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Existe un discurso que asigna a las políticas sociales la
responsabilidad de remediar los negativos efectos del ajuste
en materia de distribución de los ingresos.
No obstante, el presente trabajo intenta demostrar que es
justamente el quiebre del patrón distributivo que primaba en la
Argentina de mediados de los setenta, lo que explica la grave
crisis de financiamiento que evidencian hoy el conjunto de las
políticas sociales.
La experiencia chilena muestra cómo en aquellos modelos que
tienden a configurar una factoría de exportación, la política
social pierde su función redistributiva limitándose a un
asistencialismo destinado a subordinar y cooptar a los
excluidos del sistema.
Sin embargo, la Argentina menemista parece querer superar
todo marco teórico. Los programas sociales que, más allá de
sus defectos, estuvieron presentes durante el anterior gobierno
constitucional, fueron eliminados sin reemplazo serio y
consistente por el actual gobierno.
En la Argentina de hoy no sería exagerado decir que las
políticas sociales no existen.
Claudio Lozano
Director
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1. INTRODUCCION
En la Argentina de hoy, signada por un Estado y democracia que convalidan y reproducen el ajuste
económico, se postula a las políticas sociales como las encargadas de la redistribución. Se las sobrecarga
de demandas con el requerimiento de que compensen los efectos de un ajuste considerado a la vez tan
irremediable como inexorable.
Aparece así un discurso que dice que la distribución del ingreso es responsabilidad de las políticas
sociales cuando, en realidad, es justamente el quiebre del patrón distributivo el que ha puesto en crisis en la
Argentina a las políticas sociales en tanto ha roto sus mecanismos de financiamiento. La caída de la
participación asalariada en el ingreso nacional desde un 40% a mediados de los 70, a poco más del 20% en
la actualidad, tiene como efecto ineludible el fracaso de toda política que se financie en base al salario y la
organización solidaria. Por otra parte, la reducción a cualquier precio del gasto público –leit motiv de la
política nacional liberal– deja sin recursos al Estado para atender los niveles cada vez más altos de
vulnerabilidad que presentan crecientes franjas de población.
Hablar de políticas sociales obliga a evaluar la totalidad de la intervención social del Estado: cómo
gasta y cómo financia su gasto. Esto es lo que permite saber si la redistribución existe, si hay transferencia
entre un sector y otro (del capital al trabajo) o si ésto se da entre los mismos sectores populares.
La importancia de esta evaluación resulta superlativa en un contexto como el nuestro donde, a partir
de 1976, prácticamente se anularon las transferencias del capital al trabajo. La redistribución se opera,
entonces, de los que menos tienen a los que nada poseen, al tiempo que creció la dependencia del gasto
público social ante la caída del empleo y el salario real.
Las fuentes de financiamiento de las políticas sociales son básicamente dos:
a) Impuestos y tarifas, que conforman los fondos de Tesorería nacional y provincial que se destinan a
Inversión en sectores sociales (infraestructura y mantenimiento), y al Gasto Público Social en educación,
salud, vivienda y bienestar social.
b) Contribuciones sobre salarios, jubilaciones y pensiones, que conforman la base de recursos del sistema
previsional, obras sociales y FONAVI.
a) La cuestión Impositiva
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Es bien conocida, aunque ésto no parece haber servido para su modificación, la regresividad que
caracteriza a nuestra estructura impositiva. El 70% de la recaudación descansa en impuestos que gravan
fundamentalmente el consumo y los salarios. Para 1987, los impuestos directos representaban en nuestro
país el 1,3% del PBI mientras alcanzaban al 10,5% en EE.UU., el 13,6% en Italia yel 16,8% en el Reino
Unido. (1)
La discusión sobre la reforma impositiva (generalización del IVA) actualizó esta realidad subrayando
además su inevitabilidad. Los expertos tildan permanentemente de anacrónica toda propuesta que tienda a
introducir mayor equidad en la recaudación. Por un pase mágico de esos a los que la ideología dominante
nos tiene acostumbrados, los impuestos ya no parecen tener que ver con el objetivo de redistribuir ingresos.
Olvidémosnos de otros tiempos, países y propuestas donde una mayor contribución por parte de los que
más tienen poseía criterios de razonabilidad. Lo moderno –según afirman– es buscar progresividad no en el
financiamiento sino en el gasto público.
Sin embargo, no es tan fácil. La inversión en sectores sociales -en términos de participación en el PBI-
se mantuvo a lo largo de la década del 70 en valores algo superiores al 0,50% con un nivel máximo de
0,74% en 1975, descendiendo verticalmente hasta llegar al 0,06% en 1989. (Cuadro A)
Por otra parte, los recursos destinados al gasto social –como proporción del Gasto Público Total– han
representado históricamente entre un 15 y un 20%. A partir de 1982 dicha proporción es menor
registrándose una tendencia decreciente. La estructura del Gasto público de la Administración Nacional
entre 1984 y 1989 refleja que en estos últimos años no se privilegió el gasto en sectores sociales
privilegiándose, en cambio, el pago de la deuda pública. (Cuadro B)
Es así como el funcionamiento de hospitales y escuelas nacionales han mermado sus recursos por la
apropiación indebida de subsidios por parte de la Banca Acreedora y los grupos locales. De hecho, en 1989
Educación y Salud fueron los sectores que tuvieron la mayor caída relativa respecto a los gastos efectuados
en 1988.
Sin embargo, no es a estas distorsiones a las que se refiere el discurso liberal cuando denuncia que
"el Estado no hace lo que debiera y se dedica a actividades que no le son propias".
El hecho de que la mayor parte del gasto social dependa de los presupuestos provinciales y
municipales, no implica modificaciones en la decreciente tendencia señalada. Aún cuando se carece de
datos estadísticos para esos niveles a partir de 1986, es factible suponer que en el contexto de restricción
presupuestaria y disminución del gasto público que determinan las políticas fiscales de los últimos años, las
provincias hayan seguido –en general– comportamientos similares a los verificados a nivel nacional. Las
manifestaciones y estallidos producidos en las últimas semanas en diversos puntos del país, avalan esta
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hipótesis, ya que constituyen un indicador elocuente de las críticas situaciones que está viviendo, el interior a
nivel social.
b) El mercado de trabajo
La caída del salario, el aumento del empleo informal y de las ocupaciones precarias, y en los últimos
años también el desempleo abierto, minaron drásticamente las posibilidades de recaudación de los sistemas
que –en base a cotizaciones salariales–, proporcionan prestaciones en materia de salud (obras sociales),
previsión (jubilaciones y pensiones) y vivienda (FONAVI) afectando seriamente el cumplimiento de sus
objetivos específicos y, por ende, su función redistributiva.
Proceso hiperinflacionario mediante, el salario real disminuyó un 60% respecto de 1983. Esta caída,
permanente desde hace 15 años, fue acompañada por modificaciones importantes en el mercado de trabajo.
A la reducción en la tasa de asalarización se suma el incremento constante en la proporción de asalariados
"en negro", carentes de todo beneficio social, que el año pasado llegaron a representar un 25%, y que el
proyecto de Flexibilidad Laboral pretende legitimar y ampliar. (2)
Las altas de desocupación actuales (con serias posibilidades de incrementarse aún más) harán sentir
sus efectos en los segmentos más formales de la economía, justamente aquellos en los que se registran los
menores niveles de evasión a la seguridad social.
En este sentido, actuarán, por ejemplo, los planes de racionalización del Sector Público tan mentados
en estos días.
