justicia constitucional y derechos fundamentales: el control de convencionalidad

7/29/2019 Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales: El Control de Convencionalidad

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EDITORES

Vctor Bazn

Claudio Nash

JUSTICIACONSTITUCIONAL

Y DERECHOS

FUNDAMENTALESEL CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD

2011

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JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Y DERECHOS FUNDAMENTALESEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

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JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Y DERECHOS FUNDAMENTALESEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

2011

EditoresVctor Bazn

Claudio Nash


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2012 KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V.

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V.

Klingelhferstrasse 23D-10785 Berln

Repblica Federal de Alemania

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Editor responsable

Christian Steiner

Corrector

Alejandro Coto

Diseo y armado

ISSN: 1688-826X

Esta publicacin se distribuye en forma gratuita, en el marco de la cooperacin

internacional de la Fundacin Konrad Adenauer.

Los textos que se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no

expresan necesariamente el pensamiento del editor. Se autoriza la reproduccin total

o parcial del contenido con inclusin de la fuente.

Manosanta desarrollo editorial

Impreso en Colombia-Printed in Colombia

Por: UNIN GRFICA LTDA. En julio de 2012.


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Sumario

Presentacin ......................................................................................................................... 9

Prlogo ................................................................................................................................ 11

PRIMERA PARTE. El control de convencionalidad

El control de convencionalidad: incgnitas, desafos y perspectivas

Vctor Bazn ........................................................................................................................ 17

Comentarios al trabajo de Vctor Bazn:

El control de convencionalidad: incgnitas, desafos y perspectivas

Claudio Nash Rojas ............................................................................................................ 57

Apuntes a El control de convencionalidad:incgnitas, desafos y perspectivas, de Vctor Bazn

Ayln Ordez Reyna .......................................................................................................... 71

SEGUNDA PARTE. Informes por pases de jurisprudencia relevante

en materias de justicia constitucional y derechos fundamentales

2010-2011

Pronunciamientos signicativos de la Corte Suprema de Justicia argentina

(2010-2011). Consolidacin de estndares sustentables en sectores de la justiciaconstitucional y los derechos fundamentales

Vctor Bazn ........................................................................................................................ 85

Justicia constitucional y derechos fundamentales en Bolivia. Avances y retrocesos

Jos Antonio Rivera S. ....................................................................................................... 101

Justia constitucional dos direitos fundamentais no Brasil: report 2010-2011

Leonardo Martins ............................................................................................................. 113


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Justicia constitucional y derechos fundamentales en Chile (2010-2011)

Claudio Nash R. y Paz Irarrzabal G. .............................................................................. 123

Recientes avances de la jurisprudencia constitucional colombiana

Humberto Antonio Sierra Porto ....................................................................................... 135

Ecacia de los derechos humanos en Costa Rica

Gilbert Armijo ................................................................................................................... 143

La justicia constitucional en Guatemala. Casos relevantes (2010-2011)

Ayln Ordez Reyna ........................................................................................................ 153

Quin controla al controlador constitucional en el Per?

Csar Landa ...................................................................................................................... 167

Jurisprudencia constitucional uruguaya

Martn Risso Ferrand ........................................................................................................ 179

La justicia constitucional en Venezuela y su creciente instrumentalizacin

Jess M. Casal .................................................................................................................... 187


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Presentacin

El Programa Estado de Derecho para Latinoamrica de la Fundacin Konrad

Adenauer y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Chile se complacen en presentar al pblico esta tercera interesante y

novedosa publicacin que nace de un esfuerzo aunado con los juristas que inte-

gran el Grupo de Estudios de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales.Valoramos la importancia de esta produccin porque nace de un encuentro de

construccin colectiva en que el dilogo y la discusin informada tuvieron trans-

versal presencia; pero tambin porque discute sustanciales temticas que resultan

pertinentes para las realidades jurdicas de Latinoamrica. As, el lector interesado

en esta publicacin encontrar un rico escenario argumentativo que versa sobre

el control de convencionalidad y sobre los avances constitucionales en derechos

fundamentales que se han desarrollado en el contexto regional.

Sin duda, estos ejes temticos son el reejo de un llamado a mltiples vocespor el reconocimiento y la efectividad de una justicia constitucional que gozan-

do de calidades profesionales y de incuestionable independencia, sea consciente

y coadyuvante en la construccin del Estado democrtico y social de derecho en

cada uno de los pases latinoamericanos.

En igual sentido, la publicacin recoge las preocupaciones en torno a la res-

ponsabilidad que atae a los administradores y actores de justicia de los mbitos

nacionales, para que su ejercicio profesional tenga impactos directos en el goce y

garanta de los derechos humanos, con todo lo que esto implica para el fortaleci-

miento de la legitimidad del Estado y su institucionalidad.A ello se suman las demandas que recoge el texto por la integracin y elevacin

de los estndares internacionales de proteccin de derechos humanos en los con-

textos nacionales, las cuales se hacen cada vez ms necesarias e imperantes para

ampliar y profundizar los dilogos jurisprudenciales entre los tribunales y cortes

de toda la regin, en perspectiva de aportar el respeto y la garanta de los derechos

humanos y de fortalecer sus instancias de proteccin.

Por todo ello, y por su invaluable aporte al debate jurdico de Amrica Latina es

de inters del Programa Estado de Derecho para Latinoamrica extender sus ms


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fraternos agradecimientos a cada uno de los integrantes del Grupo de Estudios de

Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, quienes adems de honrarnos

con su trabajo, han contribuido a enlazar esfuerzos hermanos y duraderos sende-ros de amistad.

Finalmente, compartimos el jbilo y felicitamos a los doctores Eduardo Ferrer

Mac-Gregor y Humberto Sierra Porto, asiduos participantes del Grupo de Estudios

de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, quienes recientemente han

sido nombrados como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

para el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Estamos seguros de que seguirn

siendo ustedes dignos representantes de la justicia y valientes protectores de los

derechos humanos, tambin en esta importante instancia.

C S

Director

Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

Fundacin Konrad Adenauer


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Prlogo

I

Este volumen reeja la provechosa continuidad de la labor que viene realizando

el Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales,

convocado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamrica de la Funda-

cin Konrad Adenauer y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Dere-cho de la Universidad de Chile.

En esta oportunidad se recogen los aportes que dieron cuerpo a la valiosa III

Reunin Regional de Trabajo llevada a cabo en la Facultad de Derecho de la Ponti-

cia Universidad Catlica del Per, Lima, los das 11 a 13 de julio de 2011.

II

Cumpliendo lo proyectado en la II Reunin Regional (Montevideo, 2010), la pri-

mera fase de la labor interna del Grupo se circunscribi a un tema de fundamental

importancia que se constituy en la base de discusin: El control de convencio-

nalidad. El trabajo central fue elaborado por Vctor Bazn y los comentarios a tal

ensayo estuvieron a cargo de Claudio Nash Rojas y Ayln Ordez Reyna. Posterior-

mente, diversos aspectos de la cuestin fueron fructuosamente discutidos por los

miembros del Grupo.

Adems de la segunda fase interna en la que se presentaron las experiencias

comparadas en torno a sentencias relevantes (de 2010-2011) en materia de justiciaconstitucional y derechos fundamentales de los diversos pases representados en

el Grupo, se desarrollaron otras enriquecedoras actividades abiertas.

III

Sobre la base de la metodologa de trabajo denida oportunamente, el presente

libro se divide en dos partes.


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1. El primer segmento focaliza exclusivamente el tema El control de convencio-

nalidad y consta de tres aportes:

el documento central, realizado por Vctor Bazn y titulado El control de

convencionalidad: incgnitas, desafos y perspectivas.

las anotaciones de Claudio Nash Rojas bajo el ttulo: Comentarios al traba-

jo de Vctor Bazn: El control de convencionalidad: incgnitas, desafos y

perspectivas.

Las reexiones de Ayln Ordez Reyna en torno a El control de conven-

cionalidad: incgnitas, desafos y perspectivas, de Vctor Bazn.

2. La segunda parte, titulada Informes por pases de jurisprudencia relevanteen materias de justicia constitucional y derechos fundamentales (2010-2011),

ofrece los siguientes trabajos, cuya secuencia se ordena alfabticamente por el

nombre del Estado correspondiente, es decir, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Per, Uruguay y Venezuela:1

Pronunciamientos signicativos de la Corte Suprema de Justicia argentina

(2010-2011). Consolidacin de estndares sustentables en sectores de la jus-

ticia constitucional y los derechos fundamentales, por Vctor Bazn. Justicia constitucional y derechos fundamentales en Bolivia. Avances y re-

trocesos, por Jos Antonio Rivera S.

Justia constitucional dos direitos fundamentais no Brasil: Report 2010-

2011, por Leonardo Martins.

Justicia constitucional y derechos fundamentales en Chile (2010-2011),

por Claudio Nash Rojas y Paz Irarrzabal G.

Recientes avances de la jurisprudencia constitucional colombiana, por

Humberto Antonio Sierra Porto.

Ecacia de los derechos humanos en Costa Rica, por Gilbert Armijo. La justicia constitucional en Guatemala. Casos relevantes (2010-2011), por

Ayln Ordez Reyna.

