Cobertura bajo fuego Violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y

CDMX

Ciudad de México a 26 de junio de 2016.- En el marco de las recientes

protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

(CNTE), así como de colectivos y personas solidarios con el magisterio,

ARTICLE 19 documentó 16 ataques contra la prensa en el estado de Oaxaca y

la Ciudad de México entre el 17 y el 21 de junio. Destaca el asesinato de un

periodista y cuatro tentativas de homicidio. Además, 10 agresiones se

dirigieron contra fotoperiodistas. Los principales agresores fueron elementos de

seguridad pública, señalados como responsables en 11 casos.

En respuesta a la movilización magisterial que rechaza la reforma laboral en el

ámbito educativo, impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,

las fuerzas de seguridad federal y estatales iniciaron una escalada represiva en

los poblados oaxaqueños de Ixtepec, Hacienda Blanca, Juchitán y Nochixtlán, y

que se extendió a la Ciudad de México.

Esta reacción de las autoridades se produce en un contexto de creciente

bloqueo de cualquier posibilidad de diálogo por parte del poder político, de

restricción del derecho a la libre expresión de disenso, y de criminalización de

los actores implicados en el cambio social. Junto a ello, se registra una mayor

limitación de las posibilidades de documentación e información sobre la

protesta, una casi absoluta impunidad ante los hechos de violencia contra

comunicadores, y un nulo reconocimiento estatal de la contribución del

periodismo a la vigencia de la democracia y los derechos humanos.

Tales acciones y omisiones del Estado mexicano se han materializado en los

últimos días en serios abusos de autoridad por parte de los elementos

policiales, un uso indiscriminado de la fuerza pública contra maestros,

periodistas y sociedad civil, así como en la creación de un clima de violencia

favorable a la comisión de agresiones muy graves contra quienes pretendían

informar de las manifestaciones del movimiento magisterial. Las consecuencias

ya conocidas a nivel internacional y nacional son 10 personas muertas (8 en

Nochixtlán y 2 en Juchitán) y 108 lesionadas, de acuerdo con cifras oficiales.

Policías disparan balas de goma contra prensa en Ixtepec

A Pedro Rasgado, camarógrafo de la Agencia EFE; Jacciel Morales,

fotoperiodista de Reforma e Istmopress; Rusvel Rasgado, fotoperiodista de

Quadratín; y Martín Vargas, fotoperiodista de Noticias Oaxaca, elementos de la

Policía Federal, les apuntaron y dispararon balas de goma (sin que recibieran

el impacto) y rociaron gas lacrimógeno, en el municipio de Ixtepec, Oaxaca, el

viernes 17 de junio.

De acuerdo con sus testimonios, llegaron a cubrir el bloqueo de manifestantes

a la carretera de Ixtepec a alrededor de las 18:00 horas. Ahí se encontraron

con presencia de la Policía Federal y Estatal.

Rasgado comentó que los periodistas arribaron cuando manifestantes y policía

dialogaban para retirarse de la carretera. “Los manifestantes iban saliendo del

bloqueo. Todo parecía tranquilo hasta que los policías empezaron a burlarse de

ellos, les gritaban: ‘¡Lárguense de aquí!’ Eso lo estábamos grabando nosotros y

precisamente nos alejamos de los manifestantes para diferenciarnos y (la

policía) supiera que éramos prensa”, dijo el camarógrafo en entrevista con

ARTICLE 19.

Los manifestantes lanzaron piedras en respuesta a los gritos de los policías,

fue cuando los elementos dispararon balas de goma y latas de gas

lacrimógeno. “Veíamos la actitud de los policías y no era profesional, no era

para llamar a la calma, era una provocación para los maestros”, describió

Vargas.

Los periodistas estaban a lado de la carretera, aproximadamente a diez metros

de donde se encontraban los policías. A pesar de identificarse como prensa,

les dispararon balas de goma y gas lacrimógeno.

“Empezaron a disparar y mi hermano (el camarógrafo Rusvel Rasgado) se

quedó como unos 10 o 15 metros detrás de mí, yo me agaché para poder

grabar y nos tiraban balas de goma. A mi hermano casi le dan. Se tiró al suelo.

