iniciación del procedimiento - repositorio...
TRANSCRIPT
SESION Nº 5
Iniciación del procedimiento
Es la primera de las cuatro etapas o fases del procedimiento administrativo en
la que se pone de manifiesto la potestad administrativa para el ejercicio
de la función disciplinaria, la función fiscalizadora, la función
sancionadora, la función normativa o cualquiera de aquellas atribuidas
como una competencia legal a la entidad que va a emitir el
pronunciamiento administrativo.
Hemos señalado que existen dos formas de iniciar el procedimiento: una de
oficio y la otra a instancia o petición de parte, las mismas que revisten
cierta complejidad que es necesario conocer por cuanto están
disciplinadas por principios y reglas jurídicas de cumplimiento ineludible.
La regulación jurídica vigente establece que el procedimiento de oficio puede
promoverse de varias maneras:
a) Por acuerdo de órgano competente
b) Por propia iniciativa
c) Por orden superior
d) Por petición razonada de otros órganos
e) Por denuncia
El artículo 104 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece
que el inicio del procedimiento de oficio requiere de una fundamentación
ya sea que esta se trate del cumplimiento de un deber legal, o por la
existencia de una denuncia.
Artículo 104.- Inicio de oficio
104.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe
existir disposición de autoridad superior que la
1
fundamente en ese sentido, una motivación basada en el
cumplimiento de un deber legal o el mérito de una
denuncia.
La Ley Nº 27444 establece en el artículo 235 que con anterioridad al acuerdo
de iniciación o disposición de iniciación del procedimiento administrativo,
podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa con el
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no
de iniciar el procedimiento. Estas actuaciones pueden consistir en:
a) Investigaciones
b) Averiguación o búsqueda de antecedentes
c) Inspecciones y recaudación de pruebas.
d) Solicitud de informes a los administrados o a otras entidades.
La finalidad de estas investigaciones liminares tienen por objeto verificar si
concurren o no las circunstancias que justifiquen el inicio del
procedimiento, lo cual en modo alguno implica que se anticipe juicio sobre
el resultado del mismo.
El profesor Daños Ordoñez señala refiriéndose al procedimiento sancionador
que: “Estas actuaciones de instrucción están orientadas a actuar la
evidencia necesaria a efectos de precisar con mayor exactitud los hechos
susceptibles de motivar el procedimiento, la identificación de los
presuntos involucrados, las circunstancias relevantes del caso, y la
evidencia que será necesaria actuar dentro del procedimiento
sancionador en si. No se trata de una instrucción completa del caso y de
sus responables, sino sólo una indagación con efecto de delimitar mejor
los contornos del caso y que la sustanciación del procedimiento en sí,
sean mas breves”. Estas reglas son igualmente aplicables al
procedimiento disciplinario conforme lo establece el artículo 229 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General.
2
Decidida la iniciación se debe correr traslado a las partes interesadas
comunicando la decisión y notificándola la presentación de descargos o
absolución de la reclamación según corresponda a la naturaleza del
procedimiento.
Cuando el inicio del procedimiento se hace a petición de parte debe
promoverse mediante escrito que debe contener los requisitos señalados
en el artículo 113 de la Ley Nº 27444:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento
Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su
caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo
apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar
impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida,
entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más
cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo
y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud
del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde
su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado
expresamente su cambio.
3
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el
TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de
procedimientos ya iniciados.
La Ley Nº 27444 establece en su artículo 30 lo siguiente:
Los procedimientos administrativos que, por exigencia
legal, deben iniciar los administrados ante las entidades
para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se
clasifican conforme a las disposiciones del presente
capítulo, en: procedimientos de aprobación automática
o de evaluación previa por la entidad, y este último a su
vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo
los criterios establecidos en el presente ordenamiento.
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) debe contener:
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los
administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el
pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el
Diario Oficial.
2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la
realización completa de cada procedimiento.
4
3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre
procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática.
4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio
administrativo aplicable es negativo o positivo.
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con
indicación de su monto y forma de pago. El monto de los derechos se
expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda
de curso legal.
6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos
contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y
siguientes de la Ley 27444
7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del
procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas.
8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del
respectivo procedimiento administrativo.