Quin controla al controlador constitucional en el Per?, por Csar Landa.

Jurisprudencia constitucional uruguaya, Martn Risso Ferrand.

1 Si bien el Prof. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Mxico) particip activamente de la III Reunin del Grupo,

celebrada en Lima, se excus justicadamente de remitir el texto escrito de su trabajo para la presente

publicacin.


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La justicia constitucional en Venezuela y su creciente instrumentalizacin,

por Jess M. Casal.

IV

Pensamos que el tercer volumen de la serie, que aqu prologamos, es muy signi-

cativo pues contiene contribuciones en temas trascendentes de gran actualidad

y palpitante prospectiva como el del control de convencionalidad, adems de va-

liosas reseas jurisprudenciales que permiten tener un panorama aggiornado del

estado de situacin de la justicia constitucional y los derechos fundamentales en

numerosos pases del rea latinoamericana.La obra ha sido ideada como un aporte para los espacios acadmicos y cient-

cos, pero adems para ser un vehculo de informacin que llegue al pblico en ge-

neral y a los operadores jurdicos: jueces, abogados postulantes, organizaciones no

gubernamentales, legisladores, autoridades y funcionarios pblicos, estudiantes.

Es que su propsito es contribuir al debate plural sobre problemticas cen-

trales de preocupacin en el marco del Estado Constitucional, entre ellas: la in-

dependencia de la justicia constitucional; la cabal proteccin de los derechos

fundamentales, en los planos internos e interamericano; el respeto por las insti-tuciones democrticas; y el fortalecimiento de una cultura constitucional y con-

vencional en los jueces y dems autoridades pblicas, tanto como en la propia

sociedad civil.

V

Para dar vida a esta publicacin se ha contado con la valiosa y desinteresada par-

ticipacin de importantes colegas latinoamericanos, todos ellos juristas relevantesy sin duda referentes en las materias que conforman el ncleo temtico del Grupo

de Estudios. A ellos, muchas gracias.

Dejamos adems testimonio de reconocimiento institucional al Programa Esta-

do de Derecho para Latinoamrica de la Fundacin Konrad Adenauer y al Centro

de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Por ltimo, pero no menos importante, agradecemos sinceramente el funda-

mental apoyo profesional y humano del Dr. Christian Steiner y su equipo, para for-

talecer al Grupo y posibilitar su perdurabilidad.


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Este libro y la inminente IV Reunin Regional, a celebrarse en agosto prximo

en Sucre, Bolivia, testimonian que el corazn del Grupo sigue latiendo y que todos

quienes lo integramos estamos intensamente comprometidos en el esfuerzo porcumplir sus objetivos.

Vctor Bazn y Claudio Nash Rojas, editores

San Juan, Repblica Argentina, y Santiago, Chile, julio de 2012.


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PRIMERA PARTE

El control de convencionalidad


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El control de convencionalidad:incgnitas, desafos y perspectivas*

Vctor Bazn**

I. INTRODUCCIN

En general, y entre otros tpicos relacionados, se examinar la importancia y los retosque afronta el control de convencionalidada cargo de los magistrados nacionales (y

dems autoridades pblicas), que consiste en vericar la adecuacin de las normas

jurdicas internas que aplican en casos concretos a la Convencin Americana sobre

* En su versin original, este texto se confeccion para cumplir la tarea que se nos encomendara en cuan-

to a desarrollar el documento base de trabajo y discusin de la Reunin del Grupo de Estudios sobre

Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, llevada a cabo en Lima, Per, entre los das 11 a 13de julio de 2011.

Dado que el presente libro se publica en el curso del ao 2012, hemos considerado imprescindible in-

cluir aqu algunas actualizaciones (respecto de sentencias de la Corte y otros aspectos interesantes

del control de convencionalidad), con el objeto de intentar que el trabajo resulte de la mayor utilidad

posible para los lectores.** Profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Pblico y fundador y actual direc-

tor del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Catlica de Cuyo (San Juan, Argentina). Profesor invi-

tado de posgrado en la Universidad de Buenos Aires () y en diversas universidades argentinas y del

exterior. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado (Pars); de la Asociacin Inter-

nacional de Derecho Constitucional; del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; del Insti-

tuto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (del que forma parte de su junta directiva); de laAsociacin Argentina de Derecho Constitucional (en la que integra su comit ejecutivo); de la Asociacin

Argentina de Derecho Internacional (donde ha ocupado diversos cargos directivos, entre ellos el de di-

rector de la Seccin de Derechos Humanos en los perodos 2005-2007, 2007-2009 y 2009-2011); vicepre-

sidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional. Miembro del Grupo de Estudios sobre

Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, del Programa Estado de Derecho para Latinoamrica

de la Fundacin Konrad Adenauer y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Chile. Miembro del Grupo de Estudios por el Pluralismo Jurdico en Latinoamrica ()

del Programa Estado de Derecho para Latinoamrica de la Fundacin Konrad Adenauer. Integrante de

la Unidad de Investigacin de la Universidad de Bolonia (Italia), en el mbito del proyecto universitario

sobre el tema La doctrina en la jurisprudencia constitucional. Investigador visitante del Instituto

de Investigaciones Jurdicas de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.


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Derechos Humanos (en lo sucesivo, ) y a los estndares interpretativos forjados

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte ).

Para desandar parte importante del camino propuesto, retrataremos diversosaspectos complejos de la cuestin central que se aborda en este documento.

En esa direccin, pondremos en contexto el control de convencionalidad; for-

mularemos un deslinde conceptual de este; researemos sucintamente la evolu-

cin de la doctrina jurisdiccional de la Corte a su respecto; indagaremos sobre

su objetivo genrico, el parmetro para efectuarlo, su mbito de cobertura y la via-

bilidad de desarrollarlo de ocio.

A su tiempo, nos detendremos en la praxis de algunos rganos de cspide de

la justicia constitucional latinoamericana (especcamente en Argentina, Colom-

bia y Mxico), para indagar cmo ha sido receptado y qu impacto ha producidoel control de convencionalidad en los respectivos escenarios jurdicos que sern

puestos en foco.

Posteriormente, y antes de ingresar a las valoraciones conclusivas de este en-

sayo, nos ocuparemos de la relevancia de trazar lneas de cooperacin entre los

tribunales internos y la Corte y de intensicar un dilogo jurisprudencial

entre ambas jurisdicciones, en orden a que las cortes locales lleven adelante una

interpretacin conforme a la y a los pronunciamientos de la Corte , pero

que correlativamente esta tenga presente las observaciones que desde los contex-tos jurisdiccionales nacionales se formulen a sus criterios jurisprudenciales.

Ello as, para fortalecer cualitativamente la tutela multinivel de los derechos

humanos y disminuir los riesgos de acrecimiento de las dicultades en el empleo

prctico del control de convencionalidad.

Evidentemente, toda esta rica y polifactica problemtica representa una de las

imgenes asociadas al fuerte crecimiento de los espacios de interaccin del dere-

cho procesal constitucional, el derecho constitucional y el derecho internacional

de los derechos humanos, ante el protagonismo que cobran los tribunales de cierre

de la justicia constitucional1 en cada Estado parte del sistema interamericano y surelacionamiento con la Corteidh, en tanto copartcipes jurisdiccionales de un obje-

1 Bajo tal expresin involucramos a las Cortes Supremas de Justicia (v. gr., Argentina, Mxico), las Salas

Constitucionales localizadas en Cortes o Tribunales Supremos de Justicia (por ejemplo, Costa Rica,

Venezuela, Paraguay) y los Tribunales o Cortes Constitucionales (Bolivia, Chile, Per, Repblica

Dominicana, Colombia, Guatemala), ya sea que estn enmarcados en el mbito del poder, funcin

o rama judiciales o que hayan sido diseados como rganos constitucionales extrapoderes o entes

constitucionales autnomos.


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tivo convergente, tan amplio como sensible y trascendente: las cabales proteccin y

realizacin de los derechos en el rea interamericana.

Como tendremos ocasin de vericar, la aconsejable colaboracin entre am-bas instancias (interna e interamericana) no apunta a una relacin jerrquica entre

ellas, sino a una coexistencia coordinada en la hermenutica pro persona de los

derechos esenciales.

II. APRECIACIONES CONTEXTUALES

La creciente trascendencia de la interseccin del derecho nacional y el derecho

internacional de los derechos humanos exige una articulacin de tal binomio de

fuentes mediante su retroalimentacin y complementariedad en aras del aanza-miento real y no solo declamado del sistema de derechos y garantas.

En tal escenario subyace la circunstancia que marca que la medular cuestin

de los derechos humanos es una incumbencia concurrente o compartida entre las

jurisdicciones estatales e internacional; esto es, que hace mucho tiempo ha dejado

de ser una problemtica exclusiva de los Estados.

Ciertamente, no se nos escapa que la jurisdiccin interamericana ostenta una

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de aquellas de los ordena-

mientos nacionales (cf. Prembulo de la , prrafo 2.) y que la pauta de agota-miento de los recursos internos, vinculada al carcter subsidiario de la dimensin

interamericana, est pensada para acordar al Estado la posibilidad de remediar inter-

namente sus conictos sin necesidad de verse enfrentado a un proceso internacional.

