UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRIA CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y

COMERCIAL

CURSO : DERECHO PROCESAL CIVIL

PROFESOR : Mag. JUAN MORALES GODO

TEMA N 01. EL PODER JUDICIAL Y SU RELACION CON LOS

OTROS PODERES DEL ESTADO

PREGUNTA .SEALAR TRES CASOS CONCRETOS QUE HAYAN

OCURRIDO EN LA HISTORIA PERUANA, EN LOS QUE SE

DEMUESTRE LA ITERFERENCIA EVIDENTE DE

ALGUNOS DE LOS PODERES DEL ESTADO EN EL

PODER JUDICIAL?

ALUMNOS:

1. CUETO QUISPE VEERONICA CLAUDIA

2. PERALDO CHAUCA VICTOR OMAR

3. VARGAS AVELLANEDA JORGE LUIS

4. GALLOSO MARIOS WALTER ADALBERTO

5. RAMIREZ DELGADO RUTH JACKELINE

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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PERUANO

PODERES

PODER

LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

PODER EJECUTIVO

INTRODUCCION

Para tratar el tema en anlisis se hace necesario revisar a la Luz de las

Doctrinas Constitucionales, cual es el enfoque que se tiene respecto a

cmo es que identificamos el Estado Peruano; pues de ello depender, las

resultas de las actuaciones de cada uno de los poderes establecidos por la

Constitucin Poltica; pues a la Luz de las nuevas ideas estas

carcomieron la vieja estructura que sostena el edificio ius positivista,

formalista, dando paso a un nuevo modelo. Si el modelo de Estado Liberal

de Derecho o, como tambin se le conoce, Estado Legal de Derecho, gravit

en torno a la idea del imperio de la Ley, el modelo de Estado

Constitucional o Estado Social, Democrtico y de Derecho, lo hace es en

torno al carcter normativo de la Constitucin, entendindola como norma

jurdica. Por antonomasia; es decir, como fuente principal del Derecho.

Hoy da, a la luz de los desarrollos del derecho actual, es evidente que la

Constitucin es instrumento jurdico que contiene normas jurdicas

llamadas a ser aplicadas por jueces y operadores jurdicos en la resolucin

de los casos sometidos a su conocimiento.1

Teniendo como base lo expuesto podemos sealar, que La Constitucin es

origen de las normas jurdicas, aunque bien es cierto que no se agotan en

ella, ni tienen su creacin directa en ella, siempre gravitaran en torno a

ella, y de ella dependern en su validez misma. Esto es, la Constitucin es

la que legitima la actuacin y competencias del Parlamento y del Ejecutivo

Nacional y a las dems instituciones que pueden generar derecho, a

legisladores y a jueces. A medio camino entre el positivismo kelseniano y el

hartiano, la Constitucin ser siempre el fundamento del Estado y la base

de su ordenamiento jurdico social a la vez, esto es, presupuesto de

existencia del Estado, de un lado, y de la Sociedad, de otro.2

1 Luis Ociel Castao; El Juez Constitucional y el Llamado nuevo Derecho 2 Ob cit.

Teniendo como base lo sealado, y si revisamos nuestro ordenamiento

constitucional, pues conforme se establece en el Artculo 43 , define que

la La Repblica del Per es democrtica, social, independiente y

soberana; asimismo aade que el Estado es uno e indivisible; precisando

que Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se

organiza segn el principio de la separacin de poderes.

Por otro lado segn el Artculo 45.- El poder del Estado emana del

pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y

responsabilidades que la Constitucin y las leyes establecen.

INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA EN EL EJERCICIO DE LA

FUNCION JURISDICCIONAL Y VINCULACION DEL JUEZ A LAS LEYES

CONSTITUCIONALES

() CUANDO EN EJERCICIO PLENO E IRRESTRICTO DE LA

FUNCIN JURISDICCIONAL, LOS JUECES HAN EFECTUADO EL

CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES Y,

EN CONSECUENCIA, NO APLICARON POR INSCONSTITUCIONALES

DIVERSAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS (..) EL ESTADO A

INICIADO ACCIONES PENALES CONTRA DICHOS MAGISTRADOS,

POR LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE PREVARICATO.

() EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECUERDA QUE CUANDO EL

ARTCULO 418 DEL Cdigo Penal sanciona el acto DE DICTAR

UNA RESOLUCION O EXPEDIR UN DICTAMEN CONTRARIOS AL

TEXTO EXPRESO Y CLARO DE LA LEY, EVIDENTEMENTE HACE

ALUSION A UNA LEY CONSTITUCIONALMENTE VALIDA. Y ES QUE

LOS JUECES Y FISCALES ESTAN OBLIGADOS A APLICAR LA LEY

CONFORME A SU TEXTO CLARO Y EXPRESO, SIEMPRE QUE SE

ENCUENTRE CONFORME CON LA CONSTITUCIN(y en esto los

asiste toda sentencia del Tribunal Constitucional), Y A NO

APLICARLA EN EL SENTIDO CONTRARIO. (sentencia del TC EXP:

0015-2001-AI-2001 AI 0004-2002-A!, decimo tercer fundamento de

la sentencia)

EL REGIMEN DE PODERES ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION

POLITICA DEL ESTADO PERUANO

Nuestra carta magna, establece que en nuestro sistema rigen tres

poderes, PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO y PODER JUDICIAL,

a cada uno de los cuales se les delega el ejercicio de ciertas prerrogativas

contenidas en la propia Constitucin, y teniendo como base lo sealado en

el Artculo 43 que el Estado es uno solo e indivisible.

Ello, visto desde la perspectiva desde la teora constitucional, la cual

establece las formas de un Estado, sobre la base de la manera como se

distribuye territorialmente el poder dentro de l, basndose en la relacin

existente de dos elementos del cuerpo poltico: El poder y el territorio; visto

desde esta perspectiva, podemos afirmar que el Estado Peruano es un

Estado Unitario descentralizado.

