La Dictadura 1976-1983

--Definición-- Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), estuvo vigente un <Estado Terrorista> que, sobre la base de quebrantar el orden constitucional y el Estado de Derecho, desplegó un sistemático uso del terror, como método de reorganizar las relaciones sociales de la sociedad argentina en tres niveles: a nivel social (a través de la destrucción de relaciones sociales contestatarias, críticas, de solidaridad y cooperación), a nivel político (despolitizando a la sociedad y quebrando los proyectos políticos alternativos basados en la justicia y transformación radical del capitalismo) y a nivel económico (con la destrucción de la industria y la imposición de un nuevo modelo económico de valorización financiera)

--Contexto internacional-- Las dictaduras militares “institucionales” fueron un fenómeno generalizado en los países del Cono Sur. Como anteriormente vimos, se instauraron en la década del ’60 y, con transformaciones internas, se prolongaron hasta la década del ’80. La primera de ellas fue la instaurada en Brasil, la cual se prolongó 21 años (1964-1985). A ella le siguió la dictadura en Bolivia (1971-1978), en Chile (1973-1990), en Uruguay (1973-1984), en Argentina (1976-1983) y otra vez en Bolivia (1980-1982). Al respecto, es interesante señalar que la dictadura más represiva y sanguinaria del Cono Sur tuvo lugar en el mismo país donde el populismo se había expresado con más fuerza, esto es, la Argentina, con 30.000 desaparecidos. A ella le siguió la dictadura chilena, con poco más de 2.000 muertos y un régimen totalitario de enorme control sobre todo el territorio.

¿Cuál fue la postura de EE.UU frente a los nuevos gobiernos de facto? Como bien sugieren Ansaldi y Giordano (2012), “la cínica invocación a la democracia realizada por Estados Unidos durante la Guerra Fría se convirtió, en América Latina, en una desnuda y despiadada política de apoyo a los Estados Terroristas de Seguridad Nacional basados ideológicamente en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)”. Según esta doctrina, el comunismo acabaría con las libertades y los derechos individuales en el país donde se instaurara, por lo tanto, las violaciones a los DD. HH. “necesarias” para evitar la acción o la instauración del comunismo, eran vistas como un daño colateral o un “sacrificio menor”. De esta forma, y en medio del clima de ebullición social, la actitud de EE.UU y del nuevo presidente, Lyndon Johnson, tras el asesinato de Kennedy, fue bien clara: apoyo abierto a los golpes militares favorables a sus intereses. Los militares eran, para EE.UU, la garantía más sólida contra el peligro del “castro-comunismo”. Había que destruir al “enemigo interno”. El Departamento de Estado y personajes como Henry Kissinger (Secretario de Estado del Gobierno de Richard Nixon desde 1973), estuvieron de un modo u otro involucrados en los golpes y en la represión sistemática. La CIA, por su parte, participó activamente en estos procesos dictatoriales.

¿Qué es el Estado Terrorista?

Dentro del abanico de interpretaciones de la Dictadura, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la más sugerente es, a los objetivos de la materia <Sociedad y Estado>, la esbozada por Eduardo Luis Duhalde en su libro El Estado Terrorista Argentino (2009). Para este autor, si bien ya desde 1972 se produjeron desapariciones y asesinatos de prisioneros políticos con la masacre de Trelew, a la vez que un sector del peronismo de derecha fue configurando un

terrorismo paraestatal, es recién con el Proceso de Reorganización Nacional cuando la participación de los aparatos represivos del Estado en la aplicación de tecnologías de terror alcanzó un carácter global. Del terrorismo estatal se pasó al Estado Terrorista, con plena institucionalización de la muerte y el terror y de todas las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal.

¿Por qué se necesitó un Estado Terrorista? Porque se requería no sólo la supresión de los

mecanismos de representación y expresión de la sociedad civil sino la imposición de

determinados comportamientos sociales con el propósito último de lograr la reconversión

del modelo económico de la Nación.

La dictadura de 1976, como sostiene Basualdo (2001), fue la expresión política de un nuevo

patrón de acumulación internacional y nacional basado en la valorización financiera (es decir, en las

actividades de inversión, créditos, de servicios, etc.) en detrimento de la valorización productiva (es

decir, de la industria y los sectores dinámicos que requerían mano de obra). En esta dirección, era

imprescindible expulsar fuerza de trabajo, ya no se requerían tantos obreros dado que la producción

de bienes de capital, indumentaria y otras mercancías, dejaban de ser el eje de la economía

argentina. Claro que este proceso no se desarrolló sin conflictos ni resistencia. Los obreros no iban

a permitir pasivamente la conformación de una nueva economía que los excluía del proceso de

producción y, por sobre todo, que los imposibilitaba para reproducirse en condiciones normales, con

derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a un salario mínimo y móvil, etc. Durante el

peronismo habían conseguido efectivizar un conjunto de derechos sociales y laborales

significativos. En muchos aspectos, el movimiento obrero de la Argentina era uno de los más

importantes, si no el más importante de América Latina, con una conciencia de clase muy fuerte.

Por esta razón, las nuevas reformas estructurales (que veremos más adelante) diseñadas por el

Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no podían ejecutarse con un Estado

autoritario, como el de la Revolución Argentina. Era preciso un Estado Terrorista, ya que era

imposible militarizar todo el aparato productivo para lograr un cambio en el patrón de acumulación

del capital. La coerción debía ser ahora “permanente e idéntica a la que produjera el hecho de que

cada obrero (…) estudiante o profesional, tuviera la bayoneta sobre su espalda…”.Todo esto no se

podía obtener con “leyes especiales”, sólo era posible mediante el terror como método y práctica

permanente. Un terror que debía tener suficiente fuerza disuasoria. El asesinato de algunos debía

ser ejemplo para la sociedad entera. Un objetivo fundamental de la dictadura fue el aniquilamiento

de buena parte de los cuadros políticos que organizaban a los sectores populares. Aunque, como

expresa Halperín Donghi, no era tanto la muerte sino el miedo a la muerte, “la abrumadora

monotonía de vivir con miedo” (Halperín Donghi, 1999).

Sistema político

Desde la óptica de Ansaldi, la dictadura del ’76 (al igual que la del ’66) fue una dictadura institucional porque las FF.AA establecieron e hicieron efectivas una serie de normas para la sucesión en el ejercicio del Gobierno, asegurando la continuidad. No era institucional por el respeto a las instituciones democráticas sino porque se proponían institucionalizar un nuevo orden.

Dictadura institucional

Enseguida de haber asumido el poder, las FF.AA elaboraron un acta con los “Propósitos y Objetivos básicos” del Gobierno de Facto. El primero de ellos es muy claro respecto del nuevo orden institucional:

“Concreción de una soberanía política basada en el accionar de instituciones constitucionales revitalizadas, que ubiquen permanentemente el interés nacional por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo”

Dentro de esta dictadura institucional la Junta Militar se asumía plena de poderes: (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En esta junta estaban representadas, a su vez, las tres Fuerzas (El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea), lo cual sirvió para frenar algunas apetencias personales, como por ejemplo las del almirante Massera.

El 24 de marzo de 1976

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos.

Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo del segmento más concentrado de la burguesía “nacional” y transnacional, la Iglesia Católica, dirigentes políticos, sindicales (que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra) y medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis. Previamente se había generado un consenso golpista que prendió con fuerza en un sector de la población convencido de que cualquier cosa que sustituyera al gobierno civil sería mejor. Los militares impondrían el orden y, como en el pasado, dejarían paso a los civiles una vez “pacificada” la sociedad.

El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un silencio cómplice y los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.

El respaldo de la sociedad

El <pretorianismo>, dice Suriano (2005), “es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política”. Cuando el orden constitucional pierde legitimidad, la solución de fuerza adquiere una fuerza progresiva y se asienta en la crisis de confianza del Estado democrático. Más allá del evidente apoyo de políticos, empresarios, obispos y periodistas al gobierno dictatorial, el mayor impacto, y tal vez el más traumático y paradigmático, fue, como sostiene Suriano (2005) “el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil a partir de dos acontecimientos bien diversos como lo fueron el futbol y la guerra ... Sin apoyo civil, los golpes militares no hubieran tenido lugar”. Al respecto, en una entrevista a Videla se le preguntó “¿Cómo reaccionó la sociedad civil ante la

civil intervención militar del 24 de marzo de 1976 y después de la misma?”. El dictador y genocida respondió:

“Padecíamos vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Había un sentir general, que representaba Ricardo Balbín y otros dirigentes, en favor del cambio, de la intervención. La gente nos demandaba que interviniéramos e incluso Balbín llegó a decir en esos momentos que tenía las manos vacías de soluciones, que la clase política no podía hacer más”

La perspectiva de Romero (1994) nos parece muy sugerente, por cuanto para este autor, el gobierno militar “nunca logró despertar entusiasmo ni adhesión explícita en el conjunto de la sociedad, pese a que lo intentó, a mediados de 1978, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Futbol. (…) En general, sólo obtuvo pasividad, pero le alcanzó para encarar las trasformaciones profundas que habrían de eliminar definitivamente los conflictos de la sociedad” (1995: 289)

Los medios de comunicación y la sociedad amordazada

La instalación en el poder del gobierno de facto a partir de marzo de 1976 contempló, desde el comienzo, una estrategia sistemática de utilización de los medios de comunicación como herramienta de construcción y circulación del discurso oficial y -como reverso de la misma moneda- de silenciamiento de cualquier mensaje o voz opositora. La intención de monopolizar el relato, de suprimir cualquier disenso, de sintetizar todas las voces en una única voz quedó explicitada en el Comunicado Nº 19 del 24 de marzo, el cual opera como marco general de la estrategia pública respecto a los medios de comunicación instrumentada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN):

“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de la Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Sin embargo, más allá de este “marco normativo”, la dictadura apeló a la persecución de medios (interviniendo canales de televisión, radios, expropiando o clausurando algunas revistas y diarios) y personas (asesinando, encarcelando, forzando el exilio, o recurriendo a la

metodología de la desaparición) en función de alcanzar sus objetivos en la denominada “lucha antisubversiva”. En ese sentido, el Gral. Jorge R. Videla afirmaba:

“La lucha se dará en todos los campos, además del estrictamente militar. (…) No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política y en el gremialismo”.