Es que, justamente, el desidertum indica que los Estados deben constituirse en

el primer mbito de tutela cabal de tales derechos, pues como arma Prez Tremps

[] no es bueno que la proteccin internacional acte como sustitutivo de la in-

terna; su funcin es completar esta y fomentar su mayor ecacia.2

Convergentemente, Garca Ramrez resalta que la gran batalla por los derechos

humanos se ganar en el mbito interno, del que es coadyuvante o complemento, nosustituto, el internacional.3

2 Pablo P T: Las garantas constitucionales y la jurisdiccin internacional en la proteccin

de los derechos fundamentales, en Anuario de la Facultad de Derecho, n. 10, Universidad de Extre-

madura,1992, p. 81.

3 Corte , caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) c. Per, sentencia de excepcio-

nes preliminares, fondo, reparaciones y costas, 24 de noviembre de 2006, serie C, n. 158; voto razonado

del juez Sergio Garca Ramrez,prr. 11.


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No puede ocultarse que la consolidacin de una convergencia sustentable de

ambas instancias jurisdiccionales se presenta como una necesidad de primer or-

den y se convierte en uno de los desafos centrales a los que se enfrenta la protec-cin integral de los derechos fundamentales, sobre todo, en un momento como el

actual, en el que la mayora de los ordenamientos jurdicos latinoamericanos est

inmersa, al menos desde el plano discursivo, en un modelo de justicia internacio-

nal de derechos humanos.

En el espacio de interaccin jurisdiccional que mencionbamos, vale tener pre-

sente que tanto en la etapa inicial de un proceso en el que se investigue la eventual

violacin de derechos humanos, cuanto en su caso en la fase de ejecucin de

una sentencia de condena internacional de la Corte ,4 la intervencin de los

rganos competentes nacionales resulta ineludible.Como es de sobra conocido, en principio constituye recaudo esencial para

franquear el acceso inicial al sistema interamericano5 el ya sealado agotamiento

previo de los recursos internos (ante la existencia de una violacin de derechos

humanos no resuelta, o no reparada integralmente, en el espacio nacional) y, an-

logamente, luego de un pronunciamiento de condena de un Estado por la Corte

que aquel no cumpla en tiempo y forma, sobrevendr para la vctima, sus fa-

miliares o representantes legales, la posibilidad de ejecutar ese decisorio ante los

tribunales internos del demandado remiso. Sin perjuicio, en esta ltima etapa deexigencia compulsiva de la operativizacin de los decisorios, de las facultades de

supervisin que al respecto ostenta el Tribunal Interamericano.

Se torna, as, irrecusable asumir la imprescindibilidad del resguardo de los de-

rechos humanos en el Estado constitucional y el sistema internacional. Asimilar

tal premisa es un punto de partida bsico en todo proceso hermenutico que los

aborde, desde que no puede pasarse por alto que algunos importantes ribetes del

derecho internacional de los derechos humanos hacen parte del ius cogens, de-

lineado en la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados6 (), de

1969, en los artculos 53 y 64.

4 Cf. art. 68.2 de la .

5 Cf. art. 46.1.a de la .

Fuera del sistema interamericano, tambin, por ejemplo, en el Protocolo Facultativo del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Polticos (art. 5.2.b).

6 Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 331, suscrita el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de

enero de 1980.


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La primera de dichas clusulas lo concepta7 determinando que:

una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reco-nocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no

admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modicada por una norma ulterior de

derecho internacional general que tenga el mismo carcter.

Por su parte, la segunda enfoca lo que se ha denominado el ius cogens supervi-

niente, al disponer que [s]i surge una nueva norma imperativa de derecho inter-

nacional general, todo tratado existente que est en oposicin con esa norma se

convertir en nulo y terminar.

Desde una perspectiva genrica, es posible observar que tanto el artculo 38 delEstatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Na-

ciones cuanto el mismo nmero de artculo correspondiente al Estatuto de la actual

Corte Internacional de Justicia de la (que sucedi a aquel Tribunal Permanen-

te) han establecido la aplicacin inter alia de los principios generales del dere-

cho reconocidos por las naciones civilizadas (concepto que hoy debe leerse a la luz

del postulado de igualdad soberana de los Estados), y que en denitiva son los

aceptados in foro domestico por los diferentes sistemas jurdicos internos.8

Como se sabe, los principios estructurales y los valores jurdicos fundamentalesdel ordenamiento internacional hacen parte del ncleo indiscutido del ius cogens,

es decir, de las normas imperativas, generando obligaciones erga omnes y los co-

rrespondientes derechos erga omnes para asegurar su respeto.9

Si bien en un principio el ius cogens estuvo asociado al derecho de los tratados,

con el correr del tiempo fue expandiendo su radio de cobertura para alcanzar al

derecho internacional general y abarcar todos los actos jurdicos, manifestndose

en el derecho de la responsabilidad internacional de los Estados e incidiendo en

los propios fundamentos del orden jurdico internacional.10

7 Establece adems, en su parte inicial, que [e]s nulo todo tratado que, en el momento de su celebracin,

est en oposicin con una norma imperativa de derecho internacional general.

8 Vase Alejandro J. R C: Lecciones de derecho internacional pblico, 6. ed., 2. reimpres.,

Madrid, Tecnos, 2009, pp. 154-155.

9 Cf. mutatis mutandi, Julio G C, Luis S R y Paz A S S

M: Curso de derecho internacional pblico, 4. ed. revis., Navarra, omson - Civitas, 2008, pp. 148-151.

10 Vase Corte , opinin consultiva 18/03, Condicin jurdica y derechos de los migrantes indocumen-

tados, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 17 de septiembre de 2003, serie A, n. 18, prrs. 98 y 99.


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Especcamente en lo que atae al plano tutelar de los derechos humanos en el

rea interamericana, la Corte ha contribuido al proceso de evolucin del conteni-

do material del ius cogens. La asercin puede corroborarse por ejemplo cuando argu-menta que aquel cobija al principio de igualdad ante la ley, igual proteccin ante la ley

y no discriminacin; a la proscripcin de tortura y de tratos crueles, inhumanos o de-

gradantes; y al derecho de acceso a la justicia en los mbitos nacional e internacional.

En denitiva, los principios de ius cogens son postulados aceptados por las na-

ciones en el mbito interno. Consiguientemente, todos los Estados que integran

la comunidad internacional deben cumplir tales pautas y las normas de derecho

convencional y consuetudinario que se establezcan sobre la base de aquellas, ya

que los principios reconocidos por las naciones civilizadas son obligatorios para

todos los Estados incluso fuera de todo vnculo convencional.Todo ello explica por qu debe dirigirse la mirada hacia la interaccin de los

tribunales nacionales y los internacionales en materia de derechos humanos, que

se mueve al comps de una lgica compleja y que en no pocas ocasiones origina

una urdimbre de relaciones tensionales.

III. ACERCA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

1. mbito de anlisis

Previamente, corresponde enunciar ciertos elementos jurdica y axiolgicamente

signicativos para dar contexto al tema especco del control de convencionalidad,

los cuales se muestran asociados a los factores relevados en el apartado anterior.

Aludimos al notable nivel de desarrollo que ha adquirido el derecho interna-

cional de los derechos humanos, la envergadura de los instrumentos internacio-

nales en dicha materia frenteal derecho local y la vala que cobran los informes,

las decisiones y las opiniones consultivas de los rganos protectorios en las ins-

tancias internacionales (principalmente de la Comisin y la Corte Interamerica-nas de Derechos Humanos), a cuyos repertorios de precedentes (en el caso de la

Comisin ) y jurisprudencia (en el de la Corte ) deben adaptarse las solu-

ciones jurisdiccionales (y de las autoridades administrativas) dispensadas en los

escenarios judiciales locales.

Es claro que para justicar el incumplimiento de las obligaciones surgentes

de los instrumentos internacionales que los Estados suscriban o las sentencias de

condena de la Corte , no valen excusas cimentadas en el vacuo argumento de

la soberana estatal absoluta. Es que, adems de que dicho concepto ha quedado


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superado desde hace mucho tiempo (e incluso el propio Bodino11 reconoca como

lmites al derecho de gentes), basta recordar a los Estados renuentes que es precisa-

mente por conducto de un acto de soberana que han rmado, aprobado y ratica-do o adherido (segn corresponda) a los instrumentos internacionales y aceptado

la jurisdiccin contenciosa de aquel Tribunal Interamericano. Huelga armar que

la doctrina de los propios actos o estoppel(adems de los principios fundamentales

surgentes de los artculos 26, 27 y 31.1 de la citada ) se encargara de desvir-

tuar radicalmente semejante intento argumentativo.12

En resumen, la importancia de las lneas interpretativas marcadas por la Corte

excede los perles meramente especulativos o acadmicos, y se vincula con

cuestiones concretas y exigencias prcticas que como adelantbamos impone

el Estado constitucional en el marco del aseguramiento de la cobertura tuitiva in-tegral del ser humano.

