E Próxima entrega: Lacosta del País Vasco

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Es, con diferencia, la comuni-dad de la costa norte más casti-gada por el urbanismo salvaje.Algunos de sus municipios dellitoral, como Castro Urdiales oNoja, poco tienen que envidiaral símbolo de la masificación ylugar de culto al hormigón quees Benidorm. El Plan de Ordena-ción del Litoral (POL) de 2004estableció por primera vez enCantabria unas reglas del juegosobre la mesa de los interesesinmobiliarios y puso fin a la locu-ra. Pero para entonces el mal yaestaba hecho.

El ladrillo ha enterrado parasiempre hermosos parajes en lacosta oriental, la que ya no tieneremedio, debido fundamental-mente a la presión turística, so-bre todo del País Vasco, que hasembrado el litoral cántabro desegundas residencias mientrasconserva en buen estado su pro-pia franja costera. Porque el da-ño que causan los desmadres ur-banísticos es, por naturaleza,irreversible, definitivo. Lo sabenbien en esta comunidad que acu-mula más de 500 viviendas consentencias firmes de derribopor incumplir todo tipo de nor-mas medioambientales. Casi lamitad corresponden a Argoños,un municipio de menos 1.500 ha-bitantes. Todas llevan años sinejecutarse.

Los jueces han sido contun-dentes en Cantabria, y la admi-nistración, laxa. Algunas de lassentencias firmes de derribo seremontan al año 2000, pero lascasas permanecen en pie y asíseguirán mientras dure el tira yafloja entre la administración,los compradores de las vivien-das y los ecologistas.

La Asociación para la Defen-sa de los Recursos Naturales deCantabria (Arca), la que ha lleva-do las urbanizaciones a los tribu-nales, reclama la inmediata eje-cución de las sentencias y advier-te de las consecuencias de se-guir dilatando su cumplimiento:“Es un problema gravísimo. To-do el Estado de derecho quedareducido a la nada si no se ha-cen valer las normas, si no secumple el dictamen de un juez.La gente tiene la percepción deque levanta su casita en el me-dio de una playa y no pasa nada.Al no ejecutar las sentencias, la

administración lanza el mensa-je de que se pueden legalizar. Yla administración no puede am-pararse en las víctimas, que sonsus víctimas, para no cumplirlas normas. Las casas tienenque ser derribadas y los compra-dores indemnizados. Porque enrealidad, las víctimas de una ur-banización que destroza un pa-raje natural somos todos. Legali-zarlas saldría mucho más caro”,explica José Ángel Herrera, vice-presidente de Arca.

El consejero de Urbanismode Cantabria, José María Ma-zón, admite la presión de losafectados, no aclara si el Gobier-no regional va a tomar algunamedida para forzar los derribosy, aunque asegura que “las sen-tencias están para cumplirlas”,contempla la “legalización de al-gunas” de las viviendas: “Loscompradores son gente inocen-te, gente a la que hay que indem-nizar y eso va a costar muchosmillones. Además, nadie quieredemoler viviendas. Los tribuna-les lo exigen pero llevarlo a cabono es nada fácil porque las em-presas no quieren complicarsela vida por un derribo que tam-poco les supone grandes ingre-sos. Faltan medios para poder

ser drástico. Debería haber unaagencia nacional para ejecutarlas sentencias de derribo. Cuan-to más cerca del problema estás,más difícil solucionarlo”.

Mientras, cerca de 2.000 afec-tados siguen viviendo en sus ur-banizaciones moribundas, pa-gando sus hipotecas. Reunidosen la Asociación de Maltratadospor la Administración (AMA) or-ganizan todo tipo de actos—marchas de protesta, manifes-taciones y hasta obras de tea-tro— buscando la solidaridadciudadana y el desgaste de la ad-

ministración. De momento, conéxito. Los vecinos de los 144 cha-lés en la Playa de la Arena (Ar-nuero), levantados sobre un en-cinar protegido — “un gran bos-que enteramente suyo, una ríapara usted, una playa junto a suhogar”, anunciaba la promotoraen 1991— son los que más cercahan estado de las excavadoras.En noviembre pasado llegó a ha-ber una empresa adjudicada pa-ra la demolición de las vivien-das, Erri Berri, pero tras ganarel concurso de derribo, comen-zó a recibir cientos de cartas y

llamadas telefónicas de los veci-nos de la urbanización advirtien-do de las vidas que iban a destro-zar si llevaban las máquinas asu puerta. Finalmente, Erri Be-rri desistió.