Por otro lado es menester sealar que el ejercicio del poder se efecta

mediante la delegacin de funciones que van a cumplir cada uno de esos

poderes dentro del mbito de competencia asignada por la propia

constitucin poltica.

1.- PODER EJECUTIVO.- Es el ente que va a desarrollar las funciones

ejecutivo- administrativo, la cual consiste en la formulacin global de la

accin gubernamental y en la adopcin de las medidas fundamentales

destinadas a su verificacin en la realidad. Por ende, se dirige a la

realizacin concreta de las normas y a la conduccin y direccin del

Estado, fundamentalmente en lo relativo a los servicios estatales en sus

mbitos interno y externo. () Dicha funcin exige accin para asumir la

direccin general de la actividad estatal; as como para ejecutar las

decisiones dispuestas por los rganos legislativos y judiciales. (.) Los

elementos fundamentales de la funcin administrativa son la direccin

poltica- econmica, la administracin civil y la administracin militar.3

2.- PODER LEGISLATIVO.- Es el ente que va a desarrollar la funcin

normativa del estado ()consistente en la elaboracin de reglas jurdicas,

ya sean de carcter general, abstractas e impersonales; o individuales,

concretas, y personales. Implica la regulacin de las conductas existenciales

y coexistenciales4.

3.- PODER JUDICIAL.- Que, es la que va a desarrollar la funcin

jurisdiccional, consistente () en la resolucin de reclamaciones, quejas,

demandas y denuncias de carcter jurdico. Implica la dirimencia en los

conflictos interindividuales (). La doctrina seala, que cuando se produce

una disputa jurdica o se lesiona o amenaza un derecho surge la necesidad

de conocer la verdad del Estado; vale decir, la certeza judicial de la

legalidad o no de las pretensiones en pugna. Esto se materializa en la

sentencia () instrumento por el cual el Estado a travs del rgano

judicial, declara solemnemente la solucin de dicha controversia; y por

consiguiente, la afirmacin o el desestimamiento de las pretensiones en

litis5.

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES

La doctrina constitucional establece que estas funciones son ejercidas por

los rganos estatales, bien con un carcter de actividad principal o con uno

3 Vctor Garca Toma; Teora del Estado y Derecho Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008, segunda

edicin. pag.202. 4 Vctor Garca Toma; Ob. Cit.; pag. 201 5 Vctor Garca Toma; Ob. Cit. Pag. 203.

de actividad subsidiaria. . En el primer caso la funcin se convierte en la

tarea sustantiva y bsica de un rgano, es decir en la razn de ser de la

existencia del rgano; en el segundo deviene en una actividad accesoria o

colateral a la esencial.6

LOS ORGANOS ESTATALES.- En la doctrina constitucional se ha

establecido la existencia de tres rganos constitucionales: Legislativo,

Ejecutivo y Judicial, cada una de las cuales ejerce las funciones asignadas

por la Constitucin Poltica del Estado, para lo cual a cada una de ellas se

le establece su estructura colegiada o unipersonal o bipersonal o

colegiada ( en las instancias judiciales).

LA DIVISIN DE PODERES.7

La divisin de poderes es entendida como ideologa de seguridad que

organiza toda una estructura de contencin del poder para proteger a los

hombres en sus libertades y es sus derechos. Lo importante es reconocer

que la estructura divisoria debe interpretarse en torno a la finalidad

bsica que persigue: evitar la concentracin que degenera en tirana y

reguardar la libertad de los individuos.

Montesquieu hace el bosquejo de un constitucin imaginaria donde se

vuelcan los principios de su doctrina de la separacin de los poderes, del

cual resulta que para que no se abuse del poder deben preverse garantas

que haga que todo exceso sea detenido por el mismo poder.

Si bien la constitucin (argentina) no delimita superioridades ni

supremacas entre los tres poderes del estado, tambin se ha reconocido

6 Vctor Garca Toma; Ob. Cit. Pag. 203 7 Lectura: ( Escola, Hctor Jorge)Legalidad Eficacia y poder Judicial

que el ms valioso de ello es el poder judicial como administrador de

justicia.

Se debe recordar que si bien el poder ejecutivo es un poder realmente

fuerte, no es menos cierto que el congreso ha sido dotado de atribuciones

muy trascendentes y amplias, de suerte que si decide ejercerlas con

amplitud y vigor sta le otorgan un rol descollante.

El congreso tiene la facultad legislativa, dicta cdigos civil, comercial,

penal, de minera y del trabajo y seguridad social, as como proveer lo

conducente a la prosperidad del pas, adelanto y bienestar. Asimismo, es

la gran caja de resonancia de los representantes que habiendo sido

elegidos por tofo el pueblo, traen a su recinto las diversas opiniones,

tendencias, intensiones, intereses, propsitos y las miras con los que sus

integrantes propendern al logro de las grandes finalidades antes

sealadas.

Es conocido que las mayoras parlamentarias decisivas de un solo partido,

si bien puede contribuir a la celeridad de la labor del congreso, tambin

conspira contra la eficiencia de su tarea, pues evita el tratamiento con

mayor profundidad de cada tema al no dar cabida a las opiniones

divergentes que podran ser oportunas.

Esa vasta funcin del congreso requiere las aptitudes y condiciones

morales e intelectuales ms destacadas. Es decir al congreso le

corresponde un muy descollante papel en el juego de poderes que es el de

legislar, es decir, sancionar las leyes que le son necesarias para la marcha

del estado. El poder ejecutivo le corresponde desarrollar su actividad

administrativa, subordinndose a las leyes y respondiendo a las exigencias

y las necesidades del inters pblico. El poder judicial le corresponde la

debida aplicacin y ejecucin de las leyes dictadas por el congreso formal y

material establecida en consecuencia, as con la preeminencia y el logro de

los principios y objetivos que resultan de la constitucin.

EL PODER JUDICIAL

La estabilidad y el xito del gobierno as como la consecuencia

felicidad del pueblo dependeran en gran parte de la interpretacin de

las leyes.