2. Aproximacin conceptual

Recogiendo los datos que proporciona la praxis del sistema interamericano pue-

den reconstruirse ciertos perles de dicho contralor, teniendo en cuenta que este

transita por dos vertientes, segn veremos a continuacin.

11 El citado terico francs reconoci expresamente que el poder soberano est vinculado por el derecho

divino, natural y de gentes; nunca pretendi que el Estado fuera el ordenamiento jurdico supremo y se

limit solo a sostener que constituye la potestas suprema, es decir, la instancia temporal suprema con

relacin a sus sbditos y ciudadanos.

Al respecto, C expresa que la primera sistematizacin del concepto de soberana se encuentra en

Los seis libros de la Repblica, de Juan B, quien estudi una realidad nueva y trat de denirla, con-

cibiendo a la soberana como un poder absoluto y perpetuo. Sin embargo, C advierte que B

tuvo en claro que el prncipe tena que respetar las leyes comunes a todos los pueblos, es decir, que

tena que respetar el derecho internacional (inter-gentes) (Jorge C: La soberana del pueblo enel derecho interno y en el internacional, Revista de Estudios Polticos, nueva poca, n. 28, julio-agosto

de 1982, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 196-198).

Por su parte, F O ha indicado que la expresin legibus solutus no signica arbitrariedad del

soberano, porque los prncipes de la tierra estn sujetos a las leyes de Dios, de la naturaleza y al derecho

de gentes. B distingue, ntidamente, entre derecho y ley, entre principioyprecepto, y el soberano,

a quien le compete dar las leyes a los hombres, no est sujeto, precisamente, a la ley, aunque s al dere-

cho divino, natural y de gentes[cursivas del original] (Vctor F O: Ensayo sobre la soberana del

Estado, Mxico D. F., Universidad Nacional Autnoma de Mxico [en adelante, ], 1969, pp. 64-65;

aludido por Jorge C, La soberana...,o. cit., p. 197 y nota 4 a pie de pgina).

12 Vase para ampliar el libro de Vctor B:Jurisdiccin constitucional y control de constitucionalidad de

los tratados internacionales. Una visin de derecho comparado, Mxico D. F., Porra, 2003, passim.


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a. mbitointernacional

Una de las modalidades se desarrolla en el planointernacional, y se deposita en laCorte que la ha venido desplegando desde el comienzo efectivo de su prctica

contenciosa, aunque solo en poca reciente la ha bautizado como control de con-

vencionalidad.

Tal tarea consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de de-

recho interno resultan incompatibles con la , disponiendo en consecuencia,

v. gr., la reforma o la abrogacin de dicha prctica o norma, segn corresponda, en

orden a la proteccin de los derechos humanos y la preservacin de la vigencia su-

prema de tal Convencin y de otros instrumentos internacionales fundamentales

en este campo.Igualmente procede en el supuesto de que el Estado no haya cumplido con el

deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artculo 2 de la ) para

garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la

Convencin, para lo cual la Corte, por va jurisdiccional, impone al Estado tomar

medidas legislativas o de otro carcter para satisfacer semejante nalidad (asunto

que retomaremos).

b. Contextointerno

La restante tipologa se despliega en sede nacional, se encuentra a cargo de los ma-

gistrados locales (involucrando tambin a las dems autoridades pblicas) y con-

siste en la obligacin de vericar la adecuacin de las normas jurdicas internas

que aplican en casos concretos, a la (y otros instrumentos internacionales

esenciales en el rea de los derechos humanos) y a los patrones interpretativos que

el Tribunal Interamericano ha acuado a su respecto, en aras de la cabal tutela de

los derechos bsicos.

En resumen, se efecta una interpretacin de las prcticas internas a la luz o alamparo del corpus iuris13 capital en materia de derechos humanos acerca del cual

aquel ejerce competencia material.

13 Se ha sealado que la expresin corpus juris de los derechos humanos es un aporte de la Corte a la

doctrina internacional (vase Daniel OD: Derecho internacional de los derechos humanos. Nor-

mativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, 2. ed., Santiago de Chile,

Ocina Regional para Amrica Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, 2007, p. 57).


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Desde este ngulo, el control de convencionalidad es un dispositivo que, en

principio y siempre que sea adecuadamente empleado, puede contribuir a la apli-

cacin armnica, ordenada y coherente del derecho vigente en el Estado, abarcan-do a sus fuentes internas e internacionales.

Ciertamente, aquel mecanismo no es inocuo, sino que plantea diferentes retos

y en no pocas ocasiones genera inconvenientes operativos en los espacios jurdicos

nacionales. Por su parte, aunque obvio, su ejercicio exige implcitamente que los ope-

radores jurdicos conozcan el citado bloque de derechos humanos y el acervo juris-

prudencial de la Corte y paralelamente, aunque ya en ejercicio introspectivo, se

despojen de vacuos prejuicios de chauvinismo normativo a la hora de concretarlo.

. La visin de la doctrina de la Corte entorno al control de convencionalidad

Realizadas las precedentes referencias descriptivas, recrearemos por supuesto,

no taxativamente la secuencia que el uso expressis verbis de la locucin control de

convencionalidadha tenido en el seno de la Corte Interamericana y de la magnitud

preceptiva que paulatinamente se ha ido asignando a tal modalidad scalizatoria.

Todo indica que fue el hoy ex presidente de la Corte , Sergio Garca Ram-

rez, en su voto concurrente razonado emitido en el caso Myrna Mack Chang c.Guatemala,14 quien en el marco de ese Tribunal supraestatal utiliz por vez primera

la expresin control de convencionalidadque trae consigo la jurisdiccin de la Corte.

Aunque es preciso consignar que el citado ex magistrado centraliza el conteni-

do semntico de aquella locucin en el mbito de despliegue funcional de la Corte

, a la que concibe mutatis mutandi como una suerte de tribunal constitucio-

nal (o convencional) supranacional.

Retomando el hilo secuencial de las referencias que el nombrado jurista realiza

al control de convencionalidad, ya con mayor grado de detalle y por medio de un

voto concurrente razonado en el caso Tibi c. Ecuador,15explic que el Tribunal Inte-ramericano analiza los actos que llegan a su conocimiento en relacin con normas,

principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa,

resolviendo acerca de la convencionalidad de tales actos, pretendiendo conformar

14 Corte , caso Myrna Mack Chang c. Guatemala, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 25 de

noviembre de 2003, serie C, n. 101, prr. 27.

15 Corte , caso Tibi c. Ecuador, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas,

7 de septiembre de 2004, serie C, n. 114.


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esa actividad al orden internacional acogido en la convencin fundadora de la ju-

risdiccin interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su so-

berana (prrafo 3).En un voto razonado elaborado en el caso Lpez lvarez c. Honduras,16y al ana-

lizar la duracin razonable del proceso penal, Garca Ramrez indic que la Corte

, que verica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones

de la Convencin es decir, el rgano que practica el control de convencionali-

dad, debe explorar las circunstancias de iureyde facto del caso (prrafo 30).

A su tiempo, en el voto razonado pronunciado en el caso Vargas Areco c. Para-

guay17(resuelto el mismo da que el caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, del

que nos ocuparemos infra), el varias veces citado ex magistrado del Tribunal In-

teramericano precis que este tiene a su cargo el control de convencionalidadfundado en la confrontacin entre el hecho realizado y las normas de la Conven-

cin Americana (prrafo 6), pudiendo solo

confrontar los hechos internos leyes, actos administrativos, resoluciones jurisdiccio-

nales, por ejemplo con las normas de la Convencin y resolver si existe congruencia

entre aquellos y estas, para determinar, sobre esa base, si aparece la responsabilidad

internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de la misma natura-

leza [prrafo 7].

Vale recordar que la Corte , ya utilizando plenariamente la expresin control

de convencionalidad, ha transmitido una seal a los magistrados internos de los Es-

tados partes de la , en lo tocante a la faceta del examen de convencionalidad

practicable en sede interna.

Se trata del anunciado caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, en el que se ha

pronunciado en los siguientes trminos:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos estn sujetos al imperio de

la ley y, por ello, estn obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento

jurdico. Pero cuando un Estado ha raticado un tratado internacional como la Conven-

cin Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, tambin estn sometidos

16 Corte , caso Lpez lvarez c. Honduras, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 1 de febrero de

2006, serie C, n. 141.

17 Corte , caso Vargas Areco c. Paraguay, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de

2006, serie C, n. 155.


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a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencin

no se vean mermados por la aplicacin de leyes contrarias a su objeto y n, y que des-

de un inicio carecen de efectos jurdicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejer-cer una especie decontrol de convencionalidad entre las normas jurdicas internas que

aplican en los casos concretos y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. En

esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambin la

interpretacin que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intrprete ltima de la

Convencin Americana.18[remarcado aadido]

Dicho Tribunal ha ido ms all, determinando que tal control de convencionali-

dad por la magistratura local debe ejercerse incluso de ocio. As, en el caso Traba-

jadores Cesados del Congreso c. Per, puso de maniesto que:

[] los rganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionali-

dad, sino tambin de convencionalidad ex ocio entre las normas internas y la Con-

vencin Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las

regulaciones procesales correspondientes []19

Este tpico ser retomado ms adelante.

