la ineficacia como remedio jurÍdico al acto de...
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FACULTAD DE DERECHO
Carrera de Derecho
LA INEFICACIA COMO REMEDIO JURÍDICO AL
ACTO DE DISPOSICIÓN UNILATERAL DE LOS
BIENES SOCIALES
Tesis para optar el Título Profesional de Abogado
ADRIANA LIZETH PEDEMONTE GARCÍA
Asesora:
Rojas Ulloa Milushka
Lima-Perú
2020
DEDICATORIA
Esta tesis está dedicada de manera muy especial a mis padres por haberme
mostrado el camino a la superación de esta carrera; a mis hermanos Jorge y Úrsula
por brindarme su tiempo y apoyo incondicional; a mi abuela Adriana por ser aquella
persona que me dio las bases y pilares para ser una persona de principios; a mis
amigos por permitirme aprender más de la vida a su lado; y por último a mi asesora
por su apoyo educativo y moral.
RESUMEN
La presente tesis realiza el análisis y evaluación de las figuras jurídicas de la
ineficacia y la nulidad como remedios jurídicos al acto de disposición de los bienes
gananciales realizado por uno de los cónyuges que no cuenta con poder especial
para representar a la sociedad conyugal, para ello se tomará en consideración lo
expuesto en el Octavo Pleno Casatorio Civil.
Asimismo, esta investigación tratará la prescripción de la acción de la ineficacia, la
cual no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico; así también se
desarrollará los distintos actos de disposición establecidos en nuestro Código Civil
que puede ejecutar el cónyuge interviniente del acto.
Por último, se hará énfasis la situación del cónyuge no interviniente en el acto de
disposición y del tercero de buena fe adquiriente del bien social inscrito en Registros
Públicos, al no ser tema desarrollado en el Octavo Pleno Casatorio.
Palabras Claves: Octavo Pleno Casatorio Civil, Acto Jurídico, Sociedad Conyugal,
Disposición de Bienes Sociales, Nulidad, Ineficacia, Tercero de buena fe,
jurisprudencia, derecho comparado, prescripción.
ABSTRACT
The main object of this research is to analyze the legal figures of inefficacy and nullity
as legal remedies to the act of disposition of the marital property carried out by one of
the consorts who doesn’t have special power to represent the conjugal society. For
the development of this work, the Eighth Civil Cassation Plenaries, will be taken as a
reference.
Likewise, this investigation will develop the prescription of the inefficiency action that
isn’t regulated in our legal system and the different disposition acts established in our
Civil Code that can be performed by the consort involved in the act will be developed.
Finally, the situation of the non-intervening spouse in the act of disposition will be
discussed, as well as the third party in good faith acquiring the social good registered
in Public Registries, as it is not an issue developed in the Eighth Civil Cassation
Plenaries
ÍNDICE
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación problemática
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema General
1.2.2. Problemas Específicos
1.3. Justificación del Problema
1.3.1. Relevancia Social
1.3.2. Relevancia Teórica
1.4. Determinación de Objetivos
1.4.1. Objetivo General
1.4.2. Objetivos Específicos
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
2.1. Antecedentes
2.1.1. Trabajos de Investigación Nacionales
2.1.2. Trabajo de Investigación Internacional
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Asentamiento del Acto Jurídico en la Codificación Civil
2.2.2. Concepto de Acto Jurídico
2.2.3. Estructura del Acto jurídico
2.2.3.1. Existencia del Acto Jurídico
2.2.3.2. Validez del Acto Jurídico
2.2.3.3. Eficacia del Acto Jurídico
2.2.4. Nulidad
2.2.5. Teorías de la nulidad
2.2.5.1. Nulidad absoluta
2.2.5.2. Nulidad relativa
2.2.6. Causales de Nulidad Absoluta
2.2.6.1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente
2.2.6.2. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea
interminable
2.2.6.3. Cuando su fin sea ilícito
2.2.6.4. Cuando adolezca de simulación absoluta
2.2.6.5. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad
2.2.6.6. Cuando la ley lo declara nulo
2.2.6.7. En el caso del artículo V del Título Preliminar del Código Civil, salvo que
la ley establezca sanción diversa
2.2.7. Prescripción de la Nulidad
2.2.8. Ineficacia
2.2.9. Clasificación de las ineficacias
2.2.9.1. Ineficacia estructural
2.2.9.2. Ineficacia funcional
2.2.10. Prescripción de la Ineficacia
2.2.11. La Representación
2.2.11.1. Clases de representación
2.2.11.1.1. La representación voluntaria o apoderamiento
2.2.11.1.2. La representación legal
2.2.11.2. Clases de poder en el Código Civil
2.2.11.2.1. Poder General
2.2.11.2.2. Poder Especial
2.2.11.3. La representación entre cónyuges
2.2.11.4. La ineficacia de la representación
2.2.11.5. La ratificación del acto ineficaz
2.2.12. Concepto de Matrimonio
2.2.13. Régimen Patrimonial
2.2.13.1. Bienes del Régimen Patrimonial
2.2.13.2. Administración común del patrimonio social y disposición de bienes
sociales
2.2.13.3. Sociedad de Gananciales
2.2.13.4. Separación de Patrimonios
2.2.14. Actos de Disposición
2.2.14.1. Compraventa
2.2.14.2. Caracteres de la Compraventa
2.2.14.3. Elementos estructurales de la Compraventa
2.2.14.3.1. El Consentimiento
2.2.14.3.2. El Bien
2.2.14.3.3. El Precio
2.2.14.4. La Permuta
2.2.14.5. La Donación
2.2.14.5.1. Caracteres de la Donación
2.2.15. Gravamen del Bien Social
2.2.15.1. La Hipoteca
2.2.16. Principio de buena fe pública registral
2.2.17. Requisitos del tercero registral
2.2.17.1. Adquiriente actúe de buena fe
2.2.17.2. Adquisición a título oneroso
2.2.17.3. Inexactitud registral no conocible por el tercero adquiriente
2.2.17.4. Registrar su adquisición
2.2.18. Derecho Comparado
2.2.19. España
2.2.19.1. Disposición a Título Oneroso
2.2.19.2. Disposición a Título Gratuito
2.2.20. Panamá
2.2.21. El Salvador
2.2.22. Ecuador
2.2.23. Argentina
2.2.24. Cuba
2.3. Análisis Jurisprudencial
2.3.1. Nulidad del acto jurídico
2.3.2. Ineficacia del acto jurídico
2.4. Hipótesis
2.4.1. Hipótesis General
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de Investigación
3.2. Diseño de la Investigación
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GLOSARIO
ANEXOS
ANEXO N°1: ENTREVISTAS
Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
ANEXO N°2: CUADRO COMPARATIVO DE ENTREVISTAS
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Situación problemática
Previamente a tratar el presente tema de investigación, y abordar la figura
jurídica de la Ineficacia como remedio jurídico al acto de disposición unilateral
de los bienes de la sociedad conyugal en concordancia con lo estipulado en el
artículo 315 del Código Civil, es importante entender al matrimonio como la
unión de voluntades de dos contrayentes por medio de determinados ritos o
formalidades legales, expresado de manera personal y en conjunto ante la
autoridad competente, esta unión puede realizarse bajo una Institución
Religiosa o mediante las disposiciones establecidas en el Código Civil.
Anteriormente, el matrimonio era concebido como un acto religioso que unía a
las personas, llevándose a cabo ante la Iglesia Católica bajo el régimen de
sociedad de gananciales, o previamente con autorización de la autoridad
eclesiástica, se podía establecer la separación de bienes si la situación fáctica
encuadraba en alguna de las causales previstas.
En la actualidad, si bien esta figura religiosa sigue siendo utilizada, lo cierto es
que esta no se está dando con mayor frecuencia, debido a que las personas
prefieren sujetarse a lo establecido en un ordenamiento jurídico. En nuestro
caso, las disposiciones del matrimonio se encuentran desarrolladas en el Libro
III de nuestro Código Civil, siendo esta definida en el artículo 234 como aquella
unión voluntaria del varón y la mujer que se encuentran legalmente aptos, para
llevar acabo el acto matrimonial, sujetándose a las disposiciones establecidas
en el mismo Código, a fin de hacer una vida en común, en el que los
contrayentes tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes
y responsabilidades iguales.
En esa misma línea, el Título III del Libro citado previamente del Código,
permite que los cónyuges antes de la celebración del matrimonio puedan
adoptar libremente el régimen patrimonial, los cuales son el régimen de
sociedad de gananciales o la de separación de patrimonios. El régimen de
sociedad de gananciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 301, debe
ser entendido como aquel régimen en el pueden existir bienes propios de cada
cónyuge, así como, bienes pertenecientes a la sociedad; caso contrario, a lo
dispuesto en el régimen de separación de patrimonio, en el que el artículo 327
9
refiere que, cada cónyuge conserva su propiedad, administración y disposición
de sus bienes presentes y futuros, y le corresponden los productos y frutos de
dichos bienes, este tipo de régimen surte efecto con su inscripción en los
registros públicos.
La administración y disposición de los bienes sociales en el régimen de
sociedad de gananciales se encuentran desarrollados en los artículos 313 y
315 del Código Civil respectivamente, sin embargo, es por este último artículo
en el que se han suscitado diversas interpretaciones de distintos magistrados
al no definir como criterio las figuras de la nulidad y la ineficacia como remedio
jurídico al acto de disposición del bien ganancial por un solo cónyuge.
Es así como, al no existir una interpretación uniforme respecto a esta
problemática, la Corte Suprema de Justicia de la República en el año 2015
convoco el Octavo Pleno Casatorio Civil, en concordancia con lo establecido
en el artículo 400 del Código Procesal Civil, en virtud del cual se dispone que
los magistrados supremos civiles deben emitir sentencia que constituya o varié
un precedente judicial a fin de que vincule a todos los órganos jurisdiccionales
de la República.
Sobre lo mencionado, debemos precisar que, hasta la fecha no se ha emitido
sentencia del Octavo Pleno Casatorio, por lo que, algunos autores civilistas han
hecho alusión en que, si bien aún no se tiene un pronunciamiento, el Noveno
Pleno Casatorio ha resuelto la materia debatida del Octavo Pleno, lo cual no
compartimos, debido a que, la sentencia emitida está plenamente enfocada en
el Otorgamiento de Escritura Pública, y no en un análisis del artículo 315 del
Código Civil.
Al respecto, tomando como referencia al Octavo Pleno Casatorio, el presente
trabajo de investigación pretende analizar en un primer alcance los criterios de
la nulidad y la ineficacia debatidos en el Pleno, como posibles remedios jurídico
al acto de disposición de los bienes sociales realizado por uno de los cónyuges
que no cuenta con poder especial, a fin de adoptar el criterio de la ineficacia
como remedio jurídico más adecuado sobre el caso propuesto.
Finalmente, se desarrollará los posibles alcances y consecuencia jurídicas para
aquel cónyuge no interviniente en el acto de disposición, así como del tercero
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de buena fe adquiriente del bien social, el cual no ha sido materia de análisis
en el Octavo Pleno Casatorio.
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Qué efectos jurídicos produce el acto de disposición de los bienes sociales
por uno de los integrantes de la sociedad conyugal sin el consentimiento del
otro cónyuge?
1.2.2. Problemas específicos
¿El criterio de la ineficacia sería el remedio jurídico más adecuado para el acto
de disposición realizado por uno solo de los cónyuges? ¿Cuáles serían las
consecuencias jurídicas para el cónyuge no interviniente del acto celebrado?
¿El cónyuge no interviniente del acto puede ratificarlo de acuerdo con el artículo
162° del Código Civil? ¿El tercero adquiriente del bien social cumple con los
requisitos del Tercero Registral? ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas
para el tercero de buena fe adquiriente del bien social?
1.3. Justificación del problema
1.3.1. Relevancia Social
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar conocimiento a
aquellos cónyuges sujetos al régimen de sociedad de gananciales que deseen
disponer sobre los bienes sociales, asimismo, aporta información para las
personas que desean adquirir un bien social o que hayan adquirido dicho bien
confiando en la información brindada en los Registros Públicos. Finalmente,
esta investigación también servirá como un aporte de conocimiento y
reforzamiento para estudiantes de la carrera de derecho, abogados y
funcionarios públicos especializados en materia civil.
11
1.3.2. Relevancia Teórica
Con la presente investigación se aportará mayor conocimiento sobre las figuras
jurídicas de la nulidad y la ineficacia enfocadas en derecho de familia, como
aquellos supuestos de remedios jurídicos para los actos de disposición de
bienes gananciales que puede realizar uno de los cónyuges sin el
consentimiento del otro. De la misma forma, al no ser tema discutido en el
Octavo Pleno Casatorio, se brindará un mayor análisis sobre aquella persona
que adquiere de buena fe un bien social por la inexactitud de información
brindada en Registros Públicos.
1.4. Determinación de objetivos
1.4.1. Objetivo General
Describir los efectos jurídicos que produce el acto de disposición de los bienes
sociales por uno de los integrantes de la sociedad conyugal sin el
consentimiento del otro cónyuge.
1.4.2. Objetivos Específicos
• Definir si la figura de la ineficacia sería el criterio más adecuado como jurídico
al acto de disposición unilateral de los bienes sociales
• Determinar las consecuencias jurídicas del cónyuge no interviniente del acto
celebrado en caso se acogerse el criterio de la ineficacia
• Establecer si el cónyuge no interviniente del acto celebrado puede ratificarlo
de acuerdo con el artículo 162° del Código Civil.
• Identificar si el tercero adquiriente del bien social cumple con los requisitos
del Tercero Registral.
• Determinar las consecuencias jurídicas del tercero de buena fe adquiriente
del bien social en caso se acoja el criterio de la ineficacia.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
2.1. Antecedentes
En la búsqueda de trabajos similares que propongan remedios jurídicos al acto
de disposición unilateral de los bienes sociales, asunto de la presente
investigación, mencionamos algunos trabajos nacionales y un trabajo
internacional:
2.1.1. Trabajos de Investigación Nacionales
La Ineficacia Funcional de los Actos relacionados con la Transferencia de
Bienes Inmuebles que Dispone uno de los Integrantes de la Sociedad
Conyugal sin el Consentimiento del Otro. Para optar el grado de Título
Profesional de Abogado en la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo de Cajamarca. (Chacha Tanta, Wifredo y Vásquez Machicao, Edwin
Alberto, 2019).
Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes:
1. Los fundamentos jurídicos para optar como remedio jurídico la ineficacia
funcional son: la ausencia de legitimidad para contratar con el cónyuge
transferente, al actuar a nombre propio sobre un derecho que no le
corresponde, o al actuar en representación del otro cónyuge sin contar con
el poder respectivo, siendo incompetente para transferir un bien de la
sociedad conyugal, no produciendo los efectos jurídicos esperados.
2. La falta de legitimidad para contratar generará que sea válido entre las
partes celebrantes, pero ineficaz funcionalmente con relación al adquiriente
y el tercero con interés que no formo parte del negocio, constituyéndose en
un requisito de eficacia extrínseco al negocio.
3. La inoponibilidad serviría como mecanismo para proteger el derecho del
cónyuge no participante de la celebración del negocio, desconociendo los
efectos de oponibilidad que debería generar el mismo, al actuar como si el
negocio se hubiese celebrado, es decir, el negocio seguirá siendo válido y
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eficaz para las partes que lo celebraron, pero no con respecto al cónyuge
no participante, no produciendo efectos para ella.
4. La inoponibilidad como propuesta legislativa al artículo 315° del Código
Civil, se constituiría como derecho potestativo para el accionante, quien
podrá accionarlo vía jurisdiccional el mismo; no obstante, tendrá la potestad
de ejercer la ratificación de este, otorgándose la eficacia que se requiere a
través del cónyuge no participante.
La Nulidad o Ineficacia del Acto de Disposición de Bienes Sociales por
uno de los Cónyuges. Para optar el grado de Título Profesional de
Abogada en la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. (Sánchez Tisnado,
Sandra Yudith, 2018).
Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes:
1. Uno de los puntos clave para determinar la eficacia de un acto jurídico, se
encaja en la ausencia de legitimidad para obrar.
2. El campo propicio sería la ineficacia, debido a que, al considerar un acto
nulo, por considerarlo como un acto ilícito, o ausencia de voluntad, o
buscándole otra causal de invalidez, al no haber una delimitación literal
por el cual el operador jurisdiccional se incline por alguna causal
específica, pues el término conforme se encuentra prescrito en el artículo
140° del Código Civil no es suficiente, para adecuar la conducta de aquel
cónyuge que dispone del bien social.
3. El considerar que un acto de disposición de bien social afecta el orden
público, no se condice con la estructura o los principios establecidos en el
derecho civil, tales como el de legalidad. En ese sentido se afectarían los
derechos del cónyuge no participante, aun considerando que dicho acto
jurídico en el que no tuvo conocimiento sea beneficioso para aquel. El
cónyuge no participante, conforme al artículo 162° del Código Civil, puede
ratificar el acto, no generando con ello alteración o afectación al orden
público.
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4. El camino por tomar en cuenta para señalar a un acto como ineficaz,
evidentemente es contrapuesto a un posible acto ilícito, o afectación del
derecho público, o como una ausencia de voluntad por parte de uno de
los cónyuges en la celebración del negocio jurídico, pues éstos son rasgos
propios de requisitos de validez o invalidez del acto jurídico.
Si es nulo o ineficaz el acto de disposición unilateral de bienes sociales y
su implicación en el derecho registral. Trabajo Académico para optar el
Grado de Segunda Especialidad en Derecho Registral en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. (Díaz Ponce Víctor Alberto, 2017)
Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes:
1. Toma como posición que el acto celebrado por uno de los cónyuges es
ineficaz, al poder ratificarse por el cónyuge no interviniente y además
porque el cónyuge interviniente carece de legitimidad para contratar, caso
contrario, con la nulidad que no puede subsanarse, no siendo aplicable al
artículo 315° del Código Civil, donde no regula una sanción.
2. El acto de disposición que no intervino el acto de disposición, ese acto es
válido y eficaz para las partes que lo celebraron, pero inoponible e ineficaz
para el cónyuge no interviniente.
3. El acto de disposición realizada por uno de los cónyuges no puede ser
anulable, porque no está dentro de las causales regulada en el artículo 221°
del Código Civil.
4. En caso de uno de los cónyuges transfiera un bien social se deberá
observar el título por adolecer de defecto subsanable, adjuntándose una
escritura pública ratificatoria o acreditar que el bien es propio mediante
documento de fecha cierta, no procediéndose a su tacha sustantiva por no
estar dentro de las causales establecidas en el artículo 42° del Reglamento
General de Registros Públicos. Este supuesto se daría, en caso el VIII
Pleno Casatorio tome la posición de la ineficacia.
5. Contrariamente, si el VIIII Pleno Casatorio tomará la posición de la nulidad,
dependerá de un estudio de los antecedentes registrales para ver como
procede el registrador.
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La Protección del Cónyuge y del Tercero en la Sociedad de Gananciales.
Para optar el Grado de Magister en Derecho con mención en Derecho Civil
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Almeida Briceño José,
2002)
Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes:
1. La principal dificultad que debe superar el cónyuge no interviniente es el
silencio del artículo 315° del Código Civil, respecto a la sanción aplicable a
los actos de disposición arbitraria del patrimonio social. Menciona que la
primera opción acogida por el Pleno de Jurisdicción Civil 1997, consistió en
declarar la nulidad del acto por falta de manifestación de voluntad de ambos
cónyuges, siendo esta la única salida admisible para el cónyuge no
interviniente.
2. La nulidad como solución jurisprudencial por falta de manifestación de
voluntad no tiene razón, debido a que los dos cónyuges no forman una
manifestación de voluntad, cada uno de ellos presenta una propio, siendo
un elemento esencial del acto jurídico. Tampoco se puede afirmar que es
nulo por contener objeto jurídicamente imposible.
3. Considera que la nulidad es procedente, pero por la causal del artículo 315°
del código civil al ser una norma imperativa y por lo tanto no puede ser
sustituida por la voluntad de las partes, de acuerdo con el artículo 219° del
Código Civil. Sin embargo, también indica que la nulidad es una solución
radical e insalvable, al no admitir confirmación alguna del cónyuge no
interviniente.
4. En relación con el tercero adquiriente del bien social, se pide que la buena
fe consista en el desconocimiento que bien tenía calidad social. En caso de
bienes muebles e inmuebles se aplica la fe pública registral establecida en
el artículo 2014 del Código Civil en el que, si un bien social aparece inscrito
únicamente a favor de uno de los cónyuges, al haberse declarado soltero o
porque logró inscribirlo como propio, el tercero de buena fe mantendrá la
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anula, rescinda
o resuelva el derecho del otorgante por causas que no consten en los
Registros Públicos.
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2.1.2. Trabajo de Investigación Internacional
La Autorización del Cónyuge para dispones de los Bienes Inmuebles en
la Sociedad Conyugal y sus Efectos Jurídicos en Nuestra Legislación.
Para optar el Grado de Abogado en los Tribunales de la República de
Ecuador en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. (Casanova
R. Jaime, 2012)
Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes:
1. Para disponer los bienes sociales, el actual Código Civil Ecuatoriano en su
artículo 181° menciona lo siguiente:
El cónyuge cuyo a cargo está la administración ordinaria de los bienes
sociales necesitara la autorización expresa del otro cónyuge para
realizar los actos de disposición, limitación, constitución de
gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos a motor y de las
acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad
conyugal. En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere
necesario para celebrar estos contratos se encontrará imposibilitado
de expresarlo, el administrador de los bienes sociales deberá contar
con la correspondiente autorización de un juez competente del
domicilio del cónyuge imposibilitado. Para conceder la autorización, el
juez procederá sumariamente, con consentimiento de causa y previa
la determinación de la utilidad, conveniencia o necesidad de realizar
el acto o contrato. La omisión del consentimiento expreso del cónyuge
que no administre los bienes sociales o la autorización del juez, en su
caso, será de nulidad relativa del acto o contrato. (Código Civil
Ecuatoriano, 2006)
2. Como menciona el código, se necesita la autorización expresa para la
disposición de bienes sociales de cualquiera de los cónyuges que se
encuentre administrando ordinariamente los bienes sociales, para poder
disponer del bien y realizar demás transacciones que sean parte de la
sociedad conyugal.
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3. En caso el cónyuge que solicita el consentimiento se encuentre inhabilitado,
deberá solicitar al juez competente una autorización judicial para poder
realizar la disposición del bien social.
4. En caso no exista el consentimiento o la voluntad del cónyuge para disponer
del bien social o la autorización judicial, el código civil ecuatoriano lo sanciona
con la nulidad absoluta o relativa del acto o contrato.
2.2. Marco Teórico
En el presente trabajo de investigación se tomará como referencia el Octavo
Pleno Casatorio Civil llevado a cabo por la Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República desde el año 2015, en el que se debatieron
las figuras de la nulidad e ineficacia como remedios jurídicos para el acto de
disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges. De la misma forma,
se realizará un análisis sobre la situación del tercero de buena fe adquiriente
del bien social por la inexactitud de los Registros Públicos, al no ser materia de
relevancia del Pleno Casatorio citado.
En este sentido, empezaremos por analizar las figuras jurídicas de la nulidad y
la ineficacia recogidas en nuestro Código Civil, cuyo estudio y análisis exigen
previamente su conceptualización, para que nos permita conocer sus teorías,
naturaleza, contenido, entre otros; posteriormente, desarrollaremos los actos
de disposición que puede realizar aquel cónyuge interviniente con los bienes
sociales, y finalmente, trataremos la figura del tercero de bueno fe adquiriente
del bien social. Todo lo expuesto, brindará sustento a nuestra posición, al
establecer como remedio jurídico la figura de la ineficacia al acto de disposición
unilateral de los bienes sociales
2.2.1. Asentamiento del Acto Jurídico en la Codificación Civil
La teoría del acto jurídico es una elaboración de la doctrina clásica francesa
posterior a la entrada en vigor del Código Napoleón, con el que inicia la etapa
de la codificación civil conocida también como Derecho moderno. Esta teoría
marco un gran hito en la historia universal y al que han seguido el Código Civil
Alemán de 1900 y el Código Civil Italiano de 1942, así también, esta fue
introducida en Latinoamérica, aunque con ciertas variantes, por el Código Civil
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Chileno de 1857 y por el Código Civil Argentino promulgado en 1869 iniciando
su vigencia el 01 de enero de 1871.
Nuestro Código Civil promulgado el 14 de agosto de 1936 iniciando su vigencia
el 14 de noviembre del mismo año, ubico la teoría del acto jurídico en la sección
primera del Libro Quinto, dedicado al Derecho de Obligaciones, pudiendo
entenderse al acto jurídico como una categoría subordinada del mismo, sin
embargo, esto no podía ser así, debido a que son las obligaciones las que
quedan finalmente subordinadas al acto jurídico al emanar de ellas. El autor
Fernando Vidal Ramírez citando a León Barandiarán, refiere lo siguiente sobre
esta subordinación:
El acto jurídico es fuente (…) de relaciones jurídicas dentro de las
cuales lo derechos subjetivos y, por ende, los deberes jurídicos y las
obligaciones se imbrican y sin que esas relaciones jurídicas deban ser
necesariamente de carácter obligacional o patrimonial. De ahí, que la
interpretación a que pudo conducir su ubicación en el Código de 1936
hubiera sido absolutamente equivocada y así lo precisó y orientó León
Barandiarán, su más caracterizado comentarista. (Vidal Ramírez
Fernando, 2007, Pág.23.)
Por otro lado, el Código Civil vigente, promulgado el 24 de julio de 1984
entrando en vigor el 14 de noviembre del mismo año, ha mantenido su afiliación
con la Teoría del Acto Jurídico ubicándose en el Libro II de Código, en el que
se les dio un tratamiento exclusivo a sus normas a diferencia del Derecho de
las Obligaciones. Así también, el Código Civil de 1984 mantuvo el mismo
concepto de Acto Jurídico que inspiro el Código de 1936 en el artículo 140°
incorporando sus elementos de validez. El autor Fernando Vidal Ramírez hace
alusión a lo siguiente sobre esta reformulación:
La noción del concepto de acto jurídico incorporada al artículo 140°
reviste, por su generalidad, especial importancia, al igual que la
ubicación que se ha dado en el desarrollo legislativo de su teoría, pues
se ha dotado al Código de la noción que faltó en el articulado del
Código anterior y se ha subsanado el acusado defecto de sistemática
que adolecía. (Vidal Ramírez Fernando, 2007, Pág.27.)
19
Habiéndose desarrollado la teoría y evolución del acto jurídico en nuestro
sistema peruano a través del Código Civil de 1936 y nuestro Código Civil
vigente, se procederá a definir de manera precisa el concepto de acto jurídico.
2.2.2. Concepto de acto jurídico
Para llegar al concepto de acto jurídico, es necesario partir del concepto de
hecho jurídico el cual, desde el punto de vista dogmático, el acto jurídico no es
sino una especie del hecho jurídico, con la presencia imprescindible de la
voluntad, de la licitud y de la manifestación de la voluntad.
El hecho como realidad social contempla la existencia de innumerables
fenómenos distintos que, tiene como protagonista al hombre, ya sea que por
su accionar directamente produzca este tipo de fenómenos de manera total o
parcialmente, y porque ello afecta de una u otra manera diversas relaciones
humanas.
Este tipo de hechos son recogidos por el ordenamiento jurídico, los mismos que
se nutren de las relaciones humanas, no los aprehende como tal y como se
presentan en la realidad social, sino que los recoge de un modo especifico y
propio que corresponde al ámbito jurídico. Al respecto, el autor Juan Carlos
Garibotto citando a Salvat menciona lo siguiente:
(…) la palabra “hechos”, desde el punto de vista jurídico, tiene un
significado más extenso que el etimológico, pues se la emplea para
designar cualquier suceso o acontecimiento que ocurra y caiga en el
mundo de nuestras percepciones, ya se trate de acontecimiento
producidos por el hombre, y de acontecimientos extraños a él.
(Garibotto Juan Carlos, 1991, pág. 3).
Ahora, como se ha mencionado previamente, el ordenamiento jurídico no toma
en cuenta todos los hechos sino tan solo algunos, teniendo como condición que
sea de interés directa o indirectamente al hombre, esto se debe a que, habrá
ciertas circunstancias de relevancia para el ordenamiento jurídico que serán
atribuibles de consecuencia jurídicas. En otras palabras, cuando exista un
hecho relevante para el ordenamiento y este le atribuya una consecuencia
jurídica, estaremos frente a un hecho jurídico.