Atendiendo a los principios pro actione y el de informalismo que orientan al
procedimiento administrativo, la Administración se encuentra obligada a facilitar
el ejercicio del derecho de acción, por se un derecho de naturaleza
constitucional, en consecuencia deben:
a) Establecer modelos y formularios gratuitos de libre reproducción para las
solicitudes en los procedimientos más numerosos y comunes dentro de
la Administración, tal como lo dispone el artículo 154 de la Ley Nº 27444
cuando señala que “Las entidades disponen el empleo de formularios de
libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los
administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o
5
marcando alternativas planteadas proporcionan la información usual que
se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación.
Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar
información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de
aprobación automática”, sin embargo el uso de esos modelos no es
obligatorio, sino que queda a la facultad discrecional de los
administrados poderlos usar o emplear otros mediante los que puedan
ejercitar el derecho de acción. Sobre el particular la ley de la materia
establece:
Artículo 155.- Modelos de escritos recurrentes
155.1 A título informativo, las entidades ponen a
disposición de los administrados modelos de los
escritos de empleo más recurrente en sus servicios.
155.2 En ningún caso se considera obligatoria la
sujeción a estos modelos, ni su empleo puede
ocasionar consecuencias adversas para quien los
utilice.
b) Conceder un plazo de subsanación de defectos en las solicitudes o
recursos pudiendo ampliarse en algunos casos por sus características
especiales, tal como lo establece el artículo 125 de la Ley Nº 2777, cuyo
texto reproducimos:
Artículo 125.- Observaciones a documentación
presentada
125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o
escritos presentados, no obstante incumplir los
requisitos establecidos en la presente Ley, que no
6
estén acompañados delos recaudos correspondientes
o se encuentren afectados por otro defecto u omisión
formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En
un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al
momento de su presentación realiza las observaciones
por incumplimiento de requisitos que no puedan ser
salvadas de oficio, invitando al administrado a
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días
hábiles.
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del
receptor en la solicitud y en la copia que conservará el
administrado, con las alegaciones respectivas si las
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá
por no presentada su petición.
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son
aplicables las siguientes reglas:
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que
opere el silencio administrativo, ni para la presentación
de la solicitud o el recurso.
125.3.2 No procede la aprobación automática del
procedimiento administrativo, de ser el caso.
125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a
la dependencia competente para sus actuaciones en el
procedimiento.
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la
subsanación, la entidad considera como no presentada
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos
7
cuando el interesado se apersone a reclamarles,
reembolsándole el monto de los derechos de
tramitación que hubiese abonado.
En el caso de que las solicitudes se hubieren presentado a un órgano diferente
del que corresponde resolver, el órgano que se considere competente debe
remitirlo a que corresponda, sin rechazar el escrito presentado por el
administrado, tal como lo establece el artículo 130 de la Ley Nº 27444.
Artículo 130.- Presentación de escritos ante
organismos incompetentes
130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se
estima competencia de otra entidad, la receptora debe
remitirla a aquella que considere competente,
comunicando dicha decisión al administrado.
130.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no
reúne certeza acerca de la entidad competente,
notificará dicha situación al administrado para que
adopte la decisión más conveniente a su derecho.
Además, con respecto a los administrados se establece generalmente que:
a) Tienen derecho al constancia de los escritos presentados que acredite la
fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia donde figure la
fecha de presentación, así como el número de expediente al que
corresponda.
b) Tienen derecho a acompañar al modelo de solicitud los elementos que
estimen convenientes, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en
cuenta por el órgano al que se dirijan.
8
RECLAMACION ACTIVA PREVIA
Nuestro ordenamiento procesal administrativo se rige por el principio de la
doble instancia – en los casos en que este sea posible -, y el de la doble vía, lo
cual implica que las actuaciones así como los actos de la Administración
puedan ser revisados en sede judicial.
El tema de la reclamación activa previa exige que se active la facultad de la
Administración de la posibilidad de la revisión de sus propios actos así como de
las actuaciones que se realicen en sede administrativa antes de recurrir en la
vía del proceso contencioso administrativo ante la función judicial, y se estima
que el agotamiento de la vía previa – vía administrativa – se constituye en una
obligación por un motivo: el primero permitir a la Administración la revisión de
sus propios actos y actuaciones, y el segundo descongestionar la función
judicial que se vería inundada de procesos contenciosos administrativos si no
se permitiera a la Administración la revisión de la legalidad de sus propios
actos y actuaciones.