Asimismo, si confrontamos los fallos pronunciados en los casos AlmonacidArellano y otros c. ChileyTrabajadores cesados del Congreso c. Per, se hace noto-

rio el mayor nivel de determinacin jurdica en torno a la naturaleza y la precepti-

vidad del control de convencionalidad que se opera en este ltimo respecto de lo

verbalizado en el primero de los decisorios nombrados.

En efecto, mientras que en el casoAlmonacid Arellano y otros c. Chilela Corte

expres un tanto genricamente que el Poder Judicial debe ejercer una especie de

control de convencionalidad, en el caso Trabajadores cesados del Congresoc. Per

puntualiz que los rganos del Poder Judicial deben realizar no solo un control

de constitucionalidad, sino tambin de convencionalidad. En sntesis, ya no sereri laxamente a una especiede control de convencionalidad, sino que aludi

18 Corte , caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repa-

raciones y costas, 26 de septiembre de 2006, serie C, n. 154, prr. 124.

Tambin lo ha expresado, v. gr., en el caso La Cantuta c. Per, sentencia de fondo, reparaciones y costas,

29 de noviembre de 2006, serie C, n. 162, prr. 173.

19 Corte , caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)c. Per, sentencia de excep-

ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, cit. en nota 3, prr. 128.


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expresamente a la obligacin judicial de llevar adelante, adems del contralor de

constitucionalidad, un control de convencionalidad.

Y si a ello le adicionamos que, como qued anunciado (y luego ampliaremos),en el mismo caso determin que los magistrados deben efectivizar el control de

convencionalidad incluso de ocio (por supuesto, tambin a pedido de parte), es

indudable que la Corteidhha apostado por reforzar la carga imperativa de tal sca-

lizacin de convencionalidad.

. Objetivo enrico

a. Prolegmeno

En la dinmica interactiva de los tribunales locales y la Corte , el control de

convencionalidad se vincula con el establecimiento por esta de patrones herme-

nuticos generales que deben ser observados por aquellos para pugnar por que los

actos internos se conformen a los compromisos internacionalmente asumidos por

el Estado, evitar que este incurra en responsabilidad internacional, adems de con-

currir razones de economa procesal y hasta de preservacin de la sustentabilidad

del propio sistema protectorio interamericano.

Puede resultar ilustrativo traer aqu la justicacin que de ello proporcionaGarca Ramrez (en su voto razonado en el mencionado caso Trabajadores cesados

del Congreso c. Per), para quien, dentro de la lgica jurisdiccional que sustenta la

creacin y la operacin de la Corte ,

no cabra esperar que esta se viese en la necesidad de juzgar centenares o millares de ca-

sos sobre un solo tema convencional lo que entraara un enorme desvalimiento para

los individuos, es decir, todos los litigios que se presenten en todo tiempo y en todos

los pases, resolviendo uno a uno los hechos violatorios y garantizando, tambin uno a

uno, los derechos y libertades particulares.20

Aadi que:

20 Corte , caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) c. Per, cit. en nota 3, voto

razonado del juez Garca Ramrez,prr. 8.


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[l]a nica posibilidad tutelar razonable implica que una vez jado el criterio de interpreta-

cin y aplicacin, este sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurdico:

a travs de polticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y ecacia a lospronunciamientos de la Corte constituida insisto merced a la voluntad soberana de los

Estados y para servir a decisiones fundamentales de estos, explcitas en sus constituciones

nacionales y, desde luego, en sus compromisos convencionales internacionales.21

b. DinmicajurisprudencialdelaCorteidhenelparticular

En denitiva, como vimos supra y con mayor o menor dosis de contundencia lxi-

ca, en los citados casosAlmonacid Arellano y otros c. ChileyTrabajadores cesados

del Congreso c. Per, la Corte impuso a los poderes judiciales de los Estadosla obligacin de concretar el control de convencionalidadde las normas jurdicas

internas que aplican en los casos concretos vis--vis la , tomando en conside-

racin al efecto no solo la literalidad de dicho pacto sino la lectura que de este ha

realizado el Tribunal Interamericano que, como se sabe, es su intrprete ltimo.

Solo por traer a colacin un pionero ejemplo de recepcin del control de con-

vencionalidad en las jurisdicciones constitucionales nacionales, en Mazzeo, Julio

Lilo y otros s/ Recurso de casacin e inconstitucionalidad,22de 13 de julio de 2007, la

Corte Suprema de Justicia argentina (en adelante, tambin ) por mayora23

aport un relevante enfoque institucional en torno a la invalidez constitucional de

la atribucin presidencial de emitir indultos que benecien a sujetos acusados de

cometer delitos de lesa humanidad (vase, por ejemplo, el considerando 31 de la

mocin mayoritaria).

Para conformar tal matriz argumental recept expresamente la pauta adoptada

por la Corte en el prrafo 124 de la sentencia recada en el caso Almonacid

Arellano y otros c. Chile, siendo al efecto particularmente relevante el consideran-

do 21 de la posicin triunfante de nuestro mximo tribunal en punto al deber del

poder judicial local de realizar el control de convencionalidad, lo que aadimospor nuestra parte signica discernir si una norma interna es o no convencional.

Como el Tribunal Interamericano dej en claro en el caso Boyce y otros c. Bar-

bados, ello signica que no alcanza con limitarse a evaluar si una norma es in-

21 dem.

22 Fallos, 330: 3248.

23 Los alineamientos fueron: por la mayora, los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y

Zaaroni; en disidencia se expidi el ministro Fayt y en disidencia parcial lo hizo la doctora Argibay.


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constitucional, sino que la cuestin debe girar en torno a si esta tambin es con-

vencional, o sea, debe adems el rgano jurisdiccional en cuestin decidir si ella

restringe o viola los derechos reconocidos en la .24

Es asimismo preciso puntualizar que en el caso Cabrera Garca y Montiel Flores

c. Mxico, la Corte ampli la plataforma de vinculatoriedad de los sujetos en-

cargados de llevar adelante la scalizacin de coherencia convencional en el dere-

cho interno. En tal sentido, precis que:

Los jueces y rganos vinculados a la administracin de justicia en todos los nivelesestn en

la obligacin de ejercer ex ocio un control de convencionalidad entre las normas inter-

nas y la Convencin Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competen-

cias y de las regulaciones procesales correspondientes. [cursivas aadidas] [prrafo 225]25

Respecto del panorama someramente descripto es til traer a colacin otro in-

grediente de importancia sustancial. En efecto, por medio de la sentencia de 24 de

febrero de 2011 dictada en el caso Gelman c. Uruguay, la Corte ha expandido

fuertemente las fronteras de operatividad del control de convencionalidad y entro-

nizado la tutela de los derechos fundamentales como lmite a las mayoras en el

despliegue de la vida democrtica. Sostuvo en esa ocasin que:

[] particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacio-

nal de los Derechos, la proteccin de los derechos humanos constituye un lmite infran-

queable a la regla de mayoras, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por

parte de las mayoras en instancias democrticas, en las cuales tambin debe primar un

control de convencionalidad [], que es funcin y tarea de cualquier autoridad pblica

y no solo del Poder Judicial. [cursivas agregadas] [prrafo 239] 26

En breves palabras, la Corte ha involucrado expressis verbis en la obligacin

de realizar control de convencionalidad a cualquier autoridad pblica, lo que re-presenta un mandato con un tenor tal de generalidad que, de no ser debidamente

24 Corte , caso Boyce y otros c. Barbados, sentencia de excepcin preliminar, fondo, reparaciones y costas,

20 de noviembre de 2007, serie C, n. 169, prr. 78.

25 Corte , caso Cabrera Garca y Montiel Flores c. Mxico, sentencia de excepcin preliminar, fondo,

reparaciones y costas, 26 de noviembre de 2010, serie C, n. 220.

26 Corte , caso Gelman c. Uruguay, sentencia de fondo y reparaciones, 24 de febrero de 2011, serie C, n. 221.


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delimitado por aquella en futuros pronunciamientos, es posible intuir que traer

aparejadas diversas dicultades operativas en el plano interno.

A su tiempo, en un nuevo movimiento en la direccin indicada, el Tribunal In-teramericano expres en los casos Lpez Mendoza c. Venezuela27yAtala Rio y Ni-

as c. Chile28que, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las

interpretaciones judiciales y administrativas y las garantas judiciales se apliquen

adecundose a los principios establecidos en su jurisprudencia.

Para cerrar este segmento, y procurar compendiar la secuencia creciente de

destinatarios involucrados en el deber de desplegar el control de convencionalidad

en el mbito interno y del crecimiento del alcance material de tal test de compati-

bilidad convencional, se observa que pueden identicarse hasta el momento los

siguientes eslabones:

Poder Judicial (casoAlmonacid Arellano y otros c. Chile).

rganos del Poder Judicial (caso Trabajadores cesados del Congreso c. Per).

Jueces y rganos vinculados a la Administracin de justicia en todos los niveles

(caso Cabrera Garca y Montiel Flores c. Mxico).

Cualquier autoridad pblica y no solo el Poder Judicial (caso Gelman c. Uru-

guay).