20
Así en palabras del mismo autor Juan Carlos Garibotto se tendrá en
consideración un hecho jurídico cuando:
(…) el sistema jurídico toma en consideración un hecho y le adjudica
una consecuencia jurídica, estamos en presencia de un hecho jurídico;
en este sentido, el hecho es inseparable del ordenamiento, lo integra,
se incorpora a la norma jurídica, que es el componente básico del
régimen jurídico, si concebimos a este como un conjunto de normas.
(Garibotto Juan Carlos, 1991, pág. 3).
Sabiendo previamente el concepto de hecho jurídico, podemos empezar a
desarrollar el concepto de acto jurídico, como aquel hecho jurídico, voluntario,
lícito, con manifestación de la voluntad y efectos jurídico. Es así que, el artículo
140° del Código Civil define al acto jurídico como:
Artículo 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear,
regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas (…) (Código Civil Peruano,
1984)
La manifestación de voluntad que genera el acto jurídico es la voluntad privada
declarada por un sujeto privado, con plena conciencia, la cual está destinada a
producir efectos jurídicos. Estos actos jurídicos inciden sobre todas clases de
relaciones jurídicas, sean patrimoniales o no, tratándose de derechos reales,
sucesorios o de familia.
En esa misma línea, el profesor Juan Carlos Garibotto define al acto jurídico
como que el acto o negocio jurídico es el instrumento de la autonomía privada,
el medio por el cual los sujetos de derecho disciplinan por sí mismos sus
relaciones (Garibotto Juan Carlos, 1991, pág.29).
Cuando el profesor Garibotto refiere a la autonomía privada como instrumento,
debe entenderse como aquella potestad que tienen los sujetos de derecho de
autorregularse sus propios intereses, mediante la celebración de actos
jurídicos. En nuestro código civil, la autonomía privada no se ha admitido de
manera absoluta, sino que esta se entiende como un principio, con las
limitaciones que impone nuestro ordenamiento jurídico de modo imperativo. En
palabras del autor Fernando Vidal Ramírez, la autonomía privada constituye:
21
(…) un principio que, llevado al Derecho Privado, se constituye en su
característica fundamental, al extremo que, en nuestra opinión puede
ser considerado como el factor determinante para las situaciones y
relaciones jurídicas queden comprendidas en su ámbito, razón por la
cual se le denomina también autonomía privada. No ha recibido una
noción legal y ello lo hace ser un principio no escrito, o, si se prefiere,
un postulado. Su noción, por ello, es puramente teórica y doctrinaria.
(Vidal Ramírez Fernando, 2007, pág. 57)
Entonces, en resumen, podemos determinar que nuestro ordenamiento jurídico
acoge ciertos hechos, los cuales les atribuye consecuencias jurídicas,
convirtiéndolas en hechos jurídicos, siendo posteriormente incorporadas en
una norma. Ahora, el acto jurídico es una especie del hecho jurídico e
instrumento de la autonomía privada, al ser los propios sujetos quienes regular
sus propios intereses mediante la celebración de actos, los mismos que tienen
que cumplir con los requisitos de validez establecidos en el artículo 140° del
Código Civil. A continuación, procederemos a detallar la estructura del acto
jurídico:
2.2.3. Estructura del Acto Jurídico
El acto jurídico, como se ha detallado en la sección anterior, es un concepto
amplio y general, pero no por ello deja de requerir una estructura, la cual
necesitará también sus propios elementos esenciales para su configuración. La
doctrina considera la estructura del acto jurídico sobre la base de sus
elementos, las cuales se distinguen en esenciales, naturales y accidentales, los
cuales procedemos a detallar:
a) Elementos esenciales: Los elementos esenciales, en latín essentiala negotii,
son aquellos componentes imprescindibles para la conformación del acto
jurídico, es decir, que han de estar presentes para que el acto jurídico
alcance existencia jurídica, sin que la autonomía de la voluntad pueda
soslayarlos. El acto jurídico necesita estos elementos esenciales como
requisito para su validez y existencia. Existen dos clases de elementos
esenciales:
22
El primero de es de carácter general, en el que los elementos son
indispensables para la configuración del acto jurídico, y su presencia es
imprescindible para la generalidad de los actos jurídicos; y, el segundo es
de carácter especial, que son para cada acto jurídico particular, siendo
indispensable para su concreción, son llamados también elementos
constitutivos.
Así el autor Fernando Vidal Ramírez, refiere lo siguiente sobre estas dos
clases de elementos:
A los elementos esenciales de carácter general el Código Civil los
llama requisitos de validez (art.140) y vienen a ser la manifestación de
la voluntad, la capacidad, el objeto, la finalidad y la forma (…) A los
elementos esenciales de carácter especial o elementos constitutivos
se les requiere con relación a cada categoría de acto jurídico, pero
debe concurrir con los elementos esenciales de carácter general.
(Vidal Ramírez Fernando, 2007, pág.84)
En relación a lo mencionado previamente, se podría definir que los
elementos esenciales son un componente imprescindible para la
constitución del acto jurídico, y que está compuesta por dos clases, los
elementos esenciales de carácter general, como aquellos requisitos de
validez del acto jurídico en el que se requiere la manifestación de voluntad
emitida por agente capaces, objeto posible, finalidad lícita y observancia de
forma prescrita por la ley; y, los elementos de carácter especial, sobre aquel
acto jurídico, como por ejemplo la compraventa, en el que el acto requiere
para surtir efectos componer como elementos constitutivos, un bien y un
precio pactado.
b) Elementos naturales: Los elementos naturales, en latín naturalia negotti, son
los que están dentro de la naturaleza de un acto concreto y determinado, de
manera que el derecho objetivo los atribuye con prescindencia de la
manifestación de la voluntad de las partes.
También, refieren que antes de ser elementos, son efectos jurídicos que
derivan de la naturaleza de ciertos actos jurídicos, por ejemplo: en los actos
23
de transferencia de propiedad, uso o posesión de un bien, el transferente
tiene la obligación de sanear por vicios ocultos, por evicción, etc., que
permitan destinar el bien al fin para el cual fue adquirido o que disminuya su
valor. El autor Aníbal Torres Vásquez refiere que estos elementos están en
la naturaleza del acto, pero no son de su esencia, por lo que sus derechos
y deberes u obligaciones que de ellos se derivan pueden ser disminuidos,
incrementados o eliminados por voluntad de las partes. (Torres Vásquez
Aníbal, 2008, pág. 161)
Entonces, se puede deducir que los elementos naturales a diferencia de los
elementos esenciales en el que deben concurrir necesariamente e
imprescindible para la formación del acto jurídico, en los elementos
naturales, como se puede apreciar, se pueden separar sin que este afecte
la existencia y validez del acto jurídico.
c) Elementos accidentales: Los elementos accidentales, los accidentalia
negotti, son incorporados al acto jurídico en ejercicio de la autonomía de la
voluntad de las partes, pero siempre que no desvirtúe la esencia del acto y
no exista prohibición de ley.
Estos actos tienen una característica propia y pueden ser incorporados al
acto jurídico, como una condición o de un plazo en el que el acto queda
supeditado, convirtiéndose en un requisito para que el acto jurídico
produzca sus efectos. En nuestro Código Civil se les denomina
modalidades, como a la condición, el plazo y la carga o modo.
En palabras del autor Aníbal Torres Vásquez los elementos accidentales
tienen la siguiente característica:
Los elementos accidentales son incorporados en el acto jurídico
generalmente bajo la fórmula de cláusulas, para limitar de algún modo
la plenitud de la obligación principal, sea haciendo insegura su
existencia (condición), sea postergando su exigibilidad a un momento
ulterior o señalando un tiempo de vida al acto (plazo), sea obligando
al titular del derecho el cumplimiento de una carga accesoria (modo o
carga o encargo). (Torres Vásquez Aníbal, 2018, pág.161)
24
La diferencia entre los elementos esenciales y elementos naturales con los
elementos accidentales es que estos son ajenos al acto jurídico, no siendo
requeridos para su existencia y validez, ni por estar insertos en su
naturaleza, siendo que su presencia en el acto depende únicamente de la
voluntad de las partes.
En la siguiente sección nos ocuparemos de la estructura del acto jurídico, junto
con sus elementos esenciales que nuestro Código Civil les denomina requisitos
de validez y que son aplicables a todos los actos jurídicos, sin excepción,
constituyendo una norma de aplicación uniforme.
2.2.3.1. Existencia del acto jurídico
Para que un acto jurídico pueda presentarse en la realidad, debe poseer y
concurrir una serie de características y elementos estructurales que le permiten
nacer, caso contrario, ante la ausencia de uno de ellos, estaríamos ante un acto
que no existe como tal, al no haber logrado completar su formación. Por
ejemplo, la doctrina nacional ha establecido que, para la existencia de un
Contrato, este debe presentarse en conjunto con estos cinco elementos: Las
partes, el acuerdo, el objeto, la causa y la formalidad obligatoria.
El autor Aníbal Torres Vásquez señala que adicionalmente a los elementos
esenciales, deben concurrir los otros elementos estructurales exigidos por la
ley para cada acto jurídico en particular, llevando como ejemplo al Contrato de
Compraventa:
(…) para que exista compraventa debe existir un bien que se transfiere
en propiedad y un precio que se paga en dinero (artículo.1529); y,
también si las partes han convenido algún elemento esencial fuera de
los establecidos por ley, para que el acto sea válido y eficaz debe
concurrir tal elemento. Basta que falte uno solo de estos elementos
para que el acto jurídico no exista o se trate de un acto jurídico
diferente. (Torres Vásquez Aníbal, 2018, pág. 160)
25
Es importante mencionar que, la inexistencia de uno de los requisitos
esenciales configuraría una situación en la que no se va a poder configurar el
acto jurídico en sí y por ende no podrá surtir efectos jurídicos no llegando a
cumplir ninguna finalidad. Esta inexistencia no es susceptible de subsanación,
en tanto que no hay un acto jurídico que corregir, ni efectos jurídicos que se
vayan a producir.
2.2.3.2. Validez del acto jurídico
Un acto jurídico válido, es aquel que cumple con los requisitos exigidos en el
artículo 140° del Código Civil:
Artículo 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad
destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
Para su validez se requiere:
1.- Plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas por
la ley, 2.- Objeto física y jurídicamente posible, 3.- Fin lícito y 4.-
Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. (Código
Civil Peruano, 1984)
a) Plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contemplados por la ley:
La capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para celebrar actos
jurídicos por sí misma. Esta capacidad le permite adquirir y ejercitar por su
propia voluntad derechos subjetivos o deberes jurídicos.
La capacidad de ejercicio de acuerdo al artículo 42° de nuestro Código Civil,
se adquiere a los dieciocho años, es decir que antes de cumplirlos nos
encontramos ante un estado de incapacidad, siendo esta absoluta de
acuerdo al artículo 43° del Código Civil, para los menores de dieciséis años,
y ante una capacidad de ejercicio restringida, para los menores de dieciocho
años y mayores de dieciséis años, de acuerdo al numeral 1° del artículo 44°
del Código Civil.
Según el autor Fernando Vidal Ramírez la capacidad de ejercicio tiene como
presupuesto lo siguiente: La capacidad de ejercicio entendida, entonces,
como la facultad de celebrar por sí mismos los actos jurídicos tiene, como
26
presupuesto necesario, el discernimiento (…). (Vidal Ramírez Fernando,
2007, pág. 114).
Este discernimiento en nuestro Código Civil se alcanza en la mayoría de
edad tal como lo señala el artículo 42°, pues el derecho presume que el
sujeto alcanza en esta etapa un desarrollo psíquico y madurez intelectual
para celebrar actos jurídicos.
b) Objeto: El objeto de un acto jurídico debe entenderse como los derechos y
deberes u obligaciones que se generan y que se integran a la relación
jurídica que crea, regula, modifica o extingue.
Ahora hay cierto sector de la doctrina que distingue el objeto del contenido
del acto jurídico, debemos entender a este último como reglamento, conjunto
de disposiciones queridas por las partes o determinadas por la ley. Por
ejemplo: la condición, impuesto muchas veces por las partes en una relación
contractual.
El autor Juan Espinoza Espinoza refiere lo siguiente sobre la definición
adoptada por nuestro Código Civil:
(…) la distinción reforzaría la posición asumida por el Código Civil
peruano, en el sentido que el objeto del acto es el de crear (regular,
modificar o extinguir) la relación o situación jurídica, mientras que el
contenido es el reglamento. (Espinoza Espinoza Juan, 2010, pág. 73)
Así también, el inciso 2 del artículo 140° del Código Civil establece como
caracteres del objeto que este debe ser posible, física y jurídicamente. La
posibilidad física del objeto está referida a la existencia o la posibilidad de
existir los derechos y deberes u obligaciones integrados en la relación
jurídico que se vincula con los bienes materiales o inmateriales sobre los
que recaen. Mientras que, la posibilidad jurídica está referida en conformidad
con el ordenamiento jurídico de los derechos y deberes u obligaciones
integrados en la relación jurídica generada por el acto jurídico.
27
c) Fin lícito: Es la causa del acto. La finalidad del acto jurídico se vincula con la
manifestación de voluntad, partiendo que el motivo de los celebrantes se
dirija a la producción de efectos jurídicos, es decir, a la creación de una
relación jurídica y normar su regulación, modificación o extinción.
Según el autor Fernando Vidal Ramírez, la manifestación de voluntad debe
exteriorizarse, por ello el Código Civil ha acogido lo siguiente:
(…) el Código Civil ha acogido la causa como fin o finalidad del acto
jurídico y que ha sido tomada como motivo determinante de su
celebración, hay una identificación entre causa y motivo, pero solo del
motivo relevante para el Derecho, desde que es manifestado, y no del
simple motivo subjetivo o dato sicológico sin relevancia jurídica. (Vidal
Ramírez Fernando, 2007, pág. 128).
En síntesis, el Código establece que la finalidad debe ser lícita, atendiendo
que el motivo determinante de la celebración del acto jurídico no sea
contrario a las normas de orden público ni a las buenas costumbres, a fin de
que, al exteriorizarse la manifestación de voluntad de los celebrantes los
efectos a producirse tengan amparo en el ordenamiento jurídico.
d) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad: La forma inferida
en el inciso 4 del artículo 140 del Código Civil, es la forma prescrita con
carácter ad solemnitatem, al precisa que además de los otros requisitos
establecidos, requiere la observación de la forma prescrita bajo sanción de
nulidad. El autor Juan Espinoza Espinoza menciona lo siguiente sobre la
formalidad:
(…) si bien en materia de acto jurídico existe el principio de libertad de
forma, hay actos que, por su particular relevancia requieren de una
formalidad determinada. Caso contrario, el acto que adolezca de la
misma, será invalido. Tal es el caso del contrato de donación de bienes
inmuebles que tiene que ser formalizado por escritura pública, bajo
sanción de nulidad. (Espinoza Espinoza Juan, 2010, pág.77)
28
Entonces, no toda forma, es requisito de validez, aunque si es un elemento
de existencia, ya que sin forma no existe un acto jurídico. La forma referida
en el artículo citado previamente es una forma prescrita para un fin
específico, que es el de dar existencia y validez en determinados actos
jurídicos los cuales, por su trascendencia, la ley los hace para celebración
de negocios (negotio solmemnia), y por eso plasma que su inobservancia se
sanciona con la nulidad.
En relación con lo detallado en esta sección, podemos definir que los elementos
esenciales del acto jurídico son prescindibles para su formación, toda vez que
su presencia es indispensable para que alcance su existencia jurídica y validez.
Contrariamente, será un acto jurídico inválido, el no cumplir con todos los
elementos esenciales, siendo sancionado con la nulidad, o al existir una
patología en los elementos esenciales por presentarse un vicio en la
manifestación de la voluntad (error, dolo, intimidación o violencia),
sancionándose con la anulabilidad.
2.2.3.3. Eficacia del acto jurídico
Un acto jurídico eficaz, es aquel que reúne todos los requisitos de validez
establecidos en el artículo 140° del acto jurídico produciendo efectos jurídicos.
Tal como se mencionó en la sección anterior, en la validez del acto jurídico se
estudia su estructura, es decir, sus elementos esenciales, en cambio, en la
eficacia se estudia los efectos jurídicos del mismo, teniendo entonces, como
regla general que un acto jurídico válido que produce efectos jurídicos, es
eficaz.
Ahora existen ciertos casos, en que un acto jurídico puede ser válido pero
ineficaz, como es el caso de actos sujetos a una condición suspensiva, en el
que se retrasa los efectos del acto jurídico hasta que un acontecimiento suceda,
por ejemplo: te dono mi automóvil si te recibes de abogado. El autor Aníbal
Torres Vásquez refiere lo siguiente sobre la ineficacia:
Si el acto jurídico no produce sus efectos normales (todos o algunos
de ellos) o deja de producir efectos que se han venido produciendo,
29
es calificado de ineficaz. Es decir, el acto es ineficaz cuando por
cualquier razón no produce efectos (sociales, económicos, etc.) desde
su celebración, o cuando se hacen cesar los que venía produciendo,
o cuando los efectos no pueden hacerse valer frente a ciertas
personas. (Torres Vásquez Aníbal, 2018, pág. 1186)
De esa manera, dentro de la ineficacia, podemos encontrar otros supuestos,
como lo establecido en el artículo 1371° del Código Civil, el mismo que refiere
que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causas sobrevinientes
a su celebración, o también lo establecido en el artículo 161° del mismo Código,
que menciona que un acto jurídico celebrado por un representante excediendo
los límites de facultades que se le hubiera conferido, es ineficaz.
Habiendo desarrollado el concepto y la estructura del acto jurídico,
procederemos a profundizar en las figuras jurídicas de la nulidad y la ineficacia
debatidas en el Octavo Pleno Casatorio, con relación al acto de disposición de
los bienes sociales por uno solo de los cónyuges.
2.2.4. Nulidad
El término de nulidad deriva de la palabra nulo, cuyo origen etimológico
proviene del latín nullus, ne que significa no y ullus que significa alguno,
entendiéndose que, nulo es aquello que carecer de valor y fuerza para exigir,
por ser contrario a las leyes o por no cumplir con los requisitos o formalidades
que se requieran para su validez.
La Teoría de la Nulidad de los actos jurídicos que se ha incorporado en nuestra
legislación, tuvo sus orígenes en el derecho romano. Según fuentes
romanistas, sostenían que todo acto jurídico en el que no se habían observado
las formalidades esenciales para su validez era ipso iure nulo, es decir, de pleno
derecho; y por tanto no producía ninguno de sus efectos jurídicos. Esta clase
de nulidad fue la única que impero durante el antiguo ius civile, esto significaba
que el Pretor (Magistrado Romano de alta jerarquía) no podía anular un acto
que el derecho civil consideraba válido.
Posteriormente, durante la etapa del derecho pretoriano, el Pretor podía a
través de la restitutio in integrum o por la exceptio doli, realizar una especie de
reparación, los cuales le sirvieron como medios en su lucha contra el Derecho
30
Civil. A partir de ello, se originó una nulidad civil de pleno derecho, considerada
como nulidad absoluta, y la nulidad pretoriana como anulabilidad.
Como se mencionó anteriormente, nuestra legislación ha incorporado las
Teorías de la Nulidad en el Libro II Título IX del Código Civil, respecto a las
figuras jurídicas de la nulidad y la anulabilidad. Para que estas figuras tengan
validez y surtan sus efectos, es necesario que cumplan con los elementos
esenciales del acto jurídico señalados en el artículo 140 del Código Civil.
En otras palabras, el acto jurídico celebrado entre las partes tiene que reunir
los elementos esenciales señalado en el artículo citado en el párrafo anterior,
caso contrario, si el acto no contiene dichos elementos esenciales, no producirá
sus efectos jurídicos, teniendo como consecuencia, no siendo considerado un
acto válido.
Francisco Javier Romero Montes citando a Eugene Petit sostiene lo siguiente
respecto a la nulidad absoluta y nulidad relativa:
Un acto inexistente o de nulidad absoluta, no tiene valor ante la ley, se
trata de un mero hecho, no produce ningún efecto, nunca existió
jurídicamente porque afecta el orden público. No puede servir de justo
título para adquirir derechos a base de prescripción, no puede
sujetarse a está y tampoco es susceptible de confirmación.
Contrariamente, el acto anulable es provisionalmente válido, aunque
puede ser anulado, produce sus efectos formales desde que se
constituye, pero su declaración de nulidad hace desaparecer el acto
desde que se formó. La anulabilidad debe ser declarada a instancia de
parte, el acto anulable puede servir de justo título para la prescripción,
(…) finalmente, los actos anulables pueden ser objeto de confirmación.
(Romero Francisco, 2008, págs. 344 y 345)
Entonces podemos resumir que la nulidad es considerada una sanción legal, y
que tiene dos maneras de manifestarse, en el primer caso es a través de la
nulidad ipso iure o de derecho, absoluta o insubsanable, en el que no requiere
juicio alguno, en esta nulidad no es posible restaurar su validez,
considerándose que el acto no ha existido y por lo tanto no ha producido sus
efectos jurídicos, las causales de nulidad absoluta se encuentran previstas en
el artículo 219 del Código Civil; por otro lado, en el segundo caso tenemos a la
31
nulidad relativa o anulabilidad, refiriendo que el acto posee diversos elementos
para su existencia, pero que lleva un vicio que da lugar que las personas
planteen una anulación para subsanar sus intereses privados lesionados, las
causales de anulabilidad se encuentran previstas en el artículo 221 del Código
Civil.
A continuación, procederemos a detallar las Teorías de la Nulidad recogidas en
nuestro Código Civil.
2.2.5. Teorías de la Nulidad
2.2.5.1. Nulidad Absoluta
Como se ha mencionado previamente, la nulidad absoluta o también conocida
como ipso iure se encuentra reconocida en nuestro Código Civil, y se produce
por ausencia de uno de los elementos esenciales que establece el artículo 140
del Código Civil o cuando se haya trasgredido las normas imperativas o el orden
público, no permitiendo que el acto celebrado surta sus efectos jurídicos y por
lo tanto carezca de validez para las partes interesadas ni para terceros.
El autor Manuel Albaladejo refiere lo siguiente sobre la nulidad de un negocio
jurídico:
Se llama negocio nulo a aquel que, por causa de un defecto, en
principio no es apto para producir sus efectos jurídicos propios. Tal
producción le es negada definitivamente; considerándosele, a ese
respecto, como no realizado. Sólo un negocio que existe puede valer
o no valer; luego sólo un negocio que existe puede ser nulo, ya que la
nulidad es una clase de invalidez. (Albadalejo Manuel, 2013, pág. 583)
Si bien nuestro Código Civil no ha establecido un artículo que defina la nulidad
absoluta de un acto jurídico, a través de la doctrina podemos entender que la
nulidad absoluta es una sanción legal que priva un acto jurídico de producir sus
efectos propios como consecuencia de un defecto en uno de sus elementos
esenciales al momento de la celebración del acto jurídico.
Sin embargo, el Código Civil si ha hecho referencia en el artículo 219 del Código
Civil sobre aquellas causales de nulidad del acto jurídico, que pasaremos a
detallar más adelante en el presente trabajo.
32
En relación al Octavo Pleno Casatorio, la nulidad absoluta es una de las figuras
que se está discutiendo como remedio jurídico al acto de disposición unilateral
de los bienes sociales, al concurrir las siguientes supuestas causales de
nulidad del acto jurídico: (i) Falta Manifestación de voluntad por uno de los
cónyuges, (ii) objeto jurídicamente imposible en función al artículo 315 del
Código Civil, debido a que se necesita el consentimiento de ambos cónyuges
y (iii) Fin ilícito, al existir una voluntad de engañar y perjudicar al cónyuge no
interviniente.
Por lo mencionado en párrafo anterior, se procederá en la subsiguiente sección,
desarrollar sobre la interpretación incorrecta del artículo 140 del Código Civil,
en concordancia con el artículo 219 del mismo Código que establece las
causales de nulidad.
En la siguiente sección, pasaremos a la Teoría de la Nulidad Relativa que
también fue recogida por nuestro Código Civil, a pesar de no mantener relación
con el caso propuesto en el presente trabajo de investigación.
2.2.5.2. Nulidad Relativa
Como se mencionó en un inicio, en el derecho romano la nulidad relativa fue
conocida como nulidad pretoriana, actualmente se le conoce como
Anulabilidad.
En este caso, el acto jurídico posee los diversos elementos esenciales para su
existencia, siendo válido en un primer momento, pero que lleva en si un vicio
que da lugar a que las personas aleguen la anulación para subsanar sus
intereses privados lesionados.
El artículo 221 del Código Civil establece las causales de anulabilidad del acto
jurídico enumerados de manera taxativa, estos son: 1. Por capacidad de
ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del
artículo 44; 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación; 3. Por
simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de un
tercero, y 4. Cuando la Ley lo declare anulable.
33
Manuel Albadalejo refiere que el negocio anulable (también llamado
impugnable), es plenamente eficaz, pero, por haberse celebrado con
determinados defectos, está amenazando la destrucción, con la que
se borrarían retroactivamente los efectos producidos. Se trata de un
negocio provisionalmente válido (no hay invalidez actual) que, por
tanto, modifica la situación jurídica preexistente, pero cuya nulidad
está pendiente de la voluntad del titular del derecho a impugnarlo.
(Albadalejo Manuel, 2013, pág. 592)
Como señala el autor citado, la anulabilidad solo puede ser declarada a
instancia de parte en cuyo beneficio le establece, asimismo, este tipo de nulidad
requiere de una sentencia judicial previa para convertir el acto jurídico
celebrado por las partes en nulo. El efecto de la sentencia es retroactivo al
momento en que se celebró el acto jurídico.
Lo explicado previamente, encuentra sustento en el artículo 222 del Código
Civil, referente a la instancia de parte y el efecto de la sentencia judicial.
Artículo 222.- El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración,
por efecto de la sentencia que lo declare.
Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada
por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley.
(Código Civil Peruano, 1984)
En otras palabras, la nulidad relativa o la anulabilidad tendrá plena eficacia al
momento de haberse celebrado el acto jurídico, hasta que la persona que tiene
el derecho de pedir la anulabilidad no obtenga la sentencia judicial que declare
su nulidad.
A continuación, procedemos a detallar las causales de nulidad absoluta, en
concordancia con el artículo 140 del mismo Código, en el que nos basaremos
para analizar y contradecir el criterio de la nulidad como remedio jurídico al acto
de disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges.
2.2.6. Causales de Nulidad Absoluta
34
Las causales de nulidad absoluta del acto jurídico se encuentran contempladas
en ocho circunstancias que contiene el artículo 219 del Código Civil, las mismas
que pasamos a desarrollar en las siguientes secciones:
2.2.6.1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente
Al analizar el artículo 140 del Código Civil, este mismo establece que, la
manifestación de voluntad está destinada a crear, regular, modificar o extinguir
relaciones jurídicas. De esta manera, cuando se menciona que un acto jurídico
es nulo por falta de manifestación de voluntad, se refiere al hecho que el acto
celebrado no ha cumplido con lo mencionado en el artículo citado.
El profesor Lizardo Taboada Córdova, menciona lo siguiente sobre la
manifestación de voluntad del acto jurídico:
La Declaración de Voluntad, es una sola unidad entre la voluntad y la
declaración, requiere para su configuración de dos voluntades: la
voluntad declarada que es lo que aparece expresado en la conducta
en que consiste la misma declaración, es decir, el contenido del
negocio; y la voluntad de declarar, que a su vez importa dos tipos de
voluntad: La voluntad del acto externo, esto es, de la conducta en que
consiste la propia declaración, y conocimiento del valor declaratorio de
dicha conducta. (Lizardo Taboada, s.f., pág. 71)
Es decir, que el acto jurídico se formara cuando las partes o participantes
manifiesten su voluntad de llevar a cabo una relación jurídica, en que el cada
uno es consciente respecto al acto que se está celebrando. Por el contrario,
cuando hablamos de falta de manifestación de voluntad estamos refiriéndonos
al hecho que falta la voluntad de la conducta declaratoria o de conocimiento del
valor de la conducta del sujeto para ser participante en un acto jurídico.
Así también, el profesor Christian Northcote Sandoval refiere lo siguiente sobre
la falta de la manifestación de voluntad:
Christian Northcote Sandoval refiere que el acto jurídico no puede
existir si no se ha producido una manifestación de voluntad. Por
ejemplo, será nulo el contrato en el que no se pueda verificar la
existencia de un acuerdo de voluntades, como es el caso de un
35
contrato en el que se le asigna al silencio los efectos de una
manifestación, aun cuando no se hubiera acordado ello previamente.
