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12/01/2018

INFRAESTRUCTURA EMBALSE CALANDAIMA – CAR-EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA – CUNDINAMARCA Análisis Dinámica de Actores & Acciones

Nota introductoria sobre citación Para consultar las fuentes citadas en los análisis, se dispone de dos vías:

1. Cada una de las fechas entre paréntesis corresponden a entradas de la Plataforma. El lector interesado en ampliar la información, puede consultar directamente la fuente de la cual se extrae o adapta la cita; ubicando la fecha de interés en la línea de tiempo, localizada en la parte inferior de la interfaz del conflicto ambiental analizado

2. Cada una de las fechas viene acompañada de un número que la vincula con su respectiva referencia bibliográfica; la cual podrá encontrarse al final del escrito

Introducción El concepto de población se relaciona estrechamente con el de espacio geográfico, es decir, “[tanto] los individuos como los hechos demográficos se [sitúan espacialmente, distribuyéndose] de manera heterógenea [y cambiante] a través de la geografía”. En ese sentido, conviene considerar los determinantes que actúan sobre dichas configuraciones, relacionadas con “el crecimiento natural de la población, con los desplazamientos migratorios y con redefiniciones administrativas” (Welti, 1997–P.159). Ésto último es central, al momento de comprender el porqué los grandes núcleos urbanos1 inciden en la distribución poblacional, al involucrar variables “de orden económico (inversiones, estructura productiva, etc.) [y] sociopolítico (concentración administrativa, disponibilidad de servicios, etc.)” que explican, en gran parte, el crecimiento absoluto de la población en las áreas urbanas (Welti, 1997–Pp. 159 & 174). La tendencia antes descrita ha sido más acentuada en América Latina que se ha constituido –en los últimos años– en la región más urbanizada del denominado mundo en desarrollo, con un 75% de su

1 Urbanización entendida como el aumento de la población que vive en localidades consideradas urbanas, en otras palabras, una clasificación fundamentada en criterios administrativos que considera “como urbana a toda localidad o unidad administrativa que tenga algún rango (capital, cabecera, etc.)” (Welti, 1997–Pp. 161 & 173). Para ello, se asume la definición censal convencional usada en Colombia, esto es, la que relaciona “lo urbano con las cabeceras municipales [y] lo rural con el ‘resto’” (PNUD, 2011–P.33)

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población residenciada en localidades catalogadas como urbanas. Ello obedece a “[las] disparidades socio-económicas entre los diferentes territorios dentro de los países[, las cuales actúan como] la principal fuerza que promueve la migración a escala agregada”, en otras palabras, el éxodo del campo a la ciudad atribuido a “la brecha de condiciones y oportunidades entre zonas urbanas y rurales” (CEPAL, 2004 –Pp. 145-149). No obstante, pese a los factores que impulsan la urbanización, los procesos de poblamiento del Territorio no son unidireccionales – es decir, si bien hay sesgos que la favorecen, también se han identificado procesos de contra-urbanización atribuidos a causas que van desde el cambio en los estilos de vida que valorizan el campo, la llegada de nuevos actores a éstos espacios (p.ej., los jubilados), entre otras causas (Molinero, 1990–P. 34). En efecto, de acuerdo con Méndez (2006. En Gorenstein et al., 2007–P. 94), “el continuo urbano-rural no se entiende tan sólo como una descripción de las consecuencias provocadas por la difusión espacial de la urbanización[;] sino que justifica una interpretación del Territorio, construido por una red de relaciones funcionales, en donde los efectos multiplicadores generados por ciertos núcleos urbanos pueden dinamizar su entorno próximo y servir de soporte –en forma de servicios e infraestructuras– a iniciativas surgidas en [sus inmediaciones]”2. Ello pareciera ser el caso del crecimiento de proyectos inmobiliarios que han experimentado municipios aledaños a Bogotá D.C (p.ej., Chía, Tocancipá y La Calera) donde han habido modificaciones en los Planes de Ordenamiento Territorial para habilitar tierras rurales como áreas de expansión urbana3; o de municipios como La Mesa y Anapoima que, por sus condiciones climáticas, paisajísticas y de cercanía respecto a la ciudad, vieron incrementar el interés en la adquisición de predios destinados al veraneo. Ciertamente, el incremento en el número de proyectos inmobiliarios en estos municipios, resulta sintomático de la presión poblacional dictada por su cercanía respecto a la principal ciudad del país, lo cual ha introducido desafíos en la gestión territorial – dada la mayor demanda de recursos y servicios de un entorno que pareciese no estar siendo abordado de forma integral, reflejándose en problemáticas como el desabastecimiento hídrico. Para el caso de Anapoima o ‘Puerto Arruga’, como coloquialmente se le conoce, este impulso viene de tiempo atrás cuando “muchos viejitos enfermos, atraídos por el saludable clima, arrimaban [al municipio] y pasaban las tardes jugando cartas”, según contaba un lugareño hace más de veinte años; a lo que agregó que la llegada de población continuó su creciente ritmo, gracias al “hermoso paisaje y [a] la cercanía con Bogotá [de la que dista 87 km, lo cual] ha llamado la atención de los urbanizadores, gente prestante y personajes de la política nacional” (20/03/1995)1.

2 Si bien esta discusión escapa al objeto del presente análisis, cabe anotar que a diferencia de la acepción expuesta en el pie de página No. 1, ésta incorpora nuevos elementos que complejizan la diferenciación entre las áreas urbanas y las rurales. Tal es el caso del índice de ruralidad del PNUD (2011), el cual “asume la ruralidad como un continuo [refiriéndose] a municipios más o menos rurales, antes que a urbanos y rurales” (P. 34) 3 Estos cambios obedecerían “a la presión demográfica y a la escasez de tierra en la capital” y han desembocado en “un desarrollo inadecuado [que no garantiza] servicios públicos y conectividad” – afectando, a su vez, “los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes”. Además, los mismos reflejarían escenarios de presunta corrupción, “en cuanto a que los funcionarios que [los] promueven o autorizan [estarían incurriendo] en enriquecimiento ilícito” pues, por “cada predio que se incorpora [a las áreas de expansión urbana, éste] multiplica notablemente su valor”. Ver: Revista SEMANA. 2017. El multimillonario negocio detrás del suelo en la sabana de Bogotá (Abril 03 de 2017). Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/alcaldias-locales-de-municipios-de-la-sabana-estan-cambiando-el-uso-del-suelo/517421 Fecha de acceso: 22 de agosto de 2017

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Lo anterior fue constatado por el entonces Alcalde (1995-1997), Pedro Alejo Sánchez, quien señaló que –entre 1989 y 1993– "se aprobaron 555 nuevas construcciones [mientras, en 1994, la cifra fue de] 55 nuevos proyectos más". Ahora bien, los mas de 600 nuevos proyectos aprobados en este lapso “[incluían] condominios, urbanizaciones, hoteles y clubes", siendo Mesa de Yeguas uno de los más ambiciosos, pues contemplaba la urbanización de 1.152 fanegadas –antes de uso agrícola– para la construcción de un condominio de 1.200 viviendas a las que se aseguraría el suministro hídrico gracias a la construcción de una presa en un terreno de 46 fanegadas. Para éste y otros proyectos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamaca (en adelante CAR) había autorizado concesiones de agua “de los ríos Calandaima, Bogotá y las quebradas La Campos y La Campuna" (01/01/1994)1

4. Sin embargo, pese al gran desarrollo urbanístico, “históricamente Anapoima ha padecido una grave carencia de agua [pues, para el período señalado y con apenas] 25 litros de agua por segundo, el acueducto [surtía] a más de 7.000 habitantes de la zona urbana, incluida la población flotante”; lo cual se vio reflejado en los usuales racionamientos del servicio, dada la capacidad insuficiente del acueducto para atender la creciente demanda (20/03/1995)1

5. De allí que pueda afirmarse que los fenómenos demográficos inducidos por la cercanía de ciertos lugares respecto a las grandes ciudades, se constituyen en un factor de presión sobre el entorno, más aún, cuando las administraciones municipales anteponen criterios económicos a la capacidad de carga de los territorios que son objeto de interés inmobiliario o productivo6. Si a ello se añade la disposición de aguas residuales, tanto las de origen doméstico como las de los sectores económicos, se tiene un escenario en el que la gestión integral del agua deviene central para la sostenibilidad misma de los emprendimientos residenciales y productivos de lugares con alta densidad demográfica: los cuales, no está de más decirlo, son dependientes del entorno en el que se asientan. En ese orden de ideas, el análisis expone –en primer lugar– algunas de las respuestas de la institucionalidad frente a los desafíos que impone el abastecimiento hídrico en un departamento de gran densidad demográfica, como lo es Cundinamarca; buscando dar elementos que permitan entender el marco dentro del cual surge el conflicto alrededor del proyecto para la construcción del Embalse Calandaima. En segundo lugar, se esquematiza la evolución del proyecto y la justificación que se ha dado para su puesta en marcha, la cual se enfrenta –a su vez– con las inquietudes y la oposición que surge entre las comunidades residenciadas en las áreas en que prevé construirse el embalse. Finalmente, se plantea una reflexión sobre la conveniencia de ordenar el Territorio en torno al agua como clave al momento de enfrentar los desafíos que suponen su acceso y disfrute en escenarios de alta demanda, como los acá descritos.

4 Otros proyectos que destacó el Alcalde, durante el período señalado, se relacionaban con la construcción de vivienda de interés social (con cerca “de 200 soluciones de vivienda que se [surtirían] en su mayoría de aguas lluvias”); lujosas urbanizaciones como El Trébol, el condominio Sarono Plaza y Las Acacias, así como la construcción de Hoteles (p.ej Hotel El Sol) “que se [sumarían] a los 19 que ya [existían para ese entonces]" (Ibíd.) 1 5 El “acueducto se surte de la quebrada La Honda en el municipio vecino de Tena, a 45 minutos de distancia[, la cual] es compartida con La Mesa" (Ibíd.)1

6 Citando la misma fuente, destaca la postura del entonces Presidente del Concejo de Anapoima, Julio César Sánchez, quien se mostraba favorable a los nuevos proyectos urbanísticos en el municipio; pues su ejecución representaría beneficios para el fisco local, toda vez que incide sobre el "aumento de los recaudos (...) por concepto de impuesto predial" (20/03/1995)1