Esta doble crisis de financiamiento genera consecuencias diversas:
1) Multiplica demandas sobre servicios y bienes proporcionados por el Estado de manera gratuita y
subsidiada.
2) Al predominar formas regresivas de recaudación, la mayor demanda requiere mayor carga sobre los
contribuyentes de menores ingresos.
3) Como el modelo económico achica consumo y salarios, la capacidad de sostener los gastos sociales
entra en crisis.
Resultado: creciente población que depende en forma directa del gasto social y achicamiento de la
masa de recursos. Tenemos así un modelo que nos brinda entre 13 y 15 millones de argentinos que no
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pueden satisfacer sus necesidades elementales y al mismo tiempo inhibe el financiamiento necesario para
atenderlos.
II. SALUD
Esto resulta obvio cuando se analiza el fluir de fondos del sistema de salud.
De los casi 9 puntos del PBI que se destinaban a la salud en 1986, el Sector Público aportaba un 22%
proveniente casi en su totalidad (78,6%) de los Estados Provinciales y Municipales. El origen de estos
fondos reside, obviamente, en impuestos y tarifas recaudadas según el patrón regresivo que ya hemos
explicitado.
Los recursos provenientes de la Seguridad Social –contribuciones sobre salarios, jubilaciones y
pensiones– representaban un 37%, del total del financiamiento en salud. Vale la pena destacar –ya que
hablamos de transferencias– que más del 80% de estos recursos tiene como destinatario al Sector Privado a
través de los contratos que con él realizan las obras sociales.
La tercera fuente de fondos para la salud reside en el gasto directo de las familias y representa el
restante 41% que también se destina totalmente al sector privado bajo la forma de consultas directas,
coseguros y cuotas a servicios prepagos. (Cuadro C)
Si nos detenemos a analizar cómo está conformado este conjunto de familias, podremos evaluar
mejor la procedencia de estos fondos: más del 50% de los perceptores de ingresos en el país son
asalariados, y el 80% de los perceptores inactivos son jubilados y pensionados. Es decir que una proporción
importante de los recursos consignados como gasto directo de las familias proviene nuevamente de salarios
y haberes jubilatorios.
Por lo tanto, del volumen total del financiamiento de la salud en 1986, la mayor parte proviene directa
o indirectamente de salarios y haberes jubilatorios a partir de contribuciones a la seguridad social o
impuestos al consumo.
El hecho de que de los dos estratos inferiores de ingresos (primeros 9 deciles de la Encuesta
Permanente de Hogares), que involucran a asalariados y jubilados, hayan caído significativamente desde
1974 a la fecha, permite concluir que ningún sistema que pretenda financiarse sobre esta exigua base tiene
destino posible. (Cuadro D)
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En este contexto, el sistema de obras sociales se ha enfrentado a serias limitaciones en la posibilidad
de brindar servicios a sus afiliados, reduciéndolos de hecho y cobrando coseguros y plus diversos por
encima de las cuotas mensuales, con la consecuente elitización que se desprende de la necesaria
capacidad de pago directo del afiliado. Asimismo, ésto ha significado la reducción de la cobertura por la
exclusión del sistema de la población afectada por el desempleo o con inserción laboral precaria y la
sobrecarga de demanda de atención en el hospital público. Un número importante de los pacientes que se
atienden en consultorios externos de hospitales nacionales y municipales tienen obra social y muy pocos de
ellos tributan sus prestaciones. De aquellas prestaciones pagadas, los exiguos valores que contempla el
nomenclador nacional no logran cubrir siquiera los gastos operativos. Pero todo ésto no es casual. La
fijación de valores del nomenclador se vincula con la capacidad de pago de las obras sociales que dependen
a la vez para su financiamiento de los decadentes niveles de empleo y salario de la economía. Por su parte,
los hospitales públicos dependen –como vimos– de un Estado que asocia su financiamiento a la
generalización de impuestos al consumo.
Así, los asalariados pagan tres veces su derecho a la salud: como contribuyentes a la Seguridad
Social, como pagadores de diversos plus y coseguros y como consumidores en el mercado interno.
Analicemos ahora el gasto en salud desde otra perspectiva. Ya dijimos que más del 70% de los
recursos del sistema tienen como destinatario al sector Privado. Semejante participación en el manejo de
fondos contrasta violentamente con el escaso 2,4% que maneja la Secretaría de Salud y determina diversos
aspectos del gasto del sector. (Cuadro E)
En primer lugar, resulta obvia la escasa capacidad de la Secretaría de incidir en la política global de
salud y en el comportamiento del sector privado, así como en el de las provincias, municipios y obras
sociales. Esta debilidad del sector Público inhibe decididamente su posibilidad de definir la asignación de
recursos de la salud en el país. Ejemplos importantes de remarcar en este sentido son el gasto en
aparatología de alto nivel tecnológico y en medicamentos.
A este último rubro se destinaba en la Argentina en 1985 casi el 30% de los recursos totales de salud
mientras en EE.UU. Canadá y Europa Occidental (cuyo primer mundo tanto deseamos emular) no llegaban
al 7%. (3)
El Sector Privado era, en el mismo año, responsable del 67%, de ese gasto, las obras sociales casi
del 27% y el sector Público sólo del 6,3%. (4) (Cuadro F)
Respecto de los equipos de alta complejidad, nuevamente es el Sector Privado quien posee la mayor
parte del equipamiento en el país como resultado del proceso de apertura de importaciones desatada
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durante la última dictadura militar y del importante financiamiento que le otorga la Seguridad Social. (Cuadro
G)
Evidentemente, los dos rubros analizados asumen gran relevancia en el encarecimiento de la canasta
media de consumo en salud, cuya evolución supera ampliamente el nivel general del Indice de precios al
consumidor (IPC) del INDEC a partir de 1985 y hasta la actualidad. (Cuadro H)
III. SISTEMA PREVISIONAL
El desequilibrio financiero –a esta altura crónico– del Sistema Previsional, es consecuencia de la
acción conjunta de una disminución de sus ingresos, junto con un incremento de sus egresos. La evolución
futura de ambas variables se prevé en el sentido de potenciar aún más ese desequilibrio.
Dado que alrededor del 60% de los recursos totales del Régimen Nacional de Previsión provienen de
aportes y contribuciones sobre salarios, la disminución de los ingresos a las capas de jubilaciones se originó
básicamente en el achicamiento de la masa salarial (Cuadro f). La reducción sistemática en el nivel de
empleo mantuvo el número de cotizantes al sistema estancado en torno a los cinco millones en los últimos
cinco años a la vez que se viene registrando una caída importante en los niveles reales del salario. Por otro
lado, también inciden en la reducción de los ingresos los altos niveles de evasión de aportes, verificados
sobre todo en la capa de autónomos. (Cuadro J)
Tal como lo señaláramos respecto del sistema de obras sociales, la previsión de altas tasas de
desocupación reducirán aún más el número de aportantes al sistema, agudizando el desequilibrio en la
relación activos-pasivos. Es decir, cada vez habrá menos trabajadores aportando parte de su salario para
sostener a los jubilados y pensionados. El hecho de que la mayor parte de esta desocupación vaya a
producirse en los sectores más formales de la economía –habituales aportantes al sistema– empeorará los
ya elevados niveles de evasión que en 1986 superaban el 30%.
Como consecuencia de la recesión existente disminuirán, sin duda, además, las escasas
recaudaciones de la Caja de Autónomos.
