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PARTIDO APRISTA PERUANO Comité Ejecutivo Nacional Secretaría General Documento de Trabajo JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS LOS PERUANOS -Orientación política del PAP ante los nuevos desafíos- Lunes 22 de agosto de 2011 Presentación Por iniciativa de la Secretaría General Política, en el año 2010 se dio inicio a un debate interno que tenía por finalidad hacer un cotejo y balance entre la matriz ideológica y doctrinaria del Aprismo, la propuesta de Plan de Gobierno para la Campaña Electoral de 2006 y los resultados de gestión del Gobierno Nacional entre Julio 2006 – Julio 2011. Para ello, se convocó en sucesivas reuniones de trabajo al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Política, a la Célula Parlamentaria Aprista, Ministros de Estado; estas sesiones se realizaron durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre de 2010 en la sede de la Fundación Ebert, institución que nos brindó apoyo metodológico y logístico. Producto de la discusión realizada en varios talleres sobre el tema NUEVOS DESAFÍOS DE ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO APRISTA PERUANO surge este primer documento de trabajo que toma en cuenta los fundamentos ideológicos del PAP, los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, las Políticas del Acuerdo Nacional, los avances del CEPLAN. El objetivo de este documento es servir de base y alentar el debate interno e identificar aportes que desde la dirigencia y la militancia coadyuven a la construcción de los nuevos lineamientos políticos y programáticos partidarios que reposicione al Partido Aprista Peruano en el actual contexto político nacional. Ahora, planteamos que el "Documento de Trabajo" elaborado como consecuencia de dicho proceso sea debatido en las bases del Partido a nivel nacional. La primera exposición del trabajo, con lo que damos inicio al debate interno, se realizará el Lunes 22 de agosto a las 7 pm en la Sala de Banderas de la Casa del Pueblo con la participación de los miembros del CEN y los dirigentes de Bases de Lima, coincidiendo con el 80° aniversario de la presentación del Plan Mínimo en la Plaza de Acho por el Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS LOS PERUANOS -Orientación política del PAP ante los nuevos desafíos- Lunes 22 de agosto de 2011 Introducción El Partido Aprista Peruano quiere y debe hacer un balance de su aporte en la construcción de un Perú con Libertad y Justicia Social. Lo hace de una manera serena y

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apuntando a las próximas décadas de este siglo XXI. Con 80 años de antigüedad, el PAP resulta el Partido más antiguo en nuestra historia republicana. Aquí está centrada la importancia de este proceso, aunque es preciso subrayar que este documento responde tan solo al intento participativo de recoger y sistematizar las nuevas y diversas ideas surgidas de la experiencia del segundo gobierno aprista en el Perú. 1. Autocrítica como línea de base Los cambios paradigmáticos ocurridos tras la caída del Muro de Berlín (1989), la revolución científica y tecnológica en medio del proceso creciente de globalización y más recientemente la crisis económica y financiera internacional (2009), han afectado, entre otras cosas, las estructuras y visiones particularmente de los partidos progresistas en todo el mundo. Luego de este embate, el Partido Aprista Peruano también se ve en la necesidad de reflexionar sobre lo que puede significar quizá una nueva etapa de la vida partidaria. Otro factor que motiva esta reflexión son los dos períodos gubernamentales del Partido Aprista Peruano. La militancia del PAP en general, mantiene una mística inquebrantable que garantiza la unidad partidaria. No obstante, esta innegable fortaleza, se ha forjado junto a una debilidad también evidente: la fuerza dirimente de las naturales controversias políticas entre los dirigentes del Partido, ocurridas precisamente en un contexto global tan inestable como el actual, se ha tornado insuficiente. Ha surgido, entonces, un abanico de interpretaciones ideológicas y doctrinarias divergentes que, por no resolverse oportunamente, ha creado bolsones de confusión y desorientación doctrinaria y estratégica entre los militantes y dirigentes. Esta volatilidad respecto de las respuestas estratégicas a los desafíos de la economía mundial, sobre todo en situaciones de crisis, se ha dado a pesar de los evidentes avances económicos y sociales conseguidos por el Gobierno en el período 2006-2011. En ciertos momentos de los últimos cuatro años, la sociedad peruana ha recibido dos mensajes apristas no siempre coincidentes. Uno proveniente del Partido y otro proveniente del Gobierno. El impacto negativo que ha dejado el cúmulo de discrepancias irresueltas en la imagen del Partido es evidente hasta para los electores. El diálogo para ventilar estas discrepancias, además de ser insuficiente, se ha dado a través de los medios de comunicación masiva y no mediante una convocatoria sistemática interna. La disonancia entre Partido y Gobierno ha provocado que los éxitos se abonen a los “independientes” en el gabinete, y que los errores sean atribuidos a los miembros del Partido. Esta dualidad ha extendido en la población la idea de que el PAP sea el partido de un “Gobierno de Derecha”, pero no el Partido de Gobierno. La convocatoria a figuras políticas significativas y ajenas al Partido en el gabinete, no ha sido valorada como un manejo estratégico de la difícil coyuntura política, que exigía apertura y concertación de largo plazo para contrarrestar las propuestas antisistema. Más bien se la ha visto como un error, una debilidad y, hasta cierto punto, como una falta de lealtad hacia quienes se consideran partidarios capaces en lista de espera. Muchos de estos piensan en que hubiese sido mejor hablar de un gobierno de concertación o coalición, en vez de hablar de un gobierno aprista. Una de las consecuencias debilitadoras de esta confusión interna es el sentimiento de culpa o el complejo de pertenecer a “un partido de derecha”, sin una clara capacidad de respuesta política para contrarrestar esta crítica. Tal confusión ha servido también