La Institucionalidad departamental ante problema del agua en la Provincia del Tequendama El abastecimiento hídrico supone desafíos en contextos de crecimiento demográfico, a los que la institucionalidad responde buscando satisfacer los requerimientos de la población y de los sectores económicos ubicados en los territorios en que ejerce jurisdicción. El problema surge cuando las respuestas planteadas, evitan tocar los problemas de fondo sin desactivar los incentivos que dinamizan el crecimiento desordenado de los núcleos poblacionales y productivos. En ese sentido, al no ordenar el Territorio de acuerdo a la disponibilidad de los bienes provistos por el entorno, las inversiones hechas por las administraciones para garantizar el acceso a dichos bienes, serán insuficientes – dejando latente el problema que pretendían solventar. En el caso de Anapoima, destacan las inversiones hechas por sus administraciones para hacer frente a los problemas anotados en la introducción del documento, las cuales involucraron –entre 1995 y 1997– 3 proyectos que buscaban "ampliar la capacidad del Acueducto Tena-La Mesa-Anapoima"7, viabilizar la entrada en operación del acueducto regional Quipile-La Mesa-Anapoima y entregar el acueducto El Colegio-Inspección La Paz; con un costo total cercano a los $3.000 millones COP a precios de 1995, a los que habría que sumar las soluciones temporales puestas en marcha mientras se concretaban los mencionados proyectos como –por ejemplo– la construcción de tanques de almacenamiento (20/03/1995)1. Sin embargo, pese a estas y otras inversiones, el problema de abastecimiento hídrico persistió en el tiempo como quedó manifiesto con las preocupaciones de los habitantes de La Mesa, quienes advierten que se trata de una problemática de más de 25 años en una población que se abastece –principalmente– de la quebrada La Honda, cuyo nacimiento se ubica en el municipio de Tena y sirve a más de 60 mil habitantes de los municipios de La Mesa y Anapoima (10/06/2016)2. En efecto, las fuentes de aprovisionamiento hídrico son insuficientes para satisfacer la demanda del recurso que, para las necesidades de La Mesa, se estima en más de 85 litros por segundo (en adelante lts/seg), cuando el acueducto municipal apenas bombea un promedio de 35 lts/seg (Ibíd.)2. Si a ello se se le añade la incidencia de las épocas de sequía, el panorama luce más inquietante como ha ocurrido –precisamente– en La Mesa, con las declaratorias de alerta amarilla para “la conservación del líquido y la prevención de incendios" durante este tipo de temporadas, en las que la captación de agua puede descender hasta los 17 lts/seg – según afirmó el operador Aguas del Tequendama (15/07/2015)3. Similar problemática ha enfrentado Anapoima desde hace más de 40 años, en los que el municipio dejó de abastecerse del río Bogotá, debido a su alto grado de contaminación que obligó a construir un acueducto – cuya capacidad es insuficiente para atender la demanda, tal y como afirmó el Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz (2012-2015). Ello se ve agudizado conforme llegan los períodos vacacionales, cuando "[la] población se triplica, [alcanzando] casi las 60 mil personas"; con lo que la

7 De los tres, este fue el proyecto más ambicioso pues Involucraba "[el] mejoramiento de las redes [de 36 km] desde Tena hasta Anapoima y la construcción de un gran reservorio con agua de las quebradas La Honda y La Coyanza” (20/03/1995)1



escasez de agua cobra mayor visibilidad, siendo atribuida a la “desidia política frente a la recuperación del río Bogotá o [en la búsqueda de] una solución definitiva" – según manifestó el entonces Alcalde de Anapoima (2012-2015), Hugo Bermúdez (09/02/2012)4

8. Años más tarde, la problemática seguiría estando presente en este municipio que se abastece de la Quebrada La Honda (15 lts/seg captados por Aguas del Tequendama) y de la represa del condominio Mesa de Yeguas (25 lts/seg): siendo el primer punto donde se enfrentan las mayores dificultades pues, de acuerdo con el Alcalde Yair Rodríguez (2016-2019), el agua de La Honda es compartida con municipios cercanos como La Mesa y El Colegio, lo que explica los constantes racionamientos al interior de estas poblaciones cuyos crecientes requerimientos presionan el recurso a la baja (30/06/2016)5. Al respecto, el Director de la CAR – Néstor Franco (2016-2019), atribuyó la gravedad del desabastecimiento hídrico en Anapoima, al "serio problema de crecimiento desbordado" de este municipio; en el que "[la] gente tiene agua solo dos o tres días a la semana", viéndose obligada a competir –además– con los requerimientos de “una enorme población flotante que va los fines de semana" (Ibíd.)5. Frente a estos escenarios de escasez, la atención de las administraciones en los distintos niveles de Gobierno, se ha centrado en soluciones que –a juicio del presente análisis– constituyen paliativos al no abordar las problemáticas de fondo en materia de gestión del agua en la cuenca del río Bogotá: tal es el caso de la construcción de acueductos que se surtirían de la venta de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que, a su vez, se abastece de cuencas ubicadas por fuera de su jurisdicción – o la construcción de embalses en áreas del departamento que no enfrentan problemas de abastecimiento.

Los dilemas planteados por la construcción de acueductos dependientes de la venta de agua en bloque por parte de la EAAB

Ante los desafíos que plantea la proximidad de Bogotá, en materia de crecimiento de proyectos inmobiliarios en sus inmediaciones, convendría preguntarse si aplica la corresponsabilidad del Distrito en la provisión de agua dentro de los municipios de mayor demanda. Justamente, dicho debate subyace a las soluciones que se han venido impulsando desde la institucionalidad, las cuales apuntan a garantizar el servicio a través de la interconexión de distintos acueductos con la infraestructura que provee de agua a los bogotanos. Ello puede evidenciarse, a modo de ejemplo, con el Plan Departamental de Agua de Cundinamarca (2012-2015) en el que la Gobernación destinó $11.000 millones COP "para la etapa final de la tubería de conducción de agua potable que [traería] este líquido desde Bogotá para los municipios de La Mesa y Anapoima" (31/08/2010)6. No obstante, lejos de ser una solución de largo plazo, la misma estaría dinamizando el crecimiento de los núcleos de población y –con ellos– la demanda por agua, con lo que se estaría contribuyendo a afianzar escenarios de insostenibilidad, los cuales estarían detrás de la decisión que –en su momento– adoptó la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012-2015) de frenar la venta de agua en bloque a otros municipios (13/06/2013)7.

8 Para estas fechas, el Gerente de Aguas del Tequendama, Agustín Cortés, reconoció la debilidad del acueducto “y que el agua que suministra la empresa es insuficiente para atender el municipio [ya que se] necesitan 52 litros por segundo para superar de raíz la crisis" (Ibíd.)4



Sin embargo, más que una oportunidad para el ordenamiento en torno a las capacidades que ofrece el Territorio, la medida de no vender agua en bloque a 12 municipios (entre éstos La Mesa, Anapoima y Tocaima) fue soslayada por parte de la Gobernación de Cundinamarca; cuya cabeza para el período 2012-2015, esto es el Gobernador Álvaro Cruz, señaló que el desacuerdo entre el Distrito y la Gobernación no detendría a ésta última en la búsqueda de “alternativas como la construcción de una empresa regional que pueda obtener concesiones y prestar el servicio de acueducto y alcantarillado (...) a través de recursos de la Empresa de Servicios Públicos del Departamento y de [los] municipios” (16/08/2012)8. Ahora bien, cabe mencionar que no es la primera vez que se propone la construcción de este tipo de infraestructura, por el contrario, es un debate de tiempo atrás como se evidenció durante la Administración Departamental de Pablo Ardila (2004-2007), la cual “entregó una licitación por [43.000 millones COP] para la construcción del acueducto Anapoima-La Mesa”, cuyos resultados no pasaron de la entrega de “un tanque, pedazos de redes y un detrimento patrimonial por más de [$31.000 millones COP,] pero no agua” – según relató el Alcalde de Anapoima (2016-2019), Yair Rodríguez (30/06/2016)5

9. En efecto, a las discusiones sobre la conveniencia o no de vender agua en bloque por su incidencia sobre los procesos de urbanización que exceden las capacidades propias de los Territorios; habría que añadir los problemas de corrupción por los que han atravesado la implementación de este tipo de iniciativas, propuestas desde la institucionalidad departamental. Tal fue el caso, precisamente, de la adjudicación –en 2006– del Acueducto La Mesa-Anapoima que contemplaba un “proyecto de 53 [km], divididos en 4 tramos (1 contrato por tramo) con un costo en ese momento de casi $50.000 millones [COP]”10. Si bien se buscaba inaugurarlo en 201111, desde el comienzo estuvo mal planeado, pues “[se] adjudicaron los contratos sin concretar la compra ni el suministro del agua [con el] Acueducto de Bogotá” (02/07/2015)9

12, a lo que se sumó el incumplimiento de 3 de los 4 contratos firmados (31/10/2016)10: dos de los cuales fueron entregados a “consorcios conformados por 3 empresas del Grupo Nule y la firma H&H, del barranquillero Javier Haddad13” (Fase I y II), con un costo respectivo

9 Para el caso de este municipio, los incumplimientos de los contratistas obligaron a poner en marcha soluciones temporales como, por ejemplo, la suscripción de un acuerdo con las autoridades del municipio de “Bojacá, un municipio del borde sur de la Sabana de Bogotá, [donde se buscó] abrir un pozo profundo y traer el agua”. No obstante, el mismo enfrentó la oposición de los bojaquenses, obligando a la búsqueda de otras alternativas como lo son la construcción de embalses (Ibíd.)5

10 Con el que se buscaba "poner fin a los usuales racionamientos de agua que afectaban a los habitantes de estos dos municipios y a miles de turistas bogotanos”. Para ello, técnicos de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca, plantearon –como solución– "transportar agua desde la sabana de Bogotá, vía Mosquera-Madrid" (28/02/2011)7 11 Aunque, según datos de Aguas del Tequendama referidos por el Subgerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, la red de suministro del Acueducto proyectado debía estar operativa a partir del 2009 (09/02/2012)4

12 De acuerdo con un informe de auditoría abreviada realizado por la Contraloría Departamental, hacia 2012, "en ningún momento [se] garantizó que el Acueducto de Bogotá proveería de agua al nuevo proyecto"; por lo que no se pudo hacer -siquiera- "las pruebas hidráulicas de la red y determinar si la millonaria obra [servía] para algo". Ciertamente, no existió “un convenio ni un contrato ni medió papel en el que [constara] que el Distrito se hubiera comprometido legalmente a enviar, 700 metros montaña abajo, los más de 100 litros de agua por segundo para los cuales se pensó, estructuró y licitó la obra" (13/06/2013)7

13 A 2013, esta empresa se había declarado en quiebra (13/06/2013)7



de $20.999 millones COP (Consorcio Anapoima) y $7.100 millones COP (Consorcio Acueducto Regional) (02/07/2015)9. “Gracias a los incumplimientos, lo que debió ser un importante acueducto regional terminó convertido en un gran elefante blanco que, además de no suministrar agua, tenía diseños y materiales defectuosos[; por lo que] de haber sido puesto en servicio[,] habría significado un peligro para la población” (15/09/2015)9. De acuerdo con el entonces Subgerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Germán Rodríguez, los contratistas "[tenían] que probar la tubería y entregarla funcionando" (09/02/2012)4 – contrario a lo que ocurrió, por lo cual fue declarado el incumplimiento del contrato por parte de la Gobernación, más de un año después de haberse cumplido el plazo para la entrega de obras, “incluyendo el de la fase III, firmado con otro grupo de empresarios agrupados en el consorcio Aguas de Cundinamarca” (13/06/2013)7. Ese entramado de corrupción en el que se desembolsó –para las 3 primeras fases del proyecto– un estimado de $33.000 millones COP (Ibíd.)7, obedeció a que los mismos contratistas ganaron los contratos de interventoría de las 2 primeras fases del proyecto; “con lo que pudieron desviar los recursos sin que nadie alertara a las autoridades”, tal y como señalaron la Gobernación, la Contraloría Departamental y la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional (13/06/20137 & 02/07/20159). En efecto, los consorcios a los que se adjudicó las dos primeras Fases lograron hacerse con la interventoría de las mismas, "a través del consorcio Redes de Cundinamarca, del que hacían parte Bitácora Soluciones y 2 empresas más[, esto es,] Interaudit S.A. e Hidrotec”; mientras la 2ª Fase quedó en manos de Hidrotec en asocio con Reingeniería de Proyectos Ltda. (13/06/2013)7

