X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

La participación ciudadana frente a innovaciones institucionales a nivel local y regional en pequeñas localidades argentinas

Martha Inés Díaz de Landa

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Introducción

Desde mediado y hasta aproximadamente a fines del siglo veinte, la región ha sido una categoría socioterritorial residual, meramente una resultante de profundos procesos socioeconómicos. Experiencias exitosas de desarrollo regional intraestatales, Emilia-Romagna en Italia, Baden-Württemberg en Alemania, Rhone-Alpes en Francia y Silicon Valley en los Estados Unidos, han entusiasmado a sociólogos, politólogos, historiadores y geógrafos economista, enrolados en el movimiento llamado del “Nuevo Regionalismo”. Propulsor éste de políticas de regionalización, en el presente ha exaltado a la región, en particular la urbanizada, como: (1) una base fundamental de la vida social y económica; (2) un instrumento vital para el desarrollo; y (3) un meso-nivel de reordenamiento territorial apto para la nueva era del capitalismo globalizado (Arndt, Gawron and Jähnke, 2000, Storper, 1997; Diaz de Landa, 2004).

Los estudios sobre desarrollo regional y la vinculación entre éste y el desarrollo económico local han centrado su atención principalmente sobre casos exitosos y en regiones previamente constituidas, desarrolladas y con capacidad de innovación, como base de procesos de desarrollo crecientes y persistentes (Gibbs, Jonas, Reimer and Spooner, 2001).

Más recientemente se ha prestado atención al análisis de la naturaleza de la gobernance y el cambio institucional en las subregiones más desarrolladas a fin de determinar las condiciones económicas, culturales y políticas que han facilitado tal desarrollo. Orientados estos análisis desde una perspectiva institucionalista, han rescatado el rol de relaciones intergubernamentales, las redes interempresariales e inteorganizacionales entre actores económicos, de la sociedad civil y del ámbito académico y la articulación entre gobiernos locales, los sectores productivos, las ONG y la ciudadanía (Saxenian, A. 1994; Lovering J., 1995; Morgan, K. 1997; Sternberg, 2000).

La alta densidad de interrelaciones entre espacios locales, que se reconoce como capacidad institucional para la generación y consolidación de interdependencias sinérgicas entre agentes locales y regionales, se plantea como condición necesariamente presente en los casos exitosos de desarrollo regional y a éste como factor propulsor y sustentable de desarrollos locales (Amin A., 1999). Por lo contrario se asume que tal condición se encuentra ausente en experiencias que han mostrados dificultades para lograr procesos sostenidos de desarrollo regional (Jonas, 1996).

Arndt, Gawron and Jähnke (2000) en su estudio sobre la respuesta de la política de regionalización alemana a la implementación de los programas de desarrollo regional impulsados por la Unión Europea, analizan las dificultades para encarar estas propuestas que se manifiestan sobre todo en las administraciones locales. Plantean que la tradicional ”muralla administrativa” que separa pueblos y ciudades no solo limita sus posibilidades de desarrollo sino que también es responsable de la asignación y distribución inadecuada de recursos y servicios. Los autores postulan, considerando el dominio territorial propio del estado federal de Alemania, que la necesidad de un nuevo equilibrio urbano exige superar la noción tradicional de la ciudad y constituir nuevas formas de articulación socio-territorial. En este sentido, se pronuncian por la organización de “regiones concertadas”, dada la institucionalidad de las autonomías locales pero también su insuficiencia para sostener procesos de desarrollo continuos.

En comparación con la estrategia de desarrollo basada en áreas funcionales en equilibrio o en el concepto de localidades centrales, la idea es la realización de proyectos conjuntos productos de la cooperación y la comunicación para potenciar el desarrollo local-regional interdependiente de tal modo que la prioridad es la red de localidades y no el interés de cada localidad. Al mismo tiempo, este

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principio incorpora funciones de desarrollo y posibilita la inclusión de las áreas periféricas, por lo general débiles en estructuras de servicios y disponibilidad de recursos económicos y políticos para innovar y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones.

Uno de los pocos estudios sobre la conformación de regiones a partir de contextos locales que exhiben una limitada infraestructura institucional, lazos débiles entre los gobiernos locales y reducida capacidad económica, concurrencia de localidades urbanas y rurales, con baja densidad poblacional, es el trabajo de Gibbs, Jonas, Suzanne Reimer, y Spooner (2001) sobre la Sub-región de Humber (Inglaterra).

Si bien el interés de estos autores es analizar el papel que juega la capacidad institucional de los gobiernos locales para establecer relaciones de cooperación intra e interlocales estimulada por programas de cooperación propuestos y financiados por la Unión Europea, en el marco de esta ponencia se rescatan sus conclusiones respecto a las dificultades de los municipios para articular acciones comunes que impulsen desarrollos regionales sustentables de sus propios desarrollos locales.

En este sentido se destacan, entre otros obstáculos de articulación observados por los autores respecto de la experiencia analizada, la baja densidad de relaciones entre los gobiernos municipales, la ausencia de redes sociales y económicas interlocales, la escasa institucionalidad de formas cooperativas dentro de la subregión por la alta fragmentación política que en ella se manifiesta, el rol central de los gobiernos locales por sobre otros actores sociales y económicos de ese ámbito, los problemas de comunicación e información compartida tanto entre los funcionarios gubernamentales como entre estos y los actores económicos y del voluntariado social, diferentes percepciones sobre prioridades y estrategias de implementación de proyectos comunes.1

En América Latina específicamente son pocos los trabajos de análisis empírico de procesos de regionalización inducida en los que específicamente se involucran gobiernos locales2 y, sobre todo, gobiernos locales con un considerable grado de autonomía y, relativamente, de pequeño tamaño poblacional.3

En Diaz de Landa (2004a), al considerar la importancia de un desarrollo estratégico para los ámbitos locales, se señala que la dinámica poblacional es uno de los factores de mayor presión para la gestión en el corto y en el mediano plazo. El crecimiento de las ciudades intermedias tiene relación con las migraciones que caracterizan la movilidad poblacional en esta última década. Bajo la forma de una circulación dual de carácter centrípeta (migración desde las pequeñas localidades urbanas y rural-urbanas) y otra centrífuga y estratificada por desplazamiento desde las ciudades centrales a las periféricas tanto de los sectores empobrecidos por la crisis del empleo en los grandes centros urbanos,

1 Propuesta comunes tales como creación de empleo, provisión de asesoramiento y asistencia a las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos de empresas pequeñas, reclamaciones de tierras; disposiciones sobre requerimientos para las compañías manufactureras; el número de centros urbanos o comunidades beneficiadas directamente, el desarrollo del turismo y de la industria cultural. Los actores locales entrevistados, informan los investigadores, señalaron como críticos el predominio de criterios instrumentalistas en la selección de proyectos a implementar y la falta de promoción de la participación social en los proyectos. Proyectos orientados a producir resultados cuantificables son priorizados por sobre los proyectos que persiguen atender a las demandas y necesidades locales y regionales. Asimismo se observó la preeminencia de iniciativas externas a la región, y una escasa capacidad de propuesta endógenas. (Gibbs, Jonas, Suzanne Reimer, y Spooner, 2001) 2 Una amplia revisión de la producción literaria al respecto, particularmente centrada en la Bibliteca Virtual de CLACSO y sus vínculos con numerosos centros mostró que la mayoría de los estudios producidos en América Latina sobre regionalización tiene que ver mayoritariamente con el nivel internacional, aún cuando en algunos de ellos se analicen los efectos de la regionalización inducida sobre los ámbitos locales, por caso Enrique Mazzei y Danilo Veiga (s/f). También es posible encontrar trabajos de carácter propositivo que valoran la necesidad de impulsar procesos gubernamentales de regionalización (Espinosa J. O. y Sánchez Ó. I., 2003), o bien estudios jurídico-institucionales sobre la organización político-administrativa en sistemas federales (Drnas de Clement, Z., 1999). 3 Los procesos de conurbanización, metropolización y de regionalización en esos ámbitos con alta densidad poblacional han recibido mayor atención.

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como de segmentos de clase media y alta en búsqueda de exclusividad y seguridad4. Los resultados de estudios comparativos de casos convergen en relativizar los supuestos

optimistas acerca del desarrollo endógeno de pequeñas y medianas localidades en países de economías débiles. Y ello, principalmente, por las siguientes razones 1. La limitada sustentabilidad de su producción y servicios; 2. El modesto rol como agentes de desarrollo; 3. Su status altamente dependiente de condiciones externas elusivas a su control; 4 La dependencia de centros polares, por lo general de compleja accesibilidad, y la baja intensidad de interrelaciones con localidades –también pequeñas o medianas- por sus mutuas interdependencias.

El supuesto que subyace en este análisis refiere a la necesidad de construir un sistema balanceado y policéntrico cuyo desarrollo, recursos esenciales de innovación y gobernance estratégica requieren tanto de relaciones económicas y sociales intensas entre las localidades como de un sentido de identidad regional de mutua pertenencia (van Houtum and Lagendijk, 2001).