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de caldo de cultivo para que las discrepancias se multipliquen innecesariamente y, con ello, aumenten los riesgos de caer en malos entendidos o supuestas faltas de lealtad. Para un sector de la sociedad el PAP no es la suficientemente transparente en el manejo de la cosa pública y además, ahora, se le tilda de derecha, trabajando a favor de grandes corporaciones transnacionales. Esto ocurre a pesar de los nada despreciables éxitos de la gestión gubernamental a favor de las mayorías. Éxitos que se perciben desligados entre sí y, sobre todo, desconectados de los progresos en el nivel de bienestar, que son el resultado de numerosos objetivos y programas sociales emprendidos por el Gobierno. Por ejemplo, el programa “Agua para Todos” se entiende como el cumplimiento de uno de los objetivos del milenio, y no como un objetivo clave del Partido del Pueblo al servicio de la Justicia Social. En suma, hoy se hace más evidente la necesidad de que el PAP retome la reflexión sobre la forma de plasmar el mensaje ideológico y doctrinario en la sociedad actual y de repensar de manera colectiva cómo mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a la política seguida. 2. La ideología aprista como fundamento de este documento (Un Grupo de Trabajo Especial, en la perspectiva de cumplirse los 80 años del Discurso Programa del Aprismo expuesto por Víctor Raúl Haya de la Torre en la Plaza de Acho la tarde del 23 de agosto de 1931, está formulando un documento base para el debate). 3. Visión política progresista: Justicia Social para todos los peruanos y peruanas. El espacio y tiempo histórico en el que nos ha tocado vivir al iniciar la segunda década del segundo milenio, es preciso tener el pleno convencimiento de que la Visión estratégica del Partido Aprista Peruano es progresista por ser altamente incluyente. Esta visión recoge los elementos doctrinarios básicos de la ideología aprista y sugiere elementos a tener en cuenta en el diseño de un programa de gobierno progresista. Ello es mucho más importante que responder a los juicios interesados de quienes nos quieren ver como partido de derecha. Nuestra Visión progresista comprende cinco ejes: a. Democracia social e institucionalidad política incluyente.b.

Competitividad económica y riqueza nacional equitativa.

c.

Competitividad social en el campo y la ciudad en un ambiente sostenible.d.

e. Estado competente en una nación segura y gobernable.