Ante la evidencia de que los aportes y contribuciones eran económicamente insuficientes para
financiar al Sistema Previsional, fue resumiéndose –en diversos momentos– a fuentes alternativas de
ingresos. La más importante en estos últimos años la constituyó un impuesto específico que grava, desde
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marzo de 1988, el consumo de combustibles y servicios públicos. En 1989 este impuesto significó casi el
20% de los ingresos al sistema y hoy se encuentra en discusión su futuro ante la privatización de ENTel.
En cuanto a los egresos, el lógico incremento que debía producirse por la expansión de la población
en edad de jubilarse ha sido aminorado en parte en los últimos años a partir de políticas que tendieron a
desacelerar el ritmo de incremento anual de los beneficios otorgados (alrededor de 3 millones) y a la
concentración del 80% de los mismos en el haber mínimo, cuyo nivel ha caído sin precedentes,
constituyéndose en la variable de ajuste del sistema.
En los próximos años, sin embargo, los egresos del régimen previsional aumentarán como
consecuencia de la expansión en el número de beneficios que deberá otorgar la Caja del Estado, a fin de dar
cumplimiento al plan de racionalización dispuesto en el sector público.
Adicionalmente, otras fuentes de financiamiento como los aportes del Banco Central, que paliaban en
parte la magnitud y cronicidad del déficit, fueron suprimidas a partir de la promulgación del Decreto 435,
agravando el desequilibrio financiero del sistema.
Los efectos de esta crisis no sólo impactan en los jubilados y pensionados sino también en los grupos
familiares en los cuales se insertan.
Para la población de la tercera edad representa una clara disminución en su calidad de vida. El nivel
de los haberes mínimos no alcanzaba este año a cubrir la cuarta parte de la canasta mínima de alimentos,
es decir que no alcanza para que una persona adquiera alimentos durante 30 días. (5) Si a ello se suma la
importancia del rubro medicamentos en el presupuesto de un anciano y el deficiente funcionamiento de la
obra social correspondiente (PAMI), se advertirá que la situación de los beneficiarios del sistema se torna
insostenible si no reciben auxilio financiero de los miembros activos del grupo familiar al que pertenecen.
Cabe señalar que –a esta altura de los acontecimientos– semejante alternativa sólo es viable para una
reducida franja de asalariados ya que gran parte de la población activa se encuentra imposibilitada de
sufragar los gastos adicionales de sus familiares pasivos.
Una última reflexión sobre los niveles de cobertura del Sistema Nacional de Previsión. Aún cuando –
como promedio nacional– el régimen previsional ha alcanzado una expansión notable de la cobertura, queda
en el país un sector apreciable de ancianos sin protección. Alrededor del 20% de los varones mayores de 65
años y de mujeres viudas no poseen acceso a jubilación o pensión.
Por otro lado, el promedio nacional oculta profundas desigualdades regionales. Mientras la cobertura
jubilatoria alcanzaba en 1985 al 104% en Capital Federal (indicando la existencia de doble beneficio), 91%
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en Santa Fe, 87% en Buenos Aires y 77% en Córdoba; sólo recibían beneficios el 39% de los varones de 65
y más años en Neuquén, en 45% en Río Negro, el 48% en Corrientes y el 29% en Formosa. (6)
Las posibilidades de expansión de la cobertura están limitadas por el tamaño del mercado formal de
trabajo que, como vimos, tiende a reducirse.
Gran parte de aquellos que se encuentran en el mercado informal, donde se halla el corazón del
subempleo, tendrán escasa posibilidad de integrarse al sistema y gozar de la mínima protección que brinda
en la actualidad.
IV. EDUCACION
Tal como planteáramos al comienzo del trabajo, el gasto público en sectores sociales ha estado
disminuyendo en los últimos años. Corno consecuencia de ello, y del mismo modo que en salud, se registra
en el área de educación un cuadro de fuerte deterioro en la prestación de servicios precisamente en
momentos en que los mismos se convierten en la única alternativa para un segmento creciente de la
población.
Efectivamente, el 70% de la población en edad escolar asiste a las escuelas del sector público. A
pesar de ello, los recursos del sector han disminuido progresivamente, hecho que se pone de relieve en la
caída del salario docente.
El gasto público en educación –como porcentaje del PBI– pasó del 2,5% en 1975 al 4,9% en 1986 (7).
A simple vista parecería que el presupuesto educativo tuvo un incremento significativo. Sin embargo, la
mayor proporción respecto del PBI no indica que el sector haya absorbido más recursos en términos reales.
Debe tenerse en cuenta que el período considerado comprende uno de los ciclos recesivos más importantes
que haya sufrido la Argentina, por lo que ese incremento en la proporción apenas resulta suficiente para
contrarrestar la disminución del Producto Bruto Interno.
Si consideramos la evolución del gasto por alumno entre el período 1971-1975 y 1981-85, vemos que
este indicador cayó, para la educación media un 50% en la jurisdicción provincial (8).
En el orden nacional, el gasto por alumno matriculado bajó de 1300 dólares de 1980 en 1984 a 900
dólares en 1986. (9)
Un indicador elocuente de la insuficiencia del Gasto Público en Educación en los últimos años, se
vincula con el nivel de salarios del sector que –como rubro– representa el 90% del presupuesto educativo.
Entre 1980 y 1986 la matrícula total, de todos los niveles de enseñanza, creció en un 31,5% (cuadro K). En
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un contexto de reducción del gasto, una incorporación masiva de alumnos como la citada provocó,
obviamente, una fuerte caída del salario real docente que sólo este año alcanzó al 52% (10). Esto está
indicando que el nivel salarial constituye la variable de ajuste de un sistema cuyos recursos provienen de los
fondos de Tesorería Nacional y por lo tanto de impuestos recaudados de acuerdo al patrón regresivo que ya
señaláramos.
Como vimos, el 90% del presupuesto educativo se destina a gastos corrientes. Por lo tanto la
inversión en bienes de capital es muy baja en el sector. La escasez de fondos para el mantenimiento ha
llevado al desmejoramiento de las condiciones físicas de los edificios y del equipamiento, siendo casi
inexistente la construcción de nuevos establecimientos en los últimos años.
La conjunción de estos dos aspectos: bajo salario docente y deficiente equiparamiento inciden
obviamente en la calidad de la educación pública impartida en la actualidad.
En cuanto a la asignación de recursos al interior del sector, por niveles de enseñanza, los datos
consignan lo siguiente: 62% a la educación elemental, 22% al nivel medio y 12% a la educación superior
(11). Esta distribución podría considerarse progresiva en tanto prioriza el ciclo primario. Si bien las tasas de
escolarización de la población de 6 años indican una virtual universalización de la matrícula, nuestro sistema
educativo no logra aún –a casi 100 años del establecimiento de la enseñanza primaria obligatoria– que un
tercio de la población complete ese ciclo. Efectivamente los problemas mayores se presentan no en el
acceso al sistema sino en la permanencia y egreso del mismo.
En este sentido existen fuertes desbalances regionales. Mientras sólo un 13% no completó el nivel
primario en la Capital Federal, más de la mitad de la población mayor de 15 años estaba en 1985 en igual
condición en Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones (12).