Porque “La política represiva del ‘Proceso’ no se agotó en la eliminación física del ‘enemigo’. Abarcó todos los aspectos de la vida cotidiana, de la cultura, de la educación, del mundo del trabajo. La censura en los medios, en los ámbitos del pensamiento y de expresión de ideas, se basaba en el convencimiento de que la verdadera victoria era aquella que se ganaba en el terreno de la cultura. ‘Más que lucha por las armas, es una lucha por las almas’, sostenía un general de brigada. (…) La universidad fue amordazada porque las palabras eran peligrosas, la matemática moderna prohibida porque se vinculaba la teoría de los conjuntos con la subversión, y los medios de comunicación intervenidos para manipular la opinión pública (…).. Como en la época de la Inquisición en los comienzos de la modernidad, el libre pensamiento subvertía el orden. Una inmensa variedad de libros sucumbieron en verdaderos ‘autos de fe’. La censura oscurantista y la inhibición de un pensamiento crítico produjeron diversas consecuencias. El exilio fue el camino obligado para muchos; otros padecieron la imposición del silencio en su propio país; algunos se animaron a cuestionar una política cultural que los consideraba infantes incapaces de elegir correctamente qué libro leer o qué canción escuchar, pero sin condenar una ‘pacificación’ sangrienta que había puesto en su lugar a obreros revoltosos, sindicalistas moderados o combativos, sacerdotes comprometidos con los pobres o jóvenes radicalizados que habían pretendido construir el socialismo en el país de la pampa húmeda.” (Garulli, 1999)

Los integrantes de la junta y los presidentes

Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como “un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico”. Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea.

Presidentes de facto Jorge Rafael Videla (29 de marzo de 1976 – 29 de marzo de 1981)

Roberto Viola (29 de marzo – 11 de diciembre de 1981) Leopoldo Galtieri (22 de diciembre de 1981 – 18 de junio de1982)

1 Es interesante señalar ahora, cuando se discute la democratización de la justicia, que ya en marzo de 2007 los Organismos de Derechos Humanos denunciaban la presencia de jueces de la dictadura en el gobierno de Néstor Kirchner y la necesidad de removerlos:

“Los organismos de Derechos Humanos denuncian que hay más de 400 jueces que juraron bajo las actas del Proceso de Reorganización Nacional que inició Videla. La existencia de estos funcionarios no es resabio del pasado sino producto del Pacto de Impunidad que el PJ y la UCR garantizaron desde 1983. La confesión del Presidente de Casación, Alfredo Bisordi, señalando que durante sus 40 años de servicio "en el que tuvimos gobiernos autoritarios y constitucionales, jamás he visto una intromisión de la labor de los tribunales" revela la continuidad jurídica entre la dictadura y esta democracia para ricos, que tuvo el objetivo de proteger la impunidad de los genocidas y en los ’90 a las políticas de entrega y la corrupción estatal. A los jueces de la dictadura se sumaron los de la "servilleta" de Corach, Menem y Alfonsín. Estos jueces ganan salarios mayores a $16.000. La única forma realmente democrática de terminar con este tipo de justicia y su casta de funcionarios oligárquicos y corruptos es apelando al viejo método que impusiera hace más de 200 años la Revolución Francesa en los orígenes de la democracia: elección de todos los jueces y funcionarios judiciales por el voto popular; revocabilidad ante el incumplimiento de su mandato” (La verdad obrera, Nro.228)

“Miremos por ejemplo al Superior Tribunal de Justicia de Formosa: sus cinco miembros, Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González, Ariel Coll, Arminda del Carmen Colman y Héctor Tievas ocuparon cargos institucionales en la época del terrorismo de Estado. Aunque fueron denunciados por organizaciones sociales y de derechos, la totalidad de sus integrantes continúa en funciones”

Reynaldo Bignone (1 de julio de 1982 – 10 de diciembre de1983)

Las primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial por jueces adictos al nuevo régimen1, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación Salvo aquellos que legitimaron el terrorismo de Estado, nefasta asociación evidenciada en papel prensa. Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Como lo hemos señalado, algunos medios de comunicación hicieron suya la “voz” del régimen en abierta complicidad, publicando, omitiendo y desvirtuando las noticias en sintonía con los intereses de la Junta Militar.

¿Unión dentro de las FF.AA?

Según Quiroga (2005), las Fuerzas Armadas lograron estar durante casi todo el proceso cohesionadas con el único objetivo de acabar con la subversión. A diferencia de los militares “revolucionarios argentinos” de 1966, los militares “procesistas” de 1976 no hablaban de tiempos para acabar con el enemigo

interno y transformar la estructura del país, sino de objetivos. Y estos objetivos, a su vez, no tenían plazos. Si el objetivo de acabar con la subversión los unía, en cambio, en la discusión de las metas a corto y largo plazo sus antagonismos se vieron agravados. Hubo disputas de poder entre las fuerzas, las cuales fueron más evidentes a partir de la renuncia de Videla. (Recordemos que entre 1981 y 1983 hubo tres presidentes, lo cual refleja que no era todo consenso dentro de las FF.AA.)

La Doctrina de Seguridad Nacional

(DSN)

En Argentina, esta doctrina encontró su máxima realización material y simbólica en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), y fue el resultado de diversas fuentes, entre las que Armony (1999) destaca el pensamiento geopolítico alemán, el canon de la Iglesia Católica, la doctrina contrarrevolucionaria francesa (aplicada sobre todo en Argelia) y las políticas de seguridad nacional estadounidense para la guerra fría. Bajo este proceso, los militares argentinos, en su carácter de guardianes del “contrato social”, desplegaron todo un aparato represivo hacia quienes atentaban contra el sagrado “bien común”.

Si por un lado, la dictadura no se apoyó y hasta negó la fuente de legitimidad que podían proporcionar los partidos políticos para consolidar su carácter institucional (incluso los partidos de derecha que apoyaban el golpe), por el otro lado, esa fuente de legitimidad (y por ende, de institucionalidad) la encontró en su apelación a la DSN como base ideológica para reprimir y matar.

¿A quiénes apuntaba la

DSN?

Los militares se propusieron abiertamente acabar con la subversión interna, con la amenaza “comunista”, “marxista” o “socialista”. Este había sido aparentemente el leit motiv del golpe de Estado del ’76.

Sin embargo, este objetivo, según Eduardo Luis Duhalde, poco se ajusta con la evidencia histórica si tenemos en cuenta, en primer lugar, que el Estado prácticamente no se vio amenazado en su capacidad de monopolizar la violencia física (recordemos que el monopolio de la violencia física es un atributo esencial del Estado moderno), ni siquiera en los años de mayor impacto de las acciones guerrilleras entre 1973-1975. Ya en el gobierno de Isabel (gobierno democrático, elegido por el pueblo) los decretos de aniquilamiento del accionar subversivo se habían efectivizado. A partir de su implementación, el ERP había sufrido el asesinato de la mayoría de sus combatientes en el Operativo Independencia, mientras que Montoneros quedaba reducido a unos pocos cuadros.

En el momento en que la violencia estatal asumió parámetros mucho más radicalizados, en 1976, los grupos armados contestatarios estaban prácticamente neutralizados.

