Actas de las IV Jornadas de Trabajo y Discusión

sobre el siglo XIX Las Provincias en la Nación

Valentina Ayrolocoordinadora

Grupo de Investigación “Problemas y Debates del siglo XIX”

(CEHiS/FH-UNMDP)

cbediciones2011

Actas de las IV Jornadas de Trabajo y Discusión

sobre el siglo XIX Las Provincias en la Nación

Actas de las IV Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX Las Provincias en la Nación, Mar del Plata, 19 y 20 de abril de 2011 / coordinado por Valentina Ayrolo. - 1a ed. - San Lorenzo: cbediciones, 2011.CD Rom.

ISBN 978-987-27014-0-6

1. Historia Argentina. 2. Actas de Congresos. I. Ayrolo, Valentina, coord. CDD 982

Fecha de catalogación: 17/06/2011

ÍNDICE

Presentaciónpor Valentina Ayrolo. ......................................................................................................... 7

PARTE IMesa Río de la Plata ........................................................................................................ 13

1. La región Río de la Plata y el espacio económico rioplatensedurante el Antiguo Régimen y su crisispor Fernando Jumar ........................................................................................................... 15

2. Mercado de abasto de carne a la ciudad de Buenos Airesen la etapa tardo-colonial y temprano-independientepor Andrea Dupuy ............................................................................................................. 33

3. Reproducción familiar y herencia, algunas reflexiones sobre el lugar de la mujerpor Romina Soledad Coronello ......................................................................................... 43

4. Familias de pulperos. Comercio minorista, patrimonio y familia en Buenos Aires (ciudad y campaña) entre 1830 y 1870. Propuesta de investigación y avances parcialespor Benjamín M. Rodríguez ............................................................................................. 53

5. Sobre derechos y prácticas: posesión y propiedad de la tierra pública en los entornos agrarios de la ciudad de Buenos Aires (primera mitad del siglo XIX)por Valeria Ciliberto .......................................................................................................... 63

6. De zona marginal del imperio y del Virreinato a “Emporio comercial” ¿Qué cambió y qué no en la economía de la campaña de Buenos Aires? Visto a través de las transformaciones de una pequeña población. Quilmes, 1780-1850por Daniel Santilli .............................................................................................................. 73

7. El poder de los comandantes en las guardias y pueblos de frontera. Chascomús, 1779-c.1815por Guillermo Banzato ....................................................................................................... 87

8. Justicia, mediación e identidad. Una aproximación a la experienciade los Juzgados de Paz en la frontera sur bonaerense, 1840-1870por Pedro A. Berardi .......................................................................................................... 97

9. “…a un dos por tres salían a brillar los cuchillos”. Imágenes y concepciones sobre la violencia interpersonal en la campaña bonaerense durante el siglo XIX por Melina Yangilevich ...................................................................................................... 105

10. El siglo xix: encuentros y desencuentros en la cultura de las élitespor Rosalía Baltar .............................................................................................................. 119

PARTE IIMesa El Interior y el Litoral ........................................................................................... 127

1. Las capacidades militares como capital políticopor Alejandro Morea ......................................................................................................... 129

3. Sesiones, interrupciones y debates. La Sala de Representantes de Tucumán en sus inicios (1822-1838)por Facundo Nanni ............................................................................................................. 139

4. El problema de la construcción de un nuevo orden estatal provincial. Salta y Tarija en la década de 1820por Marcelo Daniel Marchionni ......................................................................................... 151

5. Hacia el final de la hegemonía de la Casas. La Rioja, entre 1812 y 1823por Valentina Ayrolo .......................................................................................................... 159

6. Familias, parentesco y vínculos personales en la construcción de la elite decimonónica salteñapor María Mercedes Quiñonez ........................................................................................... 169

7. Prácticas de religiosidad local en el Obispado de Córdoba entre la colonia y la posrevolución (1778-1836).Problemas y propuestas de investigación.por María Laura Mazzoni .................................................................................................. 181

8. Ritualidad, poder y acciones de devoción en Salta. Fines del siglo XVIII y siglo XIXpor Telma Chaile ................................................................................................................ 189

9. Apuntes de estudio. La formación de una dirigencia nacional:el personal político de la `Confederación´ durante el mitrismo”por Ana Laura Lanteri ........................................................................................................ 201

10. Rediseñando lo judicial, reinventando lo jurídico: el “Reglamento” de 1833 y los orígenes de la Justicia de Paz en la Provincia de Santa Fepor Darío Barriera .............................................................................................................. 213

11. La voz de los vecinos: testigos, padrinos y auxiliares de la justicia.Escudriñando los vínculos sociales en la “pequeña” justicia de Tucumán en la primera mitad del siglo XIXpor Gabriela Tío Vallejo ..................................................................................................... 227

12. Itinerarios judiciales: abogados en la justicia rosarina de 1ª Instanciapor Carolina Piazzi ............................................................................................................. 237

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PRESENTACIÓN

IV Jornadas sobre el siglo XIX ~ “Las Provincias en la Nación”

Por Valentina Ayrolo1

El presente libro contiene la totalidad de las presentaciones hechas durante las IV Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX denominadas: “Las Provincias en la Nación”. Las mismas tuvieron lugar en la ciudad de Mar del Plata, los días 19 y 20 de abril de 2011.

Las Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX se organizan cada dos años, desde 2005, por el grupo de investigación “Problemas y debates del siglo XIX” que forma parte del Centro de Estudios Históricos del Departamento de Historia (FH-UNMDP).

Estos encuentros tienen como fundamento tres ideas principales:

1. Convocar a investigadores de diversas universidades de la Argentina y de ser posible de otros países, con el fin de informarnos y conocer los temas y problemas de investigación que interesan y ocupan a los colegas que trabajan el siglo XIX.

2. Propiciar reuniones donde la exposición de trabajos en distintas instancias de desarrollo: concluidos, resultados recientes de investigación o avances sobre los distintos temas y problemas historiográficos del siglo XIX se realice en un clima cordial y favorable al intercambio de ideas.

3. Organizar una sola mesa por vez con el fin de que todos los participantes de las Jornadas, y el público en general, pueda estar presente en las discusiones propuestas, escuchando todos los trabajos, facilitando de este modo su intervención con el objeto de enriquecer el debate.

Para cada Jornada se definió un tema y una mecánica de presentación de los trabajos dife-rentes así como también una dinámica de intercambio y discusión particular. En las Jornadas de 20052 y 2007 funcionaron tres mesas, una a la tarde del primer día y dos (mañana y tarde) del segundo, además se dictó una conferencia. En las dos primeras ocasiones la convocatoria fue abierta y la participación superó nuestras expectativas iniciales, contándose con el apoyo y el financiamiento de la UNMDP, a través de subsidios otorgados a proyectos de investigación.

Las terceras Jornadas tuvieron lugar en 20093 y se optó por la modalidad de Workshop. En esa ocasión también hubo tres mesas, cuyos ejes fueron economía, justicia, sociedad - política y además se organizó un panel con la presencia de tres investigadores invitados quienes diser-taron sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Este encuentro contó con el aval de la Facultad de Humanidades de la UNMDP, del Instituto de Investigaciones Históricas “Ramón A. Leoni Pinto” de la UNT, y el apoyo económico del CONICET (resolución 181/09).

1 Coordinadora general de las Jornadas y directora del Grupo “Problemas y Debates del siglo XIX”.2 De esta reunión se publicaron Actas, corregidas y revisadas por sus propios autores que incluyeron la conferencia inaugural:

Valentina Ayrolo- Matías Wibaux Actas Jornadas de Trabajo y Discusión “Problemas y debates del temprano siglo XIX. Espacio, Redes y Poder.” Mar del Plata, 22 y 23 de abril 2005. P. Suárez ed./Seminario de XIX (CEHIS), 2005, ISBN: 987-9494-94-6

3 Los resultados de las Jornadas de 2009 se materializaron en tres publicaciones diferentes: a) La impresión de un libro que contiene algunos de los trabajos presentados en las mesas de economía y de sociedad y política (editado por PRO-HISTORIA, Rosario, 2010 y financiado en parte con el dinero otorgado por el CONICET) - b) Los trabajos sobre justicia conformaron un dossier en la prestigiosa revista electrónica Nuevo Mundo Mundos Nuevos, aparecida en abril de 2010. Link:http://nuevomundo.revues.org/30462#justicias-jueces-y-culturas-juridicas-en-el-siglo-xix-rioplatense, c) Por último, los textos del panel de cierre conforman un Cuaderno de Trabajo Docente, publicado por el Municipio de Gral. Pueyrredón y el grupo de SXIX

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El presente CD reúne los avances de investigación y los trabajos en curso que fueron pre-sentados con motivo de las IV Jornadas. Este encuentro tuvo la modalidad de Workshop y contó con el aval de la Facultad de Humanidades de la UNMDP, del Instituto de Investigacio-nes Históricas “Ramón A. Leoni Pinto” de la UNT, y con el apoyo económico del CONICET (resolución N° 3715-10) y de la SECYT (resolución N° 290/10). Para esta cuarta reunión, se agregó medio día de trabajo incorporando una mesa y por consiguiente seis expositores más. Las mesas estuvieron agrupadas por región y en ellas se expusieron todos los temas. Por el con-trario, los panelistas fueron invitados a tomar para sus comentarios todos los trabajos sobre un tema mezclando las regiones. En esta ocasión, además se contó con la asistencia de muchísimo público interesado. El primer día hubo una conferencia y el último, como cierre, se constituyó el panel antes mencionado que integró los trabajos presentados en las Jornadas. Al igual que en las otras tres oportunidades, se presentó un libro de recientísima aparición como una forma más de dar a publicidad la producción académica sobre el período.

Cabe señalar, que se tomó la decisión de reunir las presentaciones en un CD porque, dadas las características de la convocatoria ninguno de los trabajos presentados podría convertirse, sin una profunda revisión, en un texto académico factible de ser publicado en formato de libro o dossier. No obstante atendiendo a la calidad de las comunicaciones y al interés que supone poner a disposición de la comunidad académica que trabaja estos temas el material presentado en las Jornadas y aquí reunido, se eligió este formato como el más adecuado y pertinente.

•Características de las IV Jornadas sobre el XIXLos objetivos:1.- Conocer a través del trabajo académico de colegas de diversos lugares los avances en torno a temas y problemas que se estén trabajando y priorizando en cada espacio regional. Como por ejemplo la gobernabilidad, el funcionamiento de la justicia, estudios en torno a la guerra, la sociabilidad, entre otras temáticas posibles.2.- Discutir los resultados presentados, con el fin de avanzar en la reflexión sobre la articulación entre los procesos provinciales / regionales y la lenta consolidación del estado nacional.3.- Acordar una agenda de cuestiones que puedan servir como disparadores problemáticos para futuras investigaciones y/o discusiones académicas.4.- Arribar a conclusiones parciales que, aunque temporales, sirvan para avanzar en el sentido de explicar el proceso de conformación del estado nacional.5.- Publicar un texto que reúna alguno/nos de los avances más significativos para uno o varios temas en diferentes regiones.

La mecánica de trabajo durante las Jornadas:Se presentaron entre cinco y seis trabajos por mesa generando verdaderos espacios de intercam-bio. Los trabajos estuvieron listos un mes antes del encuentro y circularon entre los miembros de la mesa o simposio para promover la discusión luego de las exposiciones. Considerando que todos los integrantes de la mesa leyeron previamente las comunicaciones de sus colegas, el día del encuentro cada investigador realizó una corta exposición -de no más de diez minutos- y, luego, se inició el debate.

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•Programa

IV Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX “Las Provincias en la Nación”

Mar del Plata, Casa de “ADUM” Roca 3865Organiza: Grupo de Investigación S.XIX, CEHis, FH-UNMDP

Con el apoyo del CONICET y de la FONCYT

19 y 20 de abril 2011

Martes 19 de abril

9. 00 hs acreditación y apertura de las Jornadas9. 30 hs Inicio de las sesiones

Mesa 1: Río de la Plata Moderador: José Bustamante (CONICET-UNMDP)Ponentes:

1. Fernando Jumar (UNLP-UNTRF) “La región Río de la Plata y el espacio económico rioplatense durante el Antiguo Régimen y su crisis”

2. Andrea Dupuy (UNMDP) “Mercado de abasto de carne a la ciudad de Buenos Aires en la etapa tardo-colonial y temprano-independiente”

3. Romina Coronello (UNMDP) “Reproducción familiar y herencia: Algunas reflexiones sobre el lugar de la mujer”

4. Benjamín Rodríguez (UNMDP) “Familias de pulperos. Comercio minorista, patrimonio y familia en Buenos Aires (ciudad y campaña) entre 1830 y 1870”. Propuesta de inves-tigación y avances parciales.

5. Valeria Ciliberto (CONICET-UNMDP) “Sobre derechos y prácticas: posesión y propie-dad de la tierra pública en los entornos agrarios de la ciudad de Buenos Aires (primera mitad del siglo XIX)”.

12. 30 hs – 13. 30 hs

Presentación del Libro de Gabriela Tío Vallejo (Comp.) La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Rosario, Prehistoria, 2011, a cargo de Marcelo Macchioni, Valentina Ayrolo y Alejandro Morea.

Almuerzo de 13. 30 hs a 15 hs

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Segundo Bloque Mesa 1 – 15 hsModerador: María Laura Mazzoni (CONICET-Inst. Ravignani)

1. Daniel Santilli (UBA) “De zona marginal del imperio y del Virreinato a “Emporio co-mercial ¿Qué cambió y qué no en la economía de la campaña de Buenos Aires? Visto a través de las transformaciones de una pequeña población. Quilmes, 1780-1850”

2. Guillermo Banzato (CONICET-UNLP) “El poder de los comandantes en las guardias y pueblos de frontera. Chascomús, 1779-c.1815”

3. Pedro Berardi (UNMDP) “Justicia, mediación e identidad. Una aproximación a la expe-riencia de los Juzgados de Paz en la frontera sur bonaerense, 1840-1860”

4. Melina Yangilevich (CONICET-UNCPBA) “`…a un dos por tres salían a brillar los cuchillos`. Imágenes y concepciones sobre la violencia interpersonal en la campaña bo-naerense durante el siglo XIX”

5. Rosalía Baltar (UNMDP) “El Siglo XIX: encuentros y desencuentros en la cultura de las élites”

19 00 hs

Conferencia del Prof. José Carlos Chiaramonte

“Acerca del Federalismo”

Cena de camaradería

Miércoles 20 de abril 9.00 a 12. 30 hsMesa 2 - El Interior y el LitoralModeradora: Romina Coronello (UNMDP)Ponentes:

1. Alejandro Morea (CONICET- UNMDP) “Las capacidades militares como capital polí-tico”

2. Norma Aguilar (UNSa) “La construcción de liderazgos políticos militares en la Frontera del Rosario- José Ignacio de Gorriti (1810- 1821)”

3. Facundo Nanni (CONICET- UNT) “Sesiones, interrupciones y debates. La Sala de Re-presentantes tucumana en sus inicios (1822-1838)”

4. Marcelo Marcchioni (UNSa) “El problema de la construcción de un nuevo orden estatal provincial. Salta y Tarija en la década de 1820.”

5. Valentina Ayrolo (CONICET- UNMDP) “Hacia el final de la hegemonía de la Casas. La Rioja, entre 1812 y 1823”

6. Mercedes Quiñonez (CONICET- UNSa) “Familias, parentesco y vínculos personales en la construcción de la elite decimonónica salteña”

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Almuerzo de 12. 30 hs a 14 hs

14 hs - 17. 00 - Mesa 2, segunda parte

Moderador: Pedro Berardi (UNMDP)

Ponentes: 1. María Laura Mazzoni (CONICET-UBA) “Practicas de religiosidad local en el Obispado

de Córdoba entre la colonia y la posrevolución (1778-1836). Problemas y propuestas de investigación.”

2. Telma Chaile (CONICET-UNSa) “Ritualidad, poder y acciones de devoción en Salta. Fines del siglo XVIII y siglo XIX”

3. Ana Laura Lanteri (CONICET-UNMDP) “Apuntes de investigación. La formación de una elite política nacional: el personal político de la `Confederación´ durante el mitris-mo”

4. Darío Barriera (ISHIR-CESOR, CONICET, Rosario) “Rediseñando lo judicial, rein-ventando lo jurídico: el “Reglamento” de 1833 y los orígenes de la Justicia de Paz en la Provincia de Santa Fe “

5. Gabriela Tío Vallejo (UNT) “La voz de los vecinos: testigos, padrinos y auxiliares de la justicia. Escudriñando los vínculos sociales en la “pequeña” justicia de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX.”

6. Carolina Piazzi (ISHIR-CESOR, CONICET, Rosario) “Itinerarios judiciales: abogados en la justicia rosarina de 1ª Instancia”

17. 30 hs

Panel de Cierre: “Balances temáticos y regionales”

Eduardo Zimmermann (Univ. de San Andrés)

Fabio Wasserman (CONICET - UBA)

Eduardo Míguez (UNMDP-UNICEN)

Gustavo Paz (CONICET - UBA-Di Tella)

Raúl Fradkin (UBA-UNLu)

A continuación se presentan las comunicaciones atendiendo a la organización de las mesas:

• Río de la Plata • Interior y Litoral

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PARTE I

Mesa Río de la Plata

Lista de la comunicaciones 1. Fernando Jumar (UNLP-UNTRF) “La región Río de la Plata y el espacio económico

rioplatense durante el Antiguo Régimen y su crisis”

2. Andrea Dupuy (UNMDP) “Mercado de abasto de carne a la ciudad de Buenos Aires en la etapa tardo-colonial y temprano-independiente”

3. Romina Coronello (UNMDP) “Reproducción familiar y herencia: Algunas reflexiones sobre el lugar de la mujer”

4. Benjamín Rodríguez (UNMDP) “Familias de pulperos. Comercio minorista, patrimo-nio y familia en Buenos Aires (ciudad y campaña) entre 1830 y 1870”. Propuesta de investigación y avances parciales.

5. Valeria Ciliberto (CONICET-UNMDP) “Sobre derechos y prácticas: posesión y pro-piedad de la tierra pública en los entornos agrarios de la ciudad de Buenos Aires (prime-ra mitad del siglo XIX)”

6. Daniel Santilli (UBA) “De zona marginal del imperio y del Virreinato a “Emporio co-mercial ¿Qué cambió y qué no en la economía de la campaña de Buenos Aires? Visto a través de las transformaciones de una pequeña población. Quilmes, 1780-1850”

7. Guillermo Banzato (CONICET-UNLP) “El poder de los comandantes en las guardias y pueblos de frontera. Chascomús, 1779-c.1815”

8. Pedro Berardi (UNMDP) “Justicia, mediación e identidad. Una aproximación a la ex-periencia de los Juzgados de Paz en la frontera sur bonaerense, 1840-1860”

9. Melina Yangilevich (CONICET-UNCPBA) “`…a un dos por tres salían a brillar los cuchillos`. Imágenes y concepciones sobre la violencia interpersonal en la campaña bo-naerense durante el siglo XIX”

10. Rosalía Baltar (UNMDP) “El Siglo XIX: encuentros y desencuentros en la cultura de las élites

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1La región Río de la Plata y el espacio económico rioplatense

durante el Antiguo Régimen y su crisis

Fernando JumarUNLP/UNTreF/CONICET

fjumar@gmail.com

1. PresentaciónEn función de la propuesta de los organizadores de este encuentro, el objetivo de este ensayo es presentar los lineamientos generales que guían mis investigaciones en torno a la estructura socio-económica del Río de la Plata durante el Antiguo Régimen y agrego algunas especulacio-nes sobre su deriva al comenzar el siglo XIX.1

Para ello, tras esbozar el horizonte de problemas en el que se inscriben tales investigacio-nes, presento lo que entiendo era la región Río de la Plata en el período bajo análisis, una lectura de su historia en función de las actividades económicas allí desarrolladas y su articulación con las economías de otros espacios. Finalmente, se exponen algunas ideas en torno a las derivacio-nes posibles en el campo institucional de la lectura anterior.

Un escollo frecuente para el análisis de la historia de las sociedades hispanoamericanas en el período previo a la formación de los estados-nación, y que últimamente estamos empezando a intentar sortear de modo cada vez más generalizado, son las derivaciones en las explicaciones historiográficas de la impronta de las necesidades del principio de la nacionalidad en la montura de las conceptualizaciones de base que tienen como nudo los procesos de independencia. Ya en los años 1980, cuando se iniciaban -tímidamente- los cambios de puntos de vista, Ruggiero Romano (1987) nos prevenía sobre cómo en el siglo XIX lo que él calificaba de “historiografías satisfechas” (en función de la creación y consolidación del modelo de perfil que una nación digna de ese nombre debía tener) habían determinado lo esencial de la construcción de los re-latos fundacionales de las “historiografías insatisfechas” (como las de las nacientes repúblicas hispanoamericanas).

El cambio de punto de vista hace que haya quienes nos estamos comenzando a preguntar si el paradigma colonial, al menos en su formulación clásica, es el más apropiado para encarar el estudio de las sociedades americanas durante los Tiempos Modernos. Lo único que me pre-gunto y me interesa entender al respecto es hasta dónde son válidas las explicaciones últimas de los procesos internos americanos desde la invasión europea que encuentran su lógica en la noción de ‘colonia’, entendida en tanto que mercado cautivo y fuente parasitaria de renta, de donde deriva la concepción del sistema de dominación, el funcionamiento de las economías y las sociedades americanas y desde allí se buscan explicaciones a las independencias y los procesos de formación de los estados nacionales hispanoamericanos durante el siglo XIX. La principal derivación que me interesa señalar de un cambio en el punto de vista al respecto es que se incorpora en el juego de relaciones que constituyen los sistemas de dominación una im-portante capacidad de agencia por parte de los actores americanos y por tanto responsabilidad de sus capas dirigentes en el curso tomado por sus sociedades.

1 Pido disculpas por las excesivas referencias a otros textos de mi autoría, solo o en colaboración. No se debe a la presunción de que deberían ser conocidos, sino a que al ser este un texto de síntesis remito a otros en donde se encuentran desarrolladas las argumentaciones, hay estados del arte y/o algunas demostraciones empíricas de las ideas expuestas ahora.

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Mucho ha colaborado en estos replanteos y en la nueva formulación de viejas preguntas2 los avances en historia política dedicados a explicar la formación del nuevo sistema de dominación emergente de las independencias.3 De ser aceptadas, como lo están siendo, todas las explicacio-nes en torno a que lo que emerge como dominante de la crisis de la Monarquía, al menos entre los sectores dirigentes del Virreinato del Río de la Plata, es “la antigua constitución del reino” (la retroversión, el principio del consentimiento, en síntesis, el pacto sujeción) y que desde allí se inicia el tránsito a la modernidad política animado por un reducido núcleo de revolucionarios que se cuelan por los entresijos del desmorone del Antiguo Régimen, entonces, lo previo no era una colonia. O no lo era al menos como opera la noción en la historiografía.

Esos cambios de punto de vista también llevan a constatar que la historiografía hispano-americanista consagrada al Antiguo Régimen carece de enfoques interpretativos propios, sino que con mayor o menor fortuna son tomadas propuestas explicativas elaboradas a partir de la historia de otras sociedades. De hecho, el grueso de la investigación en historia económica y social -al menos- se limita a la elaboración de estudios de caso, cuyas hipótesis se contrastan con resultados de investigación para otras sociedades y/o tiempos y los marcos teóricos emer-gentes.4 Ello se debe, en gran medida, a que se cuenta con pocos estudios de base que permitan abordar el nivel de explicaciones esenciales a partir de marcos de referencia sólidamente esta-blecidos. En particular, pienso en la caracterización general de la economía y de la sociedad, elementos sin los cuales, por ejemplo, no se pueden encarar exitosamente, en mi opinión, estu-dios sobre problemáticas vinculadas a la historia político-institucional o cultural.

Por mi parte, considero que el mejor modo a mi alcance de abordar el conjunto de proble-máticas esbozadas en los párrafos anteriores es a través del análisis del comercio, la circulación y los mercados, ya que en ellos vemos en movimiento el conjunto de las relaciones sociales. No soy el primero en hacerme estas preguntas y recurrir a la circulación mercantil en búsque-da de respuestas. Como constata Silvia Palomeque (2006b), los intentos, avances logrados y temas pendientes hacia mediados de la década de 1970 no fueron retomados en sus planteos problemáticos por la historiografía que se desarrolló en Argentina tras el renacer historiográfico posterior a la última dictadura militar.

El conjunto de mis investigaciones se insertan en tales problemáticas desde mediados de la década de 1980, cuando inicié un estudio del comercio ultramarino del Río de la Plata entre 1680 y 1778 que me hizo dudar de la aplicabilidad de los marcos teóricos habituales.5 Mucho después comencé a concentrarme en la economía de la región Río de la Plata y los actores que la animaban y/o pretendían orientarla en función de sus intereses, iniciando al mismo tiempo una reflexión en torno al mejor modo de explicar los resultados del trabajo de campo. Actual-mente, sigue esa búsqueda que intenta realizarse a la par de una investigación, realizada junto

2 En la primera mitad del siglo XX, bajo el influjo del auge de las ideologías autoritarias, hubo intentos de explicar que las In-dias no habían sido colonias sobre la base de análisis institucionales y proyectos legitimadores de la inclusión del continente cultural en una “civilización occidental y cristiana”. No es este el horizonte en el que inscribo mi tarea de investigación.

3 En la misma reunión científica en que Ruggiero Romano presentó el trabajo citado de 1987, José Carlos Chiaramonte (1987) inició, hasta donde he podido rastrear su producción, el camino que lo llevó firmemente a ser el portavoz local de la renovación. Primero sondeando en los federalismos, para luego concentrarse en la cultura política del Antiguo Régimen (revisitando viejos temas suyos), la crisis de independencia y el sustento filosófico y la teoría política en que se basó la emergencia de una serie estados-provinciales del desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata, sobre la base de la pervivencia de elementos del Antiguo Régimen que, mal que mal, se comenzaron a transformar para dar paso a un sistema de dominación acorde con las tendencias y necesidades de las elites en el siglo XIX.

4 Un ejemplo grosero, pero ilustrativo, es la casi completa ausencia en la historiografía de las posibilidades y limitaciones que imponía el sistema de castas al accionar de los individuos, cuando en el trabajo de archivo el investigador constantemente observa su presencia real y efectiva. Dicha ausencia se explica, en mi opinión, ya que tal sistema no es una de las variables intervinientes en la historia europea y por tanto no ha entrado en juego a la hora de elaborar los marcos generales en que solemos insertar nuestras investigaciones.

5 Fernando Jumar, 1988 y 2002[2000].

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a un equipo de investigación, que pretende proveer una importante masa de informaciones es-tadísticas y a partir de ellas poder acceder a estudios sobre comportamientos y aspiraciones del conjunto de la sociedad rioplatense. Se trata del procesamiento de la información contenida en las guías de aduana generadas en los distintos puntos de entrada y salida del complejo portuario rioplatense6 a partir de la utilización de una aplicación informática especialmente diseñada al efecto7.

Pienso que la información de base que se está generando permitirá contrastar las hipótesis explícitas e implícitas presentes en los títulos 2 y 3 de este texto. Además, el estudio de la cir-culación mercantil es un medio para ofrecer muchas informaciones y demostraciones científi-camente aceptables en torno a la estructura económica y social, ya que a través de él se pueden tener apreciaciones generales sobre el mundo de la producción y las relaciones sociales que lo sustentan, que es lo que todos buscamos explicar a través de un marco teórico que emerja de la investigación y la reflexión colectiva.

2. La región Río de la PlataLos análisis emergentes del procesamiento de tales informaciones se están haciendo sobre la base de una aplicación libre de la parte metodológica de la propuesta en torno a los espacios económicos que hiciera a mediados del siglo XX el economista francés François Perroux8, que proporcionó en su tiempo algunos de los elementos con los que Carlos Sempat Assadourian (1972) formalizó su propuesta en torno al espacio peruano.9

En otros textos (p.e. 2010a y 2010b) justifico la elección, la continuidad de la validez del conjunto de ideas para el análisis histórico que se pretende realizar y el modo en que las recojo. Los objetivos de este texto sólo requieren recordar que el análisis se basa en la puesta en rela-ción de tres tipos de espacialidades determinadas por relaciones económicas10 y que de allí se pueden proponer explicaciones a la articulación política de los mercados enlazados.

En función de tales ideas se puede proponer que durante la sujeción a la Corona de Castilla, la espacialidad de las relaciones económicas de un espacio económico homogéneo11 rioplatense permiten delinear una región Río de la Plata que está constituida por los territorios dominados efectivamente por los europeos a ambas orillas del río, con fronteras difusas hacia el interior de las tierras, y el río mismo. Es un espacio acuático y térreo, sin solución de continuidad a la hora de analizar los campos de fuerzas económicas que lo integran hacia dentro o de seguir el rastro de las que lo vinculan con otros espacios económicos.

Como es sabido, en el inicio de la ocupación europea de la región el primer motor de la articulación interna fue la función de pivote entre parte del espacio peruano (que se estaba terminando de conformar) y el exterior. De hecho y en función del comercio, Río de la Plata

6 Fernando Jumar, 2010c.7 Fernando Jumar y Alejandro Zurdo, 2009.8 F. Perroux dio a conocer su primer artículo en torno a la noción de ‘espacio económico’ y su utilidad como herramienta de

política económica para la Europa emergente de la guerra de 1939-1945 en el año 1950. En 1955 daría precisiones en torno a la noción de polo de crecimiento. Hasta donde se ha podido averiguar, sus ideas se conocieron en castellano en 1964, gracias a la traducción de un libro de 1961. Estas ideas alcanzaron mayor difusión gracias a la traducción al castellano que hizo EUdeBA en 1965 (reimpresa al menos en 1968 y 1972) de un libro de Jacques Boudeville de 1961.

9 C. S. Assadourian, en una comunicación personal que agradezco, al recordar el contexto de ideas que enmarcaban sus estudios al tiempo de la proposición del espacio peruano (1972) recalcó que la teoría de Perroux sólo proveyó un lenguaje articulador de conceptos que venía esbozando desde antes de conocerla y que para ese entonces sus mayores influencias intelectuales provenían de la escuela de los Annales y del materialismo histórico.

10 El espacio homogéneo, el espacio polarizado y la región-plan.11 La espacialidad geonómica de las relaciones económicas de un espacio homogéneo se determina por características seme-

jantes en temas tales como densidad de población, estructura de la producción o niveles de renta.

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nace como puerto del Tucumán. Para lograrlo fue necesario asociar ambas orillas del río para el tráfico, dadas las características geomorfológicas y las estrategias de los diversos actores implicados para alcanzar sus objetivos legales y extralegales, desde los puntos de vista de las coronas castellana y portuguesa.

Ese proceso lo sigo a través del estudio de la conformación y vida de un complejo portuario rioplatense, entre fines del siglo XVI y la segunda década del siglo XIX, aunque sus últimos estertores datan de tiempos de la guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación. Ese complejo portuario estuvo formado por las ciudades-puerto (en la medida que se van fundando, incluida Colonia del Sacramento), atracaderos y/o desembarcaderos del tráfico legal utilizados con mayor o menor regularidad (Conchas, Maldonado, Ensenada de Barragán) y un número indefinido de desembarcaderos clandestinos o informales, funcionales a los tratos ilícitos y a los movimientos entre ambas bandas de una población que tenía el río mucho más incorporado a su cotidianeidad de lo que deja suponer imaginarlo como una frontera entre la Argentina y el Uruguay desde que se lo comieron a Solís.

Sin embargo, con toda su importancia, el comercio ultramarino no es el motor de la econo-mía local. Se trata de una actividad con asiento en la región, que estimula la región, pero que acumula el grueso de sus beneficios fuera de ella y que está dirigida por agentes externos al espacio aunque con un alto grado de interdependencia con agentes locales. Se trata de la vía de realización de una de las ondas más extensas de los campos de fuerzas de los espacios econó-micos europeos y uno de sus puntos de enlace con las de los espacios americanos.

Aunque los beneficios del gran comercio eran sólo parcialmente compartidos por los in-tereses locales, la actividad presentó para la economía regional diversos estímulos directos y en torno a ellos y su control es que la región Río de la Plata se estructuró en tanto que espacio económico homogéneo. Es decir, que se generan las actividades económicas que constituyen su motor de arrastre, que lo cohesionan internamente y en torno a las cuales se organiza la vida de la sociedad local.

Se trata, en primer lugar, de la explotación del ganado bovino para poder participar en los flujos con bienes de producción propia exportables en dirección del Atlántico. En segundo lugar, la producción de mulas para ser exportadas en dirección de los mercados andinos y bra-sileños. En tercer lugar, la provisión de una amplísima gama de bienes y servicios requeridos por la circulación ultramarina en sí y para la satisfacción de demandas generadas por la Corona para alcanzar sus objetivos mayores en la zona.

Estas actividades, en la medida que crecen y en torno a ellas se estructuran los intereses locales, van a determinar la emergencia de un sector dominante a nivel regional, visible ya en el siglo XVII y compuesto por los que identifico como empresarios ganaderos, que va a entrar en colisión con los intereses mercantiles que operaban dentro del marco ofrecido por las insti-tuciones de la Monarquía española (aún cuando las ignorasen).

2.1. El complejo portuario rioplatenseLa posibilidad de inserción del río de la Plata en las corrientes del comercio atlántico se debió a la voluntad de los pretendientes al tesoro americano y a los medios invertidos para tornar practicable la ruta del río de la Plata en el contexto de la economía precapitalista y el estado de la tecnología previo a la revolución industrial. Ello se tradujo en la lenta formación de un complejo portuario, del cual formaron parte –en la medida que fueron surgiendo- las ciudades-puerto ribereñas y un número indefinido de atracaderos y desembarcaderos informales (la ma-yor parte de los cuales fueron clandestinos), como ya se mencionó (v. p. 10). Los actores inte-resados intentaron alcanzar sus objetivos respectivos, muchas veces en contradicción unos con

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otros, adaptándose a y sirviéndose de las imposiciones geográficas, la intermitente presencia portuguesa en la Banda Oriental, la legalidad castellana (y los modos de burlarla) y las guerras. Forzosamente debieron buscar y encontrar puntos de equilibrio para que el objetivo de base, la exportación de metales preciosos altoperuanos (y, en menor medida, chilenos) por el río de la Plata pudiera llevarse a cabo.

Así, estudiar el comercio ultramarino en la región Río de la Plata y sus articulaciones a cor-ta, media, larga y muy larga distancia durante el período que media entre el inicio de la ocupa-ción efectiva de la región por parte de los europeos y los avatares de los procesos de formación de los estados-nación en el siglo XIX equivale estudiar la conformación, funcionamiento, crisis y desintegración de un complejo portuario. Proceso en el que se pueden distinguir cinco etapas bien definidas desde la segunda fundación de Buenos Aires en 1580 hasta mediados del siglo XIX.

Son varios las factores que impusieron la constitución de ese complejo portuario que articu-lase desde temprano ambas orillas del río para que pudiera convertirse en una de las terminales de las rutas atlánticas: el punto en que se encontraba la tecnología naviera al momento de la invasión europea de lo que sería la región Río de la Plata; las características geomorfológicas del río; el hecho de que el interés principal estuviera sobre la orilla menos dotada para el ancla-do de navíos y los intereses puestos en juego por los europeos en la ocupación de la región; el modo en que los primeros pobladores pudieron construir una economía de subsistencia exitosa y lo que pudieron volcar en los mercados para proveerse del resto.

Esos factores iniciales, su dinámica a lo largo del tiempo y otros que se fueron sumando me llevaron a establecer como ejes de la periodización de la historia del complejo portuario riopla-tense la complejización progresiva de los tipos de navegación y de los negocios realizados, los espacios puestos en relación, la caracterización legal del tráfico para los diversos interesados europeos (y su capacidad de hacerla valer) y a medida que se forman y crecen, los intereses locales.

Todo ello traducido en cada etapa y fase propuesta en: a) una acumulación progresiva de experiencias en los tratos fluvio-marítimos por parte de la sociedad en formación y adaptación a las coyunturas, y b) la incorporación progresiva de los estímulos que la complejización de los contactos supuso para la formación y diversificación de la economía local.

De este modo, se propone la siguiente periodización:

I. Etapa formativa, 1580 - ½ 1720’s, caracterizada por:

a) 1588-1618. Licencias de comercio con las costas del Brasil.

b) Desde 1622. Apertura de la Carrera de Buenos Aires.

c) Desde 1640. El comercio directo: las arribadas maliciosas.

d) 1683-1704. La primera instalación durable de los portugueses en la B.O.

e) Desde 1703. El comercio de esclavos a gran escala.

f) 1715-1724. Transición a la segunda etapa.

II. Etapa de pleno funcionamiento, ½ 1720’s – 1777.

III. Etapa de redefinición. El monopolio español, 1777-1806.

IV. Etapa de crisis e inicio de desintegración, 1806-1828.

V. Etapa de desintegración, 1828-½1860’s.

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3. El espacio económico rioplatenseSi fuesen aceptadas las ideas que se acaban de presentar, habría que ver cómo intervienen en las explicaciones que sustentarían que ese espacio económico homogéneo se convirtió en un polo de atracción para otras economías regionales, conformándose en función de él un espacio polarizado12, el espacio económico rioplatense, que llegó a incluir entre sus satélites (desde el punto de vista de la dirección política de los flujos) al viejo polo altoperuano.C. S. Assadourian (1972) anticipó que la crisis desatada en el espacio peruano entre mediados y fines del siglo XVII se resolvió en parte en el último tercio del siglo XVIII cuando sufre una primera fragmentación revelada por la creación de los nuevos virreinatos sudamericanos. La fragmentación definitiva llegaría en el siglo XIX con la formación de los estados nacionales y sus mercados internos.

Modestamente pienso que sobre la base de la investigación acumulada tras la formulación de esa propuesta se puede realizar algunas precisiones, que ajustan detalles en el seguimiento del proceso de fragmentación -al menos ese es el objetivo de este título- aunque no cambian en lo esencial la explicación (los espacios económicos nacionales sudamericanos derivan del quiebre del espacio peruano y de la inscripción de esos espacios en un rol dependiente dentro del capitalismo).

Comienzo recordando algunos de los elementos de la teoría de los espacios económicos que tomo como punto de partida. La diferencia entre un espacio polarizado y una región-plan13, es que la última es un espacio polarizado resultado de la acción planificadora de un actor social con capacidad de decisión política. No importan ahora los deseos de Perroux en torno a las cua-lidades morales de ese actor ni lo que deberían ser sus elevados objetivos. Se toma el esquema de base como punto de partida para una aplicación a realidades del siglo XVIII en una parte de Hispanoamérica.

De este modo, el espacio económico rioplatense es el resultado de los objetivos manco-munados de la Corona y de los comerciantes encargados de conectar los mercados americanos con las rutas atlánticas, usando como base de operaciones la región Río de la Plata. En ello no hay contradicción alguna con lo esbozado en torno a las características internas de la región y los actores sociales regionales involucrados, simplemente habrá que ver cómo son las inter-dependencias y elementos de confrontación entre los intereses vinculados al comercio y los vinculados a la producción.

12 En la propuesta de Perroux la noción de polo está ligada a la de interdependencia (aunque desequilibrada a favor del polo), de concentración y de existencia de un centro, con una periferia compuesta de varios espacios -homogéneos- que gravitan en su campo de influencia económica y, frecuentemente, política también. La posición dominante o articuladora del polo se debe a la acción de una unidad motora, que puede ser simple o compleja, compuesta por empresas o industrias, o una combinación de ambas, que ejercen un efecto de atracción sobre las demás unidades que se articularán con ella. Se trata entonces de un espacio heterogéneo, articulado en un campo de fuerzas o relaciones funcionales en el que cada espacio integrante tiene papeles específicos en la división social del trabajo y en la producción de bienes y servicios. Una caracte-rística esencial a la hora de definir si se está ante un espacio polarizado o no, o de evaluar el grado de integración de uno que potencialmente pueda serlo (gracias a la acción planificadora), es poder determinar si la intensidad de los intercambios de bienes y servicios al interior de ese espacio es superior, en cada uno de sus puntos definidos, a la intensidad de los in-tercambios con el exterior. Como cabe esperar, la polarización genera conflictos entre las unidades constitutivas ya que en el espacio convergen diversos intereses; por ejemplo, cuando dos o más espacios que participan en los flujos con bienes y/o servicios similares, y en la medida que la integración ya genera efectos positivos, pueden tornar la complementariedad en competencia por apropiarse de partes crecientes del mercado o intentar reorientar la dirección de los flujos generales en beneficio propio.

13 Es cuando la decisión política interviene para generar procesos de integración espacial y desarrollo económico, creando espacios polarizados o incrementando la gravitación de alguno existente. El aprovechamiento espacial de los factores de producción, para generar una acumulación de capital menos desigual, requiere la formación de un espacio de planeamiento y la gestión eficaz de su explotación. Es en relación a estas regiones-plan en donde más se advierte la influencia de la Doc-trina Social de la Iglesia Católica en el pensamiento de Perroux, quien intenta conciliar el desarrollo capitalista con un costo social bajo, colocando a una autoridad que pueda arbitrar entre los intereses asociados a los Estados-nación para limitar la exclusión social, las desigualdades regionales y demás elementos que dicha Doctrina identifica como aristas negativas del capitalismo.

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Desde los inicios de la ocupación exitosa del Río de la Plata en 1580, la Corona debió aceptar que se integrase a los circuitos mercantiles extra-americanos. Primero mediante con-tactos cortos con el Brasil (intermediario de los circuitos luso-ingleses) y, desde 1622, con la apertura de la Carrera de Buenos Aires, se incorpora un haz más en el sistema legal de comercio castellano con América.14Así, en Río de la Plata que estaba en pleno proceso de ocupación, se refuerza el proceso de constitución de un complejo portuario asentado sobre ambas bandas del río, que por diversas razones era el único modo en que la región podía convertirse en una de las terminales de las rutas atlánticas.

Del análisis de la vida de ese complejo portuario entre 1588 y mediados del siglo XIX surge que en lo que diferencio como su tercera etapa de vida, entre 1777-1778 y 1806-1810, termina de cobrar forma el espacio económico rioplatense, en gran medida gracias a la acción política de los planificadores borbónicos. La característica saliente es que durante esos años es cuando se puede pensar que la Corona castellana tuvo el más alto grado de control de los flujos rioplatenses, a pesar de las guerras y de la creciente crisis interna que llevaría a su descalabro en 1808. Contribuyó a ello no sólo la expulsión de los portugueses de Colonia del Sacramento, sino también los esfuerzos de los Borbones españoles por alterar las bases sobre las que desde tiempos de los Austrias guiaban las relaciones entre los vasallos americanos y la Corona.

Uno de los elementos clave, en mi opinión, para explicar esta etapa es que Gran Breta-ña hasta 1777-1778, gracias a la mediación portuguesa, nunca perdió el acceso a los metales preciosos altoperuanos y chilenos a través del complejo portuario rioplatense, aún en medio de las guerras que la opusieron a España después de las paces de Utrecht y que supusieron la interrupción parcial y definitiva de su presencia directa a través de la South Sea Company en 1738. Luego de 1777-1778 se abre para el comercio británico un período de búsqueda de alter-nativas que le permitiera continuar obteniendo los mismos beneficios de Río de la Plata que en el pasado.15 Hasta se podría pensar que la invasión de 1806 obedece a un estímulo más antiguo que la inmediata coyuntura creada por el bloqueo napoleónico, lo mismo que el discreto apoyo dado a la secesión desde 1810 o la intervención en el desenlace de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil en 1828.

Ese alto grado de control de los flujos rioplatenses por parte de la Monarquía española pue-de ser percibido a través de la exportación de cueros. El gráfico 1 presenta las unidades conta-bilizadas para la circulación española entre 1714 y 1802 y las conocidas para los otros canales. Se advierte a simple vista que es posible proponer que el crecimiento de las exportaciones en la segunda mitad del siglo XVIII no se debe a las virtudes del Reglamento de 1778 sino más bien a que desde que realmente se hacen esfuerzos sostenidos por evitar el tráfico por Colonia del Sacramento (tras la restitución de 1763)16 los tratos se debieron canalizar por el circuito oficial y no es menos significativo que se alcanzan por entonces los niveles de exportaciones conocidos para el período en que se dispone de mejores datos para la exportación de cueros por Colonia

14 Una idea persistente es que el puerto de Buenos Aires se “abre” recién en 1778 o que los tratos legales anteriores son más o menos excepcionales. Ni una cosa ni la otra. Como prueban los estudios sobre el siglo XVII en Río de la Plata, el comercio ultramarino está presente desde 1622 y sigue la regular irregularidad del resto de la Carrera de Indias. De modo que es erróneo ver a Río de la Plata como un punto de salida clandestina de los metales preciosos altoperuanos y chilenos o que por allí se realiza una circulación no deseada por la Corona. Salidas clandestinas las hubo, como en toda la Carrera, que era un verdadero colador. En cuanto a que si la Corona deseaba o no la existencia de la carrera de Buenos Aires, simplemente aceptó lo que no se podía evitar y sostuvo el circuito por más berrinches que hiciera el Consulado limeño.