Adecuacin de las interpretaciones judiciales y administrativas y de las garan-tas judiciales a los principios establecidos en la jurisprudencia de la Corte

(caso Lpez Mendoza c. Venezuelay casoAtala Rio y Nias c. Chile).

. Cul es el parmetro del control de convencionalidad?

Nos aventuramos a plantear que el material de cotejo para desarrollar el contralor

de convencionalidad no se agota en el Pacto de San Jos de Costa Rica, sino que

puede involucrar tambin a los restantes instrumentos internacionales que confor-

man el corpus iuris bsico en materia de proteccin de los derechos humanos, y dela interpretacin que de ese plexo jurdico haya elaborado la Corte .

En otras palabras, alcanza a los documentos internacionales respecto de los

cuales este ltimo Tribunal ejerce competencia material.

27 Corte , caso Lpez Mendoza c. Venezuela, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 1 de septiembre

de 2011, serie C, n. 233, prr. 228.

28 Corte , caso Atala Rio y Nias c. Chile, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 24 de febrero de

2012, serie C, n. 239, prr. 284.


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En torno al tema, en su voto razonado emitido en el varias veces nombrado caso

Trabajadores cesados del Congreso c. Per, el entonces magistrado Garca Ramrez

puntualiz que al referirse al control de convencionalidad si bien el Tribunal hatenido a la vista la aplicabilidad y la aplicacin de la , tal funcin se despliega

en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris con-

vencional de los derechos humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de San Sal-

vador, Protocolo relativo a la Abolicin de la Pena de Muerte, Convencin para Prevenir

y Sancionar la Tortura, Convencin de Belm do Par para la Erradicacin de la Violen-

cia contra la Mujer, Convencin sobre Desaparicin Forzada, etctera. [prrafo 2]

En tal sentido, en la opinin consultiva 16/99,29 especcamente en el prra-fo 115, el Tribunal Interamericano sostuvo:

El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos est formado por

un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurdicos variados

(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolucin dinmica ha ejercido

un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de armar y desarrollar la

aptitud de este ltimo para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos

bajo sus respectivas jurisdicciones [...]

Para cerrar esta esquemtica resea, se aprecia en lnea convergente que en la

opinin consultiva 17/2002,30 el Tribunal Interamericano manifest, ms all de

lo referido en los prrafos 26 y 27, que:

[l]os Estados tienen la obligacin de reconocer y respetar los derechos y libertades de

la persona humana, as como proteger y asegurar su ejercicio a travs de las respectivas

garantas (artculo 1.1), medios idneos para que aquellos sean efectivos en toda cir-

cunstancia, tanto el corpus iuris de derechos y libertades como las garantas de estos,

son conceptos inseparables del sistema de valores y principios caracterstico de la sociedad

democrtica []. [nfasis agregado] [prrafo 92]

29 Corte , opinin consultiva 16/99, El derecho a la informacin sobre la asistencia consular en

el marco de las garantas del debido proceso legal, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 1 de

octubre de 1999, serie A, n. 16.

30 Corte , opinin consultiva 17/02, Condicin jurdica y derechos humanos del nio, solicitada

por la Comisin , 28 de agosto de 2002, serie A, n. 17.


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Ciertamente, resultan muy signicativas las apreciaciones vertidas por el ex

juez Canado Trindade en su voto concurrente a la citada 17/2002, por ejemplo,

en los prrafos 18, 31 y 50; adems de los prrafos 37, 53 y 54, estos tres ltimosespeccamente sobre el corpus juris de los derechos del nio.

. Espectro de cobertura

Comenzamos esta breve aproximacin con un interrogante:las Constituciones na-

cionales, pueden ser susceptibles de control de convencionalidad?

La respuesta armativa se impone, aunque debe admitirse que la cuestin no

est exenta de dicultades operativas en su aplicacin prctica.

Necesariamente debemos acudir una vez ms al artculo 27 de la , queproscribe al Estado alegar su derecho interno para dejar de cumplir una obligacin

de carcter internacional. Y en tal expresin derecho interno naturalmente queda

comprendida la Constitucin Poltica del Estado.

En ese sentido, la Corte en su opinin consultiva 4/84 de 11 de enero de

1984,31 consider que el trmino leyes internas, sin calicar en forma alguna esa

expresin o sin que de su contexto resulte un sentido ms restringido, es para toda

la legislacin nacional y para todas las normas jurdicas de cualquier naturaleza,

incluyendo disposiciones constitucionales (nfasis agregado) (prrafo 14).En el marco de este sinttico acercamiento al punto, puede apreciarse que, de

hecho, la Corte ha ejercido en ms de una ocasin control de convencionali-

dad sobre reglas constitucionales consideradas contrarias a la . Baste como

ejemplo traer a colacin aqu el fallo pronunciado en el caso La ltima Tentacin

de Cristo c. Chile,32donde decidi que el Estado deba modicar su ordenamiento

jurdico interno, en un plazo razonable, con el n de suprimir la censura previa []

(punto resolutivo 4). Concluy que aquel haba incurrido en responsabilidad inter-

nacional en virtud de que el artculo 19, nmero 12 de la Constitucin estableca la

censura previa en la produccin cinematogrca y, por lo tanto, determinaba losactos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (prrafo 72), violando as el

derecho a la libertad de pensamiento y de expresin consagrado en el artculo 13

de la (prrafo 73).

31 Corte , opinin consultiva 4/84, Propuesta de modicacin a la Constitucin Poltica de Costa

Rica relacionada con la naturalizacin, solicitada por Costa Rica, 19 de enero de 1984, serie A, n. 4.

32 Corte , caso La ltima Tentacin de Cristo (Olmedo Bustos y otros) c. Chile, sentencia de fondo, repa-

raciones y costas, 5 de febrero de 2001, serie C, n. 73.


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Ya desde el perl del control de convencionalidad de disposiciones constitucio-

nales operable ad intra, habr que analizar en el contexto del Estado en cuestin

quin(es) recepta(n) la competencia para desplegarlo y, en su caso, qu efectostendra semejante declaracin de inconvencionalidad; asuntos, todos, no precisa-

mente sencillos ni de importancia menor.

Sea como fuera, en el varias veces citado caso Trabajadores cesados del Congreso

c. Per la Corte parece claricar la incgnita al menos en abstracto al en-

fatizar en el tambin nombrado prrafo 128 que [] los rganos del Poder Judicial

deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino tambin de conven-

cionalidad ex ocio entre las normas internas y la Convencin Americana, [].

Hemos remarcado ex professo la expresin normas internas, por cuanto ello

permite interpretar que el material de derecho interno que se somete a scaliza-cin de compatibilidad convencional vis--vis la (inter alia) envuelve a las

disposiciones constitucionales que indudablemente quedan inmersas en aquel

enunciado genrico.

Por lo dems, en el nombrado prrafo 128 de la sentencia, la Corte no ha

excluido expressis verbis del anlisis exigido a la categora de normas constitucio-

nales, lo que aade algn peso adicional al intento propositivo que formulamos.

. Sobre el control de convencionalidad de oficio

La aplicacin ociosa de tal modalidad de contralor, que supone una manifestacin

de la observancia por los jueces locales de la jurisprudencia internacional, puede in-

ter alia explicarse empleando mutatis mutandilas palabras de Jimena Quesada:

por una correcta puesta en prctica del principiojura novit curia, esto es, cuando el juez

interno aplique la jurisprudencia internacional para resolver los casos sobre los que se

vea llamado a pronunciarse pese a que las partes procesales no hayan invocado dicha

jurisprudencia internacional, que a la postre sea determinante para la resolucin de di-

chos casos [, ya que] la aplicacin de las normas internacionales por los jueces naciona-

les y los dems operadores jurdicos se considera la piedra de toque del cumplimiento

efectivo del derecho internacional como tal.33

33 Luis J Q: La vinculacin del juez a la jurisprudencia internacional, en Miguel R

S (coord.): El Poder Judicial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 542.

Para su armacin, aquel autor busca apoyo en Benedetto C (International Law and the Role of

Domestic Legal Systems, Dordrecht, Martinus Nijho, 1993, p. 9), y pasa luego a agregar: Cabalmente,


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La propia Corte ha abierto el espacio para una interpretacin extensiva en

tal sentido, pues basndose en el citado principio iura novit curia, al desarro-

llar su tarea jurisdiccional en casos contenciosos no se ha autolimitado a las ale-gaciones que expresamente hubieran realizado la Comisin en el escrito de

demanda34 o la vctima o sus representantes en las presentaciones que articulan.

Por el contrario, ha reivindicado con rmeza su competencia, a la luz de la

y sobre la plataforma del mencionado principio (el que, segn arma, se encuen-

tra slidamente respaldado en la jurisprudencia internacional) para estudiar la

posible violacin de las normas de la Convencin que no han sido alegadas en los

escritos presentados ante ella [].35

Siendo as, y si los jueces nacionales tienen el deberde realizar el control de con-

vencionalidad al aplicar la normativa interna a los casos concretos que resuelvan,pocas alternativas quedan para obturar discursivamente la posibilidad de que aque-

llos lo hagan ex ocio, esto es, aun cuando las partes no lo hubiesen planteado.