(Northcote Christian, 2014, pág. 3)
Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos esenciales discutidos
en el Octavo Pleno Casatorio para acoger el criterio de la nulidad absoluta, era
la falta de manifestación de voluntad por aquel cónyuge no interviniente
respecto al acto de disposición de los bienes sociales.
En contra de la posición vertida en el párrafo anterior, consideramos que la falta
de manifestación voluntad, como patología recae en aquel acto jurídico
celebrado entre las partes, y no en lo relativo respecto aquel cónyuge no
interviniente, que no tiene vinculación con el contrato celebrado y que, por
consiguiente, es ajeno a la relación contractual careciendo de dominio sobre la
situación jurídica.
En otras palabras, la causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad
no puede ser aplicable al presente caso, debido a que el contrato celebrado
contiene la voluntad de ambas partes, creando así una relación jurídica tal
como lo establece el artículo 140 del Código Civil.
2.2.6.2. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea
indeterminable
Al analizar el inciso 2 del artículo 140 del Código Civil, el precepto exige como
elemento esencial que, para la validez del acto jurídico, el objeto debe ser física
y jurídicamente posible. Como consecuencia, al no cumplir con sus exigencias,
el inciso 3 del artículo 219 del mismo Código precisa como sanción la nulidad
del acto jurídico.
Christian Northcote Sandoval menciona que, en cuanto a la posibilidad
física, el acto debe tener por contenido prestaciones que puedan ser
realizadas efectivamente, es decir, acorde con la realidad. No sería
admisible, por ejemplo, la celebración de un contrato por el cual una
persona se obliga a revivir a una persona fallecida, pues se trata de
una situación que no es posible en la práctica. (Northcote Christian,
2014, pág. 4)
36
En otras palabras, la posibilidad física del objeto del acto jurídico está referida
a su realización con adecuación a las leyes de la naturaleza, y tiene, por
consiguiente, su materialización, con su existencia o con las posibilidades de
existir en un futuro. Entonces, el objeto será físicamente imposible, si el acto
contraviene la realidad, como el ejemplo citado por el autor Christian Northcote.
Por otro lado, Francisco Javier Romero Montes refiere lo siguiente sobre la
posibilidad jurídica del objeto:
(…) para la validez del acto jurídico no basta que su objeto sea
físicamente posible, sino también jurídicamente posible. La
imposibilidad jurídica es una consecuencia del ordenamiento legal. El
objeto existe físicamente, pero la ley lo prohíbe que pueda figurar en
un acto jurídico. (Romero Francisco, 2008, pág. 354)
Es decir, que la posibilidad jurídica implica un acto que, debe estar acorde con
nuestro ordenamiento jurídico, y debe ser susceptible de realizarse sin
contradecir tales disposiciones. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico
se encuentra prohibido la comercialización de drogas, como la cocaína, por lo
tanto, no será jurídicamente posible el objeto de un contrato de compraventa
de cocaína.
Esta causal de nulidad del acto jurídico también ha sido abordada como
argumento en el Octavo Pleno Casatorio, respecto a la imposibilidad jurídica
del objeto del contrato de compraventa celebrado entre las partes.
Como se ha explicado en líneas anteriores, un objeto jurídicamente imposible
está referido sobre un acto que contraviene el ordenamiento jurídico, por lo que
podemos deducir que, el acto de compraventa del bien inmueble celebrado en
el presente caso no constituye un acto jurídicamente imposible, debido a que
es un bien existente cuya enajenación no está prohibida por la ley, esto
encuentra sustento en el artículo 1532 del Código Civil, que refiere lo siguiente:
Artículo 1532.- Pueden venderse los bienes existentes o que puedan
existir, siempre que sean determinados o susceptibles de
determinación y cuya enajenación no esté prohibida por la ley.
Asimismo, podemos mencionar que el objeto del contrato de compraventa es
jurídicamente posible, ya que se está disponiendo finalmente sobre un bien
37
social sobre el cual se tiene derecho por pertenecer a la sociedad conyugal, en
otras palabras, el cónyuge que realiza el acto de compraventa, si dispone sobre
un bien jurídicamente posible, sobre el que recaen derechos sociales.
Ahora, también se puede referir que existe un derecho abusivo por el cónyuge
participante, en calidad de falso representante, al haber dispuesto de un bien
social, sin embargo, debemos esclarecer que nuestro propio ordenamiento
jurídico permite actuaciones excesivas de determinados agentes, al momento
de realizarse un acto jurídico sobre bienes no pertenecientes a nuestra
titularidad, como es la contratación de compraventa sobre bienes ajenos
estipulado en el artículo 1537 del Código Civil.
2.2.6.3. Cuando su fin sea ilícito
El inciso 3 del artículo 140 del Código Civil, exige para la validez de un acto
jurídico debe tener una finalidad lícita, es decir que, no contravenga las
disposiciones normativas. Cuando este supuesto no se cumple, deviene la
sanción interpuesta en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, que
establece que el acto jurídico será nulo cuando su fin sea ilícito. Para el autor
Juan Espinoza Espinoza el fin lítico del acto jurídico se refiere a lo siguiente:
(…) es el modelo diseñado por el legislador civil que nos explica y
consiste en la orientación de la manifestación de voluntad, para que
produzca efectos jurídicos, vale decir, a la creación de una relación
jurídica y normarla, es decir, también normar su regulación, su
modificación, o su extinción. Este requisito del acto jurídico simple y
llanamente debe de cumplir con el ordenamiento jurídico, con lo
establecido por él, estar dentro de los lineamientos y parámetros de
éste, y no debe de estar prohibido. (Espinoza Juan, 2008, pág. 42)
Es decir que, el fin lícito del acto jurídico se identifica con el contenido del acto,
o sea, con los efectos que se busca mediante la manifestación de la voluntad,
los cuales deben ser lícitos, y amparados por el ordenamiento jurídico. Por el
contrario, cuando no se cumple estos lineamientos establecidos, significará el
acto es nulo por ser contrario a las leyes que interesan al orden público y a las
buenas costumbres.
38
El profesor Lizardo Taboada refiere que la causal de nulidad del acto jurídico
por fin ilícito, contemplada en el artículo 219 del Código Civil, debe entenderse
como:
(…) aquel negocio jurídico cuya causa, en su aspecto subjetivo sea
ilícita, por contravenir las normas que interesan al orden público o a
las buenas costumbres. Se trata, pues, de una causal de nulidad por
ausencia del Requisito de la Licitud, aplicable al Fin, que constituye
uno de los elementos del acto jurídico, según nuestro Código Civil.
(Lizardo Taboada, s.f., pág. 74)
En lo referido al caso de estudio del Octavo Pleno Casatorio, el fin ilícito
también es uno de los criterios en debate respecto a la disposición unilateral de
los bienes sociales, al establecer que el cónyuge tuvo la voluntad de engañar
y perjudicar a aquel cónyuge no interviniente, que ignora los actos que se están
realizando sobre los bienes sociales.
Respecto a lo mencionado, reiteramos que los magistrados no han realizado
una interpretación correcta del presente artículo, debido a que, el acto jurídico
será ilícito cuando sea contrario al ordenamiento jurídico, y por lo tanto
contravenga el orden público y las buenas costumbres, en el presente caso, el
acto de compraventa del bien inmueble no tiene un fin ilícito, debido a que
cuenta con la manifestación de voluntad de ambas partes en crear una relación
jurídica respecto a un acto de disposición que se encuentra avalado en
nuestras leyes, y que no contraviene el orden público ni tampoco las buenas
costumbres.
2.2.6.4. Cuando adolezca de simulación absoluta
El inciso 5 del artículo 219 del Código Civil dispone que un acto jurídico será
nulo cuando adolezca de simulación absoluta. La simulación es una
declaración aparente que se emite de acuerdo con la voluntad de las
celebrantes para engañar a terceros. Es decir que existe una falsa declaración
de voluntad con el ánimo de que terceros de buena fe crean lo que se aparenta
y no conozcan la realidad. Al respecto Christian Northcote Sandoval refiere lo
siguiente sobre la simulación absoluta:
(…) consiste en aquella situación en la cual se ha pretendido aparentar
la realización de un acto jurídico sin que este se haya producido
39
efectivamente. A efectos de la nulidad, solo la simulación absoluta
constituye causal, es decir, que solo en el caso en que se haya
pretendido realizar un acto jurídico sin tener la real voluntad de
efectuarlo, se considerará nulo al acto simulado. (Northcote Christian,
2014, pág. 4)
En otras palabras, la simulación consiste en aquella situación en el que se ha
pretendido realizar un acto jurídico sin que este se haya producido
efectivamente. Para efectos de la nulidad, solo la simulación absoluta
constituirá una causal de nulidad absoluta, es decir, solo en caso se haya
pretendido realizar un acto jurídico sin tener la real voluntad de efectuarlo, se
considerará nulo el acto simulado.
Para el presente trabajo de investigación, la simulación absoluta no ha sido
abordada por los magistrados como causal de nulidad al no tener vinculación
respecto al caso propuesto en el Octavo Pleno Casatorio.
2.2.6.5. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad
El inciso 4 del artículo 140 del Código Civil establece dentro de los requisitos
de validez para el acto jurídico que, se debe observar la forma prescrita bajo
sanción de nulidad. Por otro lado, el inciso 5 del artículo 219 establece la causal
de nulidad cuando un acto jurídico no revista la forma prescrita.
Existen, en consecuencia, actos jurídicos formales que tienen que realizarse
como lo establece la ley; es decir, su forma esta prescrita por la ley, como
sucede en el caso del matrimonio y del testamento, en caso de su
incumplimiento el Código Civil lo sanciona con la nulidad.
El autor Francisco Javier Romero Montes señala lo siguiente respecto a las
formalidades de los actos jurídicos:
(…) hay que tener presente que la formalidad no sólo lo impone la ley,
sino también la voluntad de los celebrantes, siempre que se respete el
interés público. Tal situación está contemplada por el artículo 1411 del
Código, al establecer que el acuerdo previo, en cuanto a forma es
requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad.
(Romero Francisco, 2008, pág. 357)
40
En otras palabas, no solamente la ley impone el cumplimiento de la formalidad,
sino que también se da potestad a las partes para que puedan imponer sus
voluntades, siempre que respeten el interés público, es decir que se puede
establecer en el acuerdo previo, en cuanto a la forma, es requisito
indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad.
Respecto a este tipo de causal de nulidad, el Octavo Pleno Casatorio tampoco
ha decidido desarrollarlo, debido a que el acto celebrado entre las partes reunió
con las formalidades correspondientes.
2.2.6.6. Cuando la ley lo declara nulo
El inciso 7 artículo 219 del Código Civil, dispone que el acto jurídico es nulo
cuando la ley lo declare nulo, por ejemplo, el mismo artículo citado establece
una enumeración de causales de nulidad. Adicionalmente, lo que presupone el
mismo Código Civil da potestad al legislador para que pueda ampliar causales
de nulidad absoluta, en los casos que crea conveniente.
Christian Northcote Sandoval sostiene que además de las causales específicas
que contiene el Código Civil, los actos jurídicos pueden caer en causal de
nulidad cuando así lo señale expresamente una norma con rango de ley.
(Northcote Christian, 2014, pág. 4)
En otros términos, esta causal de nulidad se trata de una potestad que tiene el
legislador para ponerlo de manifiesto en sus textos legales, en caso, la norma
prevea la nulidad de un acto celebrado, se producirá su nulidad de pleno
derecho, para ello debe interpretarse en el sentido que se trata de una nulidad
expresamente prevista en una norma legal preexistente al acto jurídico que se
celebra.
Como se ha mencionado anteriormente, el Octavo Pleno Casatorio recogió la
transgresión de tres elementos esenciales regulados en el artículo 140 del
Código Civil, como punto de partida para debatirse el criterio de la nulidad como
remedio jurídico al acto de disposición unilateral de los bienes sociales. Estas
transgresiones, encuentra su fundamento en la causal de esta sección, debido
a que la ley los ha sancionado con la nulidad.
Finalmente, pasaremos a detallar la última causal de nulidad que ha
establecido el artículo 219 del Código Civil.
41
2.2.6.7. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley
establezca sanción diversa
Esta disposición tiene su antecedente en el artículo III del Título Preliminar del
Código Civil de 1936, en el que disponía que no se puede pactar contra leyes
que interesan al orden público o a las buenas costumbres.
Tiene como finalidad hacer recordar a los celebrantes que, los actos jurídicos
tienen sus límites de derecho, y que pueden celebrar dichos actos en el ámbito
que la ley lo permite.
Francisco Javier Romero Montes señala que (…) el artículo V del
Título Preliminar contiene la nulidad virtual o tácita, que se origina
cuando los celebrantes del acto jurídico contravienen a una norma
imperativo que tutela al orden público y a las buenas costumbres. De
forma que el inciso 8 del artículo 219, coherente con el rol que se le
asigna al derecho, impone la sanción de nulidad cuando se rompa la
prohibición virtual, salvo que la propia ley imponga un correctivo
diferente (Romero Francisco, 2008, pág. 359)
Este artículo refiere un supuesto de nulidad genérico, al contravenirse las leyes,
el orden público o las buenas costumbres, constituyendo un supuesto abierto
que puede ser aplicado en cada caso en particular.
Respecto al Octavo Pleno Casatorio, este artículo tiene relación con lo
mencionado sobre el fin ilícito del acto celebrado entre las partes, sin embargo,
como se ha mencionado anteriormente, este no encontraba sustento al no estar
contraviniéndose el ordenamiento jurídico, pudiéndose entonces desprender
que, de manera accesoria, tampoco se está contraviniendo el orden público ni
las buenas costumbres, no siendo aplicable por lo tanto esta causal de nulidad.
Habiendo desarrollado el criterio de la nulidad, como uno de los remedios
jurídico para el acto de disposición unilateral de bienes sociales, podemos
concluir que, a partir del análisis realizado, la nulidad como consecuencia
jurídica natural frente a un acto jurídico, solamente puede ser invocado bajo los
supuestos previstos en el artículo 219 del Código Civil y en otros que establezca
la ley.
42
Finalmente, también hay que tener en cuenta que la sanción de la nulidad es
la más grave que existe en nuestro ordenamiento jurídico, pudiendo resultar
una consecuencia indeseable para las partes contratantes, en este caso al
cónyuge participante con el tercero de buena fe, quienes no verán satisfechos
sus intereses debido a que el acto jurídico se declarará muerto. Asimismo, al
considerarse la nulidad, se excluiría absolutamente la posibilidad que el
cónyuge no interviniente, mediante un acto posterior, manifieste su voluntad
confirmando o ratificando el acto celebrado.
2.2.7. Prescripción de la Nulidad
La nulidad siempre ha sido objeto de un tratamiento especial respecto a la
extinción de sus efectos ulterior, debido a que no siempre se ha reconocido la
prescripción frente a un acto nulo.
En el derecho romano, se sostuvo la perpetuidad de la nulidad y con ello la
imprescriptibilidad de la acción. Sin embargo, d mediante el Código Napoleón
se puso un límite a la nulidad y a la imprescriptibilidad, al disponer en su artículo
2262 que la nulidad prescribía a lo treinta años.
Nuestra Codificación civil de 1852 en su artículo 2300 estableció que la
excepción de nulidad sea perpetua, obligando así a sus reformadores a
establecer un plazo prescriptorio. Es así como, en el artículo 1169 del Código
Civil de 1936 se optó por el plazo de treinta años para la prescripción del acto
de nulidad, siguiente así en su artículo 1170 el mismo plazo para la prescripción
de la excepción.
El Código Civil vigente ha acortado considerablemente el plazo prescriptorio de
la nulidad, estableciendo en su inciso 1 del artículo 2001 que la acción de
nulidad prescribe a los diez años. Entonces, en caso de acogerse el criterio de
nulidad como remedio jurídico al acto de disposición de un bien social por uno
solo de los cónyuges, el cónyuge no interviniente tendrá un plazo de 10 años
para interponer demanda vía proceso de conocimiento solicitando la nulidad
del acto jurídico celebrado. Por otro lado, para aquel sujeto que adquirió el bien
social, al verse afectado por la nulidad del acto, podrá recuperar lo
indebidamente pagado en un plazo de cinco años de efectuado el pago tal
como lo señala el artículo 1274 del Código Civil.
43
A partir de este momento, el presente trabajo de investigación se centrará en
el criterio de la Ineficacia, como aquel remedio jurídico efectivo y conveniente
para los actos de disposición unilateral de los bienes sociales en referencia a
Octavo Pleno Casatorio.
2.2.8. Ineficacia
Al celebrar un acto jurídico se pretende que esté produzca sus efectos jurídicos,
sin embargo, existen casos que no son eficaces, debido a circunstancias, como
cuando el acto jurídico ha nacido muerto y no puede desprender sus efectos
jurídicos, o cuando ya se estaban produciendo los efectos jurídicos y por algún
evento llega a desaparecer después de la celebración del acto jurídico, o
simplemente porque son contrarios a las normas imperativas, orden público y
las buenas costumbres.
Por lo tanto, la ineficacia de los actos resulta ser un concepto jurídico que no
corresponde en sí a su sentido semántico porque, de acuerdo con la definición
académica, la ineficacia no puede producir efectos al carecer de actividad. Sin
embargo, para el derecho, los actos ineficaces aún pueden producir algunas
consecuencias. De este modo, en muchos supuestos de actos jurídicos no se
producen nunca los efectos jurídicos o dejan de producirse en un determinado
momento, en estos casos estamos ante supuestos de ineficacia del acto
jurídico.
De esta manera, se puede señalar que lo actos jurídicos ineficaces son
aquellos que nunca han producidos sus efectos jurídicos o que habiéndolos
producidos se dejan de producir posteriormente por la aparición de una causal
sobreviniente en la celebración del mismo acto. El autor Nicolas Coviello señala
lo siguiente respecto a la Ineficacia:
La Ineficacia, en general, puede derivarse de la falta de uno de los
elementos esenciales del negocio jurídico, lógica o legalmente tales
(causa intrínseca); o bien, de la falta o de la presencia de una
circunstancia extrínseca al negocio mismo, pero que, o por voluntad
de las partes o por la ley, es necesario que exista o que falte, según
los diversos casos, para que el negocio produzca todos sus efectos
44
(causa extrínseca). La ineficacia por causa intrínseca puede llamarse
exactamente invalidez, si el negocio carece de uno de los elementos
esenciales, no es válido. La ineficacia por causa extrínseca puede
llamarse simplemente y en sentido estricto ineficacia; el negocio en si
es válido, pero no produce todos o alguno de los efectos que
produciría, abstractamente considerado, y, por lo mismo, es
simplemente eficaz. (Coviello Nicolás, 2007, pág. 316)
De acuerdo con lo señalado por el autor, será ineficaz un acto por causa
intrínseca cuando exista un defecto originario en alguno de los elementos
esenciales del acto jurídico, como puede ser la imposibilidad física y
jurídicamente del objeto, o el fin ilícito del acto; o por la existencia de vicios en
el consentimiento (error, dolo y violencia) o vicios propios del acto jurídico
(lesión o simulación) se encuentra afectado su validez, a esta ineficacia se le
conoce como estructural y trae como consecuencia la nulidad del acto. Por
último, también puede ser ineficaz un acto por causas extrínsecas, es decir, por
hechos posteriores a su acto de celebración, solo en estos casos el acto,
plenamente válido para las partes otorgantes o participantes resulta inoponible
respecto de determinadas personas.
En la siguiente sección, procedemos a desarrollar las clasificaciones de las
Ineficacias y establecer cual enmarca como remedio jurídico al acto de
disposición unilateral de los bienes sociales.
2.2.9. Clasificación de las ineficacias
2.2.9.1. Ineficacia estructural
La Ineficacia estructural o también conocida como estática, refiere a que el acto
jurídico adolece de un defecto o vicio congénito en sus elementos esenciales
(imposibilidad física y jurídicamente del objeto, fin ilícito, etc.), por lo que no se
forma el acto jurídico en su totalidad, provocando su invalidez.
El autor Gonzalo Manuel Ortiz Blanco refiere lo siguiente en relación a la
ineficacia estructural:
La ineficacia estructural se da debido a que la no producción de
efectos jurídicos es causada por la indebida integración de los
elementos o requisitos del acto jurídico, se presenta la ineficacia
45
estructural, es decir el acto en su conformación, integración o
estructuración es deficiente para la producción de efectos de derecho;
la ineficacia en este caso obedece a la no conformación del acto; en
sentido estricto, siendo que los elementos del acto no están presentes,
no se pudo conformar el acto, por lo que no existe fuente de
consecuencias jurídicas, o en todo caso, la fuente que existe se
encuentra afectada de un vicio que impide la producción de efectos y
los causados deberán ser destruidos. (Ortiz Gonzalo, s.f., pág.100)
Es decir que, en la ineficacia estructural o estática, la provocación del defecto
o vicio es congénita, estando presente al inicio del acto jurídico por la mala
integración de los elementos esenciales, establecidos en el artículo 140 del
Código Civil, este tipo de ineficacia es sinónimo de invalidez. Por ejemplo: la
compraventa de un bien mueble o inmueble realizado por un menor de edad
que carece de capacidad para llevar acabo por sí mismo un negocio jurídico,
sería inválido.
En referencia al caso planteado en el Octavo Pleno Casatorio, el acto de
disposición de los bienes sociales realizado por uno de los cónyuges no estaría
previsto dentro del remedio jurídico de la ineficacia estructural, debido a que, al
momento de la celebración del acto, este no adolecía de algún defecto o vicio
congénito en sus elementos esenciales para que no exista su conformación, y
genere su invalidez.
2.2.9.2. Ineficacia funcional
La ineficacia funcional o dinámica, también conocida como Ineficacia en sentido
estricto, hace referencia que, al momento de la celebración del acto jurídico
entre las partes este no contiene ningún defecto o vicio que pueda generar su
invalidez, sin embargo, al momento de desenvolverse el acto, aparece una
causa sobreviniente (causa extrínseca) que lo priva de sus efectos jurídicos.
El autor Gonzalo Manuel Ortiz Blanco expone sobre la ineficacia funcional o en
sentido estricto:
No sólo la invalidez es causal de ineficacia, sino que existen supuestos
en los que el acto válido no surte efectos o bien cesa de producirlos;
esta ineficacia, que ha sido denominada también sobrevenida (en
contra posición de la ineficacia estructural a la que se ha Ilamado
46
inicialmente) ocurre por diversas causas, que van desde el
incumplimiento del contrato hasta la defensa o protección de los
derechos de tercero; además en esta categoría encontramos
igualmente actos que por virtud de la voluntad de sus autores no
producen efectos o dejan de producirlos en alguna circunstancia,
como ocurre en la simulación, por ejemplo. (Ortiz Gonzalo, s.f.,
pág.101)
En otras palabras, la ineficacia funcional o en sentido estricto, refiere que la
causa que provoca la ineficacia es extrínseca o sobreviniente, al momento de
desenvolverse el acto jurídico, encontrándose fuera de su estructura.
El presente trabajo de investigación recoge el criterio de la ineficacia en sentido
estricto como remedio jurídico al acto de disposición unilateral de los bienes
sociales, en relación al análisis realizado a la primera parte del artículo 315 del
Código Civil, que establece lo siguiente:
Artículo 315.- Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se
requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de
ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro (…)
(Código Civil Peruano, 1984)
A partir del articulo citado, se entiende que existe un mandato imperativo en el
que uno de los cónyuges que dispone o grava un bien social, necesita la
manifestación del otro cónyuge mediante el otorgamiento de un poder especial,
sin embargo, el articulo no hace referencia el momento en que ambos cónyuges
deben intervenir manifestando su voluntad, ni exige tampoco que dichas
manifestaciones se realicen al mismo tiempo.
Así también, nos encontramos frente a un supuesto de falta de legitimidad para
contratar por parte del cónyuge que dispone de los bienes de la sociedad
conyugal al no contar con un poder de representación. Esto debe entenderse
que aquel cónyuge, al no poseer dicha legitimidad por carecer de
representación de la sociedad conyugal, su acto negocial se constituye como
uno celebrado con ausencia de representación de acuerdo con lo establecido
al último párrafo del artículo 161 del Código Civil, mediante el cual se desprende
que, si bien el acto jurídico es válido para el cónyuge que lo celebró, este
47
deviene en ser ineficaz para aquel cónyuge no participante que ignora el acto
celebrado.
2.2.10. Prescripción de la Ineficacia
A diferencia de la nulidad, no existe regulación expresa sobre el plazo de
prescripción para la acción de ineficacia de acto jurídico por falsus procurator
Sin embargo, a través de distintas casaciones se ha establecido que deberá
aplicarse el plazo de prescripción de dos años, dado que la pretensión es
menos gravosa que la nulidad y anulabilidad.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema estableció como lineamiento
jurisprudencial lo determinado en la Casación N°1996-2013, en el cual, el
demandante habiendo transcurrido siete años de la emisión de un pagare por
un falsus procurator de la demandada, interpone su demanda de ineficacia de
acto jurídico, siendo respondida por la demandada alegando que existe
prescripción extintiva indicando que debe aplicarse las reglas de prescripción
de la anulabilidad.
El magistrado afirma que la ineficacia del acto jurídico difiere de la nulidad y la
anulabilidad, debido a que no se ataca ninguno de los elementos de validez,
por tanto, no estamos frente a instituciones legales iguales. De la misma forma,
el magistrado continúa explicando que es posible desentrañar entre dichas
instituciones para determinar el plazo de prescripción que resultaría aplicable,
como se mencionó anteriormente, el inciso 1 del artículo 2001 prevé que la
acción de nulidad tiene un plazo prescriptorio de diez años debido a las
consecuencias jurídicas que esta acarrea, por otro lado, cuando se trata de la
anulabilidad, el inciso 4 del mismo artículo reduce a dos años el plazo de
prescripción.
Es así como, el Magistrado finalmente determina lo siguiente respecto a la
prescripción de la ineficacia:
6.(…) Debido a esto, y teniendo en cuenta el vacío legal, queda claro
que no podría aplicar el plazo de prescripción de diez años previsto
para la retención con efectos más gravosas (nulidad de acto jurídico),
48
por el contrario, deberá aplicarse el plazo de prescripción de dos años,
toda vez que, incluso la anulabilidad presenta efectos más gravosos
que la ineficacia, por lo que, se desestima el argumento de la parte
recurrente, quien exige la aplicación del plazo prescriptorio mayor.
Esta afirmación se corrobora porque el plazo de prescripción de dos
años comprende también a la acción revocatoria o pauliana, que, es
un supuesto de ineficacia de acto jurídico, al igual que la pretendida;
por tanto, es aplicable aquel principio de derecho que reza ubi eadem
ratio, eadem jus (“a igual razón, igual derecho”).
Por último, el Magistrado determino que, si bien con la aplicación del inciso 4
del artículo 2011, no se había cumplido con el principio de legalidad de la
prescripción, este se debió a un tema de vacío legal y no a criterio discrecional
del órgano jurisdiccional, sobre este vacío el Magistrado refirió que es válido a
recurrir ante los métodos de integración admitidos por nuestro sistema jurídico.
Sobre lo expuesto, concordamos con el Magistrado en que efectivamente el
plazo de prescripción de la ineficacia no está regulado expresamente en el
Código Civil, sin embargo, no se puede pretender aplicar el inciso 4 del artículo
2001 como plazo de prescripción de la ineficacia, por las siguientes razones:
a. El Magistrado refiere que, es válido la aplicación del principio general de
derecho “a igual razón, igual derecho”, sin embargo, se debe tener en
cuenta que, este principio se refiere a un apotegma jurídico que
materializa una de las manifestaciones de la analogía, por tanto, para que
este argumento pueda ser usado, se requiere que, exista entre los
supuestos o consecuencias jurídicas que se quieran equiparar, una
semejanza. En ese sentido, respecto al presente caso, no se puede
pretender equiparar la prescripción de la anulabilidad con la ineficacia, al
no ser figuras semejantes, ya que como se ha desarrollado previamente,
la anulabilidad es una figura que contiene un vicio o defecto en los
requisitos de validez, mientras que la ineficacia si cumple con ellos, pero
que por circunstancias extrínsecas no produce sus efectos jurídicos.