Un sólido bloque de naciones integradas de América Latina

Como se puede apreciar, los cinco ejes mencionados, a diferencia de los ejes tradicionalmente utilizados, en lugar de ser líneas paralelas y distantes muestran no pocos puntos de enlace entre sí constituyendo una visión sistémica que no es una simple suma de capítulos aislados o de compartimentos estancos. Veamos ahora el contenido de cada uno de los ejes enumerados: a. Primer Eje: Democracia social e institucionalidad política incluyente

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Este primer eje es la reafirmación en los valores y los grandes ideales del Partido Aprista Peruano, como es la democracia social en libertad. Por principio tomado de la doctrina aprista, en nuestro país debe regir plenamente el Estado de Derecho, el pleno respeto a los Derechos Humanos, el orden democrático institucional y, lo que no es menos importante, el principio de autoridad. Este principio coloca al Partido en el centro de una democracia social que desarrollamos en los siguientes puntos de la visión: • Queremos una democracia institucional consolidada, basada en la mutua independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, contraria a la creciente volatilidad de agrupaciones políticas que proliferan y mutan como si fuesen meras oportunidades de negocio para sus organizadores. • Queremos una democracia donde el respeto irrestricto al sistema institucional y al Estado de Derecho se decante de quienes se auto califican como refundadores de la República y con ello gobernar sin fecha límite y de manera autocrática y autárquica; o de quienes se ofrecen como la única y excluyente opción de cambio avivando la xenofobia con mensajes políticos racistas, contrarios a la esencia multicultural del Perú; o de quienes tratan de confundir con la democracia sus aspiraciones de llegar violentamente al poder conculcando la libertad y la división de poderes para instalar un sistema político totalitario. • Queremos la plena vigencia de un Estado de Derecho donde los tres poderes del Estado trabajen garantizando la igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres, para las minorías sociales y étnicas, para las personas con discapacidad y para las personas que declaren una opción sexual distinta. • Queremos el establecimiento de cuotas en las listas electorales en cada nivel de gobierno por criterio de género o edad. Una sociedad con valores democráticos que despliegue la cultura del diálogo y la concertación intergubernamental entre los poderes del Estado. Donde la política sea la vía pacífica de solución a los conflictos internos, sea cual fuere su causa. • Queremos una sociedad donde el voto de la ciudadanía sea facultativo y el Congreso se renueve parcialmente y la mayor parte de sus instituciones elija a sus autoridades de manera transparente y directa con el uso del voto universal, secreto y directo. b. Segundo Eje:

“Competitividad Económica con Riqueza Nacional Equitativa”.

Queremos que el país enfrente exitosamente el desafío de la globalización y de la redistribución. Competitividad quiere decir la constante acumulación de fuerzas aumentando así las óptimas condiciones para ganar una competición. Queremos que el Perú alcance uno de los primeros lugares en generación de valor agregado para el mundo y en generación de justicia social para el orbe. En el marco de la apertura global, en el Perú la competitividad económica requiere de atinadas políticas progresistas. Los sucesivos gobiernos nacionales, regionales y locales, así como los tres Poderes del Estado, deben contribuir a fortalecer la estabilidad macroeconómica y el Estado de Derecho. La estabilidad de los costos relativos para familias y empresas y el respeto a los contratos que suscribe el Estado son claves para la competitividad económica. Las