“La escalada de violencia guerrillera que había contribuido a desequilibrar el precario gobierno de Isabel Perón se constituyó en la justificación para la intervención militar. Sin embargo, el golpe del 24 de marzo de 1976 respondió más a cuestiones estructurales para modificar el patrón de acumulación del

capital, la distribución del ingreso y la inserción internacional de la Argentina, que al hecho de frenar el accionar de una guerrilla que se había automarginado del contexto social” (Garulli, 1999)

Este pretexto –frenar el accionar guerrillero- tendría, años más tarde, con la vuelta a la democracia, su mayor expresión teórica en la “teoría de los dos demonios”, defendida por la UCR, según la cual un demonio era la guerrilla, el otro demonio los militares y en el medio había una población que no tenía nada que ver con nada. En última instancia, para Halperín Donghi, si es que puede hablarse de dos demonios, son dos demonios muy diferentes, pues hay un elemento diferenciador entre la violencia surgida de la iniciativa de los guerrilleros, y la violencia que comienza con la represión y el aniquilamiento desde el Estado.

Más allá de si los guerrilleros fueron “demonios” o no, lo cierto es que la mayoría de los desparecidos fueron trabajadores y militantes de base. Como bien señala Armony (1999) “una vez derrotados los movimientos guerrilleros en América Latina, el terrorismo propiciado por el estado se desplegó como un mecanismo de control social sobre la población. La victoria militar sobre la subversión exigió un triunfo análogo en el campo político”. Se trataba de amenazas, secuestros y muertes de personas que no eran ni altos dirigentes guerrilleros de izquierda ni meros trabajadores o estudiantes, sino sujetos que hacían de nexo entre las dos instancias y que Feierstein (2007) los denominó “articuladores”, militantes, sacerdotes, sindicalistas, abogados, intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos y muchos otros. Romero (1994) afirma que, “más allá de los accidentes y errores, las victimas fueron las queridas: con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social, hasta un modesto reclamo por el boleto estudiantil, toda expresión de pensamiento crítico, toda expresión popular” (1995: 288).

En este punto resulta pertinente la distinción entre objeto y objetivo que sugiere Levy (2004) para comprender la dictadura. En relación al primer punto, es decir, a qué cuerpos (objeto) apuntaba el proceso, la definición del “enemigo” era ambigua e impredecible: todos eran potencialmente subversivos, nada de lo que una persona hacía -por acción u omisión- le garantizaba quedar al margen del aparato represivo; se trató de una “democratización de la otredad negativa” (Levy, 2004) tan eficiente como terrorífica, donde el enemigo ya no se ajustaba a límites nacionales ni patrones raciales, podía ser interno o externo: “En la guerra moderna, el enemigo es difícil de definir (…) El límite entre amigos y enemigos pasa al seno mismo de la nación, en una misma aldea, a veces en una misma familia (…) Todos interiorizamos el hecho de que el enemigo contra el cual debíamos batirnos eran nuestros propios conciudadanos, por ejemplo, el profesor de nuestros hijos o nuestro vecino” (Armony, 2009)

Algunos medios asumieron como propio el discurso autoritario y advertían sobre la necesidad de estar en guardia. La Carta abierta a los padres argentinos publicada por la Revista Gente bajo la forma de carta abierta es un ejemplo. Reproducimos a continuación algunos fragmentos:

“Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que

retornaba el orden. Que todo el cuerpo social enfermo recibía una

transfusión de sangre salvadora. Bien. Pero ese optimismo -por lo

menos, en exceso- también es peligroso. Porque un cuerpo

gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse, y

mientras los bacilos siguen su trabajo de destrucción. (…) La

guerrilla puede perder una o cien batallas, pero habrá ganado la

guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la

secundaria, en la universidad, en el club, en la iglesia. Ese es su

objetivo principal. Y eso es lo que todavía puede conseguir. Sobre

todo si usted, que tiene hijos, no está alerta. (…) Usted tiene una

gran responsabilidad en esto. Porque usted no sabe -no puede

saber- qué cara tiene el enemigo

“Entienda algo y de una vez por todas. Esta guerra no es de los

demás. También es suya (…) Por ejemplo: ¿usted sabe qué lee su

hijo? Repasemos. Yo se que hay colegios donde “Cien años de

soledad”, de Gabriel García Márquez, es texto obligatorio. “Cien

años de soledad” es para muchos una novela bien escrita,

interesante, llena de ganchos, entretenida. Pero… ¿usted la leyó? A

lo mejor no. Confía en que es buena porque leyó comentarios,

críticas, elogios. Porque fue best-seller. Porque durante mucho

tiempo medio mundo habló de ella. Y de pronto en esa confianza hay

un error. Yo la leí y me gustó. Pero yo soy un adulto. Y tengo una

hija adolescente. ¿Y qué quiere que le diga? A mí no me gusta que

mi hija adolescente lea -y menos por obligación- una novela que

rezuma sexo, hedonismo, infidelidades y descripciones sicalípticas

(…) ” (Buenos Aires, 16 de diciembre de 1976, Revista “Gente”)

Como podemos ver -y esto es lo que nos conduce directamente al objetivo de la dictadura- no se pretendió destruir solamente a los cuerpos (a los 30.000 desparecidos) sino más bien a las relaciones sociales de autonomía, resistencia y solidaridad que estos sujetos encarnaban, reemplazándolas por relaciones basadas en la desconfianza y en la delación. El aniquilamiento del cuerpo se consideraba estratégico en tanto fuera capaz de clausurar relaciones sociales específicas. Por consiguiente, la definición confusa del enemigo en la DSN sólo adquiere pleno sentido cuando lo articulamos con su finalidad: el conjunto social.

¿Qué estrategias desplegaba la DSN para cumplir estos propósitos? . El lenguaje oficial y hegemónico hablaba constantemente de la guerra. Desde la retórica del gobierno militar se buscaba convencer a la población de que la

Las fronteras ideológicas de

la DSN

irrupción de las FF.AA implicaba la drástica opción entre el “caos o el orden” y que se estaba en “guerra contra el enemigo interno”. En la concepción militar la lucha contra la “subversión apátrida” formaba parte de un conflicto bélico mundial entre el “comunismo internacional” y las fuerzas de Occidente, en el marco de la Guerra Fría, del enfrentamiento Este-Oeste. De allí las recurrentes alusiones a la “lucha contra el marxismo ateo en defensa de los valores de la civilización occidental y cristiana”.

Ante un enemigo global, se partía de una estrategia global en la que América Latina era pensada como un campo de guerra en su totalidad, y donde las únicas fronteras no eran nacionales sino ideológicas. Las fronteras, entonces, no eran materiales, rígidas ni visibles y podían ser reacomodadas según las necesidades. En esta dirección, los limites geográficos no podían ser un obstáculo a la defensa del sistema democrático occidental. Así, las naciones eran interpeladas a una nueva clase de cooperación por medio de un programa coordinado de contrainsurgencia (tópico fundamental de DSN) a fin de lograr un equilibrio global donde la seguridad continental y la independencia nacional estuviesen salvaguardadas del expansionismo soviético. A partir de estas relaciones de cooperación, los exiliados de la Argentina en los países limítrofes (sobre todo, Brasil y Uruguay) podían ser deportados o incluso, asesinados en el país al que habían intentado huir. Como ejemplo se puede citar la Operación Cóndor.

Fue justamente la doctrina de las fronteras ideológicas la que, según Armony, sirvió de pretexto a los militares argentinos para ampliar la influencia del país en ciertas regiones latinoamericanas saliendo a flote una arraigada creencia nacionalista que veía a la Argentina como una posible potencia geopolítica dentro del hemisferio occidental. Según este mito, la Argentina era un teatro de operaciones fundamental en un escenario de confrontación internacional en que los bloques rivales estaban separados por “fronteras ideológicas”.

Estas tareas necesitaron, como vemos, de servicios de inteligencia. La importancia de estas tareas en la planificación y ejecución del proceso represivo y del exterminio tiene su raíz en el planteo de Feierstein (2007) acerca del perfil que establecieron del enemigo. En lugar de la percepción que los nazis habían tenido de los judíos como “seres inferiores” durante el holocausto, en el proceso y genocidio argentino la figura del “subversivo” no fue pensada en términos de su inferioridad sino de su peligrosidad, por eso había que poner en acción a los servicios de inteligencia así como desplegar métodos de tortura para obtener información.

Desde el enfoque de Romero (1994) se trató de una acción terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución.

1. Para los secuestros, cada grupo de operaciones (grupos de tareas, “patotas”) operaban preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, algunas en países vecinos, con la colaboración de las autoridades locales.

2 “Cuando Victoria escuchó a un tipo decirle que era de la Policía Federal y que iba a tener que

acompañarlo, intentó en ese momento, sin suerte, tomarse la pastilla de cianuro que siempre llevaba

encima por si llegaba a producirse una situación como la que se estaba produciendo. Los cuatros tipos

que tenía encima, golpeándola, reduciéndola en el piso, se lo impidieron. ¡Me llamo Graciela Daleo, me

secuestran, me van a matar, avisen a mi papá al 59-2780!”. Esas fueron las últimas palabras en libertad

de Victoria –como la conocían sus compañeros– antes de ser secuestrada por una patota de la ESMA en

la Estación Acoyte de la línea A del subte. Fue el martes 18 de octubre de 1977”

3 La “picana”, el “submarino” y las violaciones eran las formas más comunes. A éstas se sumaban otras que

combinaban la tecnología con el refinado sadismo del personal especializado. Al respecto ver Nunca Más, Informe de la

CONADEP.