15 Los contactos comerciales con los portugueses (y a través de ellos con los británicos) no se interrumpieron en 1777, pero se debilitaron. Un breve renacer del comercio anglo-portugués en Río de la Plata se vislumbró en 1796, con las licencias para el comercio con neutrales de las guerras de entonces, pero duró poco.

16 Fernando Jumar, 2004.

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del Sacramento. Se podría llegar a pensar que, finalmente, la Monarquía española logró cerrar el río17.

Pero la existencia de ese espacio económico rioplatense debe ser demostrada a partir de la detección de integración mercantil entre el polo propuesto (la región Río de la Plata) y sus saté-lites. El trabajo necesario ha sido emprendido (la investigación basada en las guías de aduana) pero es de muy largo aliento. Un primer sondeo, limitado a 28 meses y un conjunto reducido de bienes, confirma al menos la oportunidad del conjunto de hipótesis puesto en juego18.

En el período virreinal, la región Río de la Plata parece presentar las características de un polo de atracción para la articulación de espacios homogéneos, y esa capacidad deriva de una relación compleja entre los intereses vinculados a la circulación ultramarina y los locales rela-cionados con la exportación de derivados bovinos.

En función de la búsqueda de parámetros de la necesaria integración de mercados para sostener la idea de la existencia del espacio económico rioplatense, el conjunto de datos de la muestra (bienes retenidos, volúmenes y distribución espacial de los envíos), sugería que, efectivamente, los mercados concernidos debían presentar un alto grado de integración con el complejo portuario rioplatense.

Pero esa integración quedaría plenamente demostrada si se pudiera argüir también que en el complejo portuario rioplatense y la región Río de la Plata las economías de otras regiones americanas encontraban un mercado para volcar sus excedentes y hasta una demanda que esti-mulase la existencia de especializaciones. Lamentablemente, aún no se ha comenzado el proce-samiento de las guías de entrada. De modo que la argumentación es más impresionista, aunque anclada en demostraciones provistas para el período 1714-177819. Desde el momento en que el tráfico del circuito legal se incrementó desde 1777-1778, nada impide suponer que el estímulo para las economías de otras regiones sólo creció.

Ciertamente, la afirmación de esta integración mercantil requiere mayores pruebas que las aportadas ahora, pero las ofrecidas alcanzan para sustentar, al menos, que tal integración sea aceptada como hipótesis de trabajo.

En cuanto a quiénes animaban tales tratos, el comercio ultramarino estuvo en manos de dos tipos de actores. En primer lugar, comerciantes cuyos objetivos y proyectos a futuro se encon-traban fuera del Río de la Plata, y que para analizarlos se puede apelar a la idea de “inmigración golondrina”, algunos con varios viajes de ida y vuelta en su haber o estancias de hasta más de 10 años, pero que no terminan asentándose en la región. En conjunto manejan la mayor parte de las operaciones vinculadas al sistema legal castellano, llevándose con ellos el fruto de su trabajo. En segundo lugar, alimenta las filas del gran comercio una inmigración que termina radicándose, combinando de modo variable en sus negocios la representación de casas comer-

17 O casi. Tras la expulsión de los portugueses se reactiva la primera y más vieja ruta del contrabando, la de los contactos con las costas del Brasil mediante cabotaje, ruta nacida en 1588 bajo el amparo de la corona pero que desde 1618 pasa ser clandestina. Cayó en desuso mientras Colonia del Sacramento estuvo en manos portuguesas en tanto que ruta clandestina para introducir bienes de modo directo en los mercados españoles (era la ruta legal de contactos con Colonia del Sacra-mento) y por la bibliografía disponible se advierte que recupera su clandestinidad tras 1778. Corcino Medeiros dos Santos, 1993; Marcela Tejerina, 2004; Emir Reitano, 2010. La reaparición de este tipo de tratos cambió algunas de las costumbres del río. La presencia de los portugueses en Colonia del Sacramento en cierta medida “democratizó” el contrabando y daba a los productores locales un mercado para la colocación de sus excedentes agrícolas, inclusive se detectó la presencia del fiado y del crédito para operaciones clandestinas. La modalidad de contactos directos con las costas del Brasil excluía a los productores locales, era accesible sólo a aquellos que poseían una capacidad de giro considerable, que podían saldar en metálico la operación furtiva y/o que contaban con sólidos contactos con las casas brasileñas como para tener líneas de fiado y crédito.

18 Fernando Jumar, 2010c.19 Fernando Jumar, 2002[2000]; Fernando Jumar et all, 2006.

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ciales europeas con un giro por su propia cuenta y riesgo. En este caso, los migrantes, por el propio proceso de avecindamiento abandonan el comercio ultramarino o al menos deja de ser su actividad central o de su descendencia.20 Las relaciones entre los comerciantes golondrina y los avecindados no pueden pensarse en términos de sujeción de unos a otros sino en términos de interdependencia, que aunque no estaba exenta de conflictos, era imperativa para unos y otros. Y hasta es posible pensar que los avecindados contaban con algunas ventajas comparativas so-bre sus pares, en primer lugar porque tenían las llaves de los circuitos americanos y, en segundo lugar, porque podían recurrir a otras fuentes de abastecimiento.

Dado que se trata, entonces, de un sector de actividad sin actores arraigados en él, no genera un cuerpo de intereses sólidos y duraderos en el tiempo entre ellos como para que se constitu-yan en un poder local claramente integrado a los intereses regionales. El fracaso del Consulado entiendo que es el mayor ejemplo.21 Ayuda a ello el hecho de que para los comerciantes era escasamente útil formar parte de un cabildo, ya que sus necesidades institucionales y jurídicas los emplazan en ámbitos de negociación supra-comarcales.22 Al estar sus actividades desper-digadas por un conjunto regional, de nada sirve el Cabildo de Buenos Aires, por ejemplo, para pleitear por una deuda en Salta.

La negociación individual con las autoridades o el recurso a las Audiencias fue suficiente hasta mediados del siglo XVIII. En 1748 comerciantes ultramarinos, que en su mayoría se de-claran en tanto que residentes y no como vecinos de Buenos Aires, organizan una primera Junta de Comercio, para defenderse de intromisiones del virrey limeño en sus negocios. La herra-mienta corporativa se mostró funcional y ello se traduce en que las juntas de comercio siguieron y desembocaron en la creación del consulado de Buenos Aires en 1794.

Por mi parte, pienso que la creación del Consulado no es signo de progreso o madurez de la sociedad local, sino un síntoma de que dado que no se pueden cumplir los objetivos borbónicos en cuanto a la transformación profunda del vínculo entre sus dominios americanos y la Monar-quía se está avanzando al menos en dirección de lo que Javier Kraselsky (2011) denominó la centralización corporativa.

En síntesis, en los grandes comerciantes hay que ver un grupo que, aunque extremadamente móvil en su composición, siempre mantuvo objetivos económicos similares y en función de ellos es que definió su accionar político. Sus beneficios derivan de la articulación de mercados americanos entre sí y en la mediación con los mercados extra-americanos. Tienen una visión de conjunto de que carecen las oligarquías comarcales y aunque sus objetivos se concreten en Europa, sus acciones al estimular de modo diverso la economía de la región Río de la Plata

20 Fernando Jumar, 2002[2000], 5.3. “Les partidas des registres des navires”, II, pp. 464-517.21 Como propone Javier Kraselsky (2011), si bien los comerciantes lograron presentarse ante el rey en tanto que los inter-

locutores a tener en cuenta en el Río de la Plata ya en 1797, a sólo tres años de creado el Consulado de Buenos Aires, los hacendados logran de algún modo ser incorporados a la corporación y que se establezca la alternancia entre unos y otros para la conducción del cuerpo. También advierte que desde inicios del siglo XIX el Consulado no tiene la capacidad de asegurar a la corona los beneficios prometidos en su hora y ésta debe volcarse nuevamente hacia el Cabildo para obtenerlos, tal como era la situación antes de la creación del Consulado en 1794.

22 En algún momento me topé con la paradoja de notar que algunos nombres que forman parte del grupo de grandes co-merciantes porteños los encontraba en los cargos concejiles y que en tanto corporación urbana no defendían los intereses mercantiles sino los productivos. La solución vino de rastrear el momento de la vida activa del individuo en el Río de la Plata y constatar que la participación en el cabildo era una de las primeras actividades desarrolladas ni bien se producía la inmigración, cuando aún no contaban con cuota alguna de poder personal, pero que a medida que la carrera mercantil florecía, el sujeto resistía nuevas elecciones e inclusive compraba gracias al sacar para la eximición de tales cargos. Otro indicio lo da quiénes compraban alguna de las seis regidurías vendibles y renunciables o la competencia por ocupar el cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad. Pero la seguridad con que afirmo que el Cabildo refleja primordialmente los intereses de los empresarios ganaderos surge de la lectura de todos los Acuerdos disponibles y notar que invariablemente en caso de conflictos de intereses entre la producción y el comercio, el Cabildo opta por proteger a los productores. Fernando Jumar, 2002; Fernando Jumar y Javier Kraselsky, 2006.

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ayudaron a transformarla en un polo de atracción en tono al cual se comenzó a gestar un espacio económico rioplatense.

En la medida en que los intereses locales se consolidan, aparecen los puntos de conflicto entre comerciantes ultramarinos “golondrina”, sus aliados locales (migrantes o criollos) y los empresarios ganaderos (quienes a mi juicio constituyen el sector dominante regional, tanto en términos políticos como económicos desde el temprano siglo XVII). Estos últimos, organizados corporativamente desde 1775, necesitan bodegas para sus cueros y otros derivados, sin que les importe el pabellón de los barcos ni quiénes se ocupan de articular las economías americanas con las externas. Los comerciantes ultramarinos necesitan fortalecer el sistema que les garanti-za el control de los mercados interiores, y de hecho es lo que defendieron en la negociación de la apertura del tráfico que planeó y ejecutó Cisneros en 1809.

4. Cierre. La Revolución y la región Río de la Plata. Del espacio económico rioplatense al espacio económico porteñoUn texto poco conocido de Assadourian (2006[1987])23 sintetiza las características de la econo-mía del Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XIX y ofrece una explicación de la parti-cipación de los intereses puestos en juego en su conformación. En cierta medida y aunque no lo explicita allí, concreta la explicación que quedó pendiente en 1972 sobre cómo se terminó de desmembrar el espacio peruano en espacios nacionales, tomando por caso el mercado interno argentino.

Muchas de mis preguntas de investigación giran en torno a saber qué fue del espacio perua-no entre el momento de su montura, esplendor e inicio de la crisis de desintegración a mediados del siglo XVII (los estudios de Assadourian de los años 1960 y 1970) y ese punto de llegada propuesto en 1987. Cambiando la mirada del espacio cordobés al rioplatense, los títulos 2 y 3 de este trabajo intentan llenar el hueco hasta fines del Antiguo Régimen y este parágrafo intenta cubrir la primera mitad del siglo XIX.

Pienso que la crisis que condujo a la independencia, entre otras cosas, quebró internamente la región Río de la Plata, entendida como espacio económico homogéneo y, desde mediados del siglo XVIII, también como polo de un espacio económico rioplatense, que también fue barrido por la revolución. Ello habría fijado los primeros lineamientos del modo en que los porteños se lanzarían a la constitución una nueva región homogénea y de un espacio económico polarizado pensado en su beneficio (un espacio económico porteño), lo que se entremezcla con el proceso de formación de lo que llegó a ser el mercado interno de la República Argentina.

Aunque mucho se ha escrito sobre el comercio ultramarino durante el período virreinal aún carecemos de estudios minuciosos que permitan conocer la serie de navíos entrados y salidos, así como sus cargas. En otro texto, elaborado junto a María Emilia Sandrín (2009), sobre la base de las informaciones disponibles concluimos que a comienzos del siglo XIX la economía de la región Río de la Plata pasaba por una coyuntura mayormente positiva, guerras e invasión inglesa incluidas. Contribuía a ello no sólo la circulación ultramarina en sí, sino los diversos estímulos que generaba para la economía local que se sumaron a los generados por la Corona para la defensa, las expediciones a las costas e islas del Atlántico Sur y el mantenimiento de las precarias fundaciones.

Las fuentes cualitativas y el relevo en curso de los registros de navíos, de las guías de adua-na y de las actividades desplegadas para satisfacer las múltiples demandas de bienes y servicios

23 Se trata de un manuscrito de 1987 (información provista por el autor), que aunque publicado en 2006, recién conocí en 2008 gracias a la amabilidad de Sonia Tell.

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generadas por el complejo portuario rioplatense, muestran que a medida que avanza el período virreinal se consolidan algunas tendencias que ya se habían revelado para el período previo.

En cuanto a las modalidades de la circulación, cada vez eran menos los barcos mayores que llegaban hasta el apostadero de Buenos Aires. Terminaban su viaje en Montevideo.24 Desde allí los bienes destinados al entramado de circuitos que desembocaban en el complejo portuario rio-platense eran trasbordados en embarcaciones menores a la otra banda. También allí constituían la carga de retorno, es decir, metales preciosos, cueros y demás bienes de producción americana con los que se compensaban cuentas25 o se abrían negocios26. Como es de suponer, la mayor parte de estas cargas de tornaviaje procedían de la banda occidental. También provenían de la banda occidental buena parte de las provisiones para los viajes de retorno o al menos la materia prima que se elaboraba en Montevideo.

Montevideo también se convirtió en el baluarte defensivo de la región, aunque sea de nom-bre. Allí está el apostadero de los navíos del rey, así como una fortaleza en construcción perma-nente desde 1729 y en ella la mayor parte de las pocas fuerzas militares veteranas. Finalmente, también tienen su terminal las fragatas-correo en Montevideo y desde sus oficinas se gestiona la circulación de correspondencia hacia el virreinato y de correspondencia, cargas y encomiendas hacia La Coruña.

Tomando en consideración la importancia acordada al estímulo económico que supone lo mencionado, es posible pensar que en Montevideo se estaba dando a fines del siglo XVIII y co-mienzos del siguiente un fenómeno similar al detectado para Buenos Aires entre 1683 y 1778.27 Es decir, una serie importante de actividades que estimulan la economía, que repercuten muy favorablemente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de una población no demasiado numerosa.

Del otro lado del río, Buenos Aires aunque no deja de participar en los beneficios deriva-dos de la navegación, en los gastos de defensa y en la provisión de bienes y servicios diversos, lo fuerte de su economía es la producción de derivados bovinos y la circulación mercantil en dirección de los circuitos interiores del continente. Además, el impacto de las actividades eco-nómicas relacionadas con el funcionamiento del complejo portuario rioplatense ya no afecta a buena parte de su población, que ha crecido vertiginosamente en el último cuarto del siglo XVIII. Es posible, entonces –y ya lo confirmarán los estudios de María Emilia Sandrín- que la prosperidad no beneficiase de igual modo a los sectores subalternos que a las elites y que, den-tro de estas, los hacendados sufran más que los comerciantes las perturbaciones derivadas de las guerras, que en cuanto interesa aquí, hacen que aunque haya muchos barcos y se mantenga el nivel de bienes en circulación, se dificulte la exportación de derivados bovinos.

Si este contexto estuviera bien diagnosticado, sería posible comprender mejor algunos de los encadenamientos fácticos que llevaron a las elites tanto de Montevideo como de Buenos Aires a tomar las posturas opuestas ante la crisis y a que, además, el estado llano se encuadrase fácilmente en la respectiva decisión.

La elite montevideana no tenía necesidad de grandes cambios para aumentar sus beneficios ni demasiados motivos como para pensar en una ruptura con un poder establecido en los reinos

24 El estudio más completo sobre el papel de Montevideo en el comercio ultramarino se debe a Arturo Bentancur, 1997-1998.25 En el caso de las ventas a comisión y otros mecanismos que exigían que agentes instalados en América remitieran a Europa

metales preciosos o bienes de propiedad ajena.26 En el caso de metales preciosos o bienes que pertenecientes a agentes instalados en América se enviaban Europa para que

un comisionista los negociase. Es decir, el movimiento inverso al aludido en la nota anterior. Contrariamente a una tradición historiográfica sólidamente establecida, los actores económicos americanos actuaban por cuenta propia tanto como por cuenta de terceros, y no eran infrecuentes los casos en que se arriesgaba capital en aventuras ultramarinas.

27 Fernando Jumar et all, 2006.

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de España y que asegurase la supervivencia del conjunto, con sus articulaciones económicas y sociales y, sobre todo, que siguiera favoreciéndola y defendiéndola de los porteños. Ciudad fundada entre 1724 y 1726, poblada originalmente por campesinos procedentes de las islas Ca-narias y luego por otros migrantes ultramarinos, hacia comienzos del siglo XIX no cuenta aún con una sociedad arraigada, la mayoría aún no ha terminado de bajar de los barcos. Todos los avances de la ciudad y de sus habitantes se deben al favor real que, guiado por objetivos estra-tégicos y consideraciones geomorfológicas, decidió potenciar la ciudad y puerto de Montevideo a costa de los porteños. Con una jurisdicción muy limitada sobre la campaña oriental (ver Mapa 1 al final del texto), su vida económica depende mucho más del puerto que la de Buenos Aires. En este contexto, no cuesta entender por qué desde 1808 se fortalece allí la facción que no está lista para pensar en una separación y que entiende que su prosperidad se vincula estrechamente a la pertenencia a un conjunto mayor.28

Nada más lógico entonces que el grueso de la población, que efectivamente vivía de y gra-cias a todos esos factores que la elite estaba dispuesta a defender, entendiera que debía oponerse a las propuestas porteñas y colaborase en el esfuerzo para que su ciudad siga mereciendo el título de “muy fiel y reconquistadora” que se le dio por su comportamiento durante la invasión inglesa.

Del otro lado del río la elite está más dividida que en Montevideo. Los comerciantes ul-tramarinos tienen más puntos de contacto en sus intereses con la elite montevideana que con sus vecinos hacendados. Las andanzas de Álzaga y su grupo, el Cabildo de Montevideo y Elío sobran como muestra. El motivo parece ser bastante simple: sus intereses no se ven afectados en tanto haya barcos en el río que aporten bienes de importación, legalmente o no, con los que mantener abiertos sus tratos con los mercados interiores y a través de ellos captar los metales preciosos altoperuanos y chilenos29. Los hacendados, por su parte, se enfrentan a problemas se-rios para dar salida a sus cueros: más que el comercio de importación, el de exportación necesita de los modos de circulación mercantil de tiempos de paz, con entradas a puerto y largas estadas que permitan constituir el lote de bienes a exportar, su transporte y acondicionamiento para el viaje ultramarino30. De allí que los hacendados contratasen un abogado instruido en el nuevo discurso liberal que bien podía entroncarse con el que dio nacimiento al monopolio ampliado borbónico, para que les ayudase a desbloquear el mercado mediante la redacción de una repre-sentación que colaboraría en la decisión de Cisneros de abrir el puerto a los barcos ingleses. Ya es clásica la explicación de John Street (1967) en torno a las “causas” de la revolución de mayo, y si bien muchos de los argumentos vertidos ya no se sostienen, una de las ideas de base sigue pareciendo válida: la alianza estratégica que se da entre el comercio inglés y los hacendados en oposición a los intereses de los comerciantes vinculados al circuito ultramarino español.

Así, la crisis de la Monarquía se monta en Río de la Plata sobre las tensiones crecientes en-tre los grupos de interés de Buenos Aires y de Montevideo.31 La invasión inglesa da el punto de

28 Esta idea, posiblemente, es la que da la clave también para entender la preferencia montevideana por la sujeción a Portugal primero o al Brasil después.

29 Si bien es cierto que a comienzos del siglo XIX el Alto Perú no cumple el mismo papel que antes en el financiamiento del aparato burocrático-militar en el Río de la Plata, no se debe pensar que sus metales preciosos han dejado de constituir el nervio del comercio en el espacio económico rioplatense. Como lo demuestran los trabajos de Assadourian y Palomeque (2001 y 2003) y Palomeque (2006a), salvo la economía cuyana, el resto de las economías regionales depende, a comienzos del siglo XIX, de sus intercambios con el Alto Perú para obtener el metálico que le permitirá saldar sus cuentas con el Río de la Plata.

30 No era prudente tener almacenado un stock de cueros en previsión de la llegada de barcos, ya que al no estar tratados (en el mejor de los casos se salaba los cueros al pelo lo que les daba alguna protección) eran bienes frágiles y las averías (princi-palmente por polillas) o la podredumbre de los cueros son un tema recurrente en las fuentes.

31 Su elite hizo varios intentos por lograr cierta autonomía frente a Buenos Aires, reforzando su adhesión a la Corona y ob-tuvieron éxitos mitigados. Por ejemplo, en 1799 solicitan su consulado de comercio, pero no llegaron a obtenerlo en el

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partida para el estallido de las tensiones acumuladas entre ambas ciudades, visible por ejemplo en las disputas por la comercialización de los bienes dejados atrás por los fracasados invasores y alentadas por Francisco Javier de Elío, que las aprovecha para saldar sus cuentas con la fac-ción que apoya a Liniers del otro lado del río. El año 1808 y la Junta de Montevideo anuncian la postura que tomará la ciudad ante la Junta porteña en 1810.32

El conflicto desatado en 1810 en el mismo río de la Plata tiene como efecto que interesa rescatar aquí que los poderosos porteños perdieron el control de buena parte de las campañas de la Banda Oriental, las zonas en las que se encontraba el frente expansivo de la economía dominante a nivel regional y el control de los circuitos que, por tierra, vinculaban el litoral con el Brasil.33 El curso de la revolución en el litoral también les hizo perder otro de sus frentes expansivos, Entre Ríos, que como se puede inferir a partir de la tesis de doctorado de Julio Djenderedjian (2004), y espero que utilizando bien los datos que aporta, su ocupación efectiva y puesta en explotación se estaba organizando desde el Río de la Plata desde el último cuarto del siglo XVIII.

Ello habría obligado a los porteños a redefinir estrategias, como por ejemplo, reorientar el proceso de expansión hacia la pampa, asumiendo el reinicio de la guerra con los pueblos originarios y otros costos, para compensar los espacios perdidos. Dentro de este esquema, la expansión ganadera pampeana detectada tras 1810 es el nuevo rumbo que toman las acciones de un grupo de intereses que previamente contaban con la Banda Oriental y Entre Ríos. Al mis-mo tiempo, ese grupo asociando sus intereses a los del comercio ultramarino mayoritariamente manejado por casas extranjeras34, debió utilizar su poderío para disciplinar económicamente a las regiones del Virreinato que lograron conservar bajo su control, no ya tanto por imperio de los polos de atracción económica sino para forzarlas a pivotar hacia el Atlántico a través de su mediación exclusiva y excluyente.

Tras 1810 las economías regionales, en sus procesos de adaptación a las coyunturas cam-biantes, reconfiguraron sus circuitos en otras direcciones. La acción de Buenos Aires, política y violenta, las reconfigura hacia su puerto, como se ve por ejemplo en los estudios de Viviana Conti (2005) para las economías Salta y Jujuy. En el Litoral es más claro aún, desde temprano, Buenos Aires utilizó todos los medios a su alcance para evitar que se mantuvieran comunica-ciones con los mercados extra-americanos obviando su mediación.

La necesidad para la economía porteña de esa re-articulación deriva de imperativos rela-cionados con la exportación de derivados ganaderos. Aunque brevemente, tras 1820, Buenos Aires creyó poder dar la espalda a los otros estados-provinciales emergentes35, rápidamente se dio cuenta de que la exportación de sus producciones era interdependiente de la comercializa-

Antiguo Régimen. Sólo en 1812, los liberales españoles y seguramente en un intento por afianzar su bastión rioplatense, les concedieron el consulado, como antes ya habían transformado Montevideo en capital interina del Virreinato del Río de la Plata, pero ya era tarde. Javier Kraselsky, 2008.

32 Gabriel A. Puentes, 1966; Ana Frega, 2007; Arturo Bentancur, 2004.33 Tal vez no sea ocioso recordar que la mayor parte de la campaña oriental estaba bajo la jurisdicción del cabildo de Buenos

Aires. La jurisdicción de la Gobernación de Montevideo (1751, dependiente de la de Buenos Aires) se extendía en un arco en derredor de la ciudad de aproximadamente 100 kilómetros (ver Mapa 1, al final del texto). En 1810 estaban dentro de la jurisdicción de Montevideo las villas de San Juan Bautista (Santa Lucía), Guadalupe (Canelones), San José, las tres con cabildos, y los partidos judiciales de Pando, Las Piedras y Porongos (Trinidad). Un ejemplo entre otros: en el acuerdo del 7 de agosto de 1810, se recibe oficio del Alcalde de la Hermandad del partido de El Colla en el que anuncia que fue obligado a reconocer como autoridad al Cabildo de Montevideo. Pero es más significativo aún que por primera vez desde el primer cuarto del siglo XVIII, no se eligen en enero de 1811 Alcaldes de la Hermandad para los partidos de la Banda Oriental. AGN, Acuerdos del 8extinguido Cabildo de Buenos Aires. Serie IV, Tomo IV, 1810-1811. Buenos Aires: Kraft Ltda., 1927. Acuerdo del 7 de agosto de 1810, p. 220 y Acuerdo del 1º de enero de 1811, pp. 333-336.

34 Debo reconocer que el modo en que entiendo las derivaciones de esta asociación son en gran parte tributarias del imperia-lism of free-trade propuesto hace mucho tiempo por John Gallagher y Ronald Robinson, 1982[1953].

35 Samuel Amaral, 1993.

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ción de los bienes que traían en sus bodegas los navíos que podían llevar sus derivados bovinos allende el mar. Hasta el momento no he encontrado datos de navíos que hayan llegado en lastre al Río de la Plata y atraídos por la posibilidad de exportar esos bienes. Al igual que antes de la revolución, la rentabilidad de una expedición mercantil deriva de la comercialización de bienes importados en los mercados americanos. La composición de la carga de retorno con derivados bovinos, aunque nada despreciable, es un complemento desde el punto de vista de los operado-res ultramarinos. En cambio lo era todo para la oligarquía porteña que en plena década revolu-cionaria se lanza con fuerza a la producción de carne salada.

Ello explica, en mi opinión, el poco esfuerzo que la dirección revolucionaria hizo por pro-teger los intereses del sector tradicional de los comerciantes ultramarinos, abriendo desde 1812 el mercado local y los interiores a la acción directa de comerciantes extra-americanos desvin-culados del circuito tradicional de comercio y poniendo trabas –explicables por la situación de guerra- al comercio con España36. En la lógica de la argumentación general de este texto, es po-sible ver intervenir allí los intereses de los empresarios ganaderos o proponer que al menos tales decisiones no las verían con desagrado. La posible derivación concreta para sus intereses era la activación del puerto y la disposición de compradores y bodegas para sus productos. El conjun-to de la población sólo podía apoyar la idea, ya que se traducía en los estímulos ya señalados.

De este modo, y por imperio de las necesidades de los empresarios ganaderos, fuertes frente a otros actores regionales desde antes de la revolución, tras el estallido de la región Río de la Plata en tanto que espacio económico homogéneo y del espacio económico rioplatense tejido a partir de los flujos del complejo portuario rioplatense, se configurará nuevo espacio homogéneo extendiéndose sobre la pampa y un espacio económico porteño que pudiera reunir en torno al puerto de Buenos Aires los flujos de las regiones que, a través de la diplomacia y la violencia, los intereses porteños –en función de sus nuevas interdependencias con sus nuevos interlocuto-res externos- pudieron mantener bajo su control.

Dicho de otro modo, los objetivos económicos de los ahora sí, tras la Revolución, estan-cieros pampeanos y el modo en que lograron alcanzarlos mediante su asociación con el capita-lismo en expansión sobre la base de la aceptación de la división internacional del trabajo que les fue propuesta, podrían seguir estando figurando entre las principales variables a tener en cuenta en la búsqueda de explicaciones a la formación del mercado interno que acompañó la de la República Argentina.

36 En el número 24 de la Gazeta (18 de septiembre de 1812) se publican dos decretos de densas consecuencias para los comerciantes vinculados al sistema tradicional de comercio. Ambos tienen fecha 11 de septiembre. El primero establece que los navíos mercantes españoles y sus cargas serán tratados como extranjeros para todo fin fiscal. El segundo, elimina las restricciones que el Consulado había logrado negociar en 1809, en relación a la apertura del tráfico con las naciones extranjeras plasmada en el acta firmada por Cisneros el 6 de noviembre, y que lograba conservar el control de los mercados local e interiores para los comerciantes “nacionales”. Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Ayres, 24, 18/09/1812, pp. 96-97. Ya en tiempos de la Asamblea del año XIII, el 3 de marzo se decide volver a las limitaciones de 1809 para los comerciantes extranjeros (que aún quiere decir no-español, peninsular o americano), pero el 15 de diciembre del mismo año se restablece el decreto del Primer Triunvirato al respecto, argumentándose que en la práctica no había sido posible evitar la penetración de los extranjeros en el mercado una vez abierto debido a la actuación de los locales en tanto que presta-nombres.

29

5. Gráfico y mapaGráfico 1

Fuente: Fernando Jumar, 2000[2002]; Osvaldo Pérez, 1996.

Mapa 1

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53

4Familias de pulperos. Comercio minorista, patrimonio y familia

en Buenos Aires (ciudad y campaña) entre 1830 y 1870. Propuesta de investigación y avances parciales.

Benjamín M. Rodríguez UNMdP 1

rodriguez_benja@hotmail.com

“Y caíamos al cantón con los fletes aplastaos,

pero a veces medio aviaos con plumas y algunos cueros,

que áhi no más con el pulpero los teníamos negociaos. (…)

Sólo tenía cuatro frascos y unas barricas vacías,

y a la gente le vendía todo cuanto precisaba:

algunos creían que estaba allí la proveeduría”.

José Hernández, Martín Fierro

La literatura se ha encargado de pintarnos a los pulperos como ávidos de lucro, ventajeros, há-biles comerciantes que “estafaban” a sus clientes y a la pulpería como un rancho poco surtido puesto que los intereses principales del pulpero tenían que ver con la venta y acopio de cueros. La imagen de Hernández, en consonancia con la visión sarmientina de un desierto donde los gauchos son quienes por conocimiento del terreno mejor se desenvuelven, nos trasluce una sociedad arcaica, dicotómica, y poco compleja. La historiografía por su parte también ha acom-pañado, en algunos casos, esta visión de una sociedad de corte tradicional. Los trabajos clásicos de Richard Slatta y Ricardo Rodríguez Molas dan cuenta de ello:

“En esos años y con más frecuencia en los siguientes, al multiplicarse los fortines y desta-camentos, los pulperos hicieron mucho dinero y algunos instalaron estancias. Por lo general, los aprovechados comerciantes, origen de familias tradicionales, son parientes de las autori-dades de los pueblos y fortines de la frontera. (…) El surtido del comercio –peyorativamente denominado boliche – lo componían algunos frascos de bebidas alcohólicas de mala calidad y pocas mercaderías; pero a pesar de la pobreza, ‘tenía apuntados a todos con más cuentas que un rosario’. Y entonces el gaucho al llegar al fortín recibe una ínfima parte del dinero de la paga, luego de varios meses de paciente espera; gráficamente apunta Hernández en su poema que el ‘pulpero se quedó con la mascada’. Y el gaucho nuevamente debe esperar.”2

La extensión de la cita de Ricardo Rodríguez Molas se justifica porque evidencia como la historiografía de los tempranos ochenta trasladaba la imagen literaria de Hernández, a la que hacíamos referencia párrafos arriba, mostrándonos una pulpería poco abastecida, si bien mati-zada por el autor de Martín Fierro, y unos aprovechados comerciantes que sacan rédito de la situación social de la frontera bonaerense.

1 Becario Estudiante Avanzado – UNMdP. Grupo de investigación “Sociedad y Estado. Prof. Ángela Fernández” – CeHis – Departamento de Historia – Facultad de Humanidades – UNMdP.

2 Rodríguez Molas, Ricardo, Historia social del gaucho, CEAL, Buenos Aires, 1982, Pp. 169-170. El subrayado es nuestro.

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La renovación historiográfica suscitada desde los últimos veinticinco años, ha ayudado a modificar esa concepción de una sociedad dividida entre estancieros y gauchos, y conllevó en paralelo modificaciones sobre las visiones del comercio rural y sus agentes. Así como se discu-tía el carácter de la mano de obra rural decimonónica y la “existencia” del gaucho, las imágenes sobre las pulperías siguieron el camino que se había abierto y con el tiempo comenzaron a complejizarse. Los gauchos constituían una minoría puesto que la mayoría de la población se encontraba arraigada a un pago3. De igual manera, las pulperías eran establecimientos mucho más complejos, ampliamente surtidos, y geográficamente bien diseminados. Para 1854, sos-tiene Virgili, que de 924 almacenes y pulperías de la campaña un cuarto (214) estaba ubicado en partidos de frontera4. Julián Carrera sostiene para fines del período colonial un promedio de 107,7 habitantes por pulpería en el ámbito rural y 86 habitantes por pulpería en el ámbito de la capital virreinal5. Salta a la vista la abundancia de estos establecimientos en ámbitos urbanos y rurales lo que nos lleva a preguntarnos sobre el basamento de estos negocios. Carlos Mayo y su grupo han indagado sobre estos aspectos profundizando la visión que teníamos hasta entonces:

“Las prácticas mercantiles de nuestros pulperos no eran meramente un torpe y elemental repertorio de pillerías; el suyo era también un arte de comerciar, un poco rústico pero arte al fin, con mucho de intuición, bastante de creatividad y una variedad de estrategias y recursos más rica y sofisticada de lo que se creía. Para empezar, llevaba un registro de sus cuentas. El hecho de que éstas fueran desaliñadas y parecieran confusas no significa que cumplieran mal su papel, en todo caso el autor de esas rayas y anotaciones parecía entenderlas admirablemente bien. Formó sociedades comerciales con otros pares y, cuando uno lee esos sencillos contratos redactados entre ellos para darles forma, no deja de sorprender el crudo sentido común y clara racionalidad que los recorren”6.

Ahora bien, poco se ha dicho, sobre los involucrados “más allá del mostrador”. Llegado este punto nuestra propuesta de investigación intentará dar cuenta de las vinculaciones existen-tes entre familia y comercio minorista durante el período 1830-1870. El período elegido se debe a considerar el lapso de esos 40 años como de una “relativa” estabilidad en lo político como en lo económico y social, principalmente por la finalización del ciclo de la revolución y la guerra de independencia7, y los conflictos con Brasil y la Banda Oriental, permitiendo una mayor pre-visibilidad al funcionamiento de la economía rioplatense a pesar de la sucesión de diversos en-frentamientos en el orden interno, ubicados bajo el mote de las guerras civiles argentinas8, y las posteriores guerras y conflictos ocasionados por el proceso de consolidación estatal9. Asimismo

3 Míguez, Eduardo, Historia económica de la Argentina. De la conquista a la crisis de 1930, Sudamericana, Buenos Aires, 2008, Pág. 104.

4 Virgili, Daniel, “Las esquinas de la pampa. Pulperos y pulperías en la frontera bonaerense (1788-1865), en: Mayo, C. (ed.), Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela.( 1770-1870), Biblos, Buenos Aires, 2000, Pág. 107.

5 Carrera, Julián, “Pulperías rurales bonaerenses a fines del siglo XVIII. Número, distribución y tipos”, en: Mayo, C. (ed.), Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela.( 1770-1870), Biblos, Buenos Aires, 2000, Pág. 91.

6 Mayo, Carlos (director), Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830), Biblos, Buenos Aires, 2000, pág. 907 Halperin Donghi, T., Revolución y guerra. La formación de una elite dirigente de la Argentina criolla, Siglo XXI Editores,

Buenos Aires, 1972.8 Álvarez, J., Las guerras civiles argentinas y el problema de Buenos Aires en la República, Ed. Taurus, Buenos

Aires, 2001. 9 Míguez, E., “Guerra y orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810-1880”, en: Anuario IEHS, Nº18,

UNCPBA, Tandil, 2003. Allí el autor nos señala que: “Así como mayo de 1810 abre un período en que la militari-zación contribuye a resquebrajar el orden social- y la falta de un orden político estable impulsa a la militarización-, la retirada de Urquiza en los campos de Pavón inicia un proceso que cerrará, 18 años más tarde, la larga etapa de crisis del orden social. Y con una de esas típicas paradojas que acompañaron el proceso de consolidación del Estado Nacional, la principal víctima de ese nuevo orden será precisamente el general vencedor de Pavón”, pág. 33.

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el comienzo de la década de 1870 representa para nosotros la antesala de la conformación del mercado nacional, en parte consecuencia de la crisis económica internacional. El espacio, por su parte, consiste en la provincia de Buenos Aires y la ciudad homónima, puesto que nos interesa dar cuenta de las diversas situaciones que se sucedieron en estas zonas10. Algunas de las pautas generales del período son determinantes para lo que nos preocupa como: la desarticulación de la economía colonial durante el período revolucionario, la fiebre del lanar11 y la instalación de colonias de inmigrantes entre 1850 y 188012. El cierre de las fronteras internas (con la solución del problema indígena), la llegada masiva de inmigrantes y la afluencia de capitales extranjeros a partir de 1880 nos remiten a la integración plena del país como productor y exportador de materias primas13.

Nuestro trabajo se asienta tanto en las investigaciones sobre la economía rioplatense de los últimos años de dominio colonial y principios del siglo XIX como en aquellas que refieren a la evolución de la población y las familias en estos ámbitos. Es un cuadro historiográfico comple-jo que referiremos brevemente. Como decíamos, la desagregación de nuestro tema nos obliga a partir desde aquellos trabajos más generales que refieren a los mercados, a los flujos mercantiles y a los actores principales de la actividad mercantil, los grandes comerciantes de Buenos Aires. Debemos comenzar entonces desde los trabajos pioneros de C. S. Assadourian quien postuló un mercado interno colonial para los siglos XVI y XVII, fruto de la articulación de flujos mercan-tiles dentro de un espacio colonial cuyo eje era la ciudad minera de Potosí14. Posteriormente, otros investigadores han sostenido que esos flujos y circuitos todavía están presentes para fines del siglo XVIII pese a la creación del Virreinato y los cambios económicos suscitados por esa nueva ordenación económica15. La ciudad de Buenos Aires, si bien había tenido un peso con-siderable como salida de mercancías por contrabando, ve mejorada su posición con la nueva orientación que la obligaba a ser puerto de desemboque y entrada de las mercancías de la re-gión así como del metálico potosino16. Estas investigaciones sobre los mercados tienen como correlato ineludible las investigaciones sobre los actores de ese proceso: los comerciantes. En un primer momento, el trabajo señero de Socolow marcó las pautas sobre el análisis de las ac-tividades y prácticas de los grandes comerciantes de la ciudad de Buenos Aires17. Su visión ha sido matizada por diversos trabajos posteriores entre los que se cuentan los de Gelman, Mille-tich y López de Albornoz, entre otros18. Los estudios tomaron como base no sólo un análisis del

10 Tomamos la zonificación elaborada por Gelman y Santilli. Los autores distinguen 6 zonas de caracterización económica para toda la provincia (Norte, Oeste, Cercanías, Sur I, Sur II y Factorías). Gelman, J. y Santilli, D., Historia del Capitalismo Agrario. De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico, Siglo XXI Edi-tores, Buenos Aires, 2006.

11 Sábato, H., Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar 1850-1890, Editorial Sudamericana, Buenos Ai-res, Buenos Aires, 1989.

12 Gallo, E., La pampa gringa, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1984.13 Cortés Conde, R., El progreso argentino, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1979. Cortés Conde, R., La economía

argentina en el largo plazo (siglo XIX y XX), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994.14 Assadourian, C. S., El sistema de la economía colonial. Mercado interior, regiones y espacio económico, Ed. Nueva Ima-

gen, México, 1983. 15 Tandeter, E., Milletich V., y R. Schmit, “Flujos mercantiles del Potosí colonial tardío”, en: Silva, J., Grosso, J. C. y C. Yuste

(Comps.), Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica, siglos XVIII y XIX, Instituto Mora y UNAM, México, 1994. 16 Moutokias, Z., Contrabando y control colonial en el siglo XVII. Buenos Aires, el Atlántico y el espacio peruano, CEAL,

Buenos Aires, 1998. 17 Socolow, S., Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1991. [1ª

edición en inglés en 1978] 18 Gelman, J., De mercachifle a gran comerciante. Los caminos del ascenso en el Río de la Plata colonial, Universidad Inter-

nacional de Andalucía, Huelva, 1996.; Milletich, V., “La formación del capital de un comerciante porteño: Juan Esteban de Anchorena, 1750 – 1775”, Anuario IEHS, Nº21, UNCPBA, Tandil, 2006.; López de Albornoz, C., “Negocios familiares: redes mercantiles y redes de parentesco en el Tucumán colonial”, Revista del Departamento de Historia, Nº 7, Tucumán, 1999.

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patrimonio material, sino también de las redes de relaciones en las que ellos estaban inmersos, lo que demostraba en definitiva, que para el análisis de los grandes comerciantes era necesario insertarlos en la red de tráfico, comercio y crédito de la que dependían y de la que eran tan sólo un engranaje más. Paralelamente, nos es inevitable detenernos en el mundo rural ya que la ac-tividad agrícola ganadera determina en cierta medida las otras actividades económicas. En un primer momento, los trabajos sobre la campaña bonaerense tuvieron a la estancia como unidad de producción y sujeto privilegiado de las observaciones aunque estudios posteriores matizaron su posición como centro de la vida económica y mostraron una multitud de situaciones de pe-queña y mediana producción que evidenciaban un cuadro mucho más complejo que el que los estudios anteriores brindaban19. Estas líneas breves de evolución económica permiten integrar la actividad del comercio minorista tanto respecto a su relación con los mercados, los flujos y el giro comercial, su influencia como actividad económica subsidiaria y dependiente de la pro-ducción agropecuaria, y su comparación con la elite económica de fines del período colonial, los grandes comerciantes porteños.

Con respecto a la familia se hace necesario previamente el conocimiento de las característi-cas socio-demográficas de la región de manera de tener presentes aquellas estructuras que ope-raban para el sustento de las familias20. En vinculación con la práctica del comercio minorista, el análisis de la familia debe tener como base la existencia de recursos para su continuidad que intentan ser preservados y transmitidos a las siguientes generaciones21. En particular el trabajo de Alida C. Metcalf define a la familia como “una asociación de individuos ligados general-mente (pero no siempre) por lazos de parentesco, que viven juntos y poseen recursos comunes para la sobrevivencia de todos ellos”22. Lo que nos interesa de la definición de Metcalf es más la cuestión de los recursos comunes para la supervivencia que la co- residencia puesto que como ha señalado Giovanni Levi: “se hablará de familias en el sentido de grupos no co-residentes sino unidos por vínculos de parentesco consanguíneo o por alianzas o relaciones de parentesco ficticio, que aparecen, en la nebulosa institucional del Antiguo Régimen, como cuñas estructu-radas para afirmarse frente a la incertidumbre del mundo social, incluso tratándose de un peque-ño pueblo”23. Al respecto resulta interesante la propuesta de Santilli para la región bonaerense al analizar la familia como una entidad socioeconómica regulada por condicionantes sociales y económicos que permitían o no la fundación de un nuevo “hogar”. Entre esos condicionantes, para Santilli, la posesión de la tierra es determinante para el sustento familiar24.

19 Sobre el papel ocupado por las estancias existe una abundante literatura. Un buen estado de la cuestión que abarca los prin-cipales tópicos y debates pero para Nueva España es el de Langue, F., “La historiografía mexicanista y la hacienda colonial. Balances y reconsideraciones”, en: Secuencia. Nueva Época, Nº42, Sep. – Dic. 1998, pp. 65-116. Para el área pampeana, véase: Mayo, Carlos, Estancia y sociedad en la Pampa (1740-1820), Ed. Biblos, Buenos Aires, 2004. Los trabajos más interesantes son los que discuten su rol como centro de la vida económica de la sociedad y dotan de importancia a pequeñas y medianas explotaciones dedicadas principalmente a la producción agrícola sustentadas en el trabajo familiar. Entre ellos, Garavaglia, Juan Carlos, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense. 1700-1830, Ed. De la Flor, Argentina, 1999; Gelman, Jorge, Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata a fines de la Época colonial, Ed. Libros del Riel, Buenos Aires, 1998.