Yo gritaba ‘¡Somos prensa! ¡Somos prensa!’, pero nos tiraban para pegarnos

en el cuerpo. Uno de ellos me gritó ‘¡Párate! ¡Párate!’, mientras me apuntaba

directamente”, relató Pedro Rasgado a esta organización. “Yo sentí miedo

porque no sabía que eran balas de goma, pensé que eran armas de fuego. Los

manifestantes se alejaron rápidamente, nos quedamos solos y aun así nos

seguían disparando”.

“Ellos sabían que éramos prensa y a pesar de eso nos estaban apuntando”,

relató Vargas. Al fotoperiodista de Noticias Oaxaca no le dispararon

directamente, aunque sí fue apuntado con una de las armas.

El uso de armas no letales o incapacitantes por parte de la policía para el

control de multitudes, en contextos de protestas sociales, puede derivar en

efectos letales contra las personas. Por ello, ARTICLE 19 considera que en los

casos anteriores se incurrió en 3 tentativas de homicidio.

Federales agreden a prensa por documentar actuación policiaca

El 19 de junio, Hugo Alberto Velasco, fotoperiodista del Diario Encuentro y

Despertar en Oaxaca; y Jorge Luis Plata, fotoperiodista de Reforma, Reuters,

Periódico Imparcial y A Diario, fueron amenazados e intimidados por la Policía

Federal con el objetivo de impedir que documentaran el enfrentamiento

suscitado en Nochixtlán.

Velasco también fue despojado de su teléfono celular, mientras que Plata fue

agredido físicamente mientras se cubría en el suelo de los disparos.

Los fotoperiodistas acudieron a cubrir los enfrentamientos entre las 8:00 y 9:00

horas del domingo, con ellos se encontraban otros tres comunicadores. Las

agresiones se registraron entre las 10:30 y 11:00 horas.

Velasco documentaba la detención de unas personas en un panteón, cuando

entre 6 y 8 elementos lo privaron de la libertad e intentaron arrebatarle su

cámara. Finalmente le quitaron su teléfono y lo liberaron. “Los elementos de la

Policía Federal me rodearon, mientras otros golpeaban a un poblador. Yo en

ese momento los fotografíe pero me tiraron el celular”, relató a ARTICLE 19.

Por su parte, federales golpearon a Plata cuando se enfrentaban manifestantes

y policías. “Como 8 federales me comienzan a patear y me quisieron quitar las

cámaras. Es claro que ellos no querían que eso se supiera”, dijo. El

fotoperiodista estaba en el suelo para protegerse de los disparos, al mismo

tiempo fotografiaba los hechos.

“Cuando uno quiere registrar los abusos de la policía, siempre hay alguien que

está cuidando que nadie grabe. Por eso, además de estar documentando

tenemos que estarnos cuidando”, agregó.

El mismo día, en Hacienda Blanca, Citlalli Granados Cid, fotoperiodista

independiente, registraba la detención de una maestra cuando fue agredida por

policías, aproximadamente a las 13:00 horas.

Tres elementos le exigieron de forma reiterada que dejara de documentar los

hechos y que se “largara de ahí”. “Llegó otro federal y me tiró el celular,

entonces me agaché rápidamente por él porque seguía grabando e intenté

acercarme a la detenida, los policías gritaron que me agarraran y que no me

dejaran seguir grabando”, declaró la periodista.

“Otro policía se acercó y me dijo que me daba permiso de tomar foto de todo

excepto la detención, pero yo dejé claro que mi labor es informar y continué”.

Cuando los federales se llevaron a la maestra de nuevo se acercó para tomar

una fotografía y la amenazaron. “Me gritaron ‘Vieja chismosa, ya lárgate’, ‘Te

vamos a agarrar y te va a ir mal”, “Te vamos a quemar”, entre otras cosas, y

me pusieron los escudos en la cara”.

En el municipio de Juchitán, Elidio Ramos Zárate, reportero del diario El Sur, un

fotoperiodista –cuya identidad se reserva por seguridad–, y una persona

identificada como Raúl Cano, fueron atacados con armas de fuego por sujetos

desconocidos, quienes viajaban en una motocicleta. Ramos y Cano fallecieron,

mientras que el fotoperiodista fue herido.