Centros Clandestinos de Detención

La operación se realizaba con autos sin patente pero bien conocidos (los Ford Falcon verdes). Había mucho despliegue de hombres y armamento pesado, combinando el anonimato con la ostentación, todo cual aumentaba el buscado efecto aterrorizador. Este fue el modus operandum principal, pero existieron otros, a plena luz del día. 2

2. “El destino primero del secuestrado era la tortura sistemática y prolongada. 3 La

tortura física, de duración indefinida, se prolongaba en la psicológica: sufrir

simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En

principio, la tortura servía para arrancar información y lograr la denuncia de los

compañeros, pero en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del

detenido, destruir su dignidad y personalidad.

3. Los que sobrevivían a la tortura, iniciaban una detención más o menos

prolongada en alguno de los trescientos cuarenta centros clandestinos de

detención (los “chupaderos”), cuya existencia fue reiteradamente negada por las

autoridades”. En esta etapa final, de duración imprecisa, se completaba la

degradación de las víctimas, a menudo mal heridas y sin atención médica,

permanentemente encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas

embarazadas dieron a luz en esas condiciones, para luego ser despojadas de sus

hijos.

A pesar de las diferencias, los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

El centro clandestino de Detención fue el dispositivo fundamental de esta operatoria, el cual operó en un doble sentido: 1) hacia sus propios internados y 2)

hacia el conjunto social. Si solo se trató de quebrar la identidad de los propios internados, ¿cómo se explica que estos centros se hayan instalado, en la mayoría de los casos, en plena ciudad? Incluso, las habitaciones de tortura estaban pegadas a la calle. Este es el caso del Olimpo, ubicado en el corazón del barrio de Floresta (CABA). En esta zona, cuentan los vecinos, muchas veces se podían escuchar los gritos de los torturados. El objetivo era claro y estaba dirigido para “los de afuera”, como un mensaje aterrador sobre las consecuencias de la acción contestataria.

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Famaillá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para contener la huelga declarada por el sindicato UOM en mayo de ese año.

En 1976 llegaron a existir 610 Centros Clandestinos de Detención en la Argentina, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de Estado, la cifra se estabilizó en 364, y para 1979 los centros se redujeron a 7. Ya en 1983 la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.

En Buenos Aires hubo 60 centros; en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe, 22. Se puede decir que cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires; y la Perla en Córdoba.

4. Para la mayoría, el destino final era la ejecución. Pese a que la Junta Militar

estableció la pena de muerte, nunca la aplicó, y todas las ejecuciones fueron

clandestinas. En la mayoría de los casos los cuerpos se ocultaron en cementerios

como “personas no identificadas” (NN), quemados en fosas colectivas que eran

cavadas por las propias vctimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con

bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo,

no hubo muertos, sino “desaparecidos”.

La desaparición de personas como método represivo, fue introducida en la Argentina por la escuela militar francesa, procurando trasmitir las tácticas que habían utilizado y perfeccionado durante la guerra de independencia de Argelia. A partir de la década del '60 el método de la desaparición se generalizó a través de la Escuela de las Américas, y si bien hubo desaparecidos antes del ‘76 sería recién con el golpe del ’76 cuando se aplicó sistemáticamente

4 Una de las consignas que refleja esta preocupación, cantada en las marchas de protesta contra el gobierno

militar, decía: "¡¡Los desaparecidos, que digan donde están!!"

¿Qué significa la figura del

desaparecido?

en nuestro país.

La desaparición no es, en un primer momento, sinónimo de muerte o asesinato,

sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga

durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia

“desaparecedora” –y concentracionaria- de la dictadura argentina reconoce

similitudes con los decretos “Noche y Niebla” del Tercer Reich: el traslado de

personas hacia Alemania debía hacerse –según Hitler, “en la noche y en la

niebla”.

En 1979, en una entrevista periodística televisiva, el dictador Jorge Rafael Videla dijo frente a las cámaras y en respuesta a las demandas de los familiares de las víctimas, una frase que con el tiempo se volvió tristemente célebre:

«Le diré que frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido»

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976-1978 (Romero, 1994: 287). Al desparecer los cuerpos, por un lado, se dificultaba la prueba del cuerpo del delito, y por el otro, el desconocimiento del destino de los desaparecidos infundía terror en las víctimas y en la sociedad y la falta de certeza acerca de lo sucedido dificultaba la acción de los ciudadanos y favorecía su división.

El procedimiento de hacer desaparecer a los opositores fue un método represivo que se basó fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber que pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad, se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.4

5 “Si la muerte me sorprende, Poema de Alejandro Almeyda (hijo desaparecido de Taty Almeyda.)

"Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre,/ porque para vos los tres seguimos en él,

si me sorprende lejos de tus caricias/ que tanto me hacen falta,

si la muerte me abrazara fuerte/ como recompensa por haber querido la libertad,

y tus abrazos entonces sólo envuelven recuerdos,/llantos y consejos que no quise seguir,

quisiera decirte mamá que parte de lo que fui/lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos,/los caídos, nuestros caídos,

mi control, nuestro control está en el cielo,/y nos está esperando.

Si la muerte me sorprende/de esta forma tan amarga, pero honesta,

si no me da tiempo a un último grito/desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento,/ para decir, te quiero."

La "desaparición" de personas generaba una situación de agravamiento de las heridas, debido a las dificultades para los familiares de "dar por muerto" a sus seres queridos y eventualmente dar por finalizada la búsqueda de sus restos y la averiguación de lo que realmente les había sucedido. En torno a las desapariciones, Graciela Daleo, ex desaparecida detenida en la ESMA, decía lo siguiente:

“Teóricamente, los periódicos, los medios de comunicación, no tenían que registrar eso, las cosas sucedían pero debía haber el menor registro posible (…) una cosa es que aparezca el cuerpo fusilado en el Obelisco: eso es la muerte, la muerte seca. Otra cosa es que haya desaparecidos. El sonido de desaparecer, ese ruido, ese sonido del agua que te traga. Eso provoca un horror que tiene determinados efectos hasta ahora”

En este sentido, las víctimas no murieron pues la muerte siempre queda registrada en la memoria; las víctimas, en cambio, desaparecieron, buscando así anular todo registro y reconstrucción histórica posible. 5

Comparando la experiencia latinoamericana con el exterminio en los Lager, el

historiador Enzo Traverso (2001) dice lo siguiente: “(…) Se trata, en ambos

6 La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario

Castrense. Una de ellas, Azucena, propuso entonces: «Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos

todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos». Ese mismo día, 14 madres

iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los

jueves repetirían una caminata alrededor de la pirámide central de la plaza. La ronda en movimiento permanente tenía su

razón de ser en el estado de sitio. Al respecto, Victoria Ginzberg (2003), hija de desaparecidos, cuenta lo siguiente: “La

policía empezó a hostigarlas en la Plaza. Un día un oficial intentó dispersarlas al grito de "¡Circulen!". Decía que, como

había estado de sitio, estaban prohibidas las reuniones de tres o más personas. Las mujeres empezaron a caminar de a

dos. Primero alrededor de los canteros y los bancos, después alrededor del monumento a Belgrano. Luego dieron la

vuelta a la pirámide. Así nació la ronda de las Madres”, caracterizadas por sus pañuelos blancos en la cabeza. Esta

imagen de fortaleza dio la vuelta al mundo.

casos, de un crimen concebido para estar, literalmente, prescripto, para no dejar

ningún rastro: el ‘crimen perfecto’ (…). La violencia extrema de las dictaduras

militares latinoamericanas (…) apuntaba a un enemigo político; la del nazismo, a

‘razas’ (los judíos, en menor medida los gitanos) juzgadas nocivas, destructivas e

indignas de vivir en este planeta. Las víctimas de las dictaduras latinoamericanas

–guerrilleros, militantes de los movimientos y partidos de izquierda,

representantes de las fuerzas políticas democráticas- eran eliminadas, según la

fórmula clásica, por lo que hacían; las víctimas de los genocidios nazis, en

cambio, eran eliminadas por lo que ‘eran’ (…)”

Madres y Abuelas de

Plaza de Mayo

Madres. El grupo de las Madres de Plaza de Mayo se formó tempranamente, en abril de 1977, en plena dictadura, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Su objetivo inicial era poder tener una audiencia con el presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas. 6

Abuelas. Dentro de las Madres, nacía luego un subgrupo que comprendía que la situación de los niños apropiados por las fuerzas de seguridad era diferente de la de sus progenitores desaparecidos y que se precisaban estrategias y metodologías específicas para recuperarlos. «Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos», fue la consigna que las agrupó. Se dedicaron a los niños que fueron secuestrados junto con sus padres y no habían reaparecido, y a las jóvenes que, secuestradas estando embarazadas, se supone habían dado a luz en prisión.