En este sentido, la política de regionalización iniciada por la Provincia de Córdoba en el año 2000 parte centralmente de la reconsideración del papel que juega la cantidad y tamaño de los municipios y comunas respecto a las dificultades que éstas enfrentan para impulsar y sostener procesos de desarrollo local. Se expresa en el Anexo A del Pacto de Saneamiento Fiscal y de conformación de los Entes de Recaudación y Gestión Regional, que forma parte de la ley sancionatoria del mismo, el siguiente fundamento: “La Provincia cuenta actualmente con 249 Municipalidades y 179 Comunas5 que requieren de una política de ordenamiento territorial, que les permita organizarse administrativa y espacialmente en grupos funcionales equilibrados. Es así que las asociaciones de municipios, representan una alternativa de solución adecuada para atacar el problema de atomización de los gobiernos locales” 6.

El rol de las pequeñas localidades en el desarrollo local y regional constituye un tópico importante de debate. Esta cuestión adquiere especial relevancia en el caso de Argentina. Esta tiene aproximadamente el 70% de sus gobiernos locales (total 1991) con una población ≤ 5000 habitantes, superando marcadamente a los países latinoamericanos con mayor número total de gobiernos locales: Perú el 58% (total: 1812), México 31% (total 2389), Colombia 17% (total 1061) y Brazil 16% (total 4490).

La estrategia del desarrollo regional como sustentador de los desarrollos locales se plantea como indispensable en el caso de pequeñas localidades y coloca a estas unidades frente al desafío de emprender innovaciones y cambios socio-territoriales de envergadura (Diaz de Landa 2004 y 2005)

La ponencia expone los resultados de un análisis sobre la participación de la ciudadanía en innovaciones que apuntan a la institución de instancias regionales de coordinación, tanto desde la

4 De acuerdo al informe del Banco Mundial del año 2000, a pesar de que la productividad es más elevada en las grandes zonas metropolitanas, la gran mayoría de la población urbana mundial sigue viviendo en ciudades pequeñas y medianas, tendencia que parece va a fortalecerse. América Latina no escaparía a estas tendencias generales, por lo que comienza a visualizarse un mayor crecimiento de estas últimas, sin que ello signifique neutralizar la fuerte presencia del inframunicipalismo y sus consecuencias limitantes para atender a la calidad de vida de sus poblaciones y encarar estrategias de desarrollo local. (Diaz de Landa, 2004) 5 La organización estatal de la provincia diferencia entre ciudades, municipios y comunas. La primera categoría corresponde a poblaciones de ≥10.000 habs; la segunda comprende poblaciones entre <10000 y ≥2000 habs. Poblaciones de <2000 se organizan en comunas. Difieren también en el alcance de sus atribuciones autonómicas de organización del gobierno, en la complejidad, por cierto, de su administración política y en la capacidad de financiamiento de los servicios. Las ciudades son autorreguladas, a los municipios constitucionalmente se les garantiza su autonomía y las comunas son normadas por la Ley Orgánica Provincial, aunque autónomas en la elección de sus autoridades. 6 Los entes regionales previstos en el Pacto de Saneamiento Fiscal Fiscal se sitúan en el plano de la coordinación horizontal y como “organismos intermunicipales” encuentran una previsión expresa en el art. 190 de la Constitución de Córdoba (con reglamentación amplia por el art. 183 de la Ley 8102); son personas jurídicas de Derecho Público, creadas (sólo) por los municipios y/o comunas y cuyo diseño orgánico, funcionamiento y fines deben establecerse en el acto de creación respetando el límite de la indelegabilidad de funciones (art. 13, Constitución Provincial de Córdoba). Las letras en cursiva pertenecen al autor.

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perspectiva de los decidores políticos como desde la experiencia de la propia ciudadanía. Para ello se contrasta la posición de la ciudadanía de localidades menores de 5000 habitantes

que pertenecen a tres regiones diferentes conformadas como consecuencia de la política de regionalización impulsada por el Gobierno Provincial entre el año 2000 y el año 2003, llamada “Acuerdo económico, financiero y fiscal entre la Provincia de Córdoba con Municipios y Comunas para el fortalecimiento sustentable del régimen municipal y comunal” (o “Pacto de Saneamiento Fiscal”) del año 20007.

El fracaso de esta política plantea interrogantes sobre el éxito de la regionalización inducida que se pretende continuar a través de la nueva estrategia que promueve la ley 9206 recientemente sancionada8.

Se seleccionaron tres casos de conformación de entes regionales en el marco de la política de regionalización iniciada en el año 2000. A los efectos de su identificación se denominan Entes 5, 21 y 6 (Anexo, tablas 1, 2 y 3). Se aplicó una encuesta poblacional a una muestra seleccionada por muestreo aleatorio sistemático. Sobre una población total de 59.248 ciudadanos, se confeccionó una muestra de 400 sujetos, con un error de ±4.9, distribuidos en 20 puntos muestrales que comprenden 18 de las 43 localidades de ≤5000 habitantes (Anexo, tabla 4). Efectivamente se recogieron 350 encuestas, conjunto al que corresponde un error muestral de ± 5.2.9 Paralelamente se entrevistó a 76 funcionarios locales (pertenecientes a 48 municipios y comunas, total de localidades que suman los tres entes) sobre la participación que atribuyen a la ciudadanía en la constitución de instancias regionales de coordinación para el desarrollo.

I. Las dificultades de la política de regionalización en la Provincia de Córdoba bajo el

proyecto 2000-2003 (Entes Regionales de Recaudación Fiscal y Gestión) Las definiciones, percepciones y valoraciones de los funcionarios municipales entrevistados es

de importancia por cuanto en el marco de la política de regionalización bajo análisis, los intendentes y concejales a nivel municipal, y los presidentes y secretarios comunales a nivel comunal, han sido los actores centrales además de los funcionarios del ejecutivo y del legislativo provincial. Sin embargo, debe señalarse que los locales adquieren mayor preeminencia en la implementación y desarrollo de dicha política, por la alta institucionalidad que impregna la distribución de poder territorial en el contexto provincial de Córdoba.

Las resistencias que se observó en los tres niveles de conflictividad que han caracterizado el proceso de implementación de la regionalización inducida por el Pacto Fiscal entre Provincia y Municipios se sintetizan en el siguiente esquema:

7 El 5 de febrero de 2000, se firma este “Acuerdo” con Municipios y Comunas de la provincia y en julio del mismo año, el acuerdo fue convertido en la Ley Provincial Nº 8.864. 8 El nuevo ordenamiento socioterritorial que contempla la Ley 9206/2005 es comentado y analizado en la ponencia de Parmigiani de Barbará (2005). 9 Ver distribución de encuestas por Ente en Anexo, tabla 5.

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Relaciones entre provincia y municipios/comunas.

Relaciones al interior del gobierno local

Relaciones interlocales

1. Discrepancias sobre montos y plazos de la reprogramación de las deudas de los gobiernos locales con el Gobierno Provincial.

7. Limitada información y participación del conjunto del gobierno local. Gestión cen-tralizada en intendentes y jefes comunales.

13. Diversidad de las realidades locales, intereses y prioridades divergentes y la distancia entre las localidades.

2. Exigencias sobre la reforma administrativa y política en los ámbitos locales.

8. Carencia de capacidades técnicas en los municipios/ comunas.

14.Énfasis en beneficios locales inmediatos más que en acciones de desarrollo regional.

3. Determinación de pautas de armonización de la tributación para el conjunto de las localidades a fin de evitar desequilibrios entre ellas.

9. Baja prioridad otorgada al tema de la regionalización frente a la atención que demanda diariamente la gestión local.

15. Desconfianza de las localidades pequeñas en relación a la mayor influencia y beneficios por el tamaño e infraestructura de las más grandes.

4. Limitaciones financieras del gobierno provincial y del nacional que afectaron las remesas de envío de la coparticipación

10. Sesgos en la definición de la oposición o adhesión a la regionalización según afinida-des partidarias con el Gob. Provincial.

16. Conflictos de intereses entre los actores políticos locales que obstaculiza la conformación de una voluntad política para la coordinación regional.

5. Indefinición de la política en cuanto al respeto de las autonomías locales.

11. Volatilidad de las acciones lo-cales en el tiempo por los re-cambios políticos en el gobierno.

17. Discontinuidad de las acciones conjuntas para el funcionamiento de los entes regionales.

6. Incertidumbre sobre las condiciones económicas del país. Crisis de alta intensidad entre los años 2000 y 2003.

12. Encapsulamiento de las decisiones a nivel gubernamental para evitar costos políticos o por atribuir desinterés en la ciuda-danía. Derivado de ello es la ausencia de participación de actores extragubernamentales.

18. Ausencia de programas de emprendimientos comunes por problemas de comunicación entre las localidades miembros de los entes regionales. 19. Desconocimiento de las realidades locales de las localidades asociadas y de otras experiencias en el territorio provincial.

Las dificultades antes reseñadas permiten observar los problemas que han manifestado los

gobiernos locales para lograr establecer esquemas de coordinación horizontal y transaccional, también llamada “auto-coordinación”, es decir basada en negociaciones y acuerdos. La distribución de las dificultades varía por entes, según se explicita a continuación.