14. Entonces, si bien se logró inaugurar la Fase IV del proyecto, correspondiente al tramo del acueducto comprendido entre La Mesa y Anapoima que se surte del agua provista desde Tena, “el volumen de agua [siguió siendo] insuficiente (sólo 23 lts/seg, de los más de 100 que se [tenían] contemplados)" (01/11/2012)7, por lo que el problema de fondo no fue resuelto, prestándose –más bien– para el desvío de recursos públicos. Un año más tarde, “Empresas Públicas de Cundinamarca [adelantaría] un proceso para contratar una firma de ingeniería [que realizara] un peritazgo hidráulico, geológico, geotécnico y electromecánico [con el cual poder] establecer la viabilidad de continuar con [la] construcción [de este obra]”. Por su parte, la Gobernación adelantaba gestiones ante la EAAB para destrabar la venta de agua en bloque, a la par que gestionaba "la perforación de 2 pozos de agua en Bojacá” (13/06/2013)7. La reactivación del proyecto vendría dos años más tarde, cuando Empresas Públicas de Cundinamarca anunció que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio había aprobado la viabilidad del proyecto de rehabilitación del Acueducto La Mesa-Anapoima que sumaba cerca de 10 años de haberse contratado, sin que se hubiera concluido para las fechas en que fue hecho el anuncio (02/07/2015)9

15.

14 De acuerdo con la Contraloría Departamental, "del total desembolsado[,] se recuperaron recursos por valor de $2.222’636.193 [COP] por las declaratorias de incumplimiento ante las compañías de seguros". No obstante, "[el] valor total del posible detrimento patrimonial sufrido por el departamento de Cundinamarca fue de $31.186’000.694 [que, traídos a precios de 2013, arrojaron] el valor de $8.351’655.440 [COP adicionales;] para un valor total de merma patrimonial en cuantía de $39.537’656.134 [COP]” (13/06/2013)7

15 Se preveía retomar las obras a comienzos de 2016, buscando garantizar que –al finalizar ese año– el suministro llegara "no sólo 4 días sino toda la semana, a [los] habitantes de la región del Tequendama". De acuerdo con el entonces Gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Carlos Penagos, el proyecto disponía



El proceso de licitación quedó a cargo de la Financiera del Desarrollo (FINDETER), al que hubo que añadirséle otra licitación para la perforación de un pozo más que permitiera suplir la demanda de La Mesa y Anapoima (aparte del contemplado en Bojacá), con un costo estimado de $5.000 millones COP adicionales a los casi $20.000 millones ya asignados (15/09/2015)11. La prioridad asignada al proyecto trascendió el periodo de interinidad en la Gobernación16, como quedó manifiesto con las posturas asumidas por el Gobernador entrante (2016-2019), Jorge Emilio Rey Ángel, quien resaltó la importancia asignada a la reactivación de proyectos retrasados como el del Acueducto La Mesa-Anapoima; cuyo presupuesto –para las fechas de estas declaraciones– ascendía a los $21.000 millones COP, con miras a “[reconfeccionar] la red de acueducto y [perforar] unos pozos en Bojacá, [sin que se comprometieran] las reservas de agua de ese municipio" (23/05/2016)12. Como bien puede observarse, el problema de abastecimiento continuó estando latente, al tiempo que la provisión de agua por parte de la EAAB seguía siendo incierta; todo lo cual confluyó en la búsqueda de otras opciones que permitiesen mitigar los escenarios de escasez hídrica. En ese sentido, destaca la construcción de embalses que –sumados a la perforación de pozos– se constituía en alternativa para satisfacer la demanda por agua – contribuyendo, además, a otros propósitos afines a la adaptación al cambio climático.

Construcción de embalses Paralelo a la reactivación de esfuerzos para la conclusión de obras relacionadas con el montaje y operación de acueductos en Cundinamarca, la institucionalidad departamental contempló la puesta en marcha de proyectos complementarios que garantizaran el agua de la cual se abastecerían los acueductos previstos. En consecuencia, debieron buscarse nuevas fuentes de aprovisionamiento en zonas que no presentaban problemas de abastecimiento y cuyos caudales pueden llegar a ser insuficientes para atender la demanda del público objetivo: en este caso el residente en la provincia del Tequendama, en especial en los municipios de La Mesa y Anapoima. Esto, a su vez, ha venido constituyéndose en factor de tensión con las comunidades residenciadas en las áreas de interés para este tipo de iniciativas, sin que las mismas garanticen una solución de fondo para la problemática asociada a la falta de gestión integral del recurso hídrico (abastecimiento y disposición final) que ha dejado, como saldo, la contaminación de las fuentes principales de agua del departamento (p.ej. Río Bogotá) y la vulnerabilidad ante escenarios de escasez. Llegados a este punto, conviene preguntar que tanto de equidad hay en satisfacer los requerimientos de núcleos poblacionales dinámicos en desmedro de los territorios aledaños, como ha ocurrido con la tubería que conduce el agua a La Mesa y Anapoima; frente a la cual ha habido descontento por parte

de los diseños y los recursos garantizados que ascendían a los $22.000 millones COP, de los cuales $15.000 los [aportaría] la Nación y $7.000 el departamento (Ibíd.)9

Sin embargo, meses más tarde, la cifra se redujo como se infiere tras las declaraciones del Alto Consejero Presidencial Guillermo Rivera, en calidad de Gobernador encargado, según las cuales "el Gobierno Nacional [destinaría] $13.900 millones [COP] y el departamento [pondría] $5.400 millones para atender la necesidad básica de agua potable [en esta región]" (15/09/2015)11

16 En el que estuvo dirigida por el entonces Alto Consejero Presidencial Guillermo Rivera, luego de la renuncia de Álvaro Cruz, tras la apertura de investigaciones por presunta corrupción (15/09/2015)11



de los habitantes de Tena (de donde se extrae agua), debido a problemas relacionados con los ductos de conducción desde la quebrada La Honda, cuya "falta de mantenimiento y cambio por una tubería flexible que se adapte a la topografía del terreno, ha influido con problemas de deslizamientos, daños a vías y desprendimiento de tuberías". Similar discusión genera la construcción de embalses, la cual ha estado en la mira de las autoridades departamentales, como queda en evidencia con las mesas de trabajo programadas para su implementación (30/01/2017)13. De igual forma, la construcción de embalses busca –desde la óptica oficial– hacer frente a los efectos que traen consigo las temporadas de lluvias en el departamento, para lo cual la administración de Andrés González (2008-2011) adelantó inversiones no sólo en labores de reconstrucción que incluían intervenciones sobre el cauce del río Bogotá17, sino en la construcción de nuevos embalses en la cuenca del río Bogotá que controlaran el nivel de las aguas en invierno y las liberaran en períodos de sequía. Frente a estos últimos, la señalada administración había avanzado en 14 nuevos proyectos, varios de ellos con estudios de prefactibilidad18 (09/12/2010)14, a los que se les buscaba financiación a través de recursos de regalías y aportes de la CAR, la Nación y del Departamento, como ocurrió con el proyecto de Embalse en el río Calandaima bajo la Gobernación de Álvaro Cruz, con las gestiones que se adelantaron para viabilizar el uso de este tipo de recursos (16/08/2012)8

19. Si a lo anterior se sumaban los beneficios al momento de generar desarrollo agrícola y pecuario, al tiempo que ofrecían la potencialidad de constituirse en fuentes de energía y de agua potable (28/04/2011)17 – la Gobernación fue ganando argumentos para justificar el montaje de este tipo de infraestructura que, para el caso del proyectado Embalse en el río Calandaima, empiezan a ganar eco desde 2005 cuando el Departamento suscribió un contrato con la firma VIACIMCO LTDA., para la realización de los estudios de prefactibilidad (orden de trabajo SOP-A067-2005). El concepto resultante tenía por objeto plantear soluciones a lo que era percibido como problema, esto es, el serio conflicto por el recurso hídrico en la cuenca del río Calandaima, en “la región del Tequendama en general, y específicamente [en] los municipios de El Colegio, Anapoima, Apulo, Viota y Tocaima [que] han venido sufriendo una insuficiencia en el recurso hídrico para el consumo, fundamentalmente en los periodos secos de enero-febrero y julio-agosto[; la cual se ve agravada por] la imposibilidad actual de utilizar para el abastecimiento el río Bogotá, dado su estado de de contaminación” (29/12/2008)18

20.

17 Estimadas en unos $250 mil millones COP, las intervenciones contemplaban –entre otras– la construcción de "un gran parque lineal desde el nacimiento del río hasta Alicachín, en el que las aguas [pudiesen] tener un mayor espacio para el momento en que crezcan"; así como su profundización y la ampliación de los jarillones en sus bordes (09/12/2010)14

18 Entre los proyectos priorizados –entre 2008 y 2011– destaca el embalse de Tibitá, con capacidad para almacenar 20 millones m3 de agua, el cual apunta a regular el río Lenguazaque (afluente del Bogotá). Le siguen La Tribuna (300.000 m3) en Facatativá, el Calandaima (4,8 millones de m3) entre El Colegio y Viotá; el de Sumapaz (7,2 millones de m3) en Fusagasugá y el Pantano de Arce II (2,3 millones de m3), proyectado en la parte alta de Subachoque. Respecto a los que disponen de prefactibilidad, destaca el de Río Frío-Chicu que buscaba evitar las inundaciones en Chía y Cajicá (28/04/2011)17

19 Meses más tarde, el proyecto logró la aprobación de recursos de regalías de alrededor de $4.000 millones COP para empezar con los diseños de la obra (13/02/201315 & 04/04/201316) 20 En palabras del entonces Director de la CAR (2012-2015), Alfred Ballesteros, “varios municipios del departamento, especialmente en la zona occidental, tienen problemas con el suministro de agua potable para sus habitantes”. Ante tal situación, lamentó el que no se hubieran construido nuevos embalses en la región que



De manera alterna y de acuerdo con la fuente citada, la región es propensa –durante los períodos de invierno– a inundaciones en zonas agropecuarias y en zonas de ronda de los ríos, las cuales dejan afectaciones en las viviendas y vías aledañas (29/12/2008)18. Ello explica la postura del Alcalde de El Colegio (2012-2015), Gilberto Moreno, quien señaló que –al tratarse de zonas montañosas– el paso del río Calandaima y de la quebrada La Campos ha causado estragos en su municipio durante las temporadas de lluvia, cuando éstos “se precipitan, se crecen y se desbordan”; por lo que consideró fundamental la construcción de una presa que permita la regulación del agua, al tiempo que facilite su suministro a los acueductos “en los momentos de verano” que es, justamente, cuando más se presentan problemas por desabastecimiento hídrico e incendios forestales como ocurrió a inicios de 2016 en "Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio y Viotá[; donde se llegó a declarar la] alerta naranja" por estas causas (01/02/201320 & 14/01/201621). De este modo, quedaron sentadas las bases que impulsarían la construcción del Embalse Calandaima entre los municipios de Viotá y El Colegio, como estrategia para hacer frente al panorama de crisis hídrica que afronta el Departamento, en el que –por un lado– se registran inundaciones en épocas de lluvia ante la incapacidad de almacenar los excedentes de agua y, por el otro, se sufren los estragos de la sequía durante los períodos de verano21 (23/05/2016)12. En palabras de la CAR, “[no puede desconocerse] que contar con un embalse en una región es garantía del desarrollo, al ofrecer enormes beneficios de tipo social, económico y ambiental, al ser proveedor de agua para diversos usos, control de inundaciones, hidrogeneración y otros servicios que son fundamentales para el sostenimiento de una cuenca hidrográfica, en momentos que se debate el papel preponderante que cumplirán estas infraestructuras ante la variabilidad climática por la alteración atmosférica, como garantía para disponer del recurso hídrico de forma permanente y confiable” (13/08/2014)23.