Una de las características esenciales de Las Abuelas de Plaza de Mayo, al igual que Las Madres, fue la de organizarse básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los abuelos, y en general otros varones y mujeres no

colaborasen con la Asociación, pero la dirección y la representación recayeron siempre sobre mujeres que tenían nietos desaparecidos.

De entre los casi 500 nietos apropiados, las Abuelas, al día de hoy (diciembre/2014), ya le devolvieron su historia a 116 nietos. Entre ellos se encuentra el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas.

El Mundial de fútbol /

1978

Las organizaciones internacionales de derechos humanos ya estaban presionando. En esta dirección, ¿qué mejor acción para obtener consenso social que el campeonato mundial de futbol de 1978? Este campeonato fue, ciertamente, una formidable operación de búsqueda de consenso y legitimidad. Finalmente, Argentina campeón: “esas miles y miles de banderas argentinas flameando por la calle fortalecían a la dictadura militar genocida que utilizó el futbol y el sano sentimiento nacional de nuestro pueblo para mostrarle al mundo que en Argentina “todo estaba bien”, legitimando así los campos de concentración y de exterminio que estaban, en algunos casos, a poca distancia de los estadios de futbol” (Néstor Kohan, 2012: 5). A este acontecimiento se refería también, años más tarde, Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA:

“Volviendo al futbol, estaba el televisor, y el futbol, futbol, futbol (…) gritos, besos, goles, abrazos y entonces entra el Tigre Acosta, el jefe de inteligencia, nos dice “ganamos”. A los compañeros les dio la mano y a las mujeres nos dio un beso a cada una. Entonces ahí yo sentí: si él dice que ganamos, nosotros perdimos, no hay nada que podamos tener en común (…) luego nos dijeron que íbamos a salir. Esto significaba que te vestías, las mujeres nos pintábamos porque era señal que te estabas recuperando y había que cuidar el aspecto (…). Me subieron a un Peugeot 504 verde. Con el auto llegamos a Cabildo. Era impresionante, ¡las masas en la calle! Cuando yo vi eso, le dije al jefe si podía mirar por el techo, el tipo me dijo que si, abrió el techo y yo me paré en el asiento. Empecé a llorar. Iba por Cabildo y pensaba, si yo acá me pongo a gritar que soy una desaparecida nadie me va a dar pelota….lo recuerdo como un momento, paradójicamente, de mayor soledad …” (Entrevista a Graciela Daleo, en el marco de la cátedra “Análisis de las prácticas sociales genocidas” de la UBA, 2003)

En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas con el lema "Los argentinos somos derechos y humanos". El slogan había sido ideado ha pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla. El objetivo era neutralizar las denuncias realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la

Los Derechos humanos

dictadura llamó "campaña anti argentina". También para ocultar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado e intentar perpetuar y profundizar la ilusoria sensación de legalidad y normalidad. Además de condicionar las denuncias que las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos planeaban realizar ante la CIDH. También es importante destacar que a partir de la asunción de James Carter en enero de 1977, hubo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nueva administración demócrata estuvo obsesionada con dos cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el régimen militar argentino: las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar y la prioridad que el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear. De este modo, la administración de Carter se dispuso a aplicar con el mayor rigor su política de derechos humanos sobre la Argentina con los instrumentos que le había dado el Congreso: la reducción de la asistencia militar y económica (Avenburg, 2009)

La CIDH abrió tres oficinas en todo el país, que del 6 al 20 de septiembre de 1979 recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones “la mayoría de ellas nuevas”, aparte de las casi tres mil que habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre, prometiendo presentar un informe que, luego de un año, se conoció en forma de libro. La dictadura prohibió su difusión y su venta. Pero había comenzado la cuenta regresiva y los represores comenzaban a preocuparse por el futuro.

En este informe, la Comisión había llegado a la conclusión de que, “por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”. Así comenzaba el informe que había redactado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Luis Bruschtein, “fue como si una bomba estallara en el corazón de la dictadura militar: el telón que ocultaba el horror comenzaba a descorrerse”. Los familiares de los desaparecidos y los miembros de la comisión, importantes juristas estadounidenses y latinoamericanos, debieron soportar el hostigamiento de parte de un sector de la sociedad promovido por la propaganda oficial.

El convencimiento de que las violaciones a los derechos humanos constituyeron actos de servicio aparece expresado en el fragmento del general Viola:

“Esta guerra, como todas, deja una secuela, tremendas heridas que el tiempo y solamente el tiempo puede restañar. Ellas están dadas por las bajas producidas, los muertos, los heridos, los detenidos, los ausentes para siempre (…) lo peor no es perder la vida. Lo peor hubiera sido perder la guerra (…) hemos cumplido nuestra misión” (La Nación, 30 de mayo de 1979)

Una de las calcomanías de la

campaña

7Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su

aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.

¿Crímenes de lesa

humanidad o Genocidio?

¿Crímenes de Lesa Humanidad? Para Luis Lorenzetti (2011) las desapariciones en la última dictadura militar pueden ser subsumidas bajo la carátula de “Crímenes de Lesa Humanidad”. La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros (…) Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. 7

Para Feierstein (2007), en cambio, no se trata de Crímenes de Lesa Humanidad sino de un acto de genocidio “político”, a partir del cual se buscó la destrucción parcial o total de una porción significativa de la población argentina. El caso argentino, sin embargo, no es considerado “genocidio” por la ONU, ya que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, declara que es genocidio cuando se intenta destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Este dictamen de la convención es, según Feierstein, sumamente discutible ya que:

La carátula de <genocidio> depende del carácter de la víctima y no del acto mismo. Es decir, nunca un delito es definido por la víctima que lo padece, si bien algunos agravantes o atenuantes si se vinculan a las características de las víctimas. Por ejemplo, violar a un menor quizás pueda resultar más grave que violar a un mayor, pero siempre se trata de un delito caracterizado por el tipo de acción, en este caso, la violación.

Fin del gobierno de Videla /1981

Durante el periodo de Videla, que finalizó en Marzo de 1981, se fueron debilitando las pretensiones de producir un nuevo orden y un nuevo ciclo histórico. La idea de un proyecto estratégico había llegado a su fin y se cerraban las posibilidades fundacionales del régimen militar. Un conjunto de hechos internos, como el aislamiento del régimen, el descontento social y las presiones internacionales de organismos de derechos humanos, contribuyeron a debilitar su gobierno. Incluso, algunos autores sostienen que el gobierno de Videla no tuvo otro proyecto político que el de sostener decididamente el plan de reestructuración capitalista de Martínez

de Hoz, es decir la imposición del modelo conservador y excluyente.

Asume Viola / 1981

“La débil apertura política”

En marzo de 1981, cinco años después de la intervención militar, el general Roberto Viola (cercano a Videla) asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno adquirió un carácter polémico, siendo cuestionado desde las propias filas de la institución militar. La oposición a Viola comenzó, en realidad, antes de que asumiera el cargo presidencial. La sombra de Videla en su persona provocaba gran desconfianza dentro y fuera de las FF.AA. Su intento de entablar relación con los partidos tradicionales y llevar adelante una moderada “apertura política” empeoró la situación. Su ministro del Interior llegó a decir que “el peronismo había sido un interlocutor válido. Sin embargo, la apertura que podía ofrecer el gobierno de Viola no dejaba de ser frágil y limitada.

No obstante, durante su gobierno se conocieron nueve meses de descomprensión en el plano político. La Argentina a principios de 1981 había empezado a movilizarse. Una sociedad que había sido atomizada y atropellada culturalmente comenzaba a recomponer un espacio democrático y a reconquistar el respeto de sí misma, luego de varios años de terrorismo estatal.

Asume Galtieri

El descontento de Galtieri y otros oficiales de la línea dura con el gobierno de Viola lo llevaron a ocupar en noviembre del mismo año la presidencia de la junta militar y, un mes más tarde, a destituir a Viola para ocupar la Presidencia de la Nación. Durante su gobierno, Galtieri retuvo el control directo de las Fuerzas Armadas.

Las medidas económicas del ministro de Economía nombrado por Galtieri, Roberto Alemann, fueron no menos ortodoxas que las de sus antecesores. La restricción del gasto público, la compresión del circulante, la privatización de bienes estatales y el congelamiento de los salarios llevaron a una gravísima depresión económica. La recesión llevó al cierre de numerosas industrias (siendo Citroën y La Cantábrica las más destacadas) y a medidas drásticas de reducción de personal en otras.

El descontento popular, canalizado a través de la Multipartidaria y las organizaciones sindicales, comenzó a hacerse visible. Una movilización convocada a finales de marzo por organizaciones políticas y sindicales bajo el lema "Paz, Pan y Trabajo" fue reprimida, dejando un muerto y decenas de heridos. Se trataba de un importante desafío al poder militar.