49
b. Así también, el magistrado hace referencia que, al no cumplirse con el
principio de legalidad, existe un vacío legal, el cual puede suplirse
aplicando los métodos de integración admitidos por nuestro
ordenamiento jurídico. Al respecto, debemos señalar que la integración
jurídica no producirá normatividad mediante fuentes formales del derecho
sino con aplicación del derecho mismo mediante dos métodos de
integración jurídica: la analogía y los principios generales del derecho. La
primera, es un método mediante el cual la consecuencia de una norma
jurídica se aplica a un hecho distinto de aquel que considera el supuesto
de dicha normal, pero que le es semejante en sustancia, mientras que, el
segundo, es un método que es reconocido por la Teoría General del
Derecho. En nuestro sistema legislativo no autoriza ninguna norma
expresa la utilización de la analogía, caso contrario a los principios
generales del derecho, que si está establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar del Código Civil.
Artículo VIII.- Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por
defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios
generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho
peruano. (Código Civil Peruano, 1984)
A partir de lo definido, debemos precisar que, si bien el magistrado ha
aplicado como método de integración uno de los principios generales del
derecho, esta materializa una de las manifestaciones de la analogía. En
ese sentido, el magistrado, ha escogido la consecuencia jurídica del
inciso 4 del artículo 2001 para aplicarlo en la figura de la ineficacia, sin
embargo, como se ha mencionado, nuestro sistema jurídico no admite a
la analogía como método de integración, por tanto, el análisis del
magistrado sobre este punto no es correcta.
c. De la misma forma, el magistrado refiere que la aplicación el método de
integración ante el vacío legal, no significa que exista una restricción
ilegitima de derecho ni contravención del artículo IV del Título Preliminar
del Código Civil, La ley que establece excepciones o restringe derechos
no se aplica por analogía. (Código Civil Peruano, 1984)
50
Al respecto, como se mencionó previamente, el Magistrado no puede
aplicar por analogía el plazo de prescripción establecido en el inciso 4 del
artículo 2001 a la acción de ineficacia por falta de legitimidad, debido a
que, contrariamente a lo que refiere, esta si restringe el derecho de la
persona afectada a entablar una demanda de ineficacia por acto jurídico,
debido a que tendría que acogerse a un plazo de prescripción de dos
años, que no corresponde como referimos en el inciso anterior.
Por las razones expuestas, podemos determinar que no corresponde la
aplicación del plazo de prescripción de dos años del inciso 4 artículo 2001 a la
acción de la ineficacia como lo refiere el Magistrado, sino por el contrario,
estaríamos frente a un acto imprescriptible para el ejercicio de tal acción, ya
que nuestro Código Civil no recoge un plazo de prescripción en términos
generales para aquellos casos que no estén plenamente determinados.
En la siguiente sección, procederemos a desarrollar el tema de la
Representación, así como las clases de representación, que se puedes otorgar
a través de un poder general o especial.
2.2.11. La Representación
La figura de la representación se encuentra regulada en el Libro II Título III del
Código Civil, el cual a partir de su artículo 145, se desprende que existen dos
tipos de representación, la voluntaria y la legal.
Artículo 145.- El acto jurídico puede ser realizado mediante representante,
salvo disposición contraria de la ley. La facultad de representación la otorga el
interesado o la confiere la ley. (Código Civil Peruano,1984)
La mayoría de la doctrina consideraba que la representación era una institución
del derecho moderno, y no del derecho romano que solo la admitió
excepcionalmente. Sin embargo, algunos autores afirman que las primeras
formas de representación se dieron a través de contratos, siendo uno de los
más usados el mandato, en el que una persona llamado mandante, da encargo
a otra persona, llamado mandatario a realizar de manera gratuita u onerosa un
51
acto determinado, esta relación obligatoria se le puede llamar representación
indirecta.
Entonces, podemos definir a la representación como aquel acto unilateral el
cual se denomina representación directa, debido a que solo prevalece la
voluntad del representado, que no requiere de una aceptación previa. Esta
representación no se realiza a través de un Contrato, sino por un poder, el cual
puede ser general o especial. El autor Francisco Javier Romero Montes refiere
lo siguiente sobre la representación:
(…) hay que reconocer que, en la representación, la sola declaración
por la que se designa representante, faculta a éste a ejercer la
voluntad del representado, sin una aceptación previa, por eso se dice
que los efectos de la representación son unilaterales, esto es, que
únicamente depende de la voluntad del representado. De aquí se
deduce que el representante, si no desea asumir las facultades
conferidas, simplemente no las ejerce nunca sin tener responsabilidad
por tal negativa. (Romero Francisco, 2008, pág. 122)
En resumen, el termino de representación se debe entender como aquella
acción de representar, el cual puede ser plasmado en una figura o institución
jurídica, como es en el caso del poder que se le otorga a una persona la facultad
para que obre por otra en ciertas acciones.
A continuación, procedemos detallar las clases de representación.
2.2.11.1. Clases de representación
2.2.11.1.1. La representación voluntaria o apoderamiento
La representación voluntaria se encuentra prevista en el segundo párrafo del
artículo 145 del Código Civil el mismo que señala, que la facultad de
representación la otorga el interesado. Esta representación también es
conocida como representación directa o unilateral, debido a que se sustituye al
representado por el representante quien actuara a nombre e interés del
primero. El autor Nicolas Coviella sostiene lo siguiente sobre esta clase de
representación:
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(…) para que haya representación, es necesario que una persona
declare la propia voluntad en sustitución de la voluntad de otro, por lo
cual el representante no es un simple órgano transmisor de voluntad
de otro, ni si quiera cuando debe obrar dentro de los límites de las
instrucciones recibidas, porque es la declaración de voluntad la que
constituye el negocio jurídico, y las instrucciones que se le han dado
sirven solo para juzgar si se excedió de sus poderes. (Coviello Nicolas,
2007, pág. 378)
Entonces, se debe entender que la esencia de este tipo de representación es
la manifestación de voluntad, en el que el representado a través de un poder
autoriza al representante para que realice un acto jurídico a nombre propio y
por cuenta de este o aquellos en los que el representante, aun actuando en
cuenta del representado, lo hace a su nombre. Este poder puede ser otorgado
por el representante con ciertas instrucción o límites que no puede exceder el
representado.
2.2.11.1.2. La representación legal
Esta clase de representación también se encuentra prevista en el artículo 145
del Código Civil, teniendo su origen en la Ley. Se debe entender a la
representación legal como aquel tipo de representación que no requiere la
autonomía de voluntad de las partes, sino que se produce por disposición
normativa. El autor Manuel Albadalejo refiere que, la representación legal se
impone necesariamente; más la persona del representante, en unos casos
viene totalmente predeterminado y otros no. (Albadalejo Manuel, 2013, pág.
537)
Por lo tanto, debemos entender que la representación legal a diferencia de la
representación voluntaria no requiere la manifestación de voluntad, sino que
deviene de un imperativo legal, el cual sirve en ciertos casos para suplir la falta
de capacidad del representado y en otros como protección a terceros contra la
posible conducta de aquél. En nuestro Codificación Civil la representación
siempre ha estado vinculada con la patria potestad, la tutela y la curatela. La
patria potestad, conlleva la representación legal de los hijos conjuntamente por
el padre y la madre durante el matrimonio; la tutela, sobre los menores que no
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están bajo la patria potestad; y la curatela, en la que están sujetas los pródigos,
los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, y los
que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Así también, la
representación legal se da en casos especiales, como en el caso de la
representación de la sociedad conyugal, cuando no media poder de
representación otorgado por un cónyuge a otro.
2.2.11.2. Clases de poder en el Código Civil
El artículo 155 del Código Civil establece dos clases de poderes, el poder
general que sólo comprende los actos de administración y el poder especial
que comprende los actos para los cuales ha sido conferido.
2.2.11.2.1. Poder general
De acuerdo con el Código Civil, el poder general solo confiere facultades para
realizar actos de administración, esto conlleva, a que no debe tratarse sobre
actos de enajenación o disposición o de establecer gravámenes en el
patrimonio del representado. El autor Aníbal Torres Vásquez citando a Baudry
Lacantinerie define así el poder general:
(…) con el poder general se puede ejecutar todos los actos aun de
disposición que tengan por objeto la administración. Se trata de la
custodia y conservación de los bienes. El rol de un apoderado general
es el de velar porque los intereses del representado mantengan la
existencia de los mismos. Ejemplo, alquilar un bien, reparar un bien,
desalojar de una posesión cuando no se paga la renta
correspondiente. (Torres Aníbal, 1998, pág. 298)
En ese sentido, el otorgamiento de poder general al representante no debe
tratarse sobre actos de disposición o sobre establecimiento de gravámenes,
sino solamente para actos de administración al patrimonio del representando,
teniendo como objetivo velar sus intereses.
Esta clase de poder no es aplicable al caso propuesto, debido a que el cónyuge
que ejerce el acto de disposición del bien social no puede ejercer la
representación mediante un poder general al no estar realizando un acto de
54
administración, sino por el contrario, este deberá realizarse mediante un poder
especial, el cual pasamos a definir en la siguiente sección.
2.2.11.2.2. Poder especial
A diferencia del poder general, el poder especial comprende los actos para los
cuales ha sido conferido, es decir, que las facultades que no se encontraban
dentro del poder general deben constar en este poder de forma especial como,
por ejemplo, aquellos actos de disposición o enajenación de la propiedad del
representado. El autor Francisco Javier Romero Montes refiere lo siguiente
sobre este poder:
El criterio que utiliza el código peruano, para distinguir el poder general
del poder especial, no es cuantitativo sino cualitativo. Es decir, la Ley
señala que se puede hacer con uno y que se puede hacer con el otro.
Lo que se debe tener presente es que las facultades del poder especial
deben ser expresas y precisas, tales como vender, comprar, hipotecar,
abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, garantizas, etc. (Romero
Francisco, 2008, pág. 131)
Nuestro Código Civil en su artículo 156° señala que, para disponer o establecer
gravámenes en la propiedad del representado, se requiere que este poder
especial conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de
nulidad. Debemos entender como actos de disposición aquellas figuras
jurídicas como la compraventa, donación, permuta, prenda, hipoteca, etc.
En ese sentido, a partir de lo explicado en esta sección, el cónyuge que desea
realizar un acto de disposición de uno de los bienes sociales necesitará un
poder especial, el cual tendrá que constar en escritura pública, tal como lo
establece el propio artículo 156 del Código Civil, esta posición además, se
encuentra sustentada en el artículo 315 del mismo Código, en virtud del cual,
se dispone que para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se puede
otorgar facultades a uno de los cónyuges mediante poder especial.
2.2.11.3. La representación entre cónyuges
El artículo 146 del Código Civil permite la representación entre cónyuges. Esta
representación puede darse tanto para actos de administración mediante poder
55
general como para otros actos como el de disposición, mediante poder
especial.
En cuanto a la administración del patrimonio social y su representación, esta
se encuentra regulada en el artículo 313 del Código Civil, la misma que
establece lo siguiente:
Artículo 313.- Corresponde a ambos cónyuges la administración del
patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al
otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de
todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge
administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra
a consecuencia de actos dolosos o culposos.
Por otro lado, en cuanto a las facultades de disposición o enajenación, esta se
encuentra establecida en el artículo 315 del Código Civil.
Artículo 315.- Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se
requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de
ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro. Lo
dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición
de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera
de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes
especiales.
Sobre lo expuesto, se puede desprender que, para la administración de todo o
algunos de los bienes sociales se requerirá que el cónyuge otorgue al otro un
poder general, mientras que, para los actos de disposición, si bien en un
principio el artículo 315 señala que se requiere la intervención de ambos
cónyuges; este también establece que, en caso uno de los cónyuges desee
realizar aquel acto de disposición, necesitará que el cónyuge no participante lo
faculte mediante un poder especial, el cual tiene que constar en escritura
pública, tal como lo señala el artículo 156 del Código Civil.
2.2.11.4. La ineficacia de la representación
El artículo 161 del Código Civil establece que el acto jurídico celebrado por el
representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere
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conferido o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio
de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros, así también,
es ineficaz ante el supuesto representado, aquel acto jurídico celebrado por
persona que no tiene la representación que se atribuye. El autor Francisco
Javier Romero Montes explica lo siguiente sobre esta ratificación:
(…) se trata de un accionar anómalo, indebido que puede consistir en
excederse de facultades, de una violación o de la atribución de una
representación que no se tiene. Por eso el Código civil, a estos actos
los declara ineficaces, esto es, como que nunca se celebraron. Luego
son inoponibles frente al representado y al tercero. (Romero
Francisco, 2008, pág. 142)
A partir del artículo citado y respecto a lo mencionado por el autor, se puede
desprender diversas circunstancias que hacen un acto jurídico celebrado por
un representante sea ineficaz.
El primero de ellos, es el exceso en el límite de las facultades, esto significa
que el representado otorga un poder con facultades limitadas al representante,
el cual este último tiene que acogerse a lo que se ha establecido, debido a que
en caso incumplimiento surgirá una anomalía por el mal uso de tal poder.
En el segundo caso, se refiere por el uso anormal de las atribuciones por parte
del representante, al haber realizado una desviación impropia del poder o de
un abuso de las facultades conferidas, vulnerando la pretensión de
representado.
Por último, será ineficaz un acto cuando exista falta de poder de
representación. Es decir, que no existe una relación representativa, ya que esta
pudo haberse extinguido o simplemente porque nunca se le otorgó poderes que
el falso representante dice tener, se trata de un falsus procurator.
Es sobre este último tercer punto, en el que se sustenta nuestra posición al
establecer el criterio de la ineficacia como remedio jurídico. Como se ha
mencionado anteriormente, el caso discutido surge por el hecho que uno de los
cónyuges enajena un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge; este
acto de disposición pudo estar consentido o facultado por un poder especial,
sin embargo, no se realizó de esa manera, actuando el cónyuge participante
57
como un falsus procurator con un tercero de buena fe adjudicándole el bien
social, por lo que, este acto deviene ser ineficaz.
De la misma forma, también hicimos énfasis que la representación sobre actos
de disposición o enajenación de propiedad, debe realizarse mediante un poder
especial elevado a escritura pública, tal como lo especifica el artículo 315 del
Código Civil, el cual no hace referencia el momento que ambos cónyuges
deben intervenir manifestando su voluntad respecto al acto de disposición, ni
tampoco exige que dichas manifestaciones se realicen al mismo tiempo.
En ese sentido, con relación a lo explicado previamente, procederemos a
desarrollar el tema de la ratificación del acto ineficaz celebrado por aquel
cónyuge interviniente.
2.2.11.5. La ratificación del acto ineficaz
Cuando el representante haya celebrado actos jurídicos con las concurrencias
de las circunstancias señaladas en el artículo 161 del Código Civil citado en la
sección anterior, podrá el representado hacer la ratificación del acto,
considerándose finalmente su eficacia.
El artículo 162 del Código Civil trata el tema de la ratificación del acto jurídico
por el representado, estableciendo lo siguiente:
Artículo 162.- En los casos previstos por el artículo 161, el acto jurídico
puede ser ratificado por el representado observando la forma prescrita
para su celebración. La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda
a salvo el derecho de tercero. El tercero y el que hubiese celebrado el
acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico antes
de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.
La facultad de ratificar se trasmite a los herederos.
Por lo citado, puede deducirse que la ratificación es un acto jurídico unilateral,
llevado a cabo por el representado, quien ratificará el acto observando la forma
prescrita para su celebración, que en este caso sería el poder especial
mediante escritura pública. Esta acción revertirá aquel acto ineficaz a ser uno
eficaz, haciendo que produzca todos sus efectos jurídicos.
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En relación a la formalidad de la ratificación, el autor Francisco Javier Romero
Montes menciona lo siguiente:
En cuanto a la formalidad de la ratificación, el artículo que estamos
tratando, sostiene que debe observarse la forma prescrita para la
celebración del acto jurídico objeto de ratificación. Es decir, la forma
de la ratificación depende la formalidad del acto jurídico celebrado por
supuesto representante (…). (Romero Francisco, 2008, pág. 145)
En otras palabras, la formalidad de la ratificación debe realizarse observando
la forma prescrita para la celebración del acto jurídico objeto de la ratificación.
Por ejemplo, en el caso de compraventa, si bien esta se puede dar de forma
consensual, esto es, que no necesita de formalidad. La ratificación no podría
darse de manera consensual, porque tal como se explicó previamente el
Código Civil ordena que para la representación de actos de disposición esta
requiere de poder especial bajo una escritura pública.
Al respecto del artículo citado, el cónyuge no interviniente del acto de
disposición del bien social podría realizar la ratificación del acto celebrado por
el cónyuge participante, observando su forma prescrita para su celebración,
que en este caso sería el poder especial adscrito a una escritura pública. Esta
ratificación conllevaría a que el acto celebrado finalmente surta sus efectos
jurídicos, y el tercero de buena fe no vea afectado su derecho de adquisición.
Por lo expuesto, procederemos a desarrollar en la siguiente sección el tema del
matrimonio y los regímenes patrimoniales regulados en nuestro Código Civil y
sus alcances.
2.2.12. Concepto de Matrimonio
La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, matrem (madre) y monium
(calidad de), significando la aportación de la mujer que contrae nupcias para
ser madre. En un sentido legal, el matrimonio aparte de llevar un
reconocimiento social es reconocido bajo la codificación civil como matrimonio
civil, por otro lado, en un sentido eclesiástico, tenemos al matrimonio religioso
acogido por las escrituras de dios.
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El matrimonio es considerado como la base de la sociedad, al ser la unión legal
entre un hombre y una mujer, que se encaminan para hacer una vida en
comunidad y fundar la familiar. Ahora, hay que entender que el matrimonio no
es la creación del Derecho, sino es una institución natural, requerido por Dios
y recogida por la ley humana, que la regula en un ordenamiento jurídico. El
matrimonio entonces a aparte de su importancia jurídica, la tiene en mayor
proporción en el ámbito religioso, social y política.
El autor Benjamín Aguilar Llanos opina lo siguiente sobre el matrimonio:
Nuestro Código Civil de 1984 define al matrimonio como una
institución fundamente del Derecho de Familia, que consiste en la
unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer,
legamente aptos para ella y formalizada con sujeción a las
disposiciones legales a fin de hacer vida en común (Artículo 234).
Resulta importante referirse también al matrimonio cristiano que no
sólo es contrato humano, sino también sacramento y, como tal, acción
de Cristo, quien da gracias a los cónyuges para entregarse con
generosidad el uno al otro en orden a su mutuo perfeccionamiento y
santificaciones personales, así como a la procreación y educación
responsable de sus hijos. (Aguilar Llano Benjamín, 2013, pág. 32)
De la misma forma, existen varias teorías acerca de la naturaleza del
matrimonio, siendo las más reconocidas:
(i) El matrimonio como contrato: Este tipo de teoría, sostiene que el
matrimonio es participe de todos los elementos esenciales del contrato.
En la doctrina italiana, se menciona que es un contrato de Derecho
Familiar diferente a los otros contratos de índole patrimonial. Esto se
aprecia en razón que las condiciones de existencia y validez, como el de
capacidad de los contrayentes, los vicios del consentimiento, su forma y
sus efectos, que en el contrato matrimonial tiene una regulación jurídica
particular.
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Así también, la dotrina española sostiene que el matrimonio es un
contrato desde el acto constitutivo del vínculo, en el que los contrayentes
manifiestan su voluntad, ahora, este tipo de contrato entiende que tiene
características propias que afectan la autonomía de la voluntad; pero
nada de ello, menciona que no se le puede catalogar como contrato
familiar.
Las autoras Rebeca S. Jara y Yolanda Gallegos citando al autor Albadejo
ilustran al matrimonio como contrato como:
(…) Jurídicamente el acto creador del matrimonio es un acuerdo
solemne de voluntades, las de los contrayentes, encaminadas a
establecer la unión matrimonial. Por tanto, desde luego que,
basándose en la voluntad de las partes, el matrimonio es un negocio
jurídico. Ahora bien, muchos lo califican como contrato. Lo que sólo es
admisible tomando la palabra contrato en el sentido de acuerdo de
voluntades o negocio jurídico bilateral; pero no en su acepción riguroso
que se reduce a los acuerdos de voluntades en materia patrimonial.
De todas formas, hecha tal salvedad, no hay inconvenientes en decir
que el matrimonio es un contrato. (S. Jara Rebeca y Gallegos Yolanda,
2015. Pág. 34)
En resumen, el matrimonio como contrato constituye un acto voluntario
de las partes, es decir que existe un consentimiento, este intercambio de
consentimientos constituye un contrato en el que derivan relaciones de
índole personalísimo y de naturaleza ética, moral y espiritual, más no una
relación de naturaleza patrimonial, que puedan ser susceptibles de ser
valoradas monetaria, directa o indirectamente.
Asimismo, es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico al regularse el
matrimonio y establecer sus reglas, los contrayentes tienen que sujetarse
a la misma, no pudiendo establecer sus propias reglas, sino delimitarse
a acatar lo predispuesto en la ley.
(ii) Matrimonio como institución: A diferencia del matrimonio como contrato,
en este tipo de matrimonio es la propia personalidad de los sujetos
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quienes se ven comprometidos al fusionarse la existencia de las
personas, no pudiendo definirse el matrimonio como un simple contrato.
El autor Benjamín Aguilar Llanos citando Julien Bonnecase considera lo
siguiente sobre este tipo de matrimonio:
(…) el matrimonio era una institución jurídica con reglas de derecho
fundamentalmente imperativas y de la que derivaba una situación
jurídica compleja, cual es el estado de cónyuges. Señaló que el
término matrimonio implicaba tanto a la institución jurídica, que
comprende las reglas que presiden la organización social de la unión
de los sexos y de la familia natural, como al acto jurídico propio de la
celebración de esta unión ante un oficial del estado civil y que no hay
más objeto que la adhesión de los interesados a la institución jurídica
del matrimonio, cuyas reglas son prioritarias. (Aguilar Llano Benjamín,
2013, pág. 35)
En síntesis, hay que entender que el matrimonio como institución constituye
algo mucho más transcendente que el acuerdo de voluntades de los
contrayentes, por los efectos jurídicos que genera, los mismo que no guardan
dependencia con la voluntad de los contrayentes, quienes desconocen las
consecuencia del acto del matrimonio, así también, se considera al matrimonio
como institución debido a su duración, pues a pesar que el matrimonio pueda
extinguirse por divorcio o fallecimiento de los cónyuges, o por nulidad o
anulabilidad, los efectos del matrimonio se perpetúan en los hijos habidos
dentro de él.
2.2.13. Régimen Patrimonial
Como se mencionó en la sección anterior, el matrimonio es la unión entre el
varón y la mujer, en el cual se constituye un patrimonio común nutrido por los
patrimonios particulares o privados de cada cónyuge, teniendo como finalidad
la satisfacción de las necesidades económicas de la familia.
Ahora, el Régimen Patrimonial en nuestro sistema jurídico está compuesto por
el régimen de sociedad de gananciales y por el de separación de patrimonios,
según el artículo 295 del Código Civil, antes de la celebración del matrimonio,
62
los futuros cónyuge pueden optar libremente por cualquiera de estos dos
regímenes, el cual comenzará a regirse al celebrarse el casamiento. Las
autoras Rebeca S. Jara y Yolanda Gallegos citando al autor Fassi, refieren lo
siguiente sobre el Régimen Patrimonial:
(…) fija cómo se podrán a contribución los patrimonios del marido y la
mujer para la satisfacción de las necesidades económicas de la
familia, comprendida bajo el enunciado cargas del hogar, así como
repercusión que el matrimonio tendrá sobre a propiedad y
administración de los bienes integrantes de aquellos patrimonios, o
adquiridos por los cónyuges durante la subsistencia del vínculo, y la
medida en que estos bienes responderá por las deudas contraídas por
el marido o por la mujer, especialmente de las ocasionadas para
satisfacer las cargas del hogar (S. Jara Rebeca y Gallegos Yolanda,
2015, págs. 149 y 150)
Es decir, que en el Régimen Patrimonial, tiene como punto la contribución de
los bienes por cada uno de los cónyuges y su administración le corresponde a
ambos, sin embargo, hay que tener en cuenta que, esto dependerá de cada
régimen patrimonial a optarse, en el caso del régimen bajo sociedad de
gananciales, tal como establece el artículo 301 del Código Civil, puede haber
bienes propios como bienes de la sociedad, caso contrario, en el régimen de
separación de patrimonios en donde solamente existen bienes propios, donde
los contrayentes no otorgan estos bienes para la sociedad.
Habiendo explicado las clases de regímenes patrimoniales, en la siguiente
sección se procederá a tratar los bienes pertenecientes al patrimonio social, así
como su administración.
2.2.13.1. Bienes del Régimen Patrimonial
Como se mencionó en la sección anterior, dependerá del régimen patrimonial,
para establecerse la clasificación de los bienes. En el caso de la Sociedad de
Gananciales existen bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad
que se aportan al momento de la celebración del matrimonio, mientras que, en
la separación de patrimonios solo existen bienes propios de cada cónyuge.
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(i) Bienes propios: Se dice que un bien es propio por que pertenece
exclusivamente a cada uno de los cónyuges, en consecuencia, está
debidamente identificado su titularidad y por lo tanto las facultades de
dominio se ejercen solamente por ellos, sin la intervención de terceros, el
artículo 302 del Código Civil establece una lista sobre los bienes propios
de cada cónyuge. En razón a ello, las profesoras Rebeca S. Jara y
Yolanda Gallegos citando a Valencia Zea, hacen referencia sobre los
bienes propios lo siguiente:
No son gananciales, o sea que son propios exclusivos de los
cónyuges: en primer término, los bienes que los cónyuges tengan en
el momento de casarse; en segundo lugar, los que adquieran durante
la sociedad a título gratuito, los adquiridos durante la sociedad a título
oneroso, pero subrogados a bienes exclusivamente propios, y los
adquiridos una vez disuelta la sociedad. (S. Jara Rebeca y Gallegos
Yolanda, 2015, pág. 159).
Es importante mencionar que, este tipo de bienes tienen un tratamiento
distinto acorde con los regímenes patrimoniales regulados en nuestro
ordenamiento jurídico. En el caso de la sociedad de gananciales, la
administración de los bienes propios le corresponde al cónyuge titular,
por lo que al ser de su propiedad tiene las facultades del uso, disfrute,
disposición y reivindicación, con la excepción, de que los frutos, rentas y
productos que se generen no serán de su exclusividad, perteneciendo al
patrimonio social; mientras que, en el caso de la separación de
patrimonios, el artículo 327° del Código Civil refiere que el cónyuge titular
conserva la propiedad, administración y disposición de sus bienes
propios, correspondiéndole los frutos y productos de dichos bienes.
(ii) Bienes sociales: El artículo 310 del Código Civil señala que son bienes
sociales todos aquellos los bienes no comprendidos en el artículo 302°
(bienes propios). Se menciona que, al momento de la celebración del
matrimonio, los cónyuges otorgan sus bienes, convirtiéndose en bienes
gananciales o sociales, no teniéndose en cuenta el aporte ni el esfuerzo
desplegado por cada uno de los cónyuges. El autor Benjamín Aguilar
Llanos refiere lo siguiente sobre los bienes sociales:
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(…) la sociedad de gananciales más que una persona jurídica bajo la
forma de una sociedad es una comunidad de bienes; su denominación
persigue diferenciarlos de los bienes propios que tienen sus propias
reglas (…) se señala que cualquier bien que no esté expresamente
considerado como propio tiene la categoría del bien social, y así lo
encontramos en el artículo 310 del Código Civil de 1984, que señala
que son sociales todos los bienes no comprendidos en la enumeración
del artículo 302. (Aguilar Llanos Benjamín, 2013, pág. 155)
Entonces, serán bienes sociales los descritos en el artículo 310° del Código
Civil, sin aquellos que adquieran los cónyuges por su trabajo, industria y
profesión, esto puede referirse a los ingresos, remuneraciones u honorarios
que puedan percibir los cónyuges para solventar las necesidades del hogar; así
también serán bienes sociales los frutos y productos de los bienes propios y de
la sociedad; las rentas que se produzcan por los derechos de autor o inventor,
estas rentas se tratarían como frutos; finalmente, también establece que tienen
calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del causal social en
suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al
momento del reembolso, en este caso se supondría que estamos ante un bien
mixto, bien propio en cuanto al predio o inmueble, y social referente al edificio
o fabrica levantada sobre dicho predio.
Por otro lado, con relación a la administración de los bienes sociales, este les
compete a ambos cónyuges, sin embargo, se permite que cualquiera de ellos
faculte al otro para que asuma con exclusividad la administración de la totalidad
o parcial de los bienes, la norma que permite la representación entre cónyuges
es el artículo 146° del Código Civil.
Explicado la diferencia de los bienes del régimen patrimonial, se procederá a
detallar en las siguientes secciones la administración y disposiciones de los
bienes sociales; y los Regímenes Patrimoniales adoptados en nuestra
legislación.