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onerosas inversiones en infraestructura y en servicios de calidad que sirven de soporte al crecimiento con bienestar y a la producción con empleo digno requieren de un volumen de capital que no tenemos en el Perú. El incumplimiento de los contratos que suscribe el Estado para conseguir estos capitales, además de ir en contra del Estado de Derecho, genera condiciones adversas para atraer nuevas y adicionales inversiones indispensables para el desarrollo nacional. Por otro lado, los derechos laborales no deben ser conculcados en busca de una competitividad basada en el salario barato. Se debe conquistar el bienestar laboral a la par que los nuevos mercados internacionales. Una etapa de transición hacia formas económicamente más competitivas pasa por un esfuerzo del gobierno, de la sociedad y de los propios trabajadores. La necesidad de reciclarse tecnológicamente es hoy imperativa para todos los ciudadanos en el rol que les toque cumplir en la sociedad. Los sindicatos y las empresas tienen que desarrollar nuevas formas de lograr el equilibrio negociado entre el trabajo y el capital. Los mecanismos cerrados de presión laboral están cada vez más debilitados por los continuos cambios científicos y tecnológicos y los paradigmas administrativos aplicados a la producción. Pero precisamente por ello es el trabajador el punto clave del encuentro y articulación entre la competitividad económica y la competitividad social que queremos resaltar en esta visión de justicia social para todos. La competitividad económica del Perú debe basarse sobre todo en el empleo digno. La producción o los ingresos, por más inmediatos y cuantiosos que sean no pueden servir de pretexto para dañar la dignidad de las personas ni del ambiente en el que tenemos que vivir. La fragmentación ambiental localista no debe tampoco servir de pretexto para detener políticas como la energética, tan importantes para las generaciones futuras de todo el país. Por otro lado, es importante presentar al país un análisis comparativo entre la política económica seguida por el Perú y aquellas políticas económicas aplicadas por gobiernos que han sido catalogados como regímenes de izquierda. La población entenderá rápidamente que un déficit fiscal afecta por igual las bases económicas de una sociedad, sea cual fuere el sentido político de izquierda o derecha que demos al gobierno. Veamos el caso de España en que el Partido Socialista fue el único defensor ante todo el espectro político de ese país, del ajuste económico aplicado a causa de la crisis internacional en mayo del presente año 2010. También es necesario relacionar las variables que con pretextos ideológicos se presentan ante la ciudadanía de manera inconexa. Por ejemplo, es preciso relacionar, medir, valorizar y explicar el impacto que las inversiones de capital extranjero o de la inversión privada en general, tienen sobre la calidad de vida de la clase laboral. O quizá explicar de manera cabal la relación entre la ausencia de un Estado competente, ágil y eficaz, con la cultura de la informalidad en los campos económico, social y político. c. Tercer Eje Competitividad Social en el campo y la ciudad, en un ambiente sostenible

La competitividad económica es sólo un pilar del desarrollo nacional, indispensable pero insuficiente. El otro pilar indispensable es el que denominamos Competitividad Social.

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El concepto de competitividad social quiere decir que la Justicia Social se alcanza aumentado la disponibilidad de riqueza y la canasta básica de servicios sociales de alta calidad a favor de los sectores desposeídos, perfeccionando los mecanismos legales de redistribución del ingreso. La Justicia Social es un valor esencial de la doctrina aprista que nos lleva al principio de generar nuevas fuentes de acumulación sin confiscar el patrimonio legítimo, atropellando el Estado de Derecho. El desarrollo humano, junto con la Justicia social son la meta de la competitividad social. Pero esta meta no se logra sólo con erradicar la pobreza extrema. Los sucesivos gobiernos y la sociedad también debemos conjugar esfuerzos de manera permanente haciendo que la sociedad peruana llegue a ser plenamente incluyente. Un país socialmente competitivo es un país donde la población siente que la identidad nacional es el vínculo esencial y común entre todas las personas, ciudadanas y ciudadanos, que pertenecemos al Perú como Nación. Es un país preferido por la población nacional para afincarse en él, donde la población joven prefiere quedarse como emprendedora de nuevas oportunidades, dejando de lado la migración al exterior como expectativa de vida. Donde la población de la tercera edad se ve amparada en vez de amenazada por demoras de aprobación de resoluciones de la pensión que toma hasta dos años, mientras se le sigue cobrando las cuotas de seguridad social y se le suspende el servicio en el tiempo que quizá más lo necesita. La competitividad social se basa en un orden social plenamente incluyente, sin discriminación de cualquier tipo y en una autoestima cultural sin complejos frente a lo “extranjero”, con las fronteras económicas y políticas abiertas de manera transparente hacia el resto del mundo. Un país donde las expectativas nacionales se ven libres de la violencia endémica del crimen organizado y de la discriminación por razón de sexo, credo, o de origen étnico, político, cultural, social o laboral. Un país que dispone de una canasta básica de servicios sociales de alta calidad y cobertura orientados a la prevención y preservación de la salud, saneamiento, educación, energía y cuidado del ambiente. Donde la normatividad laboral protege los intereses y expectativas de mujeres y hombres que viven de su fuerza laboral con los intereses de empresas con responsabilidad social, que con sus inversiones forman cadenas de valor y amplían el tejido social formal. Es un país capaz de asumir el reto del aseguramiento universal de la salud y de la educación de alta calidad. Una Nación donde se ha superado las desigualdades de acceso a la canasta de servicios sociales básicos y donde la población vive y se siente segura frente a la delincuencia y el crimen organizado. Donde la estabilidad política, social y económica no se vea amenazada por los conflictos sociales con relación a las inversiones que afecten la organización del territorio y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Es un país donde prevalece la Justicia Tributaria con una arquitectura tributaria que permite que los habitantes de los diversos territorios del país reciban los beneficios de una distribución equitativa de las rentas por el usufructo de los recursos naturales. Un Estado capaz de distribuir legítimamente subsidios directos que provengan del canon a las comunidades campesinas y nativas cuyas propiedades territoriales no pueden ser