20 Moreno, J. L y J. Mateo, “El redescubrimiento de la demografía histórica en la historia económica y social”, Anuario IEHS, Nº 12, UNCPBA, Tandil, 1997.

21 Existen innumerables estudios sobre familia, destacamos especialmente la compilación de Gonzalbo Aizpuru, P. y C. Ra-bell (Comps.), La familia en el mundo iberoamericano, Instituto de Investigaciones sociales, UNAM, México D. F., 1994.

22 Metcalf, A. , “La familia y la sociedad rural en Sao Paulo: Santana de Parnaíba, 1750:1850”, en: Gonzalbo Aizpuru, P. y C. Rabell (Comps.), La familia en el mundo iberoamericano, Instituto de Investigaciones sociales, UNAM, México D. F., 1994, Pág. 442.

23 Levi, Giovanni, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Nerea, Madrid, 1990, Pág. 56.

24 Santilli, Daniel “La familia y la economía de la campaña de Buenos Aires: c. 1770/ c.1840”, Boletín de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, N° 23, Tercera Serie, Buenos Aires, UBA, pp. 7-38

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Una vez aclarado este panorama historiográfico se torna necesario responder a las líneas de investigación propuestas por Carlos Mayo: “¿Cómo era la familia del pulpero, con quién se casaba, cuantos hijos tenía, qué carrera elegía para sus hijos? El tema de la movilidad social, que aquí sólo rozamos, requiere ser profundizado”25. A la vista de esto, nos proponemos indagar sobre las “familias de pulperos” de manera de evaluar a través de las estrategias de reproduc-ción familiar el mantenimiento del patrimonio, la relación entre vínculos familiares y comercio minorista, la evolución del negocio una vez fallecido uno de los propietarios (puesto que en una gran cantidad de casos se fundaba una sociedad entre varios miembros que administraban el ne-gocio, sin tener necesariamente vínculos de sangre), entre otras cuestiones que se desprenden.

En un proyecto anterior, (La familia y la práctica del comercio minorista en Buenos Aires entre 1830 y 1870) nos proponíamos indagar directamente la influencia de los vínculos familiares en el comercio minorista. Es decir, ver si la importancia de sostener negocios minoristas a través de la familia era o no determinante, o en qué medida ésta era norma o excepción en el entramado de los establecimientos que nos interesan. El problema radica en que difícilmente las fuentes den cuenta de esta información de manera frontal, puesto que no nos muestran el día a día detrás del mostrador, sino que, o contamos con una “fotografía” de los productos contenidos en la pulpería y los clientes deudores (inventarios post mortem presentes en las sucesiones) o en algunos, y contados, casos con libros de ventas llevados por el pulpero que permiten ver la cotidianeidad del comercio pero siempre del mostrador para adelante. Sí encontramos mención a los “habilitados”, encargados de “confianza” del pulpero para administrar su negocio, que los juicios muestran en muchos casos cuando esa confianza se había quebrantado. Los pleitos del tribunal comercial son sumamente interesantes puesto que nos sumergen en la cotidianeidad de las prácticas, pero como siempre sabemos se encuentran sujetos a los mismos problemas que cualquier fuente de este or-den; la importancia que cobran los abogados, escribanos y jueces en el escrito, en el manejo de los tiempos del proceso, y en la finalización del mismo.

Con este aprendizaje realizado, nos proponemos en este proyecto enfocar el problema desde otro ángulo, hacer un esfuerzo por intentar reconstituir las familias de los pulperos y de esta ma-nera poder acercarnos a su influencia para el ejercicio del comercio. Es así que nos planteamos analizar las familias de los comerciantes minoristas en función de sus estrategias de reproducción social y económica en relación a la práctica del comercio al por menor en los ámbitos rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires a mediados del siglo XIX (1830-1870). En paralelo, ob-servaremos a la/s familia/s como agentes económicos, prestando atención en su organización in-terna, sus lógicas de reproducción social y evolución del patrimonio, particularmente de aquellos que ejercían el comercio minorista. Finalmente, pero no por ello menos importante, buscaremos reconstruir las familias de los pulperos en función de sus parámetros demográficos (nupcialidad, cantidad de hijos, viudez, etc.), estilo de vida y movilidad social. Sostenemos que en contextos de alta mercantilización de la sociedad bonaerense las familias de pulperos llevan a cabo distin-tas acciones destinadas a preservar su patrimonio y en algunos casos incrementarlo. Asimismo, la organización societaria del comercio donde se insertaban la o las familias podía perdurar o desmembrarse ante el deceso de alguno de sus socios pero constituía el sustento para la familia del socio difunto. Por último, creemos que las familias utilizaban determinadas estrategias que se orientan por distintos fines, muchas veces por la maximización de costos y minimización de riesgos, pero también lo hacían por otros, como la transmisión de las propiedades, las diversas solidaridades y relaciones sociales26.

25 Mayo, C., Pulperos y pulperías…, Op. Cit., Pág. 9626 Es de gran utilidad el trabajo compilado por Stuart Wolf. Allí el autor en la introducción señala: “We proponed micro –stud-

ies, moving outwards from the family and group, in order to detect what could only be identified at that scale: the changing relations between familias and resources, wheter economic or institucional. The family was to be studied in its cycle in or-

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El presente plan de investigación se vincula temática y cronológicamente con los proyectos en curso desarrollados en el Grupo de Investigación: “Sociedad y Estado. Prof. Ángela Fernán-dez”, (G. Sociedad y Estado), radicado en el Centro de Estudios Históricos (CEHis) de la Facul-tad de Humanidades (Universidad Nacional de Mar del Plata). OCA. Nº 423/92. Nos referimos al proyecto: “Bienes, vivencias y prácticas en la modernidad pampeana. De la Revolución de Mayo al Centenario” (HUM 286/10 – 15/F 345) bajo la dirección de la Lic. Diana Duart. Se pretende dar cuenta en el proyecto del consumo y circulación de bienes materiales y simbólicos, las prácticas de sociabilidad, la movilidad social, la organización de la estructura mercantil, las es-trategias y prácticas de la actividad comercial. Nuestro aporte intentará incorporar la dimensión familiar en función del ejercicio del comercio minorista.

Como decíamos, utilizaremos un amplio corpus documental tanto del Archivo General de la Nación como del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires que incluye Registros de patentes y almanaques comerciales (pulperías urbanas), censos (perfil sociodemográfico), protocolos notariales (testamentos), sucesiones, inventarios y tasaciones, pleitos judiciales (tri-bunal comercial), prensa de época, relatos de viajeros, entre otras. El trabajo propuesto consiste en lograr un entrecruzamiento de la información que aportan las distintas fuentes analizadas, para ello se realizarán base de datos y tablas que permitan volcar los datos pertinentes para su posterior comparación. Será parte importante del trabajo la utilización de técnicas o metodolo-gías de reconstitución genealógica. Junto a esta información de carácter cuantitativo, también se podrán extraer de las mismas fuentes otros datos de tipo cualitativo. Las sucesiones nos muestran el negocio al fallecimiento del dueño, presentándonos su situación familiar (nombres de padres, mujer e hijos, en algunos casos precisando las edades) y qué sucede con el patrimo-nio de la persona, cómo se trasmite, quiénes intervienen como albaceas del testamento o tutores de los menores; esto último evidencia las diversas solidaridades y relaciones de paisanaje que se establecen. Los pleitos nos sumergen en la dinámica de los conflictos y esto es al mismo tiempo su principal problema porque no podemos medir con esta fuente sola las situaciones de normalidad, sino que nos brindan los casos que llegan a la justicia. Desconoceríamos entonces aquellos conflictos que se resuelven al interior de las familias sin mediar proceso judicial y también aquellos casos de negocios que no sufriesen conflictos de este tipo. Los censos son de utilidad porque en general no son fragmentarios, nos brindarían así una imagen de las familias de pulperos en su totalidad. Disponemos del censo de 1815, que nos queda por fuera del período estudiado, pero que podríamos traspolar como una información comparativa. Allí tenemos rele-vadas las unidades censales de los partidos de la campaña, pero no contamos con la información para la ciudad de Buenos Aires. El censo de 1815 nos brinda una información sistematizada de un total de población con los detalles de ocupación que es útil a pesar de encontrarse desfasado temporalmente (de igual manera está sujeto a los problemas generales de cualquier fuente en cuanto a quién la realiza). Para el resto del período no contamos con información censal com-pleta.

Posemos la vista en algunos ejemplos de las conexiones entre comercio y familia. Una de las formas en que se sostiene esta relación es el compadrazgo. En el pueblo del Salto, Juan Bau-tista Achiari declara en su testamento dos días antes de morir en enero de 1868 tener un negocio de tienda y almacén en sociedad con Ciriaco Cadelago, en un 30 % de las utilidades, y Don Juan Casabal, en un 20 % de las mismas. Al revisar las partidas de nacimiento de los hijos vemos que Ciriaco y Agustina Cadelago, naturales del país, son padrinos de la única hija de Achiari,

der to understand its ‘strategies’ or, as Bourdieu puts it, its habitus, ‘a system of schemes structuring every decisión without ever becoming completely and systematically explicit”. Wolf, S., Domestic Strategies: Work and family in France and Italy 1600-1800, Cambridge University Press, New York, 1991, Pág. 9.

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María Ceferina, y Agustina Cadelago, mujer o hermana del socio, también lo es del mayor, José Eulogio27. En ambas partidas el cura vicario les recuerda el parentesco espiritual que desde el momento del sacramento lo une con el ahijado y con sus padres. Parentesco espiritual que no-sotros trasladamos a asegurarles un bienestar económico a futuro reforzando la relación comer-cial base del negocio. Así concordamos con José Luis Moreno quien sostiene que “la relación familiar se define por los vínculos, pero también por las alianzas, la amistad, los afectos. (…) Las comadres –tan importantes en el círculo de su madre- y los compadres definen relaciones íntimas, de confianza, de lealtad, de afinidad y de mutuo afecto”28. Relaciones íntimas que se introducen a los negocios o viceversa, de conocerse a través de distintas redes ocasionando en el futuro el establecimiento de una sociedad comercial.

Al fallecer Juan Bautista Achiari, es su esposa, María Harichabalet quien clasifica los deu-dores del negocio según estos sean buenos, dudosos o malos. Como nos menciona el encabeza-do de una de las partes del expediente:

“Clasificación de los créditos activos pertenecientes a la casa de negocio existente en el Pueblo de Salto: clasificados por la Señora viuda que está bien impuesta del negocio, asociada a Don José Sanz”29.

Evidentemente, su mujer conocía bien el funcionamiento del negocio como para establecer qué clientes eran buenos, dudosos o malos. Es cierto que es tanto probable que este conocimien-to se derive de conocer a la gente del lugar o por estar enterada de las costumbres de pago de los clientes del negocio. Su aparición en este extracto, y no la de alguno de los socios, es llamativa y nos invita a preguntarnos en qué medida María Harichabalet estaba involucrada en el día a día del negocio o si simplemente conocía la dinámica del pueblo y sus habitantes, por tanto, en fun-ción de su grado de conocimiento de las personas clasificaría en buenos, dudosos o malos, sien-do los malos aquellos clientes “de paso” y no afincados en un lugar. De hecho desconocemos si la viuda consultó con alguno de ambos socios el estado de las deudas puesto que la fuente nos proporciona la información plasmada en el escrito pero no el accionar de los actores detrás del trámite. Don José Sanz colabora con la viuda como apoderado, siendo también padrino de otro de los hijos, Juan Bautista, quien lleva el mismo nombre que su padre.

Asimismo, nos proponemos indagar porqué un pulpero próspero como Pedro Martín Cas-tells funda una sociedad con su yerno José Casagemas hacia 1833 en Chascomús y qué ventajas le implicaba tener a alguien de tal confianza a su lado30. Nos resta indagar acerca del ingreso de Casagemas al negocio y a la familia puesto que las fuentes no nos dan cuenta de si su matrimo-nio con la hija mayor del pulpero, María Ana, es anterior o posterior a su ingreso al negocio. Dicho de otro modo, si antes de ser yerno de Castells fue primero su socio y a partir de esa “fa-miliaridad” del negocio se insertó luego en el entramado familiar, incluso dentro de una estrate-gia de consolidación del patrimonio. De igual manera, cualquiera de ambas trayectorias (socio a yerno; yerno a socio) dan cuentas claras de la centralidad de la relación familiar para la práctica comercial del pulpero. Castells es oriundo de la villa de Igualada, en Cataluña, y sabemos por los libros de bautismos de los hijos de Casagemas que también proviene de aquella región. Su-ponemos que este origen común es fundamental para la historia posterior de las relaciones entre ambos individuos. El paisanaje sería entonces la base del vínculo que se solidificaría luego en la relación familiar. La confianza de Castells con su yerno se hace mucho más fuerte, en fun-ción de la gran cantidad de negocios que manejan juntos (una tienda y almacén, una pulpería,

27 AGN, Suc. 3563, Testamentaria de Juan Bautista Achiari, Año 1868, F. 14 – 16.28 Moreno, José Luis, Historia de la familia en el Río de la Plata, Ed. Sudamericana, Pág. 16029 AGN, Suc. 3563, Testamentaria de Juan Bautista Achiari, Año 1868, F. 86.30 AGN, Suc. 4864, Testamentaria de Pedro Martín Castells, 1840.

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una panadería y atahona, un matadero, entre las principales). Esa trascendencia llega a su punto máximo cuando Casagemas es nombrado junto a la viuda de Castells como albaceas y cura-dores o tutores de los hijos menores en el testamento suscripto por el fallecido. Pero, siempre figura primero el yerno y luego Dorotea Casas, la viuda; en un orden que demuestra la responsa-bilidad tanto del bienestar del negocio como del entorno familiar. Aclarando que una mujer no podía aparecer sola como albaceas o curadora de los menores y debía estar acompañada por un hombre (en algunos casos nombrado por la viuda). La elección de Castells no podía ser menos precisa. Su yerno puede velar por el bienestar de la familia y mucho más por la prosperidad de los amplios negocios que ellos mantienen.

Aspiramos a conformar un cuadro más o menos completo acerca de las familias de los pulperos respondiendo a un gran abanico de preguntas: ¿cómo eran? ¿Cuántos miembros te-nían? ¿A qué edad se casaban? ¿Qué rol tenían las mujeres dentro del negocio? ¿Quiénes eran los “habilitados”? ¿Qué tipo de vínculos sostenían los negocios? Éstas y otras que surjan de la investigación intentarán ser respondidas con este proyecto de investigación del que creemos podemos obtener respuestas valiosas.

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7El poder de los comandantes en las guardias y pueblos de frontera.

Chascomús, 1779-c.1815

Guillermo BanzatoInstituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales

Facultad de Humanidades y Ciencias de la EducaciónUniversidad Nacional de La Plata - CONICET

gbanzato@fahce.unlp.edu.ar

Este trabajo expone los primeros resultados del proyecto de investigación en CONICET “Cons-trucción y prácticas del poder local en la campaña bonaerense.1 Chascomús, de fuerte a ciudad, 1780-1880”. Nos interesa analizar el funcionamiento del poder civil y militar en la frontera des-de fines del siglo XVIII hasta 1880, específicamente en la localidad de Chascomús, en la cam-paña bonaerense, desde su fundación como fuerte en la línea de fronteras hasta su consolidación como importante centro poblacional. Nos preocupa dilucidar la manera en que estas autorida-des se insertaron en la sociedad de frontera como propietarios -o viceversa, las posibilidades que ofrecía un cargo civil o militar para acceder a la propiedad rural-; las redes sociales que se establecieron; las disputas entre civiles y militares por el control del espacio, de la población y por la primacía de su autoridad en la resolución de conflictos. En este trabajo nos concentramos en el papel desempeñado por las autoridades militares mientras Chascomús fue asiento de las tropas que defendían la frontera, incluyendo también el contrapunto entre los intereses loca-les y regionales cuando aún el Estado no había logrado el “monopolio de la violencia física y simbólica”(Bourdieu, 1997:47-51).

En esta primera etapa nos basamos en los estudios sobre propiedad de la tierra y demográ-ficos realizados para nuestra tesis doctoral en los que utilizamos padrones, protocolos de escri-banos, expedientes de solicitudes de tierras, mensuras y diccionarios biográficos. Esas fuentes nos posibilitaron armar una base de datos en la que establecimos las primeras relaciones de parentesco y propiedad de la tierra. A este primer corpus vamos a sumar ahora los expedientes depositados en Cuerpo 13 del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que son de variada índole, disputas sobre tierras, quejas de los pobladores ante la actuación de comandan-tes, alcaldes y jueces de paz, intervenciones de estas autoridades locales en el esclarecimiento de delitos como el robo de cuero y ganado, las diferencias entre los propietarios ante la nece-sidad de recoger el ganado después de las sequías y también en conflictos civiles, incluida su propia familia. Esta información, relacionada con el conjunto anterior nos permitirá analizar las formas de ejercer el poder, los alcances de la intervención de los notables, sus vinculaciones locales y regionales. Sin dudas, cuando sumemos la documentación de Comandancia de Fronte-ras podremos llenar ciertos vacíos de información, tal como la foja de servicios de los militares, entre otros.

En una primera, y seguramente incompleta, aproximación historiográfica sobre la figura de los comandantes de frontera, es obligado comenzar por los tradicionales trabajos que ex-pusieron la dinámica de la guerra en la expansión de la frontera bonaerense, describiendo su participación en las estrategias para la delimitación de la frontera y la construcción de fuertes como una táctica militar defensiva ante el mundo aborigen (Carbia, 1930; Vidal, 1937; Cabodi, 1952; Marfany, 1962). En los ‘90 Mayo y Latrubesse (1998) retomaron a estos personajes en su

1 Agradezco los comentarios y sugerencias bibliográficas de Fernanda Barcos.

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análisis de la frontera inspirados en la teoría turneriana, considerando que su accionar derivó en una experiencia política autoritaria que “remitía a un estado colonial prelockeano, burocrático y centralizado”, en contraposición con la frontera democrática norteamericana que había mostra-do Turner (1968). Recientemente, nuevas miradas en las que priman las relaciones interétnicas, ha partir de los conceptos de “resistencia y complementariedad” (Néspolo, 20042 y 2006) y de “articulación defensiva” (Alemano y Carlón, 2009; Alemano, 20113) han permitido, entre otros avances, enfocar con especial detalle la figura de los Sargentos Mayores de Milicias, Manuel Pinazo, Diego Trillo y Clemente López Osornio, estudiando su capacidad de reunir y movilizar gente para la defensa de la frontera, su habilidad para incrementar el patrimonio a la vez que ejercían el cargo y su inserción en la política regional.

Si bien los estudios mencionados en torno a los Sargentos Mayores son fundamentales en nuestra argumentación pues ofrecen términos comparativos en el mismo ámbito bonaerense, seguimos prefiriendo pensar que, aún en una frontera que puede conceptualizarse como de “contacto e interpenetración con el mundo aborigen” (Mayo, 2000:13), la guerra y la paz fueron predominantes, dado el “paralelismo casi necesario entre expansión ganadera, ocupación de mayores áreas territoriales por parte del blanco, la intensificación de la acción bélica del indio respondida por otra del gobierno encaminada, al menos desde mediados del siglo XVIII y hasta la década de 1870, sino a evitarla, al menos a paliar sus efectos” (Barba, 1997:7). En ese con-texto, este es el comienzo de un estudio en el largo plazo de las pervivencias y los cambios en la construcción de un poder local de sesgo autoritario apoyado en las relaciones interpersonales de los notables y los no tanto, pues “más allá de las transformaciones vividas por la sociedad rioplatense durante ese largo siglo, hay algunos ríos subterráneos que la recorren y parecen tener la piel muy dura” Garavaglia (2007:11).

La fundación de fuertes y fortines en la época de Vértiz (fines de la década de 1770) inte-graba un plan de ocupación militar y productiva de la frontera, en el cual alrededor del núcleo defensivo que configuraban las guardias se establecían pobladores con la misión de hacer pro-ducir la tierra en tiempos de paz y defender la región como milicianos cuando se rompían las relaciones con las tribus aborígenes.4 En cuanto a estos primeros ocupantes, ya hemos demos-trado que sólo un grupo reducido de militares se vio favorecido cuando muchos años después pudieron acceder, ellos o sus descendientes, a la propiedad legal de la tierra. A partir de la década de 1820 llegaron nuevas cohortes de propietarios a la zona, quienes compraron a los pobladores originarios. Al mismo tiempo, muchos pobladores se ubicaron en el territorio entre los ríos Salado y Samborombón en calidad de peones, agregados, meros ocupantes establecien-do diferentes grados de dependencia con los propietarios legales. El análisis de los padrones de 1815, 1836 y 1838 nos permitió constatar la presencia contundente de pequeños y medianos productores en la zona (Banzato, 2005). De manera tal que, aunque el acceso a la tierra con posibilidades de obtenerla en propiedad plena comenzó a cerrarse a mediados de la década de 1810, todavía hacia 1830 era factible encontrar una alta movilidad de los ocupantes sin títulos y el arribo constante de los mismos a las zonas de frontera.

A. Defensa y posesión de la tierra.Desde aquella muy sugestiva nota, en que Juan Carlos Garavaglia (1995) incitó a los investi-gadores a indagar en las relaciones entre las familias de los pagos de Buenos Aires, advirtiendo

2 Agradezco a la autora por la gentileza de hacerme llegar un texto de reducida circulación.3 Igualmente agradezco a la autora por facilitarme las primeras versiones de un texto de próxima aparición.4 Memoria del virrey Vértiz, 12 de marzo de 1784 (1880), en Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, v. 3, pp. 265-

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que esto “nos daría muchas sorpresas”, han sido numerosos los trabajos que nos permiten hoy conocer con mayores detalles la vida en la campaña, mencionaremos sin ánimo de exhaustivi-dad, desde el San Nicolás que estudió Canedo (2000), Cañada de la Cruz y Morón analizados por Birocco (2003, 2009), las tesis de Santilli sobre Quilmes (2008), de Lanteri sobre Azul (2009), de Barcos sobre Mercedes (2010), de Andreucci sobre Chivilcoy (2008) y el texto del mismo Garavaglia sobre Areco (2009). En este punto retomamos nuestro trabajo sobre Chasco-mús (Banzato, 2005), veamos entonces quiénes eran, qué cargo civil o militar llegaron a ocupar y qué suerte tuvieron en sus negocios rurales aquellos pobladores que ejercieron algún tipo de poder en el ámbito local de la frontera.

Pedro Nicolás Escribano, el primer comandante y fundador de la guardia de Chascomús, inició sus actividades ganaderas poblando una estancia de 20.250 hectáreas muy cerca del fuerte, para fines de siglo Escribano estaba retirado, falleciendo en 1799. Dejaba hijos muy pequeños,5 de modo que su establecimiento no prosperó luego de su muerte, pues su viuda ad-quirió las tierras en moderada composición con dinero que le adelantó un abastecedor de Bue-nos Aires, José Domínguez, para comprárselas ni bien salió el expediente aprobado, en 1809.6

Fermín Rodríguez, capitán de milicias en la primera década del siglo XIX y luego coman-dante del fuerte, también tomó tierras en las inmediaciones, al mismo tiempo que se fundaba la guardia; sus dominios abarcaban unas 14.800 hectáreas más otras 6.000 sobre el río Salado, que fueron solicitadas por sus descendientes y escrituradas en donación del Directorio en 1819. Pero tampoco ésta segunda generación se quedó con los campos de Chascomús, el hijo de Fermín, Miguel Rodríguez y el yerno, Liborio Rivero, vendieron la estancia sobre el Salado a Andrés Hidalgo en 1822 y la del Samborombón en 1825 a Leonardo Gándara.7

Juan Rodríguez, capitán del ejército, se retiró hasta la margen derecha del Salado, bastante lejos hacia el sudoeste de la zona que cubría el fuerte, fundando su estancia de 10.100 hectá-reas; también en este caso su viuda obtuvo una donación del Directorio, si bien en este caso la propiedad llegó intacta hasta mediados del siglo XIX, pues su yerno, Mariano de la Cruz Fer-nández, compró el campo a sus cuñados a principios de la década de 1820, sin embargo debió venderlo en 1848, quizás porque sufrió el embargo de su propiedad por su identificación con la causa unitaria y esto tal vez precipitó la venta, justamente a Prudencio Rosas, el hermano del gobernador.8

Manuel Fernández, quien comenzó como capitán del Regimiento de Blandengues, se gra-duó como teniente coronel y alcanzó el cargo de comandante de Chascomús, se estableció cerca del fuerte pero en la margen opuesta de la laguna de Chascomús; su estancia, poblada con ani-males que recibió por la dote de su esposa, alcanzaba las 8.400 hectáreas.9 Luego de la muerte del fundador de la familia, la viuda retuvo la posesión del predio, saneando los títulos mediante una donación del directorio y repartiendo entre sus hijos mayores la parte de la herencia paterna que les correspondía; más tarde le vendería la estancia a su hijo Juan Nepomuceno, quien la mantendría hasta su muerte en 1871.10

Obsérvese que en todos estos casos hemos insistido en las dimensiones de los predios y en la forma de obtención de los títulos para indicar que las propiedades de quienes tenían un

5 Su hijo Bernardino había nacido en 1790, destacado militar en los ejércitos de la independencia, fundador de Junín y luego militó en las filas unitarias apoyando a Lavalle.

6 AHPBA-EMG, 149-11971-1796.7 AHPBA-EMG, 152-12121-1819; Archivo General de la Nación, Protocolos, r. 1, 1822, f. 11v. y r. 6, 1825, f. 579.8 AHPBA-EMG, 147-11823-1819; AHG-DMCH, nº 203.9 AHPBA-EMG, 144-11642-1819.10 Una biografía de Juan Nepomuceno Fernández en Cutolo (1969: v. 3, p. 40). La venta en AHG-MA, l. 1, p. 91 y AGN-SU,

4847. La donación en AHPBA 3-1-2-59-1840.

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cargo en el ejército o la milicia sobrepasaban el promedio del partido para 1822 (6.900 has). Por otro lado se aprecia que la importancia de la actividad castrense garantizó el acceso a la propiedad territorial para estas familias de militares de alta graduación y no eran los únicos en la frontera, tal como se ha visto para el período anterior el caso de los Sargentos Mayores (Nés-polo, 2004; Alemano y Carlón, 2009; Alemano, 2011); ya hemos demostrado que no todos sus subordinados tuvieron las mismas posibilidades (Banzato, 2005). En el caso de la fundación del fuerte de Chascomús, ellos serán las primeras autoridades del pago y los primeros propietarios, estableciendo luego, en la lenta conformación del poblado, diferentes vínculos con los nuevos pobladores, en este sentido, al menos al principio, el poder de los comandantes no estaría tan atado a la vecindad puesto que su autoridad precede a los vínculos que se irán conformando posteriormente.

B. Patrimonio, familia y poder en la frontera Si, “lo privado es un asunto público”, en el sentido que le da Bourdieu (1997:137) a la constitu-ción de la identidad familiar desde el Estado, en la larga transición de un Estado colonial a otro independiente, por lo menos allí donde las instituciones se hacen más débiles, en las fronteras, lo público podría ser, a su vez, un asunto privado. Y la cuestión sería ver cómo se ejerce el poder en los pueblos, sabiendo que no todas las familias logran que perdure su patrimonio y por lo tanto se disgrega su capacidad económica y, a veces, su poder, como así también hay que tener en cuenta los vaivenes de una situación política ciertamente inestable en el centro del poder que afectará, sin dudas, la posición de las familias locales respecto a esos cambios, como bien lo ha detallado Garavaglia (2009) para el caso de Areco, o, como se preguntaba Beatriz Bragoni (2004:162), “¿en qué medida las redes y la parentela sirvieron a la construcción de relaciones de poder?”.

En lo que hace a Chascomús, su fundador, el comandante Pedro Nicolás Escribano se había casado con Valeriana Rodríguez, por lo tanto era cuñado de sus colegas militares y vecinos pro-pietarios Fermín y Juan Rodríguez. A su vez, las familias Fernández y Rodríguez estaban empa-rentadas entre sí y con otras muy importantes en el contexto local: los Fernández eran parientes de una antigua familia de propietarios del pago de Magdalena, pues Manuel Fernández se había casado con Josefa Chávez, hija de Pedro Díez de Chávez; a su vez, su hijo Mariano se casó con Urbana Rodríguez, hija de Juan Rodríguez. Mientras que la hija de Fermín Rodríguez, Josefa, se casó con José Liborio Rivero, hijo de Antonio Rivero, el dueño de “Los Portugueses” -una de las propiedades más grandes del inmediato hinterland de Buenos Aires con una extensión de 45.890 hectáreas (Garavaglia, 1995:98-104). Otro de los hijos de Fermín, Martín Rodríguez, participó de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, fue un activo protago-nista de la Revolución de Mayo y luego intervino en la política y las guerras de independencia, hasta alcanzar el cargo de gobernador en 1820 (Cutolo, 1969).

En el caso de los militares-propietarios de Chascomús, se confirma -una vez más- que la extensión y cohesión de las grandes familias (locales), “unidas no sólo por la afinidad de los habitus sino también por la solidaridad de los intereses” (Bourdieu, 1997:135), no sería un atri-buto exclusivo de los “grandes”, sino que puede trasladarse a otros sectores del espacio social, como lo muestran los estudios sobre redes familiares (Garavaglia, 1999), y sobre la parentela entre los oficiales de milicias (Garavaglia, 2009:183-187) pero, de todos modos, evidentemente el ejercicio del cargo no garantizaba la perduración del patrimonio durante más de una genera-ción, salvo el caso de Juan Nepomuceno Fernández.11

11 En otras fronteras del Río de la Plata también pueden apreciarse el éxito de la combinación patrimonio-defensa en la per-duración de la familia Taboada, a partir de la instalación en Matará, sobre el río Salado del Norte, en la frontera este de

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Familias de militares-propietarios en Chascomús, siglos XVIII-XIX

C. El poder de los comandantes de frontera.C.1. El bien común y los bienes privados en la campaña.Llevar adelante una guardia de frontera, implicaba, entre otros muchos, ocuparse de asuntos logísticos fundamentales, como la provisión de alimentos. Según la costumbre y lo pautado por el virrey Vértiz, los comandantes de la frontera podían comprar reses a los hacendados a dos pesos cada una si estaban bajo rodeo, o a 12 reales si las arreaban sueltas por los campos. Claro que “entre la ley y la práctica”, podían producirse desaveniencias en una campaña de campos abiertos, pero de propietarios celosos de sus bienes. Así fue como el fundador de Chascomús, don Pedro Nicolás Escribano mandó a Jacinto Machado a traer unos novillos de la estancia que había sido de don Clemente López Osornio, pagó según lo indicado y emitió el correspondiente recibo. Sin embargo, la viuda de López Osornio y albacea de la sucesión, Doña Manuela Rubio y Díaz interpuso un reclamo porque, en primer lugar, Machado no tenía permiso alguno para sacar animales de la estancia y, en segundo lugar, se le había pagado al yerno de López Osornio (casado con una hija de éste en primer matrimonio), quien no estaba habilitado para recibir el dinero, y por cierto tampoco se lo había girado a la sucesión, pues la albacea decía que estaba ...y por lo tanto ella reclamaba que se le pagara nuevamente.12 Lo interesante de este caso es que Manuela Rubio argumentaba sobre los pormenores de la sucesión de López Osornio “que Escri-bano no podía ignorar”, y por lo cual reclamaba que se le debía el dinero de sus reses arreadas.

En 1813, el comandante Fermín Rodríguez sobrepasó sus atribuciones, en circunstancias que también nos ilustran acerca de los usos y costumbres de la campaña. José Domínguez, aquel abastecedor de Buenos Aires que comprara las tierras del primer comandante de la guardia, en-tró en litigio con algunos ocupantes.13 Todavía estaba en trámite esta cuestión cuando el esclavo y capataz de Domínguez le avisó que los soldados de la guardia habían intentado llevarse leña de “una laguna ynmediata a las Casas,” como él lo impidió volvieron y se llevaron la carga por orden del Comandante quien alegó que el de Buenos Aires “no había comprado las tierras...” La respuesta del estanciero no se hizo esperar, argumentando que la leña no pertenecía a un monte “pr cuya calidad deba ser comun”, sino que era duraznillo que crecía cerca de la laguna, “y esta

Santiago del Estero (Rossi, 2004; Rossi y Banzato, 2011).12 AHPBA, 13-1-2-7bis13 Desarrollamos esta cuestión en Banzato, 2002

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manifestacion creo sea bastante para que V.S. conozca la advitrariedad, injusticia y despotismo del referido Comandante, pues a la fuerza ha dispuesto de lo qe es mio, no solo pr ser el propie-tario de aquellos terrenos, sino pr qe aun no siendolo tendría el derecho de posedor.”

Obviamente, la versión de Fermín Rodríguez fue la inversa: el capataz le había quitado a los soldados la leña y él dio orden de que la trajeran, pero como temía la resistencia del esclavo y los peones de Domínguez, “fiados quiza en que su amo tiene dinero y fabor,” los hizo acom-pañar por un sargento. Fundamentó su actitud en que quien había cortado la leña la necesitaba para “hacer una pequeña choza pa guareserse con su familia de los rigores del imbierno” siendo “de los mas pobres e infelices qe han benido a abesindarse en esta guardia”, con una habilidad poco extendida, ya que tenía “muy buenos principios de Albañil” que lo convertían en un “hom-bre muy necesario en este pueblo.” Pero no solamente tenía importancia la persona defendida, sino también el principio que fundaba la acción, pues fueron a cortar leña

adonde la hubiese, porque aqui Sor Gobernador es costumbre, es practica inconcusa que todos los que necesitan de esta especie u otra de llena [leña], aun de los montes a ecepcion de los qe estan en litigio, ban a buscarla adonde la hay sin ser necesario pedir licencia a los dueños del terreno y mucho menos a Dominguez qe no habiendosele dado aun posecion en forma legal, no puede llamarse propietario...”

Domínguez rechazó estos términos diciendo que era por todos conocido el negocio del abasto de leña desde Chascomús a Buenos Aires, y que la “práctica” aducida por Rodríguez era posible en los montes alejados de las estancias pero no en el lugar “qe por su inmediacion debe servir pa su abasto y consumo [de los propietarios].” En conclusión, el Gobernador Intendente Azcuéna-ga declaró que el Comandante era incompetente para intervenir en cuestiones que entraban en la jurisdicción de la autoridad civil.14

Esto nos lleva a la otra tensión destacable en estos gobiernos de familia, como es la defensa que los militares hicieron de su función en la frontera ante la definición de las jurisdicciones civiles y militares, que comenzaron durante la época borbónica y se agudizaron luego de la revolución.

C.2. ¿Quién manda en la frontera?No solamente había disputas con los hacendados, desde los primeros años de la fundación de las guardias en la frontera del río Salado se generaron algunos roces entre los representantes del poder civil y las fuerzas militares por el área de competencia en que cada uno ejercería su autoridad. Así, cuando el Alcalde Mayor Provincial de la Santa Hermandad nombró un ministro quadrillero en la jurisdicción de Chascomús y Ranchos el comandante del fuerte elevó una que-ja a su superior, pues anteriormente había puesto preso dos veces al representante del Alcalde Provincial por permitir que en su pulpería se jugara hasta “horas descomedidas” y por “otros desordenes”, con la agravante de que en el nombramiento no constaba la firma del comandate de fronteras, por lo que estimaba conveniente “hazer ver los ajamientos y menosprecio del fuero militar a qe estamos espuestos los oficiales de campaña por algunos de los señores de esa Capital, como si en dha Frontera no se vibiera con todas las precauciones, y zelo”.

A esta evidente acusación de su subordinado hacia las autoridades de Buenos Aires, Francisco Balcarce -un oficial de carrera con gran conocimiento de la frontera- sumó a su res-paldó una nota, suponemos que dirigida al virrey, donde expuso que

14 AHPBA, 13-1-6-17bis-1813.

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Las guardias de la Frontera se hallan al mando de oficiales veteranos, los que siempre han atendido al Militar y Politico de ellas a las ordenes del Comandante de todas, quien pende de las Superiores del Exmo señor Virrey de estas Provincias: En ningun tiempo han tenido Jurisdiccion los Alcaldes y Ministros ordinarios, respecto a ser unos puestos militares: A ninguno de ellos demas individuos de Justicia, se les ha impedido practicar las diligencias que se les han ofrecido, franqueandoles desde luego para evaqüarlas, los sujetos dependientes de ellas, que han solicitado en los terminos regulares, y quando han sido procedenes de esa Capital, han venido sus Providencias con la correspondiente orden de ese Superior Govierno, por la qual han tenido formal efecto y cumplimiento15

No ha llegado hasta nosotros la conclusión de este expediente; sin embargo, la situación no mejoró en los años siguientes puesto que la línea que dividía las atribuciones de las autori-dades civiles y militares de la frontera continuó siendo muy tenue.16 En nuestra tesis habíamos comenzado a mirar el contrapunto entre alcaldes y comandantes, especialmente en lo que fue la defensa de sus subordinados para que obtuvieran la propiedad de la tierra, que esperamos retomar y ampliar en la continuación de nuestras investigaciones (Banzato, 2002).

C.3. Los comandantes en causas civiles (y familiares).Los comandantes de la guardia no dejaron de intervenir en cuestiones civiles, ya sea protegien-do a un subordinado o arreglando cuestiones de su propia familia. En el primer caso se destaca el amparo que el Comandante de la guardia dio a la hija de un Alférez de milicias -que llegó a poseer un interesante predio en las inmediaciones de Chascomús- quien se había escapado de su casa porque quería casarse con un blandengue a pesar de la negativa de su padre. La joven pidió asilo al comandante del fuerte Manuel Fernández, quien “como en este puesto no se enquentra mas Juridicion que la melitar”,17 con la anuencia del capellán la depositó en casa de un vecino hasta que se resolviera el juicio de esponsales.18

Esta obstinada respuesta de mi hija y el haberme Expresado el mencionado capitan a precencia del capellan de aquel destino, que a el como a Justa le correspondia amparar aquella niña, dandome a entender asi que estaba decidido porque se llebase a Efecto un Matrimonio desigual en mi Juicio, Dexe las cosas en este estado, y me dirixi a esta Capital a ymplorar de la Justifican de V E el remedio de los males y desonor qe me ocacionaria un enlase de esta Naturaleza protexido de aquel capitan segun se deja entender.Yo Sr Exmo no puedo convenir por ahora en que se efectue ese matrimonio por que vibo persuadido que el Mariano Vello no es de ygual linaxe y nacimiento al de mi hija; y asi hasta que el no justifique en el juicio qe corresponde esta ygualdad, mi entendimiento sera el mismo qe hasta ahora. Por otra parte sabe muy bien V.E. que segun las reales decisiones que gobiernan en la materia aquel Capitan no es Juez competente en este particular.

15 AHPBA, 13-2-6-22-1790.16 En 1816, el Comandante militar de Ranchos se negó a reconocer la autoridad del Teniente de Alcalde nombrado por el Al-

calde de San Vicente, e intentó levantar al pueblo en su contra. Tuvo que intervenir el Cabildo indicándole al Comandante General de Fronteras: “Haga saber al expresado Comandante se abstenga en lo subsesivo, bajo el mas serio apercibimiento, de mesclarse en la jurisdiccion ordinaria con personas que no le son de la suya, ni dar motivo a que se perturbe la tranquili-dad pública que igualmente les está encargada.” Acuerdos del Cabildo, serie IV, tomo VII, 57 y 77. Citado por Vidal (1937)

17 AHPBA, 13- 2- 7- 36-1801. El subrayado es nuestro.18 Para una explicación de estos trámites de matrimonio ver Quinteros (2010).

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En 1812, el comandante Fermín Rodríguez no dudó en expulsar del pueblo de Chascomús al mayordomo de la estancia de su cuñada, considerando que su presencia provocaba discordias entre sus sobrinos, y como éste no acató la orden “para escarmiento de su obstinación lo he puesto en el calabozo con huna cadena por haberlo encontrado en esta, anoche quebrantando lo que le tengo prohibido.” La desmesurada resolución del militar fue revocada por las autorida-des de Buenos Aires luego de las averiguaciones del caso y con “prebencion al Comandante D. Fermin Rodrigz de que en materia de tanta trascendencia obre con mejores justificaciones como corresponde”.19

Palabras finalesEn esta primera aproximación al tema del ejercicio del poder en la fundación de los fuertes de frontera, nos hemos ocupado de los comandantes, quienes además de su función militar cum-plieron una función de mediación en variados conflictos en la vida de los primeros poblados. En el caso de Chascomús, debemos destacar que, aunque los militares de alta graduación fundado-res del fuerte se adueñaron de importantes predios y/o casaron a sus hijos/as con otros propie-taros de la zona, no siempre pudieron perpetuar su patrimonio o su linaje en el lugar. Salvo el caso de los Fernández, las otras familias herederas de militares de alta graduación vendieron sus bienes y no continuaron en el pago. Sin embargo, durante los primeros treinta o cuarenta años desde la fundación, los comandantes fueron a la vez representantes del Estado colonial, posi-cionando luego ante los requerimientos del poder central independiente, y mediadores locales entre sus subordinados y la población en general, y ante las autoridades posrevolucionarias. Las estrechas relaciones familiares, vinculaciones con el poder central y con el Comandante de Fronteras con asiento en Luján, les posibilitaron ejercer un poder con pocas restricciones, más allá de alguna reconvención por los abusos cometidos.