Afianzar la justicia es sostener la paz social, fomentar el desarrollo

armnico de todas las actividades humanas. No hay mas funcin mas

augusta que la de juzgar; es por ello que el juez debe estar revestido de

garanta especiales de estabilidad que impidan que pueda estar sujeto a

influencia o presiones de cualquier clase.

El juez debe ser el custodio de los preceptos constitucionales, ser

pacfico, pero decidido y firme, de las contiendas interindividuales,

inclusive con el mismo Estad, administrando una verdadera justicia,

rpida y eficaz.

La designacin de los miembros de la corte suprema y de los tribunales

inferiores debe estar sujeta a las condiciones que sus integrantes deban

reunir para poder ser designados

La corte suprema y todos sus jueces inferiores constituyen un

verdadero poder del Estado- el Poder Judicial- los cuales deben estar

dotados de garantas a efectos de que puedan desenvolverse y

desempearse sin otra sujecin que a la ley y al inters general de

toda la nacin y el bienestar de sus habitantes Deben ser inamovibles,

no pueden ser removidos de sus cargos sino mediante los procedimientos y

causales fijadas por la misma constitucin y las leyes, mientras dure su

buena conducta.

Dicha intangibilidad se propone asegurar a los que ejercen el poder

judicial, la subsistencia al abrigo de todos los cambios que el poder

discrecional del congreso pudiera introducir al dictar la ley de

presupuestos y conseguir as una sucesin de hombres ilustrados y

honestos, exentos de la pasin del lucro y de los poderosos impulsos de la

necesidad, los llevara a buscar ilegtimas ganancias o a descuidar las

funciones publicar por los oficios privados.

Es preferible en todos los casos para la comunidad asegurarse una justicia

independiente antes que una fuente de recursos de reducida importancia.

La existencia de esas excepcionales garantas que cubren a quienes

cumplen las funciones judiciales hace que todos los jueces contraigan una

muy grave responsabilidad de la que deben dar cuenta en los caso en que

incurran en mal o deficiente desempeo de sus cargos o en la comisin de

delitos durante el cumplimiento de sus tareas o an fuera de ellas.

Garantas para asegurar a las personas arbitrariedades o la corrupcin de

justicia.

No debe permitirse que el presidente de la nacin elija a los magistrados de

la corte suprema ni mucho menos se elijan a personas que no cumplan

con los requisitos exigidos. Idoneidad consiste en la calidad de ser

conveniente, apropiado, adecuado y pertinente a alguien o algo para el fin

al cual se lo destina, para el caso de jueces debe abarcar calidades y

cualidades morales, pblicas y privadas, y en especial su formacin,

versacin y conocimientos en las cuestiones jurdicas que

constituirn la materia de sus pronunciamientos.

La figura y la capacidad de un magistrado no pueden ser tachadas ni

objetadas en ningn aspecto, sin que inmediatamente se demuestre de

manera incontrovertible la consistencia de esas imputaciones.

Las dificultades y carencias de todo tipo dificultan el ejercicio de las

funciones judiciales, donde los jueces no reproduzcan fallos extensamente

razonados y fundados que generen que un abogado al estudiarlos llegara a

la conclusin de que el juzgador tiene la razn al fallar como lo haba

hecho aunque el pronunciamiento le sea adverso.

Permanentemente se reclama la necesidad e credibilidad del poder judicial

y la celeridad, pero no apresuramiento, de sus decisiones, y esa

credibilidad est indisolublemente unida a la idoneidad y conducta de los

jueces.

PODER JUDICIAL COMO COMPONENTE DEL GOBIERNO

A pesar de la divisin de poderes el Estado es uno solo y si bien desde una

visin piramidal se pone en el ltimo plano a la funcin jurisdiccional, se

debe dar por cierto que es la ms valiosa de las tres funciones.

El poder judicial, no obstante de que se limita a dictar sentencia, es la ms

importante de los tres poderes del Estado, sin tener preeminencia sobre

los otros dos.

Le toca primordialmente al poder judicial ejercer el control de

constitucionalidad, asegurar la vigencia plena de la constitucin contra las

desviaciones de quienes lleguen a transgredirla desde el punto de vista

formal como material. La constitucin es el arca sagrada de todas las

libertades, de todas las garantas individuales cuya observacin inviolable,

y cuya guarda severamente escrupulosa debe ser objeto primordial de las

leyes, la condicin esencial de los fallos de la justicia.

No es posible aceptar la existencia de una accin de gobierno incontrolada,

una libertad absoluta e irresponsable. Contra ello existe la necesidad del

ejerci del control constitucional.

El poder judicial participa del gobierno del Estado, al que concurren otros

poderes y ese gobierno no puede llevarlo a cabo sino por medio de lo que

surge de los fallos que dicta (as como el poder legislativo lo hace a travs

de las leyes que sanciona y el poder ejecutivo a travs de los actos que le

son propios).

Pero tanto el Ejecutivo y Legislativo son poderes desempeados por

personas que duran en sus funciones durante ciertos periodos, son

elegidos por el pueblo y participan distintos partidos polticos, el poder

judicial est integrado por personan que gozan de inamovilidad en sus

cargos mientras dure su buena conducta, no son elegidos por el pueblo,

sino nombrados con arreglo a los procedimientos fijados por la

constitucin.

El poder judicial tiene una poltica superior y generosa que no es otra que

la del logro de los fines de la constitucin nacional quiere alcanzar.

Es el poder ms estable y sereno que no debe participar en las pasiones de

momento y cuya misin es mantener la supremaca de la constitucin

nacional por medio de sus fallos.

Todos los integrantes del poder judicial deben cumplir con decisin y

valenta, sabiendo que al servir a la constitucin sirven al presente y al

futuro de la nacin.

CASOS EN LOS CUALES SE PUEDE APRECIAR LA INTERFERENCIA

DEL PODER EJECUTIVO O LEGISLATIVO EN EL PODER JUDICIAL.