La Guerra de

El fracaso del proyecto económico, el desprestigio del gobierno, la débil

unidad de las FF.AA y el despertar de la sociedad civil explican la decisión

del gobierno militar de recuperar las Islas Malvinas. El régimen había

comenzado a ser cuestionado abiertamente por el conjunto de la sociedad a la

8 “Si quieren venir, que vengan: les presentaremos batalla”, vociferaba –patriotero- el presidente Galtieri

las Malvinas 1982

que había aterrorizado, empobrecido y desaparecido. El 30 de marzo, los

trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo habían ganado

nuevamente las calles reclamando “pan y trabajo”, siendo brutalmente reprimidos

y encarcelados sus dirigentes. En ese clima de repudio popular, el régimen militar

echó mano a una reivindicación histórica del pueblo argentino para lograr

consenso y producir una especie de “amnesia temporal” en la población que

dejara sin efecto las impugnaciones y críticas. ¿Por qué este recurso? Porque lo

cierto es que la cuestión “Malvinas” funcionó, a lo largo de nuestra historia, como

una “metáfora” de la nación.

En efecto, el desembarco argentino del 2 de abril de 1982 conmovió al país y unificó temporalmente a todos los sectores detrás de la recuperación de las islas. El anuncio provocó expresiones de fervor patriótico y masivas concentraciones en Plaza de Mayo, que se colmó de miles de ciudadanos, entre ellos muchos reconocidos dirigentes políticos y sindicales. 8

La adhesión de la sociedad fue casi total. En torno a este hecho, el campo de la izquierda se dividió. Un sector mayoritario defendió el operativo militar sin apoyar a la junta militar, en tanto se trataba de una reivindicación nacional. Otro, vio el triunfo de los ingleses como medio para terminar con la dictadura. En esta dirección, para Ansaldi, “toda reivindicación del 2 de abril es, necesariamente, una reivindicación de un acto de la dictadura”.

Hoy no caben dudas, la expedición fue lanzada sin ninguna preparación militar y con una apreciación errónea sobre las posibilidades de apoyo que brindarían los EE.UU. El análisis, según Quiroga (1995) perdió de vista que el país del Norte tenía que optar entre un buen aliado en América del Sur y el principal aliado en la OTAN. La opción no despertaba dudas: EE.UU tomó partido por Inglaterra contra la Argentina, eligió un aliado en lugar del otro, o una alianza (la OTAN) en lugar de otra (el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca)

Conocida la noticia de la rendición incondicional de la Argentina, el 14 de junio, todo cambió de golpe. A Plaza de Mayo se dirigieron nuevamente miles de ciudadanos. Esta vez para repudiar al gobierno. “El conflicto dejaba al desnudo la manipulación informativa de la prensa y sus partes engañosos acerca de las victorias argentinas en el campo de batalla. Las fuerzas armadas argentinas habían sido derrotadas con humillación en el propio terreno para el que habían sido preparadas: la guerra contra un enemigo externo, y en ese campo probaron su impericia y su irresponsabilidad” (Garulli, 1999)

Para el historiador Federico Lorenz, la derrota en Malvinas marca también la

derrota en una forma de pensar el país. “En Malvinas fueron derrotadas muchas

más cosas que la guarnición: una percepción que la sociedad tenía de sí misma,

un modo triunfalista de imaginarse, un modo de encarar las relaciones entre

9 Entrevista de Victoria Ginsberg, 2012.

Buenos Aires y las provincias. La derrota abre un montón de cuestiones que

tienen que ver con qué país emerge...un país que no puede funcionar igual.

Malvinas pone en el escenario público la ineficacia sobre la guerra y también abre

la puerta para el conocimiento masivo de lo que había sido el terrorismo de

Estado” 9

El final del conflicto cerró el capítulo de la dictadura y fue un factor decisivo para la reinstauración de la democracia, pero, en cuanto a la guerra, la sociedad no se hizo cargo de sus responsabilidades. Desde la perspectiva de Edgardo Esteban, periodista y ex combatiente de Malvinas:

“El genocidio iniciado por los militares el 24 de marzo de 1976 continuó de algún modo en Malvinas. La misma crueldad, el mismo desprecio por la vida ajena, la misma cobardía. En las islas, los militares cometieron aberraciones denunciadas por quienes las sufrieron en carne propia: tortura física y psicológica y estaqueos. Hubo excepciones individuales, sumadas a la valentía y capacidad técnica de los pilotos de la Fuerza Aérea que quedan fuera de estas calificaciones”

“Al volver, las autoridades y la sociedad se comportaban como si los soldados fuéramos los responsables de la derrota (…) De alguna forma se combatió a los ex combatientes, dándonos la espalda, obligándolos a la marginación, sepultándolos en el olvido, la indiferencia. Resultado: a los casi 700 muertos en combate se le sumaron 500 suicidios de ex combatientes aproximadamente…”

Desde la perspectiva de Ansaldi (2012), para la Argentina, como sociedad y como Estado, la guerra de las Malvinas carga con una ambigüedad: por un lado, la derrota militar debilitó las demandas diplomáticas del país en los foros mundiales, haciendo retroceder posiciones alcanzadas hasta 1974. Por el otro, esa derrota colapsó a la dictadura y la obligó a retirarse sin posibilidades serias de imponer condiciones en el proceso de transición a la democracia. En cierta forma, como sostiene Suriano (2005), “la derrota de las Malvinas marcó el comienzo del fin de la ultima dictadura militar y su acelerado repliegue implicó el reordenamiento desordenado de la actividad política y una breve, compleja y tumultosa transición a la democracia” (2005: 21)

Asume Bignone /Julio de 1982

El presidente Galtieri, en un mensaje dirigido al país el 15 de junio, anunció la rendición. El tercer gobierno militar terminaba seis meses después de su agitado comienzo, dando lugar a la crisis institucional más grave del Estado terrorista. La disolución de la Junta Militar, con la partida

de la Fuerza Aérea y la Armada, fue el punto más alto de la crisis del régimen. La unidad de las FF.AA estaba quebrada. El ejército, por su parte, comunicó la decisión unilateral de designar a Reynaldo Bignone como presidente de la Nación, quien asumió el cargo a partir del 1° de Julio de 1982. Sin aludir directamente al plazo de duración del mandato presidencial, se mencionaba que debería cumplir con un período de gobierno limitado, que no podría superar los primeros meses de 1984 y que la institucionalización sería acordada con los dirigentes políticos. A pesar de las promesas electorales, en diciembre de 1982, la marcha organizada por la Multipartidaria terminó con una atroz represión.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA La violencia del Estado al servicio de la violencia del mercado

Para Juan Suriano, el año 1976 implicó un cambio significativo no tanto por el inicio de la dictadura “mas cruel y violenta de la historia argentina del siglo XX, sino fundamentalmente por el comienzo de un proceso de reconversión económica y social que era, en parte, un eco de la crisis mundial desatada en 1973 como consecuencia del alza en los precios del petróleo” (Suriano, 2005:12).

Las elites económicas diseñaron el cambio de rumbo en función del paradigma neoliberal. El pensamiento neoliberal, sostiene Daniel G. Delgado (1981), cuestiona absolutamente el conjunto de ideas y perspectivas que, elaboradas a partir de la crisis del 30, intentaron superar los efectos sociopolíticos originados en el libre juego de las leyes del mercado y del laissez-faire impugnando, además, los principios fundantes de la sociedad industrial. Como ideología, el neoliberalismo racionalizaba –a través de valores como los de eficiencia, modernización y libertad individual- el poder ascendente de las corporaciones económicas.

A partir de 1976 se produjo, según este autor, una estrecha vinculación y coherencia entre las

principales medidas económicas adoptadas bajo el signo del liberalismo y los objetivos políticos de

las FFAA

En su primer mensaje presidencial, Videla decía lo siguiente:

“Debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica estará dada por la tarea de reorganizar la Nación…”(La Prensa, 30 de junio de 1976)

Según García Delgado (1981), la transformación estructural que propone el neoliberalismo (desacreditación de las organizaciones sociales; modificación del Estado, fundamentalmente en su rol de regulador de la sociedad; eliminación de la validez del principio de soberanía popular) no obedece sólo a los requerimientos de un modelo económico, sino a “la necesidad de ajustar la sociedad a un proyecto de dominación global”.

Respecto del modelo económico Luis Alberto Romero (1994) diferencia 1) una economía

imaginaria y 2) una economía real.

La economía imaginaria hace referencia a un conjunto de medidas que supuestamente iban a devolverle a la Argentina su rango como potencia mundial. Esta transformación fue conducida por José Martínez de Hoz, ministro de

La economía imaginaria

economía durante los 5 años de presidencia de Videla.

Para Quiroga (1995) la política de transformación económica del proceso militar liderada por Martínez de Hoz, se apoyó en dos grandes columnas: 1) la apertura económica y 2) la reforma financiera de junio de 1977, ambas muy a tono con lo que propondría el Consenso de Washington, en los años ‘90.

1) Apertura económica. Con la apertura comercial, la protección a la industria despareció y el consecuente aluvión de productos importados que eran más baratos que los nacionales terminó prácticamente con la industria que no podía competir con semejantes niveles de productividad y eficiencia que imponía el mercado mundial.