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Imágenes y concepciones sobre la violencia interpersonal en la campaña bonaerense durante el siglo XIX

Melina YangilevichIEHS – UNICEN / CONICET

myangilevich@yahoo.com.ar – myangilevich@gmail.com

Introducción El propósito del presente trabajo consiste en analizar un conjunto diverso de testimonios en torno a la violencia interpersonal masculina en la campaña de Buenos Aires durante el siglo XIX. Asimismo se pretende reflexionar en torno a ciertos tópicos. Por un lado aquellos que la presentaron como un ámbito plagado de violencia. La violencia en el ámbito rural fue una de las imágenes prototípicas de esa sociedad cristalizada en la pelea de dos hombres a punta de cuchillo en una pulpería precedida del abundante consumo de alcohol. Esta concepción, reto-mada por algunos historiadores, formaba parte de otra que presentaba a esa sociedad polarizada en dos grupos: los terratenientes poderosos y los gauchos errantes. (Rodríguez Molas, 1982; Slatta, 1985) La esquina era el espacio de sociabilidad donde éstos últimos se proveían de sus vicios, jugaban a las cartas o la taba, se tocaba la guitarra y, por supuesto, se bebía. Según Ri-chard Slatta, esto último generaba el escenario propicio para peleas violentas, con frecuencia, fatales. (Slatta, 1982: 347) En este texto como en otros con argumentos similares, el consumo de bebidas explicaba buena parte de los duelos criollos que dejaban un saldo abundante de heridos y muertos. Una visión opuesta es la elaborada por Ricardo Salvatore, quien cuestionó fuertemente el argumento que sostiene que la campaña bonaerense era un ámbito donde abun-dara la violencia dado que la mayor parte de los delitos estaban vinculados a ataques contra la propiedad privada. (Salvatore, 1992, 2003, 2010). Para el autor la violencia interpersonal no fue importante ya que los paisanos “trataban de evitar las confrontaciones” sabiendo que la com-binación de ofensas verbales, juego y bebida conducían a los desafíos. (Salvatore: 1992: 92)

Sin embargo, un amplio conjunto de investigaciones inducen a pensar que las prácticas violentas formaban formaba parte de la cotidianeidad de las personas que habitaban el ámbito rural bonaerense. Por ello, analizar la violencia en este periodo y espacio requiere considerar sus múltiples formas y manifestaciones por lo que sería más conveniente hablar de violencias. (Gayol, 2002: 42) Además de las disputas personales existieron diversas confrontaciones como los enfrentamientos entre facciones y fuerzas militares, (Míguez, 2003) los conflictos armados contra los grupos indígenas (Ratto, 2007) así como la que tenía lugar en los ámbitos domésti-cos. (Bjerg, 2005) Una conclusión apresurada podría llevarnos a pensar que se trataba de una sociedad violenta. Sin embargo, tal aseveración requiere de una reflexión más profunda que no pretendemos agotar aquí, sino delinear algunas vías posibles para su abordaje. Cualquier con-clusión a la que podamos arribar será necesariamente transitoria. (Farge, 1995)

Esta temática fue presentada aunque no trabajada en profundidad en el trabajo que culminó en la elaboración de nuestra tesis doctoral. La misma se propuso indagar sobre la construcción del estado provincial a través de la organización y funcionamiento de la justicia criminal de Primera Instancia en el territorio sur de la Provincia de Buenos Aires (Yangilevich, 2007) En este y otro trabajo constatamos que la mayor cantidad de causas -77,5% sobre un total de 1385- que perduraron hasta hoy, tramitadas entre 1855 y 1880- estaban referidas a ataques contra las

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personas. Luego, seguían los ataques contra la propiedad privada -16,4%. (Yangilevich y Mí-guez, 2010: 124) Estos números, aún con las objeciones que se les pudiera plantear, indujeron a pensar que era necesario dar cuenta de su existencia. Ello con una serie de salvedades. La instancia letrada era, en rigor de verdad, la segunda y servía como ámbito de la apelación de las decisiones tomadas por los jueces de paz. Los magistrados locales elevaban a sus superio-res las causas que –por su gravedad y, sin dudas, los homicidios lo eran- debían ser tramitadas ante la instancia letrada. El procedimiento aunque rigurosamente reglamentado dejaba –en la práctica- un amplio margen de acción a los jueces de paz que decidían cuáles sumarios elevar y cuáles quedarían para resolverse en el ámbito local. Diversas muertes dudosas, sin testigos pero indudablemente violentas no merecían a los ojos de los magistrados locales ser remitidas a los jueces letrados.1 Por ello, la documentación disponible y elaborada por distintas autoridades resulta insuficiente para llegar a un número que garantice cierta certeza. De este modo, afirmar o negar que la sociedad de la campaña de Buenos Aires fuera violenta a partir de análisis cuanti-tativos puede iluminar parte del problema pero, a nuestro entender, resulta insuficiente. Por ello, un acercamiento a esta temática requiere apelar a diversos acervos documentales, los cuales no agotaremos en el presente trabajo. Nos referimos a relatos de primera mano de contemporáneos –viajeros y residentes- que reflejan cómo era entendida la violencia interpersonal por los tes-tigos y sus protagonistas. A ellos se sumará la documentación elaborada en diversos juzgados de paz y la justicia letrada. En este sentido, Arlette Farge llama la atención sobre un elemento esencial. Esto es interrogarse si resulta válido pensar la violencia pasada con los mismos pará-metros con los que se la analiza hoy. (Farge, 1995: 151) Toda su argumentación avanza en el sentido de una respuesta negativa. Y ello, porque la violencia así como la crueldad, el desorden y la fiesta han constituido, según la autora, aspectos de la vida cotidiana llevados a su extremo. Entendiendo que ese límite era la condición de un renacimiento de esa misma cotidianeidad. En este sentido, resulta difícil asumir que las prácticas de la violencia tuvieron la misma signi-ficación entonces que ahora. Ello lleva a preguntarse cómo eran concebidas tales prácticas por quienes se vieron involucrados, aquellos que resultaron testigos y las personas encargadas de su control y represión en nombre de un estado en proceso de construcción. En las páginas que siguen procuraremos esbozar respuestas posibles en torno a estos interrogantes.

Durante buena parte del siglo XIX la campaña de Buenos Aires fue el escenario de múlti-ples transformaciones políticas, económicas y sociales atravesadas por la dinámica de la cons-trucción estatal. Tal proceso es esencial al momento de considerar las prácticas violentas dado que uno de los propósitos fundamentales de quienes sustentaron esa construcción consistía en monopolizar el uso de la violencia legítima. Este será –y pareciera ser- un proceso inacabado pero estuvo presente en diferentes planteos y discursos como el horizonte a alcanzar. Prueba de ello fue el énfasis puesto en la organización de la policía y la administración de justicia, específicamente la criminal en el territorio bonaerense. Son conocidas las dificultades que tu-vieron las instituciones estatales en consolidar su presencia pero su debilidad –o directamente su ausencia- no implicó la falta de regulaciones sociales en el ámbito de la campaña. Sólo que éstas no estuvieron determinadas por una autoridad estatal reconocida y legítima sino por los propios actores sociales. (Fradkin, 1997) En tal sentido, las normas respecto a la violencia y a la validez de su práctica no eran unívocas. Existían, por el contrario, criterios diversos que se contraponían cuando las personas interactuaban en su vida cotidiana. (Taylor, 1987 [1979]) Por ello, pensar las prácticas de la violencia en el espacio y el escenario planteado requiere consi-

1 En 1871 el alcalde del Pueblo de Tandil le informó al juez de paz que en la quinta que habitaba el cura párroco había en-contrado a un hombre muerto con sus ropas ensangrentadas lo mismo que las paredes y parte del modesto mobiliario. No encontramos ninguna referencia en la documentación que hiciera referencia a que el hecho fuera informado al juez letrado. Archivo Histórico Municipal de Tandil (en adelante AHMT), 1871, documento sin numerar.

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derar las variables mencionadas. Con el propósito de intentar echar luz sobre esta problemática se dividió el trabajo en dos partes. En un primer apartado se utilizarán relatos y memorias de viajeros y habitantes de la campaña. En la segunda parte, se hará referencia a las representacio-nes sobre la violencia encontrada en sumarios y procesos judiciales.

Viajeros y contemporáneos ante la violencia interpersonalDurante el siglo XIX viajeros europeos –fundamentalmente ingleses y franceses- llegaron al Río de la Plata con diversos propósitos: militares, económicos y científicos, entre otros. A su vuelta a los lugares de origen muchos de ellos publicaron relatos sobre las diversas circuns-tancias de las travesías realizadas. En ellos son visibles las percepciones que condicionaron las imágenes que elaboraron sobre los espacios visitados. (Pratt, 1993; Prieto, 2003) Tales tes-timonios, condicionados por sus propios órdenes normativos, constituyen una documentación valiosa para reconstruir, entre otros aspectos, las prácticas violentas tanto como su visión de las mismas. Entre quienes escribieron sus crónicas sobre sus días en el Río de la Plata, no faltaron quienes debieron permanecer contra su voluntad. Este fue el caso de Alexander Gilliespie quien participó de las invasiones inglesas y fue confinado en San Antonio de Areco. Allí entró en contacto con los habitantes de la campaña y sus costumbres. Entre ellas, llamó su atención el contraste que se producía los domingos entre la misa y la sociabilidad en las pulperías del pue-blo. Mientras duraba el culto “dominaba (…) una gran solemnidad” pero una vez terminado los hombres se dispersaban inmediatamente entre las pulperías donde habían dejado los caballos. La importancia de contar con dinero era vital para beber “libremente” y jugar a la taba o las cartas. Según Gilliespie, los juegos no terminaban hasta que algunos perdían todo y surgían las “querellas, que rara vez concluían sin muertos o heridos”. (Gilliespie, 1986 [1818]: 122)

Pocos años después Emeric Essex Vidal2 señaló que las pulperías eran el punto de reunión de las gentes de campo. Según sus palabras, era costumbre que uno de los asistentes invitara al resto a beber haciendo circular una jarra colmada de caña que pasaba de mano en mano. Mientras quedaba algo de metálico la ceremonia se repetía y era considerada una afrenta que cualquiera rechazase la invitación. (Vidal en Busaniche, 1986: 200-201). Medio siglo después, Robert Cunningham Graham3 afirmaba que en las esquinas las riñas sobrevenían por diversos motivos. Agregó que “(…) a veces surgía alguna tempestad furiosa: por el mucho beber o por cualquier otra causa, algún hombre empezaba a vociferar como loco y sacaba a relucir el fa-cón.” (Cunningham Graham en Busaniche, 1986: 256). Situaciones similares podían presentar-se en los bailes que con frecuencia tenían lugar en diferentes moradas. El mismo viajero refirió que una noche mientras se divertía en uno de ellos y los músicos tocaban los últimos acordes se originó una discusión entre dos hombres. Inmediatamente sacaron a relucir sus facones, colo-caron su poncho enrollado en el brazo izquierdo a modo de escudo y “blasfemando a torrentes” desoyeron los intentos del dueño de casa por calmar los ánimos. Finalmente uno de ellos hirió gravemente a otro mientras la oscuridad se apoderó de la casa debido a la caída de las velas y las mujeres gritaban intentando ganar la puerta. Mientras los asistentes trataban de comprender los motivos de la disputa se oyó una voz que se alejaba diciendo “¡Adiós, Barragán! Así paga Vicente Castro sus deudas a los que quieren robarle su niña”… (Cunningham Graham en Bus-aniche, 1986: 271)

2 Vidal fue un marino y pintor inglés que prestó servicios en diversos buques que llegaron desde su país de origen durante las primeras décadas del siglo XIX. Su trabajo más conocido Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo contiene una serie de acuarelas que pintó en referencia a la vida y las costumbres rioplatenses.

3 Fue un escritor, viajero y político inglés quien llegó muy joven al Río de la Plata en 1868. Debido a sus actividades comer-ciales y sus inclinaciones personales recorrió un amplio territorio en Sudamérica, sus vivencias las volcó en el texto titulado El Río de la Plata. De vuelta en Inglaterra trabó amistad con Guillermo Hudson.

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Del acotado resumen de las disputas mencionadas por algunos viajeros surgen una serie de motivos que daban lugar a un duelo criollo: diferencias en los resultados de un juego de naipes o de taba, el rechazo a una bebida ofrecida o el intento de rapto de la hija de un hombre celoso. Mucho de ellos enmarcados por el abundante consumo de alcohol y la posesión generalizada de cuchillos y facones. A éstos últimos, José Wilde atribuía buena parte de las muertes violentas entre los sectores populares en la ciudad y campaña. En sus palabras: tal era “la mancha negra” que hacía que la contienda más leve terminara en un hecho de sangre. Los casos de heridas en pelea “eran casi diarios y frecuentes los de muerte.” (Wilde, 1966 [1881])

Cómo se mencionó anteriormente, los viajeros observaron las costumbres así como los modos de vida de los habitantes de la campaña a través del prisma conformado por sus con-cepciones en torno a qué prácticas eran civilizadas y cuáles no. Incluso, varias de estas obras estuvieron condicionadas por la lectura de otros relatos de viajeros que las precedieron. (Prieto, 2003: 27-107)4 De tal modo, las prácticas violentas que describieron fueron consideradas como rasgos propios de la sociedad rioplatense. En algunas de estos relatos es posible hallar ciertas dicotomías que fueron retomadas en diferentes textos literarios de la época. Una de ellas es la del gaucho malo-gaucho malo como parte de otra más extensa conformada por el binomio civilización-barbarie.

Hacía 1817 el General Miller5 afirmaba que los habitantes de la campaña aún cuando per-manecían en “un estado tan atrasado de civilización” conservaban rasgos nobles del carácter español. Según su relato, los gauchos pasaban sus días en “festiva holganza, o (vagando) por sus inmensos campos en busca de ocupaciones o placeres.” A ello atribuyó la ausencia de deshonestidad y de robos. Cuando ocurrían, lo mismo que los asesinatos, eran causados por desertores y en mucha menor medida por “gauchos o naturales de las pampas”. (Miller en Bu-saniche, 1986: 196) Por entonces, se encontraba en el Río de la Plata otro británico, Samuel Haigh6, quien realizó una descripción del gaucho similar a la de Miller. Según su relato, aquel siempre se acompañaba de cuatro elementos esenciales: lazo, boleadora y cuchillo y un buen caballo. (Haigh en Busaniche, 1986: 198) Por su parte, Xavier Marmier vinculó los trabajos que realizaban los habitantes de la campaña con el género de vida (la fuerza física, el dominio cotidiano de los animales, el uso frecuente del lazo y el cuchillo), el aislamiento (que facilitaba el desarrollo de tendencias brutales sin ningún contrapeso) y la violencia, con la que estaban familiarizados. Así el derrame de sangre animal precedía naturalmente al de sangre humana. Aunque luego agregó que esas terribles escenas eran cada vez menos frecuentes, remarcó que quienes las llevaban a cabo eran “gauchos malos” que se abandonaban a tales arrebatos feroces. Por contraste, el “verdadero gaucho” era honrado, fiel con sus amigos y hospitalario con el extranjero. (Marmier, 1948: 75)

La imagen de la campaña como desierto de civilización antes que característica física del espacio es perceptible en varios de estos textos antes de que Domingo F. Sarmiento la popula-rizara. (Prieto, 2003, 178-213). William Mac Cann7 en su travesía por la campaña bonaerense llegó hasta el Fuerte Independencia (actual Tandil) y Azul, cuando pasó las tolderías cercanas

4 Adolfo Prieto explica por qué el texto de Alexander Humboldt y Aimé Bonpland (1807) se convirtió en el modelo a seguir para los textos de relatos para muchos de los viajeros que recorrieron el Río de la Plata durante la primea mitad del siglo XIX.

5 Miller fue un militar inglés que participó en los procesos de independencia americanos, formó parte de los ejércitos de San Martín y Bolívar. El texto de referencia Memorias del General Miller fue publicado por su hermano con posterioridad a su muerte.

6 Samuel Haig fue un comerciante inglés que llegó a Buenos Aires en 1817, residió en diversos países sudamericanos por 10 años. Producto de sus viajes publicó Bosquejo de Buenos Aires, Chile y Perú.

7 William Mac Cann, comerciante inglés que residió en el Río de la Plata en la década de 1840. Su libro Viaje a caballo por las provincias argentinas es uno de los clásicos relatos de viajeros.

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se encontró, según su descripción, con una extensión “tan salvaje” que se sintió invadido por la soledad y la melancolía que le transmitían el paisaje donde no encontró a ninguna persona en varias “millas a la redonda”. (Mac Cann, 1986 [1846]: 105) Este marco que parecía ser no solo natural sino también social contribuyó a explicar, a ojos de los extranjeros, la aversión de los habitantes de la campaña por las tareas agrícolas identificadas como de países que habían alcanzado cierto estadio civilizatorio. Según Pablo Mantegazza8 los gauchos detestaban “por instinto”, tanto la agricultura como la industria y toda labor que implicara el trabajo de pie o sentado. (Mantegazza en Busaniche, 1986: 235) En consonancia con lo anterior, Haigh resalta-ba el grado de libertad de los habitantes de la campaña, presentado con frecuencia como el úni-co habitante de la campaña: “No tiene amo, no labra el suelo, difícilmente sabe lo que significa el gobierno.” (Haigh en Busaniche, 1986: 198)

En tal contexto, la violencia interpersonal parecía ser un rasgo más de la campaña que los viajeros explicaron a partir de la ausencia de civilización que aparecía como telón de fondo de tales prácticas y costumbres. Entre ellas, la ausencia de una autoridad que ejerciera un control efectivo sobre la conducta de los habitantes de la campaña, las tareas vinculadas al trabajo rudo con los animales y el abundante consumo de alcohol que formaban parte del quehacer cotidiano de los hombres. Todo ello proveía el escenario propicio para el surgimiento de disputas y lan-ces. Como mencionó Vidal, el hecho de compartir una bebida era algo que se hacía en conjunto –el vaso o jarra circulaba de boca en boca- y por eso su rechazo implicaba una afrenta seria. La práctica del beber compartida entre amigos, compadres, vecinos o aún extraños era esencial para crear y fortalecer los vínculos personales en un ámbito de sociabilidad densa. (Garavaglia, 1999) Buena parte de los textos de viajeros y procesos judiciales –como veremos- se detuvieron en señalar el vínculo entre las peleas y el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, esta práctica era esencial a la reproducción social dado que abría el camino para entablar relaciones fugaces o duraderas así como explicitar una imagen que permitiera a cada uno ubicarse en una posición respecto a los demás. (Saignes, 1993) Por ello, el convite era fundamental, así como ofensivo su rechazo. (Yangilevich, 2007b) Este pareció ser un rasgo compartido en torno a la práctica del beber en varios espacios americanos. (Taylor, 1979; Chasteen, 1990; Saignes, 1993, Gayol, 2000) La visibilidad de las agresiones asó como la intensidad de las peleas con sus consecuencias en heridos y muertos que revela la documentación opacan otros aspectos vitales de la bebida compartida. Esos espacios que servían para disipar conflictos y dejar de lado los enojos. En los documentos disponibles tales sucesos son difíciles de rastrear porque resultaban menos impactantes que el despliegue de una pelea, los insultos proferidos a gritos y la sangre brotando de las heridas. Sin embargo, por contraste, su ausencia resulta significativa.

Por otro lado, el consumo de bebidas alcohólicas no puede relacionarse directamente con los duelos a punta de cuchillo. Y éstos no siempre se entablaron con el propósito de matar. En primer lugar, porque el cuchillo cumplía una multiplicidad de funciones, entre ellas, era una herramienta de trabajo esencial. Aunque también el arma más utilizada en las disputas perso-nales9, pero ello se debió a que casi todos los hombres llevaban uno, casi como una prolonga-ción de su cuerpo. (Martínez Estrada, 1933: 52) Su manejo servía, además, a los propósitos de crear y sostener una reputación basada en la habilidad de su uso. Pero ello no implicaba que los duelos fueran, necesariamente, a muerte. En ciertos casos, las peleas eran a primera

8 Mantegazza fue un médico y escritor italiano. Llegó a Buenos Aires a fines de la década de 1850 y recorrió parte del terri-torio norte de la Confederación. Sus relatos se publicaron bajo el título Viajes por el Río de la Plata.

9 De acuerdo al relevamiento realizado en los procesos tramitados en el Departamento Judicial del Sud entre 1853 y 1880 –tomando todos los procesos de un año cada cuatro-, para un total de 228 casos de homicidio para los que se consignó el arma utilizada, poco más del 74% corresponde a cuchillos y facones. De manera previsible, a partir de la década de 1870 comienzan a aparecer armas de fuego que, igualmente, no superan el 14% para todo el periodo. (Yangilevich, 2007a: 181)

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sangre, ello implicaba marcar la cara del contrincante que llevaría de por vida la seña de su derrota. El relato de William Hudson10 sobre un viejo inglés acriollado sirve para ilustrar este tipo de contiendas. Jack estaba por demás adaptado a las costumbres criollas. Sin embargo, no soportaba que se burlaran de él llamándolo “gringo”.11 Por eso, cuando peleaba lo hacía muerte. Tal actitud, recordaba Hudson, era considerada poco ética por los demás. Agregó que ello no implicaba negar que los duelos no provocaran muertes sino que los gauchos entendían que esa no era la intención del combate. En sus palabras: “El floreo del facón implicaba todo un arte, cuando dos rivales de fama se enfrentaban, y sus armas, reflejando el sol, parecían dos ruedas resplandecientes o espejos giratorios. El objetivo de cada hombre era encontrar la oportunidad de marcar la cara del adversario con un veloz tajo”. Los decesos eran una eventual desgracia cuyo desenlace no siempre era premeditado. El propósito era vencer al adversario, marcándolo y “conquistando, (…) fama y gloria de valiente.” (Hudson, 1948: 287-288)

Buena parte de los textos de viajeros describieron el espacio rioplatense a partir de percep-ciones vinculadas al contraste entre lo que entendieron por civilización, progreso, barbarie y salvajismo. Ideas fuerza que estructuraron buena parte de sus escritos y que fungieron de pris-mas a través de los cuales escudriñaron a los habitantes de la campaña y sus prácticas violentas. Aún así, sus relatos mostraron que los duelos a punta de cuchillo –más allá de la pérdida de vidas humanas y lesiones- constituían para los contendientes una forma válida, entre otras, de resolver los conflictos que se presentaban a diario. Algunos de ellos, se generaban de manera espontánea –pero no irracional-, producto de una palabra insultante dicha en público, los vivas o mueras gritados en referencia a algunos caudillos, las diferencias en el juego, el rechazo de una copa invitada. Otras peleas podían ser premeditadas, y seguramente eran las que con mayor fre-cuencia eran a muerte: el rapto de una mujer, la venganza por otra muerte debida o una enemis-tad de largo aliento. Estos fueron algunos de los argumentos que acusados, testigos y abogados manifestaron ante la justicia como explicaciones posibles cuando la muerte se hacía presente producto de una pelea. En el apartado siguiente, procuraremos reconstruir algunas imágenes en torno a la violencia interpersonal a partir de diversas intervenciones en los procesos judiciales.

Las violencias y la administración de justicia Como se mencionó anteriormente la mayor parte de las causas tramitadas en la instancia le-

trada fueron casos de homicidio.12 No es posible sostener con absoluta certeza si ello implicó la mayor presencia de tales hechos en la campaña o debido a su gravedad evidente fueron los que llegaron en mayor número ante los magistrados letrados. Es posible que esto último fuera pre-dominante. A mediados del siglo XIX, la convicción de las autoridades respecto a que la cam-paña de Buenos Aires estaba llena de vagos y facinerosos tornó necesario retomar el proyecto rivadaviano de organizar la justicia letrada en ese espacio. Ésta fue una entre otras iniciativas de las autoridades provinciales por establecer un control sobre la población rural. Hasta entonces, buena parte de la vida cotidiana de los habitantes de la campaña estaba vinculada a los jueces de paz. (Garavaglia, 1999; Gelman, 2000, Banzato y Valencia, 2005). Entre la multiplicidad de funciones que éstos debían desempeñar, el mantenimiento del orden era una de las primordia-les. Para ello, se promulgaron distintas disposiciones que procuraron normar las prácticas y las conductas de las personas. Desde la década de 1820 se sucedieron normativas tendientes a con-

10 William Hudson nació en 1841 en una estancia ubicada en el actual partido de Florencia Varela. Vivió en Argentina hasta mediados de la década de 1870 cuando se trasladó a Inglaterra, falleció allí en 1822.

11 Con esa designación peyorativa se denominaba a los inmigrantes provenientes del norte de Europa. Juan Fugl en sus me-morias menciona que se lo llamaba de esa manera durante su residencia en Tandil entre 1848 y 1875. (Fugl, 1989)

12 Las carátulas de las causas se agruparon bajo el término homicidio. Sin embargo en los expedientes pueden encontrarse otras acepciones para hacer referencia a estos casos como asesinato o muerte.

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trolar la portación de cuchillos y armas de fuego13 además de abreviarse los procesos judiciales contra quienes hiriesen o matasen utilizándolos.14

Sin embargo, en la campaña de Buenos Aires la ley escrita no contó con las condiciones necesarias para hacerse completamente efectiva por diversas razones. La fundamental consistía en que varias de las normas existentes sobre los vínculos personales estaban reguladas por sus habitantes y en no pocos casos, eran contrastantes con las que pretendían imponer las autorida-des provinciales. (Fradkin, 1997) Por otro lado, éstas no contaron con la capacidad necesaria para hacer cierta su aplicación y seguramente, muchos ni siquiera llegaron a conocerlas. La difusión consistía en que las disposiciones fueran colocadas en los lugares más concurridos, como las pulperías. Ello no garantizaba una amplia divulgación dado que era necesario, ade-más, que dichos textos fueran leídos y comentados a quienes no contaban con los rudimentos de la lecto-escritura. Por lo tanto, decretos y leyes que procuraban limitar la portación de armas, el consumo de alcohol, el juego e incluso el horario de apertura de las pulperías tuvieron un alcance limitado. Además, se trataba de normativas que chocaban de plano contra los usos de buena parte de la población de la campaña y por ello fueron resistidas o ignoradas hasta donde fue posible.

Las transgresiones a estas normativas fueron múltiples de acuerdo a la documentación pro-ducida en diferentes instancias judiciales y los casos de violencia interpersonal forman parte de ese caudal. Los procesos muestran las diversas motivaciones y manifestaciones de las vio-lencias que tuvieron lugar cotidianamente. Sin embargo, esos textos escritos en función de su posible inclusión en un proceso judicial siguieron los lineamientos de un lenguaje técnico que, generalmente, no reflejó claramente el modo en que sus protagonistas entendieron las prácti-cas violentas. Aún así proporcionan información útil al momento de intentar comprender las motivaciones que las generaban. Una deuda impaga podía saldarse con la propia vida. El 9 de noviembre de 1845 en el partido de Pila, Julián Rodríguez hirió de muerte con una espada a Adolfo Martínez cuando el primero se presentó a cobrar una suma de dinero que éste último no pudo devolver.15 La imagen típica de la pelea a muerte en la pulpería debió sustentarse en algunos casos concretos. En julio de 1845 Miguel Ibáñez, español y dependiente de una pul-pería, hirió de muerte a Eusebio Ludueña, un miliciano en el partido de Azul.16 Ambos estaban bebiendo en el negocio y tuvieron una discusión, el agresor instó a Ludueña “cuchillo en mano” a que saliese a pelear. Cuando éste lo hizo fue herido en el abdomen. La disputa entre ambos distaba de ser una cuestión del momento. Según los testigos había tenido “una cuestión previa” por unos precios de cueros. En aquella ocasión Ibáñez se había retirado para evitar “todo mal”. Aún malherido, Ludueña tuvo fuerzas para correr con el cuchillo a uno de los dueños de la pulpería, Narciso Mundé, que había pretendido interceder en la disputa. Los testigos refirieron una serie de insultos por parte de Ibáñez (“siempre has de ser cordobés”) que Ludueña contestó “hechándolo en mala hora” agregando que “porque somos pobres nos trata usted así”. Quizás la escalada de insultos se tornó insoportable y el desafío de pelear a muerte pareció ser la única salida posible a la disputa. En ocasiones las fuentes judiciales no dan indicios de los motivos de

13 “Reglamento de Policía”, art. 31, “Se prohíbe absolutamente el uso del cuchillo, daga y toda clase de arma blanca y chispa, bajo la multa de veinte y cinco pesos; y al que no pueda pagarlos, dos meses de servicios en las obras públicas: exceptuán-dose los carniceros y pescadores, que deberán traerlo en la misma carreta de víveres, (…)”, en Recopilación de las Leyes y Decretos promulgados desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835, Primera Parte, Buenos Aires, Impren-tas del Estado, 1836, p. 151. Disposiciones similares se sucedieron en marzo de 1823, Decreto, p. 462, y de septiembre de 1829, Decreto, segunda parte, p. 978.

14 “Decreto simplificando los juicios contra los que ofenden con las armas”, 5/1/1830, Recopilación…, cit., Segunda Parte, pp. 1032-1033.

15 Archivo General de la Nación, sala X (en adelante AGN, X), 21-3-7. 16 AGN, X 20-10-2.

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las disputas pero si dejan entrever la decisión de matar. En marzo de 1844 José Antonio Seguí, santiagueño, llegó ebrio a la casa de su vecino Bonifacio Gómez en el pueblo de Azul y sin mediar pelea le dio 8 puñaladas.17 Sin dudas, el número de heridas revela que la intencionalidad de matar era clara. Otras ocasiones, la violencia era el medio que facilitaba la realización de un robo. En 1848 en la estancia de Don Antonio Nievas ubicada en el partido de Tandil, el mili-ciano Juan de la Cruz Ochoa dio un par de bolazos al vecino Don Andrés Baez para robarle.18 El botín era considerable: un par de espuelas de plata; estribos; un recado nuevo con carona, cojinillo de hilo y sobrepunto de gamuza; un puñal de plata con visolas de oro; un poncho de paño; un sombrero de paja y un tirador. Todo eso constituía, por entonces, un pequeño tesoro. Es posible que dichos elementos proporcionaran algún dinero rápido al ladrón o quizás le per-mitieron construir una imagen de respetabilidad en un espacio donde la distinción se medía, particularmente, por el modo en el que iban vestidos los caballos y los adornos que portaban los jinetes.19 Como surge del relato de Cunningham Graham, los bailes fueron ocasiones propicias para que las disputas afloren o se generen por cuestiones del momento. Una discusión sobre lo justo o no de la detención de un conocido podía dar lugar a una pelea, que culminaba con los contendientes presos. Ello ocurrió en Tandil en 1849.20 El alcalde del cuartel 2º Juan Poblet remitió preso al capataz de sus carretas –a quien no se identifica- y Silverio González –conoci-do como Maestro Ñato- por haberse herido mutuamente con cuchillos luego de discutir por la detención de otro peón del Alcalde, de apellido Lescano por robar en la casa de su empleador. Mientras el primero sostenía que se trataba de una injusticia, el segundo afirmaba que Poblet había procedido correctamente dado que Lescano fue sorprendido mientras efectuaba el hurto. Los casos mencionados hasta el momento no trascendieron de los juzgados de paz y debieron resolverse en dichos ámbitos.

En las ocasiones en que la violencia tenía como consecuencia la muerte de una persona era probable –aunque no necesario- que se diera intervención a la justicia letrada. Los procesos judiciales remitieron, en algunos casos, a hechos similares a los descriptos por los viajeros y contemporáneos. Entre ellos, aquellos que relatan los convites, la circulación de bebida y el re-chazo considerado como una grave ofensa. Los días de carnaval prestaban la ocasión para beber en compañía y en abundancia. Paulino Guzmán y Cerante, un indio pampa que trabajaba como peón, se encontraron en la pulpería de Jesús Vásquez el domingo de carnaval de 1855.21 Según los testigos, ambos estaban ebrios cuando Cerante convidó a Paulino a beber de su vaso. Éste rechazó en varias ocasiones la invitación a lo que Cerante respondió “yo te he de hacer tomar” mientras le arrojaba la bebida a la cara y sostenía un cuchillo en la otra mano. La pelea parecía inevitable y se concretó en la ramada de la pulpería. Fue breve, Paulino le aplicó a Cerante una sola puñalada a la altura del corazón, muriendo al poco rato. Las declaraciones de los testigos sobre el proceder de Cerante remiten a la descripción realizada por Lucio Mansilla en su visita a los ranqueles. Quien ofrecía, llenaba un vaso, lo bebía, volvía a colmarlo y lo pasaba a su convi-dado. En sus palabras “no había nada peor que una persona que se excuse de beber”. (Mansilla, 1966 [1870]: 162) Estas prácticas en relación al convite estuvieron lejos de ser exclusivas de la campaña bonaerense. (Chasteen, 1990; Gayol, 2000) Sin embargo, más allá de los relatos contemporáneos en torno a lo difundido del uso –y abuso- de bebidas alcohólicas, es necesario

17 AGN, X 20-10-2. 18 Archivo Histórico Municipal de Tandil (en adelante AHMT), 1848, documento nº 13.19 Mac Cann señaló que propietarios y peones no se diferenciaban en cuanto a “hábitos y sentimientos”. La distinción esencial

pasaba por que los primeros contaban con mayor dinero para jugar y andar mejor montado. (Mac Cann, 1986: 118)20 AHMT, 1849, documento nº 22.21 Departamento Histórico Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Fondo Dolores, (En adelante

DHJ) Criminal contra Paulino Guzmán por muerte al Indio Cerante en el Partido de Tandil el 19 de febrero de 1855. (pa-quete 17/ expediente 21).

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destacar que no puede establecerse un vínculo lineal entre alcohol y violencia. Resulta difícil afirmar que las manifestaciones de la violencia tuvieron lugar como consecuencia del consumo de alcohol. Éste pareció ser el disparador de conflictos latentes de menor o mayor duración. Las conductas difícilmente puedan explicarse sólo a partir de la ingesta de bebidas alcohólicas. Su interpretación debería buscarse en las normas sociales y en las pautas que rigieron los compor-tamientos que eran esperables, más allá del consumo. (Taylor, 1979: 113) Seguramente, con-ductas y actitudes variaban bajo los efectos del alcohol pero tales cambios estaban vinculados a lo que indicaban las creencias del conjunto social y a los modos correctos de conducirse en torno al beber. Un ejemplo de ellos, fueron las peleas que no eran a muerte –mencionadas por Hudson- sino que tenían como propósito el incremento de la honorabilidad a partir de demostrar destreza en el uso del cuchillo y la valentía demostrada en la disputa. Otro propósito de estas contiendas podía ser escarmentar a alguien por actitudes o palabras consideradas insultantes. En dichas peleas, los hombres buscaban “marcar” a su adversario y podían darse entre personas que reconocían tener una relación de amistad. Este fue el caso de dos paisanos vascos, José Manuel Uzcheta y Vicente Undasabal, que vivían en el partido de Tordillo.22 El primero estaba trabajando en la fabricación de puertas en una casa particular cuando el otro llegó. José convidó a Vicente a cenar y tomar caña porque, declaró luego, era un amigo suyo. Quizás la nostalgia por su terruño los llevó a hablar en su lengua materna. Según la declaración de Vicente, José lo hacía bastante “chapusiado” por eso le preguntó si sabía hablar vasco pues estaba diciendo “disparates”. La respuesta de Juan Manuel no se hizo esperar. Le respondió “Usted será el que no sabe” y sin mediar más palabra lo abofeteó, lo tomó del cabello mientras que con un cuchillo le propinó un planazo en la cabeza y lo hirió levemente en la cara. José, tendido en el suelo, tomó un palo y devolvió el golpe. En su declaración, José sostuvo que no habían tenido enemistad previa y que, por el contrario, eran muy amigos. Para el fiscal todo fue producto de la embriaguez y consideró que no había delito por lo que pidió la absolución y la libertad para Uzcheta. El planazo, aunque era un golpe fuerte, no era dado con la intención de herir al opo-nente. 23 (López Osornio, 2005: 58).

Los duelos criollos eran una cuestión seria y cuando se entablaban la intervención de un tercero rompía la necesaria paridad que debía haber entre los contendientes. (Gayol, 2002: 47) Por ello, Ludueña malherido persiguió a Mundé cuando éste pretendió frenar la pelea. En otras ocasiones, los presentes procuraban crear la situación para que la disputa pudiera desplegarse sin intervenciones. Un domingo de enero de 1859 en el partido de Mar Chiquita estaban previs-tas unas carreras en cercanías de la pulpería de Don José Corbes. Por ello, la concurrencia era nutrida. Entre los asistentes, se encontraban Eugenio Pérez y Simón Mamonde. A poco de lle-gar, el primero desafió al segundo para que saliera a pelear.24 Éste último procuró tranquilizarlo pero ante las reiteradas insistencias se vio obligado a aceptar el desafío, lo contrario hubiera sido considerado un acto de cobardía. La contienda fue considerada un duelo por los testigos, uno de ellos sostuvo que “nadie tomó parte mientras peleaban”. Por su parte, Telesfero Olmos, teniente alcalde, que se encontraba presente sostuvo que algunos gritaban “denles campo” aun-que no consideró necesario intervenir. Finalmente, Mamonde hirió de una puñalada a Pérez quien murió casi de inmediato. Los testigos coincidieron en que éste último desafió repetida-mente a quien terminó quitándole la vida. En los casos de homicidios, la existencia de una pelea

22 DHJ, Criminal contra José Manuel Uzcheta por golpe a Vicente Undasabal en Tordillo la noche del 1 de abril del mismo año, (1859), (2/24)

23 El planazo consiste en un golpe aplicado con cuchillo o facón, generalmente en la cabeza, con el filo hacia arriba. Ello se reflejó también en los versos del Martín Fierro: “Y en medio de las aspas/ un planazo le asenté” y “Con cuidao, medio de lejo/ un planazo le asenté”.

24 DHJ, Criminal contra Simón Mamonde por muerte a Eugenio Pérez el 16 de enero de 1859 en el partido de Mar Chiquita, (2/9)

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o de una muerte hecha a traición era fundamental cuando el magistrado dictaba sentencia. La diferencia podía implicar una condena a muerte. Tal fue el caso de Tomás Ordóñez encontrado culpable de matar a Agustín Agüero en un baile en el pueblo de Tandil en 1855.25 Aunque el acusado sostuvo que al momento de los hechos estaba embriagado y mantuvo una disputa con Agüero, los testigos desmintieron sus dichos. Todos ellos coincidieron en señalar que Ordóñez no estaba ebrio y que la muerte fue “a traición” porque la víctima permaneció sentada en una silla. Estos argumentos sumados a que el acusado era un recién llegado al pueblo, no tenía un trabajo fijo ni relaciones que pudiera interceder por él incidieron para que fuera condenado a muerte. El juez letrado estipuló que la pena fuera cumplida en la plaza del pueblo. Este suceso debió impresionar a buena parte de la población debido a que las penas de muerte no eran apli-cadas con frecuencia para este tipo de delitos. La misma se difundió –por medio de circulares a los jueces de paz de los partidos vecinos al de Tandil para convocar a la población. A pesar de la gravedad de la pena aplicada a Ordóñez sería erróneo suponer que los jueces letrados siguieron está tónica. Por el contrario, del conjunto de sentencias analizadas26 es posible advertir que en los casos de homicidios las penas dictadas tendieron a ser relativamente leves. Aún cuando, dichos números no habilitan interpretaciones concluyentes permiten ilustrar los modos en los que funcionaba la justicia letrada. De los casos de homicidios (136), en 61 se dictó la absolu-ción o la libertad de los acusados, 38 fueron sentenciados al servicios de las armas o a trabajos públicos, 13 fueron condenados a prisión, 5 condenados a muertes y en 18 procesos no hay re-solución. Del análisis de las sentencias dictadas por los jueces surge que aún cuando algunas de las prácticas violentas fueron consideradas delitos en diferentes instancias de la administración de justicia, existía un espacio de acuerdos comunes que era compartido por jueces, fiscales, de-fensores y acusados. En los casos de homicidios ese ámbito estaba dado por la creencia de que el consumo de alcohol turbaba la conciencia y por ello matar bajos sus efectos era considerado un atenuante. (Gayol, 1993) En el mismo sentido operaba el argumento de la defensa propia. Estas convicciones, ampliamente compartidas, se sustentaban en la legislación utilizada en el ámbito penal.27 Estas premisas fueron utilizadas por Paulino Guzmán y Simón Mamonde, lo mismo que sus defensores, para intentar mejorar su posición ante los jueces.28 Aún cuando tales argumentos fueron atendidos, los acusados fueron condenados a 4 y 6 años de servicios de las armas más las costas de los procesos. Penas sensiblemente menores a la que debió padecer el mencionado Ordóñez.

Durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar una serie de sucesos indudablemente violentos que a ojos de los contemporáneos fueron una manifestación de la barbarie.29 No obs-

25 DHJ, Criminal contra Tomás Ordoñez por muerte en la persona de Agustín Agüero la noche del 4 de Febo del presente año en la Casa de Dn Tomas Barragán, partido del Tandil, (1855), (16/25).

26 Para la realización del análisis estadístico sobre los expedientes existentes del Fondo Dolores tramitados entre 1855 y 1880 se tomaron todos los casos cada 4 años. Ello arrojó un total de 264 casos. Entre ellos 136 corresponden a homicidios, 64 a lesiones e igual número para ataques contra la propiedad.

27 La ley II del título VIII de la 7ª Partida –elaborada a instancias de Alfonso el Sabio, rey de Castilla, hacia mediados del siglo XIII, sostenía que una muerte ocasionada en defensa de la propia vida no podía ser considerado un homicidio. Por su parte, la V del mismo título consideraba que si la muerte tenía lugar mientras hubiera estado de embriaguez ello era considerado un atenuante. Ver “Código de las Siete Partidas”, en Los Códigos Españoles concordados y anotados, tomo III, 2ª edición, Madrid, Antonio de San Martín Editor, 1872.

28 Cabe señalar que estas argumentaciones fueron sostenidas ante los jueces de paz donde los acusados no contaban con un defensor por lo que cabe pensar que tales estrategias eran compartidas y utilizadas por gran parte de la población de la campaña conformando parte de su cultura jurídica. (Fradkin, 2007)

29 Uno de ellos estuvo relacionado con el impacto del fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas en los grupos indígenas con los que aquel había pactado. El ataque desplegado en 1855 y comandado por Calfulcurá, el cacique de mayor poder por entonces, afectó a buena parte del territorio sur de la provincia. Una parte importante de la población huyó asentándose en espacios más seguros, como Dolores. (Bjerg, 2003) Los inicios de la década de 1870 fueron el marco para dos hechos con repercusiones diversas pero que daban cuenta de las transformaciones sociales, políticas y económicas. El primero de ellos fue conocido como la Matanza de Tata Dios ocurrida el 1º de enero de 1872 cuando un grupo de gauchos armados

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tante, algunos de los viajeros mencionados sugirieron en sus relatos que a mediados del siglo XIX era posible detectar ciertos cambios que orientarían a la Argentina en el camino de los paí-ses “civilizados”. Mac Cann veía en el afán de ciertas personas por copiar hábitos europeos, que el país pasaba por “un estado de transición” donde las “costumbres atávicas” darían paso a usos de “índole superior”. (Mac Cann, 1986: 118) Marmier, llegó a una conclusión similar haciendo referencia a que las escenas violentas eran cada vez menos frecuentes y, cuando sucedían, se las evocaba con horror. (Marmier, 1948: 75) Diversos análisis ubican en este periodo los primeros indicios palpables de cambios en las maneras de entender la aplicación de los castigos en el ámbito penal. Ricardo Salvatore situó en el decenio que va de 1852 a 1862 los cambios en las formas de aplicación de las penas de muerte. Éstas se dejaron de lado para cuestiones políticas y se focalizaron en los encontrados culpables de delitos aberrantes, como el mencionado caso de Tomás Ordoñez, para luego hacerse menos frecuentes. (Salvatore, 2010: 166 y ss.) Para quienes se hicieron del poder en 1852 se hizo visible la necesidad de imponer un castigo civilizado a los delitos que se plasmaron en el ámbito penal (Caimari, 2002: 141-150) Tales cambios en las sen-sibilidades en torno al castigo fueron acompañadas por la consolidación institucional, no solo en el ámbito provincial, sino también en el del Estado central con la organización de la justicia federal (Zimmerman, 1996) y las penitenciarías (Caimari, 2004)

Las transformaciones en las percepciones sobre los modos adecuados de resolver conflictos personales pudieron inducir la utilización de mecanismos diferentes cuando estos se presen-taban. Como se mencionó, en la documentación de los juzgados de paz abundan los casos de peleas por insultos, rechazos de convites, juegos de cartas, entre otros motivos. Entre esos lega-jos fue posible hallar un caso en el que el conflicto suscitado por supuestos insultos se resolvió sin la intermediación de la violencia. José Muñoz, vecino de Tandil, entabló una demanda por “injurias graves” contra Nicolás Coronel.30 Ambos eran propietarios de establecimientos colin-dantes en dicho partido. Según la denuncia, Coronel habría dicho que Muñoz era un “oriental ladrón”31 repetidas veces delante del Teniente Alcalde Felipe Roldán, Norberto López –mayor-domo de Coronel- y Antonio Aristimuña en la estancia Juncal, perteneciente al demandado.32 Según el sumario había ciertas diferencias por la ubicación de un mojón que señalaba el límite entre las propiedades de cada uno, lo que generó la reacción de Coronel. Por ello, Muñoz de-cidió entablar una “querella formal (…) contra el injuriante calumniador”. Además, pidió que se le exigiese a éste las pruebas del delito que le imputaba y que en caso de no brindarlas se le impusiesen las penas correspondientes. La imputación fue negada por lo que ambos presenta-ron testigos. Finalmente, Coronel afirmó estar dispuesto a dar “satisfacción” afirmando “bajo palabra de honor” que no había pronunciado ningún insulto” y ofreció hacer pública su decla-ración por medio de la prensa. La propuesta fue aceptada por el Muñoz y el juez de paz cerró la causa.33 Aún cuando este caso no habilita para proponer conclusiones definitivas, muestra que el abanico para la resolución de los conflictos personales en el ámbito de la campaña era sumamente amplio. Aún cuando pudiera suponerse que este conflicto que discurrió en el ámbito del juzgado de paz fue posible porque sus protagonistas pertenecían al grupo de hacendados

dio muerte a más de 30 personas, la mayor parte extranjeros. (Santos, 2008). El segundo, aunque de signo diferente, fue la rebelión encabezada por Bartolomé Mitre cuando perdió las elecciones presidenciales a manos de Nicolás Avellaneda que recorrió parte de la campaña buscando adhesiones. (Sábato, 2002; Míguez, 2011)

30 AHMT, 1862, documento nº 106.31 Subrayado en el original.32 A excepción del último, todos los nombrados fueron consignados como “Don”. Si bien tal condición estaba por demás ex-

tendida en la campaña aún marcaba cierta distinción entre quienes estaba habilitados para su uso y quiénes no. (Garavaglia, 1999)

33 Cabe señalar que ésta fue una de las dos demandas por injurias encontradas en la documentación perteneciente al Juzgado de Paz de Tandil entre los años 1839 y 1880.