Los hechos se registraron a las 16:00 horas, cuando el reportero de fuente

policiaca, también conocido por sus pseudónimos “Móvil Negro” y “Parie”,

después de documentar el robo de una tienda Oxxo en una ubicación conocida

como el crucero de Juchitán.

Ese día, Ramos cubrió el incendio de autobuses de la línea Sur por supuestos

miembros de la CNTE.

José Ignacio Santiago Martínez, corresponsal de El Imparcial de Oaxaca y

colega de Ramos en el diario El Sur, dijo a ARTICLE 19 que él trabajó en la

misma zona en la que se encontraba el reportero. José Ignacio supo que

después de cubrir el incidente de la tienda, Ramos se tomó una foto con los

policías municipales y después se fue al crucero de la ciudad en donde

trabajaba, en su tiempo libre, en un negocio de autos usados.

Luciano Pacheco, director del diario El Sur, comentó que Ramos “tenía diez

años de reportero en el periódico. Era reportero de policiaca y cuando había

disturbios él era comisionado en ese tipo de coberturas. Él tenía cubriendo el

conflicto magisterial desde que salió”. También agregó que “él no me había

notificado alguna amenaza en lo personal aunque sé que hay amenazas a

compañeros de los medios”.

A las 18:00 horas, el corresponsal de La Jornada y Cuartoscuro en Oaxaca,

Jorge Arturo Pérez fue víctima de intimidación por parte de elementos de la

Policía Federal en Hacienda Blanca.

El periodista documentaba la detención de una mujer en la carretera federal

190 Oaxaca-México. Los federales, quienes jalaban el cabello de la detenida, le

dijeron que no grabara hasta que llegaran mujeres policías. Al intentar registrar

con su equipo el abuso de los uniformados, lo rodearon, lo empujaron con sus

escudos, e insistieron en que no documentara. Cuando bajó su cámara le

gritaron que se fuera.

Aproximadamente a la misma hora, Said Hernández, director del periódico

Tucán, fue intimidado en la autopista Oaxaca-México, a la altura de Hacienda

Blanca, por Policía Federal mientras transmitía en vivo el operativo

implementado por el cuerpo policiaco.

“En el momento en que las fuerzas federales iniciaron las primeras detenciones

en Hacienda Blanca documentábamos el exceso (de fuerza) con el que

detenían a las personas y eso fue la causa de que algunos integrantes de la

Policía Federal nos intentaron quitar nuestro equipo fotográfico y celulares”,

contó Said. “Gritaban ‘Deja de grabar hijo de tu chingada madre, porque estas

cosas no se deben grabar’”.

Varios periodistas intervinieron para defender al periodista, gracias a ellos los

policías no pudieron quitarle su equipo de trabajo.

Aproximadamente a las 23:30 horas, la periodista Janeth Martínez, del medio

Libertad Oaxaca, fue despojada de su teléfono celular cuando documentaba

saqueos a tiendas en Hacienda Blanca, por parte de personas con el rostro

cubierto, antes de la llegada de la Policía Federal.

Los jóvenes que robaban el Oxxo interceptaron a Martínez, quienes le quitaron

su teléfono para eliminar cualquier foto o video sobre el saqueo. Sin embargo,

no encontraron registro alguno y se llevaron el dispositivo. De acuerdo con la

periodista, no puede identificarse que los agresores formen parte de la CNTE.

Detenciones arbitrarias durante protestas en la Ciudad de México

Aproximadamente a las 12:00 horas del 20 de junio, el fotoperiodista de

Subversiones, Rafael Camacho, fue detenido arbitrariamente y golpeado por

policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

(SSPCDMX), cuando documentaba una protesta en la representación de

Oaxaca en la capital mexicana.

Camacho tomaba registro del despliegue de elementos de tránsito de la

SSPCDMX. Momentos, él y varios manifestantes se retiraron tras instrucción

de los elementos. Mientras caminaban sobre Circuito Interior vieron a policías

correr hacia ellos.