El artículo 218 de la ley Nº 27444 establece que solo después de agotada la
vía administrativa procede la revisión judicial de los actos y de las actuaciones
de la Administración mediante el proceso contencioso administrativo regulado
por la Ley Nº 27854
Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa
218.1 Los actos administrativos que agotan la vía
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo
a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución
Política del Estado.
9
218.2 Son actos que agotan la vía administrativa:
a) El acto respecto del cual no proceda legalmente
impugnación ante una autoridad u órgano
jerárquicamente superior en la vía administrativa o
cuando se produzca silencio administrativo negativo,
salvo que el interesado opte por interponer recurso de
reconsideración, en cuyo caso la resolución que se
expida o el silencio administrativo producido con motivo
de dicho recurso impugnativo agota la vía
administrativa; o
b) El acto expedido o el silencio administrativo
producido con motivo de la interposición de un recurso
de apelación en aquellos casos en que se impugne el
acto de una autoridad u órgano sometido a
subordinación jerárquica; o
c) El acto expedido o el silencio administrativo
producido con motivo de la interposición de un recurso
de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el
Artículo 210 de la presente Ley; o
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros
actos administrativos en los casos a que se refieren los
Artículos 202 y 203 de esta Ley; o
e) Los actos administrativos de los Tribunales o
Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.
Pese de lo expuesto existen algunas excepciones como lo ha establecido la
Suprema Corte de Justicia en las conclusiones del Pleno Nacional Contencioso
Administrativo realizado en Lima, durante los días 14 y 15 de diciembre del
10
2007 – Temas 1 y 4, cuando ha establecido que no es necesario agotar la vía
administrativa en los siguientes casos:
• En materia previsional no es exigible el agotamiento de la vía
administrativa cuando la ONP ha expresado su renuencia a reconocer el
derecho pensionario reclamado, y en los procesos contenciosos
administrativos distintos al previsional, se tiene que adjuntar documento
que evidencie el agotamiento de la vía administrativa.
• Con relación a la revisión judicial de las actuaciones recaídas en el
procedimiento de ejecución coactiva a que se refiere el artículo 23 de la
Ley Nº 26969: Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva modificado
por la Ley Nº 28165, se ha establecido que “No cabe admitir a trámite
las demandas de revisión judicial con la consiguiente consecuencia de
paralizar la medida de ejecución en caso que se esté ejecutando
obligaciones de hacer y no hacer” ( consecuentemente cabe cuando se
trate de obligaciones de dar en favor del Estado o del Administración
como ocurre en el caso del pago de tributos ), también ha establecido
que “No cabe admitir a trámite las demandas de revisión judicial cuando
se trate de medidas cautelares previas a un procedimiento
administrativo”
En la opinión del Dr. Ernesto Jinesta Lobo en su interesante trabajo
denominado “EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA Y LOS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS” señala que el agotamiento de la vía previa
constituye una transgresión constitucional cuando menciona que “ En tal
sentido, los artículos 41 y 49 de la Constitución Política le confieren a los
administrados el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida.
Desde luego, que el acceso a la tutela judicial solo puede tener tales
connotaciones si se le permite al administrado acudir a ella directamente. El
carácter vinculante de la vía administrativa previa provoca un sensible atraso y
un obstáculo para accesar las instancias judiciales lo que puede provocar, a la
11
postre, una denegación de justicia. La vía administrativa previa prolonga, de
forma inconveniente, el acceso a la tutela judicial efectiva, por cuanto, entre la
adopción del acto y su impugnación en vía judicial existe un lapso considerable
representado por la necesidad de interponer y agotar los recursos
administrativos al que hay que adicionar, desde luego, la lentitud fisiológica y
patológica del proceso contencioso administrativo lo que puede dar al traste
con las situaciones jurídicas sustanciales aducidas por el administrado y
provocar el dictado de sentencias inútiles.