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hipotecadas ni vendidas pero que, sin embargo tienen una efectiva presencia en los lugares donde se explota los yacimientos de recursos agotables. En suma, un Perú socialmente competitivo y justo es donde se pierden progresivamente las diferencias de calidad de vida y de producción entre Norte Centro y Sur, entre Costa Sierra y Selva, entre el campo y la ciudad. d. Cuarto Eje:

Estado Competente en una Nación Segura y Gobernable.

Mejor Estado, mayor equidad y seguridad, mejor mercado y, por ende, mejor sociedad. El papel del Estado competente es el de articular y dinamizar las relaciones entre los dos pilares fundamentales del bienestar nacional: la competitividad económica y social. En una sociedad libre, el Estado no sustituye ni sofoca al sector privado ni pretende copar el conjunto de organizaciones sociales y civiles. Simplemente opera como un engranaje transmisor de energía equilibrante hacia los sectores menos favorecidos o más aislados. El Estado Competente es pues un Estado que se reconoce tan solo como una parte de la totalidad social pero que está llamado a servir de organismo articulador con el sector privado, entre las diferentes dinámicas sociales y políticas y entre regiones geográficas y económicas. Para cumplir esta función el Estado competente busca reunir las atribuciones y competencias que otorgan el conocimiento y la experiencia de los gobernantes y los funcionarios y servidores públicos. El crecimiento económico que aportan la empresa privada y la universalización de los servicios sociales deben responder al mismo eje impulsor y orientador. Durante los últimos años el Gobierno aprista ha levantado aún más estos dos pilares básicos de la gobernabilidad: el de Competitividad Económica y el de Competitividad Social. En el primero de estos pilares se fundamenta el crecimiento y el desarrollo económico (mayor valor agregado eficiente y mayor diversificación de la estructura productiva) En el segundo pilar se apoya el bienestar y el desarrollo social sin brechas de exclusión. No obstante, queda mucho por hacer para que ambos pilares hayan alcanzado la paridad suficiente como para avanzar de manera equilibrada ante los desafíos sociales y económicos. El programa progresista del PAP en esta nueva etapa pretende complementar este esquema construyendo un tercer pilar de gobernabilidad que corresponde al Estado Competente, que sirva como herramienta eficaz para la superación de las disparidades entre crecimiento y bienestar. El Estado competente es un Estado que cuenta con una administración pública eficaz y eficiente al servicio del pueblo, debidamente respaldada por normas que establece la carrera administrativa pública con mecanismos transparentes de ingreso, ascenso y

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retiro. Es un Estado capaz de cumplir un rol múltiple de alta calidad con el poder efectivo de implementar políticas públicas de orden transversal entre ambas competitividades, como es, por ejemplo la seguridad o la defensa. El Estado Competente valora y sabe manejar la continuidad del equilibrio macroeconómico nacional en un mundo acosado por crisis globales. El Estado peruano competente al que aspiramos no puede ser tan ingenuo de no ver aquellas iniciativas políticas que, aprovechándose de los derechos que garantiza la democracia, surgen amparados en el Sistema precisamente con la finalidad de destruirlo. Un estado competente no es un Estado omnímodo sino subsidiario, que sabe dejarse sustituir por instituciones e iniciativas sociales. Pero el Estado competente no es pues una cuestión de cantidad de oficinas o de servidores públicos; es algo radicalmente distinto al Estado burocrático, intervencionista y centralista. Es, más bien, un Estado que semeja una cadena productiva y motriz de acuerdos políticos para el cambio social en democracia, que engrana los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno, que trabaja de modo plural por la mejora continua de la interdependencia entre el campo y la ciudad y entre el mundo económico y el mundo social, entre las diferentes etnias y culturas del Perú y entre el mundo privado y el público. De esta manera, podemos decir que el Estado Competente debe ser un Estado a) regulador y garante; b) democratizador y subsidiario; y c) innovador y previsor. A continuación se amplía la conceptuación de estas tres dimensiones del rol múltiple que debe cumplir el Estado Competente. a. Rol regulador y garante