Cuando intentó evitar que detuvieran a una manifestante, varios policías lo

sometieron: uno lo tomó por el cuello, otro por el brazo, y un tercero lo golpeó

en el estómago. Camacho identificó a uno por su placa como Valdez A., quien

le lastimó el brazo y le dijo de manera agresiva “¿Quieres que te rompa el

brazo?”.

De acuerdo con Camacho, ya había visto participar a este elemento en

operativos de protestas anteriores. Después de que el reportero se identificara

como prensa, Valdez A. le respondió: “Pues sí eres fotógrafo, pero siempre

andas con los encapuchados”.

A Camacho le quitaron su cámara y pidió a los policías que se la dieran de

vuelta, ya que es su principal instrumento de trabajo. Después de devolverla,

los uniformados lo ingresaron a una patrulla junto con dos personas y lo

llevaron al juzgado cívico Miguel Hidalgo 3.

En las instalaciones del juzgado cívico, lo formaron junto con otros nueve

detenidos y un policía les dijo: “Acá no queremos más pedos y vamos a decir

que los detuvimos tronando cohetes y no digan nada”.

El periodista y los otros detenidos fueron liberados alrededor de las 17:00

horas, sin que les dejaran claro bajo qué motivos los detuvieron.

En mismo hecho, policías agredieron sexualmente a mujeres por medio de

tocamientos y golpes, además de amenazarlas de violación y desaparición.

Esto mientras eran detenidas ilegalmente, en lo que comúnmente se conoce

como un “encapsulamiento”. Entre ellas se encontraba la fotoperiodista

independiente Itandehui, a quien le quitaron y destrozaron su cámara.

ARTICLE 19 reconoce que la violencia, por parte de los elementos del estado,

que reciben las mujeres periodistas y manifestantes en el marco de las

protestas y conflictos sociales es diferenciada y atenta directamente contra su

dignidad e integridad. El tocamiento al ser una forma de violencia sexual

genera a su vez violencia psicológica y física.

Durante la detención arbitraria de manifestantes, hombres también fueron

agredidos físicamente.

Retienen a comunicadores durante cobertura

El 21 de junio, el camarógrafo Fernando Albarrán y el editor Pedro Enrique

Cortés, de TV Azteca, fueron privados de la libertad por pobladores de

Nochixtlán, mientras cubrían los bloqueos en el municipio.

Esto sucedió alrededor de las 15:00 horas cuando habitantes los retuvieron y

no les permitieron seguir continuar con su trabajo. Los pobladores exigieron

que la televisora les diera 15 minutos para narrar su versión de los hechos a

cambio de que los comunicadores fueran liberados, petición que la empresa

rechazó.

Ambos comunicadores fueron puestos en libertad en la noche y posteriormente

acompañados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(CNDH) a la capital del estado.

Con la retención de Albarrán y Cortés, y la detención arbitraria de Rafael

Camacho, ARTICLE 19 registró 3 privaciones de la libertad en contexto de las

protestas magisteriales: 2 en Oaxaca y 1 en la Ciudad de México.

Estándares sobre uso de la fuerza pública

El uso de la fuerza pública es un tema que debe ser analizado y regulado con

especial cuidado, pues si bien existen parámetros internacionales en esta

materia, también debe quedar claro que en ésta se encuentran inmersos

derechos fundamentales como son la vida, integridad, seguridad y libertad

personales, por lo que una deficiente regulación o mala aplicación pondría en

severo riesgo la garantía de estos derechos.

Es importante recordar que conforme al artículo 1° de la Constitución Federal,

todas las autoridades están obligadas a prevenir, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos. Por tanto, la facultad del Estado de hacer

uso de la fuerza, siempre debe encontrarse limitada por la estricta observancia

de los derechos y su pleno ejercicio, minimizando cualquier riesgo en el que

pudieran colocarse tales derechos y realizando un escrutinio cuidadoso

apegado estrictamente a los estándares internacionales.

En este sentido, el uso de la fuerza debe partir de los siguientes principios: a)

legitimidad, b) necesidad y c) proporcionalidad. Estos representan un piso

mínimo a observar como punto de partida, ya que el tema de la fuerza pública,

su regulación y aplicación, engloba otros aspectos sumamente importantes, los

cuales también se abordarán más adelante.