La declaracin de anticonvencionalidad es una cuestin de derecho y no de

hecho, por lo que su resolucin de ocio no quiebra la igualdad de las partes en

el proceso ni afecta la garanta de defensa en juicio, la que no podra ser argida

frente al derecho aplicablepara dirimir la contienda.

cuanto mayor xito tenga la tarea de difusin de la jurisprudencia internacional entre los operadores

jurdicos internos, menos operativo resultar el principiojura novit curia, pues la mayor formacin de

los abogados comportar una elaboracin ms cuidada y perfeccionada de sus pretensiones y, por lo

tanto, menor margen de discrecionalidad interpretativa en manos de los jueces (La vinculacin del

juez a la jurisprudencia internacional, o. cit., pp. 542-543 y nota 96 a pie de pgina).

34 Ello por supuesto responde al esquema anterior a las modicaciones reglamentarias en la Comisin y la

Corte operadas en 2009. En el caso de la Comisin, la innovacin fue aprobada durante su

Perodo Ordinario de Sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009 (luego retocado

el 2 de septiembre de 2011). Respecto de la Corte , la enmienda en cuestin se produjo durante su

Perodo Ordinario de Sesiones, desarrollado del 16 al 28 de noviembre de 2009.

En el escenario actual se aprecia una mutacin del rol de la Comisin en el mbito del desenvolvimientode la jurisdiccin contenciosa de la Corte. En funcin de ello, ha desaparecido la calicacin que antes

se adjudicaba a aquella como parte procesal.

Se explica entonces que en los trminos del art. 35 del Reglamento de la Corte la Comisin no inicie el

procedimiento con la presentacin de una demanda, sino con la remisin de su informe de fondo, emitido con-

forme al art. 50 de la cadh, presentando adems los fundamentos que la llevaron a someter el caso al Tribunal.

35 Cf., entre numerosos precedentes, Corte , caso Godnez Cruz c. Honduras, sentencia de fondo, 20

de enero de 1989, serie C, n. 5, prr. 172; caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, sentencia de

fondo, reparaciones y costas, 31 de enero de 2006, serie C, n. 140, prr. 54; caso Comunidad Indgena

Sawhoyamaxa c. Paraguay, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 29 de marzo de 2006, serie C,

n. 146, prr. 186; y caso Kimel c. Argentina, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2 de mayo de

2008, serie C, n. 177, prr. 61.


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Tampoco implica que el juez falle extra petita ni soslaye el principio de con-

gruencia, en tanto el sentenciante se atiene a las cuestiones planteadas y a las cir-

cunstancias fcticas invocadas en el proceso y, para dilucidar la litis, solo sujetala seleccin del derecho aplicable a su concordancia con la (que, cuando

menos, debera ostentar cotizacin constitucional), tarea en la que vlidamente

podra moverse con independencia de las pretensiones de las partes.36

Al solo efecto ilustrativo, se aprecia que la Corte Suprema de Justicia argentina in

reVidela, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de casacin,37 de 31 de

agosto de 2010, se apoy en la doctrinade la Corte en el nombrado caso Traba-

jadores cesados del Congreso c. Per, recordando que dicho Tribunal Interamericano

ha subrayado que los rganos del Poder Judicial deban ejercer no solo un control de cons-

titucionalidad, sino tambin de convencionalidad ex ocio entre las normas internas y

la Convencin Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y

de las regulaciones procesales correspondientes. [remarcado agregado] [considerando 10]

Ello marca de manera ostensible la expresa recepcin del control de convencio-

nalidad de ocio por el mximo tribunal argentino; al tiempo que se hace percepti-

ble el mensaje que este transmite a los rganos judiciarios inferiores (y, agregamos

por nuestra parte, al resto de las autoridades pblicas) para que se conduzcan ensentido convergente.

IV. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA VISIN

DE CIERTOS RGANOS MXIMOS DE JUSTICIA

CONSTITUCIONAL DE LATINOAMRICA

Despojados naturalmente de cualquier inalcanzable propsito de exhaustividad,

recorreremos la praxis de algunos tribunales de clausura de la justicia constitucio-

nal en Latinoamrica para observar el grado de desarrollo que exhiben en cuanto ala recepcin del constructo control de convencionalidad, las frmulas que utilizan

al respecto y el impacto que este ha ocasionado en los ordenamientos internos.

36 Para redactar este prrafo, tomamos en parte ymutatis mutandi, lo expresado respecto del control de

constitucionalidad de ocio por Germn J. B C: La interpretacin y el control constituciona-

les en la jurisdiccin constitucional, Buenos Aires, Ediar, 1987, p. 155.

37 Fallos, 333:1657. Votaron de modo coincidente los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y

Zaaroni.


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En esa lnea, y ms all de reiterar condensadamente el criterio jurisprudencial

de la Corte Suprema de Justicia argentina, nos detendremos en los casos de la Cor-

te Constitucional de Colombia y la Suprema Corte de Justicia de Mxico.

1. Corte Suprema de Justicia arentina

Para ponderar el tenor de permeabilidad del mximo tribunal nacional acerca del

control de convencionalidad diseado por la Corte , acabamos de anticipar el

temperamento adoptado en Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ Recurso de casacin e in-

constitucionalidad, de 13 de julio de 2007, yVidela, Jorge Rafael y Massera, Emilio

Eduardo s/ Recurso de casacin, de 31 de agosto de 2010.

Ese tndem de sentencias testimonia cmo la Corte ha sido pionera en Latino-amrica al acoger explcitamente, ya desde 2007, el deber paulatinamente cimen-

tado por la Corte (preponderantemente a partir de 2006) en torno al control de

convencionalidad.

As, en Mazzeo denota el acatamiento de los primeros rasgos bosquejados por

el Tribunal Interamericano en la materia; mientras que en Videla patentiza la ab-

sorcin e internalizacin de instrucciones ms denidas y demandantes de aquel,

como la referida al ejercicio incluso ex ocio de tal scalizacin convencional.

2. Corte Constitucional de Colombia

a. LasentenciaC-442/2011yotrosprecedentesalosqueremite

Nos concentraremos en un relativamente reciente pronunciamiento, sin perjuicio

de efectuar alusiones a otros decisorios de importancia en cuanto a la magnitud

que la Corte Constitucional () asigna a los fallos de la Corte .

En la sentencia C-44238 de 25 de mayo de 2011, la Sala Plena de la aludi

expresamente al control de convencionalidad.En el caso, se haba planteado una accin pblica (artculo 241 de la Consti-

tucin Poltica) denunciando en denitiva la inconstitucionalidad de los artculos

220 a 228 (tipicacin penal de los delitos de injurias y de calumnias) de la ley n.

38 Su texto puede verse en http://www.corteconstitucional.gov.co//2011/C-442-11.htm. Fue

magistrado ponente el doctor Humberto Antonio Sierra Porto.


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599, de 2000por la cual se expide el Cdigo Penal, por vulnerar los artculos 20,

29 y 93 constitucionales y los artculos 9 y 13 de la .

Para conformar su argumentacin, la evoc su posicin forjada en deci-siones anteriores en torno a que la jurisprudencia de la Corte

es un criterio relevante para jar el parmetro de control de las normas que hacen par-

te del ordenamiento interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de

distintos instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales a su vez resul-

tan relevantes al examinar la constitucionalidad de disposiciones de rango legal al hacer

parte del bloque de constitucionalidad. [cf. ap. II. Consideraciones, punto 7, El prece-

dente sentado en el caso Kimel c. Argentina] 39

En esa lnea, y en idntico subapartado II.7, apunt que la jurisprudencia

de la Corte contiene la interpretacin autntica de los derechos contenidos

en la , instrumento internacional que integra el parmetro de control de

constitucionalidad40 (nfasis del original).

Convergentemente, ya en la sentencia C-228 de 3 de abril de 2002,41 la Sala Ple-

na de la haba destacado la importancia de valorar la doctrina sentada por la

Corte , en punto a que las medidas legislativas que impidieran a las vctimas

de violaciones de derechos humanos conocer la verdad de los hechos, resultabancontrarias a la , para efectos de estudiar la constitucionalidad del artculo 137

de la ley n. 600 de 2000,42 demandado en aquella ocasin (idntico subapartado).

Asimismo, en la sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006,43 al analizar distintas

disposiciones de la ley n. 975 de 200544 relacionadas con los derechos de las vcti-

mas de graves violaciones de derechos humanos, la Sala Plena de la reconoci

el carcter vinculante de la jurisprudencia de la Corte , [] por tratarse de de-

39 Caso identicado en nota 35, in ne.

40 En este punto la cita las sentencias C-360 de 2005 y C-936 de 2010 (vase nota n. 53 del fallo analizado).

41 Fueron sus magistrados ponentes los doctores Manuel Jos Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre

Lynett.

42 Ley por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Penal.

43 Actuaron como mm. pp. los doctores Manuel Jos Cepeda Espinosa, Jaime Crdoba Trevio, Rodrigo

Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, lvaro Tafur Galvis y Clara Ins Vargas Hernndez.