2.2.13.2. Administración común de patrimonio social y disposición de bienes
sociales
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El artículo 313 del Código Civil establece que corresponde a ambos cónyuges
la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede
facultar al otro para que asuma exclusivamente la administración de la totalidad
o parcial de los bienes. En caso de actos dolosos y culposos, el cónyuge
indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra el cónyuge no
interviniente.
Este artículo hace referencia que se puede facultar a uno de los cónyuges los
actos de administración sobre los bienes de la sociedad, esta facultad es
otorgada a través de un poder general, según el artículo 155 del Código Civil.
Por otro lado, con relación a la disposición de los bienes de la sociedad, el
artículo 315 del Código Civil establece que, para disponer o gravar los bienes
sociales, se requiere la intervención de ambos cónyuges, sin embargo,
cualquiera de los cónyuges puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial
del otro. Este poder no rige para actos de adquisición de bienes muebles, ni
para casos considerados por leyes especiales, en otras palabras, este acto de
disposición solamente se realiza sobre bienes inmuebles.
Respecto al caso propuesto, el análisis se realizará a partir del artículo 315 del
Código al tratarse sobre los actos de disposición, en ese sentido, como se ha
explicado en los párrafos precedentes, este artículo estipula expresamente que
para disponer de bienes sociales se requiere la participación de ambos
cónyuges, sin embargo, en la continuación del mismo párrafo, refiere que este
acto puede realizarse por cualquier de los cónyuges mediante poder especial,
este poder debe elevarse a escritura pública.
Como puede verse, si bien el artículo tiene un mandato imperativo, este no
exige ni hace referencia el momento que ambos cónyuges deben intervenir
manifestando su voluntad, ni tampoco que dichas voluntades se realicen en el
mismo momento, entonces, si uno de los cónyuges dispone de un bien social
sin el consentimiento del otro, no estamos frente a un acto inválido, sino que
estamos frente a un supuesto de falta de legitimidad para contratar al carecer
de un poder especial.
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2.2.13.3. Sociedad de Gananciales
La Sociedad de Gananciales históricamente se puede dividir en dos clases de
comunidades de bienes: (i) la comunidad de bienes romana y (ii) la comunidad
de bienes germana, siendo la diferencia entre una y otra la diversidad de sus
principios rectores.
(i) La comunidad de bienes romana: La titularidad de los bienes se divide en
participaciones, correspondiente a cada uno de los cónyuges una alícuota,
de la cual puede disponer y gravar libremente. Por eso se menciona que,
este tipo de comunidad tiene carácter incidental o transitorio, debido a que
facilita el camino para que uno de los cónyuges pueda desligarse de la
comunidad en cualquier momento mediante el reconocimiento de la
llamada actio communi dividundu, la acción de la división de la cosa
común. La autora Claudia Canales Torres refiere lo siguiente sobre este
régimen:
(…) Esta recae sobre bienes singulares y cada copartícipe tiene
derechos individuales sobre sus participaciones. Un copropietario,
tiene un derecho real efectivo sobre su cuota y puede disponer de ella.
Por tal razón, bajo el régimen de la comunidad de bienes romana, el
acreedor puede embargar una cuota y rematarla. Después, incluso
podrá solicitar la división o partición del inmueble. (Canales Torres
Claudia, s.f. pág.43)
Al aterrizar esta clase de comunidad en nuestro ordenamiento jurídico,
estaríamos frente a la figura de la copropiedad regulada en el artículo 969
del Código Civil del Libro V Derechos Reales, en virtud del cual se
configura un derecho real autónomo sobre un bien propio que pertenece a
dos o más personas de manera indivisible, en el que se asignan cuotas
ideales que representan la participación de cada participe en la
cotitularidad.
(ii) La comunidad de bienes germana: A diferencia de la comunidad romana,
los bienes en la comunidad germánica recaen sobre un patrimonio, al que
le corresponde una serie de derechos y obligaciones. Se menciona que
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proviene de la propiedad en mano común, en el que existen obligaciones
comunes entre los sujetos participes, no existiendo cuotas ideales, por lo
que no se podrá gravar ni disponer del bien, ya que este pertenece a la
colectividad en mano común. Así también, la autora Claudia Canales
Torres refiere lo siguiente sobre esta comunidad:
(…) los regímenes de comunidad de bienes, y en especial de sociedad
de gananciales, contemplados en su legislación civil constituyen casos
de aplicación de la propiedad en mano común entendiendo que la
comunidad matrimonial de bienes de tipo colectivista, en la cual el
marido y la mujer son indistintamente titulares de un patrimonio, en el
cual ninguno de ellos tiene un derecho actual a una cuota, que pueda
ser objeto de enajenación, ni dar lugar a la acción de división de la
cosa común. (Canales Torres Claudia, s.f. pág. 44)
Al llevar esta clase de comunidad a nuestro ordenamiento jurídico,
configuraría el supuesto de la sociedad de gananciales contemplado en el
artículo 301° del Libro III Derecho de Familia, en el cual se encajan tanto
los bienes propios de cada cónyuge como los bienes de la sociedad
siendo, por tanto, ambos cónyuges los titulares de un patrimonio, no
existiendo cuotas ideales.
En resumen, la legislación peruana reúne cada una de las clases de las
comunidades detallas, en diferentes libros del Código Civil, siendo así el de la
romana recogida en el libro V Derechos Reales, y la germana en el libro III
Derecho de Familia, así también, se ha podido evidenciar que cada una de ellas
tiene una característica propia la cual viene también a ser la principal diferencia
entre la una y la otra, así tenemos entonces, que en la romana cada sujeto tiene
una cuota ideal del bien, el cual se puede disponer y gravar sin requerir el
consentimiento del otro, caso contrario al de la germana, en el que los bienes
si recaen sobre un patrimonio común, no existiendo cuotas ideales, por lo que
no se podrá disponer o gravar el bien, sin contar con la autorización del otro.
En la siguiente sección, procederemos a explicar brevemente el régimen de
Separación de Patrimonios.
68
2.2.13.4. Separación de Patrimonios
En el régimen de separación de patrimonios, los cónyuges no tienen
participación común sobre los bienes de sociedad adquiridos por cada uno de
ellos, es decir que, al momento de la celebración del matrimonio no se altera el
régimen de propiedad de bienes, sino que siguen perteneciendo al cónyuge
adquiriente del mismo.
Ahora, recordemos que, nuestro sistema jurídico nos permite que antes de la
celebración del matrimonio, los futuros cónyuges puedan optar libremente por
el régimen de sociedad de gananciales o el de separación de patrimonios, el
cual comenzará a regirse al celebrarse el casamiento, este último debe
otorgarse mediante escritura pública, bajo sanción de nulidad. El régimen de
separación de patrimonial se encuentra regulado en el artículo 327° del Código
Civil, estableciendo lo siguiente:
Artículo 327.- Separación del patrimonio
En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a
plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes
presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dichos
bienes. (Código Civil Peruano,1984)
Es decir que, cada cónyuge tiene la plena libertad de administrar y disponer
sobre sus bienes que integran su patrimonio, no respondiendo ninguno por las
deudas contraídas por el otro cónyuge, esto último se sustenta en el artículo
328° de nuestro Código Civil.
Al respecto, podemos entender que, este régimen a diferencia de la sociedad
de gananciales no existe una aportación de los bienes propios de los cónyuges
para conformar un patrimonio común, sino por el contrario, cada uno de ellos
conserva la propia titularidad de los bienes, teniendo la facilidad de disponer o
gravarlo sin necesidad de requerir el consentimiento del otro. Este régimen, no
ha sido materia de investigación en el presente caso propuesto, debido a que
no existiría un conflicto entre los cónyuges al querer disponer de sus bienes ya
que no se requeriría el consentimiento del otro.
69
2.2.14. Actos de Disposición del Bien Social
2.2.14.1. Compraventa
En una primera etapa, el contrato de compraventa fue simplemente manual y
al contado, es decir se realizaba el cambio de la cosa y el dinero, y en ese
mismo instante, quedaba transferida la propiedad de uno y otro. En esta etapa,
se requería de una cultura jurídica más refinada, estando ya la distinción entre
el contrato de compraventa en sí mismo y la transferencia del dominio de la
cosa.
En el derecho romano, esta idea de distinción adquirió su desarrollo, al
establecer que la compraventa era el compromiso de transferir la propiedad de
la cosa contra el compromiso de entregar el precio. Esta distinción entre el
contrato y la transferencia de propiedad es válida en la compraventa manual,
explicado en el punto anterior.
La legislación peruana, ha seguido el sistema romano, estableciendo que el
contrato de compraventa es un contrato típico, definiéndolo en el artículo 1529
del Código Civil que, por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la
propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero.
El autor Guillermo Alejandro Borda, define lo siguiente sobre el contrato de
compraventa:
(…) la compraventa no es otra cosa que el compromiso de transferir
la propiedad; pero está no se transmite sino por la tradición de la cosa.
Respecto de los inmuebles se exige, además, la escritura pública. Y
como estos dos requisitos resultan actualmente insuficientes para
proteger los derechos de terceros, las leyes locales han organizado
los Registros de Propiedad, en los cuales deben inscribirse
obligatoriamente las transferencias de dominio y sus modificaciones
para que sean oponibles a terceros (…) (Borda Guillermo, 2004, pág.
165)
En las siguientes secciones, desarrollaremos más sobre la figura de la
compraventa en concordancia con lo establecido en el VIII Pleno Casatorio, al
ser aquel instrumento jurídico utilizado por aquel cónyuge interviniente para
transferir el bien social al tercer adquiriente de buena a fe.
70
2.2.14.2. Caracteres de la compraventa
a) Prestaciones recíprocas, implica obligaciones para ambas partes. Es decir,
el vendedor, que vendría a ser el cónyuge interviniente, transfiere un bien
inmueble, a cambio que el comprador (el tercero adquiriente) pague el precio
pactado.
b) Individual, para su configuración se requiere el consentimiento de las partes
intervinientes, ya sea en forma personal y directa, o a través de
representantes. Como pudimos detallar anteriormente, el consentimiento
conlleva la manifestación de voluntad del otorgante. En el presente caso,
existió el consentimiento tanto del cónyuge interviniente, como del tercero
adquiriente del bien social.
c) Principal, el contrato de compraventa tiene autonomía plena, no requiriendo
ni dependiendo de otro contrato. Puede generar otros contratos, los
llamados contratos accesorios. Este tipo de contrato fue el instrumento
jurídico escogido por las partes, para realizar la venta de bien social a
cambio de una contraprestación, no existiendo contratos adicionales.
d) Traslativo de dominio, la esencia del contrato es la transferencia de la
propiedad, la misma que ingresa al patrimonio del comprador. En el presente
caso, la transferencia que se le realizó al tercer adquiriente es de un bien
inmueble social.
e) Es oneroso, existe un pago por la trasmisión de la propiedad. Al cónyuge
participante, se le realizo el pago del monto correspondiente por la
transferencia del bien inmueble.
Habiendo comprobado que, el contrato de compraventa celebrado por el
cónyuge participante y el tercero ha cumplido con los caracteres de la
compraventa, procederemos a detallar en la siguiente sus elementos
estructurales.
2.2.14.3. Elementos estructurales de la compraventa
2.2.14.3.1. El consentimiento
71
En un contrato de Compraventa tiene que existir manifestación de voluntad por
parte de los sujetos participantes, caso contrario, de no existir tal voluntad de
las partes, no se configuraría la contratación. Según el autor Guillermo
Alejandro Borda, el consentimiento implica lo siguiente:
Como todo contrato, la compraventa necesita un acuerdo de
voluntades, debidamente declaradas. Para que se repute concluida y
obligue a las partes, basta que el acuerdo haya recaído sobre la cosa
y el precio, que son los elementos esenciales de ese contrato. (Borda
Guillermo, 2004, pág. 181)
Es decir que, el consentimiento existirá si hay manifestación de voluntad de
ambas partes sobre la cosa y el precio. Respecto al caso estudiado, existiría
un acuerdo de voluntades, en el que el cónyuge participante, actuando como
vendedor, transmite la propiedad del bien inmueble a un tercero adquiriente, en
calidad de comprador, quien realiza el pago del precio pactado en el Contrato.
2.2.14.3.2. El bien
El bien, es la cosa, elemento materia de la compraventa. Es el comprador quien
quiere obtener el bien con el fin especifico a que este se incorpore a su
patrimonio para usarlo y disfrutarlo. El bien en la compraventa puede ser:
a) Bien material, o también como corporal: Este tipo de bienes son aquellos
que tienen existencia tangible, ocupando una parte en el espacio, pudiendo
ser percibido por los sentidos. Por ejemplo: un carro, una casa o un animal.
b) Bien incorporal, o sea de derechos: Estos bienes son aquellos que carecen
de existencia corporal y son producto de creación intelectual de la persona.
Son percibidos intelectualmente. Por ejemplo: derechos como el usufruto, o
una concesión, o las obras literarias.
Asimismo, el bien tiene los siguientes requisitos:
a) Tiene que ser posible física y jurídicamente posible, presentándose como
uno de los elementos esenciales del acto jurídico establecido en el inciso 2
del artículo 140 del Código Civil.
72
b) Tiene que existir o ser susceptible de existir, es decir que sean
determinados o susceptibles de determinación y cuya enajenación no se
encuentre prohibida por la ley.
Al hacer un análisis respecto del bien inmueble que transmitió el cónyuge
participante, se trata de un bien material o corporal, que cumple con las
características establecidas en el inciso 2 del artículo 140 del Código Civil, al
ser físicamente posible, al tener existencia; y jurídicamente posible, al no ser
contrario a la ley, ni al orden público ni las buenas costumbres.
2.2.14.3.3. El Precio
Como se ha mencionado anteriormente, la compraventa tiene como
características ser oneroso, porque el precio es la contraprestación que realiza
el comprador al vendedor. El precio tiene que ser representado en dinero, tal
como lo establece el artículo 1529 del Código Civil, en el que el vendedor al
obligarse a transferir la propiedad de un bien le corresponde al comprador
pagar su precio en dinero. El precio, presenta los siguientes requisitos:
a) Debe tratarse de una suma de dinero: El código civil expresa que el precio
necesariamente tiene que pagarse con dinero.
b) Que sea verídico: Tiene representar el valor real de la cosa.
c) Que presenta diversos matices:
(i) Al contado, el precio total se paga en un solo acto, este se hace
normalmente cuando las compras son de menor volumen y por quienes
tienen recursos económicos suficientes.
(ii) A plazos, se da mayormente para ventas de gran volumen, en la que el
precio es pagadero en un determinado lapso.
(iii) El precio puede ser pagado por un tercero y no necesariamente por el
comprador.
d) El precio debe ser cierto, determinado o determinable: Tiene que haber
una fórmula en virtud del cual se llegue a fijar la cantidad de la
compraventa. Existen diversas maneras de determinar el precio, lo más
usual es el acuerdo entre las partes.
73
Al realizar un análisis sobre el precio del bien inmueble pactado entre el
cónyuge interviniente y el tercero adquiriente, podemos corroborar que, si
existe un acuerdo de voluntades de ambas partes al pactar un precio dinerario
respecto al valor real del inmueble, siendo este pagado posiblemente, al
contado, a plazos o por algún tercero.
Habiéndose desarrollado el contrato de compraventa, al ser aquel acto
celebrado entre el cónyuge interviniente y el tercero adquirente, de acuerdo con
los hechos descritos en el VIII Pleno Casatorio, pasaremos en las siguientes
secciones a desarrollar otros actos de disposición que también podrían realizar
sobre el bien social.
2.2.14.4. La Permuta
De la misma forma que la Compraventa, en la permuta se compromete una
cosa o un derecho a cambio de una contraprestación, sin embargo, esta no
consiste en dinero, sino en otra cosa o en un derecho, es decir que, en la
permuta no procede distinguir entre precio y mercancía. El artículo 1602 de
nuestro Código Civil entiende esta figura como: Por la permuta los permutantes
se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes.
En esa misma línea, el artículo 1603 del Código menciona que se le aplicará
correlativamente a la permuta las disposiciones de la compraventa, en lo que
le sean aplicables, es decir que, cada una de las partes responde a la otra como
el vendedor, estando obligado frente la otra parte a recibir la cosa como el
mismo comprador. El autor Manuel Miranda Canales citando a León
Barandiarán define así a la permuta:
La permuta, es un contrato bilateral, oneroso, que puede asumir modalidades
de conmutativo o aleatorio, por el cual ambos contratantes, como recíprocos
acreedores, se obligan a entregar con transferencia de dominio uno al otro, una
cosa. (Miranda Canales Manuel, 2018, pág. 178).
Al respecto, debemos entender que la permuta a comparación de la
compraventa tiene como principal característica la transferencia de cosas y
créditos o derechos, entendiéndose, que la permuta puede consistir en el
trueque de cosas corporales o incorporales. Entonces, si aplicamos la
disposición del artículo 1532 del Código Civil sobre la compraventa a la
permuta, este último permite que exista disposición para aquellos bienes
74
muebles e inmuebles existentes o que puedan existir, siempre que sean
determinados o susceptible de determinación.
Conforme a lo manifestado, este acto de disposición también puede ser
realizado sobre un bien social, siempre y cuando exista consentimiento de
ambas partes, en este caso entre el cónyuge interviniente y el tercero
adquiriente, en el que este último en vez de dar una contraprestación dineraria
otorgaría otro bien.
En síntesis, es bueno recalcar que si bien esta figura jurídica puede ser usada
con relación al presente caso propuesto, en la realidad no es frecuente el uso
de la permuta de inmueble entre dos personas naturales, sino, entre una
persona natural y una persona jurídica dedicada al rubro inmobiliario, debido a
que tiene ciertas ventajas a comparación de la compraventa, porque la permuta
permite en un solo acto el intercambio de bienes inmuebles, mientras que en la
compraventa se realizarían dos operaciones, una la venta del inmueble, y la
otra la compra de otro inmueble para poder vivir, considerándose más oneroso
que la permuta.
2.2.14.5. La Donación
El contrato de donación es un acto generoso que puede realizar una persona
a otra, es por esa razón que es necesario analizarlo cuidadosamente, debido a
que su abuso puedo perjudicar a la familia o al propio donatario o beneficiario.
La donación consiste en la enajenación o transferencia de un derecho
patrimonial de una persona a otra, está ultima verá enriquecido su patrimonio.
Sin embargo, esta figura tiene ciertos matices, al mencionarse que no habrá
donación si existe un empobrecimiento en el patrimonio del donante; o la
inversa; no habrá donación en sentido riguroso en caso no se produzca un
enriquecimiento en el patrimonio del donatario.
Nuestro Código Civil define a la donación en su artículo 1621° como aquel
contrato, en virtud del cual, una persona llamada donante, se obliga a transferir
gratuitamente a otra persona llamada donatario, la propiedad de un bien
mueble o inmueble. En el caso de donación de bienes inmuebles, debe hacerse
mediante escritura pública, indicando el inmueble donado, su valor real y las
cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad.
75
En la siguiente sección, desarrollaremos los caracteres de la donación y su
aplicación al caso propuesto:
2.2.14.5.1. Caracteres de la Donación:
a) Es un acto traslativo de dominio, es decir que existe una transmisión de
propiedad del donante al donatario. Sobre el presente caso, existiría una
transmisión del bien social por parte de uno de los cónyuges, actuando como
donante a favor de un tercero, llamado donatario.
b) Individual, requiere el consentimiento de ambas partes, ya sea de manera
personal o a través de representantes. Es decir que, la manifestación de
voluntad del cónyuge y el tercero adquiriente sobre la transferencia del bien
social deberán plasmarse en un acuerdo.
c) Es gratuito, el donante no recibe un pago por la transmisión de la propiedad
al donatario. En ese caso, a diferencia de la compraventa y permuta, el
cónyuge interviniente no recibirá una contraprestación dineraria o de una cosa
o de un derecho por parte del tercero adquiriente.
d) Es limitativo, al no poder dar vía donación, más de lo que se puede disponer
por testamento, tal como lo establece el artículo 725 del Código Civil, el que
tiene hijos o descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta el
tercio de sus bienes, es decir que, si uno de los cónyuges desea donar uno
de sus bienes sociales debe tener en consideración el artículo citado.
e) Formalidad, la donación se puede perfeccionar hasta tres formas: donación
verbal, en caso el valor del bien mueble no exceda del 25% de la Unidad
Impositiva Tributaria, vigente al momento de la celebración del contrato;
donación por escrito con fecha cierta, si el valor del bien mueble excede el
25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento de la celebración
del contrato, bajo sanción de nulidad; y, la donación de un bien inmueble
mediante escritura pública, bajo sanción de nulidad.
Por lo expuesto, debemos entender que la donación es un contrato a título
gratuito, en virtud del cual existe una cierta limitación sobre su libre disposición,
tal como lo establece el artículo 1629 del Código Civil. Al aplicarse en el caso
concreto, si uno de los cónyuges desea realizar una donación sobre un bien
76
social a un tercero, deberá tener en cuenta no solamente la limitación exigida
sino además la formalidad por los diferentes tipos de bienes, en este caso para
el bien mueble deberá acogerse lo establecido en los artículos 1623 y 1624 del
Código Civil, mientras que para los bienes inmuebles deberá tener en cuenta
el artículo 1625 del mismo Código, bajo sanción de nulidad.
2.2.15. Gravamen del Bien Social
2.2.15.1. La Hipoteca
La Hipoteca se encuentra definida en el artículo 1097 del Título III Libro V del
Código Civil, como aquella figura que afecta un inmueble debidamente
determinado en garantía de cumplimiento de cualquier obligación, sea propio o
de un tercero, asimismo, el Código indica que esta garantía no determina la
desposesión del inmueble, sin embargo, si otorga al acreedor los derechos de
persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. La Hipoteca debe
constituirse mediante escritura pública, salvo disposición distinta de la ley.
Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 315 del Código Civil no
solamente establece que los bienes sociales puedan enajenarse sino también
gravarse, lo cual implica que uno de los cónyuges puede establecer una
hipoteca sobre el inmueble familiar. Para la configuración de la Hipoteca, el
artículo 1099 del Código dispone que debe cumplir con los siguientes requisitos
de validez: En primer lugar, debe afectar el bien del propietario o quien se
encuentre autorizado conforme a ley, es decir que, la hipoteca recaería sobre
el inmueble propiedad de la sociedad conyugal, el cual necesita el
consentimiento de ambos cónyuges, salvo que uno de ellos pueda ejercitar tal
facultad al contar con poder especial; en segundo lugar, debe asegurar el
cumplimiento de una obligación determinada o determinable, con el inmueble
familiar se aseguraría el cumplimiento de una obligación contraída por alguno
de los cónyuges o por ambos; y, por último, el gravamen sea de cantidad
determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad
inmueble.
La sentencia de casación bajo el expediente N° 3437-2010-Lima del nueve de
junio del dos mil once, precisó lo siguiente respecto a la constitución de
hipoteca sobre un bien social realizado por uno de los cónyuges:
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A partir de la premisa de que ninguno de los cónyuges, en forma
individual, puede disponer de derechos de propiedad sobre bienes
sociales (salvo el caso excepcional), podemos concluir que cuando
uno solo de ellos se compromete a gravar o disponer el patrimonio de
la sociedad de gananciales, nos encontramos ante un acto jurídico que
se opone a una norma imperativa, en la que existe la falta de
representación de uno de los cónyuges o de la disposición de
derechos de uno de ellos, como ocurre en el presente caso, en que la
hipoteca celebrada sobre el inmueble adquirido por la sociedad
conyugal conformada por Brito Maldonado y Nelly Argelia Aguirre de
Ruiz, no fue autorizada por esta última, pues no consta su firma en
dicho documento, ni otorgó poder especial a su cónyuge para que lo
represente, lo que no significa que el acto jurídico en sí sea nulo, dado
que es susceptible de ser ratificado por el cónyuge que no participó en
la celebración del acto jurídico, situación que no es posible de ser
convalidada de declararse nulo dicho acto; en consecuencia, tal como
lo ha establecido la sentencia de vista, el petitorio de la demanda alude
al supuesto de ineficacia regulado por el art. 161 del C.C, y no a la
causal invocada por la recurrente. Por lo tanto, la sentencia impugnada
no incurre en la infracción normativa del artículo 219 inciso 1 del
Código Civil y del artículo 4 de la Constitución Política del Estado.
(2011, pág. 6)
Como puede observarse, esta casación analiza correctamente el hecho de que
ninguno de los cónyuges puede disponer o gravar un bien social sin el
consentimiento del otro, pero que en caso este acto se realice con la sola
voluntad de uno de ellos, no estaríamos frente a un acto de nulidad debido a
que no se ha incumplido con el inciso 1 del artículo 219 del Código Civil, sino
por el contrario, se habría vulnerado una norma imperativa al existir falta de
representación de uno de los cónyuges al no haberse otorgado poder especial.
Asimismo, el magistrado añade en que si bien existe una vulneración a dicha
norma no estaríamos frente a una nulidad, sino ante un supuesto de ineficacia,
debido a que el acto puede ser ratificado por el cónyuge no interviniente,
produciéndose finalmente todos sus efectos jurídicos.
78
Habiendo mencionado al tercero de buena fe adquiriente del bien social, en la
siguiente sección desarrollaremos el principio de la fe pública registral, al no
haber sido materia de estudio por el Pleno Casatorio.
2.2.16. Principio de buena fe pública registral
El principio de buena fe pública registral se encuentra estipulado en el artículo
2014 del Código Civil, el cual refiere que el tercero de buena fe adquiriente de
un derecho a título oneroso de una persona que en el registro aparece con
facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho,
este derecho se inscribe en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos
- SUNARP, aunque después se anule, cancele, rescinda o resuelva el del
otorgante por causas que no constan en los asientos registrales y títulos
archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no
se pruebe que conocía la inexactitud del registro.
Con relación al artículo comentado, podemos definir que el principio de buena
fe pública registral protege las adquisiciones que haya realizado un tercero
adquiriente confiando en el registro, siempre y cuando cumpla con los
siguientes requisitos: la adquisición sea realizada por un tercero, adquisición
hecha de buena fe y a título oneroso. La adquisición debe ser realizada por
quien aparezca en el registro con facultad para otorgarlo y el acto de
adquisición debe contar con inscripción registral.
En jurisprudencia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República
mediante casación N° 1208-2008-Piura, enfatizó lo siguiente sobre la fe pública
registral:
El artículo 2014 del Código Civil, consagra el principio de fe pública
registral que, para su configuración, exige la concurrencia copulativa
de determinados requisitos: a) que el adquiriente sea a título oneroso;
b) que el adquiriente actúe de buena fe, tanto al momento de la
celebración del acto jurídico del que nace su derecho como al
momento de la inscripción del mismo, buena fe que se presumirá
mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del
registro (presunción iuris tantum); c) que el otorgante aparezca
registralmente con capacidad para otorgar el derecho del que se
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tratase; d) que el adquiriente inscriba su derecho, y; e) que ni de los
asientos registrales ni de los títulos inscritos en los Registros Públicos
resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del
otorgante. Este principio busca proteger al tercero que ha adquirido,
de buena fe, un derecho de quien finalmente carecería de capacidad
para otorgarlo, lo que implica la búsqueda de la seguridad en el tráfico
inmobiliario, y que supone a veces un sacrificio en la seguridad del
derecho. (2006, párr. 12)
En las siguientes secciones, procedemos a desarrollar los requisitos de la
buena fe pública registral, aplicable a aquel tercero de buena fe que adquiere
un bien social.
2.2.17. Requisitos del tercero registral
2.2.17.1. Adquiriente actúe de buena fe
La Exposición de Motivos de la Comisión Revisora del Código Civil de 1984
señala que la buena fe que se le exige a una persona a efectos de constituirse
en tercero registral es la de ignorar la existencia de inexactitud en lo publicado
por el registro.
Por este principio, se entenderá que habrá buena fe del tercero adquiriente al
no tener conocimiento de la inexactitud del registro, mientras no se demuestre
lo contrario. Respecto al caso estudiado, se presumiría que la buena fe se le
atribuye al tercero adquiriente del bien social otorgado por el cónyuge
representante del cónyuge no interviniente. El Dr. Amadeo Felipe Salgado
Padilla refiere lo siguiente sobre el adquiriente de buena fe:
La buena fe debe existir al celebrarse el contrato, tal como se afirma
en la Exposición de Motivos del Código Civil, al decir “Es
incuestionable que la buena fe del adquiriente debe existir en el
momento de la celebración del contrato mediante el cual adquiere el
derecho, del cual se trate”. Por tanto, si en el momento de la
celebración de dicho contrato, el adquiriente conocía la existencia de
razones de nulidad, rescisión, y resolución que no aparecían en los
registros, la falta el requisito de buena fe registral. (Salgado Amadeo,
2014, págs. 46 y 47).