La legitimidad se refiere a las facultades establecidas para regular la actuación

de aquellos funcionarios o agentes encargados de la seguridad, mismas que

deben adecuarse a los parámetros de la materia, como ya se refirió.

La necesidad consiste en la aplicación de los medios menos lesivos y pacíficos

que tutelen la integridad y seguridad de las personas, usando la fuerza

estrictamente necesaria, siempre salvaguardando el ejercicio de derechos

humanos. Una cuestión fundamental es el uso gradual de la fuerza, que se

abordará más adelante.

La proporcionalidad implica la moderación en el actuar de los funcionarios,

teniendo siempre como objetivo evitar cualquier lesión o daño; e implica

analizar determinados factores como la conducta de las personas, su

resistencia, así como la intensidad o gravedad en las mismas. Debe existir un

uso diferenciado de la fuerza, reiterando el respeto y protección absolutos de

los derechos humanos.

Estos principios deben observarse de manera correlacionada e

interdependiente, no excluyente entre ellos. En la medida en que se inobserve

uno, se estarán desatendiendo los otros, poniendo en riesgo los derechos de

las personas.

Además de lo anterior, en el uso de la fuerza están inmersas otras cuestiones

que son relevantes para entender esta temática de una manera cabal, siendo

las siguientes: a) capacitación y evaluación, b) profesionalización, c) uso

gradual de la fuerza, d) excepcionalidad, e) armas incapacitantes con efectos

letales, f) regulación, y g) responsabilidades por cadena de mando.

Posteriormente se analizarán las particularidades del uso de la fuerza en

contexto de manifestaciones y cobertura periodística.

De entrada, la capacitación y evaluación de los agentes de seguridad es

indispensable. Al respecto, la disposición 18 de los Principios para el uso de la

fuerza de la ONU establecen que es responsabilidad de los Estados “que todos

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados

mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y

físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban

capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio

de esas funciones serán objeto de examen periódico”.

Todo agente que se encargue de seguridad pública debe recibir una

capacitación previa e inicial en uso de la fuerza, atendiendo los estándares

señalados, así como en uso de armamento. Esta parte es una medida

preventiva esencial, la cual no se reduce a capacitación física, sino también

psicológica, en cuanto a evaluación, atención y reacción frente a situaciones

difíciles, debiendo ser una política institucional imprescindible.

Siempre está latente la posibilidad de un exceso en las atribuciones de dichos

funcionarios, detonando en la violación de derechos, por lo que la existencia de

controles institucionales es importante para evitar ese riesgo. En este sentido,

la capacitación y evaluación también debe ser constante, no sólo inicial,

teniendo como objetivo la profesionalización de los elementos de seguridad.

Además, debe documentarse y registrarse por escrito con el objeto de llevar un

control y registro puntual de los procesos de capacitación y evaluación.

Lo anterior resulta fundamental como una medida preventiva con la finalidad de

evitar daños a la integridad de las personas, que incluso puedan ser

irreversibles, ante un uso excesivo de la fuerza pública por parte de los agentes

de seguridad, y cuenten con una mejor capacidad de evaluar y reaccionar ante

escenarios difíciles. De lo contrario, la falta o deficiente capacitación se

traducirá en un elemento facilitador de violaciones a derechos humanos. Bajo

ningún motivo, el uso de la fuerza debe conducir al abuso de autoridad, tortura,

tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Otro punto importante a tomar en cuenta es el uso gradual de la fuerza. Es

decir, siempre deben emplearse medios pacíficos como primer contacto, esto

es, la disuasión y persuasión son elementos que de entrada deben realizarse, a

través de la mera presencia física o, en su caso, instrucciones verbales. Lo

importante es emplear como primer recurso este nivel de concertación, a efecto

de dar cauce pacífico a la situación correspondiente. Conforme a los

estándares internacionales, dicha gradualidad puede avanzar conforme al nivel

de resistencia presentado, o por el contrario, disminuir.