Pero por difícil que esté resul-tando hacer el borrón para em-pezar la cuenta nueva, la costacántabra afronta el futuro conuna potente herramienta de pro-tección del entorno, el POL.“Nos ha dado mucha tranquili-dad por sus dos frentes. Por unlado, protege el territorio y haconseguido salvar lo que queda-

ba por salvar. Y por otro, estable-ce unas normas de ordenamien-to urbanístico para el futuro. Lle-gó a tiempo para paralizar másde 30 sectores urbanísticos vol-cados en primera línea de playay ha conseguido que casi ningúnayuntamiento haya presentadoplanes de ordenación a la espe-ra, supongo, de que lleguen tiem-pos mejores”, afirma Herrera.

“Antes del POL no había nin-gún instrumento jurídico paraproteger la costa. Había muchorecelo a poner normas, pero lanueva ley no deja margen para

las dudas. Está todo dibujado,por colores, dónde se puedeconstruir, y dónde no. Las mejo-ras que ha traído el POL no seven porque su objetivo es queno haya más aberraciones. Yefectivamente, desde septiem-bre de 2004, que es cuando loaprobamos, no ha habido mássentencias de derribo”, afirmaMiriam García, ex directora ge-neral de urbanismo de Can-tabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayunta-miento, Piélagos, el municipioque se ha hecho célebre por su

“dentellada al monte”, tal y co-mo describieron los jueces delTribunal Superior de Justicia deCantabria (TSJC) la urbaniza-ción de 400 viviendas que autori-zó el consistorio en el Alto delCuco, en el entorno del Montede la Picota y junto al ParqueNatural de Liencres. “En el tiem-po que estuve trabajando comodirectora general de urbanismoes lo que más daño me ha hechoa la vista y es la espinita que mellevo clavada. El alcalde aprobóel plan parcial de la urbaniza-ción deprisa y corriendo para

adelantarse a la aprobación delPOL, y lo consiguió. Eso sí, ha-ciendo oídos sordos a un infor-me desfavorable de ComisiónRegional de Ordenación del Te-rritorio y un requerimiento”,asegura García.

Las obras en Alto del Cucoestán paradas cautelarmente. El

TSJC anuló en abril del año pasa-do el plan parcial de la urbaniza-ción, incrustada en un monte re-banado para chalés con desnive-les de hasta 17 metros y en unenclave muy expuesto visual-mente desde el litoral. La promo-tora, Fadesa, ha recurrido anteel Supremo. Arca también ha re-currido todas las licencias deconstrucción para que las vivien-das sean derribadas.

El Informe Destrucción a To-da Costa 2007 de Greenpeace si-túa hoy la principal amenaza enlos puertos deportivos, “el autén-

tico punto negro de la políticacostera del ejecutivo cántabro”y cita cuatro ejemplos en CastroUrdiales, Laredo, Suances y SanVicente de la Barquera, todosproyectados “sin la más mínimasensibilidad ambiental”. La orga-nización ecologista advierte tam-bién de la contaminación queprovocan 24 municipios coste-ros carentes de sistemas de tra-tamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienenpor otro lado. “Lo que realmen-te nos da miedo y por dondecreemos que va a venir la ame-naza en el futuro es lo que lla-man Proyectos Singulares de In-terés Regional, grandes comple-jos de ocio con hoteles, restau-rantes, parques temáticos, auspi-ciados por el Gobierno autonó-mico mediante leyes ad hoc. Co-mo en Los Monegros. Los tiem-pos han cambiado, han mejora-do”, asegura Herrera. “Ya no

existe aquella figura del alcalde-promotor, el POL ha creado unadisciplina urbanística y la sensi-bilidad social es mayor, pero ¿dequé sirven las leyes de protec-ción del territorio si el Gobiernose reserva la posibilidad de po-nerlo todo patas arriba paracomplacer a una iniciativa priva-da y crear unos cuantos puestosde trabajo?”.