Frente a la globalización, el rol más inteligente que le toca cumplir al Estado es el de la regulación de las relaciones entre los ciudadanos, las empresas y el mismo Estado. La crisis financiera internacional de los años 2008 y 2009 nos ha actualizado la necesidad de un Estado regulador. El rol regulador se extiende a la complementariedad de dos sistemas económicos integrados y sostenibles: el nacional y el internacional, considerando que la defensa del interés nacional no es para construir un país cerrado y autárquico. La defensa de los intereses nacionales está más bien en estrecha relación con la mayor apertura a los cambios inexorables en el mundo, que se dan fuera de nuestro alcance de poder y muchas veces de manera casi repentina. El rol regulador puede ser desempeñado en distintas áreas, como son: • Área: Monopolios El Perú debe ser un país libre de acaparadores. El rol regulador y garante de la equidad que debe cumplir El Estado frente al surgimiento de los monopolios de cualquier índole es la defensa del principio de la libertad con justicia social. Es perniciosa para la democracia y la equidad la tendencia a tener a una misma persona o familia como dueña de una elevada proporción de la tierra agrícola o el monopolio en el uso del espacio aéreo o de los medios de comunicación. Sin afectar la

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libertad y el derecho individual es preciso promover la diversidad de nuevos emprendedores y de una sana competencia en beneficio de la sociedad. Un país donde los precios pueden subir de manera manipulada por la sola decisión corporativa, no es un país socialmente competitivo, por las consecuencias que ante todo van en contra de la economía familiar. De la misma forma en que una persistente exacerbación de los conflictos sociales puede hacer perder millones de soles al país en un corto tiempo, la ilimitada propiedad potencial sobre la tierra o sobre el uso de otros recursos naturales lleva implícita la pauperización de la mayoría que queda al margen de la concentración excluyente de la riqueza. • Área “Derechos laborales” Otra área propicia para el desempeño de un Estado regulador e incluyente se da en el área laboral, es decir, en todo lo concerniente a la relación equitativa entre trabajo y capital, lo que comprende aspectos tan sensibles como el salario mínimo vital, los incrementos salariales, la pensión de jubilación y la seguridad social o el acceso sin discriminación a las fuentes de empleo. • Área “Tributación” Otra área importante se refiere a los tributos que gravan o deben gravar las ganancias por explotación de recursos naturales, o, por ejemplo, la reventa de acciones de empresas que tienen como patrimonio contable los recursos naturales que son propiedad de la totalidad de peruanos. Desde el año 2007 el Estado peruano ha dejado de recaudar unos US $ 1.700 millones debido a que aún está pendiente en el Congreso la aprobación de la ley 3092 que permitirá gravar con impuesto a la renta las ventas de las empresas peruanas en el extranjero. • Área “Concesiones estatales” Otra área importante de regulación potencial está en lo que concierne a los contratos o concesiones otorgados por el Estado, de manera que puedan alcanzar mejores estándares de competitividad social por vía de la redistribución de la renta. • Área “Derechos del Consumidor” La vigencia del Código del Consumidor es también un área de regulación en busca de una mayor competitividad social, que comprende una cultura de colaboración, complementariedad y equidad en las transacciones de compra venta de bienes de consumo. Velar por las formas de presentación de los productos, fechas de caducidad, reclamaciones por problemas de calidad u oportunidad de entrega, la justa relación entre propaganda y propiedades de los productos ofrecidos, etc. Son sólo unos pocos casos en los que se requiere de una regulación fina que dé cada vez mayor calidad al mercado. • Área “Compensación territorial” Otra área para el Estado regulador es la creación de mecanismos de compensación que contribuyen a disminuir los desniveles territoriales de competitividad social y económica. Por ejemplo, los desniveles de las capacidades productivas, administrativas, tributarias y gerenciales entre las regiones. Desniveles que afectan negativamente la gestión descentralizada del desarrollo que se requiere en un Estado subsidiario • Área “Transparencia” Otra área importante de regulación del Estado recae en la lucha concurrente contra la corrupción. La información oportuna y veraz que recibe la ciudadanía, así como las