2) La Ley de Entidades Financieras (1977) constituyó la base jurídica de la Reforma Financiera de 1977, uno de los principales pilares del programa económico de la última dictadura. A nivel discursivo, esta reforma se basaba en las supuestas virtudes del mercado como mecanismo asignador de recursos y fijador de precios, y condenaba al mismo tiempo la intervención estatal en el sistema financiero. Según se argumentaba, la liberalización financiera mejoraría la competitividad del sector e incrementaría el ahorro y la inversión, fomentando así el desarrollo económico al liberar recursos de su estado de “represión”. El respaldo internacional fue brindado sin reservas por el financista norteamericano David Rockefeller y por los grupos económicos nacionales e internacionales beneficiarios del nuevo modelo de acumulación basado en la especulación financiera.

Estas dos medidas de corte netamente económico no podrían haberse aplicado sin una medida social global que les allanó el terreno, esto es, la represión, el hostigamiento y aniquilamiento de importantes sectores de la clase obrera.

Como explica Victoria Basualdo, “Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos (…) Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones”. Y completa Víctor De Gennaro, ex Secretario General de la Central de los Trabajadores Argentinos, “El 67% de los desaparecidos son trabajadores, y fundamentalmente se apuntó a destruir a los activistas, delegados, y algunos secretarios generales (…). Las desapariciones de los dirigentes intermedios fue enorme, porque había que fracturar ese poder de los trabajadores organizados: eran los delegados de fábrica, los militantes los que construían todos los días ese poder que tenía la clase trabajadora. Ahí apuntó sin lugar a dudas la dictadura militar y fue sin piedad. Se entraba a una fábrica, se la tomaba por el Ejército, y delante de todo el personal se nombraba a los que habían sido delegados o militantes. Se los llevaban, desaparecían, y después terminaban muertos, 15 o 20 días después, tirados en las puertas de las fábricas o en los basurales”

La evidencia recolectada señala, según Calveiro (1998) “que la represión al

10 Ver Horacio Verbitsky y Juan P. Bohoslavsky (compiladores). Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la

dictadura. El objetivo de este trabajo es hacer foco en todos los actores involucrados en los crímenes de lesa

humanidad. “Coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios…” se engloban bajo la

noción genérica de “cómplices económicos”. Algunos de sus capítulos se refieren a las “desapariciones a pedido de

empresas” –Ford Motor, Mercedes Benz, Ledesma, entre otras-; a la complicidad y beneficios de las patronales

agropecuarias; a la apropiación ilegal de empresas –el caso paradigmático es “Papel Prensa”; al rol de los medios y del

episcopado.

movimiento obrero, si bien estuvo dirigida y ejecutada mayoritariamente por el ejército, contó no sólo con la connivencia sino también con el apoyo activo de grandes empresas, que en una gran cantidad de casos denunciaron a sus trabajadores, entregaron fondos a las fuerzas represivas, e incluso, en ocasiones, hasta autorizaron la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de sus fábricas”.10

La economía real

La economía real hace referencia a los efectos concretos que tuvo el conjunto de medidas neoliberales. En un contexto de liberalización creciente del mercado internacional de capitales, la nueva orientación desarticuló los instrumentos de intervención estatal característicos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones vigentes hasta el momento. La transformación que se propusieron, ciertamente, fue grande. Con la dictadura militar de 1976 se interrumpió el modelo de industrialización sustitutiva y se construyó un nuevo modelo de acumulación: el sistema de valorización financiera .Según Svampa (2006), “el golpe abrió la puerta a un cambio drástico en la distribución del poder social. El "empate social" que regía desde los años 50 fue derribado con violencia. En su lugar, se sentaron las bases para el empobrecimiento de sectores medios y populares en beneficio de los grandes grupos económicos. No sólo se profundizaron las asimetrías. Se hicieron pedazos las expectativas con que habían crecido social y culturalmente los argentinos”. Desde la perspectiva de Quiroga (1995), “la apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable en la industria nacional (…) donde el resultado más tangible fue la quiebra de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos bancos y organismos financieros con los plazos fijos a “siete días”.

Algunas de las consecuencias más importantes del nuevo modelo de acumulación fueron: a) la concentración del ingreso, b) el crecimiento de la deuda externa, c) la desindustrialización de la economía argentina , d) la desocupación en sectores de la clase media y los trabajadores industriales y ) un aumento de la pauperización social y fragmentación de los sectores populares.

a) Con respecto a la concentración del ingreso, vale señalar que el proceso de valorización financiera no requería la expansión del

consumo de los trabajadores al perder importancia para la mayoría de los capitalistas el mercado interno. De esta manera, el salario pasó a ser visualizado como un costo para la mayoría de los empresarios. Las políticas referentes a salarios y empleo aplicadas por el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, afectaron de manera profunda a los trabajadores. La fijación de los salarios por parte del Estado estaba estrechamente ligada al cercenamiento de derechos básicos como las convenciones colectivas de trabajo, el derecho a la negociación y a la protesta por parte del movimiento obrero. Una vez establecida la regulación oficial de los salarios, éstos sufrieron una caída de cerca del 40% respecto a los vigentes en 1974, en un contexto de suba del desempleo, supresión de horas extras y recortes en las prestaciones sociales. La prohibición del derecho de huelga fue sólo un mecanismo más dentro de un contexto represivo e intimidatorio que se imponía tanto fuera como dentro de las fábricas. El peligro que suponía para los trabajadores continuar con las movilizaciones y huelgas –características de la etapa anterior- para manifestar su oposición a las medidas anti obreras hizo que se adoptaran modalidades de lucha diferentes (trabajo a desgano, trabajo a reglamento, trabajo con tristeza) hasta poder recuperar la presencia en las calles.

b) La Deuda pública externa pasó de 7.500 millones de dólares en 1976 a 45.087 millones de dólares en 1983. Mario Rapoport y Andrés Musacchio explican de esta manera el endeudamiento argentino: “Sólo a partir de 1976, cuando la recesión internacional estimuló la formación de capitales especulativos que no encontraban destino en las principales potencias, el país volvió a tener la posibilidad de endeudarse generosamente. En ese contexto, la política de apertura comercial, liberalización financiera, retraso cambiario y altas tasas de interés sentaron las bases de un crecimiento explosivo de los compromisos con el exterior, utilizados en su mayor parte para financiar el boom de importaciones, el creciente gasto público y la fuga de capitales de los principales grupos económicos locales. A diferencia de países como Brasil, que se endeudó para avanzar en una cuestionable pero firme estrategia de desarrollo, Argentina ofrecía al final de la década un panorama desolador, en el que la pesada deuda se conjugaba con un aparato productivo encogido, un sector industrial desarticulado y herido de muerte y una vorágine especulativa sin parangón en la historia. El endeudamiento ascendía en 1982 al 60,5 % del PBI y superaba en 5,7 veces a las exportaciones; los intereses, por su parte, trepaban a casi el 60 % de las ventas externas y eran responsables del 75 % del déficit fiscal.

Aunque hacia 1979 el endeudamiento se repartía casi en proporciones iguales entre el sector público y el privado, los sucesivos programas de salvataje implementados por el Estado (con activa participación del

11 Rapoport y Musacchio.” La deuda externa desde una perspectiva histórica”. En La Gaceta de Económicas, 25 de

marzo de 2001

entonces director del Banco Central de la República Argentina, BCRA, Domingo Cavallo) significaron una virtual estatización de los pasivos. En el fondo, este fenómeno reflejaba la profunda alteración del poder relativo de los distintos actores sociales que había producido la política económica del ‘Proceso’ y la consolidación de un reducido conjunto de grupos económicos que se convirtieron en un nuevo polo hegemónico.” 11

c) La desindustrialización. En este aspecto, Victoria Basualdo señala que “en los primeros años posteriores al golpe se produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983; la ocupación disminuyó en ese mismo período y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía (del 28 al 22%). La industria dejó de ser el núcleo dinamizador de las relaciones económicas y sociales, así como el sector de mayor tasa de retorno de toda la economía”. Para Susana Torrado (1992) “En la concepción de las fuerzas armadas, para lograr el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, la estrategia más eficiente debía consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas funcionales que habían alentado históricamente el desarrollo de esta clase, es decir, en una modificación drástica de los modelos industrializadores. (…) De ahí la política de apertura externa de la economía”

Con la desindustrialización se neutralizó también el poder de los sindicatos y se debilitó hasta su cuasi desaparición al segmento de la pequeña y mediana industria que históricamente se había aliado con los sectores populares en la defensa del mercado interno.

d) Fragmentación de los sectores populares. Por otro lado, uno de los efectos que mayor importancia ha tenido para Villarreal (1985) la dictadura militar, fue el inicio de un proceso de mutación y fragmentación de las clases populares, caracterizado por el debilitamiento del mundo de los trabajadores formales y de sus instituciones sindicales, y el pasaje a un complejo mundo organizacional y comunitario, atravesado por la pobreza y el desempleo. La abrupta caída del salario real, al afectar de distinta manera a las ramas económicas en que se desempeñaban los obreros. ¿Por qué? Al haber distintos niveles de salario, la lucha unificada por el salario, que había sido durante décadas la base del poder de negociación de los sindicatos centralizados, dejaba de cohesionar a la clase obrera y contribuía a la ruptura de solidaridades al interior de las clases

populares. Es decir, la diversidad de trayectorias (empleados, desempleados, precarizados, diferentes salarios, etc.) terminó convirtiendo a la clase obrera en “muchas clases obreras”. La desindustrialización heterogeneizó, fragmentó y atomizó a los sectores populares argentinos: los obreros industriales dejaron de ser predominantes dentro de la estructura económica produciéndose un reflujo de fuerza de trabajo hacia sectores de menor productividad.