Evidentemente, el agotamiento de la vía administrativa constituye una pesada
carga para el administrado que lo puede forzar a aceptar, con la
desnaturalización consecuente de la jurisdicción contencioso administrativa, las
condiciones excesivas y abusivas que impone la Administración Pública.
Refiriéndose al carácter facultativo de esta vía señala que “Debe tomarse en
consideración que la idea del carácter facultativo del agotamiento de la vía
administrativa no resulta extraña a nuestro ordenamiento jurídico. La propia
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece cuatro
supuestos en que la misma resulta optativa. Así, el artículo 32 exceptúa del
recurso de reposición el acto presunto por silencio negativo cuando emana del
jerarca de la respectiva entidad, los actos no manifestados por escrito -que se
refiere a los actos tácitos, esto es, los comportamientos y actividades
materiales de la Administración que tienen un sentido unívoco e incompatible
con una voluntad diversa, artículo 137 de la Ley General de la Administración
Pública- y los reglamentos. Por su parte, el artículo 87 de la ley del rito
administrativo dispone, en tratándose del proceso especial de separación de
directores de la entidades descentralizadas, que no es necesario plantear el
recurso previo de reposición.
El numeral 357 de la Ley General de la Administración Pública dispone que "No será
necesario agotar previamente la vía administrativa para accionar judicialmente,
inclusive por la vía interdictal, contra las simples actuaciones materiales de la
Administración..." (vía de hecho).
12
En materia municipal, el artículo 154, incisos c) y e), del Código Municipal establece
que no serán susceptibles de ser recurridos, entre otros, los reglamentos municipales y
el acto de determinación de una obligación tributaria municipal.
Por último, en materia del recurso de amparo la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
en su artículo 31, dispone que "No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso
administrativo para interponer el recurso de amparo...".( www.ernestojinesta.com)
EFECTOS DE LAS DEMANDAS
La interposición de las demandas contencioso administrativas suerte efectos
con relación al acto impugnado, y con relación al demandante.
Con relación al acto impugnado pude solicitarse una medida cautelar de
suspender la ejecución del acto, pues recordemos que los actos administrativos
gozan de la presunción de legitimidad y la Administración en uso de su
autotutela que le faculta a ejecutar sus propios actos sin necesidad de recurrir a
la autorización judicial, pude disponer la ejecución del mismo mediante el
procedimiento de ejecución coactiva regulado por la Ley Nº 26969: Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva. En este supuesto la judicatura ordinaria
puede disponer la suspensión de la ejecución del acto administrativo si puede
evidenciarse la presencia de un posible daño o un perjuicio de difícil o
imposible reparación por parte de la Administración.
De otro lado, en el caso de presentarse la revisión de las actuaciones coactivas
derivadas de obligaciones de dar – pago de tributos o deudas pecuniarias a
favor de la Administración en la vía coactiva – la sola interposición de la
demanda suspende el procedimiento de ejecución coactivo por 60 días, y
corresponde al ejecutor levantar las medidas cautelares que hubiera trabado.
Debe tenerse presente no pueden actuarse en la vía coactiva ejecuciones
forzosas sobre deudas cuyo origen fuera diferente de las del jus imperium de la
Administración, como es el caso de la cobranza de alcances de deudas de
13
origen contractual que al ser de naturaleza civil corresponde ejecutarse en la
vía civil.
Igualmente, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el
Pleno Nacional Contencioso Administrativo realizado en Lima, durante los días
14 y 15 de diciembre del 2007, no serán admisibles las demandas contencioso
administrativas en las que la Administración esté ejecutando obligaciones de
hacer y de no hacer, como es el caso de paralización de construcciones,
demoliciones, clausura de locales y otras, que en aplicación del pleno deben
ser rechazadas liminarmente por la judicatura ordinaria.
INSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA
Hablar de la instrucción de la prueba no es lo mismo a referirse a la actividad
probatoria del procedimiento administrativo, debe reservarse el nombre de
instrucción para referirse al conjunto de actuaciones cuya finalidad es la de
aportar al órgano premunido de la facultad decisoria de los elementos
necesarios para la emisión de un acto administrativo motivado y fundamentado
en derecho, en consecuencia la instrucción de la prueba consistirá en
disponerse por parte del instructor del procedimiento la actuación de oficio de
todos aquellos medios probatorios que a su juicio resulten pertinentes para
establecer la verdad material.