44 Ley por cuyo intermedio se dictan disposiciones para la reincorporacin de miembros de grupos ar-

mados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecucin de la paz

nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Es comnmente conocida como

Ley de Justicia y Paz.


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cisiones que expresan la interpretacin autntica de los derechos protegidos por

la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, [] (idntico subapartado).

En la nota n. 54 de la sentencia C-442/2011, localizada al nalizar el prrafoque acabamos de transcribir parcialmente, la seal que en denitiva la lnea

argumentativa adoptada resulta concordante con la postura de la Corte , la

cual en distintas sentencias ha sealado el carcter vinculante de su jurisprudencia

como interpretacin autntica de la ; lo que el Tribunal Interamericano ha

realizado en el caso Almonacid Arellano y otros c. Chile(prrafo 124) y en el caso

Trabajadores cesados del Congreso c. Per (prrafo 128).

Ya rerindose al caso Kimel c. Argentina45de la Corte , la indic que,

aunque constituye un precedente signicativo en torno al alcance de la libertad de ex-

presin y del principio de legalidad en la tipicacin de los delitos de injuria y calumnia,

esta decisin no puede ser trasplantada automticamente al caso colombiano en ejer-

cicio de un control de convencionalidadque no tenga en cuenta las particularidades del

ordenamiento jurdico interno, especialmente la jurisprudencia constitucional y de la

Corte Suprema de Justicia que han precisado notablemente el alcance de los elementos

normativos de estos tipos penales, [][remarcado agregado] [id. subap.]

En denitiva, y con salvamento de voto del entonces presidente de la cor-poracin, Dr. Juan Carlos Henao Prez, y de la magistrada Mara Victoria Calle

Correa, la declar exequibles los citados artculos 220 a 228 de la nombrada

ley n. 599 de 2000.

b. Recapitulacin

Ms all de la decisin puntual adoptada por la en la sentencia centralmente

enfocada, consideramos que esta exhibe algunos perles dignos de destacar:

resalta su visin y conviccin en cuanto a que la jurisprudencia de la Corte

contiene la interpretacin autntica de los derechos contenidos en la , y en

punto a que dicha jurisprudencia ostenta carcter vinculante.

utiliza explcitamente la expresin control de convencionalidad.

45 Corte , caso Kimel c. Argentina, citado en nota 35, in ne.


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cita, bien que en nota, los fallos de la Corte recados en elcaso Almonacid

Arellano y otros c. Chile(prrafo 124) y en el caso Trabajadores cesados del Con-

greso c. Per (prrafo 128), lo que luego de anudar tal referencia a los otrospuntos aqu colacionados permite inferir que acepta las emanaciones de vin-

culatoriedad y pertinencia del ejercicio de semejante modalidad de scaliza-

cin convencional, incluso ex ocio.

. Suprema Corte de Justicia de Mxico

a. ElcasoRadilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanosysuimpacto

ssmicoenlaSupremaCorte

Bsicamente a partir del caso Radilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanos,46 el

asunto del control de convencionalidad ha convulsionado a la Suprema Corte de

Justicia de Mxico (), desencadenando fuertes movimientos y debates inter-

nos en orden a encauzar la bsqueda de los medios adecuados e idneos para dar

cumplimiento al aludido pronunciamiento internacional.

Completan el cuarteto de sentencias del perodo 2009/2010 de la Corte re-

feridas a la obligatoriedad del contralor de convencionalidad, las condenas contra

Mxico pronunciadas en el caso Fernndez Ortega y otros,47

el caso Rosendo Canty otra48y el nombrado caso Cabrera Garca y Montiel Flores.49

Retomando el tema del caso Radilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanos y sus

implicancias, durante 2010 el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de

Justicia,Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, present una consulta a trmite para deter-

minar cules eran las obligaciones para el Poder Judicial de la Federacin deriva-

das de aquella sentencia de condena de la Corte , cuyo proyecto fue confeccio-

nado por el ministro Jos Ramn Cosso Daz, aunque luego del debate (llevado a

cabo los das 31 de agosto y 2, 6 y 7 de septiembre de aquel ao) fue rechazado por

exceder los trminos de la consulta planteada.

46 Corte , caso Radilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de excepciones preliminares,

fondo, reparaciones y costas, 23 de noviembre de 2009, serie C, n. 209.

47 Corte , caso Fernndez Ortega y otros c. Mxico, sentencia de excepcin preliminar, fondo, reparacio-

nes y costas, 30 de agosto de 2010, serie C, n. 215.

48 Corte , caso Rosendo Cant y otra c. Mxico, sentencia de excepcin preliminar, fondo, reparaciones

y costas, 31 de agosto de 2010, serie C, n. 216.

49 Caso Cabrera Garca y Montiel Flores c. Mxico, citado en nota 25.


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Dicha desestimacin gener el expediente Varios 489/2010, del que fue po-

nente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, cuyo proyecto fue debatido en el

Tribunal Pleno en diversas sesiones de julio de 2011 y resuelto el 14 de julio de di-cho ao. Vale recordar que el encargado del engrose de la decisin fue el ministro

Jos Ramn Cosso Daz.

En apretada e incompleta sntesis, entre otras, en el expediente Varios

912/2010 dentro del expediente Varios 489/2010, se jaron las siguientes pautas:

las sentencias condenatorias de la Corte en las que el Estado mexicano sea

parte, son obligatorias en sus trminos para el Poder Judicial de la Federacin.

los jueces debern llevar a cabo un control de convencionalidad ex ocio en un

modelo de control difuso de constitucionalidad. existe un modelo de control concentrado en los rganos del Poder Judicial de la

Federacin con vas directas de control: acciones de inconstitucionalidad, con-

troversias constitucionales y amparo directo e indirecto, y en segundo trmino,

el control del resto de los jueces del pas en forma incidental durante los pro-

cesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un

expediente por cuerda separada.

todas las autoridades del pas en el mbito de sus competencias tienen la obli-

gacin de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretacin msfavorable a la persona para lograr su proteccin ms amplia, sin tener la posibi-

lidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de estas.

Debe adems advertirse que se procedi a una reinterpretacin del artculo

133 de la Constitucin Poltica50 a la luz del vigente artculo 1, ibdem, esto es,

conforme la versin reformada publicada en el Diario Ocial de la Federacin el

10 de junio de 2011.51

Asimismo, la ha determinado que el control de convencionalidad ex ocio

en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de controlestablecido constitucionalmente, pues no puede entenderse un control como el

50 Dicho art. 133 de la Constitucin mexicana est inspirado en el art. VI de la Constitucin de Estados

Unidos, tal como sucede con el art. 31 de la Ley Fundamental argentina.

51 Una somera referencia a tan relevante reforma constitucional puede verse en Vctor B: Estado

constitucional y derechos humanos en Latinoamrica: algunos problemas y desafos, en Juan Manuel

L U (dir.): Derechos humanos y orden constitucional en Iberoamrica, Navarra, Civitas - omson

Reuters, 2011, en esp. pp. 95-96.


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que se ordena en aquella sentencia si no se parte de un control de constitucionali-

dad general que se desprende del anlisis sistemtico de los artculos 1 y 133 de la

Constitucin Federal y que es parte de la esencia de la funcin judicial.A ese n se estableci que tal tipo de interpretacin de parte de los jueces supo-

ne cumplir los siguientes pasos:

interpretacin conforme en sentido amplio, que signica que se debe interpretar

el orden jurdico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la

Constitucin y en los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a

las personas la proteccin ms amplia.

interpretacin conforme en sentido estricto, para casos en los que existen varias

interpretaciones jurdicamente vlidas de un determinado precepto, supuestoen el que los jueces deben, partiendo de la presuncin de constitucionalidad

de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos

establecidos en la Constitucin y en los tratados internacionales.

inaplicacin de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

b. Controldifusodeconvencionalidadyotrasinnovaciones

sustancialesenelsistemajurdicomexicano

La cuestin suscitada como consecuencia de la bsqueda de bases rmes y sus-

tentables para encaminar el cumplimiento de las imposiciones establecidas en

el caso Radilla Pacheco c. Estados Unidos Mexicanos en particular (aunque en

realidad con valencia que desborda los especcos contornos de este), es una

de las ms trascendentes y complejas en la historia jurisdiccional e institucional

reciente de la .

Entre otros asuntos, ha trado consigo replanteos y modicaciones de gran ca-

lado que han llevado a aggiornarel sistema de control de constitucionalidad y, por

supuesto, el de convencionalidad, para liberar la marcha hacia una modalidaddifusa.52 Todo ello, en un contexto impactado por la reciente modicacin cons-

titucional (arriba citada) que ha instilado una clara impronta, originando inter

alia la mutacin del paradigma de los derechos humanos y un demandante y

52 En particular sobre el tema del control difuso de convencionalidad, sugerimos revisar el voto razonado

del juez ad hocEduardo Ferrer Mac-Gregor, pronunciado en el multicitado caso Cabrera Garca y Mon-

tiel Flores c. Mxico (vase nota 25).


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reciclado paisaje jurdico para los jueces y magistrados mexicanos y el resto de los

operadores del sistema jurisdiccional.

V. LA NECESIDAD DE AFIANZ A

justicia constitucional y derechos fundamentales: el control de convencionalidad

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