Al respecto debe tenerse en cuenta los tipos de dificultades que diferencian al ente 21 de los otros entes. Mientras el ente 5 está integrado por localidades en su mayoría pequeñas, con una común estructura productiva agrícola y la existencia entre ellas de un mutuo reconocimiento de pertenencia regional, el ente 21 presenta una estructura segmentada producto de la asociación forzada de localidades, por imposición del Gobierno Provincial en cumplimiento de la normativa de regionalización que exige alcanzar una población ≥30.000 habs. Ello generó retraimiento de parte de las localidades centrales en relación a otras, planteándose como dificultad principal la diversidad de realidades locales e intereses diferentes entre las localidades miembros. Precisamente el núcleo central

Entes Dificultades Totales Ente 5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18. 7 Ente 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18 11

Ente 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. 17

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de ellas configura desde hace décadas una microregión densa en redes de articulaciones económicas y sociales (Mazzalay, 2002; Diaz de Landa y Parmigiani de Barbará, 1997 y 2004) y concentra las dos localidades política y económicamente más importantes del ente con un liderazgo ya tradicional en su área de influencia, la cual involucra las localidades más pequeñas y débiles relativamente, cuya integración es resistida por las principales.

Por su parte, si bien el ente 6 surge en el marco del Pacto de Saneamiento, puede a éste definirse como una oportunidad para iniciar un proyecto político regional con perfiles propios, impulsado por una de las ciudades más grandes del interior provincial no obligada por su mayor tamaño a integrar los entes regionales. Pensado en términos de constituirse en el futuro en un Estado Regional (entrevista al intendente de Villa María, mentor de la idea, en Noviembre 2003), la iniciativa atrae a los jefes de los ejecutivos locales de las principales ciudades ubicadas en puntos estratégicos próximos al municipio promotor.

El ente 6 cubre una superficie de 14.796 km2. Sumadas las poblaciones de todos los municipios y comunas asociados alcanza un total de 179.223 habs. Se organiza formalmente en tres áreas, articuladas en torno a sus más importantes miembros fundadores (Villa María, La Carlota y Las Varillas) y sus Estatutos regulan detenidamente los objetivos del Ente (fundamentalmente dirigidos al desarrollo socioeconómico regional, como ya se indicó), los tipos de socios y sus derechos y obligaciones; ha sido concebido como un emprendimiento de coordinación entre los gobiernos locales de basto alcance, como proyecto político que se autopercibe trascendiendo a la iniciativa plasmada en el Pacto Fiscal I. Su zona cuenta con una importante actividad tanto agrícola cuanto ganadera, con industrias de ellas derivadas (láctea y oleaginosa) y una oferta variada de servicios.

No obstante su mayor grado de formalización, el ente 6 no ha logrado el nivel de ejecutividad alcanzado por el ente 5, pero sí ha podido articular y emprender algunos proyectos conjuntos y más aún darle continuidad a la asociatividad, objetivos no realizados en el ente 21.

Por último, contrasta entre los entes analizados las significaciones características de cada uno obtenidas mediante el análisis de textos10. En el Ente Nº 5 se pone énfasis en la conformación más o menos homogénea del mismo, la similitud en la estructura productiva y en el propósito del desarrollo regional. En tanto el Ente Nº 21 se tipifica por su preocupación en el costo político que el objetivo manifiesto del ente tiene: el cobro de impuestos.

Los datos sugieren en ambos entes una limitada información y participación de los Concejos Deliberantes y de los ciudadanos. La falta de consulta a la población se justifica –según los actores- dado el poco conocimiento que esta última tiene sobre la regionalización de la política tributaria local, la oposición que la misma puede impulsar teniendo en cuenta la crisis económica y la debilidad de las economías locales, y también se señala el desinterés por la participación en los asuntos públicos. La justificación basada en la indefinición de la política (sobre todo por responsabilidad del Gobierno Provincial y en cierta medida por las condiciones político-económicas del país) es un argumento característico del Ente Nº 21; y el planteo de “inexperiencia” en la gestión aparece en las argumentaciones de los actores del Ente Nº 5. Mientras que los representantes municipales y comunales del ente 6 destacaron acciones de comunicación con y de involucramiento de las organizaciones locales.

II. Importancia de la regionalización para la ciudadanía. ¿Cómo percibe la población de los municipios y comunas pequeñas la posibilidad de

incorporación de sus localidades en procesos de regionalización, advertidos de que tal posibilidad puede significar transferencias de funciones de sus gobiernos locales a las regiones? Sobre los 350 10 Para ello se utilizó el Programa Spad -T.

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encuestados en localidades de ≤5000 habs.11, el 59% respondieron que están de acuerdo con la transferencia de funciones locales a un gobierno regional. Por entes, los porcentajes oscilan entre el 50% y el 67%, registrando el ente 6 el porcentaje más alto. El más bajo -en relación a la media la población total- corresponde a localidades del ente 5. Ver Anexo Cuadro 1.

De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios, los gobiernos locales de cada ente han seguido políticas diferentes de relacionamiento con la ciudadanía. Los del ente 5 en general no han considerado oportuno ni útil la consulta a la ciudadanía, mientras que los del ente 6, si bien la han consultado sobre la constitución, realizada ésta han señalado la importancia de procesos de comunicación tendientes a construir la identidad regional. Por su parte, la dinámica limitada, desagregada y discontinua que ha seguido el ente 21, tanto durante la constitución como en relación a su puesta en marcha responde a los tipos de dificultades que diferencian al ente 21 de los otros entes.

Mientras el ente 5 estuvo integrado por consenso entre localidades en su mayoría pequeñas, con una común estructura productiva agrícola y la existencia entre ellas de un mutuo reconocimiento de pertenencia regional, el ente 21 presenta una estructura segmentada producto de la asociación forzada de localidades, por imposición del Gobierno Provincial en cumplimiento de la normativa de regionalización que exigía alcanzar una población ≥30.000 habs.

Ello generó, en el ente 21, retraimiento de parte de las localidades centrales en relación a otras, planteándose como un obstáculo principal la diversidad de realidades locales e intereses diferentes entre las localidades miembros. Precisamente el núcleo central de ellas configura desde hace décadas una microregión densa en redes de articulaciones económicas y sociales (Mazzalay, 2002; Diaz de Landa y Parmigiani de Barbará, 1997 y 2004) y concentra las dos localidades política y económicamente más importantes del ente con un liderazgo ya tradicional en su área de influencia, la cual involucra las localidades más pequeñas y débiles relativamente, cuya integración es resistida por los representantes del gobierno de las localidades principales.

Sin embargo, la población de las pequeñas, por esa misma razón, tiene expectativas de que la integración regional ayude a superar las carencias que las afecta. Se explica, en consecuencia, que la población se muestre proclive a una conformación regional, incluso a la transferencia de funciones de sus gobiernos locales a un gobierno regional.12

Una de las hipótesis sobre las diferencias que se manifiestan entre los ciudadanos respecto del acuerdo que prestan al traspaso de funciones del gobierno local a un gobierno regional, es el grado variable de conocimiento (información) sobre la constitución de los entes13. (Ver en Anexo Cuadro 2.)

Solo el 17.3% sobre 336 encuestados manifestaron que el Gobierno Local informó sobre la constitución del Ente. A su vez aproximadamente el 24% recibió información de otras fuentes. Cuando se analiza por ente, corresponde al nº 5 el 18% de personas informadas por el Gobierno Local sobre un total de 111 encuestados con respuesta afirmativa (5 encuestados Ns/nc); en poblaciones del ente 6, el porcentaje asciende levemente al 19,1% (n=183; 4 Ns/nc) y los ciudadanos relevados en el ente 21 alcanzan solo el 7% sobre 43, respondiendo Ns/nc, 3 personas.

Por fuentes externas al Gobierno Local, fueron informados en el ente 5, el 23,3% sobre el total de encuestados en las localidades correspondientes al mismo (116 encuestados). En el ente 6, respondieron en el mismo sentido el 26,6% sobre 184 respuestas (total 187: 3 respuestas Ns/nc) y un porcentaje de 17,8% representan los encuestados en el ente 21 sobre un total de 45 (2 respondieron

11 Ver en ANEXO, la descripción de la composición de la muestra y procedimiento de muetreo. La encuesta se aplicó entre Marzo y Abril de 2005. 12 El Ente 21 cuenta con dos ciudades (Jesús María y Colonia Caroya) de ejidos continuos e importante dinamismo económico y cultural; dos localidades pequeñas (Sinsacate y Col. Vicente Agüero) despliegan actividades complementarias a aquéllas, pero las restantes nueve que integran el ente son beneficiarias de servicios (salud, educación, etc,) del núcleo antes descripto; es decir que entre éstas y aquellas no hay relaciones de intercambio sino de dependencia. 13 Se aplicaron dos preguntas para determinar el grado de información de los ciudadanos sobre la constitución del ente; una que interroga si el gobierno local informó a la población y otra si tuvo conocimiento por algún otro medio.

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Ns/nc). El encapsulamiento de las decisiones gubernamentales locales en relación al proceso de

regionalización visualizado incluso por los propios funcionarios como un problema en el desarrollo del mismo, es plenamente ilustrado por los resultados previamente comentados sobre las respuestas de los ciudadanos. Sin embargo este problema es válido para los entes 5 y 6 que, aunque no decididamente sus respectivos procesos de regionalización ha tenido plena continuidad, han encarado algunas actividades que señalan avances sobre lo observado respecto al ente 21.

En este último los problemas de integración en el sentido de incorporación de localidades para la conformación del ente, han marcado desde el principio los rasgos de segregación entre las localidades económica e institucionalmente más desarrolladas para la cooperación respecto de las más débiles, en tanto no se conformaron como entes en base a una dinámica consensuada sino impuesta desde el Gobierno Provincial.