Debe señalarse que no todos los procedimientos administrativos están
sometidos a instrucción de pruebas, por cuanto al tratarse en su mayoría de
procedimientos de aprobación automática que van aparejados de los requisitos
que establece el TUPA institucional no requieren evaluación probatoria, sino
solo la verificación de la presentación documentaria que presentan los
interesados en los procedimientos simplificados de la Administración, lo cual en
modo alguno impide el ejercicio del privilegio del control concurrente y del
control posterior de la actuaciones de la Administración a cargo de ella misma.
14
Puede darse el caso de que los documentos presentados por los administrados
presentes defectos o sean insuficientes, en cuyo caso corresponde instruir el
procedimiento para disponer de oficio vía requerimiento la presentación de
documentos complementarios que puedan crear certidumbre en el caso
materia de estudio, como lo es la presentación de las vigencias de mandato en
el caso de los representantes de las personas jurídicas, copias fedateadas,
inspecciones para el caso de verificar las denuncias, informes en los casos que
sean necesarios para el esclarecimiento de determinados temas, convocatoria
a audiencias y otros que serán motivo de un estudio especial que abordaremos
más adelante en el desarrollo de las siguientes unidades didácticas al
referirnos a la actividad probatoria, la misma que no es un privilegio exclusivo
de la Administración, sino que forma parte de una de las prerrogativas de los
administrados, como estudiaremos más adelante.
ALEGACIONES PROCESALES
Se denominan alegaciones a la presentación de argumentaciones con la
finalidad de evaluar el contenido de las actuaciones de la Administración o con
la finalidad de presentar un descargo. Las alegaciones son un derecho de
administrado dentro del procedimiento administrativo y se desprende del
derecho al debido procedimiento consagrado en el artículo IV del Título
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444
cuando establece en el numeral 1.2 que “Los administrados gozan de todos los
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”
Las alegaciones pueden producirse en cualquier momento durante la
tramitación del procedimiento administrativo, y esto motiva un pronunciamiento
sobre y todos los puntos planteados al momento de resolver, tal como dispone
el artículo 160 de la Ley Nº 27444.
15
Artículo 161.- Alegaciones
161.1 Los administrados pueden en cualquier momento
del procedimiento, formular alegaciones, aportar los
documentos u otros elementos de juicio, los que serán
analizados por la autoridad, al resolver.
161.2 En los procedimientos administrativos
sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el
administrado, se dicta resolución sólo habiéndole
otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días
para presentar sus alegatos o las correspondientes
pruebas de descargo
Por lo general las alegaciones se presentan en los siguientes momentos:
• Luego de iniciarse el procedimiento sancionador.
• Durante la actuación probatoria
• Durante la información pública
• Al concluir el procedimiento antes de la etapa resolutiva.
a) Luego de iniciarse el procedimiento sancionador. En este caso estamos
refiriéndonos a los descargos. La Ley establece que debe notificarse al
administrado para la presentación de descargos, tal como podemos leer del
artículo 235 de la Ley Nº 27444 cuyo numeral 3 y 4, reproducimos
textualmente:
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador,
la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado,
la que debe contener los datos a que se refiere el
16
numeral 3 del artículo precedente para que presente
sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser
inferior a cinco días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación.
4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o
sin él, la autoridad que instruye el procedimiento
realizará de oficio todas las actuaciones necesarias
para el examen de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes para determinar, en
su caso, la existencia de responsabilidad susceptible
de sanción.
b) Durante la actuación probatoria.- En este caso nos referimos al derecho
de los administrados a efectuar sus críticas o evaluación de los medios
de prueba actuados dentro del procedimiento administrativo, así
Artículo 184:
184.3 Las informaciones y opiniones manifestadas
durante la audiencia pública, son registradas sin
generar debate, y poseen carácter consultivo y no
vinculante para la entidad.