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leyes que tipifican los delitos en el ejercicio de la administración del poder son dos elementos esenciales en la construcción del Estado competente y regulador. Adicionalmente, el papel del Estado regulador funciona con mecanismos concurrentes de vigilancia ciudadana, que mantiene se como pieza esencial de una gestión transparente. • Área “Seguridad Interna” El país crece y con ello, paradójicamente, crecen las modalidades delincuenciales y las alianzas entre terrorismo y crimen organizado. El Estado Competente debe estar en condiciones de garantizar la seguridad para vivir en paz un clima interno de paz. La seguridad y la educación tienen que incidir en el tratamiento del pandillaje y, en general del uso de la violencia, así como la rehabilitación social de los internos en los penales. b. Rol democratizador y subsidiario

El Estado Competente es el principal ente democratizador y subsidiario de la Nación. Es un Estado que efectivamente está presente con alta calidad en la totalidad del territorio, como fuente cercana de solución, y de autoridad moral y real para la integración social. Es un Estado convocador y respetuoso de los derechos individuales que ejerce el principio de la inclusión social con el enfoque de equidad de género e impulsa la construcción de visiones sociales de desarrollo democráticamente compartidas. Trabaja para superar la fragmentación localista cada vez menos identificada con valores y tradiciones ancestrales. Lleva a cabo programas de tipo multisectorial de compensación social mediante la inversión en favor de circunscripciones territoriales y de sectores sociales marginales. Es un Estado generador de las identidades básicas de ser y sentirse peruano o peruana, sino también, un Estado generador de la identidad del estar viviendo en una sociedad justa, pluralista y democrática, que comparte y respeta la legitimidad de leyes y normas que regulan la convivencia diversos intereses políticos, sociales, culturales y espirituales en el marco de la ley. Es un Estado que facilita la articulación de los diversos sectores culturales, económicos y sociales, sobre todo con respecto a explotación de los recursos naturales y a la preservación de un ambiente limpio y sano. Es un Estado que contribuye a superar los conflictos sociales y económicos, particularmente aquellos que se derivan de las disparidades en la generación de riqueza por aprovechamiento de los recursos naturales. Es un Estado descentralizador e integrador, impulsor de la delegación de facultades a favor de los gobiernos regionales y locales, que impulsa estrategias de desarrollo y de ordenamiento territorial y de armonización y fortalecimiento de los tres niveles de gobierno, pues es urgente infundir el sentido cooperativo entre los gobernantes de los tres niveles de gobierno. Es un estado capaz de reconocer las diferencias de rendimiento y productividad en los diferentes niveles de gobierno, y corregir los sesgos que contradicen la igualdad de oportunidades. Un Estado capaz de corregir la tendencia de lentitud y altos costos de los trámites para otorgar, por ejemplo una licencia de funcionamiento que en ciertas

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municipalidades puede llegar a costar hoy hasta 1,428 soles, a diferencia de la suma de 34 soles que cobra la Municipalidad con licencias más baratas. Un Estado capaz de mostrar didácticamente a la población la relación que debe haber, por ejemplo, entre las inversiones públicas y el crecimiento local que plantea desafíos diferentes a las que plantea la Nación en conjunto. Es un Estado capaz de hacer docencia política para hacer entender a la población las viabilidades de las soluciones pendientes en el tiempo y los nexos entre la formalización económica, política y social y la elevación progresiva de la calidad de vida. Los beneficios que la sociedad obtiene del crecimiento económico, y los beneficios que la economía obtiene del crecimiento social, son mutuamente determinantes. Pero es preciso que el Partido ilustre a la población demostrándole que como resultados generacionales, estos no son necesariamente inmediatos o instantáneos en el tiempo. Para que la cobertura de un beneficio se universalice de manera irreversible tanto en el territorio, como en los diversos estratos sociales hay de por medio un tiempo crítico de maduración que no pueden acortar a su antojo los gobiernos ni los partidos políticos. Para que la cobertura se universalice, Es un estado capaz de hacer entender a la ciudadanía que, si bien los subsidios producen efectos paliativos casi inmediatos, sus impactos en el largo plazo puede que sean contrarios a la autonomía social construida de manera progresiva en plazos que no son posibles acortar por la sola voluntad de cualquier gobierno. Es un Estado que muestra ante la población la relación directa que debe haber, por ejemplo, entre la necesidad de superar la dependencia petrolera que va en contra de los intereses populares y la necesidad de estabilizar el gasto familiar. Sólo si se ve esta relación de manera integral es posible entender que, a mayor dependencia de la importación de hidrocarburos, los hogares peruanos estarán más expuestos a las variaciones desventajosas de los precios internacionales de los hidrocarburos. Entonces, hay una relación que no podemos ignorar entre la voluntad de generar nuevas fuentes petroleras y la de garantizar una economía familiar estable. Un Estado que sirve de bisagra intercultural y busca propiciar una cultura popular que privilegie los acuerdos distributivos antes que los conflictos radicales de oposición, especialmente aquellos relacionados con las oportunidades de generar excedentes. c. Rol innovador y previsor

