La Campaña Mundial por la Educación, bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el

derecho a una educación inclusiva”, reivindica en todo el mundo el derecho de niños y niñas

con necesidades educativas especiales a recibir una educación de calidad, sin

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, pone de

manifiesto el valor que la educación inclusiva aporta a toda la sociedad en su conjunto, ya

que reduce los niveles de pobreza y favorece el desarrollo.

En el mundo, 93 millones de niños y niñas tienen algún tipo de discapacidad, lo que supone

menos posibilidades de finalizar sus estudios y una de las causas de las mayores causas de

marginación y exclusión en la educación. En Burkina Faso, tener una discapacidad aumenta

en dos veces y media el riesgo de que niños y niñas no vayan al colegio y en Nepal, el 85%

de los niños y niñas no escolarizados tienen algún tipo de discapacidad. En demasiadas

ocasiones, la población infantil con necesidades educativas especiales es la gran olvidada a

la hora de reclamar el derecho a la educación. Forman el colectivo más marginado y

excluido de la educación.  Esta desigualdad se acentúa en países de renta media y baja. Se

reconoce además, que las mujeres y niñas con discapacidad experimentan múltiples

desventajas, siendo objeto de una doble exclusión.

Los sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque de derechos, no pueden seguir

siendo un asunto marginal en las políticas educativas, sino que deben ser centrales para la

consecución de una educación de calidad para todas las personas. Por eso, la Campaña

Mundial por la Educación lanza las siguientes reivindicaciones políticas a nivel internacional:

• Crear marcos legales para eliminar barreras legislativas que impiden a las personas con

discapacidad acceder a sistemas educativos como ratificar la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Construir aulas y escuelas accesibles para todos y todas y asegurar la existencia de

suficientes docentes con formación apropiada.

• La comunidad internacional debe llevar a cabo su compromiso de invertir al menos un

0,7% del PIB en cooperación y realinear la Ayuda Oficial al Desarrollo para comprometer al

menos un 8% de ella a educación básica.

Las reivindicaciones al Gobierno español van en la línea de recordar la importancia de

apostar por la Ayuda Oficial al Desarrollo como instrumento clave en la lucha contra la

pobreza, tal y como recoge la moción recientemente aprobada por unanimidad por todo los

grupos de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado.

Además, en este sentido, debe:

• Apostar por la cooperación  y volver lo antes posible a la senda de asignar el 0,7% de la

Renta Nacional bruta a la Ayuda oficial al desarrollo destinando el 8% a educación básica.

• Adaptar la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

La Campaña Mundial por la Educación tendrá su momento álgido durante la Semana de

Acción Mundial por la Educación (SAME), que se celebrará en diferentes ciudades

españolas desde el 7 al 13 de abril y donde más de 60.000 jóvenes realizarán cientos de

acciones simbólicas para defender la educación inclusiva, coincidiendo con iniciativas del

mismo tipo realizadas por niños y niñas en más de 100 países del mundo.

Para ello, desde la Campaña se propone la acción   Avanza por una educación para todos y

todas, en la que invita a los centros educativos que decidan participar en la SAME (más de

500), a realizar un particular juego de en el que el alumnado recorrerá un camino dividido en

distintas casillas. En cada una de ellas tendrán que reflexionar y experimentar las barreras a

las que se enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la educación,

especialmente aquellas personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad por habitar

en entornos y países empobrecidos.

La diversidad no es vista como un problema a superar, sino como un recurso enriquecedor para apoyar el aprendizaje de todos” (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughen y Show)

Una tercera forma de cultura, más ajustada a un contexto de atención a la diversidad, sería el enfoque adhocrático de la organización. Éste se caracteriza por una división flexible del trabajo basada en la colaboración y la coordinación, orientada a la resolución de problemas. La organización se concibe como abierta al entorno y adaptable, lo que la impulsa a una necesaria coordinación con los entornos educativos de las familias y la comunidad. Esta perspectiva valora la colaboración como forma habitual de resolución de problemas en una organización compuesta por equipos multidisciplinarios entre los cuales rige la interdependencia positiva (Fernández Enguita, 2005; Skrtic, 1999). Estas culturas de colaboración operarían desde una serie de principios, como el apoyo moral, el aumento de la eficiencia y la eficacia, la certeza situada (no absoluta) y la capacidad de reflexión (Hargreaves, 1999).