INJERENCIA POLITICA DEL GOBIERNO DE FUJIMORI EN EL PODER

JUDICIAL

El mal funcionamiento de la administracin de justicia (crisis judicial) es

un mal endmico en nuestra historia, aunque es necesario reconocer que

hay pocas peores que otras. Es consenso, por ejemplo, considerar que la

dcada del noventa fue la poca ms oscura, debido a los niveles de

injerencia y manipulacin poltica de la justicia por parte del poder

poltico. En trminos de reforma judicial, no slo se trat de una dcada

perdida sino de una perversin del concepto mismo; por eso, hoy se

prefiere hablar de reestructuracin o refundacin de la justicia, y ya no de

reforma.

El golpe de Estado perpetrado por Fujimori el 5 de abril de 1992, signific

un cambio en la mirada de los mecanismos por los que se haba intentado

reformar el sistema de justicia en el pas (reformas legales).

En los meses siguientes al golpe, ms de 400 magistrados de diferentes

instancias del Poder Judicial fueron destituidos, la mayora en forma

arbitraria sin derecho de presentar una accin de amparo.

El espacio creado por las destituciones masivas fue ocupado por

magistrados provisionales. stos representaban prcticamente el 80% del

total de magistrados.

La provisionalidad fue utilizada como un instrumento de injerencia poltica

dentro del proyecto autoritario del rgimen fujimorista.

La intervencin directa y neutralizacin del Poder Judicial, Ministerio

Pblico, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional

consolidaron la destruccin del marco institucional democrtico y la

afectacin a la independencia judicial.

Sin embargo, ni el cambio de leyes ni el cambio de personas poda

considerarse suficiente para entender que exista una reforma judicial. En

noviembre de 1995 se promulga la Ley N 26546 que crea la Comisin

Ejecutiva del Poder Judicial, que sustituye a los rganos de gobierno

previstos en la Ley Orgnica. Luego, en junio de 1996, se promulgara la

Ley N 26623 que cre el Consejo de Coordinacin Judicial y ampli

facultades y plazos a la Comisin Ejecutiva.

En el medio, entre 1992 y 1995 se produjeron modificaciones radicales en

la legislacin antiterrorista que sustrajeron al Fuero Militar el juzgamiento

de muchos casos por este delito, se hizo un intento a travs del Jurado de

Honor de la Magistratura para regularizar la designacin de nuevos jueces,

y se promulg y aprob mediante referndum la Constitucin de 1993 que

consagra el diseo orgnico vigente para el Poder Judicial y los organismos

vinculados al sistema de justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura

con facultad de seleccionar y nombrar jueces, sopesaba mecanismos que

haban facilitado histricamente el control poltico de la judicatura.

La injusta destitucin de tres dignos magistrados del Tribunal

Constitucional pareci ser la ruptura de un dique.

A partir de entonces vimos cmo se reabra slo contra la Dra. Delia

Revoredo un proceso penal por delito de contrabando; cmo, a la vez, la

Comisin Ejecutiva del Poder Judicial introduca cambios organizativos y

de personal que se concretaban en que los jueces que veran el caso

mencionado seran otros. No slo la llamada Corte Antidrogas presidida

por la respetada juez Ins Villa Bonilla haba sido desactivada, sino que

despus la nueva Sala sufra el cambio de dos de sus magistrados,

aparentemente debido a resoluciones judiciales que afectaban a jefes

militares. Los jueces de la Sala de Derecho Pblico de Lima, no slo eran

removidos de sus cargos, sino que se haba autorizado contra sus

integrantes una denuncia por prevaricato en agravio de la justicia militar.

Un vocal que deba resolver un caso en el cual tena inters directo el

Presidente de la Repblica, era cambiado abruptamente un da antes de

que se resolviera. La Corte Suprema volva a abdicar, en el caso de la ex-

agente de inteligencia Leonor La Rosa, en una contienda de competencia

en favor del fuero militar. Un solo juez de derecho pblico en Lima

apareca como una suerte de filtro especializado para conocer procesos

constitucionales; este mismo juez adquira notoriedad por su actuacin en

los procesos de amparo vinculados a los propietarios de Canal 2; el rgano

de Control Interno del Poder Judicial denunciaba que careca de los

requisitos de ley para ejercer el cargo. Quin haba nombrado a ese juez

provisional para conocer los procesos constitucionales en Lima sin que

cumpliera los requisitos? No obstante, a los pocos das la Comisin

Ejecutiva del Poder Judicial enmendaba la plana a Control Interno y

haciendo una discutible distincin de requisitos para provisionales y

suplentes, confirmaba al juez en el cargo. El amago de acusacin a la

jueza Greta Minaya (quien haba dictado resoluciones que cuestionaban

comportamientos de la justicia militar) provocaba una reaccin pblica

casi unnime.

Estos hechos y otros son, a no dudarlo, las malas seales que la opinin

pblica percibe y vincula a la reforma judicial. Qu encontramos en estas

seales? De un lado, un manifiesto fortalecimiento de la justicia militar

sobre la justicia civil y, de otro lado, gruesos indicios de que los rganos

jurisdiccionales son usados como instrumentos polticos.8

La cada del rgimen de Fujimori y Montesinos produjo el desmontaje en

Parte del andamiaje de la intervencin. Este proceso se concret a

travs de una serie de medidas impulsadas por el Consejo Transitorio

creado en el marco de la mesa de dilogo de la OEA.

Todos los acuerdos que finalmente se adoptaron en la Mesa de Dilogo de

la OEA referidos al sistema de justicia fueron aprobados y convertidos en

ley por el Congreso de la Repblica:9

1. Se derog la ley que "homologaba" (lase "igualaba") a los

magistrados provisionales con los titulares y que permiti a la

dictadura controlar la Corte Suprema, la Junta de Fiscales

Supremos, el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional

de la Magistratura. Ahora slo los jueces y fiscales titulares podrn

elegir y ser elegidos para ocupar un cargo en dichas instancias.