Sin innovación no hay desarrollo y sin propiedad intelectual no hay innovación. Un Estado competente es innovador. Previsor y protector de la propiedad intelectual de los inventos que contribuyen a modernizar la estructura productiva del país. Crea y fomenta los parques de innovación que beneficien primordialmente a la pequeña y micro empresa como un medio de aumentar la inclusión de más personas en los circuitos de generación y acumulación de riqueza. Las Pymes son las generadoras del 98 % del empleo y como tales, están en condición de registrar sus propias patentes, poniendo en vigor mecanismos como el de asociar la Universidad a las empresas y al Estado Competente. El futuro de la economía del conocimiento está en los recursos genéticos y la energía. Entonces, el Estado Competente dinamiza la investigación científica y la innovación tecnológica para aumentar el rendimiento de todo el sistema social hacia una gestión eficiente por resultados, basada en principios alusivos a la creatividad, eficiencia y

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eficacia, transparencia, y a la primacía del mérito por productividad, apuntalando de manera permanente la lucha contra la pobreza y la corrupción. Es un Estado que se ocupa de las nuevas modalidades de crimen organizado que acosan a la institucionalidad democrática que buscan infiltrarse en la medida que crecen asociadas al desarrollo tecnológico, particularmente la cibernética y el desarrollo de las redes electrónicas e informáticas. Es un Estado impulsor de la aplicación de principios de gestión gubernamental que tienen por referente clave a la ciudadanía, como son: el gobierno electrónico, la gestión en línea y la simplificación administrativa. Un Estado previsor que pone énfasis en formas de articulación y complementariedad de roles que desde el ángulo del interés privado no es del todo visible. Por ejemplo la articulación de la ley de recursos hídricos con la planificación de siembras lo que contribuirá sin duda a estabilizar los precios y evitar etapas de sobre producción. e. Quinto Eje:

Un Bloque de Naciones Integradas de América Latina

En este eje el partido Aprista Peruano apuesta por un país que lidera el Pacífico Sur y que participa activamente en los bloques de integración económica y social a los que pertenece. El Estado peruano debe sentirse llamado a liderar posiciones consecuentes con su filosofía de Estado Competente y de nación competitiva en todos los escenarios regionales como son: La Comunidad Andina de Naciones, La Unión de Naciones de América del Sur. Sobre todo en el Comité Intergubernamental sobre conocimientos Tradicionales, donde el Perú tiene vastos conocimientos tradicionales que defender. Pero, además, consideramos también importante la integración activa del Partido Aprista Peruano con los demás partidos progresistas de la Región en lo que se ha llamado acertadamente la “diplomacia paralela”, mecanismo por el cual los dirigentes nacionales de los partidos progresistas de cada país sientan las bases de un entendimiento internacional acerca de las visiones políticas, tal vez de manera más informal pero no por ello menos profundo y fructífero. 4. Elementos programáticos Los eslabonamientos de un programa político de mayor valor agregado La gente deja de percibir el mérito del Partido cuando los hechos que dan cuenta del éxito de un gobierno se perciben de manera inconexa. Por ejemplo, el aislamiento de los títulos de propiedad respecto de las ventajas que trae consigo la formalización para aumentar el bienestar familiar y el de la nación. La inconexión entre una mayor cantidad de propietarios y las nuevas oportunidades de financiación e inversión para la mejora de la calidad de vida con servicios de saneamiento.