Si bien, y según declaraciones de los funcionarios de los tres entes regionales, las organizaciones económicas y de la sociedad civil tampoco fueron consultadas sobre la constitución de los mismos, actividades posteriores de discusión y realización de algunas cooperaciones, en los entes 5 y 6, parecen haber intermediado para que se expresara una mayor información a través de fuentes externas al Gobierno Local. En síntesis, fue pobre la interacción entre el gobierno y la sociedad local respectiva.

En consecuencia, las condiciones que pueden explicar una mayor información en algunos ciudadanos respecto de otros, parecen estar vinculadas básicamente a los atributos personales de éstos que a una política sistemática de interacción con la ciudadanía por parte de los gobiernos locales.

Se han considerado cuatro variables explicativas de la variabilidad que ofrece la información de los ciudadanos sobre la existencia de los entes respectivos. Centradas éstas en características personales, no obstante plantea la posibilidad de inferir algunas condiciones estructurales que actúan social, institucional y políticamente afectando la extensividad de una trama articulada que dé base y legitimación social para la construcción del nuevo espacio regional.

Tales variables son: Participación en acciones gubernamentales o políticas centradas en la presentación de

inquietudes a miembros del gobierno local (PartIndi)14; Participación personal o de algún miembro del hogar en asociaciones de padres o

cooperadoras (p21a2)15; Problema de la localidad que requiere asociación con otras localidades para solucionarlo: la

falta de fuentes de trabajo (P6b17)16; y Situación económica del ciudadano (CAPECO: indicador de nivel económico)17.

14 Otras alternativas: presentación de proyectos al Concejo Deliberante; actuación en proyectos o programas de la municipalidad; participación en consejos consultivos, audiencias públicas o consultas populares; participación en centro vecinal, comisión de vecino o asambleas barriales, firmas de peticiones al gobierno local, participación en actos de protestas. Todas ellas representan modalidades de acciones colectivas, cuya exploración ha mostrado una baja o muy baja frecuencia de participación. 15 Otras alternativas: asociación gremial, cooperativa, centro vecinal, partido político, grupos comunitarios, club social o deportivo, grupo ecológico, grupo religioso, grupo de productores, de negocios o centro comercial, grupo cultural, cuya exploración ha mostrado una baja o muy baja frecuencia de participación. 16 Otras alternativas: atención de la salud, educación, asistencia a personas de escasos recursos, problemas ambientales; prevención y control del delito; lograr que la gente pague los impuestos municipales; construcción y mantenimientos de rutas y caminos; transporte; comunicaciones; cloacas o red de gas; control del tránsito y prevención de accidentes en caminos y rutas; control de la calidad y estado de alimentos, lejanía de los servicios bancarios; recolección de residuos, tratamiento de los residuos. La exploración de los datos ha mostrado que no hay relación de estas variables con la mayor o menor información de los ciudadanos. 17 CAPECO indicador de capacidad económica, cuyo significado es el de una tasa de dependencia ponderada de acuerdo a los años de educación de los hogares de los integrantes que forman parte de la mano de obra ocupada del hogar.

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El modelo explicativo se testea mediante la técnica de Regresión Logística sobre la variable dependiente Información sobre la existencia de los entes regionales18. La ecuación alcanza un Ji cuadrado de muy alta significación (.0000), mostrando el mayor impacto de las variables Participación en acciones gubernamentales o políticas centradas en la presentación de inquietudes a miembros del gobierno local (PartIndi) con una sig. .0000 y de la Situación económica del individuo (CAPECO: indicador de nivel económico), sig. 0057. En tanto que es relativa la influencia de la variable Participación personal o de algún miembro del hogar en asociaciones de padres o cooperadoras (p21a2, sig. .0107) y menos significativa en el caso de Problema de la localidad que requiere asociación con otras localidades para solucionarlo: la falta de fuentes de trabajo (P6b17, sig. .0832).19

No obstante las cuatro variables concurren para explicar en su conjunto el 75,72% de la variabilidad total que manifiesta la información de la ciudadanía sobre la existencia de los entes regionales. Discriminada éstas por categorías: Sí tiene información (Código 1 de la distribución de valores observados y esperados) y No tiene información (Código 2 de la distribución de valores observados y esperados), se advierte que las variables indicadas concurren a explicar solo el 46, 67% de la distribución de la primera categoría (sí está informado) mientras que parece explicar consistentemente por qué no están informados.

Interesa resaltar que la relación entre todas las variables independientes, salvo la que representa el nivel socioeconómico del individuo, establece una correspondencia positiva. Esto importa que si el ciudadano participa en la acción gubernamental haciéndole llegar individualmente sus inquietudes y si además participa en asociaciones de padre o cooperadoras escolares, como así también estima que la asociación con otros municipios/comunas ayuda a solucionar la falta de fuentes de trabajo en su localidad, tiene mayor probabilidad de tener conocimiento sobre la existencia del ente regional del que forma parte. Por el contrario, la relación inversa está presente. La situación socioeconómica indica una relación negativa. Significa esto que en la medida en que es medio o alto su nivel (ocupación ponderada por años de instrucción), en consecuencia menos dependiente y limitado económicamente, mayor es la probabilidad del ciudadano de poseer información.

Al respecto puede decirse que la desinformación es muy probable entre quienes no tienen interacciones con el Gobierno Local en términos de acercarle inquietudes individualmente, presentan una situación económica baja, no participa en uno de los espacios de interacción y actividades conjuntos más comunes en localidades pequeñas (cooperadoras escolares o comisiones de padres) y no visualiza que la falta de fuentes de trabajo en su localidad puede tener alguna solución si las localidades se asocian y desarrollan actividades en conjunto orientadas a mejorar la situación laboral de la población local.

III. Relación entre la aceptación de transferir funciones locales a un gobierno regional y

la necesidad de asociarse con otras localidades para el desarrollo económico local, según percepción de la ciudadanía.

Existe una estrecha relación en la opinión de la ciudadanía entre la propuesta de transferir

funciones locales a un gobierno regional y la necesidad de asociarse con otras localidades para el desarrollo económico de la localidad (Ver en Anexo, Cuadro 3: Significación del Ji cuadrado=.0000).

Entre los que consideran insuficientes los esfuerzos que localmente puedan realizarse para Capacidad económica Reagrupamiento de CAPECO-n en (CAPECO): cuatro categorías: 1 (muy baja) = de 0 a 1.74, (baja) 2= de 1.75 a 2.49, 3 (media) =de 2.50 a 4.49, 4 (alta) =de 4.50 y más. (Alvarez, G. 1999). 18 La variable dependiente Información se construyó computando todos los individuos que tuvieran, o no, conocimiento a través del gobierno local o de otras fuentes externas a éste. 19 Mayor especificación sobre el resultado de la Regresión Logística, ver en Anexo, tabla 7.

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lograr el desarrollo, aproximadamente el 46% apoya la idea de transferir funciones a un gobierno regional. Lo harían en relación a algunas funciones o le es indiferente que se haga o no, un 33,6%. Mientras que se pronuncian por la no transferencias de responsabilidades locales el 20,5%.

En términos generales, sumados quienes transferirían considerando su relación o no con la cooperación con otras localidades, afirman su apoyo el 39,4%, aproximadamente otro tercio apoya esta innovación solo en relación a algunas funciones o le es indiferente que se implemente. El tercio restante de la ciudadanía responde que no acuerda con la transferencia.

Cabe acotar que entre los que no consideran necesario la asociación con otras localidades para el desarrollo (total 77 sobre 297 respuestas), una cifra sensiblemente menor, el 57% no acuerda con la transferencia de funciones que cumple o debiera cumplir su gobierno local.

Dado el diferente comportamiento institucional y organización entre los entes 5 y 6 respecto al ente 21, teniendo en cuenta la mayor conflictividad en este último en relación a la integración del ente regional, interesa discriminar sus comportamientos a fin de observar si tal conflictividad es acompañada por las orientaciones de la población en relación a la regionalización. En Anexo, cuadros 4, 5 y 6 presentan las distribuciones que resultaron del relevamiento realizado.

Más o menos una proporción similar de no respuesta se encuentra en los tres entes. Sobre el total de encuestados en cada uno de ellos, en el ente 5 el 18% no contesta sobre un total de 116 individuos; en el ente 6, el 12,3% tiene la misma actitud sobre un total de 187 personas interrogadas; y el ente 21 alcanza un 19%, respecto del total de encuestados (47 personas). Se puede apreciar que en general no es poco el número de ciudadanos que no tienen opinión formada o no comprometen su respuesta. Teniendo en cuenta el error de ± 5.2 de la muestra, la probabilidad de que sea mayor la proporción de este grupo de ciudadanos la presentan el ente 21 y el ente 5. En este sentido, en el ente 6 la ciudadanía parece tener mayor referencia sobre la significación de esta relación entre desarrollo local, desarrollo regional y transferencias de funciones desde el gobierno local a un posible gobierno regional.