2. Se restituyo la facultad de destitucin de jueces y fiscales al Consejo

Nacional de la Magistratura (CNM), que le haba sido recortada y que

en su momento origin la renuncia en pleno de sus integrantes.

Nuevamente el CNM puede investigar y destituir a fiscales y vocales

supremos sin "filtros" previos.

3. Se dio un paso importante orientado a resolver la provisionalidad de

la magistratura al "flexibilizarse" el requisito de la capacitacin

previa de los aspirantes a jueces y fiscales a cargo de la Academia de

8 El presente caso ha sido tomado de la exposicin del articulo REFORMA JUDICIAL:ENTRE EL

DISCURSO OFICIAL Y LA PERCEPCION CIUDADANA.- Javier de Belaunde; Desco / Revista Quehacer N 108 /Jul-Ago 1997

9 ; Tomado de Justicia y democracia: Aprendimos la leccin?; David Lobaton, Revista ideele

la Magistratura (AMAG): se contemplo la realizacin de un curso

excepcional de slo 60 das (antes era de un ao), aprobado el cual

el aspirante estar apto para ser evaluado por el CNM. Una

situacin de provisionalidad tan excepcional amerita una salida

tambin excepcional.

4. Se desactivaron las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del

Ministerio Pblico, y por decisin de la Corte Suprema las tan

cuestionadas salas y juzgados transitorios y especializados de trfico

de drogas y delitos tributarios y aduaneros.

5. Se crearon Consejos Transitorios que gobernaron al Poder Judicial y

al Ministerio Pblico durante 90 das y que estuvieron conformados

por magistrados titulares y juristas de reconocido prestigio moral,

profesional y acadmico. Estos Consejos tuvieron como principal

tarea la de "normalizar" la vida institucional del Poder Judicial y del

Ministerio Pblico y preparar el camino para su gobierno autnomo.

LAN PERU: INTERVENCION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PODER

JUDICIAL

La Repblica del Per como tal se organiza segn el principio de la

separacin de poderes, que son: el Poder Legislativo que tiene como

funcin principal la de crear, modificar o derogar leyes conforme la

Constitucin Poltica; el poder Ejecutivo que tiene como funcin

administrar el Estado cumpliendo y haciendo cumplir la Constitucin y las

leyes; y el Poder Judicial que tiene la funcin de administrar la justicia que

emana del pueblo , para lo cual debe interpretar y aplicar las leyes a los

conflictos de intereses con relevancia jurdica en concreto.

Los poderes del Estado tienen como funcin complementarse y

supervisarse mutuamente, mas no interferir entre ellos, pero es una

prohibicin constitucional que no se cumple, siendo bsicamente el objeto

de estas influencias el Poder Judicial y la manera de hacerlo son por las

disposiciones legales.

Los tres poderes del Estado constituyen en su conjunto el gobierno, sin

embargo el Poder Ejecutivo que viene a ser por su naturaleza el poder

poltico es considerado por el pueblo como el gobierno obviamente

representado mediante la figura del presidente, y es justamente este poder

el que interfiri en las funciones del Poder Judicial en el caso que vamos a

explicar a continuacin y que denominamos Lan Per.

Todo se inicia en el 2004 con la demanda interpuesta por Aviandina en la

Corte de Justicia de Arequipa, especficamente por ante el 4to Juzgado

Civil, contra la aerolnea Lan Per, sustentndola en el hecho de que en el

Per las empresas de aviacin comercial deben tener al menos un 30% de

capital peruano y Lan Per supuestamente a realizado una simulacin en

la composicin de su accionariado, pues a criterio de la demandante

Aviandina, slo posee capitales chilenos, lo que es ilegal segn las normas

peruanas.

Como consecuencia de dicho proceso judicial el juez del 4to Juzgado Civil

de Arequipa, Eloy Zamalloa concedi una medida cautelar mediante la

cual se ordena suspender las operaciones de la demandada Lan Per

hasta que se determine si existe o no capitales peruanos en dicha

empresa.

A razn de la medida cautelar dictada por el 4to Juzgado Civil de Arequipa

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante Resolucin

Directoral N 0158-2004-MTC/12 de fecha 14 de octubre del 2004

suspende las operaciones de Lan Per, precisndose que dicha

paralizacin se realizara a partir de las 00.00 del da 15 de octubre, en

razn del cumplimiento de los procedimientos internos, as como la

coordinacin del Plan de Emergencias con los entes que prestan servicios

aeronuticos tales como CORPAC y LAP, y asimismo, con los operadores

areos nacionales que prestarn el servicio, los cuales han acordado

aceptar los boletos de los pasajeros de la aerolnea LAN PERU, para

transprtalos en su rutas de itinerario, a efectos que se cause el menor

perjuicio posible a los usuarios del servicio, no obstante y a pesar de estas

medidas, el ministerio seala que se generarn contratiempos y

problemas.

En la misma fecha, es decir el 14 de octubre del 2004 el Poder Ejecutivo

dicta el Decreto de Urgencia N 012-2004 que le permite a Lan Per

solicitar un nuevo permiso de vuelo y como consecuencia de ello el

Ministerio de Transporte y Comunicaciones a travs de la Direccin

General de Aeronutica Civil autorizo a dicha aerolnea reanudar sus

funciones, es decir que solo 14 horas y 40 minutos duro la suspensin de

los vuelos de Lan Per.

Es con dicho decreto de urgencia que se viola la independencia de la

funcin jurisdiccional proclamada en el artculo 139 inciso 2 que dice:

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el rgano

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada,

ni cortar procedimientos en trmite, ni modificar sentencias ni retardar su

ejecucin ; pues por ms controversial que fue la medida cautelar dictada

por el juez Eloy Zamalloa, dicho decisin tenia y poda ser resuelta dentro

del Poder Judicial cuya funcin se rige por el principio de la doble

instancia, que permite que el superior jerrquico puede evaluar y modificar

la decisin apelada, hecho que indudablemente tiene su procedimiento

preestablecido que lleva su tiempo, tiempo que para una empresa como

Lan Per significa prdidas econmicas, circunstancia que tena que

acertar como todos Juan Quispe, Pedro Prez, etc.