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–en palabras de Mac Cann portadores de un grado de “civilización mayor” que el resto de los pobladores- no resulta posible afirmarlo de manera categórica. Los archivos analizados abun-dan en casos donde las peleas a punta de cuchillo estuvieron protagonizadas por personas de condiciones sociales diversas e incluso por los supuestos encargados de mantener el orden.34

Consideraciones finalesA lo largo del texto procuramos mostrar que en la campaña bonaerense durante el siglo

XIX las violencias interpersonales tuvieron una multiplicidad de causas así como de escenarios posibles en un contexto de construcción estatal donde convivían diversas legitimidades en tor-no a las conductas aceptables. Asimismo señalamos que tales prácticas no fueron el producto de actos irracionales producidos de manera exclusiva por enojos momentáneos, enemistadas previas, el consumo de alcohol –o una combinación de tales circunstancias. Lo que los diversos relatos mostraron fue que las violencias fueron acciones complejas realizadas por sujetos que conocían y compartían un conjunto de normas que prescribían cuáles actitudes eran válidas y cuáles no. De manera previsible, los acuerdos en torno a la validez de las prácticas violentas no eran unánimes y por ello, en ocasiones, las discrepancias se resolvían por medio de la fuerza.

La esgrima criolla pareció tener reglas que los contendientes conocían y tendían a respetar. La violencia interpersonal constituyó un modo válido de resolver conflictos personales que no pudieron zanjarse de otra manera. Sin embargo, no pareció ser la primera opción sino el resul-tado de una tensión creciente que solo podía resolverse por esa vía. Aunque lícita, esta práctica no podía realizarse de manera indiscriminada sino que su validez se extendió a determinados casos. Las disputas debían ser equitativas, ello implicaba que los contendientes no podían te-ner ventajas unos sobre otros. Estas prácticas fueron posibles porque, como señaló Fradkin, una parte de las normas sociales en la campaña bonaerense durante este periodo no estuvieron reguladas desde las autoridades estatales. Fueron los actores sociales quienes dieron forma y estipularon los rasgos precisos que tales duelos debían tener. Por ello, creemos que no puede argumentarse que la violencia interpersonal no fue relevante en el ámbito rural de la provincia de Buenos Aires pero tampoco que la misma era indiscriminada. En la medida que el despliegue del Estado logró hacerse cada vez más efectivo e imponer un conjunto de normas al conjunto de la población tales prácticas fueron consideradas y castigadas como ilegalidades, aunque dicho proceso no fue lineal. Por el contrario, se trató de un recorrido arduo que con avances y retro-cesos tomó buena parte del siglo decimonónico.

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34 En 1859 el Guardia Nacional Faustino López fue muerto por José María Palavecino en el partido de Chascomús dentro de la casa del cabo Mena. DHJ, Criminal contra José María Palavecino por muerte a Fausto López el dia 5 de febrero del mismo año en Chascomús, (1859), (2/5).

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10El siglo xix: encuentros y desencuentros en la cultura de las élites

Rosalía Baltar UNMDP

rosalia.baltar@gmail.com

“Cuando se dice el siglo, es lo mismo que sidijésemos los deseos, las esperanzas, las necesidades,

las ideas, los sentimientos de la humanidad actual. En este sentido, siglo es una palabra sintetica, esto es,

una palabra compuesta, que expresa todas las faces de una civilización: de suerte que decir el siglo,

es hablar una metonimia, que vale tanto como si se digese la humanidad presente,

esto es, lo que la humanidad quiere y hace.Domingo Faustino Sarmiento, San Juan, 1839

Hacia finales de 1829, con la asunción del cargo de Gobernador de la provincia de Buenos Aires por parte de Juan Manuel de Rosas, aparecen factores de cambio y transformación que, una vez consolidados, configurarán el perfil de un período fundacional en la concepción de la cultura argentina, en la conformación de sus posteriores proyectos políticos, y en la tan extensa como inagotable y aún no cerrada discusión crítico-historiográfica en torno a las intenciones, los proyectos, las problemáticas del período y sus núcleos de continuidades de las tradiciones previas –la colonial, la religiosa, las perspectivas neoclásicas.

En 1829, entonces, Rosas es gobernador de Buenos Aires y también, alrededor de esos años, la joven generación romántica abandona el claustro estudiantil (cuyo recordado maestro fuera Diego Alcorta) para constituir el Salón Literario. Los jóvenes del ´37 toman contacto con ideas europeas, entre otras cosas, porque otro joven, Esteban Echeverría, ha regresado de París y se convierte en el guía de todos ellos. Pero, además, actúan, en el medio cultural, hombres de letras y profesionales que algunos años antes habían llegado a estas tierras seducidos por el proyecto de Rivadavia de hacer del Plata un Parnaso rioplatense, algunos unitarios de la vie-ja escuela neoclásica cuyos derroteros serán fundamentales para la cultura letrada –Florencio Varela o su hermano Juan Cruz-, y periodistas extranjeros que defendían los fundamentos e intereses de las naciones de las que eran súbditos (Thomas Love es uno de los más recordados).

Como puede apreciarse, los agentes letrados del gobierno –en algunos casos esos mismos extranjeros que llegaron con Rivadavia, en otros, los periodistas extranjeros asociados con los intereses coloniales de las potencias (Francia e Inglaterra) y periodistas locales- tanto como los hombres de la denominada generación del ´37 compartían un mismo espacio geográfico e incluso coincidían en opiniones y posturas que la historiografía canónica, de Mitre en adelante, se ocupó de disimular. Recordemos que aunque con diferencias en los grados y las modalida-des, varios de los miembros de la generación del ´37 en una primera etapa apoyaron a Rosas, y que en el interior del grupo esto representó disidencias, profundizadas con el correr del tiempo (Weinberg 2006).

En este marco, resulta indispensable establecer la relación de cada uno de aquellos actores con su propia historia de los libros, las lecturas y también las preocupaciones lingüísticas, para

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comprender, a su vez, las prácticas de escritura y de sociabilidad. Porque, presumimos, cons-tituye un aspecto que asume rasgos particulares de tradiciones comunes, saberes compartidos en función de las lecturas y de otras prácticas vinculadas con ésta: la difusión y circulación del libro en el Río de la Plata, los modos de circulación de la información y las concepciones del letrado que están funcionando en la época. Esa formación compartida y, al mismo tiempo, par-ticularizada, adoptará matices, transformaciones o evidenciará estabilidades en el contacto con miembros de su grupo y con la sociedad (letrada y no letrada) en su conjunto. El señero libro de Adolfo Prieto, Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura nacional (1996) es una clara puesta en escena de algunos de estos vínculos.1

Es, pues, posible detenerse en las figuraciones del letrado desde una doble perspectiva, que constituye el punto de partida de nuestro trabajo. Por una parte, examinar la formación particular de los letrados y su interacción con el contexto, lo cual permite indagar las prácticas discursivas concretas; entre ellas, las miradas que cada uno de los actores construye acerca de los espacios y las costumbres que vive, sus deseos o no de transformación o permanencia y la observancia o rechazo de las prácticas de sociabilidad. En este punto, la hipótesis sobre la cual se iniciará este estudio es que los proyectos culturales emanados de los distintos actores y gru-po de interés –concretamente, Echeverría, Sarmiento, Alberdi y Gutiérrez, por un lado; Pedro de Angelis, los letrados que vinieron al Plata por iniciativa de Rivadavia y otros agentes de la prensa rosista como Luis Pérez, por el otro, confluirán en modos de acción y buscarán legiti-marse en la producción discursiva, a través de usos retóricos compartidos –la ironía, el discurso satírico, la apelación y uso del género epistolar en el ámbito público y privado, la hibridación del discurso periodístico con el jurídico, la intertextualidad, la polifonía y las lenguas, sus repre-sentaciones, simulacros y manipulaciones como instrumentos de figuración del yo letrado– que definirán la existencia de un campo en ciernes y por cuyo dominio y control se lucha, se debate, se pelea y en el que se establecen alianzas, pactos y concesiones.

Hasta aquí, entonces, el estudio de la formación individual y su interacción con el contexto para demostrar la existencia de prácticas compartidas en el plano del discurso, las costumbres, la sociabilidad, con la pretensión de diluir las tajantes diferenciaciones presentadas en la histo-ria tradicional. Complementariamente, el examen de la educación, las lecturas, las ideas de las que se nutrió la prosa de estos mismos personajes lleva a considerar con atención las grandes diferencias que a menudo pueden constatarse entre palabras y acciones. La hipótesis que traza esta segunda línea de investigación sostiene que por esas distinciones constitutivas en los mo-dos de sentir, percibir y pensar de los sujetos en juego, los usos dados a las tradiciones construi-rán formas de decir peculiares, maneras distintas de imaginar la figura del escritor y acciones concretas en el ámbito de la cultura y de la política de muy variados objetivos, motivaciones y resultados. Vislumbramos la época de Rosas no sólo como una gran “charca de sangre” sino como un cuadro en el que prima la perspectiva, el rasgo, el punto de vista, la luz, la densidad y el matiz.

Los ejes problemáticos que gobiernan nuestro recorrido son de carácter teórico se recuestan principalmente sobre la reflexión textual, lingüística y cultural y se expresan en el análisis de epistolarios, periódicos, antologías y compilaciones de los autores mencionados más arriba. Nos ha interesado visualizar y desentrañar a partir de ese repertorio, las prácticas de lectura y escritura de aquellos personajes de la cultura letrada que se destacaron en el período, ya sea del lado opuesto a Rosas como en su propia orilla. Qué y cómo leían son preguntas que guían

1 Creemos aquí que, más allá de los ingleses, hay lecturas concretas que para el caso de Alberdi y Sarmiento han sido determinantes. Nos referimos a las lecturas de Volney, Las ruinas de Palmira y Mariano José de Larra.

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nuestro trabajo. Consideramos oportuno sintetizar a continuación los ejes conceptuales en que pensamos este trabajo, algunos de los cuales ya hemos desarrollado parcialmente y otros que aún no hemos abordado:

a) Autorreferencia y reputación literaria. Ambos conceptos y sus vínculos dominan la re-flexión de los letrados, sobre la propia formación; gracias a la mirada autorreferente se configu-ra una visión de letrado, escritor, agente de la cultura que importa una determinada reputación literaria. En estos términos se intenta pensar en lo que significa ser un escritor o un letrado en función de lo que se sabe o de lo que se dice saber, de las prácticas en las que se es diestro y competente o de las lecturas que se han consumido e, incluso, de las relaciones en la socia-bilidad que se establecen o que se imposibilitan y que le dan sentido y cohesión a las propias empresas y acciones.

b) Colaboración y autoría. Se trata aquí de estudiar el carácter específico de algunos tex-tos que, como señala Jorge Rivera (1979) forman parte de un momento clave en el Río de la Plata en la conformación del mundo editorial, - La Colección de obras y documentos del Río de La Plata de Pedro de Angelis (1835-1838), La Moda (1837-8) y Fragmento preliminar al estudio del derecho (1838), estos últimos de Juan Bautista Alberdi. Detenernos en los procesos de construcción y las motivaciones reveladas en los mismos textos y en confrontación con los epistolarios de los autores -en especial, el de Pedro de Angelis con Carlo Zucchi- posibilita vislumbrar la figura del letrado a partir la conceptualización que a menudo ellos mismos propo-nen sobre qué es colaborar, qué es “trabajar de a dos” o de a muchos en una empresa conjunta. Qué es ser autor –o escriba, amanuense, consultor, servidor- y qué es, por otra parte, escribir por separado pero bajo los designios de una prescripción –estética y/o política- que importa un contrato, un acuerdo, una obediencia o una sanción, un juicio, una censura. Estas preguntas a resolver resultan productivas a la hora de asir las distintas figuraciones del letrado y los tipos de autorías –para decirlo con Graciela Batticuore (2005)- que conviven en un mismo espacio, quizás atravesado por diversas sensibilidades. Por ello, consideraremos el Archivo Americano o Espíritu de la prensa en el mundo, periódico publicado en edición trilingüe, editado por Pe-dro de Angelis, pero escrito – como proponemos - en colaboración con Juan Manuel de Rosas frente a la producción romántica en la que el concepto de colaborar soporta otras inquietudes, otros desafíos y otras formas de asumir la propia subjetividad.

c) Configuración del espacio crítico: polemizar y corregir. Se intentarán detallar y analizar los “cruces de palabras” y lecturas que se dieron entre los actores, para determinar, justamente, el ejercicio y conformación de la lectura crítica en el período. Aquí cabe señalar la centralidad que cobra Esteban Echeverría: como se ha consignado en más de una ocasión, su producción fue la primera en ser sometida a crítica a través de los periódicos de la época (Weinberg 2006). A partir de allí, el poeta protagonizó algunos episodios polémicos, entre otros, el muy impor-tante –considerado por él mismo fundamental- con Pedro de Angelis, a raíz de la reedición del Dogma socialista, en 1846. Lo más interesante de este asunto es, en primer término, que permi-te situarnos en el tono polémico de la época, en la expresión concreta de una sensibilidad bár-bara que actúa a impulso de una sensibilidad civilizada, en la fórmula que José Pedro Barrán aplicó para el universo uruguayo de aquellos años. En segundo lugar, esta polémica permite seguir encontrando respuestas a la pregunta sobre qué es ser un editor en ese marco. Por último, de la mano de Echeverría y su enojo furibundo con el editor podremos visualizar y recomponer el “mundillo literario” por parte de los involucrados a través de los comentarios que ellos mis-mos realizan en sus cartas sobre este episodio (con Zucchi, de Angelis; con Gutiérrez, Echeve-rría). Puesto que el tono polémico atraviesa en el período todas las textualidades y los bandos se podrá observar cómo, en el seno mismo de las huestes federales, la disputa por la posesión

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de la palabra que, en todo caso, significa un acercamiento no ya a la verdad sino al poder, se vuelve imperativa. Tomar posesión de la palabra es posicionarse estratégicamente más o menos cerca del foco del poder y mostrar que se es buen federal; servir bien al Restaurador, ser útil y patriota no son conceptos acordados de antemano sino instancias de definición en el campo mismo de la apropiación por un espacio de poder. Veremos, en este punto, cómo las biografías de Juan Manuel de Rosas, una escrita por Luis Pérez (1830), y la otra, del mismo año, por Pedro de Angelis, exhiben en su construcción el escenario de una lucha desde y en el lenguaje por la imposición de una imagen del biografiado y por la imposición, desde luego, de modos de decir propios y apropiados en la lengua.

El espacio crítico también será construido en las estrategias de corrección. A veces, la co-rrección implicará una amonestación del otro, una censura, un hacer callar y un obedecer (Al-berdi). Otras, el corrector exhibirá su corrección con el único fin de imaginar la existencia de un lector al que corregir (Sarmiento). Finalmente, las formas de la corrección darán cuenta de un conjunto polémico cuya dimensión polifónica es estratégica y tiene como objetivo visualizar y jerarquizar la voz de un sujeto único (Echeverría).

d) Difusión y promoción de prácticas de lectura y escritura. Como se sabe, la Asociación de Mayo tuvo sus filiales en San Juan, en Tucumán y Montevideo; en esas zonas, sus protagonis-tas también realizaron una actividad cultural que se expresó en periódicos de corte satírico. Es importante, entonces, examinar, qué variaciones y, en especial, qué relaciones existieron entre esos textos y el espacio “central” –el Río de la Plata- y, muy particularmente, qué impacto, in-cidencia y vínculos establecieron estas empresas con el ámbito propiamente local y su pasado cultural. Así, nos interesa indagar estas problemáticas en El Zonda, editado por D. F. Sarmiento, en su San Juan natal, espacio escasamente revisado por la crítica. Allí, la construcción del vacío como punto de partida conduce a la formación de estrategias especiales, como lo son la notable ventriloquia de los editores de El Zonda, la inversión del plagio o la copia como invención.

A lo largo del ensayo, insertamos este tipo de análisis en el marco de los estudios cultura-les, de la idea de las prácticas y de las nociones de campo, diferencia y gusto de autores como Williams, Chartier, Darnton, Bourdieu. Con ellas, entendemos la cultura como el conjunto de sistemas significativos de producción de bienes simbólicos; de modo que en nuestro abordaje nos interesa privilegiar el conjunto del período, no sólo un lado u otro.

En síntesis, el objetivo mayor de este estudio se encuentra focalizado en cómo se fue tra-mando un sistema de elecciones formales –lo satírico, la ironía, la intertextualidad, las ficciones de oralidad, la teatralización, etc- para ejecutar experiencias e ideas –la violencia, la facción, la figura del letrado, los hombres de letras y el poder, la difusión de las ideas, etc-; cómo, además, se gestaron ciertas valoraciones culturales y qué relaciones fueron estableciéndose para la for-mación de una ley, una política y un discurso crítico. Creemos de gran importancia desarrollar un detallado análisis de ese sistema –o sistemas- de elecciones formales que deseamos estudiar y, para ello, las perspectivas introducidas por la pragmática, el análisis del discurso y variantes de la lingüística antropológica serán de gran utilidad.

Situados en el marco de una búsqueda de interpretación de un proyecto y un universo cultural y su construcción existen en la actualidad multiplicidad de trabajos e investigaciones abocados a las problemáticas cultura/ nación, cultura/ prácticas discursivas, conformación del estado, tradiciones y formaciones intelectuales, prácticas de lectura, escritura y sociabilidad, capitales simbólicos/ conformación de campos culturales, etc. En este sentido, los estudios de Roger Chartier, de Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Robert Darnton, Michel de Certau o Norbert Elías iluminan a nivel general lo que se pueda estudiar en cuanto a las prácticas loca-les. Las siempre insoslayables lecturas de Auerbach, Walter Benjamín, Roland Barthes, Mijail

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Bajtín, Georg Simmel, George Steiner y Mukarovsky –así como el examen y las relecturas que de ellas se hacen en el ámbito académico- contribuyen a la apertura conceptual para establecer relaciones entre la escritura, aquello que se lee y la impronta de las prácticas en los discursos. En éstos y otros autores destacados, las implicancias entre la literatura, la política, los discursos críticos y las prácticas de sociabilidad aparecen como factores relevantes de análisis.

En el terrero específico, existen trabajos clave: por el aporte original, por el campo metodológico que abren, por el material que permiten conocer. Ya sea desde la historiografía como desde la teoría, la crítica, la lingüística y la bibliotecología, los estudios de Halperin Donghi, José Carlos Chiaramonte y Félix Weinberg, los de Adolfo Prieto, David Viñas, Josefina Ludmer, Cristina Iglesia, Susana Zanetti, Sylvia Molloy, Noé Jitrik, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y Oscar Terán, por nombrar sólo a algunos, exigen una lectura permanente de sus páginas y de las hipótesis que han brindado.

Pese al abundante material en torno a los románticos de la generación del ´37 no ha sido tan prolífera la investigación de estas perspectivas en cuanto a la producción cultural del rosismo y de aquella escritura o palabra que contara con el santo y seña del Restaurador. Sin embargo, a lo largo de los últimos quince años se han publicado trabajos determinantes: el libro de Jorge Myers, Orden y virtud, el discurso republicano en el régimen rosista (1995), cuyo estudio pre-liminar y posterior antología de la prensa rosista introduce y profundiza el tema de la produc-ción cultural, la figura de Pedro de Angelis y otros periodistas, cultos, populares que actuaron en el período que nos interesa, la biografía de Pedro de Angelis de Josefa Emilia Sabor desde la bibliotecología, (el estudio más completo hasta el momento del polígrafo napolitano), y el libro de Amanda Salvioni, L´invenzione di un medioevo americano, que se enfoca sobre la recuperación de un pasado colonial entre los intelectuales del siglo XIX y toma especialmente esta figura del rosismo. Son igualmente reveladores los estudios historiográficos que adoptan una mirada sobre la sociabilidad, como los de Pilar Gonzalez Bernaldo y José Pedro Barrán. Se destacan también compilaciones de artículos críticos como Letras y Divisas, de Cristina Iglesia, el tomo de la Historia crítica de la literatura argentina de Noé Jitrik, dirigido por Julio Schvartzman, los muy recientes Resonancias románticas (2005), compilado por G. Batticuore, K. Gallo y J. Myers, La mujer romántica, de G. Batticuore (2005) y los estudios dedicados a Esteban Echeverría –cercanos a su bicentenario-, Esteban Echeverría, ideólogo de la segunda revolución (Félix Weinberg, octubre de 2006) y Las brújulas del extraviado. Para una lectura integral de Esteban Echeverría (Alejandra Laera y Martín Kohan, compiladores, agosto 2006). Resaltamos sobre estos últimos que en ambos estudios focalizados en una figura ya canónica por completo, las relecturas abordadas han descubierto, revelado, e incluso dicho por vez primera aspectos desconocidos del poeta, su época, sus relaciones y su producción, lo que da la pauta de que volver a los textos y a los sujetos es, en el campo crítico, una permanente necesidad. Los dos últimos libros de Elías Palti dedicados al siglo XIX constituyen un aporte sustancial desde una perspectiva teórica analítica del caso mexicano en concreto. Por otra parte, tanto el primer tomo de Historia de los intelectuales, dirigido por Myers (2008) así como Intelectuales. Notas para una investigación, de Carlos Altamirano (2008), son indispensables para percibir el espa-cio latinoamericano y contextualizar así, mejor, nuestro recorte. En todos ellos se observa una inclinación a abordar el período desde una perspectiva de crítica cultural resultando una visión integradora en cuanto a los objetos simbólicos que interpretan y como búsqueda de ese tejido que constituyó aquel “país” al que hacemos referencia.

A modo teórico e instrumental, debemos decir que los aportes de estudios clásicos acerca del fenómeno de la cortesía verbal –aspecto que nos interesa particularmente para determinar

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las distintas figuraciones del letrado-, en general, Penny Brown y Stephen Levinson, pero, en castellano, por ejemplo, Haverkate, y las consideraciones pragmático-discursivas del análisis del discurso, la teoría de la relevancia respecto de la interacción, etc. (aparecidas, entre otras publicaciones internacionales en el Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Cul-ture o Journal of Pragmatics y a través del programa EDICE –Estudios del Discurso de Cor-tesía en Español (Suecia)-) reportan a este estudio una riqueza inusitada, puesto que permiten dar cuenta de las políticas lingüísticas que fueron ejecutadas con el fin de construir imágenes de la cultura y de las subjetividades. En el espacio local, son de interés los también ya clásicos análisis derivados y continuados de las propuestas de Beatriz Fontanella de Weinberg y otros (Llovet, Rigatuzo, Rígano, Boretti).

Hasta ahora, hemos desarrollado los siguientes puntos: 1) una primera aproximación a la cuestión de los letrados “rivadavianos”, esto es, Zucchi,

de Angelis, Venzano, Mossotti a través del epistolario privado mediante tres variables: a) la re-presentación de América (o del Río de la Plata) en función de los imaginarios que los europeos traían ya consigo; b) la formación de la mirada cuando se instalan aquí y pretenden desplegar sus variados oficios; c) las concepciones del arte, “oficio” por ellos mismos considerado útil, bello y digno de generarles una reputación. Aquí nos falta el trabajo con una parte del corpus aún no explorada por ningún investigador consistente en un número considerable de cartas manuscritas e inéditas de la que fuera mujer de Carlo Zucchi, de su sobrina y de una amante de éste, cuyo nombre permanece en la sombra todavía. Estas cartas, las que conozco gracias a la generosidad de Fernando Aliatta quien tuvo a bien concedérmelas para su examen, constituyen realmente un material riquísimo para observar la sociabilidad, los modos de vivir, etc. de estos letrados durante la primera mitad del siglo XIX, además de todo lo que se puede pensar y ob-servar respecto de las mujeres, su educación y participación en el ámbito de la cultura. Me ha impresionado particularmente la constante obsesión por el dinero que se presenta en estas car-tas, más allá de sus remitentes. La precariedad de la vida cotidiana se mezcla con efusión en las románticas palabras de amores desdichados. Aventuro una conexión con el universo romántico y con la inestabilidad del artista en el período ya que, como lo ha notado Félix Weinberg para el caso de Echeverría, pareciera haber una constante en este sentido.

2) Hemos explorado la Colección de obras y documentos relativos a la Provincias Unidas del Río de la Plata, editada por Pedro de Angelis, como un ejemplo paradigmático del letrado bibliógrafo, coleccionista y americanista, al que denominamos “letrado rosista”. A través de la Colección, de Angelis ejecuta una visión del poder, un diseño de territorio “argentino” y una valoración de la historia como aporte al mundo de las letras y sostén del presente político, que podríamos considerar de factura neoclásica en un punto, pero también, al calor de la conviven-cia con el rosismo, refractaria a las nuevas corrientes románticas y encontrada con un pasado próximo al antiguo régimen. Respecto de de Angelis nos queda mucho por trabajar todavía. Un punto interesante, que abordamos someramente más adelante es el tema de la construcción y tratamiento del espacio biográfico como lugar de la historia y como discurso político. Hay varias biografías escritas por de Angelis y quizás valga la pena recorrer la primera, una traduc-ción del latín de Cornelio Nepote. También nos queda pendiente reconocer bien a través de su epistolario con Rosas, por un lado y con Zucchi y Florencio Castellanos, por otro, sus labores concretas, su actividad de “espionaje” y sus perspectivas culturales.

3) Abordamos, por otra parte, la figuración del letrado romántico a través de la figura repre-sentativa de Juan Bautista Alberdi en las producciones periodísticas y jurídicas que coincidieron cronológicamente con el evento de la Colección: Fragmento preliminar al estudio del derecho

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(1838) y La moda (1837-1838). En estos textos exploramos recientemente las relaciones entre el pasado hispánico y las novedades románticas que se expresan en la construcción de autores y de lectores y los vínculos entre formas de escritura y opciones de lecturas –formales, escolares y personales. Aquí estamos trabajando puntualmente con la representación de la música, tanto en el salón como en el claustro escolar y aun el templo, porque, siguiendo a Bourdieu y obser-vando concretamente lo que la reflexión musical altamente especializada nos enseña –Adorno y Thomas Mann, por ejemplo- es un arte que constituye el más alto grado de representación sensitiva del sujeto, el tono de una élite que se precie de tal. Fuera de una grabación que se hiciera en 2010 de los valses y minués compuestos por Alberdi en ocasión del bicentenario es bastante poco lo que he encontrado respecto del Boletín musical de La moda y de Alberdi y su producción musical en general. Consideramos que es un punto fundamental en nuestro trabajo respecto de la formación de los letrados románticos. Otra cuestión en la que todavía no hemos indagado es, respecto justamente, de la formación, pero en el ámbito escolar, en relación con las lecciones de Diego Alcorta. Aunque estamos analizando planes de estudios, programas, y otros textos del Ciencias Morales, nos falta todavía hacer una lectura intertextual de las rela-ciones entre esas lecciones del maestro y el pensamiento de los letrados que estudiamos (aquí Gutiérrez, Esnaola, Alberdi).

4) En relación con el letrado romántico, se enfatiza y profundiza la construcción de los lec-tores en el primer periódico “moderno” de San Juan, El Zonda, de 1839, cuyo editor, director, periodista privilegiado fuera Domingo Faustino Sarmiento.

5) Por último, efectuamos el análisis de una polémica epistolar resonante, abierta y destem-plada entre Echeverría y Pedro de Angelis que pudo mostrarnos las estrategias discursivas en común de construcción del yo y los otros, por un lado, y la figuración del editor, escritor, publi-cista, por el otro. En paralelo, nos interesó observar en las biografías de Juan Manuel de Rosas, escritas, como hemos señalado, ambas en 1830, por dos letrados rosistas, una polémica velada, encubierta, en el seno mismo del poder federal. Todavía nos falta, sin embargo, abordar otros relatos biográficos que tienen por centro al restaurador, incluso biografías en otros idiomas, en otros registros (como la poesía, por ejemplo). Hemos creído importante contextualizar el im-pacto que la polémica de Angelis/ Echeverría pudo haber tenido en su contexto de producción analizando los antecedentes del discurso polémico y las visiones de la otredad expresadas en la prensa y en los debates de Mayo en adelante. Este último punto se encuentra en etapa explo-ratoria, como así también las cuestiones relativas al discurso polémico previo a Echeverría, es decir, de la etapa rivadaviana –tímidamente nos hemos acercado a algún texto de Castañeda.

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PARTE II

Mesa El Interior y el Litoral

Lista de la comunicaciones 1. Alejandro Morea (CONICET- UNMDP) “Las capacidades militares como capital po-

lítico”

2. Norma Aguilar (UNSa) “La construcción de liderazgos políticos militares en la Fronte-ra del Rosario- José Ignacio de Gorriti (1810- 1821)”

3. Facundo Nanni (CONICET- UNT) “Sesiones, interrupciones y debates. La Sala de Representantes tucumana en sus inicios (1822-1838)”

4. Marcelo Marcchioni (UNSa) “El problema de la construcción de un nuevo orden esta-tal provincial. Salta y Tarija en la década de 1820.”

5. Valentina Ayrolo (CONICET- UNMDP) “Hacia el final de la hegemonía de la Casas. La Rioja, entre 1812 y 1823”

6. Mercedes Quiñonez (CONICET- UNSa) “Familias, parentesco y vínculos personales en la construcción de la elite decimonónica salteña”

7. María Laura Mazzoni (CONICET-UBA) “Practicas de religiosidad local en el Obispa-do de Córdoba entre la colonia y la posrevolución (1778-1836). Problemas y propuestas de investigación.”

8. Telma Chaile (CONICET-UNSa) “Ritualidad, poder y acciones de devoción en Salta. Fines del siglo XVIII y siglo XIX”

9. Ana Laura Lanteri (CONICET-UNMDP) “Apuntes de investigación. La formación de una elite política nacional: el personal político de la `Confederación´ durante el mitris-mo”

10. Darío Barriera (ISHIR-CESOR, CONICET (Rosario)) “Rediseñando lo judicial, rein-ventando lo jurídico: el “Reglamento” de 1833 y los orígenes de la Justicia de Paz en la Provincia de Santa Fe “

11. Gabriela Tío Vallejo (UNT) “La voz de los vecinos: testigos, padrinos y auxiliares de la justicia. Escudriñando los vínculos sociales en la “pequeña” justicia de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX.”

12. Carolina Piazzi (ISHIR-CESOR, CONICET (Rosario)) “Itinerarios judiciales: aboga-dos en la justicia rosarina de 1ª Instancia”

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1Las capacidades militares como capital político.

Alejandro MoreaBecario de CONICET

CEHis, Facultad de Humanidades, UNMDP.1

alemorea@hotmail.com

Marco Histórico y definición de la problemática de investigación:Las disputas entre los miembros de la familia real que culminaron con las Abdicaciones de Bayona y la coronación de José Bonaparte, condujeron al inicio de la llamada Guerra de Inde-pendencia española que finalizó con la expulsión de los franceses y la coronación de Fernando VII en 1814.

La situación en la península repercutió rápidamente en las posesiones americanas de la corona española y abrieron la puerta a la serie de procesos y acontecimientos que dieron por terminado con el orden colonial americano. Lo ocurrido en el Río de la Plata a partir de mayo de 1810 se inserta en esta crisis imperial y llevará a la separación de los territorios que confor-maban el virreinato del Río de la Plata de la metrópoli y a la conformación de cuatro nuevos estados en los territorios antes controlados por España (Halperin Donghi: 1985).

Si la formación de juntas de gobierno en las distintas ciudades de la península ibérica fue percibida como la mejor forma de hacer frente a la ocupación francesa y preservar los territorios para el monarca cautivo, lo ocurrido en América fue radicalmente distinto. No sólo las auto-ridades residentes en España vieron con desconfianza la aparición de Juntas en las posesiones americanas sino que estas también encontraron la resistencia tanto de un importante número de los españoles peninsulares residentes en el nuevo mundo como de muchos españoles america-nos (Portillo Valdés, 2005).

Lo que comenzó siendo una disputa en salones, tertulias y en los cabildos entre integrantes de las distintas facciones de las elites locales devino en una descarnada guerra civil. El enfren-tamiento entre aquellos partidarios de otorgar reconocimiento a la Regencia y participar del llamado a las Cortes de Cádiz y quienes cuestionaban la legitimidad de la primera y planteaban permanecer al margen de la segundas, terminó arrastrando al conjunto de la sociedad a un con-flicto bélico de proporciones inéditas, con grandes cantidades de hombres movilizados y que finalizó con el dominio español sobre la mayor parte de Hispanoamérica.

La desestruccturación del orden colonial en el Virreinato del Río de la Plata se inserta en este proceso general de crisis de la monarquía. Aunque la formación de una Junta de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires recién se produce en mayo de 1810, es posible encontrar fuertes indicios de que el resquebrajamiento de la legitimidad de las autoridades metropolitanas en el Río de la Plata se habían iniciado algunos años antes, inclusive con anterioridad a la invasión francesa de la península.

La actuación de los principales funcionarios militares y civiles metropolitanos ante los in-tentos de controlar la capital por fuerzas de la corona británica en 1806 y 1807 fue duramente criticada por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Que el principal esfuerzo para liberar a la ciudad fuera producto de la población local enrolada en improvisados regimientos de milicias liderados por Santiago de Liniers, un noble francés al servicio de la Armada española, y por

1 Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX, DH-FH-UNMDP.

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una de las principales figuras del Cabildo de la ciudad, Martín de Álzaga, produjo las grietas necesarias entre las autoridades coloniales y los súbditos del monarca para que el orden colonial comenzara a rajarse de ahí en adelante.

Si la invasión inglesa al Río de la Plata2 fue un episodio menor en las disputas entre la Fran-cia Napoleónica y sus aliados contra Gran Bretaña por la superioridad en Europa, los efectos de la misma para el Río de la Plata fueron transcendentales. No sólo puso en cuestión la capacidad defensiva de la corona en estas tierras sino que produjo los primeros cortocircuitos entre las autoridades y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y provocó un re acomodamiento político al interior de la elite capitalina. Las grietas que se produjeron en el pacto colonial en el Río de la Plata pueden ser observadas en algunas situaciones concretas que se sucedieron entre 1807 y 1810 están vinculadas a estos cambios que se suscitaron tras las Invasiones Inglesas.

En primer lugar, la destitución del Virrey Sobremonte impulsada por los integrantes del cabildo de Buenos Aires con el apoyo de los comandantes de los nuevos cuerpos de milicias y el nombramiento Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, fue la primera señal de la debilidad en la que había quedado la autoridad de la monarquía tras la actuación de su represen-tante máximo en el virreinato.

La confirmación de Liniers en el cargo de virrey por parte de la Junta Central de Sevilla no trajo calma en el virreinato. El control de Francia sobre el territorio español transformó rápidamente a este oficial naval de origen francés en blanco de suspicacias y sospechas. Esta situación, y su ambigua actuación frente a los enviados por el emperador al Río de la Plata, y ante los de Carlota Joaquina fue aprovechada por algunos de sus adversarios y otrora aliados y los problemas se reanudaron. En septiembre de 1808 por impulso de Francisco Javier de Elío, gobernador militar de Montevideo, el cabildo de esa ciudad conformó una Junta de Gobierno y desconoció la autoridad del virrey (Frega: 2007). A este inconveniente debemos sumar el intento frustrado de destituir a Liniers y de formar una Junta de Gobierno el primero de enero de 1809 por parte de un grupo de vecinos de Buenos Aires liderados por Martín de Álzaga. La resolución favorable a Liniers de este conflicto se debió a la actuación de los comandantes de los Regimientos de milicias de Patricios y Andaluces que sostuvieron su autoridad sobre las aspiraciones de los cabildantes (Goldman: 2009). Si entre 1807 y 1809 las disputas parecen haber sido entre Liniers y el Cabildo, lo que queda claro tras la última intentona de Álzaga y sus partidarios es que la invasión inglesa había dejado instalada una nueva fuerza política-militar que se mostraría predominante ante el resto de los actores políticos (Halperin Donghi: 1978).

Una muestra de la clara presencia y fuerza de este sector fueron las dificultades que en-contró Baltasar de Cisneros para tomar posesión de su cargo como nuevo virrey del Río de la Plata a mediados de julio de 1809. La resistencia de los grupos que habían apoyado a Liniers en la asonada de enero solo fue posible de superar tras arduas negociaciones entre representantes del nuevo virrey y de los comandantes de los cuerpos de milicias. Si tras el acuerdo entre am-bas parte parecía que por fin la situación política en el virreinato volvía a su cause natural, los levantamientos en La Paz y Chuquisaca pusieron en evidencia que lo que ocurría en la penín-sula tenía una repercusión muy importante en todo el territorio y que ya nada sería como antes (Goldman: 2009).

Ante la llegada de nuevas noticias sobre la situación española a nadie se le escapaba que el mantenimiento de la autoridad de virrey Cisneros dependía de la actitud que tomaran los principales comandantes de las milicias. Al decidirse a apoyar a los grupos que se movilizaban

2 Retomamos las ideas de Klaus Gallo quien sostiene que esta incursión inglesa significó un único proceso con dos acciones militares, una en 1806 y otra en 1807. Cfr. Gallo, K.: De la invasión al reconocimiento. Gran Bretaña y el Río de la Plata 1806-1826. AZ Editora, Buenos Aires, 1994.

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a favor de la formación de una junta de gobierno, la suerte del virrey estaba resuelta (Halperin Donghi: 1972).

Como hemos señalado anteriormente, la formación de la Juntas implicó que se desataran cruentas guerra en la mayoría de las posesiones españolas en América. El caso del Virreinato del Río de la Plata no fue la excepción por lo que los ejércitos y los hombres que los integra-ban fueron grandes protagonistas de los procesos que culminaron con la formación de Estados independientes. Tulio Halperin Donghi ha sostenido que los militares se convirtieron en el pri-mer estamento del naciente estado, desplazando en importancia a comerciantes, magistrados o integrantes del cabildo (Halperin Donghi: 1972).

La militarización de la sociedad porteña que produjo la invasión inglesa, y la transforma-ción de los oficiales en un actor político preponderante, será un fenómeno que se extenderá al resto de los territorios que integraban el virreinato. Una de las primeras medidas de la Junta fue transformar los regimientos de milicia existentes en la capital en tropa veterana y con estos hombres conformar las distintas expediciones militares que buscarán superar las resistencias a las nuevas autoridades en el interior y asegurar la subordinación del resto de las jurisdicciones a su autoridad. Los integrantes de la primera junta tenían claro que la guerra aparecía como un destino inexorable, que su suerte estaba atada a lo que ocurriera en los campos de batalla, por lo que la necesidad de incorporar importante cantidad de hombres llevó a la extensión de la militarización.

Asimismo, la extensión del conflicto, la importante movilización de hombres y recursos, y la desaparición de muchas de las viejas corporaciones y estructuras burocráticas de la mo-narquía transformaron al ejército en una de las pocas instituciones que no solo sobrevivieron a las llamadas Guerras de Independencia sino que si vio fortalecida. Si bien las necesidades de la guerra iban a destruir a las milicias urbanas que habían desencadenado la revolución, no ocu-rrió lo mismo con la importancia de aquellos hombres que optaron por la carrera de las armas en la sociedad (Halperin Donghi: 1972) Al quedar el éxito de la revolución ligada a la suerte de la guerra, los jefes militares confirmaron el lugar de protagonistas principales del proceso que desde el inicio de la revolución venían ocupando. El espacio que ganaron los oficiales en los acontecimientos cotidianos transformó a la carrera militar, a diferencia del período colonial anterior en una posibilidad atractiva para muchos hombres y sobre todo para los más jóvenes. Como ha señalado Gabriela Tío Vallejo, el desmembramiento del viejo aparato burocrático de la corona y la debilidad del nuevo estado, transformaron a los oficiales del Ejército en el cuerpo de funcionarios más importante de la revolución (Tío Vallejo: 2001). El fortalecimiento del ejército como institución, sin embargo, no vino acompañado con una fuerte identidad cor-porativa ente sus integrantes y una de las razones más importante es que la carrera militar era asumida por muchos como una aventura individual. El contexto revolucionario permitía que una carrera militar se convirtiera o se combinara con una política en la que el oficial no actuaba como representante de los puntos de vista de sus compañeros de armas sino como un político, con intereses, solidaridades y lealtades cruzadas pero con la posibilidad de acceder al apoyo de hombres armados cuestión que no estaba al alcance de muchos de sus colegas o competidores (Halperin: 1972, 214-215).

La gran cantidad de jóvenes y no tan jóvenes de las ciudades y poblados del interior del virreinato que se incorporaron a los ejércitos armados por la revolución vieron en la vida militar una forma de ingresar a la política pero también de transformar su situación social. Si para mu-chos de los hijos de las elites locales de las principales ciudades la militarización de la sociedad les abrió espacios que les estaban vedados y al que solo accedías sus padres, tíos o hermanos mayores, para los oriundos de lugares más modestos implicó posibilidades de ascenso social

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(Tío Vallejo: 2001). Las rígidas estructuras de la sociedad colonial comenzaron a derrumbarse con el inicio del proceso revolucionario permitiendo que muchos jóvenes de orígenes modestos saltearan estas barreras socio-económicas y construyeran carreras más allá de las posibilidades que su lugar de nacimiento les hubieran otorgado durante el período colonial. En este sentido, el ejército fue un excelente trampolín para muchos de ellos.

Si durante la revolución las autoridades recurrieron a distintos oficiales milicianos y veteranos para ocuparan todo tipo cargos y para que desempeñaran diversas funciones admi-nistrativas y políticas en las provincias, en las dependencias de frontera, o en el exterior, esta tendencia se acentuará cuando la caída del poder central se vea acompañada por la desintegra-ción de los ejércitos que la revolución había organizado para hacer frente tanto a los partidarios de la monarquía como a aquellos que cuestionaban la forma en que las nuevas autoridades se conducían y el tipo de proyecto político que desarrollaban. La desestructuración de estas fuer-zas militares permitió que muchos de los hombres que se desempeñaron como oficiales en los mismos retornaran a sus lugares de nacimiento. El ejemplo paradigmático de esta situación es la descomposición del Ejército Auxiliar del Perú tras el motín producido en la posta de Arequito entre el 8 y el 9 de enero de 1820.

El área geográfica de actuación de este ejército había sido el Alto Perú y el interior de las Provincias Unidas, por lo que gran parte de la oficialidad encargada de conducirlo había sido reclutada en estas mismas regiones. Si una gran cantidad de los oficiales que habían integrado este ejército volvieron o intentaron volver a las ocupaciones que desarrollaban antes del inicio de la guerra, otra parte importante de este grupo lejos estuvo de abandonar el ejercicio de la función pública. Por iniciativa propia o por interés de los integrantes de las elites de los pueblos y ciudades del interior a los que regresan estos hombres, muchos de ellos empezaron a desa-rrollar todo tipo de funciones políticas, administrativas y militares. Así como algunos llegaron a desempeñarse como gobernadores de las nuevas provincias-estados surgidas tras la caída del poder central, otros desempeñaron funciones más modestas pero no menos importantes como comandantes de frontera, comandantes de armas, jueces de paz, integrantes de las cámaras o legislaturas locales, secretarios de gobierno, etc (Ayrolo 1999 y 2007). Entre 1820 y 1830 es posible encontrar a muchos de los oficiales del Ejército Auxiliar participando activamente de la política local, al mando de nuevos ejércitos en las disputas interprovinciales, en el conflicto con el Imperio del Brasil por la Banda Oriental, defendiendo las fronteras con los indios e inclusive en los frustrados intentos de organización nacional que se dan en este período. Es en este marco que pretendemos estudiar de que forma el paso por el Ejército Auxiliar del Perú influyó para que muchos de estos hombres, aún aquellos que no pertenecían a las elites locales, ocuparan roles importantes en las provincias del interior tras la finalización de las guerras de independencia.

Líneas de InvestigaciónEl presente trabajo pretende ser una primera reflexión del rol que pueden haber jugado las capa-cidades militares adquiridas por aquellos hombres que integraron los distintos ejércitos que se conformaron durante las guerras de independencia para la construcción de carreras políticas o para el desempeño de funciones administrativas y de gobierno durante la década revolucionaria pero también en los años posteriores a la caída del directorio. Esta problemática se inserta den-tro de un proyecto de investigación más amplio que tiene como problemática principal indagar sobre “la carrera de la revolución” de los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú.

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Objetivo General: Estudiar la importancia que tuvieron las “capacidades militares”, los vínculos personales y el liderazgo para la construcción de carreras político-militares en oficiales del Ejército Auxiliar del Perú entre 1810 y 1830.