184.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los
fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso,
las razones para su desestimación.
c) Durante la información pública.- También pueden formularse
alegaciones durante las informaciones públicas cuando se aprecie la
participación de terceros no determinados o cuando deban aprobarse
17
normas que puedan afectar los intereses de los ciudadanos para
resolver acerca del otorgamiento de licencias o autorizaciones para
ejercer actividades de interés general, y para designar funcionarios en
cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier
cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta
intachable o cualquier circunstancia análoga, sobre la tramitación de
dichas alegaciones la ley 2744 establece en el artículo 184 lo siguiente:
184.3 Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia pública, son registradas sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad.
184.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones para su desestimación.
d) Al concluir el procedimiento administrativo y antes de la emisión de la
resolución a que se refiere el numeral 11 del artículo 55 de la Ley Nº
27444 cuando habla del derecho de los administrados.
11. Al ejercicio responsable del derecho de formular
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y
actuaciones de las entidades.
Requisitos de lugar y tiempo
Respecto al lugar de presentación de las solicitudes, la ley Nº 27444 establece
en el artículo 119 que pueden presentarse en:
a) Ante los órganos a los que se dirijan.
b) Ante cualquier órgano administrativo de la Administración.
c) En las Oficinas de Correos mediante correo certificado
18
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el
extranjero.
e) En las autoridades políticas del Ministerio del Interior
Para una mejor comprensión de los alcances del presente tema reproduciré el
texto de la parte pertinente de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 119.- Reglas generales para la recepción
documental
Los escritos que los administrados dirigen a las
entidades pueden ser presentados de modo personal o
a través de terceros, ante las unidades de recepción
de:
1. Los órganos administrativos a los cuales van
dirigidos.
2. Los órganos desconcentrados de la entidad.
3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en
la circunscripción correspondiente.
4. En las oficinas de correo, en la manera
expresamente prevista en esta Ley.
5. En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares en el extranjero, tratándose de
administrados residentes en el exterior, quienes derivan
los escritos a la entidad competente, con indicación de
la fecha de su presentación.
Artículo 120.- Presentación mediante correo certificado
19
120.1 Los administrados pueden remitir sus escritos,
con recaudos completos, mediante correo certificado
con acuse de recibo a la entidad competente, la que
consigna en su registro el número del certificado y la
fecha de recepción.
120.2 El administrado exhibe al momento de su
despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el
agente postal imprima su sello fechador tanto en su
escrito como en el sobre.
120.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del
sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la
fecha de recepción por la entidad.
120.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de
recursos administrativos ni en procedimientos
trilaterales.
Artículo 121.- Recepción por medios alternativos
121.1 Los administrados que residan fuera de la
provincia donde se ubica la unidad de recepción de la
entidad competente pueden presentar los escritos
dirigidos a otras dependencias de la entidad por
intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su
lugar de domicilio.
121.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios
desconcentrados en el área de residencia del
administrado, los escritos pueden ser presentados en
20
las oficinas de las autoridades políticas del Ministerio
del Interior del lugar de su domicilio.
121.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas
siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a la
autoridad destinataria mediante cualquier medio
expeditivo a su alcance, indicando la fecha de su
presentación.
Artículo 122.- Presunción común a los medios de
recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume
que los escritos y comunicaciones presentados a través
del correo certificado, de los órganos desconcentrados
y de las autoridades del Ministerio del Interior, han
ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora
en que fueron entregados a cualquiera de las
dependencias señaladas.
Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a
distancia
123.1 Los administrados pueden solicitar que el envío
de información o documentación que le corresponda
recibir dentro de un procedimiento sea realizado por
medios de transmisión a distancia, tales como correo
electrónico o facsímil.
123.2 Siempre que cuenten con sistemas de
transmisión de datos a distancia, las entidades facilitan
su empleo para la recepción de documentos o
21
solicitudes y remisión de sus decisiones a los
administrados.
123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de
datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro
del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con
cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha
de envío del correo electrónico o facsímil.
Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción
124.1 Las unidades de recepción documental orientan
al administrado en la presentación de sus solicitudes y
formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin
que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su
admisión.
124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe
anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora, fecha
y lugar en que lo recibe, el número de fojas que
contenga, la mención de los documentos acompañados
y de la copia presentada. Como constancia de
recepción, es entregada la copia presentada
diligenciada con las anotaciones respectivas y
registrada, sin perjuicio de otras modalidades
adicionales, que por razón del trámite sea conveniente
extender.
22