuyeron a esta particularidad. El modo de dominacin regional que se apoya en el control del comercio ms que en la explotacin directa de la tierra, por los espaoles primero y luego por la lite mestiza, explica tambin la realidad municipal de Oaxaca. Volveremos sobre este punto ms adelante, ya que nos parece que constituye una de las razones profundas de la persistencia de una especificidad comunitaria en la organizacin de dos tercios de los municipios de la regin, especificidad que sin lugar a dudas influy en la decisin de los legisladores, en 1995, de re-conocer en la ley los procedimientos que practican estos municipios en la designacin de sus autoridades.

As pues, son estas instituciones coloniales transformadas en el curso de la historia del Mxico independiente, las que el rgimen posrevolucionario incor-porar, integrndolas al municipio libre, que sustituye al ayuntamiento del siglo XIX, pero guarda sus caractersticas esenciales ya que en l encontramos ms o menos los mismos cargos, como el de presidente municipal, que aparece en las legislaciones lo#ales a partir de 1857, y tambin los de alcalde y regidores. Se crean nuevos cargos, como el de tesorero. En las regiones indgenas de Oaxaca los nuevos cargos incluidos los que se relacionan con la reforma agraria se integran a la jerarqua con diferentes modalidades, segn el municipio. Lo

56 David Recondo

mismo ocurre con los comits del partido oficial, cuyos titulares designan las asambleas al mismo tiempo que las dems funciones del ayuntamiento. La duracin de los mandatos tambin sufrir modificaciones: pasar a dos aos y despus a tres para la mayora de las funciones del ayuntamiento a partir de los aos cuarenta. En la mayor parte de los municipios indgenas, y en clara con-tradiccin con la ley, las autoridades seguirn siendo elegidas cada ao.

Sin duda la costumbre, este conjunto de normas que regula la vida social y poltica de la comunidad, abarca un complejo juego de relaciones de poder en el interior de la colectividad. Es conveniente tomar distancia de las des-cripciones un tanto idealizantes de los procedimientos electorales de las co-munidades, donde las decisiones de las asambleas se toman solamente en funcin de criterios sujetos a la jerarqua del servicio comunitario. La comu-nidad es un espacio de conflictos y de relaciones de poder. A menudo la unanimidad es una fachada para el exterior por razones elementales de pro-teccin frente a un entorno hostil y percibido como una amenaza para la reproduccin del grupo. En el interior, los antagonismos entre facciones, entre familias e incluso entre individuos son constantes. Con frecuencia se deben a conflictos acerca del control de la tierra o sencillamente a las desigual-dades sociales y a la competencia por el prestigio y el poder que caracterizan a toda colectividad. La designacin de autoridades municipales forma parte de esos conflictos y refleja el estado de las relaciones de fuerza en un momen-to dado. Las decisiones no las toman los individuos yuxtapuestos en una asamblea, sino personas que forman parte de un conjunto de lazos sociales y familiares de tipo ritual (compadrazgo, matrimonio, etctera) o consangu-neos. Si bien el acceso a los cargos municipales no es objeto de competencia abierta para los candidatos ya que son propuestos por los dems miembros

de la asamblea, 27 tampoco es el r