Los problemas de retención escolar, es decir, conseguir la permanencia de los niños en el sistema
educativo, se han visto aminorados en los últimos años por factores de índole social. En tiempos de crisis, la
escuela ha redefinido su función de pedagógica a asistencialista. Si bien el cumplimiento de sus objetivos
específicos resulta hoy bastante difícil, la escuela (y los docentes) brindan -a través de la copa de leche o los
comedores escolares- una parte, a veces importante, de los alimentos que los niños de menores recursos no
encuentran en sus hogares. Esta función asistencial se ha constituido en el principal factor de retención de
esa población en el aparato escolar de los últimos tiempos.
En 1978 culminó el proceso que transfirió la escuelas primarias nacionales al ámbito de las provincias.
A partir de ese momento el Ministerio Nacional de Educación y Justicia dejó de tener injerencia directa en el
estratégico nivel de la educación básica. Con la transferencia se buscó disminuir el gasto público del Estado
Nacional que hoy se hace cargo sólo del 2% de la educación primaria. Las provincias se hacen cargo del
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80% en ese nivel con recursos provenientes de la coparticipación federal. El resto de la matrícula
corresponde a instituciones privadas.
En el nivel medio la matrícula se distribuye: 45% Nación, 26% provincias y 19% privada. (13).
La presencia de la jurisdicción nacional es dominante en la educación universitaria correspondiéndole
el 90% de la matrícula. Sin embargo, la injerencia del gobierno central es nula debido a la autonomía de las
universidades.
La progresividad que debería tener el gasto en educación primaria y media se atenúa
considerablemente como producto de los fuertes subsidios a la educación privada que atiende a sectores
ubicados en los tramos superiores de la escala de ingresos. En 1987 se estimaba que estos subsidios eran
asignados al 90% de los establecimientos privados cubriendo en el 80% de los casos el 100% del costo del
personal docente y un 50% del gasto total. (14). El volumen de recursos involucrados (0,5 del PBI) era
levemente inferior al total del gasto público en educación superior (0,59% del PBI). (15)
El valor del presupuesto universitario para este año, analizando el asignado para el primer
cuatrimestre, de 1990, es de 100 millones de dólares, casi una sexta parte de los 500 millones del
presupuesto de 1987 para todo el sistema universitario argentino, es decir, 27 casas de estudio.
Ese valor de 100 millones de dólares representa la mitad del aporte estatal de una sola universidad
europea o estadounidense de mediana dimensión. Es menos de la mitad de la evasión impositiva de un
conocido grupo empresario, el 1,2% del déficit fiscal del año pasado, el 2,4% de los intereses de la deuda
externa, y el 1,7 por mil del Producto Bruto Interno.
Si se considera una población estudiantil de 600.000 estudiantes en todo el sistema universitario, el
aporte estatal mensual es actualmente de 16 dólares de marzo del 90 por alumno, en tanto que el aporte
para gastos operativos (gastos de funcionamiento y becas) es de menos de 0,50 dólares mensuales por
estudiante.
Con la política salarial privilegiada desde Julio de 1989, consistente en sumas fijas no bonificables (es
decir, que no tienen en cuenta la dedicación y la antigüedad), se ha achatado la pirámide de ingresos por
categorías, dedicación y antigüedad perjudicando a los docentes con esas características, sin haber
mejorado la situación de los que recientemente han ingresado a la carrera. (16)
Vale, para terminar, sintetizar la propuesta de financiamiento para la Educación planteada por la
CTERA en el XX Congreso Extraordinario de la entidad, realizado en abril de este año.
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Allí se propone la creación de un "Fondo Federal Permanente para el Financiamiento Educativo" con
recursos provenientes de fuentes tales como: "el 40% del producido del impuesto sobre los activos de las
empresas y del impuesto a las ganancias, el 70% del producido del impuesto sobre los débitos en cuenta
corriente y otras operatorias; el producido del impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de
divisas y un aporte adicional del 20% de lo producido actualmente del Impuesto a los Ingresos Brutos que
aplican las provincias" (17). La CTERA propone además la constitución de un Consejo Federal para la
Administración del Fondo Educativo, producto de un acuerdo entre las provincias y la Nación, que facilite la
coparticipación provincial en la fijación de pautas de distribución de los recursos y del control de los
acuerdos, y tendría la posibilidad de avanzar en la descentralización y desburocratización del sistema.
La apelación al producido de impuestos directos intenta lograr la indispensable independencia de la
educación, que la resguarde de los vaivenes del corto plazo e intereses inmediatos y posibilite cierta
continuidad a un proyecto educativo.
Asimismo, la creación del Fondo Federal permitiría avanzar hacia la jerarquización de los salarios
docentes y su equiparación en todos los niveles y jurisdicciones, así como el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento existentes. Permitiría, además, promover la capacitación y el
perfeccionamiento docente y el desarrollo de las tareas de investigación universitarias. "Ese tipo de
propuestas deja perfectamente en claro que la descentralización desestructurante y privatista del sistema no
es ni remotamente una solución a la crisis que vive la educación argentina, sino su profundización. Por el
contrario, el esfuerzo privado dirigido hacia la enseñanza pública, es la operación indispensable para
garantizar la educación que merece el pueblo, y la actitud que correspondería a una sociedad responsable".
(17)
V. VIVIENDA
El déficit habitacional de la Argentina se estima actualmente en una cifra entre los 2,5 y 2,8 millones
de viviendas. (18)
La situación habitacional es un indicador de las condiciones materiales de vida de la población, es así
que la población cuyos ingresos son sistemáticamente bajos, en situación de deterioro económico y poca
estabilidad laboral es la más afectada por las carencias habitacionales. Estas condiciones son aún más
agudas en la población desempleada y marginada del mercado laboral. Tal como hemos señalado, estas
tendencias se profundizaron en los últimos años y continuarán mostrando niveles que superan ampliamente
los valores históricos.
Es importante destacar que la actual situación de déficit habitacional se ha producido a pesar de tener
la Argentina un crecimiento vegetativo bajo, y es indudable que, de persistir las tendencias señaladas, la
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situación de una masa cada vez mayor de población se encontrará con dificultades crecientes para enfrentar
sus necesidades habitacionales.
La oferta de viviendas financiada con fondos públicos alcanzaba en 1985 al 50% de la oferta global
tras un retiro paulatino del sector privado producido a partir del año 80 en un contexto de producción
decreciente (CUADRO L).
Históricamente, dos instituciones canalizaron la casi totalidad de las acciones del sector público en
materia habitacional: el Banco Hipotecario Nacional y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental a
través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
El gasto estatal en el área se completa con Fondos Provinciales y el presupuesto de la Secretaría de
Vivienda que aporta al sostenimiento administrativo y funcional del sector.
En materia habitacional, la mayor responsabilidad está en manos del gobierno central. A pesar de que
la creación del FONAVI y los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV) dio la ejecución de los fondos a las
provincias, la asignación de recursos y las normas para construcción se encuentran fuertemente
centralizadas en la Secretaría de Vivienda.
Sin embargo, el gobierno central tiene escasa capacidad para establecer políticas que modifiquen
sustancialmente las pautas y costos con los que están acostumbradas a operar las empresas constructoras
privadas.
La participación relativa de las distintas instancias institucionales públicas en el financiamiento
habitacional era, en 1987, el que sigue:
FONAVI 1% del PBI
B.H.N. 0,2% del PBI
Fondos Prov. 0,05% del PBI
S.V.O.A. (sostenimiento administrativo)
TOTAL 1,25% del PBI
El Presupuesto de la Secretaría de Vivienda proviene directamente del rentas generales, es decir, del
Tesoro Nacional.