La piquetade la justiciano funcionaEl Gobierno cántabro se veincapaz de ejecutar lassentencias de demolición

Un pueblo de 1.500habitantes acumuladiez sentencias dederribo sin cumplir

El tribunal paró unaurbanización porconsiderarla “unadentellada al monte”

“Faltan medios paraser drástico. Nadiequiere tirar las casas”,dice un consejero

Los alcaldes hanaplazado sus planesa la espera de‘mejores tiempos’

La destrucción del litoral / Costa norteLa destrucción del litoral / Costa norte

3. CANTABRIAEs la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas consentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchosparajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.

NATALIA JUNQUERAMadrid

Macrourbanización de 400 viviendas en el Altodel Cuco, en el municipio de Piélagos y en elentorno del parque natural de Liencres. Lajusticia cántabra ha suspendido cautelarmente lasobras por considerar que los edificios suponen“una dentellada al monte”. / santos cirilo

Masificación en Castro Urdia-les, pueblo costero que mul-tiplica su población en vera-no. A la izquierda, urbaniza-ción con sentencia de derri-bo en Liencres. / s. c.

18 EL PAÍS, miércoles 9 de enero de 2008

ESPAÑA

E Próxima entrega: Lacosta del País Vasco

Es, con diferencia, la comuni-dad de la costa norte más casti-gada por el urbanismo salvaje.Algunos de sus municipios dellitoral, como Castro Urdiales oNoja, poco tienen que envidiaral símbolo de la masificación ylugar de culto al hormigón quees Benidorm. El Plan de Ordena-ción del Litoral (POL) de 2004estableció por primera vez enCantabria unas reglas del juegosobre la mesa de los interesesinmobiliarios y puso fin a la locu-ra. Pero para entonces el mal yaestaba hecho.

El ladrillo ha enterrado parasiempre hermosos parajes en lacosta oriental, la que ya no tieneremedio, debido fundamental-mente a la presión turística, so-bre todo del País Vasco, que hasembrado el litoral cántabro desegundas residencias mientrasconserva en buen estado su pro-pia franja costera. Porque el da-ño que causan los desmadres ur-banísticos es, por naturaleza,irreversible, definitivo. Lo sabenbien en esta comunidad que acu-mula más de 500 viviendas consentencias firmes de derribopor incumplir todo tipo de nor-mas medioambientales. Casi lamitad corresponden a Argoños,un municipio de menos 1.500 ha-bitantes. Todas llevan años sinejecutarse.

Los jueces han sido contun-dentes en Cantabria, y la admi-nistración, laxa. Algunas de lassentencias firmes de derribo seremontan al año 2000, pero lascasas permanecen en pie y asíseguirán mientras dure el tira yafloja entre la administración,los compradores de las vivien-das y los ecologistas.

La Asociación para la Defen-sa de los Recursos Naturales deCantabria (Arca), la que ha lleva-do las urbanizaciones a los tribu-nales, reclama la inmediata eje-cución de las sentencias y advier-te de las consecuencias de se-guir dilatando su cumplimiento:“Es un problema gravísimo. To-do el Estado de derecho quedareducido a la nada si no se ha-cen valer las normas, si no secumple el dictamen de un juez.La gente tiene la percepción deque levanta su casita en el me-dio de una playa y no pasa nada.Al no ejecutar las sentencias, la

administración lanza el mensa-je de que se pueden legalizar. Yla administración no puede am-pararse en las víctimas, que sonsus víctimas, para no cumplirlas normas. Las casas tienenque ser derribadas y los compra-dores indemnizados. Porque enrealidad, las víctimas de una ur-banización que destroza un pa-raje natural somos todos. Legali-zarlas saldría mucho más caro”,explica José Ángel Herrera, vice-presidente de Arca.