En Anexo, los Cuadros 4, 5 y 6 muestran respectivamente que en el ente 5 el 45% de las respuestas efectivas se concentran en afirmar la relación necesaria entre la asociación interlocal para el desarrollo y la transferencia de funciones locales a un nivel regional. En el ente 6 se pronuncian en esa dirección el 67,7%, y por último en el ente21, los ciudadanos que visualizan dicha relación alcanzan al 55%. Realizando la lectura por columnas, se observa que también y en el mismo orden la población encuestada de los entes 6 y 21 ofrece porcentajes mayores (86% y 80,8% respectivamente) de personas, respecto al ente 5 (66,2%), que acuerdan con la transferencias de funciones y que asocian el desarrollo local al desarrollo regional. Mientras que entre aquellos que no declaran la necesidad de asociarse con otras localidades a los fines del desarrollo económico local, los porcentajes respectivos a cada ente de los que también se niegan a la transferencia de funciones son similares (aproximadamente el 57%).

Por otra parte es interesante señalar las diferencias entre las poblaciones de los entes regionales analizados respecto al acuerdo que otorgan a la transferencia de funciones, sea o no asociada a la necesidad de enfrentar el problema del desarrollo económico mediante la cooperación entre las localidades. Las cifras correspondientes, indican que aunque con una leve diferencia es mayor el porcentaje en el ente 6 (77%) que en el ente 21 (68%) y mayor el de ambos en comparación con el ente 5 (59%).

Las razones que parecen jugar para comprender las similitudes y diferencias cuantitativas encontradas entre los entes, remiten al juego que los actores gubernamentales han planteado en relación a la innovación propuesta desde el Gobierno Provincial respecto a introducir cambios en la disposición socio-territorial de las estructuras de coordinación gubernamental en el territorio provincial, buscando nuevas bases de gobernabilidad y sustentándose en las transformaciones de la gobernance habida cuenta de los cambios que se han producido en el campo de lo económico (la globalización), las reformas políticas en lo territorial (la descentralización)- en parte inducidas por esos cambios y en parte respondiendo al discurso democratizador legitimante de los procesos de salida de los sistemas

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autoritario-militares y altamente centralizados-, aunque también afecta, y no es poco, la instalación de nuevas orientaciones políticas en el contexto global que rescatan la horizontalización y recticulación de las relaciones entre las sociedades políticas, civiles y económicas como estrategia de desarrollo.

La estrategia provincial en Córdoba y en esa dirección, toca la impronta de las políticas de regionalización. El proceso político de la regionalización intraprovincial en Córdoba iniciado en el 2000 ha seguido un curso errático aunque constante hasta el presente. Constante por cuanto, reanalizada la experiencia que la misma ha tenido entre el 2000 y el 2003, a fines del 2004 el Gobierno Provincial relanza una nueva iniciativa de regionalización. No obstante, la resolución de la misma es un problema abierto de dificultosa realización. La escasa experiencia de cooperaciones e interdependencias interlocales, las orientaciones políticas de los líderes locales, las fuertes asimetrías entre las localidades, y una generalizada cultura localista obstaculizan el avance de las estrategias de regionalización que se han seguido. Estas apreciaciones surgen del análisis sobre las interpretaciones que de dicho proceso tienen los funcionarios locales (Diaz de Landa, 2005, Parmigiani de Barbará 2005; PARMIGIANI DE BARBARÁ, M.C., 2005;)).

Sin embargo las razones que impulsan esta innovación subsisten y problematizan el curso que la misma puede seguir. En sucesivos trabajos que estudian el proceso de regionalización en Córdoba (DIAZ DE LANDA, M., 2004; DIAZ DE LANDA, M. , 2003; DIAZ DE LANDA, M. y GIGENA, A., 2002; DIAZ DE LANDA, M. y Mónica CINGOLANI., 2001; PARMIGIANI DE BARBARÁ, M.C., 2005; PARMIGIANI DE BARBARÁ, M.C, 2003), que ha dado lugar a emprender la constitución de los entes regionales y que también han signado el fracaso de los mismos, se señalan los problemas fragmentación20, inframunicipalismo21 y de capacidad institucional para el desarrollo local endógeno sustentable22. Estas disfuncionalidades que se han hecho manifiestas por el proceso de descentralización se relacionan, y refuerzan el déficit y la rigidez de las estructuras gubernamentales locales para la gobernabilidad y el gerenciamiento de la complejidad de la gobernance en contextos de cambios crecientes.23

Es por ello que la interpretación de las diferentes posiciones que las poblaciones de los entes asumen respecto a la relación que perciben entre el desarrollo local y la constitución de regiones como incentivadoras y propulsoras del mismo, no puede dejar de considerar el trayecto seguido por el intento de regionalización que particulariza a cada ente, a partir de la iniciativa del Gobierno Provincial.

En este sentido, cabe relacionar la orientación que los gobiernos locales que conformaron los entes han impuesto al proceso de su integración en los mismos. En el ente 5, dicho proceso se centraliza en los propios gobiernos locales como protagonistas principales para el desarrollo regional, entendiendo que gradualmente dicho proceso debe seguir una secuencia de pasos que permita consolidar las posibilidades de articulación entre municipios y comunas para avanzar hacia programas conjuntos de desarrollo económico. Es por ello que se proponen inicialmente superar la crisis 20 Refiérese la fragmentación a una alta e inconexa diferenciación en la organización de las actividades estatales, que conduce a superposiciones costosas u obstructivas o a vacíos en el desarrollo de políticas (ambientales, de salud, higiene, obras públicas, seguridad, etc.). 21 Compromete el problema de escala para la prestación de servicios, el alcance de los objetivos de las políticas públicas y la cobertura de la acción estatal en detrimento del desarrollo social, político y económico de las poblaciones que por ello se transforman en períféricas y/o marginadas. 22 La sustentabilidad, por su parte, alude a la capacidad política, técnica y financiera de las unidades autónomas de gobierno para efectivizar objetivos de desarrollo, respecto de lo cual el marco de las competencias propias, la escala técnica y económica de su dominio funcional y territorial, la disponibilidad/accesibilidad del capital económico, social y político tienen una incidencia fundamental. 23 En relación a ello Espinosa y Sánchez (2003) plantean en general para América Latina y en particular sobre Colombia que “los avances de la descentralización y la evolución de los procesos de desarrollo socioeconómico y político han puesto en evidencia la rigidez de la organización político-administrativa vigente para atender la diversidad y el cambiante ritmo de las nuevas territorialidades.” “Las nuevas dinámicas de desarrollo territorial demandan procesos asociativos en busca de economías de escala y del aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas (…) deben tener en cuenta criterios de interrelación socioeconómica, ambiental y cultural y propósitos compartidos con visión de futuro, los cuales son … fundamentales para …. la sostenibilidad de los procesos de desarrollo”.

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financiera, uno de los propósitos de la política de regionalización, que tenían casi todos los gobiernos locales del ente, como así también la mayoría, de los gobiernos locales de la provincia (DIAZ DE LANDA, M. y GIGENA, A., 2002).

Decididamente los funcionarios de los gobiernos locales del ente 5 emprenden, bajo los lineamientos de la política provincial, el saneamiento de sus finanzas lo cual implicaba conformar dispositivos regionales de recaudación de impuestos y de exigencias para subsanar la alta morosidad impositiva que producía la falta de cumplimiento fiscal de amplios sectores de sus poblaciones. La estrecha conexión entre la regionalización y una mayor presión impositiva por parte del gobierno sobre los contribuyentes y consiguientemente la posible oposición que de parte de estos tal medida generaría, previno una estrecha comunicación entre el gobierno y la sociedad local. Ello explicaría el encapsulamiento de la administración en la gestión de las negociaciones y en relación a la programación de las acciones conjuntas que el ente conformado se proponía realizar.

En este contexto es posible que se haya producido una reacción negativa por parte de muchos ciudadanos respecto de la política de regionalización, y de allí el más bajo porcentaje de acuerdo con la transferencias de funciones que observa el ente 5.

La estrategia del ente 6 fue la de superar desde un inicio la vinculación de la regionalización con el problema fiscal al cual estaba atada de acuerdo a la iniciativa del gobierno provincial. La constitución del ENINDER (Ente de integración y desarrollo regional) proporcionó nombre propio al ente de recaudación fiscal y de gestión que habían comprometido -ante el Gobierno Provincial- integrar a cambio de la reprogramación de sus deudas con el fisco provincial. Como se señaló previamente el ENINDER se definió como proyecto político de regionalización y el objetivo final era la institucionalización de un Estado regional y la construcción de una comunidad social y económica sustentadora del crecimiento continuo del conjunto y de cada miembro del ente. La sucesión de pasos a seguir se planteó de manera diferente a la perspectiva del ente 5.

En primer lugar preocupaba al ente 6 acompañar la obligación del saneamiento fiscal, y a la presión inevitable sobre los contribuyentes, con acciones comunes entre los gobiernos locales que den sentido al esfuerzo comprometido. Estas acciones representaron emprendimiento productivos, culturales y recreativos y muy fuertemente se impulsó la Escuela de Gestión para apuntalar las debilidades de las administraciones locales. Proyecto que aún hoy continúa desarrollándose. Por supuesto que aún bajo estas intenciones iniciales y algunos pasos dados en dirección a realizarlas, subsistía cierta desconfianza entre los funcionarios de las localidades pequeñas en relación a la influencia de las localidades centrales, principales nodos de articulación de la red regional.

Esta desconfianza de los representantes locales no se trasuntan en las opiniones de los encuestados precisamente pertenecientes a las localidades chicas del ente. Por el contrario, es alto el porcentaje (77%) de quienes apoyarían la posibilidad de transferencias de funciones locales a un gobierno regional, vaya o no asociado a la importancia de la cooperación interlocal para el desarrollo económico local. A propósito se recuerda que la población encuestada del ente 5 manifestó su acuerdo en aproximadamente un 60%.