Tanto la capacitación como dicha gradualidad se encuentran relacionados. En

la disposición 20 de los Principios sobre uso de la fuerza de la ONU se

establece que “(e)n la capacitación de los funcionarios encargados de hacer

cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán

especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos,

especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir

el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de

los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de

persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con

miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego...”.

Sin embargo, todo uso de la fuerza que represente algún riesgo a la vida e

integridad de las personas, como la utilización de armas incapacitantes o

letales, debe llevarse a cabo de manera totalmente excepcional. Entender que

el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, y de ahí la importancia

de agotar los medios que no resulten lesivos a las personas. Aquí es

importante aclarar que el uso de armas como latas de gas, balas de goma,

toletes, etc, aunque se clasifiquen como no letales o incapacitantes, su mala

utilización puede derivar en letalidad, por ejemplo, disparar balas de goma a

corta distancia. Es decir, se trata de armas incapacitantes con efectos letales.

La regulación del uso de la fuerza pública por parte de los Estados constituye

otro aspecto que merece analizarse. Estos tienen la obligación de adoptar sus

disposiciones internas conforme a los estándares internacionales y buscando la

mayor protección a las personas. Finalmente, el tema de las responsabilidades

frente a un uso excesivo de la fuerza y la consecuente violación de derechos

humanos debe analizarse conforme a la teoría de responsabilidad por cadena

de mando, a partir de la cual debe hacerse también responsable, no sólo a los

agentes de seguridad que directamente hayan excedido en la fuerza y

perpetrado violaciones a derechos humanos, pues también se encuentra la

responsabilidad de los superiores jerárquicos por la falta o deficiente

planeación, así como la omisión de control y supervisión de sus subordinados.

Es importante que las corporaciones policiacas sean supervisadas por

organismos externos e independientes.

Uso de la fuerza en contexto de manifestaciones públicas

Una especie dentro del género en el uso de la fuerza pública, es aquella que se

presenta en el desarrollo de manifestaciones públicas, la cual debe abordarse

atendiendo sus particularidades.

De entrada, una deficiencia en la regulación del uso de la fuerza, para la que se

emplearon términos ambiguos como “orden público” o “paz social” como

objetivos justificantes en el uso de la fuerza, abren la posibilidad de

interpretaciones y actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades, debido a

la amplitud y poca claridad en los mismos. Además, el orden público no debe

entenderse como un término apartado o contrapuesto a los derechos humanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido

clara en referir que “es frecuente que las autoridades subordinen el ejercicio del

derecho a la protesta social al presunto mantenimiento de intereses colectivos

como el orden público y la paz social, basándose en la vaguedad o

ambigüedad de estos términos para justificar decisiones restrictivas de los

derechos. La noción de orden público y paz social que se impone parece

preocupada únicamente en garantizar el orden como una expresión del poder

del Estado y privilegiar los derechos e intereses de quienes se puedan ver

afectados circunstancialmente por las protestas.”1

Asimismo, la CIDH reconoció que “las manifestaciones y protestas sociales son

regularmente afectadas por el despliegue excesivo y desproporcionado de la

fuerza por parte de la policía u otros cuerpos estatales, lo que ha provocado

lesiones y hasta la muerte de manifestantes, en inobservancia de los principios

fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.2

Respecto al trabajo de periodistas en manifestaciones, expresó que existen

“prácticas destinadas a obstaculizar el acompañamiento de las manifestaciones

públicas por parte de periodistas y comunicadores sociales, que incluyen

regularmente la represión física a estos profesionales, el establecimiento de la

necesidad de registro previo, así como la práctica de las fuerzas de seguridad

de establecer un cordón policial que impide su acercamiento a los hechos que

se cubren”.3

En la Declaración Conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores

en el marco de manifestaciones sociales, de la Relatoría Especial de las

Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, y la

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, fueron claras al

señalar que “en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta

conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de

información a través de medios alternativos como las redes sociales, es

1

Informeanual2015.CIDH.CapítuloIV.A,UsodelaFuerza.Párr.59,pág.556. 2

Ídem,párr.61,pág.557

3

Ídem,párr.62,pág.558

fundamental para mantener informada a la población sobre los

acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la

actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones,

previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”

Por ello, reconocieron que el Estado “debe otorgarles el máximo grado de

garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar

medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la

obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del

ejercicio de la profesión en esas situaciones”.