El Conflicto: Proyecto Embalse Calandaima como reflejo de las falencias en la gestión del agua a nivel departamental Tal y como fue propuesto anteriormente, la construcción de embalses constituye uno de los dos ejes impulsados por la institucionalidad departamental para hacer frente a los desafíos que plantea la gestión del agua, en especial, en escenarios de escasez propios de las temporadas de verano – cuando se ha visto comprometido el abastecimiento hídrico para la agricultura y los consumos domésticos22. Justamente, tales consideraciones se encuentran en la base a partir de la cual se ha promovido la

permitieran hacerle frente a las temporadas de sequía, a la par que proveyeran de agua a iniciativas de acueductos regionales como el proyectado en La Mesa–Anapoima (24/09/2012)19

21 De allí que la Gobernación de Jorge Emilio Rey (2016-2019), considerara prioritario reformar el sistema de infraestructura con este tipo de proyectos, con los que buscaba dar solución a este tipo de problemáticas (23/05/2016)12. Para el caso del Embalse Calandaima, se pretende beneficiar a 130.469 habitantes, de los cuales 93.450 son urbanos y 37.019 rurales (08/11/2016)22

22 Como se registró en La Mesa a inicios de 2016, cuando la mayoría de los habitantes del casco urbano aseguraban recibir agua “una vez cada 11 días, a través del acueducto [y] en intervalos de entre 8 y 24 horas" (para las áreas rurales se enviaban carrotanques); mientras en Apulo el recurso llegaba a los hogares, uno de cada cuatro días para cada sector del municipio, debido a las reducciones notorias en el caudal de agua que recibieron durante esa coyuntura (14/01/2016)21



construcción de un embalse sobre el río Calandaima, con un carácter multipropósito que abarca desde el almacenamiento de agua, “aprovechando los caudales excedentes de las temporadas lluviosas”23, hasta el aprovechamiento de la misma en actividades de riego (29/12/2008)18. Ahora bien, pese al impulso dado al proyecto, la CAR reconoció que el mismo ha estado atravesado por controversias por los efectos que, según sus contradictores, genera “al alterar y/o destruir ecosistemas, modificar la hidrodinámica de ríos, desplazar poblaciones, cambiar condiciones fisicoquímicas del agua, entre otros”. Sin embargo, la autoridad ambiental desestimó dichos argumentos, comparando este tipo de infraestructura con la regulación hídrica en la dinámica fluvial que cumplen los cuerpos de agua naturales como lagos, lagunas o humedales; lo cual le lleva a “[concluir] que ambos son proveedores de agua durante las épocas de estiaje o niveles bajos, además de ser sustento de varios ecosistemas” (13/08/2014)23. Aparte de la regulación hídrica y el control de inundaciones, el proyecto de embalse busca garantizar el acceso al agua "no sólo a los acueductos que se surten actualmente [del río Calandaima], sino a los habitantes de los municipios de El Colegio, Viotá, Anapoima, Apulo y Tocaima", mientras duran los meses o períodos de estiaje, en los que “las fuentes de suministros normales no son suficientes para atender la demanda (05/05/201624 & 04/05/201725). Sin embargo, llama la atención que el área de influencia del posible embalse no registre problemas de desabastecimiento, por el contrario, esté atendida por acueductos con más de 30 años de operación24 – fruto del trabajo de la comunidad con el apoyo de la Federación de Cafeteros, tal y como quedó consignado en los Estudios Previos para la suscripción del Convenio de Asociación entre la CAR y la Asociación de Usuarios de las veredas la Arabia, Calandaima, Carolina, Glasgow, Magdalena, Neptuna, Pueblo de Piedra y la Ruidosa, del Municipio de Viotá (CAR, 2015)25. En efecto, pese a las transformaciones en las coberturas de los ecosistemas de la zona (p.ej., tala de árboles y presencia de actividades pecuarias en las partes altas), “la zona rural del Municipio de Viotá goza de fuentes hídricas de importancia ambiental para la región en general” (CAR, 2015); lo cual desvirtúa –en parte– los beneficios que supondría un embalse, al menos para la zona en que se proyecta su construcción. Si a ello se añade la ubicación del mismo al interior del Distrito de Manejo

23 De acuerdo con la CAR, el río Calandaima es "uno de los principales aportantes del río Bogotá en su cuenca baja" que, en temporadas húmedas, ha generado crecientes súbitas e inundado localidades como Pueblo de Piedra – influyendo, además, en las inundaciones del río Bogotá en su paso por los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot (13/08/2014)23

24 No obstante, para los promotores del embalse, tanto El Colegio como Viotá también resultarían favorecidos pues, si bien disponen de fuentes hídricas para garantizar –por lo menos– “el servicio [de agua] todos los días, aunque con una presión baja en algunas zonas”; deben, sin embargo, racionar el servicio durante las épocas de verano “para evitar agotar las fuentes del líquido” (08/11/2016)22 25 En sus orígenes, la administración de este acueducto regional recayó en las Juntas de Acción Comunal hasta 2004, cuando “se legalizó como Asociación de Usuarios sin ánimo de lucro conformado y administrado por la comunidad, abasteciendo 8 veredas del municipio [y] 1700 usuarios. Actualmente cuenta con dos bocatomas, tanques de almacenamiento, red de distribución, (…) y con un recurso hídrico que [da continuidad a la prestación del] servicio” (Ibíd.)



Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas y El Subia26, se sobrentiende la preocupación que genera su puesta en marcha, a pesar del respaldo que ofrece la Contraloría General de la República27: ciertamente, de acuerdo con el entonces Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Ramón (El Colegio), se está ante una zona con alta biodiversidad de acuerdo con el índice de riqueza de Margaleff y el de Shannon & Weaver de 2,96 y 5,09 –respectivamente– y no de biodiversidad baja/media, como interpretan los Estudios del Proyecto (24/10/2016)27. En ese sentido, la alteración del entorno que supondría el montaje de este tipo de infraestructura, tanto para la biodiversidad como para otros factores (p.ej. geología e hidrología), llevan a cuestionar la pertinencia de la misma, más aún, cuando sus beneficios serían aprovechados por comunidades y sectores productivos ubicados por fuera de su área de influencia. A continuación se expondrán algunos puntos asociados al trámite del proyecto dentro de la institucionalidad para, seguidamente, exponer las principales preocupaciones de las comunidades residenciadas en sus inmediaciones – las cuales explican su oposición al mismo y el surgimiento del conflicto en sí.

El trámite del proyecto ante la institucionalidad Desde que la CAR planteara –en 2006– la necesidad de materializar el proyecto, pasaron cuatro años antes de contratarse los Estudios de Factibilidad del Embalse28, cuyo emplazamiento estaba previsto en el costado occidental del cerro Peñas Blancas, donde ocuparía un área de 48 hectáreas (31/08/2013)28. Tal y como se enunció en apartados anteriores, los trámites para la obtención de dineros con que financiar las obras, incluyeron la presentación del proyecto ante el Órgano Colegiado de Regalías del Orden Departamental y Regional Centro Oriente (OCAD) por parte de funcionarios de la Gobernación, quienes gestionaron –ante el Sistema General de Regalías– $1.000 de los $4.000 millones COP en que se estimaban los costos de los estudios y diseños de detalle del embalse Calandaima (13/08/2012)29. A estos recursos, se sumarían los del Fondo de Compensación Regional, los de la CAR gracias al Plan Departamental de Aguas con los que pudo disponerse de $1.000 millones adicionales, entre otras fuentes cuyos aportes estaban viabilizados y a la espera de aprobación, según comentaron el Gobernador y el Director de la CAR (16/08/20128, 24/09/201219 & 15/01/201330)29.

26 Los DMI son una categoría de protección prevista en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Para mayor información sobre las razones que soportaron la declaratoria de este Distrito, ver Análisis de Impactos Ecosistémicos – disponible en la Ficha del Conflicto (Plataforma del Observatorio) 27 Frente a la ubicación del proyecto dentro del DMI, la Contraloría General no plantea objeciones pues el mismo encuentra amparo gracias al Artículo 3 del Acuerdo CAR 026 de 1993 que declara el Distrito de la Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia; así como el Artículo 208 del Decreto 2811 de 1974, el cual posibilita la construcción de embalses en estas áreas, siempre y cuando tengan licencia ambiental (23/11/2016)26

28 El Estudio de VIACIMCO contratado por la CAR en 2008, correspondía a una Consultoría para la actualización y complementación de la pre-factibilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto (29/12/2008)18

29 Los estudios de factibilidad de la CAR estuvieron listos para 2013, luego de lo cual se procedió a elaborar el diseño del proyecto que, “aparentemente por falta de recursos, [estuvo] estancado" un par de años más (18/01/2016)32. Cabe destacar que el embalse hace parte del Plan de Acción de la CAR 2016-2019, el cual



El valor del proyecto obra ha sido objeto de discusión, siendo llamativos los constantes cambios en su estimación que pasó de los $40.000 millones COP anunciados por el Director de la CAR (2012-2015), Alfred Ballesteros (24/09/2012)19 – a los $50.000 millones cuando la CAR, la Secretaría Departamental de Ambiente y las Empresas Públicas de Cundinamarca suscribieron un convenio para el inicio de las obras del Embalse de Calandaima a inicios de 2014 (01/08/2013)31. A 17 días de haberse posesionado Jorge Emilio Rey como Gobernador de Cundinamarca, el valor de las obras se estimaba en un poco más de $50.000 millones COP, cuya inversión apuntaba a garantizar un almacenamiento de 5 millones m3 (17/01/2016)33