Si bien este último porcentaje no es menor; sí se marca una diferencia a tener en cuenta entre uno y otro ente. No obstante es un dato curioso que precisamente las localidades pequeñas del ente 21 se manifiesten en un 68% por la transferencia de funciones es importante relacionar el amplio apoyo en el ente 6

Por otra parte es interesante señalar las diferencias entre las poblaciones de los entes regionales analizados respecto al acuerdo que otorgan a la transferencia de funciones, sea o no asociada a la necesidad de enfrentar el problema del desarrollo económico mediante la cooperación entre las localidades. Las cifras correspondientes, indican que aunque con una leve diferencia es mayor el porcentaje en el ente 6 (77%) que en el ente 21 (68%) y mayor el de ambos en comparación con el ente 5 (59%).

La diferencia entre el ente 6 y 5 se entiende en función de las estrategias de conformación de la

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región que han tenido los representantes locales correspondientes a cada uno de ellos. Pero en el caso del ente 21 que apenas logró acordar un estatuto pero que en la práctica sus avances fueron escasísimos, qué razones podrían justificar el apoyo de sus poblaciones pequeñas a la regionalización. Debe ser advertido que las poblaciones encuestadas del ente 21 corresponden a las localidades más pequeñas de toda la muestra. El número de habitantes en promedio es aproximadamente de 450. Por otra parte, la población mayor entre ellas pertenece a una localidad que integra el núcleo central de este ente, con una larga tradición de cooperación con las poblaciones mayores del mismo. Asociación que le ha significado óptimos resultados tanto por su proximidad geográfica cuanto por el rédito para la localidad de las cooperaciones que efectivamente aún se realizan entre las localidades de dicho núcleo.

El aislamiento geográfico y la reducida población, ha incorporado la conciencia de las propias limitaciones para su desarrollo de dos de las tres localidades encuestadas en el ente 21. Mientras que la tercera, la praxis de la cooperación y los beneficios conseguidos, le permite a la ciudadanía tener expectativas positivas sobre las ventajas de la regionalización.

Además del contexto antes descripto, qué otras condiciones pueden explicar la variabilidad que presenta el apoyo de la ciudadanía a la transferencia de funciones locales a un gobierno regional. La exploración de los datos en relación a la asociación entre cooperación interlocal para el desarrollo y transferencia de funciones, sugiere que la posición de los individuos en relación a la primera afectaría su apoyo a la transferencia de funciones.

En segundo lugar, se plantea que la información (conocimiento) que el encuestado tiene o no sobre la existencia del ente y del proceso de éste en su contexto, influiría para propiciar o no el apoyo a la transferencia de funciones.

En tercer lugar, se espera que las carencias percibidas de la administración local condicione la predisposición de los ciudadanos en relación a la regionalización. Por tanto, otra variable a incluir en un posible modelo explicativo de la variable dependiente, transferencia de funciones, es la importancia que tiene la asociación con otros municipios para mejorar el equipamiento municipal/comunal para atender las necesidades de la población.

Por último, un aspecto que parece interesante ver es en qué medida la creencia de la ciudadanía de que la construcción de un nuevo espacio político como la región puede o no fortalecer su influencia sobre sus representantes. La idea que está detrás de este interrogante es que precisamente se han seleccionado las pequeñas localidades pensando que la pretensión de autonomía y la cercanía esperable entre gobierno-comunidad, operaran como factores de obstrucción frente a la regionalización. Por esto la cuarta variable que se introduce en el modelo, es la definición de los ciudadanos sobre la menor o mayor influencia que pueden ejercer sobre sus representantes en caso de que su el gobierno transfiera funciones locales a un gobierno regional.

El modelo explicativo examinado por la técnica de la regresión logística, muestra una alta significación de su ajuste (Significación Ji-cuadrado=.0000) y logra explicar el 78,93% de la variabilidad total de la variable dependiente. Sin embargo cuando se discrimina por sus categorías (Sí apoya – No apoya), el ajuste del modelo es considerablemente mayor para explicar el grupo de los que apoyan las transferencias de funciones locales a un gobierno regional (93,37%, la probabilidad de explicar porqué se apoya la transferencia; 45,24% la probabilidad de no apoyar tal transferencia)

En cuanto al impacto de cada variable independiente sobre la dependiente, la de mayor incidencia es la Necesidad de que la localidad se asocie para mejorar su equipamiento (sig.=.0001); el orden subsiguiente de las variables según su efecto sobre la variable dependiente es: Necesidad de asociarse con otras localidades para el desarrollo local (sig.=.0047); Información sobre la existencia del ente de recaudación fiscal y de gestión (sig.=.0077) y finalmente Incremento de la influencia ciudadana sobre los representantes (.0409). (Ver Anexo, despliegue del resultado SPSS, Tabla 10) Es claro que la mayor probabilidad de que los ciudadanos decidan aceptar un gobierno regional al que incluso se le transfiera funciones, ahora bajo responsabilidad de los gobiernos locales, es bajo condiciones que localmente consideran reducidas para asegurar el desarrollo económico de la

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localidad. Por esto la mayor influencia de la necesidad percibida de asociarse con otras localidades para el desarrollo económico y para mejorar el equipamiento de la administración local, de modo que responda a las necesidades de la población. A propósito vale recalcar que en general la población tiene una buena evaluación de sus gobiernos locales, la gran mayoría ubica sus respuestas reconoce que el gobierno local está resolviendo los problemas locales, en otros casos plantea que sabe cómo resolverlos pero necesita tiempo o los recursos de la localidad no son suficientes. Pocas respuestas optan por la opción negativa (“No sabe cómo resolver los problemas locales”). La tendencia de apoyar la transferencias de funciones locales a un gobierno regional se manifiesta entre aquellos que no tienen conocimiento o no han tenido información sobre la constitución de los entes regionales de recaudación fiscal y gestión, producto de la política de regionalización aplicada por el gobierno entre 2000 y 2003. Por último, con menor influencia pero aún así impacta significativamente la expectativa de la ciudadanía de incrementar su influencia sobre los representantes en caso de un gobierno regional, sobre la predisposición a aceptar la transferencias de funciones locales a un gobierno regional. En parte se entiende dado el descrédito que en general afecta a los políticos. Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que estiman que su capacidad de influir aumentará por que permitirá un mayor control sobre sus gobiernos locales; este mismo grupo coincidentemente también entiende que mejorarán los servicios públicos y se reducirán los costos de mantenimiento de los gobiernos locales. A la vez que entiende que mediante un gobierno regional se tendrá más fuerza para reclamar al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional. Es decir que todos estos aspectos están en la base de su creencia respecto a una mayor influencia del ciudadano bajo la posibilidad de constituir espacios estatales regionales, intermedios entre los gobiernos locales y el Gobierno Provincial. Conclusiones La principal conclusión que se extrae del análisis realizado es que entre las localidades pequeñas, definidas éstas según su población tenga ≤ 5.000 habitantes, la posibilidad de construcción de espacios de gobernabilidad regional está altamente legitimada por la vinculación que le encuentran con mayores oportunidades de desarrollo de sus respectivas localidades. Esta observación tiene mucha importancia, si se tiene en cuenta que la provincia cuenta con 428 gobiernos locales, de los cuales el 52% tiene una población de <1000 habs, y sólo el 8% son ciudades con >10.000 habs., Censo 2001)24 en una extensión de 165.321 km². Sin pretender generalizar este resultado, hay varias razones que permiten admitir que tal legitimación esté extendida toda vez que las comunidades pequeñas son un patrón de ordenamiento territorial no solamente propio en Argentina, sino también en América Latina. El estudio de la innovación introducida por el Gobierno Provincial en Córdoba, muestra que las características de la propia estrategia de regionalización, al vincularla a la necesidad de sanear las finanzas locales, ha reducido el margen de avance del proceso. Pero también han contado los intereses políticos locales y la relativa capacidad de los funcionarios locales de generar coordinaciones políticas y socio-territoriales de nuevo tipo (horizontal y negociada). En segundo lugar, la aceptación de la regionalización no está ligada a una valoración negativa de los gobiernos locales. El estar fuertemente reconocida como estrategia de desarrollo económico local y además valorada como necesaria para superar las limitaciones de las administraciones locales, que en poblaciones pequeñas se tornan críticas, se puede pensar que la población advierte sobre las reducidas posibilidades de que endógena y autonómicamente las localidades pequeñas puedan impulsar

24 La ciudad capital concentra aproximadamente el 50% del total de 3.066.801 habitantes de la provincia.

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sus procesos de desarrollo. De manera interesante los resultados sugieren que los ciudadanos de localidades pequeñas por ser tales no creen que naturalmente se controle el propio gobierno. Posiblemente muchos de ellos están pensando en las asimetrías sociales y políticas, que son marcadas en sociedades tradicionales como muchas veces pueden ser las localidades pequeñas. Sin embargo, por los casos de estudios elegidos, en el marco de la población encuestada, un alto porcentaje de los entrevistados pueden ser calificados entre los status económicos medios y altos (indicador CAPECO) y sin embargo entienden que su capacidad de influencia ciudadana se verá mejorada en el caso de un gobierno regional que articule a las localidades en un nuevo espacio de coordinación estatal.