Fin de la dictadura

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, la Junta Militar decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último presidente del Proceso, se vio obligado a llamar a elecciones. La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Ítalo Luder (quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares), y al radical, Raúl Alfonsín (favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado). El 30 de octubre de 1983 Alfonsín venció con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.

Algunas reflexiones finales

La represión y el aniquilamiento sistemático no sólo destruyeron, sino fundamentalmente construyeron nuevas relaciones sociales por medio del terror y el aniquilamiento de una fracción de la sociedad. El miedo, en el marco de una guerra contra la subversión, no solamente obstruyó acciones sino que, fundamentalmente, quebró por muchos años nuestra memoria histórica (¿para qué volver al pasado?, “el pasado, pisado”), modeló comportamientos sociales (como el individualismo, “mis derechos terminan donde empiezan los tuyos”) y creó visiones legitimadoras en torno a la represión y la muerte (“algo habrán hecho los que desaparecieron”), que terminaran por derrumbar política e ideológicamente aquellos comportamiento incompatibles con sus condiciones de reproducción: la solidaridad, la crítica, la resistencia, las utopías, el pensar que un mundo mejor es posible.

Por ultimo, vale la pena señalar que el genocidio perpetrado por las FF.AA no quedó impune. El 22

de abril de 1985, cumpliendo con el plan de gobierno anunciado por Raúl Alfonsín, comenzó el juicio

público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, acusados de violaciones a los

Derechos Humanos. Este hecho ahondó aún más el distanciamiento histórico de los militares con

los gobiernos democráticos. Las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército, respondieron

corporativamente expresándose en levantamientos militares y amenazas al orden constitucional. En

consecuencia la "Ley de Punto Final" y la "Ley de Obediencia Debida", fueron una concesión al

"Partido Militar" que intentó detener la cadena de juicios. El presidente Menem completó estas leyes

con los indultos a los integrantes de las juntas militares.

El 14 de junio de 2005 fueron anuladas las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, mediante las

cuales se había exculpado a gran parte de los militares de rango inferior, participantes del terrorismo

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1986, ya que la decisión de la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que se reabran los

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MATERIALES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Dictadura cívico militar – Anexo documental

Lee la “Carta abierta a la junta militar” escrita por el periodista Rodolfo Walsh y debate con tus

compañeros las ideas principales incluidas en el documento.

*- Carta abierta a la junta militar, Rodolfo Walsh, 24 de Marzo de 1977

“1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el

asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los

hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente

como escritor y periodista durante casi treinta años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha

motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que

ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten

son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo

desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado

por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes

liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso

democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando

el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y

que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese

"ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías

derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la

Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos,

interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha

conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados

son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las

principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez,

abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado

como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que

permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de siete mil recursos de hábeas corpus

han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el

recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se

encuentra abogado que lo presente después de que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a

su turno secuestrados (1).

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no

existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada

aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido

complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó

directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos

y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento

en vida (2), la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la

picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones contemporáneas.

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos

los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida

que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran

para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la

dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de

una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el

pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el

campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los

estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción

internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias

desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del

Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la

Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que

destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates

donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir

en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son

delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples

sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera

de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que

surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó

15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es

confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de

diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23

muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. (3)

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial

tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún

los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los

Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del

momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército:

antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la

muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de

fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor (4). El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril

de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo

de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de

algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados

mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3

Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes

prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin

embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus

propias fuerzas. (5)

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas,

pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la

Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años,

Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles"

según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago

San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los

diarios que no la publicaron. (6)

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el

4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que

apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A

(Triple A) López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de

alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la

Primera Brigada Aérea (7), sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier

Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre

"violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del

terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte (8).

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior

gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez

Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos

democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. (9)

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía

Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan

Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station

Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la

comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa

agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la

Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por

esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del

capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes

de la Marina, o del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que

ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A

la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de

sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del

bien y del mal". (10)

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que

mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos

humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo

la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos

con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%,

disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de

labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar (11), resucitando así formas de trabajo

forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas,

aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas,

alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% (12) prometiendo aumentarla con

300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era

industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos,

secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros

no aparecieron (13). Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de

gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas

ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde

la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas;

enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia

marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido

ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo

hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al

éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante

política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios

enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de

cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y

adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque

los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de

gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido

ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que

alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en

solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen

también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda ineptitud.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la

pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que

equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en

1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos

Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela,

mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban

que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la

actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más

rápido que el dólar.

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al

Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como

beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de

monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la

Siemens, al que está n ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de

su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la

restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la

Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos

pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos". (14)

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar

sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana

duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras,

valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo

un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera,

indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo

las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles

aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al

conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales,

dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al

ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta

procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera

ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran

sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al

último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más

de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas

por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer

llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser

perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos

difíciles.

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.”

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Referencias:

(1) Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de

"liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero

siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para

su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

(2) El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya

muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una

sobreviviente: "Picana en los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca cada vez que lloraba o

rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la

máquina de sierra que se escuchaba".

(3) "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

(4) Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de

Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería

seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Ángel Mosse, José Svagusa, Diana

Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga

informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra.

Este último había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias

fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga"

(5) En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una

proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en

que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la

represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta

es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios:

100. Total: 4.000.

(6) Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.

(7) "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera

Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

(8) El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que

"el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".

(9) El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en

septiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron

acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76,

después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo

acusó de "simular" su secuestro.

(10) Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de

Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero

y el 3 de febrero de 1977.

(11) Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó

aún más.

(12) Diario "Clarín"

(13) Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di

Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han

sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

(14) Prensa Libre, 16-12-76.

*Solicitada de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)

Fue publicada en el diario “El Cronista Comercial” el 24 de Marzo de 1977 con el título “Un

año después”.

“Frente a la magnitud del daño que se había inferido a las instituciones, a la economía y, más grave

aún, a las conciencias, pues se había llegado a confundir y corromper ideológicamente a parte de

nuestra juventud, la ruta emprendida ha de ser necesariamente larga y difícil. Sobre la marcha,

surgen obstáculos impredecibles o atrasos inesperados.

En el área económica, en la cual se desarrolla nuestra actividad profesional, nos encontramos:

1) Al borde del estado de cesación de pagos internacionales

2) La Inflación había alcanzado el nivel previo a la inminente destrucción de nuestro sistema

monetario y financiero

3) La vida económica se desenvolvía bajo el signo del desabastecimiento y el mercado negro

Aquella situación aparece hoy totalmente superada en cada uno de esos sectores críticos.

Por parte, deben destacarse las relaciones del gobierno en el campo de los cambios estructurales.

Nos incumben especialmente algunos que, a nuestro juicio, van construyendo el marco jurídico que

hará posible e impulsará una gran transformación de nuestro sistema financiero que podrá así

contribuir decididamente al futuro progreso económico. Tal carácter tiene, por ejemplo, la ley de

descentralización de los depósitos y la ley de entidades financieras.

Los logros alcanzados, mirados desde la óptica de nuestras expectativas, pueden ofrecer blanco

para las objeciones. Ello es inevitable. Pero esas relaciones aparecen como formidables si las

contemplamos con referencia a la desintegración social a la que nos veíamos enfrentados. Sería

injusto el no valorar lo hechos. Más aún, sería suicida el perder los esfuerzos realizados,

desaprovechar los sacrificios hechos.

El país ha elegido su destino. No es tiempo de desalientos, ni de egoísmos ni, menos aún, de

comportamientos antisociales; sino de persistir con energía, conducta y fortaleza en el camino

tomado. La tarea es de todos, pero una responsabilidad muy especial le cabe a los empresarios.

Tenemos conciencia cabal de ello y los bancos agrupados en ADEBA nos comprometemos a no

soslayar esa responsabilidad.

El país se encuentra desde el 24 de marzo de 1976, solo frente a la dura y cruda realidad. A partir de

ese hecho aspiramos a construir, solidariamente, una sociedad más digna, más dinámica, capaz de

una conducta socialmente constructiva y con mayor energía histórica.”