Los Fondos Provinciales tienen recursos de afectación específica aplicados a la propiedad
inmobiliaria.
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El Banco Hipotecario Nacional –cerrado hace pocos meses– contaba con recursos provenientes del
Banco Central a través de redescuentos.
A partir de 1984 los recursos del FONAVI se conforman de la siguiente manera:
– Para los trabajadores en relación de dependencia, un impuesto específico del 5% aplicado "sobre la
nómina salarial, a cargo de los empleadores.
– Aporte de los trabajadores autónomos equivalente al 20% de sus aportes previsionales.
– Recuperación de créditos, intereses y ajustes.
Este impuesto –que sufre las oscilaciones de la masa salarial– constituye, como vimos, la principal
fuente de recursos destinados al financiamiento de viviendas para los sectores de menores ingresos (cuadro
M).
En la actualidad, prácticamente la única, dado el cierre del Banco Hipotecario en el marco de la
Reforma del Estado y Racionalización del Sector Público, ejes de la política de ajuste económico que vive la
Argentina hoy.
El 1% que aporta el FONAVI anualmente representaba, en 1987, el 5% del gasto Público Social (20).
A la naturaleza de por sí regresiva del gravamen se suma –como en otros casos ya analizados– el
problema de la alta evasión. En Diciembre de 1987 se estimaba en un 45% el incumplimiento de los aportes
al FONAVI.
Por otro lado, el hecho de que los ingresos provengan exclusivamente de una contribución patronal no
debe llevar a equívocos. Dada la altísima probabilidad de que estas contribuciones sean trasladadas a
precios, son nuevamente los trabajadores –como consumidores– los que en definitiva financian una parte
importante de los beneficios que reciben. Claro está que, entre los consumidores también se encuentran los
sectores ubicados en los tramos más bajos de la escala de ingresos y no son ellos exactamente los que se
benefician del Gasto Público en vivienda.
El cierre del Banco Hipotecario –que en el año 1985 fue responsable de más del 40% de la producción
de viviendas con fondos públicos– no hizo más que cancelar una de las vías –no siempre bien
implementadas– de crédito público para la vivienda. (Cuadro N)
16
Hubiera sido interesante que la reforma del Estado procurara –en lugar de cerrar el BHN– controlar la
gestión y cesión de créditos de modo que beneficiara a aquellos sectores de la población que realmente lo
necesitan y carecen de otras posibilidades de acceder a crédito para vivienda. Y no se trata sólo de los
sectores más marginados, sino de una amplia franja que incluye, a esta altura, a la mayoría de los
asalariados.
Esto cobra importancia si considerarnos que la insuficiencia habitacional que señalamos (cerca de 3
millones de Viviendas) se ve agravada por la carencia de infraestructura; es decir, el conjunto de los
sistemas sanitarios, energéticos, vial y de comunicaciones, que no favorecen las soluciones alternativas del
tipo de la autoconstrucción o los programas de esfuerzo compartido.
En este contexto, la insuficiencia de líneas crediticias –tanto públicas como privadas- accesibles a los
sectores más desprotegidos, termina de dificultar salidas al problema habitacional.
VI. BIENESTAR SOCIAL
El estudio de la pobreza del INDEC estimó para 1980 un 22% de hogares con necesidades básicas
insatisfechas. Esta cifra implicaba unas 7.500.000 personas que sufrían una o más de las siguientes
condiciones: hacinamiento, vivienda precaria o insuficiente, falta de retrete, escolares que no asistían a la
escuela o índice de dependencia desfavorable (hogares con más de 3 personas "dependientes" por miembro
ocupado y cuyo jefe tuviera bajo nivel educativo).
Con estas cinco variables se caracterizó la denominada "Pobreza estructural”.
Más recientemente, el INDEC comenzó a utilizar otra metodología, más adecuada a los cambios que
venían registrándose en nuestro país en los últimos años, basando la satisfacción de necesidades en los
niveles de ingreso. Se planteó entonces, como instrumento de medición, “la línea de pobreza", esto es, las
personas cuyos ingresos se encuentran por debajo del doble del valor de una canasta de alimentos
determinada en base a pautas de la Organización Mundial de la Salud.
A aquellos sectores que –por la regresividad operada en sus ingresos– no pueden satisfacer
necesidades básicas que antes podían cubrir, se los denominó "pauperizados" o "pobres recientes". Estos
sectores, otrora beneficiarios de servicios sociales en su calidad de asalariados, padecen hoy situaciones
similares -en términos de su capacidad de consumo- a las de los sectores de pobreza estructural.
Los resultados de la encuesta que efectuó el INDEC en 1988 en algunas ciudades del país revelan
que las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza representaban el 40,5% de la
población total del Conurbano Bonaerense; el 61,7% de la de Posadas; el 59,8% de la de Neuquén; el
54,7% de la de General Roca, y el 58,2% de la de Santiago del Estero. Si se supone que el porcentaje del
17
Conurbano Bonaerense es, por su peso gravitacional, el que más se aproxima al promedio nacional,
entonces puede estimarse que existen como mínimo 13 millones de personas que viven en situación de
pauperización. Y si a ellas se suman las detectadas por el método NBI antes explicado, la cifra asciende a
más de 14.500.000 personas que no pueden satisfacer sus necesidades elementales (21).
Es en este contexto que hay que analizar los programas de asistencia social que vienen
implementándose en los últimos años.
Esta franja de población queda obviamente al margen de la Seguridad Social y no se encuentra en
condiciones de usufructuar gran parte del gasto Público Social.
En un país donde el reconocimiento explícito de que el reajuste implica un alto costo social no obsta
para su implementación, bajo el supuesto de que la sociedad debe pagarlo ineludiblemente si pretende
"modernizarse" y “despegar", casi toda la responsabilidad de aliviar el impacto de la crisis en estos sectores
recayó en los programas de asistencia alimentaria.
El PAN –que mantuvo una cobertura aproximada al millón de familias en forma regular durante cinco
años– absorbió más del 70% de los recursos presupuestados para 1988 en el área de asistencia y
Promoción Social (22).
Su suspensión, para reemplazarlo por un nuevo enfoque "menos asistencialista", no contó –como se
esperaba– con el financiamiento privado y el programa de "Bonos Solidarios" tuvo que ejecutarse con
Fondos del Tesoro Nacional con la consiguiente estrechez y vigencia transitoria que impone la escasez de
fondos propia del criterio fiscalista predominante.
Su presunto sucesor –el Plan Llancay, que pretendía perfilarse como un plan generador de empleo–
nunca llegó a implementarse, y las experiencias de microproyectos productivos quedaron libradas a la
decisión y ejecución de algunos gobiernos provinciales.
El rubro Bienestar Social es el único de los sectores sociales cuya participación en el gasto Público
Social creció entre 1988 y 1989, y su magnitud es muy superior a la de Salud o Educación. Sin embargo, los
programas que lo componen son múltiples y dispersos, carecen de criterios precisos para la asignación de
sus recursos y para la definición de sus poblaciones objetivo. Hay sectores sobrecubiertos –por más de un
plan– y otros que nunca recibieron una caja PAN o un Bono. Otro de los problemas es la falta de continuidad
en los planes o el desaprovechamiento de las experiencias anteriores por falta de recursos para implementar
mecanismos de evaluación que permitan mejorar su efectividad para llegar a los más necesitados
disminuyendo su ya precaria capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
18
La falta de control responsable sobre la asignación de recursos de estos programas se suma a los
inconvenientes ya mencionados. Sin embargo, su debilidad intrínseca se funda en la reincidencia constante
en la formulación de una política social desvinculada del contexto económico en que se implementa y que la
transforma en nuevo paliativo frente a la regresividad operada en la distribución de los ingresos.