El desarrollo regional requiere, está dicho en una abundante literatura, a su vez el desarrollo de una sociedad civil. Uno de los problemas que este requerimiento enfrenta en el caso de localidades pequeñas, es la escasa densidad de organizaciones civiles que genere espacios comunes de interacción. Esto claramente se ve cuando al analizar el muy alto número de ciudadanos desinformados sobre un proceso que, durante aproximadamente cuatro años, los gobiernos locales fueron relativamente activos para impulsar o para rechazar. La importancia que en el estudio muestra la información proveniente de fuentes externas al gobierno tiene que ver precisamente con estos espacios de participación o de interacción. No es casual que una de las vías de obtención de información tenga que ver con la interacción individual de los ciudadanos con el gobierno local, asociado ello a un nivel económico medio o alto.

De hecho la nueva ley de regionalización sancionada a fines de 2004, incorpora a la estructura gubernamental de las comunidades regionales, creadas por dicha ley, a representantes de la sociedad civil. El encapsulamiento de los gobiernos no parece ser una buena estrategia para el desarrollo regional, sobre todo cuando de construir identidades se trata. BIBLIOGRAFIA Álvarez, Gustavo (1999). “Capacidad Económica de los hogares. Una aproximación censal a la insuficiencia de

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Reseña Biográfica Martha Diaz de Landa Especialista en Sociología y Doctora en Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de

Córdoba. Post-Doctorado en el Departamento de Sociología, The University of Chicago – EE.UU. Profesora Asociada (Categoría I), Encargada de la Cátedra de Sociología Jurídica en la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Directora de la Maestría en Sociología – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Centro de Estudios

Avanzados – UNC TE. 03541-440702 E-mail: landa@powernet.net.ar

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X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

ANEXO

I. Cuadros

Cuadro 1: Aceptación por parte de la ciudadanía de un gobierno regional

Acuerdo ciudadano con la transferencia de funciones

locales a un gobierno regional

Entes

Total

Ente 5 Ente 6 Ente 21 SI 56 (48%) 126 (67%) 26 (55,4%) 206 (59,4%)

NO 39 (34%) 38 (20%) 12 (25,5%) 89 (25,4%)

N/s 21 (18%) 20 (11%) 9 (19,1%) 50 (14,3%)

Total 116 (100) 187(100) 47(100) 350 (100)

Cuadro 2. Fuentes de Información sobre la constitución del Ente Regional: Del Gobierno Local * Otras fuentes

(En porcentajes por columna y totales N=336)*

Gno Local informó

Total

Recibió Información

de otra fuente

1= Sí

2= No

1=Sí

33

56,9%

9,8%

47

16,9%

14,0%

80

23,8%

23,8%

2=No

25

43,1%

7,4%

231

83,1%

68,8%

256

76,2%

76,2%

Total

58

100,0%

17,3%

278

100,0%

82,7%

336

100,0%

100,0%

* Sobre 350 encuestas: Ns/Nc=14 (4%).

18

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Cuadro 3: Asociarse a otras localidades para el desarrollo económico de su localidad transfiriendo funciones locales a un gobierno regional (N= 297; Ns/nc=53)

Acuerdo ciudadano con la

transferencia de funciones locales a un gobierno regional

Asociarse P/Desarrollo económico local

1=SI

2=NO

TOTAL

1= SI

101 (45,9%)

16 (20,8%)

117 (39,4%)

2 = SI, Algunas funciones / o le es indiferente

74 (33,6%

17 22,1%

91 30,6%

3 = NO 45 20,5%

44 57,1%

89 30,0%

TOTAL

220 100,0%

77

100,0%

297

100,0%

% DEL TOTAL

74,1%

25,9%

100,0% Pearson Chi-Square: Sig. .000 (df=2) Cuadro 4: ENTE 5. Asociarse a otras localidades para el desarrollo económico de su localidad

transfiriendo funciones locales a un gobierno regional Porcentajes por columna (N=95; Ns/nc=21)

Asociarse P/Desarrollo económico

local Acuerdo ciudadano con la transferencia de funciones

locales a un gobierno regional 1=SI 2=NO

Total

43

13

56

1= SÍ (*)

66,2%

43,3%

58,9%

22

17

39

2= NO

33,8%

56,7%

41,1%

65

30

95

Total

100,0%

100,0%

100,0%

(*) 1= Incluye las categorías SI; Algunas funciones /o le es indiferente. Pearson Chi-Square, Sig.: .036 (df=1)

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Cuadro 5: ENTE 6. Asociarse a otras localidades para el desarrollo económico de su localidad

transfiriendo funciones locales a un gobierno regional. Porcentajes por columna (N=164; Ns/nc=23)

Asociarse P/Desarrollo económico

local Acuerdo ciudadano con la transferencia de funciones

locales a un gobierno regional 1=SI 2=NO

Total

111

15

126

1 = SI (*)

86,0%

42,9%

76,8%

18

20

38

2 = NO

14,0%

57,1%

23,2%

129

35

164

Total

100,0%

100,0%

100,0% (*) 1= Incluye las categorías SI; Algunas funciones /o le es indiferente. Pearson Chi-Square Sig. .000 (df =1). Cuadro 6: ENTE 21. Asociarse a otras localidades para el desarrollo económico de su localidad

transfiriendo funciones locales a un gobierno regional. Porcentajes por columna (N=47; Ns/nc= 9)

Asociarse P/Desarrollo económico

local Acuerdo ciudadano con la transferencia de funciones

locales a un gobierno regional

1=SI

2=NO

Total

21

5

26

1 = SI (*)

80,8%

41,7%

68,4%

5

7

12

2 = NO

19,2%

58,3%

31,6%

26

12

38

Total

100,0%

100,0%

100,0% (*) 1= Incluye las categorías SI; Algunas funciones /o le es indiferente. Pearson Chi-Square: Sig. .016 (df= 1).

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II. Tablas Tabla Nº 1: Datos Generales del Ente Regional de Recaudación Fiscal y Gestión Nº 5.

Código localidad

Localidad Tipo

Institucional Departamento Población Partido

Político

ARRO Arroyo Cabral M San Martín 2706 UCR

BENG Bengolea M Juárez Celman 970** UCR CARN Carnerillo (saneada) M Juárez Celman 1573 PJ CHAR Charras M Juárez Celman 1000 UCR CHAZ Chazón M San Martín 1070** UCR CHUC Chucul C Río Cuarto 261 UCR DURA Paso del Durazno C Juárez Celman 116 UCR ETRU Etruria M Juárez Celman 3727 UCR GENC General Cabrera M Juárez Celman 10351 PJ OLAE Olaeta M Juárez Celman 872** UCR REDU Reducción M Juárez Celman 1466 UCR UCAC Ucacha M Juárez Celman 4750 PJ

Fuente de los datos: *Intendente; **http//www.cba.gov.ar; el resto Censo 2001. Tipo Institucional: M= Municipios; C=Comunas.

Tabla Nº 2: Datos Generales del Ente Regional de Recaudación Fiscal y Gestión Nº 21

Código localidad

Localidad Tipo

Institucional Departamento Población Partido

Político

CAND Candelaria Sud C Totoral 439** UCR CARO Colonia Caroya M Colón 13775 PJ GPAZ Estación Gral Paz C Colón 1502** PJ JESU Jesús María M Colón 26674 UCR

JUAR Est. Juárez Celman M Colón 8106 UCR

LUQU Cañada de Luque M Totoral 1045 UCR

MIST Los Mistoles C Totoral 209** PJ SARM Sarmiento M Totoral 980* UCR SINS Sinsacate M Totoral 800* UCR SITO Capilla de Sitón C Totoral 439** UCR TINO Tinoco C Río Primero 234** PJ TOTO Villa del Totoral M Totoral 7142** UCR VICE Col. Vicente Agüero C Colón 401** UCR Fuente de los datos: *Intendente; **http//www.cba.gov.ar; el resto Censo 2001. Tipo Institucional: M= Municipios; C=Comunas.