30: sin embargo, hacia septiembre de 2017, el monto fue reajustado a $61.200 millones COP y la fecha para la construcción del proyecto pospuesta, esta vez para 2018, según declaraciones del Gerente de Empresas Públicas Andrés Díaz quien señaló que la concreción del mismo permitiría almacenar 4,5 millones de m3 de agua, con los que podría suplirse la demanda de los acueductos de Viotá, El Colegio, Apulo y Tocaima (10/09/2017)36

31. Ahora bien, pese al protagonismo de las autoridades departamentales al momento de impulsar el proyecto, éste también ha sido de interés entre los mandatarios locales de la provincia del Tequendama – quienes han gestionado la obtención del recursos para sus distintas fases como ocurrió, por ejemplo, durante el Acuerdo para la Prosperidad No. 69 celebrado en Apulo con la intervención de Gilberto Moreno Vargas (Alcalde de El Colegio 2012-2015) ante el Presidente de la República y otras personalidades del orden nacional y departamental, cuando les señaló la necesidad de financiar los diseños definitivos del embalse (01/02/2013)20. De igual modo, la administración departamental ha abierto espacios de participación con los mandatarios locales (18/01/2016)32, entre quienes ha encontrado respaldo considerando la población que se vería beneficiada de concretarse la construcción del embalse que, según el Alcalde de Tocaima (2016-2019) Wilmar Martinez, ascendería a las 110.000 personas (17/01/2016)33. En tal dirección, destaca el programa 'Gobernador en Casa', en el que el mandatario departamental ha abierto espacios de interlocución con los Autoridades Municipales, en aras de articular esfuerzos que permitan avanzar en los puntos priorizados en su agenda de Gobierno. Al respecto, destaca la visita del Gobernador Jorge Emilio Rey (2016-2019) a municipios de la provincia del Tequendama, donde se ha abordado –entre otros temas– "el cierre financiero para la construcción del Embalse del Calandaima y la gran inversión de [$56.000 millones COP], para todo el plan de acción frente al

propende por la garantía de la oferta hídrica del área de influencia y establecer medidas para mitigar el cambio climático (23/11/2016)26 30 A fines de 2016, el monto del proyecto bordeaba los $54.000 millones COP, de los cuales la CAR se había comprometido a aportar $20.000 millones COP, el Gobierno Nacional –por intermedio del Ministerio de Vivienda– $24.000 millones y la Gobernación, junto a los Municipios de Viotá y El Colegio, los restantes $10.000 millones COP (08/11/2016)22. El respaldo del Gobierno Nacional al proyecto, comienza a adquirir notoriedad con las declaraciones del entonces Vicepresidente de la República (2014-2017), Germán Vargas Lleras, quien se comprometió a gestionar los $24.000 millones que le correspondían a la Nación (07/07/201634 & 08/07/201635) 31 Curiosamente, en las declaraciones del Gerente no se menciona a Anapoima como municipio beneficado con la puesta en marcha del embalse – el cual prevé, entre otras obras, la construcción de un muro de 30 mts de altura para inundar un área de 34,6 Has (13,4 Has menos en comparación con los estimativos de 2013. Ver: 31/08/201328), buscando garantizar “a los usuarios 100 [lts/seg] de agua potable durante todas las épocas del año" (10/09/2017)33



manejo de aguas en los centros poblados y el casco urbano" de El Colegio, según manifestó su Alcalde (2016-2019) Oscar Mauricio Nuñez Jiménez (31/08/2016)37. También destaca su asistencia a Viotá, donde sostuvo un diálogo con la comunidad y con sus autoridades, destacando compromisos de su administración como la viabilización de recursos “para hacer cierre financiero del embalse de Calandaima, con inversiones del Gobierno Nacional, Departamental y la CAR [que permitan la materialización de un] proyecto de gran impacto para la provincia" (02/09/2016)38; al igual que su visita a Anapoima, donde anunció que la Gobernación aportaría $16 mil millones COP para el cierre financiero del embalse de Calandaima, a la par que manifestaba interés en cofinanciar la construcción del acueducto del río Calandaima (01/09/2016)39. Como puede inferirse de lo anterior, el agua ha sido uno de los ejes en los que la actual administración departamental ha puesto especial énfasis, dados los problemas en el suministro del recurso en varios municipios de Cundinamarca que estarían detrás de la inversión proyectada de $1.5 billones COP "para agua potable, planes maestros de acueducto y alcantarillado, así como la puesta en marcha del proyecto del embalse de Calandaima" (10/06/2016)2. De igual forma, en la suscripción de convenios interinstitucionales –con la CAR– “para la conservación, restauración, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción [de la Corporación]" (01/09/2016)40

32; siendo parte constitutiva de los esfuerzos entre ambas entidades, para la conformación de una agenda en común que propenda por la protección al ambiente con “proyectos de ordenamiento territorial, conservación de ecosistemas, saneamiento básico y gestión del riesgo" (13/04/2016)41

33. Con relación a las inversiones previstas por la Gobernación, llama la atención la destinación de $21 mil millones COP para reformular el proyecto que permita "vincular a varios municipios de Cundinamarca con la Empresa de Acueducto de Bogotá” (10/06/2016)2: en otras palabras, la venta de agua en bloque continúa siendo una alternativa que contempla la administración departamental, ante los desafíos que impone un contexto de alta densidad demográfica y escasez del recurso. En efecto, de acuerdo con pronunciamientos del Contralor Departamental –Ricardo López Arévalo– la Gobernación tenía previsto firmar un contrato con la EAAB, para el suministro de agua en bloque que permita destrabar las obras faltantes para terminar el acueducto regional La Mesa-Anapoima (31/10/2016)10

34.

32 En los cuales se tenía prevista la inversión de más de $70.000 millones COP, durante el cuatrienio 2016-2019, para "la creación de bancos municipales de agua en zonas del departamento con riesgo de escasez de agua[,] la construcción del embalse de Calandaima[; la realización de] estudios de amenaza y vulnerabilidad, a través de los cuales [busca establecerse] mapas de riesgo para [delimitar] donde no se puede construir o desarrollar actividades productivas", entre otros acuerdos (Ibíd.)38

33 Entre los puntos centrales del trabajo conjunto, destacan las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y los proyectos relacionados con el acceso al agua, entre los cuales están los proyectos de bancos de agua que beneficiarían a "los municipios más afectados por la sequía[, para que] puedan contar con recursos hídricos a través de pequeños embalses con capacidad entre 10 mil y 50 mil [m3]". Entre los embalses de mayor tamaño sobresalen no sólo el Calandaima, sino los Santa Rosita, a la altura de Suesca; junto a otros proyectos hacia Subachoque, la provincia del Gualivá y el Sumapaz, a los que la Gobernación apuesta “dejarlos en fase de factibilidad” (Ibíd.)39

34 La suscripción del contrato apuntaba a "descongelar los $22.000 millones [COP] que FINDETER [destinaría] para construir las redes de conexión de agua entre los municipios de Madrid y la Mesa[; los cuales] estaban retenidos, porque en 2006 se adjudicó la construcción del acueducto, sin haber asegurado primero el suministro del líquido a través de un acuerdo con [la EAAB]". Entre las obras requeridas para la rehabilitación, destaca la



Ahora bien, más allá de la gestión de recursos y de los encuentros interinstitucionales, se ha avanzado en los acercamientos con los propietarios de los predios ubicados dentro del Área de Influencia Directa (en adelante AID) del embalse, por parte del Alcalde de El Colegio (2016-2019) – Oscar Mauricio Núñez; quien señaló que se ha hablado con las 9 personas dueñas de los terrenos a comprar, las cuales han mostrado su interés en vender sus propiedades (08/11/2016)22

35. Respecto al trámite para la obtención de la Licencia Ambiental, considerando que el embalse quedaría dentro de un área protegida (Distrito de Manejo Integrado), se tienen pistas del mismo con la solicitud que elevaron las Empresas Públicas de Cundinamarca ante la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA (Ver Figura 1)36, buscando saber si había necesidad de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), con lo cual se dio apertura al expediente NDA1127-00 el 30 de junio de 2016: paso previo a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (30/06/201644, 06/03/201745, 04/05/201725 & 18/05/201743).

Figura 1. Estado de avance del proceso de Licenciamiento Ambiental ante la ANLA

Fuente. Elaboración propia a partir de 23/02/201746, 04/05/201725, 18/05/201743 & 14/08/201747

Fotografías. Área de Influencia del Proyecto. Autor: OFCB – OCA (2017)

Otro “de los requisitos [necesarios] dentro del proceso de licenciamiento ambiental", tiene que ver con el documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), “a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008” sobre hallazgos arqueológicos37. El cumplimiento del mismo explica el que las Empresas Públicas de Cundinamarca,

optimización de los tanques de almacenamiento, cambios de tramos de la tubería e instalación de la línea de conducción desde Madrid hasta La Mesa (Ibíd.)10

35 Con relación al área a inundar, tampoco ha habido claridad en las cifras dadas a conocer en distintos canales de comunicación, las cuales van desde las 48 Has (31/08/2013)28 hasta las 34,6 Has (10/09/2017)33. Por su parte, Núñez afirmó que "el proyecto se [desarrollaría] en una zona de 20 [Has] de extensión que serán inundadas, de las cuales 12 serán adquiridas por El Colegio y las 8 restantes las comprará la Gobernación" (08/11/2016)22. También llama la atención que, pese a reducirse el área a inundar si se compara con los estimativos de 2013, el número de predios a comprar se haya incrementado a 15 (10/09/2017)33

36 Al respecto, la Subgerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) señaló que, entre los compromisos adquiridos por la empresa tras la suscripción del acuerdo de voluntades entre los municipios de El Colegio y Viotá, las EPC y la CAR; destacaba la gestión de la Licencia Ambiental ante la ANLA que sería la autoridad competente para evaluar la solicitud de licencia para el proyecto, considerando el interés y los cuantiosos recursos que había invertido la CAR en el mismo (Ver: 01/09/201642 & 03/02/201743) 37 Al ser un requisito para la obtención de la Licencia, éste trámite entra a ser un compromiso adquirido por Empresas Públicas en el marco del acuerdo de voluntades suscrito con la CAR y los municipios de Anapoima, El



haciendo uso de los recursos destinados al Programa Agua para la Prosperidad, gestionara la contratación de una consultoría que tendría por objeto 'Realizar el Plan de Manejo Arqueológico del Proyecto Embalse Calandaima' – buscando dar cumplimiento a "[las] leyes actuales en Colombia [que] reconocen la importancia de los recursos culturales, incluyendo los sitios arqueológicos, y proveen mecanismos para que sean protegidos” (27/04/2017)42

38. En tal dirección, destacan los recorridos que han hecho miembros de las comunidades residenciadas en inmediaciones del proyecto (ver Figura 2), como parte del reconocimiento del patrimonio arqueológico presente en sus territorios y ante el cual convendría considerar las potenciales afectaciones que sobrevendrían de concretarse la construcción y el llenado del embalse.