En el marco de una economía caracterizada por altos índices de desempleo, subempleo y bajos
salarios, el nuevo asistencialismo basado en el suministro directo de bienes y servicios a los necesitados
provoca una dependencia permanente de este tipo de planes que una vez más implican transferencias de
ingreso de los que tienen poco a los que no tienen nada y contribuyen un última instancia a consolidar la
situación de marginalidad de los carentes al abortar toda posibilidad de integración productiva a la sociedad.
VII. CONCLUSION:
Luego de analizar las áreas que conforman la política socia] y la situación actual de sus mecanismos
de financiamiento consideramos que el dilema es de hierro. Mejorar niveles de empleo y salarios en la
economía o construir un nuevo sistema impositivo que haga de los impuestos directos sobre los grupos
locales la fuente central de financiamiento.
En ambos casos estamos hablando de distribución progresiva de los ingresos, alternativa que no
parece tener destino en el actual modelo liberal-menemista.
Sin embargo, la creatividad de los funcionarios no cesa al postular como fundamento del "desguace
estatal" en marcha, el hecho de que la reforma oficial permitirá incrementar los salarios de médicos,
enfermeras y docentes mejorando así las prestaciones en materia sanitaria, educacional y de vivienda.
Deliberadamente el discurso oficial confunde las cuentas patrimoniales del Estado con sus cuentas
corrientes. Plantea liquidar patrimonio para financiar gastos corrientes. Una situación similar a la que se le
plantearía a cualquier familia si ante un desbalance entre ingresos y gastos resolviera modificarlo vendiendo
la heladera. Durante un tiempo los recursos obtenidos permitirían cubrir el déficit de ingresos pero, al
agotarse el dinero, el déficit se mantendría y la familia además no tendría heladera. Comportamiento similar
al de aquel gallego del cuento que para comprar una videocassettera vendió un televisor. Mejorar los gastos
corrientes del Estado exige una drástica reforma impositiva que aumente sustantivamente la participación de
los impuestos directos sobre el total de la recaudación. Por otra parte, no parece sencillo pensar en un futuro
Estado con mayor capacidad financiera, cuando las privatizaciones en curso sólo se encargan de transferir
negocios actuales o potenciales. Es decir que el Estado no hace otra cosa que perder flujos de ganancia
futuros (fuentes de financiamiento).
19
Profundizando este análisis y encarándolo desde un punto de vista patrimonial, podrían entenderse
las privatizaciones como un modo de actualizar y redefinir el patrimonio del Estado. Sin embargo, parece
conveniente efectuar ciertas precisiones.
Las ventas deberían efectuarse en este caso al mejor precio posible. Sin embargo, la experiencia
latinoamericana demuestra que en todas las privatizaciones efectuadas en el continente los Estados
perdieron patrimonio. Es decir, vendieron muy por debajo del valor que efectivamente tenían aquellos activos
que se transferían. El hecho de que estas operaciones se realicen en economías fuertemente concentradas,
con ausencia de mercado de capitales y donde el riesgo país que cargan los inversores es sumamente alto,
explica tal situación. Los audaces inversores que transitan por estas latitudes consideran que el precio al
cual deben comprar, debe ser lo suficientemente bajo como para recuperar de manera inmediata el capital
invertido. Por ende, en tanto siempre hay pérdida patrimonial para el Estado, en estas regiones siempre
conviene sanear antes que vender.
Pero por si no alcanzan estas disquisiciones los cálculos que presenta el “nunca aprobado”
Presupuesto Nacional de 1990, evidencian que los 900 millones de dólares de superávit fiscal esperado y
obtenido vía privatización de Aerolíneas, Entel, Yacimientos Petrolíferos, etc., tienen por destino la
transferencia de recursos al exterior y no la mejora del gasto en salud, educación y vivienda. La experiencia
de Chile, país modelo para nuestro presidente, es elocuente en esta materia. Entre 1981 y 1985 las
empresas públicas chilenas representaban para el Tesoro Nacional el 25% de sus recursos; al venderse –
entre 1985 y 1989– el Tesoro perdió estructuralmente ese 25% con la consecuente disminución de recursos
para destinar al Gasto Público Social. Esta pérdida de financiamiento se expresó en una verdadera retirada
del Estado del área social transformando la política social en programas muy focalizados sobre los sectores
más marginados. Es en parte el presente y seguramente el futuro de la Argentina. Hoy estamos hablando de
planes de jubilación privada, de privatizar servicios de salud, arancelar la universidad y cerrar el Banco
Hipotecario.
Esta es la cuestión, la política social pierde su función redistributiva quedando limitada a un
asistencialismo destinado a subordinar y cooptar a los excluidos del sistema, capaces de gestar
conflictividad ante el modelo en marcha.
El cuestionamiento y la confrontación con este modelo son el punto de partida para abrir un espacio
que permita transformar la acción de las políticas sociales en efectiva redistribución de ingresos priorizando
que su financiamiento provenga de los sectores de más alta capacidad adquisitiva, en lugar de descansar en
el aporte de los trabajadores.
NOTAS
20
(1) Banco Mundial.
(2) Compiladores Galin-Novick. "La Precarización del Empleo en la Argentina", Ed. CEAL, CIAT, CLACSO,
Bs. As. 1990.
(3) Ginés González García, Abadie, Llovet, Ramos. “El Gasto en Saud y en Medicamentos. Argentina
1985”. Estudios Cedes, Bs. As., 1988, pág. 113.
(4) Idem. Pág. 118.
(5) “El Costo Social del Ajuste”. Revista FIDE Nº, pág. 38.
(6) Isuani, Tenti, Lumi, Golbert, Lovuolo, Pérez l.: “Estado democrático y política social”. Eudeba, Bs. As.,
1989. Pág. 27.
(7) Idem, pág. 223.
(8) Idem, pág. 225.
(9) *El gasto público en educación". Revista FIDE Nº 1251126. Enero/Febrero '89. Pág. 38.
(10) CTERA.
(11) Isuani, et. al., pág. 224.
(12) Idem, pág. 27.
(13) Idem, pág. 218.
(14) Beccaria y Riquelme. “Gasto social en educación y la distribución del ingreso”. FLACSO, pág. 98.
(15) Ismani etc., al., pág. 225.
(16) "El presupuesto universitario apenas alcanza para sueldos". Página 12, 9/»0.
(17) “Esfuerzo privado sí, pero en bien público”. Artículo de Adriana Puiggrós. Sur, 116190.
(18) Isuani, et. al., pág. 47.
(19) Idem, pág. 55157.
(20) Idem, pág. 61.
(21) “El costo social del ajuste”. Revista FIDE Nº pág. 35.
(22) "El gasto público en los sectores sociales". Revista FIDE Nº 120, Agosto 1988, pág. 16.
CUADRO A
INVERSION PUBLICA NACIONAL POR SECTORES.