Pero como Lan Per no era como cualquier ciudadano de a pie utilizo sus

influencias de alto nivel y logro que el Poder Ejecutivo emitiera el Decreto

de Urgencia ya mencionado que evito que una empresa privada se vea

afecta en su economa. Al respecto se debe tener presente primero, que

con dicho accionar el presidente de la Repblica de aquel momento el Sr.

Alejandro Toledo quien no cumpli con su obligacin constitucional de

hacer cumplir las sentencias y las resoluciones del rgano jurisdiccional y

segundo, se infringi los presupuestos para emitir decretos de urgencia,

pues conforme se seala en el artculo 118 inciso 19 de la Constitucin es

una medida extraordinaria en materia econmica y financiera que se emite

cuando lo requiere el inters nacional, resultando evidente que el carcter

econmico era solo de inters de la empresa Lan Per, no encontrndose el

inters nacional por ningn lado.

Sobre la actuacin del Ejecutivo, hay que decir que ha hecho bien en

acatar el fallo del juez Zamalloa y suspender los permisos de operacin de

Lan Per, pues con ello mostr respeto por el orden constitucional y la

separacin de poderes. No obstante, la sbita publicacin del Decreto de

Urgencia N 012-2004 (El Peruano, 14 de octubre del 2004), facultando a

la DGAC a conceder nuevos permisos de vuelo con carcter excepcional a

empresas en la situacin de Lan Per, configura una grave situacin de

resistencia frente a la decisin judicial.

Y es que se trata de una norma claramente orientada a enervar los efectos

del mandato cautelar expedido por el juzgador, con lo que se incumple el

deber de acatar las resoluciones judiciales (artculo 118.9, Const.), se

vulnera la prohibicin de interferencia en el ejercicio de funciones

jurisdiccionales (artculo 139.2, pfo. 2, Const.), ya que hay un proceso

judicial en curso, y se atenta contra el principio de separacin de poderes

(artculos 43, pfo. 2, y 138, Const.).

En conclusin pueden existir resoluciones emitidas por el Poder Judicial

polmicas pero ellas deben ser resueltas dentro de ella, es decir

hacindose valer los principios de la funcin jurisdiccional y la

independencia de sus funciones.

CASO DE LA MINISTRA DE JUSTICIA ROSARIO FERNNDEZ QUIEN

DENUNCI A JUEZA QUE ORDENA ASCENSO DE CORONEL PNP

MEDIANTE MEDIDA CAUTELAR

La ministra de Justicia, Rosario Fernndez, present ante la Oficina de

Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, una denuncia

contra la magistrada Alicia Salinas Larriviere, jueza del Noveno Juzgado

Especializado en lo Contencioso Administrativo, quien va una medida

cautelar orden que el Ministerio del Interior y la Polica Nacional proceda

a ascender provisionalmente al Coronel PNP Juan Jos Marcelino

Santibez Marn al grado de general, contraviniendo el artculo 172 de la

Constitucin Poltica del Estado, que seala que es el Presidente de la

Repblica el que otorga los ascensos en la Polica y las Fuerzas Armadas.

Fernndez acude al Poder Judicial tras conocer que el procurador

Pedro de las Casas, encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio

del Interior, entabl una queja verbal contra la jueza Alicia Salinas y

la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder

Judicial, por ordenar la reincorporacin de oficiales, suboficiales y de

servicios de la Polica Nacional.

Sin embargo, la jueza no se qued muda y dando sus descargos ante la

opinin pblica y ante la OCMA. Los argumentos dados por la magistrada

Salinas se resumen en los siguientes puntos:

- El coronel Santivaez Marn cumpla con los requisitos para ascender, de

acuerdo con la Ley de la materia. Sin embargo, ascendieron personas que

no cumplan con lo establecido. Por ello, se busc reparar el dao

causado.

- El Poder Judicial puede controlar las decisiones administrativas que

no respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este

caso, este trabajador. Por tanto, no debera interpretarse la medida

cautelar como una falta hacia la Constitucin, sino una correcta

aplicacin de la misma. Adems, el Tribunal Constitucional ha dicho

que la potestad presidencial de los ascensos no est exenta de control

constitucional.

De la lectura de la Constitucin, (), podemos inferir que el sistema de

ascensos es uno -por decirlo de alguna manera- mitad meritocrtico, mitad

poltico. El tramo "meritocrtico" se lleva a cabo "conforme a ley" y, en los

hechos, consiste en la elaboracin de una lista de coroneles aptos para ser

ascendidos, lo que implica armar la lista slo con aquellos que cumplen

ciertos requisitos, como por ejemplo, haber hecho los cursos en el CAEN

(Centro de Altos Estudios Nacionales de la Polica Nacional del Per) y en el

INAEP (Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales). Es sobre esta lista, y

de acuerdo al nmero de vacantes indicada por el Ministro del Interior, que

el Presidente elige a los coroneles que finalmente ascendern; lo que podr

hacer de forma "poltica", es decir, de acuerdo a su criterio.

Este deslinde nos permite llegar a algunas conclusiones. Sobre el tramo

meritocrtico, en tanto se trata de una situacin "reglada", puede y debe ser

controlada por la judicatura; en este caso, los jueces del contencioso

administrativo -por ejemplo-, que son los que revisan la legalidad de la

actividad administrativa. Esto lo seala la Constitucin, en su artculo 148,

cuando establece que "Las resoluciones administrativas que causan estado

son susceptibles de impugnacin mediante la accin contencioso-

administrativa". Por otro lado, el tramo poltico del proceso de eleccin, bajo

el criterio de decisin del Presidente Garca, no puede ser reemplazado por

la decisin del juez o jueza.