Figura 2. Recorrido de las comunidades en reconocimiento del patrimonio arqueológico en inmediaciones del área de influencia del proyecto – Veredas Java y Arcadia (Viotá)

Fuente. Grupo de Afectados – Calandaima (Agosto 01 de 2017)

No obstante, a pesar de venirse surtiendo las etapas de licenciamiento conforme ordena la Ley, la falta de publicidad en su desarrollo ha sido uno de los puntos más cuestionados por quienes ven con preocupación la concreción del proyecto, más aún, cuando los avances del mismo se saben a cuentagotas por canales no oficiales como –por ejemplo– los anuncios de la emisora La Cristalina de

Colegio, Tocaima y Viotá; el cual buscaba “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución [y] construcción del Proyecto Embalse Calandaima" (01/09/2016)45

38 “Los programas de arqueología al interior de la construcción de obras de infraestructura, se han venido implementando como una posible solución a las destrucciones potenciales del Patrimonio Cultural Nacional”, para lo cual contemplan varias fases que se ejecutan conforme van avanzando las obras. “Estas fases se pueden resumir en Diagnóstico y Evaluación, Prospección, Rescate y Monitoreo Arqueológico" (Ibíd.)42



La Mesa (04/07/2017)48. Frente a la falta de información, el Gerente General de las Empresas Públicas –Andrés Díaz– señaló que los estudios técnicos "fueron radicados en físico para libre consulta por parte de la comunidad en la Inspección La Victoria (El Colegio) el [27/02/2017]" (07/07/2017)48. En efecto, gran parte del malestar de las comunidades con el proyecto tiene que ver –justamente– con lo que consideran falta de transparencia en la socialización del mismo; lo cual los ha llevado a interponer, en repetidas ocasiones, derechos de petición ante la institucionalidad departamental y los entes de control, buscando garantizar escenarios de participación a través de mecanismos como la celebración de Audiencias Públicas39 (05/07/2016)49 o solicitando –en su defecto– visitas de campo de parte de las entidades competentes en materia de implementación y de veeduría, en las que las comunidades del sector puedan participar activamente (04/07/2017)48. Entonces, pese a las afirmaciones de los promotores del embalse de haberse reunido "con representantes de las comunidades de las veredas cercanas al proyecto" (30/10/2016)50, el componente de socialización durante el licenciamiento pareciera no ir más allá de un trámite informativo en el que las comunidades no tienen mayor incidencia40, llegándose –incluso– a posponer la aplicación de mecanismos de participación como las Audiencias hasta después de la entrega de los estudios ambientales que, como bien se sabe, es el paso previo a la expedición del acto administrativo mediante el cual se resuelve sobre la pertinencia o no de otorgar la autorización ambiental a que haya lugar (06/03/2017)45. De hecho, pese a haberse celebrado algunas jornadas de socialización, la aplicación de las mismas sería discrecional toda vez que al no haberse presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), puede considerarse que no ha iniciado -aún- el "trámite de licenciamiento ambiental" (ver Figura 3); por lo que el titular del proyecto no estaría obligado a realizar las socializaciones, pues dichas jornadas son procesos que "se efectúan en el marco de la realización del [EIA] por parte de la empresa interesada", según manifestó el Coordinador del Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la ANLA (21/04/2017)44.

39 Regladas por el Decreto 1076 de 2015 (Ver: 21/04/2017)44. Aparte de las Audiencias, las comunidades –o sus voceros– pueden constituirse en Terceros Intervinientes: figura amparada por el Art. 69 Ley 99 de 1993, según el cual "[cualquier] persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias ambientales que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales" (23/02/2017)46 40 Entre las jornadas de socialización destacan la llevada a cabo por la CAR en el Auditorio de la Casa de la Cultura del Municipio de El Colegio (22/04/2016)24 o las celebradas al interior del salón comunal de la Inspección La Victoria (El Colegio) y en el Aula Múltiple del Colegio Departamental Francisco José de Caldas (Viotá), el día 25/11/201651. Asimismo, la jornada celebrada el 28/11/201652 en la que participaron habitantes de la inspección de La Victoria y sus inmediaciones (Arcadia, La Trinidad, La Campos) que compartieron espacio con autoridades locales y Directivos de las Empresas Públicas, quienes manifestaron su interés en "[mantener] un dialogo abierto y permanente con la comunidad [y crear] un comisión técnica comunidad–autoridades, desde donde se continuará aclarando las inquietudes"



Figura 3. Ruta de licenciamiento para proyectos de construcción de presas, embalses o represas

Fuente. Aula Viva Ambiental a partir del Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible. Fotografías. Área de Influencia del Proyecto. Autor: OFCB – OCA (2017)

De allí que los anuncios del Gobernador (2016-2019) Jorge Emilio Rey, de no iniciar “trámites de licencia ambiental hasta tanto no se adelante la socialización con las comunidades” (09/02/201753 & 10/02/201754)41, no hayan disminuido la incertidumbre y los temores de las comunidades del lugar42, cuyos líderes ya le habían solicitado verificar la viabilidad del proyecto de cara a los impactos socio-económicos y ambientales que podrían desencadenar su construcción (07/02/2017)55

43. El escepticismo podría estar relacionado con la priorización que la administración departamental ha asignado al embalse, reflejada en reuniones de alto nivel entre el Gobernador Rey, el Director de la CAR y altos funcionarios de la ANLA – "para avanzar en el cumplimiento de la norma y los requisitos ambientales” (04/05/2017)25 que, si bien se ajustan a la Ley, denotan potenciales sesgos entre los actores que intervienen en el proceso de licenciamiento. 41 Abordando las inquietudes de la comunidad, las cuales van desde "los posibles impactos ambientales, [el] abastecimiento de agua, [la] actualización catastral, gestión predial, [hasta la] participación comunitaria y aspectos geotécnicos"; frente a las cuales, el Gobernador y su equipo de trabajo, se comprometieron a mantener el proceso de concertación mediante mesas técnicas, en las que podrían participar "pobladores, líderes comunales y expertos en la materia" (Ibíd.)53 y 54

42 De hecho, según las comunidades ni siquiera habría claridades sobre el solicitante de la Licencia Ambiental, pues serían 3 las entidades las que están realizando este proceso (18/05/2017)43 43 Por lo cual solicitaron una audiencia pública ambiental para buscar alternativas, al tiempo que pedían la categorización de los efectos ambientales con un análisis de los afluentes del río Calandaima, la realización de un censo poblacional en la región Calandaima; garantías para la protección del DMI Cuchilla de Peñas Blancas, estudios sobre la vulnerabilidad sísmica de la zona – teniendo en cuenta los informes de cartografía de El Colegio e informes de riesgos y desastres de Cundinamarca que demuestran falla potencial, etc. (Ibíd.)55



La mencionada incertidumbre actúa como disparador del descontento local, al no haber certezas sobre la provisión hídrica en el lugar, de la cual se abastecen acueductos como el de AUAVIC44 y otros 37 acueductos veredales – pues, a pesar de los anuncios sobre el aprovechamiento de las aguas lluvia, "la Gobernación habla de desviar el río para la construcción del embalse[, al tiempo que los] estudios y diseños presentados por la firma EPAM [hacen] un inventario de 58 acueductos existentes en los municipios de Viotá y El Colegio”, sin que se sepa si éstos serán recogidos dentro del proyecto (18/05/2017)43. Si bien lo último no se ha corroborado, refleja –precisamente– los problemas de comunicación entre las partes y el temor local frente a la posibilidad de sufrir racionamientos durante el llenado del embalse, el cual se acrecienta por estudios de la CAR y la misma experiencia de las comunidades sobre la insuficiencia de agua en el río Calandaima – en especial en su cuenca media (Ibíd.)43.

Las preocupaciones de la comunidad frente al proyecto y sus canales de actuación para manifestarlas

Ahora bien, a los reparos al proyecto por el objeto y especificaciones del mismo (ver 31/08/201328, 21/04/201624 & 05/07/201649), así como su incidencia sobre la dinámica hidrológica de la región, se suman otro tipo de preocupaciones que van desde las implicaciones del embalse sobre la biodiversidad local y la conectividad ecológica45, hasta la titularidad de los predios que serían incorporados al proyecto. No obstante, en términos de escalamiento del conflicto, éste no ha trascendido a las acciones directas (movilización, protesta, etc.) ni a las de tipo violento – transitando, más bien, por canales institucionales y de difusión: ello pudo evidenciarse durante el seguimiento del caso, en el que predominaron las acciones dentro de la institucionalidad (p.ej. interposición de derechos de petición) y las correspondientes a comunicación (pronunciamientos, denuncia, etc.)46. Pese a lo anterior, sería equivocado afirmar que se está ante la ausencia de conflictividad o que los reclamos locales hayan sido resueltos por la institucionalidad en sus distintos niveles de Gobierno: por el contrario, puede ser indicativo sobre la persistencia en los problemas de comunicación y un adelanto de posibles escenarios de escalamiento del conflicto, en caso tal que siga acrecentándose la brecha entre las partes. En efecto, a pesar de la escasa proyección de la oposición local al Embalse, la misma ha venido afianzándose gracias a la opacidad de la información de la que ya se hizo mención, así como al conocimiento que detentan las comunidades frente a las particularidades del territorio que habitan.

44 Al preguntársele si habría afectaciones sobre el mismo, la ANLA se limitó a señalar "que esta información, la cual tiene relación directa con el área de influencia [del proyecto], debe ser suministrada y socializada directamente por [su] titular" (21/04/2017)44

45 El lector interesado puede profundizar esta información en el Análisis de Impactos Ecosistémicos, disponible en la Ficha del Conflicto (Plataforma del Observatorio) 46 De las 180 Entradas ingresadas a la Plataforma, 101 correspondieron a acciones de comunicación y 79 a acciones dentro de la institucionalidad (ver Figura 4)



Figura 4. Intensidad del Conflicto por la construcción del Embalse Calandaima47

Fuente. Observatorio de Conflictos Ambientales (2017)

Ciertamente, la solución a los problemas de desabastecimiento y control de inundaciones48 que plantea la institucionalidad (ver, p.ej., 28/04/201117), desconocen el experiencia misma de la comunidades en asuntos concretos como la gestión del riesgo ante la implementación del proyecto, sobre la cual se ha solicitado acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo – UNGR (28/11/2016)52, habida cuenta de la presencia de fallas geológicas en el lugar en donde se ubicaría el embalse. Tal es el caso de la falla geológica que bordea el sector del Tequendama, atravesando La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama, El Colegio y Viotá; asimismo, la falla de Piedras Blancas y el sistema de fallas de San Gabriel (07/02/2017)55. Ello ha sido visibilizado por medio de recorridos de miembros de las comunidades en las inmediaciones del área destinada al proyecto, donde se registran numerosos derrumbes y procesos de remoción en masa producto de las mencionadas fallas. Éstas, a su vez, generan afectaciones sobre las vías terciarias del lugar que, sumadas a las altas pendientes y la humedad de los suelos, acrecientan el nivel de riesgo no sólo en las inmediaciones del proyecto, sino kilómetros abajo donde están asentadas otras poblaciones (09/07/2017)57. Incluso, en ausencia del embalse, se han registrado afectaciones en la zona, como bien señala una residente de la parte baja de la vereda Java (Viotá)