80
Con relación al tercero que realiza la adquisición del bien social, se entiende
que cumpliría con este requisito, al no tener conocimiento sobre la inexactitud
del registro al momento de realizar la compra del bien, en cuanto aparecía como
uno propio del cónyuge participante, y no como un bien perteneciente a la
sociedad conyugal.
2.2.17.2. Adquisición a título oneroso
En la transmisión del derecho la onerosidad es un requisito para ser
considerado tercero registral. Debe existir una onerosidad en las prestaciones
recíprocas de los contratantes, siendo resultado de un acto jurídico bilateral.
Por ejemplo, tenemos al contrato de compraventa, contiene prestaciones
recíprocas, entre el vendedor y el comprador.
El Dr. Amadeo Felipe Salgado Padilla, refiere que está fuera de la protección
del principio de la buena fe registral la adquisición a título gratuito como, por
ejemplo, la donación y el anticipo de legítima, en caso de conflicto, por no ser
actos onerosos. (Salgado Amadeo, 2014, págs. 49).
En otras palabras, es necesario que exista una contraprestación patrimonial
determinada y exigible del adquiriente para que exista la protección de la buena
fe pública registral, caso contrario a los adquirientes a título gratuito que solo
tendrán la protección de la persona de quien adquirieron un derecho.
Este requisito también deberá cumplirse por el tercero de buena fe adquiriente
del bien social, el cual deberá pagar una contraprestación al cónyuge
participante, como es en el caso de la compraventa en el que, por la
transferencia de la propiedad, el comprador paga su precio en dinero.
2.2.17.3. Inexactitud registral no conocible por el tercero adquiriente
La inexactitud registral deriva de un problema registral, en razón a la
discordancia existente entre la realidad registral y la extra registral por vicios
referente al título del transferente que no aparecen reflejadas en el registro, no
pudiendo ser conocidas por el tercero adquiriente.
Existe una discordancia entre lo establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar del Reglamento General de los Registro Públicos, en el que señala
la inexactitud de los asientos registrales, no perjudicará al tercero registral que
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a título oneroso y de buena fe haya adquirido un bien, siempre que las causas
de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales; y, el último párrafo
del artículo 2014 del Código Civil, el cual especifica que la buena del tercero se
presumirá mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.
Como puede verse, el Reglamento General de los Registro Públicos solo se
limita al asiento registral, que es un resumen del título; mientras que, el Código
Civil refiere a los registros públicos, pudiendo entenderse que se extiende
incluso al título que le dio origen como a sus demás antecedentes. Por jerarquía
de normas, prevalecerá la disposición del Código Civil.
El Dr. Amadeo Felipe Salgado Padilla argumenta lo siguiente sobre la situación
del tercero registral:
(…) teniendo en cuenta que el tercero celebró el contrato de la
información contenida en el asiento registral, de la que aparece que el
otorgante era titular del derecho, y si los vicio no eran patentes,
obviamente, la adquisición del tercero no puede afectarse, tanto más,
cuando en la primera parte del artículo 2009 del C.C. se prescribe que
“los registros públicos se sujetan a lo dispuesto en este Código, o sus
leyes reglamentos especiales”. (Salgado Amadeo, 2014, pág. 50)
En el presente caso, el tercero de buena fe tendría que desconocer la
inexactitud del registro, al existir una discordancia entre lo dispuesto en el
asiento registral del bien inmueble que aparecía como un bien propio y no un
bien social; y, respecto a la realidad extra registral, en el que también
desconocía los vicios del título que no eran reflejadas en los registros, no
pudiendo ser conocidas por el mismo. En consecuencia, el tercero adquiriente
al actuar de buena fe no podría verse afectado por la inexactitud del registro,
con relación al derecho que adquirió del cónyuge participante.
2.2.17.4. Registrar su adquisición
Para que el principio de la fe pública registral surta sus efectos y el tercero se
encuentre protegido y legitimado, se debe inscribir el bien adquirido en
Registros Públicos, de esta forma, adquirirá seguridad jurídica y tendrá
legitimación registral. El autor Luis Aliaga Huaripata comenta lo siguiente sobre
la inscripción del acto adquisitivo del tercero:
82
Se trata de un requisito esencial, ya que el tercero adquiriente apoya su
adquisición en la inscripción de su propio derecho (inscriptionis causa); solo así
podrá ser considerado un tercero cualificado protegido por el principio de fe
pública registral. (Aliaga Luis, 2005, pág. 319)
Ahora, debemos precisar que, para efectos del tracto sucesivo, el derecho
trasmitido debe encontrarse inscrito a favor del transmitente (ejemplo: de
vendedor a comprador), tal como lo establece el artículo 2015 del Código Civil:
Artículo 2015.- Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté
inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. (Código Civil Peruano, 1984)
Es decir, que la adquisición que realice el tercero debe realizarse sobre la
persona que se encuentre como titular en el Registro, teniendo legitimidad para
trasmitir su derecho.
Este requisito también tiene que ser cumplido por el tercero adquirente, quien
deberá adquirir el bien de la persona que aparecía como titular del bien en el
registro, procediendo a inscribirlo ante registros públicos, quedando de esta
manera protegido por la fe pública registral regulada en el artículo 2014 del
Código Civil.
2.2.18. Derecho comparado
2.2.19. España
En España, existe una serie de disposiciones aplicables a todos regímenes
matrimoniales, ya sea comunidad de bienes o separación de bienes,
denominada por el Código Civil Español como régimen económico del
matrimonio, y doctrinariamente como régimen matrimonial primario, esto se
encuentra regulado entre los artículos 1315° y 1324° del Código.
Sobre la disposición de los bienes sociales, el artículo 1322° del Código Civil
Español refiere lo siguiente:
Cuando la Ley requiera para un acto de administración o disposición
que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los
realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente
confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo
consentimiento se haya omitido o de sus herederos.
83
No obstante, serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes
comunes si falta, en tales casos, el consentimiento del otro cónyuge.
(Código Civil Español, 1889)
En esa misma línea, el artículo del 1374 el Código Civil Español establece que,
en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes
gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que
se determina en los artículos siguientes.
En el caso del derecho peruano, los artículos 313 y 315 del Código Civil,
señalan que la administración y disposición de los bienes de la sociedad les
corresponde conjuntamente a los cónyuges, salvo que uno de los conyugues
otorgue un poder al otro para su representación, asimismo, no establece
diferencia entre actos de disposición a título oneroso o título gratuito
No obstante, el Código Civil Español, si ha establecido un tratamiento jurídico
para los actos de disposición de los bienes sociales realizado por los cónyuges
a título oneroso y gratuito, los cuales pasamos a detallar en las siguientes
secciones:
2.2.19.1. Disposición a título oneroso
El artículo 1377 del Código Civil Español, establece lo siguiente respecto a la
disposición de bienes sociales a título oneroso:
Artículo 1377. - Para realizar actos de disposición a título oneroso
sobre bienes gananciales se requerirá el consentimiento de ambos
cónyuges. Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá
el Juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere
de interés para la familia. Excepcionalmente acordará las limitaciones
o cautelas que estime convenientes. (Código Civil Español, 1889)
Si bien el artículo citado no establece literalmente la sanción aplicable, tenemos
que remitirnos a las disposiciones generales del régimen económico
matrimonial, especialmente al primer párrafo del artículo 1322 citado
previamente, que establece como sanción la anulabilidad en caso se realice un
acto de disposición sin el consentimiento del otro cónyuge.
Ahora, si bien la doctrina española señala que serán anulables aquellos actos
que tengan algún vicio y no incurran en causa de nulidad de pleno derecho o
84
cuando la ley les otorgue la sanción de anulabilidad, lo cierto es que el código
civil español no distingue entre nulidad y anulabilidad expresamente, es por esa
razón que, todos los actos que incurran en algún vicio o no contengan los
requisitos de validez señalados en el artículo 1261, serán tratados con la
nulidad finalmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 1300, en virtud
del cual se dispone lo siguiente:
Artículo 1300.- Los contratos en que concurran los requisitos que
expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión
para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios
que los invalidan con arreglo a la ley. (Código Civil Español, 1889)
Como puede observarse, si bien el derecho español no establece literalmente
en su artículo 1377 el remedió jurídico en caso uno de los cónyuges disponga
sobre un bien social sin el consentimiento del otro, este finalmente nos hace
remitir al artículo 1322 el cual señala que será sancionado con la nulidad. En el
caso del derecho peruano, como se ha tratado anteriormente, el artículo 315
del Código Civil, solamente expresa que se necesita el consentimiento de
ambos conyugues o que sea través de un poder especial, para realizar actos
de disposición de bienes sociales, más no señala el remedio jurídico a tal acto
de disposición, ni tampoco nos remite a otra norma que contenga la sanción
aplicable.
2.2.19.2. Disposición a título gratuito
El artículo 1378 del Código Civil Español señala que serán nulos los actos a
título gratuito si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges. Sin
embargo, podrá cada uno de ellos realizar con los bienes gananciales
liberalidades de uso.
En este caso, estamos frente un acto nulo radical o de pleno derecho, que no
produce efectos jurídicos, siendo la máxima sanción que impone el
ordenamiento jurídico cuando no concurren los requisitos de validez
establecidos en el artículo 1261° del propio Código.
Así también, el artículo 1301 del mismo Código refiere lo siguiente sobre la
acción de la nulidad sobre el acto de disposición de un bien social por uno de
los cónyuges:
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Artículo 1301.- La acción de nulidad solo durara cuatro años. Este
tiempo empezará a correr: (…) Si la acción se dirigiese a invalidar
actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin
consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario,
desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio
salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto
o contrato. (Código Civil Español, 1889)
En este caso el código civil español establece dos situaciones respecto a la
nulidad, las cuales pasamos a detallar a continuación:
1. Si el cónyuge no interviniente del acto solicita la nulidad dentro del plazo de
cuatro (4) años que establece el artículo 1301 el Código Civil Español, este
tendrá como efecto, que al momento de la declaración de la nulidad se
realice la restitución del bien social materia del contrato, con sus frutos y el
precio con sus intereses pactados. Lo señalado, se encuentra sustentado
en el artículo 1303 del mismo Código:
Artículo 1303.- Declarada la nulidad de una obligación, los
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen
sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses,
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.
2. En caso no se realice la solicitud de nulidad dentro del plazo establecido,
este tendrá como consecuencia la confirmación del acto de disposición, esta
se puede realizar de manera expresa o tácita. Sin embargo, para que se
realice la confirmación esta tendrá que cumplir con los requisitos señalados
en el art. 1361 del Código Civil Español. Lo detallado, se encuentra
sustentado en el artículo 1311 del mismo Código:
Artículo 1311.- La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente.
Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento
de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho
a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad
de renunciarlo.
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Por lo expuesto, podemos verificar que el derecho español separa a los actos
de disposición de los bienes gananciales en onerosos y gratuitos,
estableciendo como remedio jurídico la nulidad en ambos casos, caso
contrario, al del derecho peruano en el que se ha decidido no realizar una
diferencia entre los tipos de actos de disposición de los bienes sociales, ni
tampoco establecer el remedio jurídico que conllevaba en caso uno de los
cónyuges realice el acto de disposición de un bien social sin el consentimiento
del otro.
En conclusión, si bien tanto el derecho peruano como el derecho español, no
establecen directamente en alguno de los artículos de sus Códigos Civiles el
remedio jurídico respecto al acto de disposición de un bien social realizado por
uno de los cónyuges, se puede deducir a través de otros artículos, que la
nulidad en el caso español vendría hacer aquella figura que resulta aplicable
en este caso, mientras que el peruano por lo argumentos descritos en las
secciones anteriores vendría a ser la ineficacia.
2.2.20. Panamá
El Código de Familia Panameño (Ley N°3) fue aprobado por la Asamblea
Legislativa de Panamá el día 17 de mayo de 1997, mediante el cual se regulo
la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, así como la igualdad de
los hijos y la protección de los menores.
Respecto al régimen económico matrimonial, el artículo 81 del Código de
Familia Panameño establece que, el régimen económico del matrimonio será
el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras
limitaciones que las establecidas en este Código o el señalado por la ley
(Código de Familia Panameño, 1997). El Código regula dos tipos de regímenes,
el Régimen de la Participación en la Ganancias en la Sección IV, y el Régimen
de la Separación de Bienes en la Sección V.
En caso los cónyuges no establezcan el régimen económico en las
capitulaciones, la administración de los bienes gananciales les corresponderá
a ambos cónyuges, tal como lo señala el artículo 163 del Código de Familia:
Artículo 163.- En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones
de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin
87
perjuicio de lo que se determina en capítulos siguientes. (Código de Familia
Panameño, 1997)
Sobre lo citado, al igual que el Código Civil Español, el Código de Familia
Panameño regula que los actos de disposición sobre los bienes gananciales
pueden ser a título oneroso o gratuito. El artículo 165 de este Código define así
los actos de disposición a título oneroso:
Artículo 165.- Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre
bienes gananciales, se requerirá el consentimiento de ambos
cónyuges.
Si uno de ellos lo negare o estuviera impedido de prestarlo, podrá el
juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos
dispositivos, cuando lo considere de interés para la familia.
Excepcionalmente, acordará las limitaciones, cauciones, cautelas o
limitaciones que estime conveniente. (Código de Familia Panameño,
1997)
Si bien este artículo establece que, para los actos de disposición de los bienes
gananciales a título oneroso se requiere el consentimiento conjunto de los
cónyuges o acudir ante un juez solicitándole tal autorización siempre que
beneficie al interés familiar, este no señala la sanción jurídica en caso se
incumpla con lo dispuesto en el artículo, caso contrario, a lo que especifica el
artículo 166 del Código de Familia Panameño, el cual define la disposición de
bienes gananciales a título gratuito:
Artículo 166.- Serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el
consentimiento de ambos cónyuges, Sin embargo, podrá cada uno de ellos
realizar con los bienes gananciales liberalidades de uso. (Código de Familia
Panameño, 1997)
Como puede evidenciarse, este artículo a diferencia del anterior si señala
expresamente que será nulo el acto celebrado a título gratuito, en caso de no
contener el consentimiento de ambos cónyuges. El artículo 1141 del Código
Civil de Panamá define así la nulidad absoluta:
88
Artículo 1141.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:
1.Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su
formación o para su existencia;
2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el
valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del
acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que es ellos
interviene;
3.Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente
incapaces, entendiéndose únicamente por tales, los dementes, los
sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y los
menores impúberes. (Código Civil Panameño, 1916)
En este caso, estaríamos frente a una nulidad absoluta al no haberse cumplido
una de las condiciones esenciales del contrato regulada en el artículo 1112 del
Código Civil Panameño, esencialmente sobre el consentimiento de ambas
partes respecto al acto de disposición del bien social a título gratuito.
Por otro lado, en referencia al artículo que regula los actos de disposición a
título oneroso, si bien este no hace mención la sanción jurídica a imponerse en
caso de incumplimiento, lo cierto es que del artículo 179 del Código de Familia
se desprende el remedio jurídico:
Artículo 179.- Si como consecuencia de un acto de administración o
de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges hubiere
este obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionando
dolosamente un daño a la sociedad, será deudos a la misma por su
importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la
ineficacia del acto. (Código de Familia Panameño, 1997)
Del artículo citado, puede entenderse que el cónyuge que realice el acto de
disposición a título oneroso sin el consentimiento del otro será deudor por el
importe de la transacción realizada con su cónyuge, asimismo, refiere que este
acto devendrá en ineficaz. La ineficacia en el código civil panameño no se
encuentra definida expresamente, sin embargo, esta es entendida como una
figura contractual que se aplica tanto en la nulidad relativa como en la nulidad
absoluta, así lo refiere la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Primera de lo
Civil del 05 de marzo de 1997:
89
(…) La nulidad absoluta, que es la más grave manifestación de la
ineficacia contractual, se produce cuando faltan los elementos
esenciales del contrato, consentimiento, objeto y causa. En estos
casos no se ha integrado la voluntad negocial o se ha integrado sobre
la base de una ausencia de objeto o de causa falsa o ilícita. Hay, por
lo tanto, una inexistencia de la voluntad negocial. No obstante, cuando
se trata de rescisión o nulidad relativa, los elementos del contrato, ya
analizados, existen, pero en su formación se han introducido
elementos que vician algunos de estos elementos, por cuanto en su
formación ha intervenido error o dolo. No resulta prudente que el
juzgador confunda la naturaleza y efectos de la nulidad absoluta y la
nulidad relativa o rescisión las que, aun cuando ambas inciden sobre
la eficacia del contrato, tal incidencia tiene una fuente distinta, en el
primer caso ausencia o inexistencia de la voluntad negocial, objeto o
causa, y en segundo elementos que inciden o afectan dicha voluntad,
produciendo lo que el Tribunal Superior denomina "una fractura del
consentimiento", fractura ésta que, de existir, presupone la existencia
de dicho consentimiento, si bien viciado. Sin perjuicio de que, en
ambos casos se produce la anulación del contrato, los efectos de uno
y otro, ya señalados en la doctrina de esta Sala, son distintos. (1997,
párr.12)
Sobre lo mencionado, si bien este artículo señala a la ineficacia como remedio
jurídico al acto de disposición de bienes a título oneroso por uno de los
cónyuges, esta figura no se encuentra definida como tal en el código civil
panameño, sino que se entiende que es una manifestación de la nulidad
absoluta o relativa. Ahora, llevado al presente contexto, estaríamos frente a una
nulidad absoluta, al no haberse cumplido con una de las condiciones esenciales
para su formación, la cual es el consentimiento de ambas partes tal como lo
señala el artículo 165 previamente citado.
Por lo expuesto, cabe precisar que, el sistema panameño al igual que el sistema
español tienen un capítulo que regula el régimen económico patrimonial, así
como, artículos en los se hace distinción sobre los actos de disposición de los
bienes gananciales a título gratuito y oneroso, caso contrario, a lo regulado en
el sistema peruano, en el que no existe distinción de los actos de disposición,
por lo que se entendería que resulta aplicable el artículo 315 del Código Civil
90
tanto para actos de disposición a título gratuito y oneroso. Asimismo, debemos
recalcar que, la legislación panameña hizo énfasis en establecer a la nulidad
como aquel remedio jurídico para aquellos actos de disposición de los bienes
gananciales por uno solo de los cónyuges, mientras que, en nuestra legislación
si bien no se ha dispuesto la sanción jurídica aplicable, a través de los
argumentos descritos en las secciones anteriores, se entendería que vendría a
ser la ineficacia.
2.2.21. El Salvador
El Salvador es uno de los países que en su artículo 32 de su Constitución
Política, reconoce a la familia como base fundamental de la sociedad, teniendo
la protección del Estado quien será el ente encargado de dictar la legislación
necesaria para su protección, integración, bienestar y desarrollo social, cultural
y económico.
Es así como, mediante Decreto N°677, la Asamblea Legislativa de la República
de El Salvador aprobó el Código de Familia, teniendo como objeto establecer
el régimen jurídico de la familia, de los menores y las personas mayores, así
como, la regulación de las relaciones entre sus miembros, con la sociedad y
con las entidades estatales.
El Código de Familia establece en su capítulo II sección Primera, las normas
que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y con terceros,
constituyendo así el régimen patrimonial del matrimonio, los cuales son:
separación de bienes, participación en las ganancias y comunidad diferida.
En relación con el acto de disposición de los bienes sociales por uno de los
cónyuges, el artículo 46 del Código de Familia establece lo siguiente respecto
a esa situación:
Artículo 46.- Cualquiera que sea el régimen patrimonial del
matrimonio, la enajenación y constitución de derechos reales o
personales sobre el inmueble que sirve de habitación a la familia
necesita del consentimiento de ambos cónyuges, so pena de nulidad
(…) Cuando no pudiere obtenerse el consentimiento de uno de los
cónyuges, el juez, a petición del otro, podrá autorizar la destinación, la
enajenación, la constitución de derechos reales o personales o la
91
sustitución, según el caso, atendiendo al interés de la familia. (Código
de Familia Salvadoreño, 1993)
Entonces, sobre el artículo citado podemos entender que la administración de
los bienes que conforman el patrimonio social les corresponde a ambos
cónyuges, y que para su enajenación se requiere sus participaciones de
manera conjunta, caso contrario, el acto de disposición devendrá en nulidad.
Esta nulidad se encuentra definida en el artículo 1551 del Código Civil
Salvadoreño:
Artículo 1551.- Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato,
según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede
ser absoluta o relativa. (Código Civil Salvadoreño, 1986)
En esa misma línea, el artículo 1552 del mismo Código establece lo siguiente:
Artículo 1552.- La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la
nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que
las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de
las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas
absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce
nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato. (Código
Civil Salvadoreño, 1986)
Sobre los artículos citados, se puede desprender que estaríamos frente a una
nulidad absoluta, si solo uno de los cónyuges dispone de un bien social, debido
a que se estaría omitiendo uno de los requisitos y formalidad exigida en el
artículo 46 del Código de Familia, que requiere el consentimiento de ambos
cónyuges. Sin embargo, el cuarto párrafo de este artículo también menciona
que, en caso uno de los cónyuges no brinde su consentimiento, el otro podrá
requerirlo ante el juez siempre y cuando dicho acto de enajenación,
destinación, constitución de derechos reales, etc., este debidamente
sustentando, salvaguardando el interés de la familia.
Nuestra legislación peruana al igual que el derecho salvadoreño, establece que
se requiere el consentimiento de ambos cónyuges para realizar actos
92
disposición de bienes sociales, sin embargo, el derecho peruano permite que
uno de los cónyuges pueda ejercer tal disposición a través de un poder
especial. Este caso, por el contrario, no se da en el derecho salvadoreño debido
a que, si no se obtiene el consentimiento del otro cónyuge, este
necesariamente deberá recurrir ante un juez para solicitar la enajenación
unilateral del bien social.
2.2.22. Ecuador
El Código Civil Ecuatorianos es uno de los códigos civiles adaptados del Código
Civil de la República de Chile, también conocido como Código de Andrés Bello
o Código Bello por el nombre de su redactor. Este Código fue aprobado el 21
de noviembre de 1857 y entro en vigor el 01 de enero de 1861. El Código Civil
ha sido objeto de varias modificaciones desde su creación, siendo las dos
últimas la codificación de 2005 y la codificación vigente del 2015.
El parágrafo 4o del Código Civil Ecuatoriano, establece en su artículo 180 la
administración de los bienes por la sociedad conyugal de manera ordinario, el
cual establece lo siguiente:
Artículo 180.- El cónyuge que, por decisión de los contrayentes conste
como tal en el acta de matrimonio o en las capitulaciones
matrimoniales, tendrá la administración ordinaria de la sociedad
conyugal. El administrador se sujetará a las obligaciones
determinadas en la ley y en las capitulaciones matrimoniales, de
haberlas. (Código Civil Ecuatoriano, 1861)
Como puede observarse, en el Código Civil Ecuatoriano establece que la
administración de la sociedad conyugal le corresponderá al cónyuge que, por
decisión de los contrayentes conste en el acta matrimonial, realidad distinta la
normatividad peruana, en virtud del cual en su artículo 313 del Código Civil
dispone que la administración del patrimonio social le corresponde a ambos
cónyuges, sin embargo, cualquiera de ellos podrá facultar al otro para que
asuma exclusivamente la administración de todos o algunos de los bienes
sociales.
93
Por otro lado, el artículo 181° del Código Civil Ecuatoriano, refiere lo siguiente
sobre los actos de disposición de los bienes sociales:
Artículo 181.- El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria
de los bienes sociales necesitará de la autorización expresa del otro
cónyuge para realizar actos de disposición, limitación, constitución de
gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos a motor y de las
acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad
conyugal.
En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para
celebrar estos contratos se encontrare imposibilitado de expresarlo, el
administrador de los bienes sociales deberá contar con la
correspondiente autorización de un juez competente del domicilio del
cónyuge imposibilitado.
Para conceder la autorización, el juez procederá sumariamente, con
conocimiento de causa y previa la determinación de la utilidad,
conveniencia o necesidad de realizar el acto o contrato.
La omisión del consentimiento expreso del cónyuge que no administre
los bienes sociales o de la autorización del juez, en su caso, será
causa de nulidad relativa del acto o contrato. (Código Civil
Ecuatoriano, 1861)
En este caso, la legislación ecuatoriana señala que el cónyuge a cargo de la
administración ordinaria de la sociedad conyugal requerirá la autorización
expresa del otro cónyuge para poder disponer o gravar los bienes sociales,
caso contrario de no obtener dicho consentimiento, podrá requerirlo ante el juez
competente. Ahora, en caso el cónyuge actúe sin consentimiento, el acto
celebrado devendrá en nulidad relativa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1700 del Código Civil Ecuatoriano:
Artículo 1700.- La nulidad relativa será declarada por el juez a petición
de parte. Deberá alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han
establecido las leyes, por sus herederos o cesionarios. Podrá
sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes.
94
Los actos realizados por uno de los cónyuges respecto de los bienes
de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge
cuando este es necesario, son relativamente nulos, y la nulidad
relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era
necesario y faltó.
Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes
del otro, sin tener su representación o autorización, se produce
igualmente nulidad relativa, que puede alegar el cónyuge al que
pertenecen los bienes objeto del acto o contrato. ((Código Civil
Ecuatoriano, 1861)
Ahora, si bien la nulidad relativa en el Código Civil Ecuatoriano es considerada
una sanción legal impuesta por la omisión de los requisitos de validez
establecidos en el artículo 1461 del mismo Código, el cual tiene como efecto la
rescisión del acto o contrato celebrado, esta nulidad también es entendida
como un beneficio jurídico que la ley ha establecido a ciertas personas, a fin de
que no se vean perjudicadas por los actos o contratos celebrados con algún
vicio. Los autores César Coronel Jones y Óscar del Bruto Andrade definen a la
nulidad relativa en el derecho ecuatoriano como:
La nulidad relativa es una sanción de ineficacia impuesta al acto que
no cumple con requisitos de validez, cuando esos requisitos han sido
establecidos en consideración al interés particular de las personas que
celebran el acto (…) Así entendida, la nulidad relativa es un beneficio
que se otorga a ciertas personas que la ley considera necesitadas de
protección. Este beneficio permite a la persona protegida evadir el
cumplimiento de obligación que contrajo y hacer que regrese el mismo
estado de cosas que había antes de que se celebre el acto. (César
Coronel Jones y Óscar del Bruto Andrade, 2013, págs. 78 y 79)
A diferencia del derecho peruano, la legislación ecuatoriana si ha establecido
expresamente la nulidad relativa como aquella sanción jurídica para los actos
de disposición o gravamen de los bienes sociales por uno solo de los cónyuges.
Esta nulidad debe ser alegada por aquel cónyuge no participante ante un juez,
solicitando la rescisión del acto o contrato, el cual tendrá efecto retroactivo, es
decir que el acto celebrado regresará al mismo estado antes de su celebración.
95
2.2.23. Argentina
El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, fue redacto por la Comisión
para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y
Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación designada por el
Decreto 191/2011. El texto Final fue aprobado mediante la Ley N°26 994 de
fecha 01 de octubre de 2014 por el Congreso de la Nación y publicada en el
Boletín Oficial el 08 de octubre del mismo año, entrando en vigor el 01 de
agosto de 2015.
El Código Civil Argentino regula dos tipos de Regímenes Patrimoniales, el
régimen de comunidad de gananciales, en el que los cónyuges quedan
sometidos desde la celebración del matrimonio; y, el régimen de separación de
bienes, en el que cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y
disposición de sus bienes personales.
Con relación a los actos de enajenación de los bienes sociales, el Código Civil
Argentino establece como disposición común el artículo 456 a todos los
regímenes:
Artículo 456.- Actos que requieren asentimiento
Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer
de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles
indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha
dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la
restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis
meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la
extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser
ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del
matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges
conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. (Código
Civil Argentino, 2015)
El Código Civil Argentino plasmo este artículo para no solamente tutelar la
vivienda ganancial o propia dentro del régimen de comunidad de gananciales,
sino también la vivienda personal de cualquiera de los cónyuges que se
encuentran bajo el régimen de separación de bienes, asimismo, adopto el
concepto amplio de vivienda familiar en virtud del cual no solo aplica los bienes
96
inmuebles sino también aquellas viviendas que se materializan en casas
rodantes, barcos, etc., siempre estas sean registrables.