EVOLUCION HISTORICA Y PLAN DE INVERSIONES
(En % del PBI a precio de mercado)
Años SECTORES Total
General Sociales Económicos Otros
1970 0.56 4.36 0.64 5.56
1971 0.60 4.81 0.67 6.08
1972 0.52 5.31 0.68 6.51
21
1973 0.51 4.78 0.55 5.84
1974 0.61 4.36 0.59 5.56
1975 0.74 4.39 0.91 6.04
1976 0.68 6.88 1.28 8.84
1977 0.64 6.33 1.47 8.44
1978 0.66 5.88 1.55 8.09
1979 0.41 4.68 1.45 6.54
1980 0.40 4.39 0.91 5.70
1981 0.29 4.06 1.10 5.45
1982 0.22 4.75 0.80 5.77
1983 0.30 4.79 0.81 5.90
1984 0.19 4.39 0.25 4.83
1985 0.22 3.96 0.15 4.33
1986 0.24 3.72 0.24 4.20
1987 0.26 4.39 0.30 4.95
1988 0.20 4.62 0.24 5.06
1989 0.06 2.22 0.03 3.00 Fuente: Secretaría de Planificación
Departamento de Análisis de Proyectos del Sector Público
CUADRO B
ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL SEGUN EL DESTINO DE LAS EROGACIONES
AÑOS 1984-1989* (EN % S/EL GASTO PÚBLICO TOTAL)
1984 1985 1986 1987 1988 1989
Administración
General
17.9 24.0 27.0 26.3 14.4 11.2
Defensa 8.8 7.0 8.1 7.8 11.7 9.5
Seguridad 3.2 2.5 2.7 2.7 4.3 3.4
Salud 2.2 1.9 2.6 2.8 3.7 2.9
22
Cultura y Educación 8.7 6.9 7.7 7.2 11.2 7.6
Economía 34.5 29.9 25.0 31.7 33.5 32.9
Bienestar Social 12.6 16.9 17.9 14.5 14.7 15.6
Ciencia y Técnica 1.5 1.6 1.7 1.8 2.6 2.3
Deuda Pública 10.6 9.3 7.8 5.2 3.9 14.6
Total Gasto 100 100 100 100 100 100 * Los datos de 1989 corresponden a gastos presupuestados, mientras que los años precedentes se refieren a la ejecución
presupuestaria.
Fuente: Secretaría de Planificaci6n. Elab. propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda y Ley de Presupuesto 1989.
CUADRO C
FUENTES Y USOS DE FINANCIAMIENTO - SALUD - 1986
(como porcentaje del PBI)
Fuentes Nación Prov. Munic. Ob. soc.
(Ef. Propios)
Privado Total
Tesoro Nac. 0.32 0.10 0.42
Tesoro Prov. y Mun. 1.55 1.55
Contribuciones
s/jubilaciones
y pensiones 0.64 2.68 3.32
Familias 3.66 3.66
Totales 0.32 1.65 0.64 6.34 8.95
Fuente: Secretaría de Hacienda en: "El gasto público en el sector Salud", I.T.D.T., 1990. Informe final del proyecto Gasto Público Social.
Gobierno Argentino - Banco Mundial.
CUADRO D
DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS ASALARIADOS
Evolución 1974-1989
Estratos de Ingreso 1974 1978 1985 1988 1989
30% inferior (a primeros deciles)
31-90% (Deciles 4 a 9)
10% superior (Décimo decil)
TOTAL
13.5
60.7
25.8
100.0
11.8
57.1
31.1
100.0
12.4
57.6
30.0
100.0
10.2
56.3
33.5
100.0
9.8
55.2
35.0
100.0
Fuente: Luis Beccaria con datos de la Encuesta Permanente de Hogares. (Inédito).
23
CUADRO E
DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL GASTO EN SALUD,
SEGUN SUBSECTORES, ARGENTINA 1985
Subsector
En miles de A
precios corrientes
Participación
porcentual
TOTALES
1. PUBLICO
1.1. EstadoNacional
Min. Salud y Acción Social
Otras dependencias
1.2. Estados Provinciales*
1.3. Municipios**
2. OBRAS SOCIALES
2.1. Inst. Adm. Mixta
2.2. Sindicatos
2.3. Personal de Dirección
2.4. Estatales
2.5. Por convenio, adheridas, ley 21.476 y de empresas
2.6. Provinciales, MCBA y Territorio Nacional de Tierra del Fuego
2.7. Poder Judicial y Congreso de la Nación
2.8. Fuerzas Armadas y de Seguridad
3. PRIVADO
3.1. Gasto directo de las personas
3.2. Gasto en seguros voluntarios (Mutuales y prepagos comerciales)
3.263.543
740.905
137.897
77.418
60.479
503.749
99.259
1.279.693
612.898
187.416
80.894
67.481
21.235
257.430
5.636
46.703
1.242.945
1.122.180
120.765
100,0
22,7
4,2
2,4
15,4
3,0
39,2
18,8
5,7
2,5
2,1
0,6
7,9
0,2
1,4
38,1
34,4
3,7 *Incluye Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
**Excluya MCBA.
Fuente: "El gasto en Salud y Medicamentos. Argentina 1985". Ginés González García, Abadie, Llovet, Ramos. Estudios Cedes, Bs. As.
1988, pág. 103.
24
CUADRO F
DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL GASTO EN MEDICAMENTOS,
SEGUN SUBSECTORES, ARGENTINA 1985
Subsector En miles de A a
precios corrientes
Participación
porcentual
TOTALES
1. PUBLICO
1.1. Estado Nacional
Min. Salud y Acción Social
Otras dependencias
1.2. Estados Provinciales*
1.3. Municipios-
2. OBRAS SOCIALES
2.1. Inst. Adm. Mixta
2.2. Sindicatos
2.3. Personal de Dirección
2.4. Estatales
2.5. Por convenio, adheridas, ley 21.476 y de empresas
2.6. Provinciales, MCBA y Territorio Nacional de Tierra del Fuego
2.7. Poder Judicial y Congreso de la Nación
2.8. Fuerzas Armadas y de Seguridad
3. PRIVADO
3.1. Gasto directo de las personas
3.2. Gasto en seguros voluntarios (Mutuales y prepagos comerciales)
967.424
60.687
12.368
8.732
3.636
38.380
9.939
256.947
132.094
9.139
6.278
16.469
4.678
73.715
729
13.485
649.790
643.752
6.038
100,0
6,3
6,3
0,9
4,0
1,0
26,6
13,6
0,9
0,6
1,7
0,5
7,6
0,1
1,4
67,2
66,5
0,6 *Incluye Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
*Excluye MCBA.
Fuente: 'El gasto en Salud y Medicamentos. Argentina 1985". Ginés González García, Abadie, Llovet,
Ramos. Estudios Cedes, Bs. As. 1988, pág. 106.
CUADRO G
EQUIPOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD POR SECTORES (1980)
Sectores Ecógra
-fos
Riñón artificial
o Hemodiál.
Mamó-
grafo
Tomó-
grafo
Bomba de
articulación
Rayos
láser Centellóg.
Cámara
gamma
Público
Obras S.
Privado
Total
112
29
425
566
107
29
353
489
27
9
120
156
2
–
28
30
52
90
127
187
2
–
4
6
67
4
110
177
13
2
33
48
Fuente: Marconi, E. y otros, “La tercerización del empleo en la Argentina: el sector de la salud”. Ministerio de Trabajo/0IT, Buenos Aires,
1985, pág. 10.