En función de lo ya realizado por la historiografía argentina con respecto a los ejércitos independentistas y nuestro propio trabajo con respecto al Ejército Auxiliar del Perú es que nos interesa ahondar en una dimensión que hasta el momento ha permanecido ausente en la produc-ción local: la construcción de las “carreras de la revolución” de los hombres que conformaron este ejército. La afirmación de Tulio Halperin Donghi que con la Revolución la carrera militar de los oficiales culminaba en una carrera política, donde lo que se buscaba a partir de ingresar al ejército es el progreso individual (Halperin Donghi: 1972, 215) no ha sido discutida ni pro-blematizada para los hombres que integraban la oficialidad del período sino que más bien ha sido aceptado casi sin discusión. Sin embargo, para otros actores encontramos trabajos donde la cuestión de la “carrera de la revolución” aparece como una hipótesis a demostrar. En esta línea de trabajo podemos situar lo realizado por Valentina Ayrolo con respecto a los clérigos de la diócesis de Córdoba entre la Revolución y 1852 (Ayrolo: 2007 y 2011). En función de estos trabajos, es que nuestra intención es indagar a partir de que elementos, que vínculos y estrate-gias, los distintos hombres que se integraron el cuerpo de oficiales del Ejército Auxiliar del Perú construyeron carreras políticas en el período revolucionario y en las décadas posteriores en el interior de las Provincias Unidas de Río de la Plata.

Como señalamos anteriormente, en esta oportunidad pretenderemos presentar algunas aris-tas de trabajo que nos permitirían analizar sólo una de las dimensiones de esta problemática, aquella vinculada con los conocimientos y saberes que podrían haber incorporado estos hom-bres en su paso por este ejército y que lo puede haber ayudado en la construcción de una carrera más allá del ámbito militar.

Objetivo Particular:Examinar las “capacidades militares” de aquellos oficiales del Ejército Auxiliar del Perú que desarrollaron carreras político militares en base a su pericia en:

a) El reclutamiento de hombres.

b) En el entrenamiento militar.

c) En el combate.

d) El mando de tropa

Hipótesis:El paso de numerosos hombres por el Ejército Auxiliar del Perú durante las llamadas guerras de independencia permitió que muchos de ellos aprendieran los rudimentos básicos de la vida militar, que incorporaran los rasgos esenciales de esta profesión como el manejo de armas, la instrucción de hombres, métodos de reclutamiento, manejo de hombres, etc. que los distinguía de aquellos que no habían participado de los conflictos bélicos. Este nuevo “capital simbólico” les ayudó a estos hombres en la construcción de sus nuevas carreras.

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Hipótesis General: La inestabilidad política en las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el período revolu-cionario y las guerras que acompañaron el proceso, permitió que numerosos hombres de oríge-nes modestos construyeran “carreras políticas” que durante el período colonial no hubieran sido posibles. Es en este marco que aquellos oficiales del Ejército Auxiliar del Perú que demostraron tener cierta capacidad militar, que supieron establecer vínculos con las sociedades en las que in-teractuaban, y un claro liderazgo entre su tropa y con los oficiales de mayor jerarquía, pudieron construir carreras político-militares en las provincias del Interior entre 1810 y 1830.

Fuentes y Trabajo MetodológicoAl estar nuestra investigación orientada al estudio de aquellas prácticas y conocimientos

que pueden haber adquirido aquellos hombres que integraron el Ejército Auxiliar del Perú entre 1810 y 1820, la necesidad de conocer quienes integraban ese ejército se vuelve una necesidad imperiosa, por lo que será necesario realizar un estudio prosopográfico que nos brinde un mí-nimo de información.

En términos generales, la prosopografía ha sido definida como un tipo de investigación a través de la cual se recaban las características comunes que hacen al background de un grupo de individuos con el objeto de hacer un estudio de sus vidas en tanto colectivo (Stone, 1971). Stone partía de la idea de que la reconstrucción del background de un grupo particular de individuos permitiría obtener las correlaciones internas al grupo y con otras formas de comportamiento so-cial lo que permitiría tener la capacidad de develar el sentido de la acción política y de describir y analizar con precisión la estructura de la sociedad y el grado de la naturaleza de la movilidad social (Ferrari, 2010). Esta forma de entender la prosopografía fue cambiando con el tiempo. Actualmente, la prosopografía ya no sola se encuentra centrada en la distribución de caracterís-ticas y de atributos de los elencos analizados sino que además trata de poner en valor los lazos de interdependencia recíproca entre los que componen el grupo elegido y que constituyen una matriz del juego social, y que es permanentemente reactualizada por sus protagonistas (Ferrari, 2010) lo que con posterioridad nos puede permitir reconstruir los lazos entre estos oficiales.

En nuestro caso en particular, utilizaríamos la base de datos para dar cuenta de cuatro cues-tiones principalmente: la permanencia de los oficiales dentro del Ejército Auxiliar del Perú, su experiencia y formación militar antes de su ingreso al ejército, el grado con el que fueron incorporados al mismo y si ejercieron la comandancia o el mando de compañías y regimientos. En esta ocasión priorizaríamos un análisis en el tiempo ya que es lo que nos permitirá ver los cambios y las continuidades. La pregunta detrás de este desarrollo sería el tipo de responsabi-lidades y ocupaciones que le cupieron a estos oficiales durante su permanencia en el Ejército Auxiliar para de esta forma acercarnos al análisis del tipo de conocimientos que podrían haber adquirido en ese tiempo.

Para el caso particular de los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú la reconstrucción del cuerpo de oficiales es posible realizarla a partir de los diccionarios biográficos ya que muchos de los personajes que son elegidos por los autores de este tipo de libros al abordar el período de las Guerras de Independencia son militares. Sin embargo, contamos con otras fuentes primarias de mucha utilidad para obtener los datos que nos van a permitir construir nuestra matriz de da-tos. En el Archivo General de la Nación podemos encontrar la situación de Revista de muchos de los Regimientos de Caballería, Infantería y Artillería que integraron ese ejército de los cuales extraer información así como también de las Planas Mayores.

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Este primer acercamiento si bien nos permitiría reconstruir de forma aproximada algunos rasgos generales del cuerpo de oficiales y destacar algunas de las cuestiones centrales para trabajar en función del objetivo que nos planteamos, solo sería una primera aproximación a la temática que más nos preocupa: el tipo de saberes que y conocimientos que efectivamente ad-quirieron y como fueron utilizados en la construcción de sus carreras. Para lograr aproximarnos al tipo de capacidades desarrolladas por aquellos sujetos que seleccionemos de nuestra muestra es necesario introducir otro tipo de fuentes que nos den información de corte cualitativo.

Si las numerosas Memorias y Autobiografías de los oficiales que integraron el Ejército Auxiliar del Perú nos pueden brindar algún tipo de información con la cual evaluar como eran percibidas por sus contemporáneos las capacidades militares de algunos de estos hombres tam-bién existen otro tipo de fuentes con las que evaluar esto. En numerosas ocasiones, las solicitu-des de ascenso que los oficiales superiores enviaban a las autoridades para la promoción de sus subalternos eran acompañadas con una breve mención a las capacidades de dichos hombres, a los meritos del agraciado, especialmente si el pedido se producía tras algún enfrentamiento con el enemigo o la realización de alguna tarea en particular. Esta información puede ser tam-bién cotejada con la Tomas de Razón existentes en el Archivo General de la Nación donde se da cuenta de forma precisa del lugar en la estructura del ejército que ocupaban ya que brinda información sobre el grado que se otorgaba y desde que fecha pero sobre todo con los Lega-jos Personales existentes en el Servicio Histórico del Ejército. En estos legajos no sólo se da información de los destinos y funciones que desempeñaron sino también, en muchas ocasio-nes, exposiciones de los propios oficiales como de sus superiores acerca de su actuación en el ejército. Cuando estos legajos se inician para reclamar pensiones suelen estar acompañados de documentación que acredita los servicios por los cuales se la está reclamando.

Por otro lado, las Ordenanzas de Carlos III que regulaban el funcionamiento de los ejércitos españoles siguieron vigentes, con algunas modificaciones, en el período que estamos analizan-do y fueron empleadas para regular y ordenar a los ejércitos armados por la revolución. Esta cuestión nos puede permitir analizar que responsabilidades, atribuciones y obligaciones debían cumplir los oficiales según el grado y espacio que ocupaban en la estructura militar para de esta forma tratar de evaluar que tipo de conocimientos podrían haber incorporado según el grado que habían alcanzado en el escalafón militar. Para que este acercamiento no nos lleve a sobre-dimensionar el tipo de formación y conocimientos que teóricamente debían tener los oficiales podemos cruzar esto con aquellos trabajos dedicados a la profesionalización de los ejércitos durante las guerras de independencia y la guerra del Brasil para comprender o contextualizar el tipo de formación que efectivamente recibieron los oficiales (Fradkin, 2009, Rabinovich, 2010 y 2011 y Morea 2011).

Conclusión En esta breve presentación hemos esbozados algunas cuestiones que nos permitirían avanzar en el trabajo sobre uno de los objetivos particulares que nos hemos planteado dentro de nuestra in-vestigación. La propuesta de realizar un trabajo prosopográfico sobre el cuerpo de oficiales del Ejército Auxiliar del Perú para obtener una serie de datos que a nuestro entender nos pueden ser de utilidad no pretende ser la principal actividad a desarrollar en nuestro trabajo. No perdemos de vista que nuestro interés principal está enfocado en analizar que elementos, conocimien-tos, actitudes y características permitieron que numerosos hombres que pasaron por el Ejército Auxiliar del Perú construyeran su “carrera de la revolución” en la década del diez y en los años posteriores. En este sentido, el trabajo a realizar sobre la base de datos esta orientado a tratar de “medir” y “evaluar” los conocimientos militares que poseían antes de incorporarse al ejército y

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contemplar las funciones y roles que jugaron estos oficiales en los años que permanecieron en ejército.

La información que obtengamos de este primer acercamiento nos permitirá evaluar si debemos considerar el paso por el ejército y la adquisición de conocimiento sobre el arte de la guerra como un elemento o un capital que les haya servido a aquellos oficiales que lograron construir una carrera más allá de las filas del ejército. La consulta a las Memorias y Autobio-grafías, a los Legajos Personales o las solicitudes de ascenso y demás fuentes primarias que consideremos nos puedan llegar a brindar información cualitativa con respecto a esta cuestión como para determinar si efectivamente las habilidades que nosotros presuponemos que debe-rían poseer como: los rudimentos básicos sobre el entrenamiento de tropa, la capacidad para implementar reclutamientos, un buen entrenamiento en el manejo de las armas y experiencia en la conducción de hombres eran parte de los capitales (Bourdieu,1997 y 2001) con los cuales estos hombres construyeron su carrera de la revolución.

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Facultad de Filosofía y Letras, UNT.

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3Sesiones, interrupciones y debates. La Sala de Representantes de Tu-

cumán en sus inicios (1822-1838)

Facundo NanniBecario CONICET – UNT

facundosnanni@yahoo.com.ar

Introducción.La problemática que presento en estas Jornadas se vincula con el proyecto de tesis de doctora-do que llevo a cabo en Tucumán bajo la dirección de Gabriela Tío Vallejo y la co-dirección de Noemí Goldman.

La investigación en curso pretende arrojar conocimientos acerca de la forma a través de la cual se llevó a cabo en Tucumán la construcción de un orden provincial en el contexto posterior a la batalla de Cepeda y a la consecuente disolución del poder central. El escenario de autono-mías provisorias abierto a partir de aquellos eventos, justifica el anclaje provincial del trabajo, a pesar de lo cual se tienen en cuenta las relaciones con las provincias limítrofes y con la ciudad portuaria en la medida en que influyen sobre la realidad política tucumana.

De forma similar a otras experiencias rioplatenses, la elite política tucumana llevó a cabo el armado de un orden provincial de tipo representativo republicano, fundamentado en la división en los tres poderes tradicionales. Este proceso es abordado en mi trabajo teniendo como punto de referencia a la Sala de Representantes. También se tiene en cuenta la relación con el poder ejecutivo, en la medida en que la articulación de estos dos poderes fue fundamental para los procesos deliberativos llevados a cabo en el período abordado. En este sentido, los diferentes mecanismos a través de los cuales se produjeron controles mutuos entre estas dos instancias de gobierno, a veces desde el conflicto, se encuentra en la línea de los trabajos de las últimas décadas, que han revisado las viejas nociones respecto al período de los caudillos.

La delimitación cronológica del proyecto de investigación tiene como punto de partida al año 1822, en el que se instala la legislatura provincial, y concluye hacia 1838, ya que la muerte del gobernador Heredia cierra un ciclo dentro de este espacio legislativo. Es posible la exten-sión del trabajo hasta incluir los años del gobierno de Celedonio Gutiérrez, que permitiría así llegar a un límite final más significativo, por las implicancias del año 1852.

El conocimiento acerca de la forma en la que fue organizándose este incipiente estado pro-vincial en la década de 1820 y 1830 en Tucumán es relativamente escaso, y es una de las justi-ficaciones para llevar a cabo esta investigación. La tesis de Gabriela Tío Vallejo, y sus trabajos posteriores sobre la conformación del poder judicial tucumano en la primera mitad del siglo XIX, permiten realizar cruces entre ambos trabajos. 1

Las líneas que suceden a continuación tienen como objetivo mostrar algunos avances in-vestigativos, y permiten además señalar en forma acotada algunos de los puntos de interés de la tesis, y la metodología y fuentes utilizadas. Si bien el proyecto se presenta como una historia de corte político e institucional, pretende realizarse a través de un abordaje social de las institu-

1 El estudio de diferentes aspectos de la vida política del Tucumán de la primera mitad del siglo XIX ha sido abordado en una compilación coordinada por Gabriela Tío Vallejo, que se encuentra actualmente en prensa. Esta publicación titulada “La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX” en la cual hemos distribuido capítulos entre los diferentes miembros de nuestro grupo de investigación en Tucumán, permite contar con antecedentes para el proyecto abordado.

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ciones. El estudio de diferentes aspectos de la Sala como su origen, su reglamentación interna, su dinámica deliberativa y sus relaciones con el ejecutivo se realizarán apoyándose en la iden-tificación de los actores sociales que integraron estos espacios.

Tomando algunos elementos del marco teórico ofrecido por los estudios de redes sociales, se pretende identificar la composición social de la Sala y sus modificaciones: ubicar el perfil de los diputados, su extracción social, sus vínculos de solidaridad o enemistad política y registrar los relevos generacionales. Los apartados que desarrollo a continuación pretenden cubrir dos aspectos centrales del trabajo, por un lado la relación entre el poder ejecutivo y legislativo en las décadas de 1820 y 1830, y por otra parte el análisis de la composición social de la Sala durante aquellos años.

Se privilegiará una escritura con fines comunicativos y un uso restringido del aparato de referencias bibliográficas y documentales.

Caudillos e instituciones. El gobernador y la Sala de Representantes durante la década de 1820 La legislatura provincial hace su aparición durante el año 1822, conocido por la historiografía tradicional de la provincia como el “año clásico de la anarquía” debido al carácter sumamente frágil del poder ejecutivo, que experimentó once cambios en la posesión del cargo de goberna-dor. 2

Tan sólo cuatro meses de actividad legislativa se registraron durante este primer año, ya que en Mayo el nuevo ámbito se disolvió hasta que vuelva la calma, dejando a cargo a una Comisión de tres miembros, encargada de restablecer las reuniones en caso de aparecer algún tema de urgencia.

Desde Enero hasta Agosto de 1823 hubo una segunda reapertura del espacio legislativo, impulsada por Bernabé Aráoz, que había vencido provisoriamente a las tropas de Javier López y había accedido a la gobernación. Sin embargo la consecución de la lucha armada entre estos dos caudillos provinciales provocaría una disolución de este espacio, que no lograba todavía establecerse en forma continua. En estos tiempos de lucha entre diferentes facciones, la legis-latura era removida por el vencedor, bajo la idea de que los diputados existentes eran fieles a la administración anterior. La fragilidad en la esfera del poder ejecutivo afectaba así al incipiente poder legislativo. Sin embargo, lentamente se introducía la noción de que el espacio legislativo debía garantizar una continuidad institucional aún en instancias de cambios en la dimensión del ejecutivo.

El triunfo de Javier López en Agosto de 1823 en la Batalla de la Ciudadela sería esta vez definitivo, y ubicaría a este joven salido de las propias filas del bernabeísmo como el principal referente político y militar provincial hasta finales de 1825. La victoria sobre su rival lo consoli-daría como el caudillo de la provincia, ejerciendo poder primero desde el cargo de Comandante de Armas, y pronto desde la gobernación. El vencido Bernabé lograría huir hasta la vecina pro-vincia de Salta, sorteando así los castigos ejemplares que López llevó a cabo.

En este escenario de definición provisoria de las luchas por el control de la provincia, la Sala logró instalarse esta vez en forma relativamente estable. El triunfo de López, y la huída de

2 La célebre frase, citada a menudo por la historiografía tucumana pertenece a TERAN, Juan Bautista Tucumán y el Norte Argentino 1820-1840, Ed. de la Universidad de Tucumán, 1948, p. 26. Esta caracterización corresponde a una vieja mirada historiográfica que sobredimensionaba las luchas armadas, la inestabilidad y las penurias económicas de la época, sin advertir el orden institucional que se estaba gestando. De todas formas es una frase ilustrativa acerca de aquel año en el cual hubo 11 cambios en la esfera del gobierno, por la continuidad e indefinición de los duelos armados.

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su adversario instalaron un escenario propicio para la articulación de un orden provincial fun-damentado en la división republicana de poderes. La imagen de orden y paz social que López intentaba sostener, sumada al desarrollo del poder legislativo y judicial, contrastaba con los recuerdos de las guerras de 1822. El vencedor López se mantuvo al margen del cargo de gober-nador en los meses posteriores al triunfo de la Ciudadela, pero ejerció en gran medida el poder ejecutivo desde su cargo de Comandante de Armas. Entre finales de 1823 y principios de 1824 pasaron brevemente por el cargo de gobernador Diego Araoz y Nicolás Laguna, pero su labor se veía dificultada por la influencia que había adquirido Javier López como garante del orden provincial. La novedad sería que esta vez el pasaje de un gobernador a otro no implicaría la disolución de la legislatura, que empezaba, ahora sí, a desplegar su vida institucional.

En los días posteriores al triunfo de la Ciudadela asumió Diego Aráoz. Tenía un origen político similar al de su aliado López, ya que ambos habían sido iniciados en las filas del ber-nabeísmo, rompiendo luego su lealtad con el cuestionado coronel. Ambos habían acompañado a Bernabé en los años de la República de Tucumán (1820-1821) y en su calidad de oficiales habían participado bajo su liderazgo en algunos movimientos armados. Javier López era un joven que adiestraba caballos que dejó sorprendido a Bernabé por su destreza. Fue llevado a vivir a la ciudad y el viejo caudillo le enseñó a leer y a escribir en su tienda.3 Por su parte, Diego Aráoz también había sido un protegido de Bernabé, sólo que en su caso contaba además con la cercanía familiar, por pertenecer ambos al influyente clan de los Aráoz. Durante 1822 estos dos oficiales se enfrentaron contra Bernabé, e incluso entre ellos mismos, y accedieron a la gobernación durante algunas semanas en aquellas incesantes luchas por la gobernación. La alianza de los dos oficiales en contra del viejo caudillo fue sellada por el casamiento entre López y la hija de Diego Aráoz, que fue ampliamente celebrado por el pueblo tucumano según lo consigna Groussac.4

Diego Aráoz se mantuvo pocas semanas en el cargo de gobernador, en aquellos días pos-teriores a la batalla. Las fuentes administrativas evidencian la tensión con Javier López, que le volcaba directrices desde su cargo de Comandante de Armas. En Noviembre es aceptada en la legislatura su renuncia, y es escogido para reemplazarlo Nicolás Laguna, abogado que había participado activamente en la década revolucionaria. El nuevo mandatario también expe-rimentó desencuentros con el Comandante de Armas López, por la dificultad para delimitar sus respectivas funciones.5 Los diputados de la legislatura intentaron en vano retener en el cargo a Laguna, y en Febrero de 1824 dieron por aceptada su tercera nota de dimisión, que apelaba esta vez a la amenaza anti-social de separarse del despacho y cerrar sus puertas.6

La envergadura que había tomado Javier López como vencedor del bernabeísmo y como garante del orden explica la incomodidad que tuvieron tanto Diego Araoz como Nicolás Laguna en su breve paso por la gobernación. En la misma sesión en la que se aceptó la renuncia de La-guna, los diputados de la Sala escogieron como gobernador interino al propio López, que pronto

3 Memorias de Gregorio Aráoz de Lamadrid, Serie Grandes Escritores Argentinos Nº X, Editorial Jackson, Tomo II, Buenos Aires, 1953, pp. 102-103.

4 La alianza entre Javier López y la hija de Diego Aráoz, pariente de Bernabé, favorece la reconciliación entre López con al menos una fracción del grupo familiar de los Aráoz, sugiriendo de esta forma la metáfora de Groussac tan citada respecto a la reconciliación de Capuletos y Montescos. GROUSSAC, Paúl Ensayo Histórico sobre el Tucumán, Univ. Nacional de Tucumán, 1981, pp. 185-186.

5 Una semana antes de la renuncia de Laguna, Javier López había presionado a la Sala, e indirectamente al gobernador La-guna, con una nota en la cual pedía que se aclarasen cuales eran los límites de su función como Comandante de Armas. Una comisión ad hoc, integrada por dos militares y un letrado escogidos de fuera del recinto, resolvió contestarle que sus facultades son las que se contemplan en la ordenanza general del ejército, con sujeción siempre al gobierno de la provincia. Actas de la Sala de Representantes (en adelante A.S.R) sesión del día 13/2/1823 y AHT, SA, 14 de febrero de 1823.

6 ASR. 19/2/1823.

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accedería a la titularidad del cargo, y se mantendría en el mismo hasta el golpe de Lamadrid de Noviembre de 1825.

A pesar de las dificultades por la delimitación de funciones entre el gobernador y el co-mandante de armas, los gobiernos de Diego Aráoz y Laguna dieron una efectiva continuidad al espacio legislativo. Algunas semanas después de asumir, Diego Araoz impulsó los pasos necesarios para reabrir las sesiones, que habían quedado interrumpidas por el conflicto armado con Bernabé. Se convocó a elecciones en los departamentos para reunir los diez diputados que conformaban por entonces el espacio legislativo, reemplazando así a los diputados de la época bernabeísta. 7

Una vez reunidos los miembros, se procedió al juramento de cada uno de ellos, en presencia del gobernador Diego Aráoz, práctica que de aquí en más se mantendría. Se escogieron las auto-ridades internas como el Presidente de la Sala, Portero y Secretario, y se confeccionó el primer reglamento interno de la Sala, en dónde quedó explicitado que en ella se encuentra delegada la soberanía de la provincia. Se especificaba además que los diputados no gozarían de sueldo, pero sí de seguridad cualesquiera fuera sus opiniones. La importancia que empezaba a adquirir el nuevo espacio ocasionó problemas de deslindes de funciones con el Cabildo, que finalmente se extinguiría en Marzo de 1824.

A Diego Araoz le tocó en suerte ejercer el gobierno en un escenario de relativa tranquilidad bajo el amparo militar de su aliado López, preocupado en evitar el rearme de la facción berna-beísta. Este escenario fue propicio, como vimos, para el lento despliegue de un orden provincial de fundamentos republicanos. Pronto quedó claro, sin embargo, que la presencia de Bernabé en la provincia vecina era inquietante. Una compleja articulación entre el entonces goberna-dor Diego Araoz, la Sala de Representantes, y López logró en aquellos meses finales de 1823 utilizar los recursos militares e institucionales que disponían para terminar en forma definitiva con el bernabeísmo. Diego Araoz agitó los rumores circulantes sobre la posible vuelta del viejo caudillo, y conminó a la Sala a que despliegue los medios más seguros para prevenir en forma militar toda agresión. No tardó en aparecer una respuesta por parte de la Sala: a la semana, los diputados aprobaron un decreto que establecía que aquellos que fomentasen la discordia entre los ciudadanos, serán reputados enemigos de la provincia (…) y castigados con todo el rigor de las penas hasta la de muerte. La dureza del decreto ocasionaba tribulaciones entre algunos de los miembros de la Sala, pero pronto una curiosa Comisión de teólogos integrada por tres diputados que eran miembros del clero produjo un texto que otorgaba un aval moral a la medi-da, sosteniendo que la pena de muerte no se dirige al homicidio sino a la buena gobernación.

El decreto en cuestión permitió legitimar el fusilamiento a Bernabé que se llevó a cabo en Marzo de 1824, en el muro sur de la Iglesia del departamento de Trancas. El episodio señala la dificultad que tenía la elite política de la época para resolver las disputas por el control gu-bernamental. Los integrantes de la facción adversaria eran, con frecuencia, aislados de la vida política mediante el exilio forzoso, y en ocasiones, como esta, mediante medidas más extremas. Sin embargo, a pesar de la crudeza que alcanzaba en ocasiones la lucha entre jirones de la elite, los eventos muestran también la importancia que adquirían los recursos institucionales para dar forma legítima a los actos.

En un sentido más específico los eventos recién resumidos indican también la capacidad de presión que tuvieron Diego Araoz, y el comandante López, para lograr el apoyo de la Sala

7 La Sala contaba en sus inicios con 10 diputados, 4 por capital, y uno por cada uno de los seis departamentos existentes hasta la fecha: Chiquiligasta, Río Chico, Trancas, Monteros, Burruyacu, y Los Juárez, también llamado Los Leales. Debido a las constantes renuncias y ausencias, sumado a las demoras en los procesos electivos, muy pocas reuniones tuvieron la totalidad de los miembros, siendo en cambio muy frecuentes las sesiones suspendidas por problemas de quórum.

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contra su adversario, aún cuando varios de los diputados habían sido aliados y familiares de Don Bernabé. Es significativo el caso del cura Pedro Miguel Aráoz, que había sido redactor del primer diario tucumano en tiempos de la República de Tucumán de su pariente Bernabé, y ahora integraba la Comisión de Teólogos que avalaba el decreto de pena de muerte que afectaría al cuestionado caudillo. En una elite provincial exigua, las solidaridades políticas eran sumamente cambiantes.

La renuncia de Diego Araoz no quitó continuidad a la labor parlamentaria, creando así cier-ta estabilidad en un escenario todavía afectado por la disputa de caudillos. Se escogió a Laguna para asumir el cargo. La legislatura le comunicó que se presentara a la brevedad, y continuaron las reuniones con una frecuencia normal. Además, a diferencia de lo ocurrido luego del triunfo sobre Bernabé, no hubo modificaciones en la composición social de la Sala.

En estos años fue gestándose una articulación entre los poderes ejecutivo y legislativo que sería fundamental para el naciente orden provincial. Las notas y despachos fueron un medio diario de comunicación administrativa, que puede seguirse con relativa facilidad en las fuentes disponibles.8

Un ejemplo significativo sobre la forma a través de la cual se articulaban los poderes pro-vinciales fue la solicitud del reciente gobernador Laguna, que pedía autorización para ejercer el poder judicial en forma provisoria, hasta que el mismo se constituya. Los representantes acep-taron el pedido, pero establecieron también límites: estas atribuciones excepcionales tendrían valor tan solo hasta el grado de apelación, y arreglándose en lo posible al Reglamento de 1817 dado por el Soberano Congreso.9 Finalmente en diciembre, tras varias sesiones de discusión se aprobó en el recinto el Reglamento de Tribunales presentado por la comisión de legislación de la Sala, evaluando también las notas que el gobernador Laguna aportó.

Además del permanente intercambio de notas entre ambos poderes, existieron otros me-canismos de articulación que permitieron la intervención conjunta en las deliberaciones de la época. El ministro de gobierno, y los asesores letrados cuando los hubo, fueron un apoyo clave en el interior del poder ejecutivo, teniendo en cuenta que buena parte de los gobernadores de estos primeros años posteriores a Cepeda tenían escasa formación en asuntos jurídicos y ad-ministrativos. Además, el reglamento estipulaba que fueran los ministros quienes acudieran en representación del poder ejecutivo en las sesiones en las que hubiera desacuerdos entre ambos poderes. Durante el mencionado gobierno de Laguna, por ejemplo, el entonces ministro Manuel Berdía acudió a algunas sesiones para sostener la necesidad de pagar las deudas a los oficiales provinciales. En su argumentación destacaba los escasos socorros pecuniarios que habían re-cibido y alertaba contra la posibilidad de que fuera en ellos superior la desesperación al amor al orden.10 En aquella ocasión los miembros de la Sala recibieron positivamente el pedido del ministro, y comprendieron que el problema se vinculaba también con la renuncia que Javier López había presentado a su cargo de Comandante de Armas. Los diputados decidieron tomar

8 El proyecto de investigación se basa en fuentes que registran el contenido de las sesiones durante el período abordado. Estas fuentes son fundamentalmente las actas de sesiones, que se encuentran publicadas, y la Sección administrativa y los Borradores de gobierno del archivo provincial. La reconstrucción de la trayectoria pública de los gobernantes, ministros y diputados y sus perfiles se apoya además en las memorias, relatos de viajeros, y correspondencia pública y privada dispo-nible.

9 ASR, Actas de la sesión del 19/ 11/1823. En las sesiones de diciembre de dicho año se discute y aprueba el Reglamento de Tribunales, por lo cual el día 19 los diputados contestan la nota del gobernador número 36 comunicándole que los pleitos recientes no serán tratados ya por el ejecutivo, sino por el poder judicial recién instalado.

10 ASR. 29 y 30 de noviembre de 1823.

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medidas respecto a los sueldos atrasados, y optaron también por rechazar la renuncia interpues-ta por López, y subirle el sueldo a pesar de la escases de fondos.11

El fusilamiento de Bernabé de Marzo de 1824 dio un cierre esta vez definitivo a la disputa entre aquellas dos facciones que se habían conformado. Javier López, que ejercería ya por sí mismo, seguiría siendo una figura influyente, pero el desarrollo del resto de las instancias de gobierno creó un marco más complejo y articulado. La tranquilidad de no contar con una ame-naza directa dio fin al escenario de excepcionalidad y al discurso de los peligros inminentes que justificaban algunos excesos de atribuciones en el ejecutivo. La Sala empezó a cobrar mayor envergadura, y si bien aprobó la mayoría de los proyectos presentados por el gobernador López, como la ley de reclutamiento, o las reformas a la justicia, propuso modificaciones y además exigió la presencia del ministro con mayor frecuencia que en los años anteriores.

Con este escenario de relativa normalidad institucional, posterior a la muerte de Bernabé de Marzo de 1824, y anterior al movimiento de Armas de Lamadrid de finales de 1825 se encontró el viajero inglés Joseph Andrews, quien nos brinda una descripción elogiosa de las institucio-nes. Este visitante que llegó a la provincia para firmar un contrato de explotación del cerro Aconquija que nunca se lograría, alabó la intensidad y la altura de las discusiones de la Sala, refiriéndose comparativamente a la cámara de los comunes de su país. Distinguió además la si-tuación de tranquilidad que se vivía en el Tucumán de aquellos días, en relación con la anarquía del año 1822. Se convenció de que Bernabé había sido un verdadero tirano según lo estipulaba la conciencia pública, y ponderó a López al considerar que se debe al actual gobernador un gobierno que puede tener algo del sistema representativo. 12

El ingreso de Lamadrid a la más alta magistratura, por la vía de las armas, provocó una nueva interrupción en el nivel de la gobernación. Es sumamente significativo que desde la creación del cargo de gobernador en Tucumán, luego de la Batalla de Cepeda, hasta esta fecha no haya habido ningún mandatario que cumpliera los dos años de mandato. Las interrupciones en el poder ejecutivo se compensaban sin embargo con un poder legislativo que continuaba desplegándose en estos primeros años de actividad. Lamadrid se encontraría con una legislatura más participativa, que cuestionó con profundidad su acceso violento al poder. Era entendible el temor ante el posible retorno de los convulsionados años anteriores, en donde los cargos dura-ban apenas semanas.

Lamadrid llegó a su provincia natal en Noviembre de 1825, con la misión de reclutar hom-bres para la guerra de Brasil. La supuesta falta de colaboración del gobernador López con esta empresa sería una de las razones esgrimidas por este general tucumano para justificar el golpe de armas que lideró el día 26 de aquel mes. Los diputados decidieron llevar a cabo un extenso juicio político, para tomar una decisión frente a lo sucedido. Este interesante recurso, inédito en la provincia hasta esta fecha, se llevó a cabo con una rigurosidad considerable. Si bien se aceptaba a Lamadrid en forma interina en la gobernación, durante finales de 1825 hasta me-diados del año siguiente, los diputados protagonizarían una animada discusión en torno a la legitimidad del gobernante. El 5 de Enero se llevó a cabo una exposición oral durante la cual Lamadrid tuvo que defenderse dentro del recinto.13 En Julio se llevó a cabo una segunda parte de este juicio, con la entrega de un informe escrito.

11 El rechazo a la renuncia de López al cargo de comandante fue rotundamente rechazada, ya que la presencia de este benemé-rito joven era fundamental para evitar el triunfo de los perturbadores del orden. Se empieza a gestar en la Sala un discurso y una serie de actos que inician un culto al mandatario que será mucho mayor en la década de 1830 con la figura de Alejandro Heredia. ASR. 29 y 30 de noviembre de 1823..

12 Andrews, Joseph Las provincias del Norte en 1825. Universidad de Tucumán, 1967, p. 69.13 La defensa de Lamadrid es interesante y señala su sumisión a las formas institucionales: (…) ocupando su asiento previo

permiso de orden, expuso a la Sala que cuando se dispuso a hacer el movimiento del 26 de Noviembre (…) no había sido

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Lamadrid atravesó con éxito el mencionado juicio político. Los diputados terminaron por apoyar al nuevo mandatario, aún si el Congreso Nacional se había pronunciado en su contra en los primeros tiempos. Los diputados sostuvieron a Lamadrid y le dieron la titularidad del cargo enfrentando además a Javier López, quien desde su exilio forzoso enviaba notas reclamando su reposición. Hacia mediados de 1826, Lamadrid consigue la aceptación del poder central, y asimismo el apoyo cada vez mayor de los vecinos tucumanos, hasta el extremo de convertir en amigos a todos los partidarios del ex gobernador López, como lo recordara en sus memorias. 14

Si la Sala fue ganando importancia en estos primeros años hacia fines de la década de 1820 se produciría un decaimiento de esta institución en un contexto rioplatense que se agravaba por el recrudecimiento de los conflictos entre las facciones unitaria y federal. Hacia finales de 1826 la provincia tucumana viviría una primera incursión de las tropas de Quiroga, que terminarían con el gobierno de Lamadrid y provocarían un cese en la actividad de la Sala. Al año siguiente Quiroga volvió a vencer al general tucumano, y en 1831 lo derrotó una vez más, en la célebre batalla de la Ciudadela. A lo largo de estos años, la Sala se disolvió en numerosas ocasiones, y en los momentos de actividad sus sesiones se dedicaron casi exclusivamente a aprobar los impuestos de guerra y los reclutamientos propuestos por quienes ocuparon la gobernación. 15

La composición social de la Sala tucumana en sus inicios. El relevo generacionalEl análisis de la Sala como institución fundamental del orden provincial tucumano pretende nutrirse también de los aportes que puede arrojar el análisis prosopográfico y la identificación de los actores sociales. El carácter relativamente exiguo de la elite política del Tucumán de la época y el espacio reducido del recinto permiten una ubicación relativamente sencilla de aque-llos hombres.

La metodología que se ha empleado en este sentido es, por un lado la confección de una lista completa de los diputados del período abordado. Por otra parte, se ha comenzado a identi-ficar a estos vecinos tucumanos dentro de sus propias redes sociales. En muchas ocasiones las solidaridades políticas de la vida política tucumana se explican por la existencia de lazos de consanguinidad, compadrazgo, compañerismo de armas, etc., que luego se proyectan en la vida pública. Las fronteras entre lo personal y lo político son permeables en una sociedad de estas dimensiones. En esta reconstrucción de la trayectoria pública de los diputados, se ha privilegia-do el seguimiento de algunos individuos significativos por su influencia en las deliberaciones y por su continuidad en la ocupación de cargos.

En los primeros años de existencia de la Sala, durante la década de 1820, los representantes escogidos por los diferentes departamentos tucumanos fueron principalmente aquellos vecinos que gozaban de notoriedad pública por haber participado activamente en la década revoluciona-ria. Hombres de armas que se habían destacado en las batallas de independencia y comerciantes que habían contribuido con su capital han sido identificados en los primeros años de la Sala. En mayor medida que estos perfiles mencionados, se destacaron en la Sala de estos primeros tiempos aquellos hombres letrados que habían participado en las instancias deliberativas de la

su ánimo permanecer en la provincia, sino luego de arreglada y establecida una administración conforme al voto de sus ciudadanos marchar a la cabeza del contingente a abatirse contra los enemigos de la Nación, que en este concepto la Sala obrase con toda libertad y que si creía necesario dimitiría en el acto del cargo, para que los señores representantes eligiesen con toda libertad al gobernador propietario, y que para ello se retiraría. ASR. Sesión del 5 de enero de 1826.

14 Memorias de Gregorio Aráoz de Lamadrid, cit., p. 121.15 Por ejemplo en 1827 se registraron tan sólo 15 sesiones en todo el año, siendo además el año en el que se registró el mayor

porcentaje de gastos militares.

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década revolucionaria como el Congreso de 1816. Estos letrados mencionados fueron en su ma-yoría hombres formados en la carrera religiosa.16 Además, es notable que al ingresar al recinto el juramento de los diputados de formación religiosa se distinguiese del resto, con la fórmula en latín Tacto pectore et in verbo sacerdotis.

Estos letrados religiosos fueron recurrentemente elegidos para integrar la Sala, y dentro de este espacio ocuparon los principales cargos internos como la presidencia. Por otra parte, su palabra parecía adoptar un valor particular dentro de este ámbito, siendo determinantes en discusiones en donde se hacía presente un abordaje de la política influido por concepciones morales y religiosas. Es significativo en este sentido el ejemplo de la Comisión de Teólogos mencionada, compuesta por el ex jesuita Villafañe, Pedro Miguel Araoz, y José Agustín Moli-na. Son numerosos los ejemplos de discusiones parlamentarias en donde las argumentaciones se cargaron de connotaciones religiosas. La discusión respecto a la posible introducción de otros cultos no católicos se llevó a cabo en las diferentes provincias rioplatenses, y Tucumán no fue una excepción. La discusión en torno a la libertad de expresión es interesante también porque dividió las posturas dentro del segmento religiosos del recinto. El mencionado Pedro Miguel Araoz escribió y defendió el proyecto, pero se encontró con la oposición del ex jesuita Villafa-ñe, que colocó libelos en la ciudad criticando el carácter irreligioso de esta medida. 17

Hacia finales de la década de 1820, y principios de la década siguiente, se evidencia un relevo generacional dentro de la elite que ocupó los cargos legislativos. Problemas de salud, dificultades para acceder a las reuniones, y la necesidad de atender sus ocupaciones personales, son aducidos en los pedidos de renuncia. En 1834 renuncian por ejemplo dos de los principales diputados de formación religiosa ya mencionados, José Agustín Molina y José Manuel Moure. El primero justifica su renuncia en el estado achacoso de su salud y en sus obligaciones por la cuaresma y Semana Santa, mientras que el segundo menciona una enfermedad de vómitos de sangre. La renuncia de Moure incluye otra justificación significativa, ya que se refiere a que hoy en día lograba tener este pueblo sujetos de ilustración capaces de desempeñar la diputación mejor que en tiempos anteriores. 18 La generación que había protagonizado la década de revo-lución y guerra daba paso a un nuevo plantel dirigente. En estos años, y principalmente durante los tres gobiernos de Heredia (1832-1838) ingresa una nueva camada, que se distingue no sólo por su juventud, sino por su cercanía con las ideas románticas, sant-simonianas, y eclécticas que comenzaban a penetrar en el territorio rioplatense. Se ha seguido, en este sentido, la trayectoria dentro de la legislatura de Marcos Paz, Marco Avellaneda y Brígido Silva. Estos jóvenes retor-naron a la provincia tras haber obtenido el título de doctor en el Colegio de Ciencias Morales. Mantenían vínculo con su comprovinciano Alberdi, que continuaba en la ciudad portuaria, y por su intermedio se vincularon con algunos de los jóvenes que integrarían la generación ro-mántica. Es interesante el apoyo que brindaron al gobernador Heredia, de quien ponderaron tanto su participación en las batallas de independencia, como su gusto por las letras y ámbitos de sociabilidad. La utilización de la noción un tanto ambigua de “generación” para identificar a estos jóvenes no se basa sólo en el hecho de pertenecer a una determinada franja etaria. Se ha trabajado en torno al nuevo ideario de estos jóvenes que se autodenominaban doctorcitos para diferenciarse de los doctores antes mencionados. Los doctores son más rudos que mis botas le comentaba Marco Avellaneda a su amigo Alberdi en una de sus frecuentes intercambios episto-

16 Los doctores religiosos que acceden a la Sala durante la década de 1820, son: José Manuel Moure, José Agustín Molina, fray Manuel Pérez, José Antonio Pérez, Pedro Miguel Aráoz, José Colombres, José Ignacio Thames, Lucas Córdoba y Gregorio Villafañe. Durante 1824, los vecinos referidos ocuparon el cargo de presidente en cuatro de las cinco ocasiones, y al año siguiente fueron elegidos para la presidencia en seis de las ocho oportunidades.

17 ASR. Actas del día 28/02/1824. 18 ASR, sesión del 16 de diciembre de 1833

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lares. 19 Se ha trabajado también sobre su ligazón con el movimiento romántico anti-rosista del período 1838-1841.

Alejandro Heredia y la Sala de Representantes (1833-1838)La historiografía tucumana referida a las primeras décadas independientes se ha centrado en forma notoria en el gobierno de Heredia, permitiendo disponer de conocimientos significativos sobre distintos aspectos de su gobierno como su política de fusión de partidos, su complejo vínculo con Rosas, sus reformas en la justicia, milicias y educación, y el protectorado ejercido sobre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.

Las características de la Sala de Representantes tucumana durante estos años, y su vincu-lación con el mandatario fueron aspectos abordados en menor medida, aunque se dispone de algunos antecedentes considerables. Los trabajos que han incluido esta problemática han coin-cidido en señalar que la Sala, reinstalada a fines de 1833, funciona como un espacio de intensa capacidad deliberativa durante 1834, y también durante el año siguiente en el cual se discute el proyecto de Constitución para la provincia. Luego, hacia 1836, se evidencia un retroceso en su capacidad de contrapeso debido al crecimiento de la figura de un ejecutivo que obtiene faculta-des extraordinarias por tiempo ilimitado.

La Sala fue un escenario de fuertes debates durante el año de 1834. La reapertura de este ámbito en Diciembre de 1833 fue muy bien recibida por los vecinos tucumanos, debido a que desde mediados de 1831 se encontraba disuelta. Las celebraciones tras de esta larga interrup-ción, la más larga de toda la primera mitad del siglo XIX, ponen en evidencia la importancia que adquiría este ámbito cuya ausencia era sentida como un vacío en el orden institucional. 20

Uno de los principales aspectos en los que me he detenido en relación con la Sala de tiem-pos de Heredia, es la forma en la que se fueron construyendo voces críticas dentro de este espa-cio, con un nivel de confrontación con el ejecutivo que no se había visto en la década de 1820. La identificación de los actores sociales fue una herramienta útil para comprender esta tensión. Las actas de las sesiones, que en ocasiones registran precisiones respecto a la identidad de quienes pedían la palabra, sumadas a las actas administrativas del archivo provincial, permiten reconstruir la creciente oposición contra Heredia que empezó a crecer entre algunos diputados.

En Enero de 1834 ingresó en la Sala un proyecto del ejecutivo que introducía nuevos impuestos para la importación de azúcar, con la intención de fomentar la producción local.21 La medida provocó la reacción de dos diputados dedicados al comercio: Ángel López y Pedro Garmendia. El primero de ellos había estudiado en el Colegio de Ciencias Morales, pero a dife-rencia de los jóvenes románticos antes mencionados, no asumiría una relación de cercanía con el gobierno de Heredia. El 17 de Enero la comisión de hacienda de la Sala, en la cual se encon-traba Garmendia presentó un dictamen que cuestionaba el proyecto oficial. Una semana más tarde acudió el propio mandatario a defender la propuesta, y un diputado cuyo nombre no quedó registrado, probablemente el mismo Garmendia, expresó a viva voz su descontento. En Junio de aquel 1834 el debate por el proyecto oficial de presupuesto reavivó el creciente malestar de estos dos diputados. Las actas esta vez sí indican que fue Garmendia quien se negó a participar

19 Escritos Póstumos de J. B. Alberdi. Tomo XV. Universidad Nacional de Quilmes, 2002.p.150. 20 En la sesión inaugural, el 1 de diciembre, el gobernador asiste, como era costumbre, y pronuncia un discurso repleto de

adornos sobre el rol de este poder, resaltando el regocijo público que se advertía en la numerosa concurrencia de ciudada-nos que asistieron a la barra.