Así también, el Código Civil Argentino dispuso en su artículo 470 el
asentimiento para enajenar o gravar un bien en el régimen de comunidad de
gananciales:
Artículo 470. Bienes gananciales
La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde
al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o
gravar: a) los bienes registrables; b) las acciones nominativas no
endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para
la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. c) las
participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior; d)
los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.
También requieren asentimiento las promesas de los actos
comprendidos en los incisos anteriores. Al asentimiento y a su omisión
se aplican las normas de los artículos 456 a 459. (Código Civil
Argentino, 2015)
Como puede observarse, este artículo se encuentra en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 456 al establecer que, para la enajenación o gravamen
de un bien registral, esto puede ser una vivienda familiar, se necesita que
ambos cónyuges emitan su consentimiento, caso contrario, el cónyuge no
participante del acto tendrá la potestad de demandar la nulidad. El Código Civil
Argentino ha recogido la nulidad absoluta y la nulidad relativa, haciendo
mención que, la primera de ellas corresponde para aquellos actos que
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres, esta puede
ser declarada por el juez, sin mediar la petición de las partes, no pudiendo ser
saneada por la confirmación ni por la prescripción; mientras que, para la
segunda, se dará para aquellos actos que la ley impone esta sanción en
protección del interés de ciertas personas, esta solo puede ser declarada a
instancia de parte en cuyo beneficio se establece, pudiendo sanearse con la
confirmación del acto y por la prescripción de la acción.
97
En el presente caso, estamos frente a una nulidad relativa que puede ser
invocada por el cónyuge que no presto su asentimiento del acto, y que en caso
de obtener sentencia favorable, se deberá regresar las cosas al mismo estado
que estaba antes del acto anulado, implicando la restitución del bien social o el
levantamiento del gravamen; o en todo caso; también el cónyuge afectado
puede confirmar el acto de forma expresa o tácito, salvaguardando de esta
manera el interés de la familia, así como, el derecho de la persona adquiriente
del bien social.
2.2.24. Cuba
El Código de Familia Cubano fue promulgado mediante Ley N°1289 de fecha
14 de febrero de 1975 por el Consejo de Ministros de Cuba y fue puesta en
vigor el 8 de marzo del mismo año, teniendo como objetico regular las
instituciones familiares: matrimonio, divorcio, alimentos, etc., con los objetivos
principales de fortalecer el matrimonio legal o judicialmente reconocido,
teniendo absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer, así como, el
fortalecimiento de la familia para el cumplimiento respecto a la protección,
formación moral y educación de los hijos.
Este Código de Familia Cubano tiene como único Régimen Económico
Matrimonial la Comunidad de Bienes, el cual existirá desde el momento que se
formalice el matrimonio o desde la fecha en que se formalice o reconozca
judicialmente el matrimonio, este régimen cesará cuando el vinculo matrimonial
se extinga por cualquier causa.
Respecto a la enajenación de los bienes sociales, el artículo 36 de la Sección
Cuarta del Código de Familia Cubano establece lo siguiente:
Artículo 36.- Ninguno de los cónyuges podrá realizar actos de dominio en
relación con los bienes de la comunidad matrimonial sin el previo
consentimiento del otro, excepto los de reivindicación para la comunidad.
(Código de Familia Cubano,1975)
Como se puede observar, en cuanto a la disposición de dominio de bienes de
la comunidad, es necesario contar con el consentimiento de ambos cónyuges,
98
sin embargo, no se ha establecido expresamente la sanción jurídica en caso
uno solo de los cónyuges disponga del bien social, pue bien, sobre ello
debemos precisar que, los magistrados cubanos han entendido que es acto
devendría en nulidad de acuerdo con el inciso d) del artículo 67 del Código Civil
Cubano:
Artículo 67.- Son nulos los actos jurídicos realizados: (…)
d) Sin cumplir las formalidades establecidas con carácter de requisito esencial
(Código Civil Cubano, 1987)
En este caso, se entiende que la nulidad devendría como sanción jurídica la
enajenación del bien social por uno solo de los cónyuges al no haberse
cumplido con el requisito esencial de la existencia del consentimiento de ambos
cónyuges, trayendo como consecuencia, de acuerdo con el artículo 68 del
Código Civil Cubano que, este acto nulo no pueda ser convalidado, y solamente
pueda ser impugnado por el cónyuge no interviniente del acto.
2.3. Análisis Jurisprudencial
Jurisprudencialmente, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
ha emitido sentencias contradictorias con relación a las figuras de la nulidad e
ineficacia, como remedios jurídicos al acto de disposición unilateral de los
bienes sociales, los cuales pasamos a detallar a continuación:
2.3.1. Nulidad del acto jurídico
a) Mediante sentencia de Casación expedida en el expediente N°336-2006-Lima,
de fecha veintiocho de agosto de dos mil seis, se indicó lo siguiente:
(…) Cuarto.- Que, en tal virtud, para disponer bienes sociales o
gravarlos, se requiere la inversión del marido y la mujer, salvo que uno
de ellos dé poder al otro para ese efecto, de acuerdo al art. 315 del
C.C., por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de
los bienes inmuebles o los bienes muebles registrables sin
intervención de ambos cónyuges; de tal modo que si, contraviniendo
dicha norma, se practica actos de disposición de bienes sociales por
99
uno de los cónyuges se incurra en la causal de nulidad absoluta de
acto jurídico prevista en el art. 219 inc. 1 del C.C., por falta de
manifestación de voluntad de los titulares del dominio del bien y por
ser contrario a las leyes que Interesan el orden público según artículo
V del Título Preliminar del C.C. (2007, pág. 2)
Si bien el magistrado hace alusión al artículo 315 del Código Civil, que
establece que en caso de disposición o gravamen de los bienes sociales se
requiere la intervención de ambos cónyuges, o que uno de ellos le otorgue el
poder al otro, no realiza un análisis más profundo respecto a si el acto jurídico
celebrado cumple con lo elementos esenciales y concurre en una causal de
nulidad, ni tampoco refiere a las consecuencias jurídicas que pueden recaer
sobre aquel tercer adquiriente del bien.
El magistrado refiere que existe nulidad absoluta, por falta de manifestación de
voluntad de uno de los cónyuges; y, por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Como pudimos aclarar anteriormente, el acto de disposición realizado por uno
de los cónyuges no puede devenir en nulidad, debido a que si existe
manifestación de voluntad por ambas partes. Si bien uno de los cónyuges no
ha participado en el acto de disposición, el Código Civil otorga la posibilidad,
no estableciendo el momento exacto, que se otorgue un poder especial,
pudiendo generar finalmente la ratificación del acto. Por otro lado, el acto
jurídico celebrado no es contrario al ordenamiento jurídico, debido a que el acto
de disposición de bienes no es un acto ilícito, al estar plenamente regulado en
el mismo Código, no siendo contrario al orden público ni a las buenas
costumbres.
Asimismo, otro aspecto importante que ha obviado tener en cuenta el
magistrado, es respecto a la situación del tercero adquiriente del bien social. Al
establecerse la nulidad como remedio jurídico, tendría como consecuencia, que
el acto celebrado por el cónyuge participante sea inválido, no surtiendo efectos
jurídicos y retrotrayendo el acto al momento de la celebración, pasando el bien
nuevamente a propiedad de la sociedad conyugal, generándole finalmente un
perjuicio al tercero de buena fe.
100
b) Mediante sentencia de Casación expedida en el expediente N°835-2014-Lima,
de fecha trece de abril de dos mil quince, se indicó lo siguiente:
El acto jurídico cuestionado consistente en el contrato privado de
compraventa de fecha dieciséis de mayo de dos mil deviene en nulo
por falta de intervención de la demandante en su celebración, pues el
inmueble objeto de transferencia se trata de un bien social que solo
podía ser enajenado con la intervención de ambos cónyuges, de
conformidad con los dispuesto en el artículo 315° del Código Civil.
(2014, pág.1)
De la misma forma, que la anterior sentencia, el magistrado refiere que el acto
celebrado es nulo por falta de manifestación de voluntad por uno de los
cónyuges al no intervenir en el acto de disposición, pues bien, reiteramos que
el acto celebrado no puede devenir en nulidad al existir manifestación de las
partes contratantes para realizar la transferencia del bien social, ahora, también
cabe nuevamente precisar que, el código civil permite que estos actos se
realicen a través de un poder especial no especificando el momento de su
otorgación, por lo que podría este realizarse posteriormente realizándose la
ratificación del acto celebrado.
2.3.2. Ineficacia del acto jurídico
a) Mediante sentencia de casación expedida en el expediente N° 111-2006-
Lambayeque, señaló lo siguiente:
(…) Tercero.- Que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se
ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el art. 315 del
Código sustantivo, siendo que con esta Sentencia Suprema, se
procede a variar criterios anteriormente establecidos, a fin de concluir
que, el supuesto previsto en la norma no recoge un supuesto de
nulidad del acto jurídico, sino uno de ineficacia, el mismo que se
origina que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio
de la sociedad de gananciales (…) Quinto. - Es decir, la intervención
de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de
eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el
101
“poder de disposición que tiene el sujeto con relación a una
determinada situación jurídica” (…) Tal supuesto resulta plenamente
reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser
encontrado también en el art.161 del C.C., a propósito de los efectos
realizados por el denominado falsus procurator (…) (2006, párrs.10 y
12)
En esa misma línea, esta posición respecto a la ineficacia como remedio
jurídico, se realiza en la casación N° 907-2008-Arequipa del veinticuatro de julio
de dos mil dieciocho emitida por la Corte Suprema, la cual refirió lo siguiente:
Que, así en principio debe destacarse que la norma en referencia no
precisa el momento de la intervención del cónyuge para disponer o
gravar el bien, y solo a renglón seguido señala que cualquier de los
cónyuges puede hacerlo si tiene poder especial del otro, esto a fin de
poder actuar por la sociedad conyugal que ambos conforman,
aspectos ambos que conducen a entender que el conflicto incide en
un primer supuesto en la falta de representación, esto es, que al
carecer el cónyuge que celebra el acto de la representación sin poder
de acuerdo al artículo 161 del Código Civil, acto que de acuerdo a tal
artículo resulta ineficaz, siendo siempre pasible de ser ratificado por el
otro cónyuge de acuerdo con su artículo 162, lo que no sucede con el
acto nulo. (2018, párr. 9)
El criterio expuesto por los magistrados en las sentencias citadas, en relación
a la ineficacia como remedio jurídico al acto de disposición de los bienes
sociales por uno de los cónyuges, resulta ser correcta, al hacer un análisis
respecto a los artículos 161 y 162 del Código Civil, al establecer que si bien el
cónyuge interviniente, actúa como un falsus procurator, no teniendo legitimidad
para contratar al no tener un poder especial, finalmente existe una
manifestación de voluntad para realizar el acto de disposición, que puede ser
ratificado posteriormente por el cónyuge no interviniente, generando que dicho
acto siga produciendo sus efectos jurídicos.
Sin embargo, existe un punto que los magistrados de la sentencia citadas al
igual que los magistrados del Octavo Pleno Casatorio no han desarrollado, y
es con relación a la situación y las consecuencias jurídicas de aquel tercero de
102
buena fe, que tendría finalmente el beneficio de quedarse con el bien, al haber
cumplido con los requisitos para ser considerado un tercero registral.
2.4. Hipótesis
2.4.1. General
La disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges devendría en
ineficacia por falta de representación, el cual finalmente puede ser ratificado
mediante un poder especial por el cónyuge no interviniente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 162 del Código Civil.
103
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación se enmarca en el paradigma de una
investigación cualitativa-deductivo; debido a que se tomó en cuenta la
dogmática, el ordenamiento jurídico y doctrina nacional e internacional, así
como jurisprudencia nacional para el análisis del caso planteado.
3.2. Diseño de la investigación
La presente investigación es de tipo de investigación no experimental de corte
transversal, al no haber manipulación ni se sometió a prueba la variable de
estudio. Se tiene como unidad de análisis a los principios, normativas,
jurisprudencias en torno a la nulidad, ineficacia y fe pública registral. Como
técnica de recolección de datos se realizó a través de: Revista LEGIS.PE,
Revista Enfoque de derecho, Revista Laley.pe, Revista ius360, artículos como:
categorías de la ineficacia en el derecho civil, artículo sobre el principio de fe
pública registral y la seguridad en la transferencia de bienes inmueble, nulidad
absoluta y nulidad relativa, nulidad del acto jurídico, la nulidad y anulabilidad
del acto jurídico, la fe pública registral y la falsificación de documentos, efectos
de la legitimación contractual como uno de los requisitos de validez del acto
jurídico en el código civil y ¿Cuándo se produce la nulidad de un acto? y libros
como los siguientes: la proteccion registral al adquirente de buena fe y a titulo
oneroso, las categorías de la ineficacia en el derecho civil, la fe pública registral
y la falsificación de documentos, la nulidad del negocio jurídico – principios
generales y su aplicación práctica y la teoría de las nulidades, su marco
doctrinal y de derecho positivo. Finalmente, la presente investigación tiene
como unidad de observación: la observación de documentos.
104
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Como se ha especificado en la presente Tesis, hasta la fecha, no se ha obtenido una
respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República respecto a qué
tipo de figura jurídica, nulidad o ineficacia, es la más adecuada para resolver cuando
uno de los cónyuges dispone de un bien social sin el consentimiento del otro.
Sin embargo, a través de la investigación realizada en el presente trabajo, la figura
propuesta como remedio jurídico al problema es la ineficacia, por las siguientes
razones:
1. El acto jurídico no es nulo. Si bien existe la falta de intervención de uno de los
cónyuges respecto al acto de disposición, este es un requisito subjetivo dentro del
artículo 315 del Código Civil, al señalar que uno de los cónyuges puede ejercer la
facultad de la disposición, siempre y cuando cuente con un poder especial, el
cumplimiento de ese requisito es el que constituye la eficacia del acto, denominado
legitimidad para contratar, por otro lado, el objeto es físicamente posible, debido a la
existencia de la transferencia del bien; y, jurídicamente posible porque no contraviene
ninguna disposición del ordenamiento jurídico. Finalmente, tiene fin lícito, al no
contravenir el orden público y las buenas costumbres.
2. Al declararse la nulidad, tendría como consecuencia que se declare invalido el acto
celebrado no produciéndose los efectos jurídicos desde el inicio, tanto para las partes
contratantes como para el cónyuge no participante. Tampoco, sería posible obtener
la subsanación, por lo que el tercero de buena fe se vería perjudicado, al no poder
actuar con remedios supletorios establecidos por ley, teniendo como única opción
pedir una indemnización por la afectación de su llamado interés negativo por haber
celebrado un contrato inválido.
3. La figura de la ineficacia debe ser considerada, en razón de que, el acto celebrado
es válido al cumplirse con los elementos esenciales establecidos en el artículo 140
del Código Civil, a pesar de que no exista una manifestación de voluntad por parte
de uno de los cónyuges, ya que este constituye un requisito subjetivo del artículo 315
del Código Civil, tal como se mencionó anteriormente.
4. Del análisis realizado al artículo 315 del Código Civil, este no hace mención en qué
momento los cónyuges deben intervenir manifestando su voluntad, ni exige que estas
105
manifestaciones se realicen al mismo tiempo. Asimismo, nos encontramos ante un
supuesto jurídico que se origina por falta de legitimidad de contratar, el cual debe
entenderse sobre aquel cónyuge que, al no poseer esta legitimidad, carece de poder
para representar la sociedad conyugal en un acto de disposición sobre bienes
sociales, su acto celebrado constituye en una ausencia de representación de acuerdo
con el artículo 161 del Código Civil.
5. En ese mismo sentido, bajo la figura de la ineficacia no solo se estaría protegiendo
al cónyuge afectado, dándosele la oportunidad de poder ratificar el contrato si así le
fuera conveniente, sino también al tercero adquiriente, al permitirle que mantenga la
adquisición del inmueble siempre que haya sido de buena fe, confiando en la
información brindada en Registros Públicos.
6. Por último, se estableció que la prescripción de la ineficacia no es de dos años como
señala la Casación 1996-2013, al no caber la posibilidad de realizar el método de
integración por analogía al no encontrarse permitida por nuestra legislación civil, por
tanto, se considera que la ineficacia es imprescriptible.
106
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Tal como mencionamos al inicio del presente trabajo de investigación, el
matrimonio celebrado entre un varón y una mujer, puede tener dos tipos de
régimen patrimonial en nuestra legislación, el régimen de sociedad de
gananciales o el separación de patrimonios, en este caso, procedimos a
desarrollar un tema muy controvertido en relación al acto de disposición de los
bienes sociales por uno de los cónyuges bajo régimen de sociedad de
gananciales, en el que procedimos analizar la figura jurídica de la ineficacia, y
desestimar el criterio de la nulidad, como remedio jurídico al caso en discusión,
tomando como referencia el Octavo Pleno Casatorio Civil, en el que se estaba
debatiendo las dos figuras jurídicas señaladas.
2. En un primer momento, nos referimos al criterio de nulidad, el cual ha sido uno
de los remedios jurídicos debatidos por el Pleno Casatorio citado, como solución
al acto de disposición unilateral de los bienes sociales, al establecer que se
habían vulnerado los elementos esenciales establecidos en el artículo 140 del
Código Civil.
3. Tal como pudimos comprobar, dicho acto no puede ser causal de nulidad, al
haberse cumplido con los elementos esenciales del acto jurídico, al haber
manifestación de voluntad de las partes contratantes, en este caso, del cónyuge
interviniente y el tercero adquiriente, quienes son finalmente los que establecen
la relación contractual; asimismo, el acto jurídico celebrado, tiene un objeto
físicamente posible, al haber existencia del bien, y, es jurídicamente posible,
debido a que no es contrario al ordenamiento jurídico, ni al orden público ni a las
buenas costumbres; finalmente, en relación a lo mencionado previamente, no
tiene un fin ilícito, al estar plenamente reconocido por nuestro código civil.
4. Asimismo, el acogimiento del criterio de la nulidad tendría como consecuencia
jurídica que, el acto jurídico celebrado sea inválido, o declarado muerto, no
surtiendo sus efectos jurídicos, teniendo como consecuencia la imposibilidad que
el cónyuge no interviniente pueda posteriormente ratificar el acto celebrado; y;
107
que el tercero adquiriente de buena fe pierda el derecho sobre dicho bien,
generándole finalmente un perjuicio a sus intereses.
5. Es por esas razones, que el criterio de la nulidad no es el remedio jurídico que
se acoge al caso en discusión; sino es el criterio de la ineficacia, al haber un
cumplimiento de los elementos esenciales del acto de disposición celebrado por
el cónyuge interviniente con el tercero adquiriente, sin incurrir en causales de
nulidad.
6. De la misma forma, en su momento expusimos que, existe por parte del cónyuge
interviniente, el actuar de un falsus procurator, al tener falta de legitimidad para
contratar, por no tener un poder especial otorgado por el otro cónyuge. Sin
embargo, también argumentamos que, esa manifestación de voluntad adscrita a
un documento de representación no estaba establecido el momento exacto en
que debía realizarse dicho otorgamiento. Asimismo, también reiteramos que, los
artículos 161 y 162 del Código Civil, establecían que el acto celebrado por un
representante que se atribuye derecho es ineficaz, y dicho acto ineficaz puede
ser posteriormente ratificado, teniendo efecto retroactivo y quedando a salvo el
derecho del tercero.
7. La ineficacia, por tanto, tiene como medida jurídica que, el cónyuge no
interviniente realice la ratificación del acto, generando que el tercero de buena fe
adquiriente del bien social no vea afectado sus derechos, y pueda finalmente
cumplir o satisfacer sus intereses.
8. Así también, la ineficacia sirve como manto jurídico protector de aquel cónyuge
no interviniente en la disposición de los bienes sociales, sirviendo, además, como
garantía y protección del patrimonio de la sociedad conyugal, el cual es una base
económica de la institución familiar al permitirle a la familia poder tener intacto
aquel patrimonio, en caso este se enfrente a situaciones irregulares en actos de
disposición por uno de los integrantes de la sociedad conyugal.
9. Por último, debemos precisar que, si bien la prescripción de la ineficacia
constituye un vacío legal, esta no puede aplicarse por analogía al inciso 4 del
artículo 2001 estableciéndole un plazo de dos años, debido a que el método de
integración usado por el magistrado no se encuentra permitida por el artículo IX
108
del Título Preliminar del Código Civil al restringir derechos, por tanto, al no existir
un plazo como disposición general, la ineficacia vendría a ser imprescriptible.
RECOMENDACIONES
Antes de finalizar, sugerimos las siguientes recomendaciones en base a las
conclusiones a que se llegó en el presente estudio:
- Es necesario que la Corte Suprema emita la resolución correspondiente para
el caso que motivó el Octavo Pleno Casatorio Civil debido a que, con dicho
pronunciamiento los magistrados tendrían un mismo tenor al momento de
resolver los futuros casos a presentarse.
- Asimismo, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre el plazo de
prescripción para ejercer la acción de la ineficacia por parte del cónyuge no
interviniente del acto celebrado, debiendo este ser añadido en el artículo 2001
del Código Civil.
- Al ser la figura de la ineficacia el remedio jurídico más adecuado para el acto
de disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges se debe
incorporar en el artículo 315 del Código Civil la siguiente redacción:
“Artículo 315.- Disposición de los bienes sociales
1. Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la
intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede
ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro.
2. En caso uno de los cónyuges disponga o grave un bien social sin la
participación del otro, dicho acto será ineficaz.
3. El cónyuge no interviniente del acto de disposición o gravamen del bien
social puede ratificarlo de acuerdo con el artículo 162 del Código Civil,
teniendo como efectos que el acto sea considere eficaz desde el
momento de su celebración.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de
bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los
cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes especiales.”
109
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gananciales por solo uno de los cónyuges. Lima, Perú. Gaceta Civil & Procesal Civil
N°30
112
GLOSARIO
Bienes sociales: Aquellos bienes llevados al matrimonio como los adquiridos
durante la vigencia del matrimonio, tiene como característica ser comunes para
ambos cónyuges, pueden responder por las deudas contraídas por uno de los
cónyuges.
C.C: Código Civil Peruano
Casación: Recurso contra una decisión de última instancia elevado ante la Corte
Suprema de la República.
Constitutivo: Es un acto que crea derechos nuevos o que modifica una situación
anterior.
Contraprestación: Prestación a la cual se obliga una de las partes, en los contratos
bilateral, para corresponder a lo ofrecido o efectuado por la otra; así, el precio frente
a la cosa o la remuneración frente al servicio.
Disposición de bienes: Acto que tiene como finalidad la transmisión de bienes o
derechos.
Escritura Pública: Documento extendido ante notario, con atribuciones legales para
dar fe de un acto o contrato jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por
las partes estipulantes.
Fe pública registral: Corresponde a los asientos de Registros Públicos, y a las
certificaciones extendidas por los registradores, esta además se encuentra
sustentada en el art. 2014 del C.C, principio de fe pública registral.
Inoponibilidad: Es la imposibilidad de hacer valer un derecho o una defensa.
Interés negativo: Incluye los costos propios por parte de la negociación, así como
también la perdida de la oportunidad al haber celebrado el tercero un contrato
inválido.
Legitimidad para contratar: Es el poder de disposición que tiene una de las partes
en relación con una determinación situación jurídica.
Poder especial: Es un documento legal escrito, firmado por una persona que otorga
poder a otra, para que lo represente ante una situación jurídica, esta persona debe
113
ser mayor de edad y estar en acto de sus facultades. El poder especial solamente se
delega cuando se trata de un asunto sobre un tema específico.
Precedente Vinculante: Es visto desde el derecho objetivo al caso en concreto, el
cual genera una regla jurídica que, genera una interpretación o integración del
ordenamiento dispositivo, lo crea el Juez para un caso específico planteado y que
pueda servir para resolver casos futuros análogos, correspondiendo dicha función a
los órganos jurisdiccionales.
Prescripción: Consiste en la formalización de la situación de un hecho por el paso
del tiempo, que produce la adquisición o extinción de una obligación.
Registro Públicos: Nos referimos a la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP).
Sociedad Conyugal: Conocido como el régimen de sociedad de gananciales, en el
que todos los bienes y rentas obtenidas durante el patrimonio, pertenecen a los
cónyuges en partes iguales.
Tercero de buena fe: Aquel tercero que ha adquirido de una sola persona un bien
que indebidamente aparece como dueño en Registros Públicos en los asientos
registrales, alegando la buena fe al desconocer a la sociedad conyugal.
Título gratuito: Causa jurídica por la cual se adquiere algo sin contraprestación
alguna, como la donación y el legado.
Título oneroso: Causa de adquisición de cosas o derechos a cambio de una
equivalencia económica-financiera
114
ANEXOS
ANEXO N° 1: ENTREVISTAS
1. Entrevista 1
Alex Fernando Placido Vilcachagua, profesor de la Universidad San Ignacio de
Loyola en la carrera de derecho (entrevistado el 06 de noviembre de 2019)
¿Conoce usted el tema que se debate en el VIII Pleno Casatorio Civil? Detalle.
El Octavo Pleno Casatorio tiene por objeto dilucidar si el acto jurídico por el que uno
de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad de gananciales sin la intervención
del otro es un acto jurídico nulo, anulable o ineficaz, lo que presupone establecer los
alcances de los prescrito en el artículo 315 del Código Civil.
¿Cree usted que se cumple con las causales de nulidad del artículo 219 del
Código Civil, para que sea acogido el criterio de nulidad para el acto de
disposición unilateral de los bienes sociales?
Si, el acto practicado sin intervención de uno de ellos y, aún, sin la autorización
supletoria judicial, es nulo por falta de manifestación de voluntad: esta se configura con
la intervención de ambos cónyuges, por el conjunto de sus declaraciones de voluntad
(artículo 219, inciso 1, del Código Civil). Además, la nulidad también se sustenta en la
previsión del inciso 8 del artículo 219 del Código Civil: el acto es contrario a la expresa
previsión del artículo 315 del Código Civil, que exige la actuación conjunta conyugal
con carácter imperativo y que es contravenido por la actuación individual de uno de los
cónyuges
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de nulidad?
De admitirse que la sanción general es la nulidad, podrían alegarla todos aquellos
que tuvieran interés para hacerlo y aun declararla el juez de oficio, cuando en realidad
sólo cabe la alegación del vicio por el cónyuge o sus herederos. Se afirma que el acto
que efectúa el cónyuge es válido y eficaz entre las partes, pero es ineficaz para el
cónyuge que debió también intervenir, para quien el acto es inoponible. Si el acto
fuese considerado nulo, sería inválido e ineficaz.
115
Ahora, en caso se acogiera este criterio ¿El cónyuge no interviniente podría
solicitar una indemnización por daños y perjuicios?
La obligación de devolver los bienes propios del otro al término de la administración
transferida contiene implícitamente la de rendir cuentas y la de indemnizar por los
daños causados por actos dolosos o culposos.
¿En aplicación del artículo 315 del Código Civil, el criterio de ineficacia sería el
remedio jurídico más adecuado para el acto de disposición unilateral de los
bienes sociales?
No, porque el artículo 315 establece que corresponde a ambos cónyuges la
administración del patrimonio social y para disponer de los bienes sociales o gravarlos,
se requiere la intervención del marido y la mujer. De acuerdo con ello, la intervención
conyugal implica el ejercicio de una facultad dominical compartida por ambos
cónyuges. Por eso, la voluntad conjunta conyugal se requiere como elemento
constitutivo necesario para la validez del acto. Asimismo, se sustenta en la previsión
del inciso 8 del artículo 219 del Código Civil: el acto es contrario a la expresa previsión
del artículo 315 del Código Civil, que exige la actuación conjunta conyugal con carácter
imperativo y que es contravenido por la actuación individual de uno de los cónyuges.
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de la ineficacia?
La ineficacia supone un negocio jurídico válidamente formado susceptible de
ejecución, pero que carece de efectos o que lo priva de ellos un hecho posterior, tal
vez extraño a la voluntad de las partes. Ahora, si este acto se considerará si se
ineficaz, sería inoponible frente a terceros que se coloca junto a la impugnabilidad.
¿La falta de legitimidad para representar por parte del cónyuge interviniente
configura un supuesto de ineficacia?