25
CUADRO H
EVOLUCION DEL COSTO DE LA SALUD 1983-1990
Indice base 1983 = 100
Año INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Nivel general Salud (*) Medicamentos
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1990
Enero
Febrero
100,0
726,7
5.611,9
10.666,7
24.674,1
109.303,8
208.396,6
228,386,0
267.225,7
356.418,5
636.075,9
1.364.261,6
4.046.793,2
5.578.903,0
6.100.843,9
6.442.194,1
6.862.236,3
9.612.130,8
17.225.316,5
27.831.012,7
100,0
719,6
7.226,0
16.251,7
37.668,3
140.942,7
280.050,1
207.367,3
353.644,0
444.309,5
730.393,5
1.390.678,6
4.034.063.9
6.364,272,5
7.122.128,3
7.568.655,9
8.059.149,7
12.606.416,7
25.067.203,6
38.068.391,9
100,0
448,7
4.970,6
7.620,0
15.945,3
77.814,8
147.209,5
157.184,3
168.582,5
223.172,4
468.379,1
898.789,9
2.887.989,8
3.995.257,5
3.995.257,5
3.995.257,5
3.995.257,5
7.209.109,8
15.491.540,1
s/d (*) Incluye medicamentos.
S/d: Sin datos.
Fuente: FIDE, con datos del INDEC.
26
CUADRO I
SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
EVOLUCION DE SU FINANCIAMIENTO, SEGUN FUENTES. 1980-1989
CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(*) 1988(*) 1989(*)
Total de
Pasividades(1)
–Aportes y
contribuc. (2)
–Aportes Tesoro,
Ley 22.293
–Impuesto
consumo
comb. y servs.
–Transferencias
de las cajas de
subsidios
familiares (3)
–Transferencias
Leyes 23.270 y
23.288
–Fondo Nacional
de Reserva,
–Moratorias
–Otros ingresos(4)
Déficit o
superávit (5)
100,0
81,2
10,1
–
4,0
–
0,1
0,2
0,1
-4,4
100,
0
36,0
42,3
–
10,5
–
0,0
–
0,6
-
10,6
100,
0
38,4
44,6
–
11,2
–
0,1
–
0,0
- 5,7
100,
0
37,0
41,9
–
9,5
–
0,1
–
0,0
-
11,5
100,0
49,2
39,0
–
2,2
–
–
–
1,1
- 8,5
100,
0
67,5
25,1
–
2,6
12,1
0,1
–
0,8
8,2
100,
0
73,8
24,3
–
3,5
–
0,7
–
s/d
2,3
100,0
78,4
14,0
–
5,2
–
–
–
–
- 2,4
100,0
68,2
6,9
24,6
1,9
–
s/d
–
s/d
1,6
100,0
58,2
7,9
17,3
2,8
–
s/d
–
1,3
- 12,5
(*) Datos provisorios. Los datos de 1989 corresponden al primer semestre.
(1) Incluye las prestaciones contributivas y no contributivas, así como los subsidios familiares abonados con las prestaciones.
También incluye las retenciones que sobre los haberes, se efectuaron, para el INSSJP, y otros destinos, según lo dispuesto en
algunos convenios. No incluye los egresos efectuados en concepto de gastos administrativos y otros gastos, ni tampoco los
egresos originados por cumplimiento del Decreto 648.
(2) Incluye aportes y contribuciones asalariadas, y aportes de autónomos.
(3) Incluye solamente las transferencias con destino al pago de asignaciones familiares a jubilados y pensionados.
(4) En 1989, incluye transferencias de la ANSSAL con destino al INSSJP.
27
(5) Diferencia resultante entre el total de pasividades incluidas en "1" y las diversas fuentes de ingresos consideradas. Se trata, por
tanto, de un déficit o superávit expresado como proporción del total de pasividades.
Fuente: FIDE, con datos de la Secretaría de Seguridad Social.
CUADRO J
PARTICIPACION DE LAS CAJAS NACIONALES DE PREVISION EN LOS
INGRESOS POR APORTES, CONTRIBUCIONES Y MORATORIAS Y EN LOS
EGRESOS POR PRESTACIONES LIQUIDADAS SERIE 1975 - 1985
(en porcentaje)
Año Ind. Com. y Ad. Civiles Estado y Serv.Públicos Autónomos
Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
68,13
69,11
68,38
70,56
69,35
68,95
63,90
64,22
65,98
–
–
51,8
52,0
50,2
48,6
46,0
46,4
46,0
48,1
44,0
43,8
47,9
29,21
29,62
29,30
24,89
23,23
22,24
16,80
16,45
16,57
–
–
27,6
27,1
29,8
30,8
32,0
31,0
30,8
26,4
20,8
20,6
26,7
2,66
1,27
2,32
4,55
7,42
8,81
19,30
19,33
17,45
–
–
20,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,6
23,2
25,6
29,2
29,2
25,4 Fuente: Boletín de Seguridad Social 1983/84/85.
28
CUADRO K
EVOLUCION DE LA MATRICULA POR NIVELES. TOTAL DEL PAIS
1980-1987 – En miles de matriculados
AÑO Total(*) Primaria Preprimaria Media Superior no
Universitaria Universitaria
Parasistemá-
tica y artística
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
6.817
6.991
7.315
7.581
7.957
8.521
8.968
s/d
480
527
570
602
655
693
720
766
4.111
4.218
4.382
4.511
4.631
4.812
5.050
5.174
1.327
1.366
1.426
1.466
1.562
1.684
1.810
1.859
94
124
139
164
170
182
196
203
398
402
411
417
508
664
707
s/d
407
354
387
421
431
486
485
s/d
(*)Comprende los regímenes nacional, provincial, municipal y privado.
Fuente: FIDE, con datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Educación y Justicia.
CUADRO L
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE VIVIENDAS Y PARTICIPACION
DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO EN EL FINANCIAMIENTO
Años
Producción anual(1)
de viviendas
lndice Base 1976=100
Origen de los fondos
Públicos % Privados %
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
100,0
89,3
90,0
97,0
99,3
86,9
69,6
60,3
60,0
56,1
55,9
29,5
34,6
30,0
28,5
29,8
30,6
39,6
46,5
48,0
49,7
70,5
65,4
70,0
71,5
70,2
69,4
61,4
53,5
52,0
50,3
(1)Según estimación de la producción de viviendas expresadas en unidades equivalentes a la inversión.
Fuente: Informe sobre el Sector Vivienda, SVOA, PNUD.
29
CUADRO M
ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL FONAVI
Tipos de ingreso 1985 1986
A. Contribución patronal del 5%
• Empresas privadas y públicas
• Administración pública nacional
• Provincias y municipios
B. Aportes autónomos del 20%
C. Recupero de cartera
D. Intereses
E. Multas y sanciones
F. Aportes futuros
G. Donaciones y legados
Total
94,5
73,3
7,9
13,3
3,5
0,5
1,5
–.–
–.–
–.–
100,0
82,2
62,2
7,6
12,4
3,9
1,1
12,8
–.–
–.–
–.–
100,0
Fuente: SVOA
CUADRO N
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION PUBLICA DE VIVIENDAS
Producción con fondos públicos (*)
Años FONAVI BHN Otros Total
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
21,2
53,5
79,9
83,7
88,2
94,9
86,5
77,8
62,5
59,1
57,2
30,1
14,1
13,0
9,0
4,6
12,8
21,5
37,5
40,9
21,6
16,4
6,1
3,3
2,8
0,5
0,7
0,7
–.–
–.–
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 (*) A partir de información expresada en unidades equivalentes a la inversión.
Fuente: Elaboración propia en base a datos expuestos en informe sobre Sector Vivienda, SVOA, PNUD, 1987.