47 La Figura es generada automáticamente por la Plataforma del Observatorio, a partir del número de eventos ingresados por año (visibles en la línea del tiempo) 48 Es recurrente que este tipo de argumentos cobren mayor peso tras contingencias climáticas como los desbordamientos, dados los efectos que dejan en los sectores productivos y en los lugares de residencia de sectores amplios de la población (ver, 16/12/2010)56. Sin embargo, este tipo de eventos estarían revelando –más bien– deficiencias en el ordenamiento territorial de municipios como Apulo, en especial en cercanías de los cuerpos de agua que los atraviesan



quien relata los daños sobre las pesqueras de la vereda atribuidas a estas condiciones49, al tiempo que advierte acerca de la inestabilidad de los terrenos del lugar – la cual se ve refelajada en el deterioro de las viviendas (11/07/2017)58. Con relación a los predios que son de interés para el proyecto, ya sea para la construcción del embalse como “sus áreas de protección y áreas para disponer el material vegetal que será retirado de la zona del embalse"50, existe temor entre los propietarios por lo que acá denominaremos ‘coerción normativa’, es decir, las limitaciones que impone el carácter vinculante de ciertas normas – en especial aquellas relacionadas con el Ordenamiento Territorial. En efecto, “[los] predios vecinos al embalse deberán acogerse a la regulación propia de cada administración Municipal, [en otras palabras,] al uso del suelo contemplado en el Esquema de Ordenamiento o Plan de Ordenamiento, según el caso, para los municipios de El Colegio y Viotá [-] puesto que la zona de ronda y/o protección hidraúlica también fue contemplada por el consultor dentro de los predios a adquirir" (05/05/2016)24. A lo anterior habría que sumar las preocupaciones por los atributos de la propiedad en dichos predios, muchos de ellos ubicados dentro del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y El Subia – lo que ha llevado a confusiones, en particular al momento de interpretar y aplicar la figura jurídica de 'Limitación al dominio'51, dentro de los folios de matrícula de los predios afectados por la declaratoria de área de protección. Ello ha generado inconformismo al afectar los atributos de dominio, esto es uso, goce y disposición del predio, cuando sólo debería restringirse el de uso52 – lo que se estaría viendo reflejado en inconvenientes al momento de "celebrar contratos de compraventa, hipotecas, cesiones, arrendamientos, préstamos bancarios y otro tipo de negocios atinentes a la libre disposición de [este tipo de] bienes, que no se encuentran prohibidos, desde el punto de vista ambiental”53 (25/09/2013 & 30/07/2014)59. De allí que la CAR haya programado varias reuniones –durante el 2013– con la comunidad, delegados del Ministerio Público, de las administraciones municipales y de algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, así como con el entonces Superintendente de Notariado y Registro (2010-2017), Jorge Enrique Vélez García, quien "manifestó su coincidencia sobre la pertinencia de adelantar una actuación para solucionar esta problemática, [mediante] un proceso orientado a modificar las

49 Al respecto, recuerda que -en su lugar de trabajo- unas pesqueras muy grandes desaparecieron repentinamente, cuando un día la tierra chupó el agua y -con ella- los peces que allí habían; los cuales, cree, fueron a parar al río Calandaima (11/07/2017)58

50 Los cuales han sido “contemplados en el estudio presentado y [en los que han habido] acercamientos entre los propietarios y el consultor, quien tuvo en cuenta [sus] valores comerciales [durante] la elaboración del presupuesto del proyecto" (05/05/2016)24

51 Art. 1° Resolución 1695 del 31/05/2001 – Superintendencia de Notariado y Registro: Código 345. Afectación por causas ambientales 52 Ver Art. 33 del Decreto 2372 de 2010 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 53 Para el caso de la CAR, la Corporación manifestó que esta situación la pone en riesgo judicial, “al imponer a los destinatarios unas consecuencias que no se derivan de los actos expedidos" sobre áreas protegidas ubicadas bajo su jurisdicción (30/07/2014)59



Resoluciones 1695 y 2708 de 2001, [ya] que el Código 345 resultaba demasiado genérico [al comprender] todas las áreas de especial importancia ecológica, sin tener en cuenta que cada una de estas zonas implicaba un nivel de limitación al dominio diferente" (25/09/2013)59. Como consecuencia del mencionado proceso, se expidió la Resolución 10551 de 2013 de la Supernotariado que "[crea y adopta] nuevos códigos para la inscripción de actos jurídicos a través de los cuales se reservan y alinderan zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" (02/10/2013)54

59. Sin embargo, pese a que la CAR acordó solicitar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos "la cancelación de las anotaciones efectuadas por las declaratorias [de áreas SINAP], anteriores a la expedición de la Resolución 10551 [de 2013 de la Supernotariado]" (30/07/2014)59 – dos años más tarde, miembros de las comunidades residentes en las inmediaciones del proyecto Embalse Calandaima, denunciaron que la Corporación “puso impedimentos y restricciones para arrendar, vender, hipotecar o ser objeto de préstamo de los bancos". Por tal razón, han radicado derechos de petición ante los entes de control, buscando una socialización acerca de las restricciones que operan sobre la libre disposición de predios ubicados dentro de áreas protegidas como los Distritos de Manejo Integrado: en especial las que se derivan de los Acuerdos CAR 026/93 y 043/99 Peñas Blancas y El Subia & Salto de Tequendama-Cerro Manjui, respectivamente (05/07/2016)55

49. Conviene anotar que la CAR ha reconocido que el uso de la palabra 'afectación', durante el registro de predios como áreas protegidas, se ha prestado para malos entendidos por lo que ha aclarado que el único atributo que se afecta en los Distritos de Manejo Integrado “es el del uso, entendido que las actividades que se realicen deben estar acordes con la zonificación establecida para el área declarada[.] Los demás atributos (...) no se ven afectados por la declaratoria", es decir, no hay impedimento para que los predios dentro del Distrito puedan ser "objeto de compras, ventas, hipotecas, arrendamientos, enajenaciones y demás transacciones comerciales"; señalando, además, la disposición de la entidad para realizar nuevas socializaciones que comprendan las dinámicas y regulaciones sobre el DMI Peñas Blancas y El Subia (28/07/2016)60. En ese orden de ideas, puede considerarse que el desmonte de la desconfianza entre las partes pasa por la construcción de canales de comunicación y negociación claros, en los que existan condiciones mínimas para un diálogo sobre las distintas concepciones de la gestión del Territorio y la posibilidad de armonizarlas. Esto, a su vez, conduce a debatir sobre el Ordenamiento del Territorio: punto en el que las comunidades del área de influencia del proyecto, han sido insistentes cuando han solicitado la realización de estudios que permitan actualizar los Planes/Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT/EOT) de Viotá y El Colegio – incorporando, entre otros puntos, las zonas de alto riesgo por

54 La Resolución suprime los códigos 345 (Afectación por causas ambientales) y el 823 (Cancelación afectación por causas ambientales) (Art. 2°), sustituyéndolos por nuevos códigos. Para los Distritos de Manejo Integrado, se creó el código 0365 (ver Art. 4°) que autoriza el "uso sostenible, preservación restauración, conocimiento y disfrute[, así como] actividades económicas, investigativas, educativas y recreativas". También se determinó que estos predios no tienen limitaciones de disposición (pueden ser transados) y su uso queda supeditado a la zonificación que establezca la autoridad ambiental que declare el área – ya sean las CAR o el Ministerio de Ambiente (Ibíd.)59

55 De igual forma, piden que la CAR "expida un oficio dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Mesa, en el que se aclare la afectación de predios por categorías ambientales", enfatizando en que no hay restricciones para la libre disposición de los predios (Ibíd.)49



fallas geológicas a fin de evitar catástrofes como las de Manizales, Mocoa, Antioquia o la avalancha ocurrida en 2008 que dejó grandes pérdidas materiales (18/05/2017)43. No obstante, para ser exitosa o contar con posibilidades de materializar sus conclusiones, la discusión en torno a la forma de ordenar el Territorio debe incluir e informar a las comunidades afectadas y vecinas del proyecto; lo que pareciese no estar ocurriendo si se tienen en cuenta los hallazgos hechos durante el seguimiento al caso, o las decisiones inconsultas como aquella adoptada por el Concejo Municipal de El Colegio cuando expidió el Acuerdo 020 de 2014, a través del cual "declara algunos predios del sector alto de el municipio como predios de interés público y faculta al alcalde para gestionar los trámites con el propósito de adquirirlos" (01/01/2014)61. Ese es, quizás, el principal escollo al momento de llevar a cabo el proyecto en cuestión, toda vez que desconoce las formas en que los lugareños han ocupado el espacio, los problemas a los que se enfrentan y –por supuesto– las potencialidades que se derivan de la co-existencia de actores con base en principios de equidad e interlocución efectiva.

A modo de conclusión. La importancia de ordenar el Territorios en torno al agua Llegados a este punto, al que antecedieron discusiones acerca de los desafíos que impone el crecimiento demográfico sobre los recursos provistos por el entorno natural, así como las respuestas formuladas desde la institucionalidad para hacerle frente a los mismos56 – se cierra el análisis con una reflexión sobre la importancia que tiene el ordenamiento territorial, no sólo como escenario de convergencia entre actores con visiones diferenciadas sobre la gestión del Territorio, sino como respuesta de fondo a los desafíos anotados. Ciertamente, la cuestión de fondo del conflicto tiene que ver con deficiencias en la gestión departamental del recurso hídrico y el crecimiento desordenado de ciertos núcleos urbanos, impulsado por ese efecto de vecindad respecto a la ciudad de Bogotá, del que se hizo mención en la introducción del documento. Sentado esto, la construcción de embalses constituiría –apenas– un paliativo detrás del cual se esconden problemas estructurales, los cuales han buscado ser resueltos comprometiendo el principio de equidad; toda vez que la satisfacción de la demanda de agua en lugares con deficiencias en su suministro y con gran dinamismo demográfico, se estaría haciendo y promoviendo en desmedro de otros en los que las comunidades se han auto-organizado para la gestión y provisión del recurso (AUAVIC es un ejemplo de ello). En otras palabras, se estaría poniendo en riesgo el abastecimiento en ciertas zonas para favorecer otras, cuyas autoridades no han gestionado bien los procesos de ordenación del territorio y de administración del agua. Sin embargo, llama la atención la prevalencia que hay –a nivel departamental– de las Asociaciones de Usuarios en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, con el 43%, seguidas de Empresas de Servicios Públicos (18%), Oficinas de Servicios Públicos (16%), Administración Pública Cooperativa (14%), Secretarías de Servicios Públicos (4%), Unidades de Servicios Públicos (4%) y las Direcciones de

56 Para el caso del agua en Cundinamarca, extrapolable a otros en el país, se ha priorizado la construcción de acueductos regionales abastecidos con la venta de agua en bloque o los embalses – tal y como se duscutió en la 1ª sección del análisis