Caemos en la cuenta entonces de que la jueza, en virtud del poder

nulificante que le confiere la ley del Proceso Contencioso Administrativo[1],

tena potestad para anular el proceso de ascenso, si es que el coronel

demandante hubiese llegado a acreditar, fehacientemente, que dicho

procedimiento ha sido llevado a cabo con irregularidades (las denunciadas

apuntan a que la lista se habra conformado con coroneles que no reunan

los requisitos). Pero cosa diferente era suplantarse en la decisin

presidencial de elegir a uno de los coroneles que deban ascender. Esto

ltimo es lo que ha hecho la jueza, a travs del dictado de una medida

cautelar. Es decir, se nombra a un general -lo que corresponda al

Presidente- y se hace de forma transitoria (es decir, se erige, va resolucin

judicial a un general "provisional"), lo que implica una situacin sin duda

irregular.10

As, el 19 de enero del 2009, mediante resolucin hecha pblica, el

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) decidi revocar la medida de

abstencin temporal dispuesta por la OCMA, con lo que se deja sin efecto

la suspensin de funciones de Alicia Salinas Larriviere.

En concreto, el CEPJ respalda la actuacin de la cuestionada magistrada,

sosteniendo: De la resolucin emitida por la Juez Salinas Larriviere, por la

cual ascendi va medida cautelar al Coronel () al grado de General ()

10 Informacin tomada del artculo periodstico publicado en su edicin del 05 de junio del 2008 de la

Revista Electrnica de Ideele.- http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2008/junio/05/polemica.htm

se advierte que este (sic) se encuentra supuestamente motivada, pues

aparece que ha expresado los fundamentos de hecho y de derecho que

orientaron su decisin; y que si bien es facultad del Presidente de la

Repblica ascender al grado de General; dicha potestad no es absoluta

().11

De lo expuesto, se desprende que la decisin, ciertamente, poda ser

controvertida, pero no ameritaba una investigacin ante el rgano de

control que pusiera en tela de juicio la honorabilidad de la magistrada.

En todo caso, lo que debi hacer el Poder Ejecutivo es cuestionar la

decisin ante la instancia superior, pero no irse cual apanado ante la

jueza. Ms an, cuando la magistrada tiene argumentos para

sustentar su decisin conforme a derecho.

Lo cual consideramos que una vez ms se evidencia la afectacin a la

autonoma del Poder Judicial al emplear un canal adecuado para el

reclamo efectuado por la ministra.

CASO UTOPA

Todos recordamos el fatdico suceso acaecido el 20 de julio del 2002 en la

Discoteca Utopa, ubicada en el Distrito de Santiago de Surco, en donde 29

jvenes fallecieron asfixiados como consecuencia de un incendio iniciado

por una mala maniobra pirotcnica exhibida como espectculo en aqul

local, aunado a la excesiva cantidad de personas que se encontraban en el

establecimiento, esto es, ms de mil persona cuando su capacidad era

apenas de 400.

Ahora, luego de 8 aos de ocurrido aquel suceso y no habindose

determinado las responsabilidades penales en la muerte de aqullos

11 Fuente ib idem http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2009/marzo/19/novedades.htm

jvenes, salta una nueva evidencia que podra explicar la demora en la

resolucin de este caso por parte del Poder Judicial. Estamos hablando,

pues, de un audio que fue realizado entre abril y mayo del 2006, cual fuera

presentado ante la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos.

En aquel audio Alberto Quimper Don Bieto en conversacin con Jorge

se felicita por lograr que el Poder Judicial archive la denuncia contra los

propietarios del establecimiento, ponindose al descubierto la influencia de

Quimper sobre el Poder Judicial para beneficiar a su cliente. Se advierte

del revelador audio que el habeas corpus presentado por Quimper y en

cuya decisin se dispuso anular todo lo actuado en el proceso penal

instaurado contra su cliente, ordenndose una nueva denuncia fue

arreglado. As, pues, ya encontramos explicacin de por qu la Cuarta

Sala Penal de Lima confirm la sentencia expedida como motivo del

referido habeas corpus, en vez de de corregir los vicios de la denuncia en

mrito del principio de adecuacin.

Pero, de todo esto, habra que preguntarnos, si existe alguna intervencin

poltica en el sistema judicial o slo es un caso de corrupcin lo que

explicara la demora y posibles irregularidades en el caso de Utopa. Y si

fuese lo primero, cul sera el inters de los crculos polticos de la derecha

en este caso en particular.

Para respondernos esto, tenemos que hablar de otro caso bastante sonado,

el del llamado Petroaudios. En este caso Alberto Quimper y Rmulo Len

fueron los actores. Pero, para no desviarnos del tema, nos centraremos en

las relaciones cercanas de nuestros protagonistas, la relacin cercana de

Alberto Quimper con varios personajes de nuestra bancada oficialista.

Denotamos que existe una enmaraada relacin de favores que conllevan

a utilizar las influencias polticas para inters propio o de terceros

vinculados, claro est por una sustanciosa contraprestacin econmica.

As vemos que Alberto Quimper al ser abogado de Alan Azizollahoff y a fin

de que su cliente no sea procesado, hizo valer los favores debidos. Habra

que preguntarnos tambin en qu medida los otros funcionarios de otro

Poder del Estado pueden influenciar en las decisiones de los magistrados

del poder Judicial, si tenemos como premisa que deben actuar con

autonoma e imparcialidad en la resolucin de sus causas.

Somos de la conviccin que si no se respeta la autonoma de los poderes

del Estado, y en particular del Poder Judicial, toda vez que esta institucin

judicial es indispensable para la estabilidad de un pas, el pas devendra

en caos, ya que la inseguridad jurdica de un Estado conlleva a la

insatisfaccin del pueblo frente a sus autoridades que conlleva a una

desconfianza en las formas de gobierno.