21 Véase el trabajo clásico de PAVONI, Norma El Noroeste Argentino en la época de Alejandro Heredia, Fundación Banco Comercial del Norte, Tucumán, 1981.

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del tratamiento del tema en las sesiones. 22 De Ángel López sólo sabemos que en aquellas se-manas presentó reiteradamente sus renuncias al cargo, que fueron denegadas.

En los días siguientes Ángel López y Garmendia decidirían hablar a través de las armas. La conspiración contra el mandatario fue sin embargo desbaratada, y la semana siguiente la Sala recibió dos notas del ejecutivo: la primera pedía autorización para conseguir entre los vecinos 3.000 pesos para recompensar a los milicianos que desbarataron la asonada; y la segunda so-licitaba que se declarase desertores a los diputados que protagonizaron el acontecimiento, en referencia a López y Garmendia, que habían fugado tras los incidentes.

La exclusión de estas voces de oposición del espacio legislativo permitió a Heredia un menor grado de resistencia a los proyectos oficiales. Además, la sorpresiva incorporación en el recinto de Juan Antonio Yolis, hombre de armas que había llevado a cabo el sumario a los jóvenes rebeldes, fue un gesto político que los diputados supieron comprender. Desde aproxi-madamente mediados de 1834 la Sala perdió peso como espacio deliberativo.

Uno de los síntomas más claros de este hecho se evidencia en la notable disminución en el registro de las sesiones. Aún si tenemos en cuenta que muchas sesiones no fueron transcriptas al libro de actas, la notable disminución indica un descenso en la cantidad de reuniones. 23

Ángel López, que se encontraba exiliado en Salta participó de un segundo intento conspira-tivo, esta vez con el apoyo de su tío Javier López, aquel caudillo que vimos brillar en la década de 1820. La victoria de las fuerzas de Heredia fue esta vez determinante, en Batalla de Monte Grande del 23 de enero de 1836. El posterior fusilamiento de los principales líderes de la aso-nada aumentó aun más el control por parte de Heredia de los aparatos de gobierno, y abriría las puertas al proyecto de expansión que llegaría a su concreción con los Protectorados sobre Salta, Jujuy y Catamarca.

Consideraciones finalesLa presente ponencia tiene como fin presentar algunos nudos problemáticos del proyecto

de tesis que actualmente llevo a cabo. Se ha escogido a la Sala de Representantes como punto de anclaje para la comprensión del incipiente orden provincial tucumano. El interés puesto en la participación del ámbito legislativo en los procesos deliberativos de la vida política tucuma-na permite complejizar las viejas lecturas centradas en la figura de los gobernadores caudillos. La naturaleza colegiada y deliberativa de este ámbito lo instituía como uno de los espacios en donde la política se experimentaba como un juego de tensiones y voces diferentes. El segui-miento de diferentes canales de comunicación con el ejecutivo, como las notas y despachos, la presencia del ministro en las sesiones, y el tratamiento de proyectos oficiales es significativo en este sentido. La relación entre la Sala y los gobernadores estuvo sujeta a diferentes varia-bles, que transformaron la naturaleza de este vínculo. En los primeros años de existencia de la Sala hemos puesto énfasis en la complejidad del escenario provincial, caracterizado por las disputas entre las facciones de Javier López y Bernabé Aráoz. Hemos señalado que la figura de Javier López ofrecía una garantía de seguridad al espacio legislativo, pero con el costo de una influencia considerable sobre el recinto, primero a través de su cargo de comandante de armas, y luego desde la gobernación. Estos años posibilitaron sin embargo la instalación definitiva de la legislatura y del poder judicial. En los años del gobierno de Lamadrid se ha puesto énfasis

22 ASR. Actas de las sesiones de los días 13, 16 y 17 de junio de 1834.23 Durante el año 1834 contamos con el registro de 56 sesiones. Durante 1835 se registran 20 reuniones, concentradas notable-

mente en los primeros meses en los que se discutió el texto constitucional. A partir de aquí, el número de actas disminuye notablemente: existen tan solo 6 actas propias del año 1836, 5 que pertenecen a 1837, y 19 actas para el último año de gobierno de Heredia.

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principalmente en el extenso juicio político llevado a cabo por los diputados para dirimir la le-gitimidad del mandatario, aspecto que señala la voluntad de la elite política por poner un freno a las interrupciones y levantamientos que impedían el cumplimiento de los mandatos guberna-mentales. En el caso de los tres gobiernos consecutivos de Heredia, hemos centrado la atención en el surgimiento de voces de oposición dentro del poder legislativo. Se ha seguido en forma sintética el itinerario de Ángel López y Garmendia, y el proceso de acumulación de poder del poder ejecutivo que ocurrió en los años posteriores a los intentos sediciosos.

El interés por identificar a los ocupantes de cargos y a la naturaleza de sus vínculos se ha llevado a cabo a lo largo de esta síntesis narrativa, y principalmente en el apartado destinado al análisis de la composición social de la legislatura en las décadas de 1820 y 1830. Se ha desarro-llado en forma resumida la hipótesis referida al relevo generacional producido hacia fines de la década de 1820. El lento abandono de las viejas figuras de los primeros años, principalmente de aquellos letrados de formación religiosa y la incorporación de una camada de jóvenes influidos por las ideas románticas produjo cambios en la dinámica de este espacio.

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10Rediseñando lo judicial, reinventando lo jurídico:

el “Reglamento” de 1833 y los orígenes de la Justicia de Paz en la Provincia de Santa Fe.

Darío Barriera ISHIR-CESOR, CONICET (Rosario)

dgbarriera@yahoo.com.ar

Exordio: pequeñas causasEl 17 de marzo de este año (2011), la Legislatura santafesina convirtió en ley un proyecto de reforma de la Justicia comunitaria, conocido con el nombre de “Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas.” El proyecto sufrió modificaciones, pero fue aprobado en ambas cámaras por unanimidad -algo que es infrecuente en los días que corren. En casi todos los periódicos de la Provincia -que no pueden escapar al ethos del periódico provincial y a veces caen con cierta facilidad en la trampa de ser “provincianos”- la noticia exaltó el carácter pionero de la medida titulando, palbras más, palabras menos: “Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en tener una Justicia para las pequeñas causas.”1

En cualquier caso, esta vez el hecho es relevante porque, después de muchos años, los jue-ces de paz dejarán de ser meros ejecutores de tareas administrativas -cumplen las funciones que corresponden al Registro Civil, que ahora el Ejecutivo debe retomar o reasignar–2 y volverán a su función primigenia, aquella que les asignaba el reglamento de 1833 (cuando se instaló la justicia de paz en la provincia), que es la de administrar una justicia “cercana a la ciudadanía”, es decir, la de convertirse en una verdadera justicia de proximidad.

El propósito de la implementación de esta instancia es de por sí loable: los tribunales or-dinarios están atestados y cualquier gesto que procure reorganizar el actual sistema de Justicia debe comenzar por disminuir drásticamente el trabajo que pesa sobre los juzgados de primera instancia de distrito y de circuito. Conforme con esta intención, la puesta en marcha de esta rediviva justicia de proximidad y de menor cuantía va de la mano con la creación de nuevas “bocas de expendio de justicia”, subrayando que el plan general es el de mejorar la accesibili-dad de los ciudadanos a la justicia como un servicio. Conjuntamente con los más de doscientos nuevos juzgados comunitarios están creándose ocho nuevos juzgados ordinarios en Rosario, seis en Santa Fe y otros (uno en cada ciudad) en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

Como podía preverse, los colegios de abogados de cada circunscripción cuestionaron el articulado allí donde más tenían para perder: la posibilidad de que las partes se presenten ante la Justicia sin patrocinio profesional no gozó del visto bueno de la corporación colegiada. El texto definitivo salvó el asunto dejando librado al acuerdo de las partes la presentación sin patrocinio en causas inferiores a las 5 unidades jus3 –algo más de mil pesos– y haciéndolo obligatorio a

1 La ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa fue enviada a la Cámara por el Poder Ejecutivo en febrero de 2010; la Cámara de Diputados la trató en mayo y el Senado en la sesión del día mencionado al comienzo.

2 En las localidades que no tengan oficinas del Registro Civil provincial, los nuevos jueces comunitarios continuarán ejer-ciendo sus competencias, como lo hacen hasta hoy los jueces de paz, al menos hasta que el Ejecutivo cree las oficinas necesarias.

3 La “Unidad JUS” es una unidad de tasación de cotización variable que se utiliza en la Provincia de Santa Fe para fijar los honorarios profesionales. El valor lo fija la Corte Suprema de la Provincia y esta modalidad se adoptó en el artículo 8 de la Ley 10160 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe), ordenada por Decreto 46/1998. Desde el 1º de Enero de 2010 el valor JUS representa actualmente el 2% de la remuneración de bolsillo del cargo de Juez de Primera

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partir de esa cifra. Es importante, en cambio, que los jueces comunales tendrán competencia sobre materias vinculadas con el derecho agropecuario, materia muy presente en el ámbito geoeconómico donde desempeñarán sus magistraturas.

El jefe del bloque de diputados socialistas, Raúl Lamberto, afirmó que con esta ley “Santa Fe es la provincia que va a estar a la cabeza de la formulación de un procedimiento informal, con mucha actuación verbal y con la idea de formular consensos. El juez, aparte de juzgar, va a ser un componedor entre las partes.”4 La idea de la reforma es volver la Justicia algo más concreto y con dimensión territorial, presente en toda la provincia a partir de más de doscientos juzgados de “pequeñas causas”. Para los justicialistas, será necesario comprobar cómo funcio-nan en la práctica las nuevas reglas y pensar las eventuales modificaciones.

Me gustaría terminar este exordio con algunas anécdotas que, creo, tienen carátula judicial -lo cual devalúa su carácter anecdótico: el perfil del candidato a juez de paz santafesino sufrió cambios recientemente por razones que conviene recordar. Además de ser mayor de 26 años y de acreditar dos o más años de residencia inmediata en la provincia, el candidato debe tener tí-tulo de abogado o de procurador y haber ejercido durante tres años como mínimo. Ese requisito fue incorporado durante el segundo mandato de Jorge Obeid luego del escandaloso nombra-miento de amigos y parientes como jueces de paz hecho por Carlos Reutemann en los últimos días de su segunda gestión.5 La nueva ley, como novedad, introduce la modalidad del concurso: para acceder al cargo habrá que pasar por esa instancia, que además deberá ser refrendada por la Asamblea Legislativa.

UNO - El horizonte de la investigaciónLa problemática que aborda esta presentación, que de pronto toca un tema que se ha vuelto tan actual, se relaciona en realidad menos con una urgencia de las reformas judiciales que con un proyecto de investigación: en la fundamentación del mismo (cuya denominación es Los jueces de paz y la justicia de paz en Santa Fe y Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX: modos de hacer y culturas jurídicas de una justicia lega),6 hemos propuesto con mi colega Melina Yangilevich realizar un trabajo sobre dos realidades que presentan al menos un punto en común (la experiencia de la institución de la justicia de paz) y muchas diferencias (desde cronológicas hasta territoriales). Por este motivo −por la existencia de mínimas coincidencias y varias diferencias− nos ha parecido que la cuestión ameritaba la comparación.

Sin embargo, algunas situaciones no ayudan mucho a la rápida extracción de similitudes y diferencias: el volumen de disponibilidad de estudios sobre el tema para realidades geográ-ficamente tan cercanas como las que se extienden a uno y otro lado del Arroyo del Medio es verdaderamente desigual. Un listado exhaustivo de las publicaciones sobre el tema (que estoy realizando) permite visualizar una disparidad que es difícil de aceptar y que hasta puede parecer

Instancia de Distrito; entre 1998 y la actualidad el cálculo de su valor fue modificándose; llegó a diferir según el tipo de juzgado, de circuito, etc. Trabajos, diligencias, honorarios y otras cuestiones ligadas a la vida judicial están tasadas en JUS, con lo cual su valor se ajusta en función de la variación establecida por la Corte y permite que, por ejemplo, los “techos” que tienen las causas de menor cuantía no deban esperar una resolución de la Corte para ser modificados.

4 En este sentido ya se habían hecho intentos con la introducción de la mediación. 5 “Nombró 56 jueces de paz el día antes de irse, su preparador físico, su masajista, su chofer, su casero, su mecánico, los hijos

de sus amigos, los amigos de sus amigos… Los hijos de Roxana Latorre, del senador Monti, de Lacava, de Lagna, el sobri-no de Vanrell, un ahijado de Alejandra Vucasovich… un largo listado donde el 85 por ciento de las personas mencionadas no tenían idoneidad para ejercer el cargo.” María Angélica Gastaldi, en El Emilio, 24 de febrero de 2010; una denuncia coetánea a los hechos (con números de decretos de los nombramientos) de Ivana Fux, fue publicada en El santafesino, 21 de enero de 2004.

6 PICT 2008-1186, ANPCYT.

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producto de una operación que intenta exagerar con algún propósito, pero lamentablemente esa diferencia es real.

Lo importante es que las razones de este desarrollo desigual pueden ser muchas, pero nunca que la documentación sea nula o indisponible. Por lo tanto, lo único que procede es morigerar la falta de estudios del lado santafesino en los tiempos más breves que sea posible sin invertir tiempo en explicar por qué el tema no fue objeto de atención sistemática hasta ahora.

DOS - La metodologíaAl relevar el material para producir sobre un tema apenas abordado por la historiografía san-tafesina, surge una segunda cuestión que se presenta al principio como un problema, pero que puede convertirse en una ventaja: para poder comparar, podemos tomar el atajo que supone construir en espejo. Esto quiere decir que si la instalación de la justicia de paz no ha sido estu-diada para Santa Fe, podemos tomar los ejes abordados por los colegas que se ocuparon de la realidad bonaerense y ofrecer la contraparte, para luego hacer el ejercicio reflexivo. Pero esta misma operación enseguida abre otra serie de problemas: a) La desigual densidad historiográfica no afecta a este solo terreno y, en consiguiente, también faltan trabajos acerca de otros tópicos sobre los cuales esta indagación debe apoyarse. b) Para trabajar sobre algunos de esos ejes que queremos tener en común no tenemos el mismo tipo de materiales -por ejemplo, nos faltan libros de los jueces de paz anteriores a la década de 1860; tenemos registros incompletos de las correspondencias entre los jueces y el gobernador para algunos años.c) Hay preguntas que nos hacemos y que en los trabajos hechos para Buenos Aires no están del todo presentes.

Entonces es preciso marchar al mismo tiempo en dos direcciones: en primer lugar, tratar de construir en sentido especular para disponer de algo sobre los mismos ejes abordados en los tra-bajos pre-existentes (que permitirán realizar la comparación7 con Buenos Aires) y en segundo, realizar a estos trabajos (y a nuestros propios materiales) preguntas que todavía permanecen sin plantear o sin una respuesta convincente.

TRES - El interés, una doble vacancia: geográfica y temáticaEntre los historiadores que se ocuparon de los problemas clave de la historia política de la pri-mera mitad del siglo XIX existe una preocupación por la manera en que la Revolución resolve-ría (resumiendo) cuatro problemas fundamentales: el sujeto de imputación soberana, la manera en que iba a resolverse la representación política, la forma que iba a adoptar la institución polí-tica -verbi gratia, la construcción del estado- y cómo iba a ser su gobierno.8

Sin embargo, y aunque siempre se reconoce la centralidad de la cuestión de la administra-ción de la justicia -una de las funciones que los cabildos solo perdieron con su extinción- no existe la misma densidad de planteos para la adopción de soluciones (o vías de experimenta-ción) en este terreno que para el caso de la imputación soberana o las formas de la representa-ción política.9 La administración de la justicia queda subordinada -quizás tributando al esquema

7 RAGIN, Charles C. The Comparative Method, Berkeley, 1987.8 Son muchos los trabajos a citar aquí, pero la formulación de estas preguntas y la búsqueda de respuestas se debe a José

Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio, Noemí Goldman, Fabián Herrero y Fabio Wassermann entre otros.9 Una reseña y análisis sobre opiniones y discusiones alrededor de la supresión de la Real Audiencia de Buenos Aires en

TERNAVASIO, Marcela Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Siglo XXI, Buenos

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de Montesquieu- a ser una de las patas en la “construcción del estado”. Personalmente tengo la impresión de que su abordaje en esta larga transición que se abre con la disolución de la Mo-narquía y la búsqueda de una nueva forma de institucionalidad política (de Institución Política, en términos de Clavero), la Justicia puede ser un mirador clave porque arrastra fragmentos de soberanía, de representación de tipo antiguo y, sobre todo, altas cuotas de ejercicio práctico del gobierno en espacios locales.

Antes de abocarnos al objetivo principal de este proyecto -estudiar comparativamente los modos de hacer justicia y las culturas jurídicas de los jueces legos a uno y otro lado del Arroyo del Medio- hay que realizar algunas otras tareas, entre las cuales las más urgentes son:a) comparar la supresión del cabildo de Buenos Aires (1820-1821) con la del de Santa Fe (1832-33).b) hacer lo propio con la implementación de la justicia letrada en primera instancia y las justi-cias de menor cuantía en el ámbito urbano.c) comparar la adopción de soluciones institucionales para la administración de la justicia en las áreas rurales -donde quedó involucrado además su gobierno, en particular porque ambas provincias adoptaron la Justicia de Paz. d) comparar los procesos de separación de las funciones de gobierno y justicia, y muy especial-mente los poderes de policía y de administración de justicia.

Por razones de espacio, tiempo y objetivos, en este encuentro voy a presentar los perfiles de la comparación del punto “c”.

CUATRO - Preguntas generales para orientar los primeros pasosEl recorrido por las reglamentaciones -aunque casi siempre es aburrido- es necesario. En primer término, porque tenemos que saber cuál fue la intención del gobernador López y de los Repre-sentantes cuando implementaron la Justicia de Paz en Santa Fe; en segundo término, porque solo de esta manera podremos realizar más tarde algún tipo de consideración acerca de la rela-ción entre el orden de las intenciones, el mundo de las leyes y el mundo de las prácticas y de las culturas jurídicas y judiciales de los actores involucrados.

Mientras tanto, dejo resonar solo dos preguntas de las que escucho al ir coleccionando algunos datos para realizar los diagnósticos y comenzar las comparaciones: ¿la justicia de paz santafesina fue implementada como una instancia de menor cuantía en un esquema que era completamente nuevo o se la implementó como una justicia de proximidad con funciones de gobierno porque permitía resolver de inmediato problemas relacionados con el orden “a la dis-tancia” en zonas de baja densidad de población? ¿Cuáles son las marcas del “modelo” Buenos Aires sobre la forma que adoptó esta magistratura en Santa Fe?

A pesar de que existen muy buenos análisis sobre la disolución de los cabildos rioplatenses -y se ha hecho notar una serie de cuestiones de primera importancia ligada a este fenómeno- hay un punto sobre el cual creo que, si se ha notado, no se ha insistido lo suficiente: en ciuda-des como Santa Fe, que solo tuvieron cabildo pero nunca fueron sede de Real Audiencia, la supresión de la “institución municipal” adquiere una implicancia mayor que la que tuvo en las

Aires, 2007, pp. 79-89. Cfr. MARTIRÉ, Eduardo Las Audiencias y la Administración de la Justicia en las Indias. Del iudex perfectus al iudex solutus, Librería Histórica Perrot, Segunda Edición, Buenos Aires, 2009, p. 341 y ss.

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ciudades donde existían otras magistraturas.10 En ella, cuando se ha decretado la disolución del cabildo, con él desaparecía la única institución secular que había sido sede de la administración de la justicia (recuérdese que en Santa Fe residía además, existen registros de su actuación al menos desde 1641, un juez eclesiástico).11 Lo trascendente es que se trataba del único sitio en la ciudad donde se administraba justicia ordinaria y desde el cual además se designaba a los alcaldes de la hermandad y otros jueces que administraban las bajas justicias; esta condición, además, provenía del momento mismo de la fundación de la ciudad en 1573, con lo cual su abo-lición daba por tierra no solamente con una tradición secular hispánica del gobierno local sino con algo que para los habitantes de Santa Fe había tenido una existencia real, palpable, que los vinculaba con el mundo conocido de lo político en el día a día y que -junto con la iglesia matriz y la plaza- significaba el vínculo de continuidad temporal y territorial más sólido que los unía con su propia historia.12

El 11 de octubre de 1832, el diputado por el cuartel número dos, Domingo Crespo expuso a la sala de Representantes: “…una de las medidas que esta Sala debía tener en consideración era la disolución del Cabildo de esta ciudad, pues desde que este había dejado de ser representativo, parecía insignificante su existencia, pues estando hoy la provincia representada con más propie-dad, parecía excusado existir dicho Cuerpo, sin otro objeto que sostener una costumbre, á que agregaba los embarazos en que cada año se encontraba esta Sala para el nombramiento de este Cuerpo, por la escasez de sujetos para ocupar dichos empleos capitulares.”13 Los argumentos de Crespo contienen ecos de aquellos que doce años antes se habían vertido en Buenos Aires a través de La Gaceta14 o los que esgrimía Rivadavia al aludir a la puja representativa cuando fundamentaba su proyecto de ley para suprimir a los cabildos ante la Junta Representativa.15

La administración de justicia, centro neurálgico tanto del buen gobierno de los vecinos de antiguo régimen como de un nuevo estilo de buen gobierno que se pretendía republicano y para los ciudadanos nuevos, había sido retenida por la institución capitular y evidentemente esta continuidad fue lo que impidió que la comisión ad hoc nombrada por la Junta de Representan-tes a finales de 1832 resolver en tiempo y forma el “asunto de la justicia”. En cambio, la faceta representativa que el cabildo hubiera podido resignificar como institución republicana de nuevo cuño había sufrido un golpe de gracia ya en el Estatuto de 1819, a partir de cuya aprobación quedó sin efecto el antiguo modo de elección de los capitulares (que vinculaba indirectamente a los vecinos de los cuarteles con la elección de diputados para definir las sillas) y dejó en manos de la mencionada Junta de Representantes la elección de los “empleos de cabildo”.16 Entonces,

10 Como adelanté, esta cuestión hace parte de otra ponencia, que lleva por título “El juego de las diferencias...”. La bibliogra-fía clásica es enorme, pero las obras claves están citadas y analizadas en TERNAVASIO, Marcela “La supresión del Cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 21, 1er. semestre de 2000 y TEDESCHI, Sonia “Los últimos años de una institución colonial: el cabildo de Santa Fe y su relación con otros espacios político-institucionales entre 1819 y 1832”, en Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, LIX, Santa Fe, 1993.

11 Se trata del Lic. Francisco Muñoz de Holguín. ACTIS, Francisco Actas y documentos del cabildo eclesiástico de Buenos Aires, Tomo I, Buenos Aires, 1944. Sobre la justicia eclesiástica santafesina existe un trabajo en curso de Miriam Moriconi, a quien agradezco las informaciones sobre el tema.

12 Incluso cuando la ciudad fue trasladada (entre 1650 y 1660), la disposición de los edificios de estas instituciones en el nuevo sitio calcó a la que ocupaban en la traza original.

13 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (en adelante ROSF), Tomo I. 14 Véase “Reflexiones. Sobre la exactitud de los principios sociales y sobre los vicios que pueden alterarlos.”, La Gaceta, 25

de octubre de 1820, citado y analizado por HERRERO, Fabián “Ley y orden: Buenos Aires, hacia fines de 1820”, en Quinto sol, 12, 2008, pp. 13-44.

15 Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires (1810-1821), vol. 1. publicados por el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, Tomo V, La Plata, 1932, sesión del 5 de diciembre de 1821, pp. 327-328; citado y analizado por Ternavasio en “La supresión...”, p. 39.

16 Lo había notado TEDESCHI, Sonia “Los últimos años...”, p. 412.

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aunque las magistraturas y la Justicia seguían funcionando según los preceptos heredados del antiguo régimen (en breve, se mantenían las “magistraturas coloniales”) los alcaldes, en tanto que miembros del cabildo, ya no empuñaban la vara evidentemente en nombre del Rey, sino que, aunque no de manera directa, habrían sido “elegidos por el pueblo”, ya que eran puestos en sus empleos por la Junta de Representantes, depositaria de la soberanía del pueblo.

El proyecto de disolución del cuerpo que había presentado Domingo Crespo –apoyado y aprobado por los Echagüe y por Aldao, quienes controlaban la opinión y el ritmo de funciona-miento de la Sala de Representantes– implicaba suprimir el Cuerpo municipal de Cabildo desde el 1º de enero de 1833 y en su artículo segundo proponía proveer –en una ley aparte– el arreglo de la administración de justicia y demás ramos que componen la Corporación que por el ar-tículo anterior queda disuelta.17 Pero extinto el Cabildo, la Junta no había hecho sus deberes y la elaboración de un reglamento para proveer a la administración de la justicia había quedado pendiente. En su reunión del día 29 de diciembre los Representantes habían abierto el paraguas recordando –sin más motivo aparente que el de sentirse culposos por su propia dilación– que la ley del 13 de octubre preveía que el Cabildo continuase en sus funciones hasta que la comisión concluyera el reglamento.

El gobernador López no hizo esperar su respuesta: el 10 de enero de 1833 envió un pliego contestando a la Junta con palabras filosas y mensajes que eran bofetadas en la mejilla. Para el Brigadier la solución inventada por la Junta no era tal: ponía en ridículo a los representantes y dejaba como imbécil a la Autoridad Ejecutiva…18 por lo que no encontraba otra salida que animar á esa Honorable Sala para que arbitre medios de que la provincia salga de una posición tan embarazosa y tan poco conforme á la dignidad de un Pueblo Soberano.19

Crespo se sintió personalmente tocado y esgrimió que atendiendo a la ley del 14 de julio del año anterior, la Sala había facultado al gobierno “…para el arreglo de lo interior en la Provincia, y que á mas de esto era práctica en otras provincias que el Ejecutivo nombrase al Poder Judicial, reservándose las Representaciones la sanción del reglamento que debe regir…” Siguiendo el hilo de este razonamiento, el 14 de enero de 1833 la Honorable Junta de Representantes decretó que el ejecutivo nombrara jueces competentes para llenar el déficit que deja el Cuerpo munici-pal […] y le encarga mandar redactar el reglamento que deslinde las facultades y atribuciones del Poder Judicial y demás á él anexo…20 Diez días después, el Gobernador tenía un regla-mento para proponerles y dos semanas más tarde, el 28 de enero de 1833, la Honorable Sala de Representantes lo había aprobado.

CINCO - La reforma de 1833: la primera justicia sin cabildo, la primera justicia provincialLa transformación de los principios, instituciones y sobre todo de las prácticas judiciales, aun-que no coinciden exactamente con los acontecimientos de la historia política está ligada pro-fundamente con los procesos políticos y con la historia del derecho.21 De hecho, dar justicia es una de las preocupaciones centrales en las instituciones políticas de todas las épocas, desde la antigüedad hasta el día de la fecha, se trate de imperios, monarquías, repúblicas, estados,

17 ROSF, I, 233.18 ROSF, I, 239.19 ROSF, I, 239.20 ROSF, I, 241.21 PALACIO, Juan Manuel “Hurgando en las bambalinas de ‘la paz del trigo’: Algunos problemas teóricos-metodológicos

que plantea la historia judicial”, en Quinto Sol. Revista de Historia Regional, núm. 9, Universidad Nacional de La Pampa, 2005-2006.

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etc.22 Por este motivo, el año 1832-1833 es a la historia de la justicia santafesina mucho más significativo que el corte revolucionario de 1810, que 1815, 1819, los pactos de 1820 o incluso que 1841,23 ya que marca el final del vínculo tradicional entre la administración de la justicia ordinaria y la institución clave de la tradición hispánica y colonial (el cabildo y sus agentes). Es probablemente el momento en que con mayor fuerza y mayor claridad se materializaba el final de un mundo conocido, morigerado muy probablemente por la continuidad del uso del edificio para las funciones sustitutivas que iban creándose (el edificio del cabildo santafesino no fue demolido sino hasta la primera década del siglo XX).

Después de algunas vacilaciones de la Junta de Representantes que provocaron el enojo de López (corría la mitad de enero de 1833 y no se resolvía la “cuestión de la justicia” que queda-ba vacante por la supresión del cabildo en octubre de 1832), se inaugura para la Provincia una verdadera reforma judicial, que avanzaba sobre el reglamento de 1819. Este texto legal (que la Honorable Sala de Representantes lo sanciona con valor y fuerza de ley), se denominaba “regla-mento provisorio para los empleados y atribuciones que deben subrogar el Cuerpo municipal, extinguido por la ley de 13 de octubre del año ppddo....”24 Lo había enviado a la Sala el gober-nador Estanislao López (quien contaba con facultades extraordinarias desde julio de 1832)25 y su articulado se atribuye a algunos de los integrantes del suprimido Tribunal de Alzada (José Gabriel Lassaga, Cayetano Echagüe y Francisco Antonio Quintana) así como a Francisco de Aldao o Alberto Basaldúa.26

Por primera vez se creaba una justicia de primera instancia desvinculada del municipio y que tenía una jurisdicción nueva, provincial y, también por primera vez, un juez ordinario era un empleado a sueldo, un sueldo pagado por la entidad política para la cual administraba la justicia: la provincia.

El primer artículo del primer capítulo de este Reglamento instituía en la Capital provincial un juez de primera instancia para lo Civil y Criminal, con igual jurisdicción en toda la pro-vincia, y con el sueldo de 300 pesos al año, sin otro emolumento de firma, etc. Los artículos siguientes del mismo capítulo establecían, también como cargos rentados –aquí una de las grandes diferencias con la justicia colonial– un Defensor General de Pobres y Menores con jurisdicción en toda la provincia y un sueldo de $ 100 anuales, un Juez de Policía (con el mismo sueldo que el Juez de Primera instancia), un Alcaide de cárcel (también rentado) y fundaba la institución de la justicia de paz.27

Antes de pasar al análisis de esta, debe incluirse -porque luego será necesario- las atribucio-nes asignadas a los jueces de primera instancia.

El reglamento es explícito en materia de procedimientos para los jueces de primera ins-tancia (en lo civil y criminal). El juez en primera instancia en lo civil debía oír y sentenciar verbalmente en causas entre 25 y 100 pesos, hacerlo frente a escribano, asentar en un libro la

22 PRODI, Paolo Una historia de la Justicia. Del pluralismo de fueros a l dualismo moderno entre conciencia y derecho, Katz, Barcelona, 2008 [Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto. La dualidad moderna, Il Mulino, Bolonia, 2000], traducción de Luciano Padilla López; en lo que concierne a la economía de los delitos y las penas, así como a los procedimientos, los atenienses, por ejemplo, reglamentaron por escrito el proceso de homicidio entre finales del siglo VII y comienzos del VI. GERNET, Louis “Le droit pénal de la Grèce ancienne”, EFR, Roma, 1984, 26 pp.

23 Historia de las Instituciones…, cit., Tomo II24 ROSF, I, 242.25 Ya las había tenido antes y le fueron renovadas luego, el 19 de diciembre de 1834. También gozó de estas Juan Pablo López,

hasta que la Cámara de Representantes, por “haber variado las circunstancias porque fue autorizado el gobierno con facul-tades extraordinarias” se las retiró el 6 de enero de 1841. En la Constitución de 1841, el artículo 87 expresa que ninguna autoridad provincial es superior a la ley.

26 Poderes del Estado... cit., Tomo I, p. 212.27 El capítulo VIII crea también un juez del ramo del comercio, renovable anualmente y sin sueldo.

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sentencia (también frente a escribano), conceder apelación hasta tres días después de dictada la sentencia y asentarla en el mencionado libro, dar copia al suplicante y elevar el pedido antes de pasados otros tres días; en las causas mayores a cien pesos seguir proceso escrito ordina-rio “según los trámites de las leyes vigentes”; servir en las causas de pobres y menores según lo elija el defensor general e inventariar bienes de difuntos; le estaba vedado explícitamente realizar arrestos sin orden escrita y firmada donde consten los motivos, retener arrestado por deudas o cualquier motivo “civil” a ningún individuo por más de quince días ni condenarlo a “cadenas” o servicio en obras públicas.28 El juez en lo criminal, por su parte, debía aprehender reos por aviso verbal o escrito e iniciarles proceso ordinario dentro de las 24 hs posteriores a su detención, proceder de oficio deteniendo reos en caso de que la noticia del delito cometido fuera de público conocimiento, proceder a la detención de los militares que cometieren delitos allanado previamente el fuero ante el Gobierno, llevar libros donde consten nombre del reo, día de arresto, prisión y motivo del encierro -aunque la prisión hubiera sido dictada por un juez de paz; ejecutar todos los procesos en un término máximo de dos meses (incluso los que le fueran remitidos desde los departamentos por los jueces de paz) y pasar a su subrogante el registro escrito de toda su actuación, bajo inventario formal. No podía encarcelar a ningún individuo más de un mes por un delito leve y, como al juez en lo civil, le estaba prohibido poner cadenas o enviar al servicio de obras públicas a ningún reo que no hubiera recibido este castigo como sentencia. Tampoco podía mantener preso a ningún reo después de tomada la confesión, y entre la detención y la misma debía permitir la visita de sus familiares -aunque ante la presencia del alcaide o del Sargento de guardia.

Curiosamente, estas medidas -que evidentemente significan un paso adelante en la confor-mación de un “poder judicial”, todavía balbuciante, pero con un horizonte que buscaba introdu-cir elementos que favorecieran la “independencia” de los jueces respecto de necesidades y pre-siones a la hora de hacer su trabajo (la introducción del “salario” para los jueces no es un dato menor), convive con otras que constituyen un verdadero salto atrás, un regreso a formas típicas del Antiguo Régimen e incluso, dentro de aquél panorama, a formas bastante autocráticas: cabe recordar que otro de los aspectos clave de la reforma de 1833 es que López mandó suprimir el Tribunal de Alzada que él mismo había enviado a crear en 1826, ubicándose nuevamente el Ejecutivo como única instancia de apelación existente para los justiciables del territorio bajo su jurisdicción. Aquí sí, toda la composición de la imagen de la “justicia colonial” acaba por desmoronarse: ya no se administra en el cabildo, ya no existe una Real Audiencia (desde una veintena de años atrás, es cierto) pero tampoco un tribunal, una figura colectiva de referencia frente a la cual pudieran elevarse los recursos, solo el gobernador. Evidentemente, la mitología liberal no podía encontrar aquí una sola línea para argumentar a favor del desarrollo de una “lucha de ideas”.

A diferencia de lo que puede encontrarse tanto para Buenos Aires como para otras plazas de América Latina, los registros santafesinos son pobres en materia de debate sobre la convenien-cia de implementar tal o cual institución durante este periodo; esto no quiere decir más que lo enunciado. Si hubo más debate no ha quedado registro y lo que hay es realmente flaco en canti-dad y más bien pobre en calidad. De cualquier modo, en las actuaciones judiciales se advierten huellas de algo que nos interesa más respecto a lo que investigamos, que tiene que ver con lo que la gente finalmente pensaba de sus instituciones y de sus funcionarios.29

28 ROSF, “Reglamento provisorio para los empleados y atribuciones que deben subrogar el Cuerpo municipal...”, Capítulo II.29 En el Reglamento para la Junta... (1834), el capítulo IX está enteramente dedicado a la dinámica del debate. El primer

artículo de este capítulo regula “Todo proyecto será puesto dos veces en debate.”, ROSF, I, p. 275.

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SEIS - La implementación de la justicia de paz en Santa Fe La implementación de la Justicia de Paz ha sido señalada como una de las claves en el proceso de construcción de un “poder judicial” independiente, algo que fue historizado con especial interés por quienes intentaron advertir los caracteres republicanos o liberales de estos procesos -su puesta en práctica, además, sirvió para mostrar su contracara, es decir, la continuidad de las prácticas de arbitrariedad y abuso de autoridad (adjudicadas habitualmente desde la mitología liberal a la justicia colonial) en la figura de los jueces de paz.30

El reglamento que López había propuesto a la Sala de Representantes en 1833 creaba la ins-titución de la Justicia de Paz, con la cual se pretendía solucionar el tema de la administración de justicia de menor cuantía en el ámbito de la ciudad y el reemplazo de los delegados de justicia y gobierno en la villa del Rosario (el alcalde mayor) así como de la figura colonial del “alcalde de la santa hermandad”.

Este reglamento no viene precedido de ninguna discusión sobre sus puntos y no se registra tampoco discusión alguna durante el periodo que parece haber durado su tratamiento. En el mismo, tampoco se hace alusión a algún tipo de “caso ejemplar” ni se citan autoridades; del mismo modo que había procedido con el Reglamento de 1819,31 Estanislao López había hecho confeccionar el documento a algunos expertos y prácticamente lo impuso a la Junta.32

Como en otras cuestiones, los Representantes habían dejado en manos del gobernador el nombramiento de los jueces de paz que se expresaba a través de uno de los instrumentos reser-vados a su oficio -el decreto.33

El artículo 4 instituía un Juez de Paz para cada uno de los cuarteles de la ciudad y otro para las chacras con jurisdicción desde las primeras quintas. “Las chacras” recupera una denomi-nación muy antigua34 que se refería a lo que desde finales del siglo XVIII eran territorios de las pedanías, aunque algunas de estas zonas de chacras bien podía estar comprendida todavía en

30 Para la historiografía sobre el Brasil (donde la instalación de jueces locales electivos se analiza como una verdadera ano-malía) véase FLORY, Thomas El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial, FCE, México, 1986; HOLLOWAY, Thomas H. “From Justice of the Peace to Social War in Rio de Janeiro, 1824-1841”, en ZIMMERMANN, Eduardo (ed) Judicial Institutions in Nineteenth-Century Latin America, ILAS, Londres, 1999, pp. 65-85; sobre Buenos Aires, TERNAVASIO, Marcela “Entre el cabildo colonial y el municipio moderno: los juzgados de paz de campaña en el Estado de Buenos Aires, 1821-1854”, en BELLINGERI, Marco Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII - XIX, Otto Editore, Torino, 2000, pp. 295-336. SALVATORE, Ricardo Subalternos, derecho y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina, 1829-1940, Gedisa, México, 2010. GARAVAGLIA, Juan Carlos “Alcaldes de la Hermandad et Juges de Paix à Buenos Aires (XVIIIe-XIXe siècle)”, en Études Rurales, núm. 149-150, 1999; GELMAN, Jorge “Justice, état et Société. Le rétablissement de l’ordre a Buenos Aires après l’indépendance”, en Etudes Rurales, núm. 149/150, EHESS, París, 1999; “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 21, UBA, Buenos Aires, primer semestre 2000; FRADKIN, Raúl “L’ expérience de la justice: Etat, propriétaires et métayers dans la campagne de Buenos Aires (1800-1830)”, en Etudes Rurales, núm. 149/150, EHESS/LAS, Paris, 1999.

31 Atribuido a la Juan Francisco Seguí. DAMIANOVICH, Alejandro “Sanción, vigencia y olvido del Estatuto provincial de 1819. Orden constitucional y relaciones de poder durante el patriarcado lopizta.”, en Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, IV Encuentro de Historiadores “Catalina Pistone”, Santa Fe, 2003, pp. 134-135.

32 Pérez Martín (en Poderes del Estado)sostiene que intervinieron en su redacción José Gabriel Lassaga, Cayetano Echagüe y Francisco Antonio Quintana (a quienes López había designado como vocales del Tribunal de Alzada en 1826, institución que acababa de suprimir) así como a Francisco de Aldao y Alberto Basaldúa, miembros de la Junta. Poderes del Estado... cit., Tomo I, p. 212. Pero no habría que descartar la incidencia de José de Amenábar, muy cercano a López como asesor, consejero e incluso como administrador de sacramentos hasta su última hora. Cfr. Pérez Martín con DAMIANOVICH, Alejandro Historia de la abogacía en Santa Fe, Colegio de Abogados de Santa Fe, Santa Fe, 2001.

33 Solo la Junta de Representantes podía sancionar “Leyes”, mientras que el gobernador podía legislar a través de decretos y resoluciones. También podía enviar “minutas de decretos”, proyectos o reglamentos que la Junta sancionaba luego con fuerza de ley.

34 La expresión “tierras para chacras” la había utilizado Garay para definir a aquellas que repartió entre los conquistadores que lo acompañaron en la fundación de la ciudad cuando distribuyó lotes en el hinterland inmediato de la misma para su mantenimiento.

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la jurisdicción de alguno de los alcaldes de la hermandad, figura utilizada para el gobierno de yermos y despoblados por el cabildo santafesino desde 1616.

La designación de los cuatro jueces de paz de los cuarteles y del de chacras se hacía en carácter de carga pública, continuaba siendo ad honorem mientras que la del alcaide de cárcel estaba dotada con un sueldo de 10 pesos mensuales -más alto que los cien anuales que se asig-naban al Defensor de Pobres y Menores.

Diferente fue la cuestión con los pagos más antiguos, devenidos partidos y, algunos de ellos, departamentos con cabecera, como Rosario y su Villa del Rosario.

El juzgado de paz para la Villa del Rosario con jurisdicción ordinaria en todo aquel de-partamento (que ya existía, desde la asignación a Rosario del título de Ilustre y Fiel Villa en 1823), no era a título gratuito: estaba dotado con un sueldo de cien pesos anuales y tenía bajo su responsabilidad el auxilio de dos comisarios auxiliares (para la ciudad) así como la potestad de proponer la creación de los que creyera necesario para la campaña, pero sin sueldo.35 Las judicaturas de paz ordenadas para Coronda y Rincón de San José (Art. 7), también alcanzaban la jurisdicción del “departamento” y, también a semejanza de los jueces del Rosario, tendrían comisarios auxiliares. La diferencia es que para Rosario se establecía de antemano que fueran dos mientras que los otros podrían proponer su creación (“los que su población y circunstancias exigieren”); la coincidencia radicaba en que los comisarios y cualquier otro tipo de auxiliar se designaba en todos los casos sin sueldo.

Estos “empleos” (no se habla ya de oficios, algo que se sostuvo hasta el final en el lenguaje corporativo del cabildo) tendrían un año de duración y “el Gobierno” (lo cual podría querer significar el gobernador) resolvería al cabo de este tiempo su renovación o no en el cargo res-pectivo (art. 8). No se hace ninguna mención a su forma de elección.

Si bien los jueces de paz no estaban vinculados entre sí en una cadena vertical de depen-dencias (todos estaban sujetos a la autoridad del “gobierno”, esto es, del gobernador, sus mi-nistros y la Junta de Representantes) las primeras designaciones establecen la existencia de una jerarquía territorial que se expresa en los emolumentos: mientras que el Juez de Paz del Rosario tendría un sueldo de cien pesos anuales, el de Coronda cobraría 50 y el de Rincón lo hacía a título gratuito.36

Se pretendía que estos jueces (legos) actuaran observando lo prescripto para los jueces de primera instancia, y en el reglamento, no parece que la diferencia fundamental entre ambas justicias radicara en la exigencia de una formación letrada -de hecho esto ni siquiera se men-ciona como un requisito para los de primera instancia- de los titulares de los oficios, sino en la garantía del savoir faire de su entorno humano y en la proximidad geográfica de su jurisdicción respecto a la justicia de primera instancia (antes ordinaria) que se administraba en la capital.

Primeros ejemplos: de los Jueces de Paz de Rosario y de Coronda se esperaba que observen la práctica “oral” de los jueces civiles y criminales de la capital, pero que reemplacen la presen-cia del escribano -donde reside evidentemente la garantía del debido proceso y la presunción de “satisfacción de verdad” o legitimación de los actos judiciales- con la de “dos vecinos de buen juicio y fama” mientras que las ausencias de Defensor General y de Juez de Policía debían cubrirse con designaciones de la misma calidad en “hijos del lugar”.37 Es decir, se admite que no tendrán la asistencia de un escribano formado (en general los escribanos son la garantía de

35 Y gozará el sueldo de cien pesos anuales. Este tendrá comisarios auxiliares en dicha Villa, y en la campaña se crearán los que se juzguen necesarios, unos y otros á propuesta del Juez de Paz y sin sueldo alguno. Reglamento, art. 6 (Rosario), ROSF, I, 243.

36 ROSF, Reglamento provisorio para los empleados y atribuciones que deben subrogar el Cuerpo municipal..., Capítulo I.37 ROSF, Reglamento..., Capítulo IV.