El consejero de Urbanismode Cantabria, José María Ma-zón, admite la presión de losafectados, no aclara si el Gobier-no regional va a tomar algunamedida para forzar los derribosy, aunque asegura que “las sen-tencias están para cumplirlas”,contempla la “legalización de al-gunas” de las viviendas: “Loscompradores son gente inocen-te, gente a la que hay que indem-nizar y eso va a costar muchosmillones. Además, nadie quieredemoler viviendas. Los tribuna-les lo exigen pero llevarlo a cabono es nada fácil porque las em-presas no quieren complicarsela vida por un derribo que tam-poco les supone grandes ingre-sos. Faltan medios para poder

ser drástico. Debería haber unaagencia nacional para ejecutarlas sentencias de derribo. Cuan-to más cerca del problema estás,más difícil solucionarlo”.

Mientras, cerca de 2.000 afec-tados siguen viviendo en sus ur-banizaciones moribundas, pa-gando sus hipotecas. Reunidosen la Asociación de Maltratadospor la Administración (AMA) or-ganizan todo tipo de actos—marchas de protesta, manifes-taciones y hasta obras de tea-tro— buscando la solidaridadciudadana y el desgaste de la ad-

ministración. De momento, conéxito. Los vecinos de los 144 cha-lés en la Playa de la Arena (Ar-nuero), levantados sobre un en-cinar protegido — “un gran bos-que enteramente suyo, una ríapara usted, una playa junto a suhogar”, anunciaba la promotoraen 1991— son los que más cercahan estado de las excavadoras.En noviembre pasado llegó a ha-ber una empresa adjudicada pa-ra la demolición de las vivien-das, Erri Berri, pero tras ganarel concurso de derribo, comen-zó a recibir cientos de cartas y

llamadas telefónicas de los veci-nos de la urbanización advirtien-do de las vidas que iban a destro-zar si llevaban las máquinas asu puerta. Finalmente, Erri Be-rri desistió.

Pero por difícil que esté resul-tando hacer el borrón para em-pezar la cuenta nueva, la costacántabra afronta el futuro conuna potente herramienta de pro-tección del entorno, el POL.“Nos ha dado mucha tranquili-dad por sus dos frentes. Por unlado, protege el territorio y haconseguido salvar lo que queda-

ba por salvar. Y por otro, estable-ce unas normas de ordenamien-to urbanístico para el futuro. Lle-gó a tiempo para paralizar másde 30 sectores urbanísticos vol-cados en primera línea de playay ha conseguido que casi ningúnayuntamiento haya presentadoplanes de ordenación a la espe-ra, supongo, de que lleguen tiem-pos mejores”, afirma Herrera.

“Antes del POL no había nin-gún instrumento jurídico paraproteger la costa. Había muchorecelo a poner normas, pero lanueva ley no deja margen para

las dudas. Está todo dibujado,por colores, dónde se puedeconstruir, y dónde no. Las mejo-ras que ha traído el POL no seven porque su objetivo es queno haya más aberraciones. Yefectivamente, desde septiem-bre de 2004, que es cuando loaprobamos, no ha habido mássentencias de derribo”, afirmaMiriam García, ex directora ge-neral de urbanismo de Can-tabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayunta-miento, Piélagos, el municipioque se ha hecho célebre por su

“dentellada al monte”, tal y co-mo describieron los jueces delTribunal Superior de Justicia deCantabria (TSJC) la urbaniza-ción de 400 viviendas que autori-zó el consistorio en el Alto delCuco, en el entorno del Montede la Picota y junto al ParqueNatural de Liencres. “En el tiem-po que estuve trabajando comodirectora general de urbanismoes lo que más daño me ha hechoa la vista y es la espinita que mellevo clavada. El alcalde aprobóel plan parcial de la urbaniza-ción deprisa y corriendo para

adelantarse a la aprobación delPOL, y lo consiguió. Eso sí, ha-ciendo oídos sordos a un infor-me desfavorable de ComisiónRegional de Ordenación del Te-rritorio y un requerimiento”,asegura García.