Servicios Públicos (1%). Para el caso de El Colegio, uno de los municipios en que se construiría el Embalse Calandaima, esta proporción aumenta – pues el 80% del servicio es prestado por Asociaciones de Usuarios, seguido de la Administración Pública Cooperativa con un 15% y las Empresas de Servicios Públicos con el 5% (EPC S.A., s.f.): lo que podría demostrar auto-gestión del recurso, aunque habría que corroborarlo con mayor investigación al respecto. Entonces, si bien inobjetable, garantizar el abastecimiento de agua debería estar acompañado de otras medidas que atiendan la problemática de contaminación y disposición de aguas servidas en los municipios atravesados por la cuenca del río Bogotá. Esto ha sido reconocido en reiteradas oportunidades, tanto desde la Alcaldía Mayor de Bogotá como desde la Gobernación de Cundinamarca, cuyo titular para el período 2016-2019 ha reconocido la "grave crisis en materia de tratamiento de aguas negras" y la necesidad de instalar y operar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – buscando bajar la carga contaminante en la cuenca alta y media del río Bogotá, así como en otros afluentes estratégicos (23/05/2016)12. Se hace necesario, además, dar continuidad y profundizar la "[adquisición] de predios de interés hídrico y [los programas] de reforestación en la cuenca del río Bogotá" (ver, p.ej., 09/12/201014, 01/09/2016 7, 02/09/201636 & 30/01/201713); por último –no por ello menos importante– ejercer mayor observancia y control sobre la ocupación del Territorio, en particular, los procesos de expedición y actualización de Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial. En efecto, aparte de minimizar escenarios de riesgo al impedir que se ocupen áreas que representen potencial amenaza para las comunidades y los sectores productivos (p.ej. rondas de los ríos y zonas susceptibles ante procesos de remoción en masa)57, ejercer control sobre los procesos de ocupación permite adecuarlos a las capacidades mismas que ofrece el Territorio. Si bien la institucionalidad ha dado pasos en esa dirección, como ocurrió –por ejemplo– con la expedición del Decreto 074 de 2016, por parte del municipio de Anapoima, en el que se "[suspende] temporalmente la expedición de licencias en las modalidades de construcción y urbanismo", mientras persista una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (27/04/2016)58

62, muchos de estos avances no buscan alterar sustancialmente la problemática de fondo59 y –en su lugar– priorizan la puesta en marcha de medidas reactivas e inconsultas. Esto último, ha quedado en evidencia con la aplicación de la figura de Utilidad Pública en proyectos de gestión del

57 Cabe recordar que uno de los argumentos con los que se ha impulsado el proyecto objeto de análisis es, precisamente, la reducción del riesgo atribuido a contingencias climaticas extremas como las inundaciones y avenidas torrenciales en temporada de lluvias. Sin embargo, las afectaciones que éstas han dejado en municipios como Viotá y Apulo obedecerían, más bien, a la ocupación de las rondas hídricas. De otra parte, residentes del lugar desmienten que el caudal del río Calandaima (en especial en su cuenca alta) haya crecido significativamente en invierno (11/07/2017)58 58 En el marco del Proceso N° A.P. 2001-00479 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Magistrada Nelly Villamizar (Sección 4, Subsección B) ordenó, "al Señor Alcalde del Municipio de Anapoima, suspender la concesión de licencias de urbanismo y construcción”. La decisión estaría relacionada con los problemas de abastecimiento hídrico, por los que atraviesa este municipio de la Provincia del Tequendama (23/02/2016)62

59 Para el caso citado, el Decreto 074 "aplica únicamente a los proyectos nuevos y que hayan sido radicados con posterioridad a la fecha de expedición del mismo", con el fin de respetar los derechos adquiridos de quienes pretenden desarrollar sus proyectos y lo hicieron con anterioridad a dicha medida" (27/04/2016)62



agua como el de la construcción del Embalse Calandaima: proyecto en el que ha habido obstaculos para que los voceros de las comunidades se constituyan en terceros intervinientes durante el proceso de licenciamiento y en el que, además, confluyen una serie de riesgos tanto para el erario (sobrecostos y posible detrimento patrimonial) como para la biodiversidad, teniendo en cuenta que el río Calandaima es la subcuenca del río Bogotá con mayor diversidad biológica (31/01/2017)63. En últimas, el quid del asunto subyace en la falsa dicotomía entre el agua como recurso y el agua como servicio público. Por un lado, destacan directrices de Política Pública como la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010), en las que se le asume como bien de uso público y como factor de desarrollo dado su carácter estratégico que debe conducir a la integralidad y "armonización de los procesos locales y nacionales de planeación"60; mientras, por el otro, se enmarca el agua dentro de las finalidades sociales del Estado, en este caso la prestación de los servicios públicos61 – lo que le confiere atributos como actividad explotable económicamente (ver: Montoya, E. 2016). Esta dualidad en la gestión del agua se traduce en el choque de competencias, dependiendo de cómo se le asuma: si es como recurso, la entidad competente –para el presente caso– será la CAR, mientras que las Empresas de Servicios Públicos actuarán cuando esté involucrada en la prestación de este tipo de servicios. Lo anterior resulta inconveniente a todas luces pues impide tener claridades de las competencias sobre un mismo recurso, al tiempo que fracciona su administración. Para el proyecto Embalse Calandaima se tiene, de una parte, que los diseños contratados solo "contemplan las obras propias del Embalse62 [pues,] para realizar la conducción del [agua] hasta las respectivas plantas de tratamiento y su posterior distribución a la comunidad, llámese cascos urbanos o acueductos veredales, se deben realizar [otros] proyectos": en otras palabras, el proyecto no aborda nada relacionado con la comercialización del agua y la posibilidad de otros aprovechamientos (p.ej. hidroeléctricos), pues su objeto es el de la regulación hídrica, por lo “que el término de comercialización no aplica al caso” (05/05/2016)24. Este fraccionamiento en la gestión actúa como disparador de conflictos como el acá analizado, pues desconecta la provisión de agua a los núcleos poblacionales que la demanden, respecto de las condiciones en que ésta es gestionada en los lugares de los que se obtendría el recurso para abastecer los antedichos requerimientos y que coinciden, en gran parte, con núcleos donde se concentran los mayores emprendimientos inmobiliarios y productivos. De allí la necesidad de posicionar debates sobre la integralidad que debería atravesar la gestión del agua, así como la corresponsabilidad de los distintos actores que hacen uso de ella, con miras a trazar líneas comunes de actuación que permitan garantizar su permanencia en el tiempo y materializar los postulados que orientan la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico – antes anotada.

60 Para lo cual se toma la cuenca hidrográfica como referente en "la planificación y gestión descentralizada del patrimonio hídrico", en las que debería primar "el enfoque participativo y multisectorial [que propenda] por una gestión transparente y que promueva la equidad social" (Montoya, E. 2016) 61 Ver Capítulo V de la Constitución Política de Colombia, en particular el Art. 367, así como la Ley 142 de 1994 que desarrolla el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 62 Cabe recordar que el recurso hídrico contenido en los embalses “es administrado mediante un Comité liderado por la CAR, en su calidad de Autoridad Ambiental, en el cual tienen presencia los municipios y entidades beneficiadas" (05/05/2016) 24



Referencias Bibliográficas

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53. Radio Santafe. 2017. Analizan proyecto de Embalse de Calandaima en región del Tequendama (Febrero 09 de 2017). Disponible en: http://www.radiosantafe.com/2017/02/09/analizan-proyecto-de-embalse-de-calandaima-en-region-del-tequendema/ Fecha de acceso: 30 de marzo de 2017

54. Noticentro Colombia – Portal de Noticias de Cundinamarca. 2017. Cundinamarca invertirá $60.000

millones en el proyecto Embalse del Calandaima (Febrero 10 de 2017). Disponible en: http://www.noticentrocolombia.com/2017/02/10/cundinamarca-invertira-60-000-millones-en-el-proyecto-embalse-del-calandaima/ Fecha de acceso: 29 de julio de 2017

55. Grupo de Afectados (Calandaima). 2017. Derecho de petición – Intervención estatal referente al proyecto embalse río Calandaima (Febrero 07 de 2017). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/2069 Fecha de ingreso al Sistema: 04 de agosto de 2017

56. EL HABLADOR. 2010. Alto Magdalena en emergencia por lluvias (Diciembre 16 de 2010). Disponible en: http://elhablador.net/alto-magdalena-en-emergencia-por-lluvias/ Fecha de acceso: 29 de julio de 2017

57. Grupo de Afectados (Calandaima). 2017. Recorridos en el área de influencia y temores por obras (Julio 09 de 2017). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/2047 Fecha de ingreso al sistema: 30 de julio de 2017

58. Grupo de Afectados (Calandaima). 2017. Afectaciones por fallas geológicas en la vereda Java – Viotá (Julio 11 de 2017). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/1984 Fecha de ingreso al sistema: 30 de julio de 2017

59. CAR. 2014. Acuerdo 015 de 2014 ‘Por el cual se ordena la actualización de las anotaciones registrales de las áreas protegidas y oitras figuras de protección ambiental, declaradas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamara - CAR’ (Julio 30 de 2014). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/view/2074 Fecha de ingreso al sistema: 14 de agosto de 2017

60. CAR. 2016. Respuesta a Derecho de Petición – Radicado 20161122466 (Julio 28 de 2016). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/2059 Fecha de ingreso al sistema: 02 de agosto de 2017

61. En: CAR. 2016. Respuesta a Derecho de Petición – Radicado 20162128866 (Julio 27 de 2016). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/actions/view/2058 Fecha de ingreso al sistema: 02 de agosto de 2017

62. Alcaldía Municipal de Anapoima. 2016. Decreto 074 de 2016 ‘Por el cual se suspende temporalmente las licencias de urbanización y construcción, además, se dictan otras disposiciones’ (Abril 27 de





http://periodismopublico.com/Mesitas-firme-en-la-construccion-de-embalse-de-Calandaima

http://periodismopublico.com/Mesitas-firme-en-la-construccion-de-embalse-de-Calandaima

http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cundinamarca-cun/81-cundinamarca/13097-en-el-colegio-y-viota-socializaran-los-avances-del-embalse-de-calandaima

http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cundinamarca-cun/81-cundinamarca/13097-en-el-colegio-y-viota-socializaran-los-avances-del-embalse-de-calandaima

http://www.laguiacundinamarca.com/noticia/12925/embalse-del-calandaima-un-compromiso-con-la-comunidad-el-colegio

http://www.laguiacundinamarca.com/noticia/12925/embalse-del-calandaima-un-compromiso-con-la-comunidad-el-colegio

http://www.radiosantafe.com/2017/02/09/analizan-proyecto-de-embalse-de-calandaima-en-region-del-tequendema/

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http://www.noticentrocolombia.com/2017/02/10/cundinamarca-invertira-60-000-millones-en-el-proyecto-embalse-del-calandaima/

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2016). Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/view/1980 Fecha de ingreso al sistema: 29 de julio de 2017

63. Uribe M., A. 2017. Audiencia Pública: Utilidad Pública. Representante embalse del rio Calandaima (Enero 31 de 2017). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FD2jyPSUvaY Fecha de acceso: 29 de julio de 2017

Esta obra INFRAESTRUCTURA EMBALSE CALANDAIMA – CAR-EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA – CUNDINAMARCA. Análisis Dinámica Actores & Acciones cuyo autor es el Observatorio de Conflictos Ambientales (IDEA-UN, Bogotá)

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