Se sostiene que un supuesto de falta de representación es ineficaz, para ello se recurre
al artículo 292 del Código Civil que señala que la representación de la sociedad
conyugal debe ser realizada por ambos cónyuges, y, por tanto, en la compraventa de
un bien social realizada por un solo cónyuge, éste viene a concertarla sin tener la
representación que se atribuye, conforme el último párrafo del artículo 161 del Código
Civil. Sin embargo, desisto de este criterio por cuanto debe observarse que no existe
entre los cónyuges una entidad diferente a ellos y con personería jurídica, denominada
sociedad conyugal, por tal motivo, la representación legal que propone el artículo 292
del Código Civil no emana de la sociedad conyugal como persona jurídica. Así, cuando
116
un cónyuge otorga poder al otro para practicar un acto de disposición de un bien social,
lo hace por derecho propio y no en nombre de la sociedad conyugal igualmente, el
cónyuge apoderado actúa en nombre de su representado y no por cuenta de la
sociedad conyugal.
¿Cree usted que el criterio de ineficacia protegería al cónyuge no interviniente
y aquel tercero de buena fe adquiriente del bien social?
No, porque por ejemplo nuestra doctrina ha sostenido que la compraventa de un bien
social realizado por un solo cónyuge recae sobre un bien parcialmente ajeno y que la
falta de intervención del otro consorte se debe sancionar con la rescisión del contrato,
diserto de este criterio, por cuanto la alternativa de reducir el precio supone admitir la
disposición de una cuota ideal del bien social y el surgimiento de una copropiedad entre
el tercero y el cónyuge que no intervino en la compraventa; aspectos que son contrarios
a la naturaleza del régimen de sociedad de gananciales.
Además, en la compraventa de un bien social realizada por un solo cónyuge, éste
nunca expresa que está actuando en nombre de la sociedad conyugal o del otro
consorte, la revisión de estos casos ha sido sometidos al Poder Judicial, demostrando
que ello jamás ocurre. Por tanto, de presentarse hipotéticamente esa situación, lo mas
es que el tercero adquirente se abstenga de celebrar el contrato de compraventa hasta
que cuente con la representación suficiente o intervenga el otro consorte, a fin de
preservar su buena fe contractual.
¿Cómo se vería afectado el derecho del tercero de buena fe en caso de
ineficacia o de nulidad del acto jurídico?
Si fuese en caso la ineficacia, este sería inoponible frente a terceros. En caso de
nulidad, el acto será invalido e ineficaz.
¿Piensa usted que esta problemática debe acogerse en una propuesta
legislativa en nuestro Código Civil y no solamente a debates doctrinarios?
Debe resolverse en el Octavo Pleno Casatorio.
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2. Entrevista 2
Jorge Alberto Beltrán Pacheco, profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola en
la carrera de derecho (entrevistado el 13 de noviembre de 2019)
¿Conoce usted el tema que se debate en el VIII Pleno Casatorio Civil? Detalle.
Según recuerdo tu investigación gira entorno al debate que se suscitó del Pleno
Jurisdiccional Octavo que nunca se publicó y salió simplemente un borrador, pero
que de una y otra manera se ha resuelto con el Noveno Pleno Casatorio, y es sobre
la disposición de los actos de los bienes gananciales por los actos exclusivos de uno
de los cónyuges.
¿Cree usted que se cumple con las causales de nulidad del artículo 219 del
Código Civil, para que sea acogido el criterio de nulidad para el acto de
disposición unilateral de los bienes sociales?
No, lo que pasa es que una de las dos posiciones que se debatieron que algunos
sostenían que el artículo 315 del Código Civil Peruano establece que para disponer
de los bienes sociales se necesita la intervención de ambas cónyuges, y había como
una tesis que yo también seguía hace muchos años, en la que la manifestación de
voluntad es una sola y que si no intervienen los dos la manifestación de voluntad no
se ha consolidado, no se ha elaborado completamente, por tanto, hay ausencia de
voluntad y seria nulo, otros dicen que no, que es un supuesto de objeto jurídicamente
imposible, porque para que sea jurídicamente posible deben intervenir los dos, pero,
no estoy de acuerdo con esta posición, yo asumo más la posición que fue la
mayoritaria en aquel pleno jurisdiccional que propone la ineficacia, es decir, la
inoponibilidad por temas de representación defectuosa.
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de nulidad?
Si fuese un supuesto de nulidad con cual no comparte, obviamente, se generaría que
el acto no produciría sus efectos jurídicos y que en todo caso los cónyuges tendrían
que volver a expresar su voluntad para efectos de disponer ese bien social, y el
beneficio o acreedor del bien que no va a poder ver satisfecho tendría que ver
simplemente ver si invoca el adquiriente de buena fe que ignoraba de las
circunstancias, ir a registros públicos ver la ficha registral se da la sorpresa que es la
propiedad de uno de ellos, lo que a veces no pasa que no cambian el estado de
casado o soltero y a veces hay bienes que se figuran como soltero cuando la persona
118
ya está casado. El problema más que nada es informativo, de actualización de
información.
Ahora, en caso se acogiera este criterio ¿El cónyuge no interviniente podría
solicitar una indemnización por daños y perjuicios?
Es lo que razonablemente habría que hacer, si alguien pensase la nulidad del negocio
jurídico como han afectado interés porque tú has querido disponer de mis bienes sin
mi autorización, me has generado un daño y por lo tanto se me tendría que pagar un
resarcimiento, solo que también hay otra vertiente de pensamiento que entre
cónyuges no hay daños, que de alguna u otra manera no hay resarcimiento entre
cónyuge, pero desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con eso, porque
finalmente cada uno es titular de una porción del bien, si lo vemos asimilable a una
copropiedad, cosa que propiamente no es una copropiedad.
¿En aplicación del artículo 315 del Código Civil, el criterio de ineficacia sería el
remedio jurídico más adecuado para el acto de disposición unilateral de los
bienes sociales?
Si, pero no cualquier tipo de ineficacia, porque hay varios tipos de ineficacia, hay
ineficacias absolutas, relativas, funcionales y estructurales, y dentro de las
funcionales la rescisión, resolución, reversión, inoponibilidad propiamente dicha, en
ese caso sería la imponibilidad es que decir que el acto no produciría efectos para el
cónyuge que no intervino por representación defectuosa, en realidad no es
representación defectuosa sino ausencia de representación, hay diversos problemas
representativos: representación defectuosa, ausencia de representación y la
representación extralimitada. La representación defectuosa es que tú tienes
apoderamiento, pero lamentablemente tu apoderamiento no incorpora todas las
facultades que tu desearías, la representación extralimitada es cuando va más allá
de lo que tú puedes actuar y la ausencia de representación, no habido representación
otorgada y ese sería el supuesto ya que nadie le otorgo al cónyuge que intervino
algún tipo de representación.
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de la ineficacia?
El acto no produciría consecuencias jurídicas con el cónyuge que no intervino,
inoponibilidad.
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¿La falta de legitimidad para representar por parte del cónyuge interviniente
configura un supuesto de ineficacia?
Lo que sucede es que, la legitimidad no es un requisito de validez de un negocio
jurídico, la capacidad si la legitimidad no, lo que pasa es que cuando hablamos de
representación, legitimidad refiere a la posibilidad de tu actuar vinculando a otro,
entonces, obviamente, si tu finges como representante tú crees ser representante te
presentas soy pero no lo soy, estas actuando en una situación que no es la que
realmente existe, lo cual sería una falta de legitimidad, la legitimidad es actuar
válidamente en el mundo del derecho vinculando a otra persona.
¿Cree usted que el criterio de ineficacia protegería al cónyuge no interviniente
y aquel tercero de buena fe adquiriente del bien social?
Con la ineficacia se protege al cónyuge que no intervino porque no va a haber
vinculación con para con él, no se va a haber afectado con los efectos del acto de
disposición, y al tercero, bueno obviamente, al tercero de buena fe consideraría que
también, es como contratar con alguien que no tenía representación, entonces, yo
tampoco como tercero puedo hablar de que si tiene que haber efectos porque yo
actúe de buena fe.
Que pasa, yo sé lo que quieres decir con esta pregunta, cuando tú le compras o
adquieres un bien de otro y tú ves la información de registros públicos, tú crees en la
veracidad de todo esto y te quieres poner en el lugar del tercero buena fe y que el
tercero no puede ser afectado, es decir, tiene que haber un respeto a la validez del
contrato y su eficacia, pero acuérdate que eso fue cambiado por unas normas en los
últimos años, y la buena fe ya no es la simple creencia de que tengo el derecho, sino
tienes que ir hasta titulo archivado y ahora con la interconexión con registros públicos
incluso existe la conexión para saber si estas casado o no, hoy registros públicos
sabe si estas casado o no, desde el momento que la municipalidad tiene la partida el
acta de matrimonio y la socializa a las otras entidades del estado.
Ahora, también cuando hay un caso de representación sin apoderamiento o excesiva
o abusiva, la solución a estos problemas se hace con la ratificación, cuando el
supuesto representado o el que fue representado de manera indebida, considera que
el acto si el eficaz u oponible en otras palabras, y eso produciría los efectos para con
él.
120
¿Cómo se vería afectado el derecho del tercero de buena fe en caso de
ineficacia o de nulidad del acto jurídico?
(se conversó respecto a eso en la anterior pregunta)
¿Piensa usted que esta problemática debe acogerse en una propuesta
legislativa en nuestro Código Civil y no solamente a debates doctrinarios?
No, porque si es que entendemos bien los alcances del tema estaríamos frente a los
alcances del artículo 161 del Código Civil, que regula el tema de representación,
derrepente si se quisiera hacer un correctivo legislativo sería en el artículo 315,
agregando una frase resulta aplicable lo dispuesto en el artículo del Código Civil.
Pero, te comento en el octavo pues obviamente se marcó por la tesis la
representación y la inoponibilidad, pero el noveno que no va haber otorgamiento de
escritura pública cuando el acto que se busca protocolizar es manifiestamente nulo
y pone como supuesto, manifiestamente nulo el acto de disposición de un bien social
por uno de los cónyuges, entonces como que el noveno pleno te está diciendo si es
nulo para mí, pero no ha habido un exposición de la Corte Suprema que diga
literalmente que sí.
Yo creo que, igualmente la Corte Suprema debe emitir su sentencia, es una sentencia
casatoria que debe expedirse, y que hasta ahora no se ha expedido.
3. Entrevista 3
Jairo Napoleón Cieza Mora, profesor de la Universidad de Lima en la carrera de
derecho (entrevistado el 29 de enero de 2019).
¿Conoce usted el tema que se debate en el VIII Pleno Casatorio Civil? Detalle.
El punto de discusión, por lo menos que ha sido expresamente abocado al momento
de la convocatoria al VIII Pleno Casatorio, consiste en ¿Cuál es la consecuencia
jurídica/cuáles son los mecanismos de tutela/ cuáles son los remedios jurídicos, que
existen para el cónyuge que no participó en la venta de un bien que pertenece a la
Sociedad de Gananciales?
Es decir, el supuesto es, un bien que pertenece a la Sociedad de Gananciales es
dispuesto, es enajenado no por ambos cónyuges sino sólo por 1 de ellos. Por ello, la
pregunta que plantea el VIII Pleno Casatorio es: ¿Qué remedios, mecanismos de
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protección tiene el cónyuge que no participó en esa venta respecto de ese acto de
disposición?
En principio, ese es el panorama de discusión, lo cual no implica que, en función de
este, se generen otros problemas a discutir, tales como: determinar el plazo de
prescripción aplicables a la pretensión que vaya a ejercer el cónyuge que no participó,
o, por ejemplo, con los procesos que han sido iniciados y que se encuentran en
trámite. ¿Qué pasa si se iniciaron procesos de nulidad de estos contratos, y luego, la
Corte Suprema sostenga que esos contratos no son nulos sino válidos? La pregunta
sería ¿Esos procesos de nulidad terminan, continúan, se adecuan?
Esto último, no ha sido enfocado directamente en el Pleno, no generando una tutela
completa.
En definitiva, si uno analiza cuál es el remedio que predomina en el ordenamiento
peruano, se dará cuenta que es la Nulidad. Entonces, lo que debemos preguntarnos
¿Es un remedio coherente?
¿Cree usted que se cumple con las causales de nulidad del artículo 219 del
Código Civil, para que sea acogido el criterio de nulidad para el acto de
disposición unilateral de los bienes sociales?
Lo primero que deberíamos determinar es analizar si este contrato incurre en alguna
de las causales de nulidad. La jurisprudencia tiene en cuenta las siguientes causales
de nulidad en este tipo de negocios: Falta de manifestación de voluntad (art.219 inc.1
del CC), objeto jurídicamente imposible, Fin ilícito y contravención al Título V del
Título Preliminar del CC.
Esto tiene una serie de inconvenientes en realidad, ya en la exposición que realizaron
los amicus de la Corte al momento de realizarse la audiencia del VIII Pleno Casatorio;
eliminaron o aclararon las dudas de porqué estas causales de nulidad no se aplican.
Está claro que no se puede dar el supuesto de falta de manifestación de voluntad,
pues, existe un cónyuge que, si está participando y hay un comprador que sí está
participando, y ambos han emitido la voluntad respectiva, por ello no se puede dar el
supuesto.
No se podría dar el supuesto de objeto jurídicamente imposible porque el
ordenamiento peruano tiene una habilitación expresa para la realización de actos de
disposición de bienes ajenos, esto expresado en el art. 1409 numeral 2, entonces, si
122
el ordenamiento lo admite no podría ser considerado como objeto jurídicamente
imposible.
Y, tampoco podría ser considerado un fin ilícito, por lo menos haciendo un análisis
en abstracto, porque si estamos hablando de un contrato, la finalidad de este estaría
predeterminada por la común intención tanto de del cónyuge que dispone y tanto del
comprador, y que en este propósito común en la realización de este contrato haya
una finalidad ilícita, lo cual no es lo que siempre sucede, porque generalmente el
comprador es el que actúa de buena fe.
Entonces, bien en abstracto se debe descartar que estemos en un supuesto de fin
ilícito, en concreto podríamos estar en una circunstancia de tal magnitud si es que se
logra acreditar.
Por último, que se contravenga el artículo V del Título Preliminar, analizando el
artículo 315, el cual dispone que, para la disposición de bienes sociales, se requiere
de la participación del marido y mujer. Entonces, esta vendría a ser una norma
imperativa, te está indicando como debe ser el acto de disposición y bajo qué
mecanismos se tiene que producir. Sin embargo, el inciso 8 tiene una salvedad pues
sostiene que el acto jurídico es nulo cuando se contraviene el artículo V del Título
Preliminar a menos que la ley sostenga sanción diversa.
Entonces, surgen varias discusiones, ¿qué es lo que se debe analizar para
determinar la contravención del artículo V del Título Preliminar del CC.? ¿La finalidad
de las partes? Si es así, estaríamos frente a la reiteración de la causal de fin ilícito y
estaríamos en la misma discusión. Si es que no ha habido una finalidad en común
que contravenga el ordenamiento, entonces el contrato será perfectamente válido,
pero ¿qué es lo que pasa si esta contravención al ordenamiento no sólo es de la
finalidad, sino respecto de las conductas de las partes, incluso consideradas
aisladamente? En ese caso, entendiendo negocio ilícito se podría justificar la causal
de nulidad.
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de nulidad?
- Se aplicaría la mayor sanción no un remedio jurídico.
- Tiene consecuencias en el momento de medir la indemnización, por un lado, se
encuentra el escenario cuando una persona solicita una indemnización cuando
un contrato es nulo (se busca poner a la persona en la misma posición que estaría
123
si el contrato no se hubiese celebrado) y otro escenario es cuando el contrato es
válido.
En la ineficacia no pasaría ello, porque sencillamente el contrato es válido y es
eficaz entre las partes que participaron.
- Si el contrato es nulo, el plazo está establecido por la norma, y este es de 10
años.
Ahora, en caso se acogiera este criterio ¿El cónyuge no interviniente podría
solicitar una indemnización por daños y perjuicios?
Si, la tutela resarcitoria es aplicable si se cumplen los elementos de la
responsabilidad civil. Imputabilidad, antijuridicidad, causalidad, factor de atribución,
daño.
¿En aplicación del artículo 315 del Código Civil, el criterio de ineficacia sería el
remedio jurídico más adecuado para el acto de disposición unilateral de los
bienes sociales?
Sí, pues cuando el artículo 315 establece que ambos cónyuges deben participar en
el negocio para disponer de los bienes sociales, se trata de la legitimidad para
contratar y no de la validez, respecto a ello se separa de la doctrina que aseguraba
que si no intervienen ambos cónyuges entonces falta la manifestación de voluntad
de ese cónyuge lo cual produce falta de validez y por lo tanto el negocio es nulo.
Algunos argumentos de forma por los cuales se sustentaría que el criterio de
ineficacia sería el remedio jurídico más adecuado:
- El artículo no menciona expresamente que si no intervienen los dos cónyuges en
la disposición de los bienes inmuebles generaría que el negocio sea nulo.
- El artículo 140 del Código Civil establece que: el acto jurídico tiene validez si es
que no incumple la observancia de forma prescrita bajo sanción de nulidad.
- El artículo 315 no expone expresamente que la falta de manifestación de voluntad
del cónyuge que no interviene vendría a ser un requisito para que se diera la
nulidad del acto jurídico.
- El inc. 4 del artículo 221 del Código Civil, expone: cuando la ley lo declara
anulable…; la Ley tampoco establece que para este caso se debe proceder con
el remedio de la anulabilidad, sin embargo, bien sabemos que la jurisprudencia y
doctrina protegen al negocio jurídico, por ello, es que no se debería aplicar la
medida más extrema (sanción estricta), como viene a ser la nulidad.
124
¿Qué efectos generaría la aplicación del criterio de la ineficacia?
Es de relevancia añadir que; este tipo de negocios son negocios ineficaces, son
negocios perfectamente válidos en su estructura. Por ende, lo único que se generaría
sería la inoponibilidad, es decir, este acto vinculará al vendedor y al comprador, pero
este acto no podrá ser opuesto respecto del cónyuge, entre comillas porque en
realidad sería inoponible a la sociedad de gananciales, que es titular del bien materia
de disposición, pero sería una solución ajena a la nulidad.
El razonamiento aquí es totalmente diferente porque no está orientado a fijar la
nulidad o la anulabilidad del negocio, sino, está orientado a determinar mediante un
parámetro teórico cuál es la consecuencia jurídica aplicable.
El efecto más importante es que protegería al cónyuge no interviniente y aquel tercero
de buena fe. Pues, permite al cónyuge defraudado mantener a salvo sus intereses y
en caso reconsidere el acto, puede ejercer su derecho de ratificarlo y adherirse a él.
Asimismo, si se opta por la ineficacia, la norma no ha establecido un plazo de
prescripción, entonces, lo lógico sería que estemos en una acción de tipo
imprescriptible.
¿La falta de legitimidad para representar por parte del cónyuge interviniente
configura un supuesto de ineficacia?
La posición respecto a la ineficacia, no se reconduce a un tema de validez sino lo
reconduce a un tema de eficacia, porque considera que hay un elemento particular
que no está presente al momento de realizar los actos de disposición, ese elemento
vendría a ser la legitimación.
La legitimación entendida como esta aptitud de disponer la titularidad de una
determinada situación jurídica. En el caso de disposición del bien social por orden de
los cónyuges es claro, quién es el legitimado para realizar la disposición es la
participación conjunta del marido y de la mujer. En el presente caso, solo participando
uno de ellos, tenemos que la legitimación no se presenta como suficiente. Esa
competencia para disponer que pertenecía a los dos, la está ejercitando solo uno.
¿Cree usted que el criterio de ineficacia protegería al cónyuge no interviniente
y aquel tercero de buena fe adquiriente del bien social?
Sí, la ineficacia los protegería.
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¿Cómo se vería afectado el derecho del tercero de buena fe en caso de
ineficacia o de nulidad del acto jurídico?
Si se considera que el negocio es nulo, pues entonces el negocio es nulo para todos.
Es una de las características de la nulidad, la nulidad del contrato se opone a todos.
Y, ese todos no es sólo el cónyuge que no participo, sino también lo es el comprador.
Y si esto funciona así, se crea un problema para el comprador, pues, el comprador,
en principio, si esto lo llevamos a la esfera normativa de compra venta, por ejemplo,
si tiene un remedio especifico respecto a la disposición de bienes ajenos o
parcialmente ajenos, que es la rescisión, rescisión que sólo se explica en los
contratos que no incurren en una causal de nulidad.
Entonces, si se opta por una nulidad se está protegiendo al cónyuge que no participo,
pero se está desprotegiendo al comprador, porque se le está quitando el mecanismo
de protección que el ordenamiento ha previsto para él, que presupone un contrato
que es válido.
¿Piensa usted que esta problemática debe acogerse en una propuesta
legislativa en nuestro Código Civil y no solamente a debates doctrinarios?
Se debe exigir a la Corte un pronunciamiento más específico, respecto al art. 219, en
donde se expone es nulo cuando se contraviene el artículo V del Título Preliminar,
salvo que la Ley sancione una consecuencia distinta. La pregunta es ¿qué pasa
cuando la Ley no sanciona esa consecuencia distinta? ¿La jurisprudencia, ¿el Juez,
pueden establecerlo?
La Posición que tuvieron los amicus que participaron en el VIII Pleno Casatorio, era
que no, tomaron posición de que en principio todos los mecanismos de tutela jurídica
y los aspectos concretos de estos, los remedios jurídicos deben estar
predeterminados por la norma. Particularmente opino, que esa posición debe ser
precisada, no se puede perder de vista a quien queremos tutelar, no sólo debemos
tutelar al cónyuge que no participo, o a la sociedad de gananciales como instituto
familiar de orden público, sino también se debe tutelar al comprador.
Entonces, la solución a buscar tiene que ser una que pondere adecuadamente los
intereses, ponderación que creo no se ha trabajado, ponderación que, según mi
opinión, puede ser realizada por el Juez.
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ANEXO N° 2: CUADRO COMPARATIVO DE ENTREVISTAS
ENTREVISTADOS
Alex Fernando Placido Vilcachagua
Jorge Alberto Beltrán Pacheco Jairo Napoleón Cieza Mora
¿Conoce usted el tema
que se debate en el VIII
Pleno Casatorio Civil?
El VIII Pleno Casatorio tiene por
objeto dilucidar si el acto jurídico por
el que uno de los cónyuges dispone
de bienes de la sociedad de
gananciales sin la intervención del
otro es un acto jurídico nulo, anulable
o ineficaz, lo que presupone
establecer los alcances de los
prescrito en el artículo 315 del Código
Civil.
El Octavo Pleno Casatorio se debate la
disposición de los actos de los bienes
gananciales por los actos exclusivos de
uno de los cónyuges.
El supuesto es un bien que pertenece a la
Sociedad de Gananciales es dispuesto, es
enajenado no por ambos cónyuges sino sólo
por 1 de ellos. Por ello, la pregunta que
plantea el VIII Pleno Casatorio es ¿Qué
remedios, mecanismos de protección tiene
el cónyuge que no participó en esa venta
respecto de ese acto de disposición?
¿Se cumple con las
causales de nulidad del
artículo 219 del Código
Civil?
Si, el acto practicado sin intervención
de uno de ellos y, aún, sin la
autorización supletoria judicial, es
nulo por falta de manifestación de
voluntad: esta se configura con la
intervención de ambos cónyuges, por
el conjunto de sus declaraciones de
voluntad (artículo 219, inciso 1, del
Código Civil). Además, la nulidad
también se sustenta en la previsión
del inciso 8 del artículo 219 del Código
Civil: el acto es contrario a la expresa
previsión del artículo 315 del Código
No, porque existe manifestación de
voluntad a pesar de no haber intervenido
ambos cónyuges. Asimismo, no es un
objeto jurídicamente imposible, porque
para que sea jurídicamente posible deben
intervenir los dos, pero no estoy de
acuerdo con esta posición.
No se puede dar el supuesto de falta de
manifestación de voluntad, pues, existe un
cónyuge que, si está participando y hay un
comprador que sí está participando, y ambos
han emitido la voluntad respectiva, por ello
no se puede dar el supuesto.
No se podría dar el supuesto de objeto
jurídicamente imposible porque el
ordenamiento peruano tiene una habilitación
expresa para la realización de actos de
disposición de bienes ajenos, esto
expresado en el art. 1409 numeral 2,
entonces, si el ordenamiento lo admite no
127
Civil, que exige la actuación conjunta
conyugal con carácter imperativo y
que es contravenido por la actuación
individual de uno de los cónyuges
podría ser considerado como objeto
jurídicamente imposible.
Tampoco podría ser considerado un fin
ilícito, porque la finalidad de este estaría
predeterminada por la común intención tanto
de del cónyuge que dispone y tanto del
comprador, y que en este propósito común
en la realización de este contrato haya una
finalidad ilícita, lo cual no es lo que siempre
sucede, porque generalmente el comprador
es el que actúa de buena fe.
¿En aplicación del
artículo 315 del Código
Civil, el criterio de
ineficacia sería el
remedio jurídico más
adecuado para el acto de
disposición unilateral de
los bienes sociales?
No, porque el artículo 315 establece
que corresponde a ambos cónyuges
la administración del patrimonio social
y para disponer de los bienes sociales
o gravarlos, se requiere la
intervención del marido y la mujer. De
acuerdo con ello, la intervención
conyugal implica el ejercicio de una
facultad dominical compartida por
ambos cónyuges. Por eso, la voluntad
conjunta conyugal se requiere como
elemento constitutivo necesario para
la validez del acto. Asimismo, se
sustenta en la previsión del inciso 8
del artículo 219 del Código Civil: el
acto es contrario a la expresa
Si, en este caso sería la ineficacia
funcional dentro la cual tenemos la
inoponibilidad, es decir que el acto no
produciría efectos para con el cónyuge
que no intervino por ausencia de
representación.
Sí, pues cuando el artículo 315 establece
que ambos cónyuges deben participar en el
negocio para disponer de los bienes
sociales, se trata de la legitimidad para
contratar y no de la validez, respecto a ello
se separa de la doctrina que aseguraba que
si no intervienen ambos cónyuges entonces
falta la manifestación de voluntad de ese
cónyuge lo cual produce falta de validez y
por lo tanto el negocio es nulo.
128
previsión del artículo 315 del Código
Civil, que exige la actuación conjunta
conyugal con carácter imperativo y
que es contravenido por la actuación
individual de uno de los cónyuges
¿Qué efectos generaría
la aplicación del criterio
de la ineficacia?
La ineficacia supone un negocio
jurídico válidamente formado
susceptible de ejecución, pero que
carece de efectos o que lo priva de
ellos un hecho posterior, tal vez
extraño a la voluntad de las partes.
Ahora, si este acto se considerará si
se ineficaz, sería inoponible frente a
terceros que se coloca junto a la
impugnabilidad.
El efecto sería que el acto no produciría
consecuencias jurídicas con el cónyuge
que no intervino, inoponibilidad.
En la ineficacia el contrato es válido y es
eficaz entre las partes que participaron.
¿Cree usted que el
criterio de ineficacia
protegería al cónyuge no
interviniente y aquel
tercero de buena fe
adquiriente del bien
social?
No, porque admitir la disposición de
una cuota ideal del bien social y el
surgimiento de una copropiedad entre
el tercero y el cónyuge que no
intervino en la compraventa; aspectos
que son contrarios a la naturaleza del
régimen de sociedad de gananciales.
Con la ineficacia se protege al cónyuge
que no intervino porque no va a haber
vinculación con él, por tanto, este
cónyuge no se verá afectado con los
efectos del acto de disposición, y con
respecto al tercero de buena fe, esta debe
ser probada revisándose hasta los títulos
archivados de los Registros Públicos.
Sí, la ineficacia los protegería.
¿Piensa usted que esta
problemática debe
acogerse en una
propuesta legislativa en
Debe resolverse en el Octavo Pleno
Casatorio.
No, porque si es que entendemos el tema
estaríamos dentro de los alcances del
artículo 161° del Código Civil, que regula
el tema de representación. Derrepente si
Se debe exigir a la Corte un pronunciamiento
respecto al art. 219, en donde se expone es
nulo cuando se contraviene el artículo V del
129
nuestro Código Civil y no
solamente a debates
doctrinarios?
un correctivo legislativo se quiere hacer,
sería en el 315° agregando una frase
“resulta aplicable lo dispuesto en el
artículo 161° del Código Civil.”
Título Preliminar, salvo que la Ley sancione
una consecuencia distinta.
Particularmente opino, que no se puede
perder de vista a quien queremos tutelar, no
sólo debemos tutelar al cónyuge que no
participo, o a la sociedad de gananciales
como instituto familiar de orden público, sino
también se debe tutelar al comprador.
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