Las obras en Alto del Cucoestán paradas cautelarmente. El

TSJC anuló en abril del año pasa-do el plan parcial de la urbaniza-ción, incrustada en un monte re-banado para chalés con desnive-les de hasta 17 metros y en unenclave muy expuesto visual-mente desde el litoral. La promo-tora, Fadesa, ha recurrido anteel Supremo. Arca también ha re-currido todas las licencias deconstrucción para que las vivien-das sean derribadas.

El Informe Destrucción a To-da Costa 2007 de Greenpeace si-túa hoy la principal amenaza enlos puertos deportivos, “el autén-

tico punto negro de la políticacostera del ejecutivo cántabro”y cita cuatro ejemplos en CastroUrdiales, Laredo, Suances y SanVicente de la Barquera, todosproyectados “sin la más mínimasensibilidad ambiental”. La orga-nización ecologista advierte tam-bién de la contaminación queprovocan 24 municipios coste-ros carentes de sistemas de tra-tamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienenpor otro lado. “Lo que realmen-te nos da miedo y por dondecreemos que va a venir la ame-naza en el futuro es lo que lla-man Proyectos Singulares de In-terés Regional, grandes comple-jos de ocio con hoteles, restau-rantes, parques temáticos, auspi-ciados por el Gobierno autonó-mico mediante leyes ad hoc. Co-mo en Los Monegros. Los tiem-pos han cambiado, han mejora-do”, asegura Herrera. “Ya no

existe aquella figura del alcalde-promotor, el POL ha creado unadisciplina urbanística y la sensi-bilidad social es mayor, pero ¿dequé sirven las leyes de protec-ción del territorio si el Gobiernose reserva la posibilidad de po-nerlo todo patas arriba paracomplacer a una iniciativa priva-da y crear unos cuantos puestosde trabajo?”.

La piquetade la justiciano funcionaEl Gobierno cántabro se veincapaz de ejecutar lassentencias de demolición

Un pueblo de 1.500habitantes acumuladiez sentencias dederribo sin cumplir

El tribunal paró unaurbanización porconsiderarla “unadentellada al monte”

“Faltan medios paraser drástico. Nadiequiere tirar las casas”,dice un consejero

Los alcaldes hanaplazado sus planesa la espera de‘mejores tiempos’

La destrucción del litoral / Costa norteLa destrucción del litoral / Costa norte

EL PAÍS

Urbanismo salvaje en la costa cántabra

SAN VICENTE DE LA BARQUERA: • 700 amarres

Población (nº de habitantes)

Costa (kilómetros)

Urbanización del primer kilómetro de costa

Porcentaje deslindado (3º trim. de 2007)

CANTABRIA

573.000284

17,6%75%

Fuente: INE, Instituto Geográfico Nacional, Arca y Greenpeace

CANTABRIA

Santander

PiélagosSuances

Miengo

Laredo

EscalanteArgoños

Arnuero

Castro -UrdialesSan Vicente de la Barquera

CASTRO URDIALES• 637 amarres

SUANCES: • 1.135 amarres

LAREDO • 580 amarres en mar y 200 en tierra

Nuevos puertos deportivos previstos:

PUNTOS NEGROS. Sentencias sobre urbanizaciones ilegales:

• Arnuero: 144 viviendas• Argoños: 247 chalés en 10 urbanizaciones• Escalante: un bloque de 32 pisos• Miengo: Un bloque de 20 apartamentos• Piélagos: 88 chalés en cuatro urbanizaciones “(Alto del Cuco*): 398 viviendas

*El TSJC ha anulado el plan parcial. Falta confirmación del Tribunal Supremo.

3. CANTABRIAEs la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas consentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchosparajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.

NATALIA JUNQUERAMadrid

Macrourbanización de 400 viviendas en el Altodel Cuco, en el municipio de Piélagos y en elentorno del parque natural de Liencres. Lajusticia cántabra ha suspendido cautelarmente lasobras por considerar que los edificios suponen“una dentellada al monte”. / santos cirilo

Masificación en Castro Urdia-les, pueblo costero que mul-tiplica su población en vera-no. A la izquierda, urbaniza-ción con sentencia de derri-bo en Liencres. / s. c.

EL PAÍS, miércoles 9 de enero de 2008 19

ESPAÑA