PETROAUDIOS Y CHUPONEADORES

El caso petroaudios tiene efectos muy importantes en el desarrollo de las

relaciones de poder en nuestra repblica, el 4 de Octubre del 2008, el

gabinete del Dr. Jorge Del Castillo tuvo que renunciar en pleno, debido a la

publicacin de los famosos petroaudios donde se pone en evidencia una

probable corrupcin en la adjudicacin de 5 lotes petroleros a la empresa

noruega Discover Petroleum, aunque hasta la fecha, los abogados de el

Sr. Len Alegra digan que no se le ha demostrado nada, segn el abogado

de Len el Dr. Eduardo Roy los resultados de la pericia interpuesta a los

documentos de la licitacin demuestran que no hubo acto irregular en el

proceso de seleccin llevado a cabo por PERU-PETRO EN EL 2008 (19

Abril del 2010).

La Jueza que investigo en primera oportunidad el caso de petroaudios en

el ngulo de interceptacin telefnica, es la juez Mara Martnez comienza

la investigacin con el Suboficial de la marina Jess Ojeda Angles al cual

se le incauta el disco duro externo con actividades de espionaje telefnico,

aqu se encontraron audios de la oficina de Rmulo Len Alegra, y correos

electrnicos de diversos polticos , incluyendo al presidente Alan Garca

Prez, antes de su segundo mandato. L a jueza es severamente criticada

por empezar por este personaje sin mayor importancia al cual se le

encuentran un back up y el disco duro, que por encargo de Elas Ponce

Feijoo (Contralmirante de la marina y gerente Gral. De BUSSINES TRACK),

tena que trabajar. Este material extraamente no fue encontrado ni por la

polica ni por la fiscala al momento de su investigacin , por otra parte

solo sesionaba una vez a la semana y otras dilaciones, El fiscal

anticorrupcin Walter Milla denuncia manipulacin del material de

Gusela Giannotti el 4 de Mayo del 2009, El 20 de Abril del 2010 la fiscal

de la nacin Gladys Echis dijo a El Comercio que la jueza Martnez

postergaba la visualizacin de el material de Giannotti, de esta forma un

proceso que fue sumario deviene en ordinario.

ANTECEDENTES E IMPLICADOS:

Clientes de BTR: - Regin Callao.

- Empresa municipal encargada del Metropolitano

- Estudios de abogados y cementeras

- PETRO-TECH., etc.etc. etc.

Actos ilegales cometidos: Informacin sobre:

- Barrido de correo electrnico

- Datos del Messenger

- Chuponeo de telfono fijo y celular

- Aperturas de cuentas en bancos

Presuntos responsables:

-Elas Manuel Ponce Feijoo , Gerente General

(Contralmirante de la Marina)

-Gusela Manir Giannotti Grados, representante.

-Jess Manuel Ojeda Angles, oficial de mar en

actividad.

- Jess Javier Tirado Seguin, oficial de mar en retiro.

-Martin Alberto Fernndez Virhuez, oficial de mar.

-Carlos Alberto Tomassio , Capitn de navo en retiro.

Gerente.

El Sr. Ojeda Angles el 19 de Abril de 2010, es liberado negando su

participacin en espionaje telefnico pero s reconoci la tenencia del disco

duro externo con informacin valiosa sobre este tema y tambin reconoce

haber trabajado con audios. Ojeda es contratado el 2003 para instalar

software para grabar audios, por Elas Ponce F.

El 20 de Abril del 2010 el titular de la comisin investigadora del congreso

para los casos de interceptacin telefnica entrega su informe a la fiscala

de la nacin para que indague sobre sus conclusiones: la informacin nos

la dieron el da en que la comisin finalizaba sus funciones, pero si

comprob que la Sra. Giannotti reciba montos de 10mil y 40mil dlares

americanos, por otro lado la informacin que ha estado dando Giannotti y

que dice haberse perdido, est en buena parte en el disco duro de la

computadora de Rmulo Len (actualmente en manos del juez Barreto, el

cual todava espera recibir informacin pertinente al caso de parte de la

jueza Martnez), Tambin queda demostrado que Mercedes Cabanillas y

Luis Giampietri tenan comunicacin intensa con BTR.Por otra parte se

sabe que BTR. Ofreca sus servicios con fines polticos o de lucro.

El 24 de Febrero del 2009 la jueza Mara Martnez exigi a la fiscala se le

entreguen todos los archivos de BTR. Para asumir su custodia.

En la madrugada del 4 de Mayo del 2009 un intruso ingreso al despacho

de la jueza y borra 592 archivos y cambia 2 USB. Walter Milla Fiscal

Especial denuncia esto ante el ministerio pbico y la OCMA (la Oficina de

Control de la Magistratura, la Fiscala de la nacin, y la Fiscala de turno),

hasta ahora no hay un pronunciamiento al respecto.

El Juez Barreto que actualmente ve el caso no administra su material est

en una bveda en el poder judicial, en cambio la jueza Martnez si, el

material estaba en su despacho y solo ella tena acceso.

Presidente de la comisin de justicia Rolando SOUZA PIDE QUE CASO

BTR. Se declare nulo y se separe del caso a la jueza Martnez (25 de Mayo

de 2010).

El procurador Anticorrupcin Jorge Caldas le da un plazo ampliatorio a

juez Barreto para revisar el contenido del CPU DE LA COMPUTADORA DE

Rmulo Len, sin embargo este nuevo plazo es utilizado para

DILIGENCIAS PENDIENTES ANTES QUE REALIZAR LA REVISION SE

TEME MAS DEMORAS Y NUEVAS MANIFESTACIONES DE CORRUPCION.

De todo esto solo se puede inferir que los tres poderes en que se basa

nuestra repblica parecen estar enfrascados en poder limpiarse de

responsabilidades, en un caso que atae las cpulas ms altas del poder

ejecutivo, tambin las prebendas bajo las cuales acciona el legislativo, as

como tambin un poder judicial al servicio del poder con maniobras y

dilaciones que le son ya muy conocidas por el ciudadano comn.