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X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 Tabla Nº 3: Datos Generales del Ente Regional de Recaudación Fiscal y Gestión Nº 6

Localidades Población Departamento

Código Localidad Área Villa María

Tipo

Institucional

Partido Político

TPUJIO 1. Tío Pujio Municipio 2389 San Martín UPC VMARIA 2. Villa María Municipio 72273 San Martín UPC VNUEVA 3. Villa Nueva Municipio 16415 San Martín UPC LUCA 4. Luca Municipio 509 San Martín UPC LPERDI 5. Las Perdices Municipio 4624 Tercero Arriba UPC GDEHEZ 6. General Deheza Municipio 9473 Juárez Celman UV PALEST 7. La Palestina Municipio 544 San Martín UPC AUSONI 8. Ausonia Municipio 738 San Martín UPC TICINO 9. Ticino Municipio 1890 San Martín UPC Área La Carlota SEUFEM 1. Santa Eufemia Municipio 2182 Juárez Celman UPC LCARLO 2. La Carlota Municipio 11505 Juárez Celman UPC LCISNE 3. Los Cisnes Comuna 468 Juárez Celman UPC A_ROCA 4. Alejandro Roca Municipio 4726 Juárez Celman UPC P_MELO 5. Pacheco de Melo Comuna 35 Juárez Celman UV ELRAST 6. El Rastreador Comuna 83 Juárez Celman Alianza HUANCH 7. Huanchilla Municipio 1016 Juárez Celman UPC ASUNTA 8. Assunta Comuna 59 Juárez Celman UPC

Área Las Varillas

PLAYOS 1. La Playosa Municipio 2376 San Martín UPC LVARIL 2. Las Varillas Municipio 14583 San Justo UPC LVARAS 3. Las Varas Municipio 1018 San Justo UPC LASPIU 4. S. Laspiur Municipio 2317 San Justo UPC CPROSP 5. Cnia. Properidad Municipio 283 San Justo UPC QHERRA 6. Quebracho Herrado Municipio 316 San Justo UV ARANAD 7. El Arañado Municipio 1416 San Justo UceDe ALICIA 8. Alicia Municipio 2755 San Justo Alianza EFORTI 9. El Fortín Municipio 976 San Justo UPC SACANT 10. Sacanta Municipio 2792 San Justo Alianza BARTOL 11. Colonia San Bartolomé Municipio 1110 San Justo UPC ESTEBA 12. Villa Esteban comuna Comuna 66 San Justo UPC

Fuente de los datos: Publicación Eninder 2002. Tipo Institucional: M= Municipios; C=Comunas. Tabla 4. Localidades de ≤5000 habs. sobre las que se seleccionó la muestra poblacional. Localidad (*) Población Población

Acumulada (PAC)

PAC/29362.4 Cate-goría Departamento Partido Político

Ente

Arroyo Cabral (*) 2706 3083 1,0407 M San Martín UCR 5 Chazón(*) 1070 6726 2,2705 M San Martín UCR 5 Etruria(*) 3727 10453 3,5286 M Juárez Celman UCR 5 Reducción (*) 1466 12791 4,3178 M Juárez Celman UCR 5 Ucacha(*) 4750 17541 5,9212 M Juárez Celman PJ 5

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Continuación Tabla 4. Bengolea (*) 970 18511 6,2486 M Juárez Celman UCR 5 Alejandro Roca(**) 4726 23948 8,0840 M Juárez Celman UPC 6 Santa Eufemia(*) 2182 27146 9,1635 M Juárez Celman UPC 6 Alicia (*) 2755 29901 10,0935 M San Justo Alianza 6 El Arañado (*) 1416 32710 11,0417 M San Justo UceDe 6 La Playosa (*) 2376 36062 12,1732 M San Martín UPC 6 S. Laspiur (*) 2317 39713 13,4057 M San Justo UPC 6 Sacanta (*) 2792 42505 14,3482 M San Justo Alianza 6 Las Perdices (**) 4624 48411 16,3418 M Tercero Arriba UPC 6 Ticino (*) 1890 50810 17,1516 M San Martín UPC 6 Tío Pujio 2389 53199 17,9581 M San Martín UPC 6 Candelaria Sud(*) 439 53638 18,1063 C Totoral UCR 21 Tinoco(*) 234 56423 19,0464 C Río Primero PJ 21 Sinsacate(*) 800 59248 20,0000 M Totoral UCR 21 (*) 1 PM= 20 casos; (**) 2 PM = 40 casos Procedimiento seguido para el muestreo sistemático. Se seleccionó una muestra de 400 casos entre las localidades de ≤5000, con un error no mayor a 4,9%. Se realizó un muestreo sistemático de 20 puntos muestrales (PM), con 20 encuestas en cada uno de acuerdo al siguiente procedimiento: Se tomó el listado de localidades ordenados por zona geográfica. La población total de las localidades seleccionadas asciende a 59.248, por lo que hizo lo siguiente: Se determinó un intervalo de muestreo (IM) como 59.248/20 (población total/PM) =2962.4. Se creó un listado con tres columnas: localidades, su población y población acumulada. La población acumulada surge de sumar la cantidad de población de cada localidad a la población de las localidades anteriores. Se sorteó un arranque aleatorio. Se tomó como primer PM a la población que acumula la cantidad de población obtenida en el arranque aleatorio. Los siguiente PM se obtienen sumando al arranque sucesivas veces el valor del IM (2693). Cada vez que una localidad acumula (o incluye) al valor obtenido en esa suma, esa localidad queda seleccionada. En cada PM se decidió realizar 20 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera: Edad Mujeres Varones 18-29 2 2 30-44 3 3 45-59 3 3 60-75 2 2 Tabla 5. Distribución de la muestra por Entes Regionales.

Entes Frecuencia % 5 116 33,1 6 187 53,4

21 47 13,4 Total 350 100,0

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X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 Tabla 7. Regresión Logística: Variable Dependiente Conocimiento de la ciudadanía sobre la constitución del

Ente Regional respectivo. Dependent Variable.. CONOCIM Beginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function -2 Log Likelihood 424,73184 * Constant is included in the model. Beginning Block Number 1. Method: Enter Variable(s) Entered on Step Number 1.. PARTINDI Participación: Acercar individualmente propuestas al Gno. P21A2REC Participación en Cooperadoras CAPECO_R Indicador de nivel socioeconómico R_P6B17 El municipio/comuna debería asociarse para solucionar la falta

de fuentes de trabajo. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001 -2 Log Likelihood 359,313 Goodness of Fit 351,019 Cox & Snell - R^2 ,172 Nagelkerke - R^2 ,244 Chi-Square df Significance Model 65,419 4 ,0000 Block 65,419 4 ,0000 Step 65,419 4 ,0000 Classification Table for CONOCIM The Cut Value is ,50 Predicted 1,00 2,00 Percent Correct 1 2 Observed 1,00 1 49 56 46,67% 2,00 2 28 213 88,38% Overall 75,72% ---------------------- Variables in the Equation --------------------- Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) PARTINDI 1,8335 ,2772 43,7425 1 ,0000 ,3135 6,2557 P21A2REC ,6901 ,2705 6,5066 1 ,0107 ,1030 1,9939 CAPECO_R -,3452 ,1248 7,6450 1 ,0057 -,1153 ,7081 R_P6B17 ,5076 ,2930 3,0019 1 ,0832 ,0486 1,6613 Constant -2,3928 ,7078 11,4286 1 ,0007

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X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 Tabla 8. Distribución de Información sobre existencia del ente (CONOCIM) según Entes Regionales

ENTE CONOCIM 5 6 21

Total

1= Sí Count 36 59 10 105 % within

ENTE31,0% 31,9% 22,2% 30,3%

% of Total 10,4% 17,1% 2,9% 30,3%

2=No Count 80 126 35 241 % within

ENTE69,0% 68,1% 77,8% 69,7%

% of Total 23,1% 36,4% 10,1% 69,7%

Total Count 116 185 45 346

% within ENTE

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 33,5% 53,5% 13,0% 100,0% Tabla 9. Distribución del Indicador de situación socioeconómica por ente regional (CAPECO).

ENTES

Total 5 6 21

CAPECO(*) 1,00 Count

17

22

11

50

% within ENTE

14,7% 11,8% 23,4% 14,3%

% of Total 4,9% 6,3% 3,1% 14,3%

2,00 Count

14

25 8

47

% within ENTE

12,1% 13,4% 17,0% 13,4%

% of Total 4,0% 7,1% 2,3% 13,4%

3,00 Count

27

37

13

77 % within

ENTE23,3% 19,8% 27,7% 22,0%

% of Total 7,7% 10,6% 3,7% 22,0%

4,00 Count

58

103

15

176 % within

ENTE50,0% 55,1% 31,9% 50,3%

% of Total 16,6% 29,4% 4,3% 50,3%

TotalCount 116 187 47 350

% within ENTE

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 33,1% 53,4% 13,4% 100,0%

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X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005 Tabla 10. Regresión Logística sobre Transferencias de funciones locales al gobierno regional. Total number of cases: 350 (Unweighted) Number of selected cases: 350 Number of unselected cases: 0 Number of selected cases: 350 Number rejected because of missing data: 70 Number of cases included in the analysis: 280 Dependent Variable Encoding: Original Internal Value Value 1,00 0 2,00 1 Dependent Variable.. P15_2 Rec_traspaso func _2 categ Beginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function -2 Log Likelihood 342,08401 * Constant is included in the model. Beginning Block Number 1. Method: Enter Variable(s) Entered on Step Number 1.. CONOCIM P12REC Asociarse con otros municipios para desarrollo Económico P16G_1 influencia ciudadanos+- P8_1 Asociarse mejor equip recod Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001 -2 Log Likelihood 287,339 Goodness of Fit 290,976 Cox & Snell - R^2 ,178 Nagelkerke - R^2 ,252 Chi-Square df Significance Model 54,745 4 ,0000 Block 54,745 4 ,0000 Step 54,745 4 ,0000 Classification Table for P15_2 The Cut Value is ,50 Predicted 1,00 2,00 Percent Correct 1 2 Observed 1,00 1 183 13 93,37% 2,00 2 46 38 45,24% Overall 78,93% ---------------------- Variables in the Equation --------------------- Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) CONOCIM -,8188 ,3071 7,1110 1 ,0077 -,1222 ,4410 P12REC ,4779 ,1692 7,9801 1 ,0047 ,1322 1,6127 P16G_1 ,1120 ,0548 4,1811 1 ,0409 ,0798 1,1185 P8_1 1,2606 ,3244 15,0998 1 ,0001 ,1957 3,5276 Constant -2,6199 ,6602 15,7489 1 ,0001

26