Por tanto, el Estado se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar los

derechos a la libertad de expresión y reunión, así como el ejercicio periodístico

en contexto manifestaciones sociales, garantizando el libre flujo de información

y protegiendo la doble dimensión de la libertad de expresión: individual, en

cuanto a la búsqueda, recepción y difusión de información; y social, en cuanto

al derecho de la sociedad a recibir información.

Conclusiones

Con base en los hechos anteriormente narrados y a la luz de los estándares

internacionales en materia de uso de la fuerza, lo ocurrido del 17 al 21 de junio

en Oaxaca y la Ciudad de México, puede catalogarse como un uso

indiscriminado, arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de

elementos de Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Publica de la

Ciudad de México.

Tal uso de la fuerza causó consecuencias funestas entre manifestantes y

periodistas. En lo que concierne a los últimos, como se desprende de los

hechos aquí documentados, el Estado faltó a su deber de prevenir, garantizar,

proteger y respetar los derechos humanos de los periodistas que se

encontraban cubriendo las manifestaciones. Ello conforma un patrón que se ha

recrudecido en los últimos 3 años, en el cual los periodistas carecen de las

mínimas garantías para realizar su labor en el marco de protestas sociales.

En este contexto, resulta particularmente grave que la mayoría de los

perpetradores de agresiones directas contra la prensa sean elementos

policiacos. No menos lamentable resulta que las agresiones contra periodistas

realizadas por particulares, no fueran debidamente prevenidas, sumándose al

clima de hostilidad contra la prensa.

Por lo tanto, en el contexto de las protestas sociales del magisterio, personas y

movimientos sociales solidarios, las autoridades policiales deben garantizar el

libre ejercicio de derechos humanos; y en casos verdaderamente

excepcionales, cumplir con todos los principios de principios de legitimidad,

necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. En este supuesto, bajo

ninguna circunstancia deberán restringir el libre ejercicio periodístico en la

cobertura de manifestaciones.

Recomendaciones al Estado

A los gobiernos federal, Oaxaca y de la Ciudad de México:

1. Garantizar, proteger y respetar el pleno ejercicio del derecho a la libertad

de expresión y la labor periodística bajo condiciones de seguridad en

contexto de manifestaciones públicas

2. Reconocer públicamente la importancia del ejercicio de la libertad de

expresión así como del periodismo en una sociedad democrática

3. Garantizar la seguridad de las y los periodistas agredidos y de aquellos

que aportaron material fotográfico y videográfico que documentó las

graves violaciones a derechos humanos cometidas contra la población y

manifestantes durante las protestas

A la Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Seguridad Pública de

Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México:

1. Capacitar y evaluar de manera integral a los elementos tanto de la

Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca de la Ciudad de México y de

la Policía Federal, en el uso de la fuerza pública, conforme a los

principios y estándares internacionales, privilegiando en todo momento

los medios pacíficos para la solución de los conflictos y el pleno respeto

y protección de derechos humanos.

2. Sancionar administrativamente a los elementos policiacos implicados en

las agresiones contra la prensa.

A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía Especial para la

Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión:

1. Esclarecer los hechos ocurridos el domingo 19 de junio, en los cuales el

periodista Elidio Ramos Zárate fue asesinado, y sancionar a los

responsables.

2. También en el resto de las agresiones contra periodistas, y con la debida

diligencia, llevar a cabo las investigaciones correspondientes conforme a

sus obligaciones constitucionales y legales, debiendo actuar con

imparcialidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia y exhaustividad, a

fin de sancionar a todos los responsables, tanto de Policía Federal,

Policía Estatal de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública de la

Ciudad de México, como los particulares implicados.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

1. Lleve a cabo una investigación con motivo de violaciones graves a

derechos humanos, particularmente determine la responsabilidad del

Estado por uso excesivo de la fuerza e investigué violaciones a la

libertad de expresión y ejercicio periodístico, tomando en cuenta la

Recomendación General 24 de la misma Comisión.

Nota para prensa

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