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la continuidad territorial de una cultura jurídica y judicial) pero se los emplaza a rodearse de “hombres buenos”, al estilo de los requerimientos para los mejores testigos del antiguo régimen.

SIETE- Algunas implicaciones de la función “distancia” (de la cabecera del departamento a la Capital) sobre el alcance de las competencias de los jueces de paz¿Cómo estaban ubicados estos pueblos, pequeñas o grandes cabezas de los primeros depar-tamentos? Importa para este caso señalar que San José del Rincón distaba de la antigua plaza mayor de Santa Fe apenas dos leguas, el pueblo de Coronda unas ocho y el Rosario algo más de treinta. En términos de desplazamientos de hombres que llevaban y traían papeles (la cosa era más complicada si los papeles eran una comisión secundaria que acompañaba un traslado de animales en pie o un cargamento de yerba, textiles o cuero) San José del Rincón estaba a dos horas de caballo, Coronda a medio día largo -lo que equivale a uno- y un viaje muy rápido de Santa Fe al Rosario o viceversa podía hacerse en tres días, mientras que lo usual para la co-municación entre Santa Fe y Buenos Aires en este mismo nivel era de una semana. Me interesa señalar los indicios de una incidencia de la organización territorial -derivada de lo que parecen ser realidades objetivas pero enunciadas siempre de manera abstracta, como “su población y circunstancia”- sobre el modo en que funcionaban estas justicias.

En primer lugar, podemos pensar en una especie de jerarquía -aunque sin relación de prece-dencia o interdependencia- de los territorios (los departamentos); al menos podemos reflexionar sobre la ponderación que “el Gobierno” hace de ellos. Esta valoración diferencial tiene una relación directa con el número de la población sujeta al magistrado, hace pensar en primer término que se trata de una ponderación potencialmente de base fiscal. La discriminación se expresa, como se ha dicho, en el sueldo asignado al empleo: el Juez de Paz del departamento Rosario (poblado por unas 6000 almas) ganaría el doble que su par corondino (que no alcanzaba las 2200) y el del Rincón (que rondaba las 800) no tenía sueldo alguno.

Sin embargo, la intervención de otro criterio modifica el peso que podría tener la base del número: la diferente asignación del sueldo del empleo se corresponde también con un valor de la tarea también diferente, es decir que existe un correlato también entre la asignación del sueldo y las muy distintas competencias asignadas a magistrados designados con el mismo empleo; estos nuevos jueces tenían en sus respectivos territorios distinto tipo de competencias jurisdiccionales e incluso, algo que nos interesa mucho más, era también diferente la naturaleza de los procedimientos que podían seguir.

La cuestión de la localización -en un sentido clásico, es decir, el de la ubicación física de la sede de la magistratura en función del emplazamiento físico de un determinado centro que es sobre todo simbólico, en este caso un centro político- jugaba un papel crucial en todas estas valoraciones. La proximidad física de los juzgados de Rincón y Coronda con el de la Capital relevaban a sus magistrados de admitir demandas por escrito: de recibirlas, tenían la obligación de remitirlas al Juez de Primera Instancia de la Capital sin iniciar proceso de ningún tipo (cap. IV, art. 2); lo mismo sucedía si tenían que enfrentar el inicio de un proceso criminal: aprehendi-do el reo, no debían iniciar ningún tipo de proceso, sino remitirlo con la seguridad pertinente al juzgado de primera instancia en lo criminal con sede en la ciudad de Santa Fe. El de Rosario, en cambio, tenía un plazo máximo de un mes para realizar el sumario del proceso que terminaba con la confesión del reo a quien remitía entonces junto con sus actuaciones al “Gobierno” (el gobernador o un ministro suyo) donde se decidía cuál de los jueces de primera instancia inter-vendría.

La cuestión de la proximidad física de los juzgados se expresa también en los tiempos con que cuenta un apelante, que parece considerar los tiempos de viaje de los papeles: mientras una

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sentencia verbal del Juez de Paz del Rosario podía recurrirse durante un mes, el tiempo para quien lo hiciera sobre una sentencia del juez corondino se reducía a quince días y en el Rincón a ocho (cap. IV, art. 3).

Los comisarios de la Villa del Rosario y de Coronda -bajo la égida directa del juez de paz de cada jurisdicción- tenían atribuciones idénticas a los jueces de paz de la capital: debían oír y sentenciar oralmente en causas de hasta veinticinco pesos y en “...cualquiera otra cuya reso-lución importe el órden de la familia y tranquilidad del Cuartel ó distrito de su dependencia.”38 Esta baja justicia, de esta manera, representaba de algún modo la figura del antiguo pater fa-milias y reunía en sí, como los antiguos alcaldes de la hermandad lo hacían en la campaña, funciones de justicia y policía, ya que podían hacer arrestos pero sobre todo la obligación de “cortar por vías suaves” cualquier turbación del orden público “...en el distrito de su Cuartel y á una cuadra al frente de su morada, ó de otro, sino vive en ella el que le corresponde”.39 Cuan-do la vía suave no bastaba, podían pasar estos jueces y comisarios al “uso de la fuerza”, que involucraba a los vecinos de su dependencia, bien convocados ad hoc o ya constituidos como “partida celadora”. El Reglamento disponía, además, que los vecinos de Coronda y de San José del Rincón “son auxiliares para casos de fuerza armada”, dejando librado a algo que podríamos denominar en principio un sui generis mutuo acuerdo los procedimientos de reclutamiento para conformar esta fuerza.

OCHO - Algunas reflexiones-Sobre la relación entre el modo de implementar la justicia de paz en Santa Fe y experiencias anteriores (básicamente la más cercana y con la que queremos comparar, la porteña-bonaeren-se), la forma de señalar o de delimitar las atribuciones de la justicia de paz en este reglamento de 1833, es reveladora de algo que ha sido señalado ya en otros procesos:40 la institución y su funcionamiento, aunque inspiradas lógicamente en experiencias europeas (la de la justicia de paz, aunque la institución es de origen inglés, se tomó en el Río de la Plata de su matriz francesa posrevolucionaria)41 no se copiaban de un modelo que había que seguir a rajatabla, sino que iban diseñándose al ritmo de su misma implementación.

En Santa Fe no hubo un intento de instalar una justicia letrada en la campaña (como sí lo hubo en Buenos Aires);42 en 1822, cuando se instrumentó la justicia de paz, la justicia bonae-rense se organizaba con un tribunal superior de justicia, cinco jueces de primera instancia (civil y criminal), tres de los cuales habían sido designados para la campaña, los jueces de paz y, para auxiliarlos, alcaldes y tenientes alcaldes, también subordinados a los comisarios (que fueron entonces seis para la ciudad y ocho para la campaña) y dependían del nuevo departamento de policía, mientras que cuando se realizó su instrumentación en Santa Fe, se suprimió el hasta entonces existente tribunal de alzada, se creó un juzgado civil y otro criminal en la ciudad de Santa Fe y se consolidó el empleo de Defensor general. Como en Buenos Aires, se nombraron alcaldes y tenientes para que auxiliaran a los tres jueces de paz de campaña (también a los cua-tro de la ciudad) pero, a diferencia de lo que sucedió en aquel territorio (donde la magistratura de paz era una carga pública sin pago alguno), algunos de estos magistrados fueron nombrados

38 ROSF, “Reglamento...”, Cap. IV, art. 5. Sus sentencias debían ser ejecutadas en ocho días y eran apelables solo de seis pesos para arriba.

39 ROSF, “Reglamento...”, Cap. IV, art. 8.40 Ternavasio, sobre las reformas rivadavianas, en “La supresión...”, cit.41 Esto fue argumentado en su hora por Castro, Benito Díaz y Ricardo Levene, entre otros.42 DÍAZ, Benito Juzgados de paz... p. 55; FRADKIN, Raúl “¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados

de Primera. Instancia en la campaña de Buenos Aires (1822-1824)”, en BARRIERA, Darío (compilador) Justicias y Fron-teras. Estudios sobre historia de la Justicia en el Río de la Plata, Editum, Murcia, 2009, pp. 143-164.

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a sueldo sueldos en función de criterios que no son explícitos pero que hemos intentado ponde-rar a partir de los datos que parecen configurar la toma de esta decisión -distancia, dimensión de la jurisdicción a cargo, amplitud diferencial de las responsabilidades en función del territorio asignado.

Por otra parte, mientras que en Buenos Aires la reforma rivadaviana dividió taxativamente entre una justicia letrada y otra lega, una en la ciudad y otra en la campaña, con procedimientos bien diferenciados, en Santa Fe se pretendía que estos jueces (legos y de campaña) actuaran observando lo prescripto para los jueces de primera instancia, y se les pedía que observaran un gran número de artículos que regulaban el procedimiento de los primeros.

En la práctica, no obstante, las cosas pueden haber sido bastante similares: el juez de paz del Rosario tenía un sueldo,43 realizaba toda la fase sumaria y, por lo que hemos visto en los expedientes, los enviaba prácticamente cerrados, solo quedaba por redactar la sentencia. Sin embargo, el celo “letrado” de algunos jueces de primera instancia hizo que muchas veces sa-cudieran de la modorra a los jueces de paz y hasta les dieran verdaderas lecciones de “derecho procesal”, amonestándolos severamente por diferentes tipos de yerros.44

Por último, es bastante posible que la justicia de paz fuera implementada en Santa Fe por-que significaba la posibilidad de continuar poniendo en práctica ciertas funciones conocidas por los vecinos: los primeros jueces de paz ejercieron en el periodo anterior como alcaldes de la hermandad o como alcaldes mayores; eran vecinos reconocidos (para bien y para mal) del área donde podían ejercer una autoridad patriarcal, de tipo antiguo, que no era percibida como antigua ni como anómala. Al reunir en un solo cuerpo gobierno y justicia -los comandantes y la creación del empleo de jefe de policía le restaban algo en este rubro- cumplía con el reemplazo de la función municipal y de este modo resolvía en las “áreas rurales” -pero también en la ciu-dad, donde en sitios como Santa Fe la presencia de los alcaldes, escribanos y tinterillos marcaba una regularidad y una proximidad de la función justicia con la gente- uno de los más graves pro-blemas que había dejado abierto la disolución de los cabildos, cual era el de ir a pedir justicia.

43 En este punto la comparación con Buenos Aires es compleja -porque allí la justicia de paz nace como una carga, pero va modificándose- y lo abordamos en un próximo trabajo.

44 Materia también de otra exposición.

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11La voz de los vecinos: testigos, padrinos y auxiliares de la justicia.

Escudriñando los vínculos sociales en la “pequeña” justicia de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX.1

Gabriela Tío VallejoUNT

gativa@hotmail.com

El problema historiográfico.En torno al Bicentenario, uno de los temas recurrentes en las lecturas sobre las primeras décadas después de la revolución, ha sido la movilización política de los sectores populares. Un buen número de trabajos acerca de la irrupción de estos sectores en la política ha permitido dibujar un mapa en el que Tucumán tiene aún rasgos borrosos. En Buenos Aires, Fradkin distingue un ciclo tumultuario que incluye una serie de episodios que han sido estudiados por el pro-pio Fradkin desde 2000, Herrero (2004-2007), Di Meglio (2006-2007) y González Bernaldo (1987).2Este ciclo, cuyo inicio siguiendo al mismo autor, debe situarse en 1806, no parece ser una consecuencia de la militarización; la participación y la politización plebeya la acompañan desde los inicios.3 En la zona litoraleña como en Cuyo, la militarización dio marco para una cul-tura política ligada a la revolución. (Bragoni, 2007-2008).4 En Salta y Jujuy el sistema Güemes se apoyó en una movilización en la que la excepción de arriendos y el fuero militar cumplieron un importante papel, pero que respondió también a una ideología republicana que contenía la igualdad ante la ley y el repudio a las desigualdades étnicas.(Paz, 1999-2008. Mata, 1999, 2002, 2004). Paz señala algunos caminos para buscar los cambios; sostiene que las relaciones que se habían establecido en la época colonial entre la elite y la población rural en torno al arriendo, el peonaje, la provisión de crédito y la administración de justicia, se trastornaron con la revolución y la guerra.5Ayrolo (2008) llama la atención sobre buscar la múltiple motivación que pudieron tener los sectores subalternos para sumarse a las montoneras y las borrosas fronteras entre ban-dolerismo social e intenciones políticas.6

1 Considerando que se trata de una ponencia para discutir hipótesis, se consigna únicamente la bibliografía a que se hace alusión en el texto.

2 FRADKIN, Raúl Y el pueblo donde está. Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata, Prometeo, Buenos Aires, “¿Qué tuvo de revolucionaria la revolución de independencia?”, en Nuevo Topo, 5, septiembre-octubre 2008. HERRERO, Fabián Movimientos de pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2007; DI MEGLIO, Gabriel ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo, Prometeo, Buenos Aires, 2007; FRADKIN, Raúl y GELMAN, Jorge –compiladores– Desafíos al orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia, Protohis-toria, Rosario, 2008. GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar “El levantamiento de 1829: el imaginario social y sus implicancias políticas en un conflicto rural”, Anuario IEHS, nº 2,pp. 135-176.

3 La ampliación electoral en los veintes pareció haber cumplido con el objetivo de desactivar estas prácticas, TERNAVASIO, Marcela, “Expansión de la frontera política, Buenos Aires, 1820-1840”, en ANNINO, Antonio Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, FCE, Buenos Aires, 1995

4 BRAGONI, Beatriz y MATA DE LÓPEZ, Sara “Militarización e identidades políticas en la revolución rioplatense”, en Anuario de Estudios Americanos, 64-1, enero-junio de 2007, pp. 221-256, Sevilla. (España); MATA DE LÓPEZ, Sara “Salta y la guerra de independencia en los Andes meridionales”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, núm. 41, 2004; BRAGONI, Beatriz, Esclavos, libertos y soldados: la cultura política plebeya en Cuyo durante la revolución, en FRADKIN, Raúl Y el pueblo donde está…pp. 107-150.

5 PAZ, Gustavo, Reordenando la campaña: la restauración del orden en Salta y Jujuy, 1822-1825. En FRADKIN, Raúl Y el pueblo donde está … pp209-222.

6 AYROLO, Valentina “Hombres armados en lucha por poder. Córdoba de la pos independencia”, en Estudios Sociales, Año XVIII, 35, 2008.

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El programa de Paz parece un buen plan para investigar el tema en la vecina provincia de Tucumán donde hay poca evidencia de pronunciamientos y rebeliones. Por lo que sabemos de las relaciones agrarias en Tucumán, éstas tuvieron un cariz peculiar, consecuencia de un acceso al uso de la tierra más o menos generalizado y una débil jerarquización en torno a su posesión; al menos esto es lo que los estudios especializados han afirmado. Esta posibilidad de subsis-tencia de la pequeña familia campesina debió llevar al extremo el conflicto por las necesidades de mano de obra y reclutamiento. Así también la existencia de “hombre sueltos” que viven del abigeato muestra una particular organización de las relaciones sociales en el mundo agrario. Parolo nos habla de un sector de la población sin oficio fijo con múltiples ocupaciones y una amplia movilidad espacial. La guerra, la consiguiente militarización, la condición de San Mi-guel como ciudad ocupada en la primera década de la revolución ha trastornado seguramente la vida de muchas familias generando empobrecimientos, viudeces, orfandades y desamparos de toda clase. Sabemos muy poco de cómo cambiaron las relaciones entre los diversos sectores de la sociedad durante la revolución y en las décadas subsiguientes.

Contamos con estudios sobre el impacto de la revolución en los diversos sectores eco-nómicos de la elite, sobre hacendados y comerciantes. Algo sabemos acerca de las condicio-nes materiales y tenemos un panorama de los datos demográficos básicos. Se ha analizado la construcción del “estado” provincial y sus agentes, de los procesos electorales y de cómo se implementaron las novedades constitucionales de la revolución. Hay algunas hipótesis acerca de cómo se ha ido estructurando una red de lealtades militares con los gobernadores caudillos como cabezas hacia los treinta y cuarenta. Si los vínculos entre gobernador y jefes, sus for-talezas y debilidades, han sido intuidas, y en parte demostradas, no ocurre lo mismo con las relaciones que pudieron plantearse entre jefes subordinados y la población movilizada, ¿eran soldados? ¿peones armados? Si los vínculos forjados en la guerra de independencia y las luchas consiguientes explican parte de los puntos de conexión entre sectores subalternos y elites políti-cas, hay todo un mundo cotidiano de sometimientos y negociaciones, de violencia y protección, de deferencia y cólera, que escapa a la mirada del historiador.

Cómo se tejen esas redes de relaciones cotidianas es algo que la ausencia de documentos, que para otras regiones han echado luz sobre estos procesos, como papeles de haciendas o do-cumentación sobre rebeliones, nos impide saber. Los expedientes judiciales, aunque muestran un costado ausente en la documentación administrativa y militar, revelan los casos que se salen de la normatividad, de modo tal que podemos sobredimensionar a un sector de la población que se sitúa en, o tras, los márgenes de lo permitido. Sin embargo, conociendo los límites del uni-verso que observamos, pretendemos encontrar indicios de las formas de mediación, resistencia, lealtad e insubordinación que puedan verse a través de las figuras de los testigos, de los reos, de los jueces, y de aquellos vecinos que intervienen como auxiliares informales de la justicia; creemos que podemos encontrar vestigios de la cotidianeidad de las relaciones entre sectores de notables y sectores populares en un escenario de ejercicio del poder que es el momento del sumario en la causas judiciales.

La justicia tucumana del segundo cuarto del XIX es todavía una justicia de vecinos. La presencia de los vecinos nombrados por las partes en los tribunales ad hoc o por el gobernador en algunos tribunales de apelación están presentes en todo el periodo. La importancia de los testigos en la configuración de las causas no sólo señala el papel protagónico de los vecinos en los procesos judiciales sino la importancia de la imagen social del reo en las decisiones de los jueces. (Agüero, 2008) Este rasgo aparece claramente en los expedientes de lo que la justicia considera “delincuentes reincidentes” titulados con la carátula “ladrón contumaz” o “ladrón incorregible” en una caracterización del acusado más que del delito por el que se forma la

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causa. Era común que se iniciara un sumario a no por un delito en particular sino por “ladrón incorregible”. Y el delito en estos casos solía ser el robo de ganado, el delito más frecuente y más perseguido en la campaña tucumana y evidentemente el que más afectaba a los sectores propietarios. El ganado, que no la tierra, es el campo de los conflictos.

Si lo vemos desde una perspectiva diacrónica, un creciente control sobre los sectores po-pulares de la campaña se establece entre los gobiernos de Heredia y Gutiérrez (1832-1852). Fuerte reglamentarismo, severidad y celeridad de los castigos. Al mismo tiempo, este afán de controlarlo todo incorpora a las tareas de vigilancia y represión a un amplio espectro de vecinos en condiciones de auxiliares de justicia. ¿Se trata de un sinceramiento respecto de una práctica colonial o tiene otro significado esta búsqueda de compromiso de los vecinos con los objetivos del gobierno? ¿Es esta coincidencia de intereses entre gobierno y hacendados la explicación de la gobernabilidad? ¿Es esta justicia de vecinos la misma que la justicia colonial?

En el escenario que se monta en torno al sumario hay una representación de roles que lo convierte en un observatorio privilegiado.

Planteadas las inquietudes que motivan este proyecto, haremos una referencia a las respues-tas que hemos podido ir construyendo en investigaciones anteriores, para luego poder sugerir algunos caminos de investigación.

El planteo del tema en la justicia de TucumánEl colapso del ordenamiento imperial, la revolución y la desaparición, en la década del veinte, de los organismos supra provinciales habían arrastrado consigo los mecanismos de control de los funcionarios y las instancias de apelación fuera del territorio de modo que tal que las jus-ticias provinciales se encontraron “abandonadas” a sus propias fronteras y enfrentadas a sus propios límites. Entre ellos, no era un tema menor la escasez de personal preparado para las distintas funciones, la coexistencia de ordenamientos jurídicos, la adaptación forzada de los reglamentos constitucionales pensados para el conjunto de las provincias rioplatenses, a la rea-lidad de las provincias autónomas. La extinción de los cabildos, por otra parte, legaba la admi-nistración judicial del territorio a los nuevos organismos del gobierno provincial: el gobernador y la legislatura, de los que el primero sacaría ventaja gracias a la coyuntura guerrera.

Durante la primera década revolucionaria la ciudad de San Miguel de Tucumán ha sido cuartel y retaguardia del Ejército del Norte. El espacio político es compartido por el jefe del ejército, por un gobernador cuya novedosa residencia experimenta ahora la ciudad subordina-da, y por un cabildo que tiene en estos años un protagonismo agónico. La ciudad se adapta a las necesidades de la guerra, recibe a los emigrados, convive con los soldados. Esta coyuntura extraordinaria se continúa en la década siguiente por los permanentes conflictos y luchas entre facciones que pretenden apoderarse del gobierno provincial.

Los primeros ordenamientos de los años veintes habían intentado anudar la justicia rural a la justicia ordinaria de la ciudad. Ello puede verse no sólo en las reglamentaciones, por ejem-plo respecto del nombramiento de los jueces territoriales (pedáneos) por parte de las primeras legislaturas, sino también en una fluida relación entre los jueces rurales y los jueces de primera instancia residentes en la ciudad. Numerosos casos, incluso de poca monta, cuyos sumarios se iniciaban en el campo gozaban de un largo proceso judicial en la ciudad con intervención de defensores, padrinos, apelaciones etc. Sin embargo, ya a fines de los veintes, los nombra-mientos de los jueces van pasando a ser atribución de los gobernadores. Las circunstancias extraordinarias o transitorias se hacen regulares y permanentes cuando varios años de guerra ininterrumpida han convertido la emergencia en situación cotidiana. Ya en 1828 la sala atribuía

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al gobernador el nombramiento de jueces civiles, criminales en la ciudad y en la campaña.7 De aquí en más no hay huellas en las fuentes de que los nombramientos volvieran a la sala.

Con el gobierno de Heredia hay algunos cambios. Una de las preocupaciones más claras en la actividad administrativa del periodo fue el control de los sectores subordinados del campo y la ciudad lo que se vio reflejado en una minuciosa reglamentación de la administración de justicia. El obsesivo reglamentarismo de Heredia no dejó asunto sin normar. Aunque necesitaba más agentes simplificó el control de la campaña: eliminó a los comisarios8 y reasignó sus atri-buciones a los dos alcaldes de hermandad por departamento, a la vez que creaba un Juzgado de alzadas en la campaña designando a un juez de alzada por departamento que debía constituirse en tribunal con vecinos nombrados por las partes.9 La idea del tribunal de alzada en cada depar-tamento tenía por objeto, en palabras de Heredia, evitar los perjuicios que sufrían los vecinos de la campaña por tener que trasladarse a la ciudad. Sin embargo, el hecho de que los jueces de alzada sólo pudieran intervenir verbalmente en causas menores a 25 pesos, lleva a pensar que el verdadero objetivo de la reforma era contener los conflictos entre pobres del campo o entre propietarios y trabajadores en los límites de los departamentos; finalmente volvía al espíritu de la función colonial de los viejos alcaldes pedáneos.

Si en la década del 20 la justicia de campaña aparece muy ligada a la justicia ordinaria, el régimen de Heredia pretende que buena parte de los conflictos se resuelvan con las autoridades de campaña. Una evidencia de ello es también la fusión de los juzgados, criminal y civil, en uno solo.10 Al ampliar las atribuciones de los jueces y eliminar a los comisarios de policía de campa-ña, vinculaba a los jueces al juez general de policía establecido en la ciudad, institucionalizán-dose, una vez más, la confusión de funciones que las primeras reglamentaciones sobre justicia y policía en 1824 y 1825, siguiendo los principios liberales, habían intentado vanamente separar. Esto, unido además al hecho de que se ha institucionalizado la práctica de que el gobernador nombre a los jueces.

Pero esta simplificación y ruralización de la justicia tenía otras consecuencias. La expansión de las funciones de los agentes de justicia su radicación rural y la eliminación de los comisarios ponía en manos de los vecinos las tareas de auxiliar a la justicia.11 Las innumerables razones o circunstancias por las que se podía detener a alguien, eran consignadas con exhaustivo detalle por los decretos del gobernador, de modo tal que la legalidad –que no los principios liberales-, quedaba resguardada: se podía detener a alguien hasta por poseer unas boleadoras.12 La ampli-tud de la expresión “autoridad competente”, que designaba a quienes podían efectuar dichas

7 Si bien en los primeros años el gobernador encabezaba el nombramiento de jueces con la expresión “en virtud de la auto-rización de la Honorable junta de representantes”, el procedimiento fue perdiendo esta referencia al origen de la atribución. Sección Administrativa, vol. XXXV, fol. 123.

8 Rosas había eliminado también a los comisarios uniendo las atribuciones de reprimir y juzgar. Garavaglia, Juan Carlos “La cruz, la vara, la espada. Las relaciones de poder en el pueblo de Areco” en Darío Barriera comp. Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX. Edit.Um Murcia 2009, pp. 89- 117

9 C.H. DECRETO. 8-II-1832 Y DECRETO. 11-II-1832. Esta organización nos recuerda el “Reglamento para la administra-ción de justicia en la campaña” de Córdoba de 1823. El régimen de Bustos sostiene una justicia rural “domestica” práctica-mente autónoma. Para el caso de Córdoba véase Alejandro Agüero, Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII. Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2008. Para las relaciones entre justicia ordinaria y territorial en Tucumán véase, Tío Vallejo Gabriela, “Papel y grillos, los jueces y el gobierno en Tucumán, 1820-1840.”Nuevo Mundo Mundos Nuevos, CERMA-École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2010.

10 En 1834 con el argumento de que son “muy pocas y raras las causas sometidas a esta jurisdicción por cuanto los primeros hechos se examinan por la policía que por su naturaleza no merecen un proceso formal” Archivo de la Legislatura de Tu-cumán, año 1834. Caja 1. Legajo general 22.

11 Fue Darío Barriera en las Primeras Jornadas de Historia Social de la Justicia, en Rosario en agosto de 2010, quien me su-girió estudiar a estos personajes que llamo auxiliares informales de justicia.

12 Decreto del 4 de julio de 1832. Rodeos de ganado en estancias ajenas.

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detenciones, daba lugar a la enorme esfera de acción de los agentes del orden.13 La intervención de vecinos como testigos en casos de ejecuciones sumarias es un ejemplo de ello. En 1833 un decreto establece que los salteadores de caminos y saqueadores de casas fuesen fusilados “por medio de un proceso breve y sumario sin otro requisito que el de su confesión y la deposición de dos o tres testigos”; sin bien el recurso es planteado como extraordinario y la sentencia requería de una consulta al Superior Tribunal de Justicia que debía expedirse en un plazo de tres días.

Heredia estableció la obligación de elevar minutas precisas de la acción judicial, informes y padrones sobre todos los ámbitos de la vida social y económica. Las funciones de los jueces de campaña rebasaban las estrictamente judiciales y se sumaban a las que antes pertenecían a los comisarios. Se reglamentaron todas las actividades de las personas incluso el uso del tiem-po libre, control del juego y del consumo de alcohol, y otros aspectos de la vida cotidiana que revelan una administración preocupada por sujetar a la población al gobierno a través de sus agentes. Específicamente se encomienda a los jueces de campaña velar por el cumplimiento de toda la reglamentación relacionada con la protección de cría de mulas, la preservación de los “hechores”, la prohibición de saca de yeguas, auxiliar a los maestros de postas, controlar el uso de acequias. Son responsables del control de personas, de forasteros que entran a la provincia, de circulación de correspondencia, de juegos prohibidos, de pulperías volantes. También pesa sobre ellos la responsabilidad de vigilar y denunciar al gobierno acerca de posibles conspiracio-nes; en la época de la guerra con Bolivia se multiplican las disposiciones para detectar deserto-res y encubridores; deben reclutar a todo “vago y mal entretenido” para el ejército e incluso “a todo aquel que viva mal con la mujer” y…hasta de vigilar la vestimenta de los pobres.

Semejante diversidad de funciones no podía ser cumplida por los jueces en los vastos te-rritorios a su cargo, de modo que conllevaba la autorización de que delegaran en otros, fueran individuos de las milicias o particulares, el ejercicio de sus funciones. Que los hacendados y sus peones, sobre todo los capataces de las casas principales del juez o de allegados, se involucraran en el mantenimiento del orden como auxiliares de la justicia era algo usual en la campaña desde la época colonial. En un trabajo anterior habíamos interpretado este ordenamiento de Heredia como un “un sinceramiento legal” de esta práctica y como una nueva demostración de que la justicia de los 30 vuelve a ser una justicia de vecinos.

Si en épocas de Heredia los funcionarios de la campaña se habían convertido en agentes del gobierno, esta tendencia se agudizó en los tiempos de Gutiérrez. Jueces y comandantes actúan, al parecer, en las mismas jurisdicciones y todos los funcionarios de justicia eran nombrados por el Gobernador. Algunos estudios hablan incluso de una preeminencia de los comandantes sobre los jueces en la administración de justicia de la campaña.14 Los cambios en la administración de justicia apuntan a una relación cada vez más estrecha entre justicia territorial y gobierno. Todos los jueces, desde los tribunales de apelación, de alzada, de primera y segunda instancia, departamentales y de barrio son nombrados por el gobernador, sin intervención de la sala de representantes en todo el periodo de su gobierno y es posible observar también que los jueces avalados por el gobierno son a menudo reelectos.

La aceitada relación que podía observarse en los años veinte entre la justicia ordinaria de la ciudad y los jueces de campaña, se desdibuja en estos años por varias razones: por una parte, el cuerpo de jueces ya no es elegido por la legislatura y tampoco elige a los jueces de

13 También extiende las facultades judiciales de los alcaldes de barrio y en general pretende liberar a los juzgados de causas tratando de que los jueces inferiores de campaña y de ciudad atiendan demandas verbales.

14 Parolo afirma que los comandantes se han convertido en “supervisores” del buen desempeño de jueces, policías y clérigos. Parolo, Paula, “Entre jueces y comandantes”. Formas de autoridad en la campaña tucumana a mediados del siglo XIX, en La Justicia y las formas de la autoridad, Organización política y justicias locales en territorios de frontera. (El Río de la Plata, siglos XVII-XIX). En Darío Barriera comp. 2010.

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campaña y por otra, los lazos entre la justicia urbana y la rural se van contaminando con otras dependencias, por ejemplo, al heredar los jueces las funciones de los comisarios de campaña, quedan subordinados al jefe de policía de la provincia. La posible dependencia respecto de los comandantes militares también actúa en el mismo sentido. La gobernabilidad de la campaña va de la mano de la transformación más completa de los jueces en agentes del gobierno. A la dependencia, en cuanto a nombramiento y subordinación se une una responsabilidad particu-larmente gravosa: “Los Jueces departamentales y de distrito, los Jefes militares y los celadores, son responsables de las conspiraciones o movimientos anárquicos contra el Gobierno estable-cido que tengan lugar en sus respectivos territorios”15 Sin duda esta responsabilidad ligaba fuertemente el accionar de los jueces a la voluntad de un gobernador cuyo poder de coacción y sanción tenía pocos límites. Aún si este poder no se hacía efectivo, su virtual presencia era suficiente para mantener los lazos de subordinación.

Aquí es donde le tema del fuero militar se vuelve crucial para entender la relativa goberna-bilidad de los años de Heredia y Gutiérrez. Heredia había establecido el fuero militar el 29 de julio de 1833. El decreto entendía que seguía vigente el fuero privilegiado establecido desde 1801 para los oficiales como una compensación para sus sacrificios pero, dado que se suscita-ban disputas de competencia, se insistía en que todo oficial gozaba de fuero militar. Los solda-dos, sargentos y cabos dependían en el fuero criminal de sus jefes por lo que serían juzgados exclusivamente por el método y orden militar breve y sumariamente. Esto supone la gravedad de la insubordinación al jefe superior. Juan Antonio King, en sus memorias, refiriéndose a las milicias rioplatenses, señalaba el grado de arbitrariedad que sufrían los soldados por el fuero. Podía ser considerado un privilegio pero, al mismo tiempo, era un arma poderosa de los jefes del ejército sobre los subordinados que dejaba a éstos sin el amparo de las garantías judiciales.

Identificadas y confundidas ahora las funciones de jueces y militares las acciones de ambos quedaban ligadas a la voluntad del Gobernador.

El gobierno de Gutiérrez completó el proceso de transformación de jueces y comisarios en agentes del gobierno y al mismo tiempo involucró a los vecinos en el mantenimiento del orden. En 1842 Celedonio Gutiérrez reorganiza la policía responsabilizando al jefe de policía del mantenimiento del orden establecido, teniendo particular obligación de vigilar cualquier operación o maquinación que atentara contra la tranquilidad pública y el gobierno establecido. El jefe de policía tenía algunas funciones judiciales relativas a la conducta de amos y criados, el servicio de esclavos y libertos, las relaciones entre patrones y peones, el conchabo. En caso de delito que llevara a pena de muerte debía seguir información sumaria y entregar el reo a los jueces de primera instancia. Se establecía también la pena de azotes entre 25 y 500 (una canti-dad inusitada 200 solías ser el máximo en otras épocas). Toda la población queda implicada en la defensa del orden establecido. El reglamento se insertaba en el periódico semanal.

Por lo que hemos podido observar en trabajos anteriores la justicia tucumana del segundo cuarto del XIX es todavía una justicia de vecinos. Es la comunidad la que interviene para res-taurar un orden social que se considera natural y que está aún impregnado de las viejas jerar-quías y del poder normativo de la religión.16Las fronteras entre delito y pecado son borrosas y se ve muy poco de igualdad y de ley. El texto expreso de la ley está ausente y los acusados son juzgados por los miembros de la comunidad, de los que sólo los vecinos gozan del privilegio de ser juzgados por sus pares, los demás son calificados por quienes tienen un rango social su-

15 Reglamento de Policía 11 V 1842.16 Agüero sostiene un predominio de la justicia doméstica y fuertes continuidades de la justicia colonial en la justicia penal

cordobesa entre 1820 y 1850.

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perior. Los juicios a “ladrones incorregibles” muestran que no se castiga el delito sino la forma de vida, la imagen social del reo.

Los ordenamientos de justicia y la práctica judicial muestran una continuidad en los proce-sos y en la cultura jurídica. Los cambios más significativos son quizás un cierto espíritu liberal y reformista en la década del 20 que sobrevive apenas como máscara en el discurso público de Heredia pero que al mismo tiempo erige una trama de control social que luego será utilizada por Gutiérrez. Heredia vuelve a una serie de prácticas coloniales pero en un nuevo contexto, en el que la concentración de poderes en el ejecutivo provincial como cabeza de una organización militar, le da a estas prácticas de dominación un nuevo alcance. El gobernador acapara el poder de coacción erigiéndose en líder pero también en árbitro de la prosperidad y la seguridad de los habitantes, convierte en cómplices de este poder a grupos de vecinos que imparten justicia junto a los jueces y comandantes actuando como agentes represores, testigos y acusadores.

El régimen de Gutiérrez pierde la máscara y muestra el descarnado rostro del conserva-durismo social y la intolerancia política. Si bien la violencia se atempera después de los prime-ros años, es la primera vez que se ve que el gobernador interviene aplicando penas de muerte registradas y declamadas, más allá de las ejecuciones por motivos políticos.

Las tradicionales atribuciones del gobernador como instancia de apelación en un regreso al tiempo borbónico, confluyen con la concentración de poderes, consecuencia del estado de guerra permanente. Las coyunturas de recurrente urgencia transforman lo extraordinario en cotidiano y fundamento de toda subversión de los “logros” de la revolución. Este proceso lleva a un poder ejecutivo provincial basado en la militarización, en la consolidación de un espa-cio provincial y en el paulatino manejo de autoridades intermedias, entre ellas los jueces, que funcionan como nodos de grupos de vecinos que intervienen en la aplicación de justicia hacia los inferiores. La transición de unos jueces que comienzan en la colonia siendo intermediarios sociales, que permiten la gobernabilidad y el predominio de la élite capitular y comercial a unos jueces agentes de un gobierno provincial, nos hace preguntarnos acerca de la existencia de un estado provincial que tiene sus propios fines o de un estado provincial que opta por defender los tomar como propios los objetivos de un sector social.

Si por un lado es evidente, tras la primavera liberal de los veinte, la vuelta a una justicia de vecinos, de fuertes connotaciones domésticas, la relación entre este proceso y la consolidación del poder del gobernador a través de la lealtad obligada de sus agentes nos deja una pregunta pendiente. ¿Qué transformaciones en las relaciones sociales, en las representaciones acerca de la justicia y de la autoridad, se han producido entre la época del viejo juez pedáneo, represen-tante de los notables de la campaña ante la ciudad y del gobierno de la ciudad ante la campaña y estos jueces, agentes de un gobierno militarizado que vuelve a buscar la ayuda de los vecinos? Unos vecinos que no son sin duda los mismos de fines de XVIII.

Las fuentes y sus posibilidades.Contamos con unos 350 expedientes criminales entre 1815 y 1850, están revisados, identifica-dos los asuntos y protagonistas y seleccionados los expedientes que pueden servirnos para los objetivos planteados. ¿Qué preguntas esperamos responder con el estudio de los sumarios?

La etapa de la información sumaria, entendida no estrictamente como el paso del procedi-miento judicial sino como escenario, es el lugar escogido como punto de observación de un análisis microhistórico. Es un acto en el que se pone en escena una atribución del poder que desde el antiguo régimen colonial resume la definición de gobierno: la justicia. ¿Hasta qué pun-

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to la justicia sigue siendo la forma en que la autoridad se hace presente y la vía por la que los gobernados pueden hacerse oír?.

Los discursos de testigos, del propio juez, son discursos públicos que se expresan ante una autoridad, son los discursos aceptados de dominadores y dominados pero al mismo tiempo, siempre hay vestigios de un discurso oculto (en el sentido del análisis de Scott, 1990). El su-mario es también un teatro de poder, hay gestos, insignias, máscaras que pretendemos develar. (Goffman, 1959).17

En el plano menos simbólico y más material y social nos interesa descubrir los perfiles sociales y económicos de los protagonistas, e identificar las vinculaciones en torno a la tierra, el ganado y el trabajo; los patrones de habitación y la configuración de las “casas”. El sumario se realiza en un espacio local concreto que es el que habitan los protagonistas. Los lugares de residencia de los testigos muestran el ámbito de redes sociales o de influencia del juez o del reo. El resto del procedimiento se hace en la ciudad, allí el reo esta ya separado de su ámbito y las relaciones sociales se desdibujan.

¿Quiénes son los personajes de esta representación? El juez: cuál es su relación con los sectores sobre los que administra justicia. Tenemos algunos estudios sobre el perfil de los jueces (Parolo, 2010). ¿Qué representación tienen de él los demás. Cuáles son los gestos que indican su lugar como autoridad.? ¿Acuden a su casa o se mueve él con su partida de hombres a caba-llo? ¿Tiene escribano? Si no lo hay ¿quiénes cumplen con esta función de “tinterillos” como los definen peyorativamente los jueces de la ciudad? ¿Cuál es el modo relacional que los diversos personajes usan con él?. ¿Quiénes son sus auxiliares, a quiénes acude para obtener colaboración para perseguir y prender a los reos.? ¿Qué relaciones se plantean entre autoridades civiles y militares en estas tareas?. ¿Quiénes cumplen con la función de testigos? Cual es el perfil social de los testigos en cada caso, de quién son testigos ¿ del delito o del juez? Las formas de los testimonios dicen mucho de la relación entre los testigos y el resto de los actores, cuando los testigos son instruidos para dar una versión de los hechos, cosa que ocurre en la mayoría de los casos, los discursos se repiten, se usan las mismas expresiones; el rastro del lenguaje del juez o el notable en cuestión en el discurso de un analfabeto es una evidencia de ello.

Toda sociedad jerarquizada tiene discursos públicos, actos de deferencia y subordinación; en este sentido, buscamos un análisis exhaustivo de los discursos, gestos y protocolos conteni-dos en el sumario, tratamos de encontrar en las distintas voces del sumario los diversos discur-sos contenidos.

La información sobre el reo es la más prolífica, cual es su condición ¿sabe escribir tiene trabajo fijo? Cuáles son las miradas del juez, de acusadores y testigos sobre él.

Nos interesan algunos casos en especial.De los expedientes judiciales que se inician en la campaña un porcentaje importante está

relacionado con la embriaguez. El tema nos interesa especialmente. Parolo se ha aproximado al tema, y ha tomado algunos expedientes para ver las lecturas y argumentos de la justicia acerca del abuso del alcohol. Pretendemos ir un poco más allá y tratar de ver su papel como resistencia o evasión, su función como rito que hace público el discurso privado. Y ello nos lleva a los espacios de reunión de los sectores subalternos y los espacios de encuentro de la sociabilidad rural, las pulperías, las casas los lugares de juego.18 El estado de embriaguez amenaza sin duda

17 Scott. James C. Los dominados y el arte de la resistencia, México, Ediciones Era, 2000 (en inglés, 1990). Goffman, Erving, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 2009 (primera edición en inglés, 1959)

18 Una primera aproximación a estos temas, tanto de la embriaguez como de la sociabilidad, en Parolo, María Paula, “Ni súplicas, ni ruegos” Las estrategias de subsistencia de los sectores populares en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX.” Prohistoria ediciones, Rosario.

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un orden no sólo por los delitos que el ebrio puede cometer en su estado sino porque el discurso oculto se hace explícito, se deja de lado la conducta esperada, la deferencia hacia los “superio-res” y no se le puede responsabilizar porque no es un acto voluntario. El ebrio actúa fuera del comportamiento establecido en momentos y lugares en que el exceso no está permitido.

Otro caso que pone en cuestión las jerarquías de la sociedad es el de los emigrados. En los años en que el ejército se apostaba en Tucumán, la ciudad recibió un buen número de emigrados de las provincias altoperuanas. Estos emigrados protagonizaron a veces casos judiciales: abo-gados desacatados y adúlteros, ladrones, bígamos. Nos interesa ver cómo trata la justicia de los vecinos, a estos otros vecinos que pueden ser notables, o dicen serlo, de sus ciudades natales, pero que no comparten la territorialidad y por tanto el juicio de los pares se vuelve vulnerable. Al mismo tiempo han perdido sus lazos familiares y se convierten en amenazas para los patro-nes familiares locales.

Casos en que los vecinos intervienen para condenar a un ladrón incorregible, y otros casos en que buscan proteger al reo, son raros pero existen cuando se producen estas intervenciones y quienes con estos mediadores.

¿Cuáles son los bordes de lo permitido? Los expedientes judiciales nos muestran en la figu-ra del apresado la norma contravenida, el límite traspasado. Esos bordes nos muestran de algún modo el centro. El porcentaje de casos sobre un determinado asunto evidencia la preocupación del gobierno y los notables por insistir en el cumplimiento de una norma y defender sus intere-ses. Robo y embriaguez en una época, deserción en otras…cómo procesa esta sociedad los cam-bios que ha impuesto la guerra? ¿De qué manera la presencia de emigrados, la desarticulación de familias, genera descalabros en el mundo doméstico que merecen la atención de la justicia junto a los problemas más básicos de la defensa del recurso esencial que parece ser el ganado?

De este amplio panorama de posibilidades pretendemos, por un lado, obtener una pintura de las relaciones sociales desde una fuente diferente a la administrativa o a la estrictamente económica, pero al mismo tiempo no queremos perdernos respecto de algunas cuestiones más generales a las que este estudio pretende aportar desde un flanco a veces oculto.

En otros trabajos hemos señalado un horizonte comparativo de predominio de la justicia doméstica en los años treinta basándonos en los trabajos de Agüero para Córdoba, de Sanjurjo para Mendoza, de Tucumán y probablemente de Salta tras la caída de Güemes…¿Qué relación hay entre el afianzamiento y la consolidación de una justicia doméstica a partir de los años treinta y la consolidación de los gobernadores-militares? ¿Cuáles fueron las mediaciones y negociaciones o las formas de dominación entre los agentes del gobierno y los sectores subal-ternos? ¿De qué manera se mantuvo este poder?

Si la justicia en el antiguo régimen era el ámbito privilegiado de la política ¿de qué manera transitó al nuevo régimen?.

Si la cultura jurídica se define localmente (Hespanha) ¿qué nuevos rasgos tiene después de dos décadas de guerra recurrente?

Son los vecinos notables que votan los que administran justicia. ¿Es la justicia local domés-tica la veta profunda e invisible de las continuidades? No parece haber sido la justicia vía de petición ni reclamo. ¿En qué ámbitos se pronuncian o rebelan los sectores subalternos?