INFORME SOBRE EXTRACTIVISMO EN VENEZUELA

Laboratoriode Paz

Tecnologia e investigacinpor cultura de paz

INFORME SOBRE EXTRACTIVISMO EN VENEZUELA

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Laboratorio de Paz realiza este informe ejecutivo sobre la situacin del extractivismo en Venezuela a ser entregado al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de Reunin y Asociacin Pacficas, Maina Kiai, as como a otras instancias del sistema internacional de proteccin a los derechos humanos, organizaciones regionales y defensores de los derechos indgenas y ambientales.

Para informacin ms detallada, pueden visitar www.laboratoriosdepaz.org o comunicarse con Lexys Rendn, Coordinadora de Laboratorio de Paz, a travs del email lexysrendon@gmail.com.

La industria extractiva en Venezuela

Venezuela es el pas de Amrica Latina con mayores reservas de petrleo y gas. Adems cuenta con otros recursos energticos y minerales como carbn, aluminio, hierro, bauxita, fosfato, cobre, coltn, oro y diamantes. La importancia de la exportacin de estos recursos es vital para la economa del pas. Por ejemplo, para el ao 2015, los ingresos por concepto de venta de petrleo representaran el 16,7% del total del presupuesto nacional1.

Las actividades de exploracin y comercializacin de recursos minerales y energticos son realizadas por el Estado venezolano. En el caso de petrleo y gas coordinados por la compaa Petrleos de Pdvsa (PDVSA), que segn su sitio web es la cuarta empresa a nivel mundial y la primera a nivel latinoamericano2. PDVSA se asocia con otras empresas energticas (por ejemplo Chevron Repsol, ENI) para la explotacin de los dife- rentes yacimientos a travs de una modalidad de negocios denominada empresas mixtas, donde el Estado conserva la mayora accionaria de, por lo menos, el 51%.

Plan de la patria y extractivismo

El programa del gobierno del presidente Nicols Maduro es una continuacin de las lneas estratgicas definidas por su antecesor Hugo Chvez, descritas en el denominado Plan de la Patria 2013-20193. Entre los objetivos del plan se encuentra duplicar la cantidad de petrleo y gas comercializada, hasta llegar para el ao 2019 a los 6 MMBD en el caso del petrleo (artculo 3.1.1.1) y 11.9 MMPCD para el gas (artculo 3.1.1.2).

No obstante, la explotacin de nuevos yacimientos y la conformacin de empresas mixtas se han venido realizando sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Ve- nezuela (CRBV). En primer lugar la no realizacin y difusin de los estudios de impacto ambiental, tal como se encuentra expresado en el artculo 129 de la CRBV: Todas las actividades susceptibles de generar daos a los ecosistemas deben ser previamente acompaadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Un segun-do precepto incumplido es el relativo a la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indgenas, tal como lo expresa el artculo 120 de la CRBV: El aprovechamiento de los recursos naturales en los hbitat indgenas por parte del Estado se har sin lesionar la integridad cultural, social y econmica de los mismos e, igualmente, est sujeto a previa informacin y consulta a las comunidades indgenas respectivas.

1 Presupuesto nacional para 2015 alcanza Bs 741.708 millones http://www.sibci.gob.ve/2014/10/presupuesto-nacional-pa-ra-2015-alcanza-bs-741-708-millones/2 http://www.pdvsa.com/3 http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf

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En opinin de las organizaciones defensoras de los pueblos indgenas otro derecho afectado por la expan-sin de la economa extractivista ha sido la demarcacin y entrega de ttulos colectivos de tierras indge-nas, como lo expresa el artculo 119 de la CRBV. El propio texto constitucional, en su disposicin transitoria decimosegunda, estableci un plazo de 2 aos para la demarcacin de hbitat indgena, sin embargo, 15 aos despus apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indgenas en el pas4. En opinin de la ONG Provea la profundizacin de una economa de tipo extractiva en el pas se realiza sin la atenuacin de los impactos sociales y ambientales que genera5.

Debilitamiento institucional del Ministerio de Ambiente

El pasado 02.09.14 el presidente Nicols Maduro anunci la fusin del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con el Ministerio Popular de Vivienda y Hbitat en un nuevo organismo denominado Ministe-rio del Poder Popular de la Vivienda, el Hbitat y el Ecosocialismo. En opinin de la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) esta decisin ser un retroceso en materia de polticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales es-tablecidos en nuestra Constitucin6. El debilitamiento institucional del rgano encargado de la ejecucin de polticas ambientales en el pas significar menos posibilidades de monitorear y establecer correctivos a las consecuencias negativas del extractivismo en Venezuela.

Desplazamiento de las organizaciones tradicionales indgenas

Segn los resultados del XIV Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, realizado en el ao 2011 la po-blacin indgena de Venezuela la constituyen 724.592 personas, el 2.8% de la poblacin total del pas. Si bien la poblacin indgena se encuentra distribuida a lo largo del pas, 8 son los estados que ms concentran co-munidades originarias: Amazonas, Anzotegui, Apure, Bolvar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia. El 61.2% del total de la poblacin indgena se concentra en el estado Zulia, mientras que es el estado Amazonas el que proporcionalmente posee ms poblacin indgena comparativamente con la poblacin no indgena, un 53.7%. En Venezuela hay un total de 51 pueblos indgenas, siendo los que tienen mayor cantidad de in-tegrantes Wayu/ Guajiro (57,1%), siguindole Warao (6,7%), Karia (4,7%), Pemn (4,1%), Jivi/Guajibo (3,3%), Kumanagoto (2,9%) y A/Paraujano (2,9%). Los Wayu, el pueblo que concentra ms de la mitad de la poblacin indgena de Venezuela, la mayora (97,9%) residen en el estado Zulia.

Segn los resultados del diagnstico sobre el derecho a la asociacin indgena en Venezuela, realizado con trabajo de campo en 4 estados con poblacin indgena, las organizaciones de los pueblos originarios reconocieron los avances legislativos en materia de derechos indgenas como mayor aspecto positivo. En contraparte, las personas coincidieron en el cuestionamiento a la promocin gubernamental de los llamados consejos comunales indgenas como figuras privilegiadas para la interlocucin con el Estado. En su opinin estas asociaciones han desplazado a las organizaciones propias y tradicionales de los pueblos indgenas. Adems, han sido utilizadas para legitimar actividades extractivas en sus territorios7.

Militarismo y extractivismo

Es precisamente el estado Zulia, donde actualmente existen graves problemas de violacin de derechos

4 Provea denuncia estancamiento en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indgenas http://www.derechos.org.ve/2013/10/11/provea-denuncia-estancamiento-en-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/5 Provea denuncia estancamiento en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indgenas http://www.derechos.org.ve/2013/10/11/provea-denuncia-estancamiento-en-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/6 La Red Ara rechaza la eliminacin del ministerio del ambiente en Venezuela http://red-ara-venezuela.blogspot.com/2014/09/la-red-ara-rechaza-la-eliminacion-del.html7 Diagnstico sobre el derecho a la asociacin indgena en Venezuela http://laboratoriosdepaz.org/manual-basico-so-bre-el-derecho-a-la-asociacion-indigena/diagnostico-sobre-el-derecho-a-la-asociacion-indigena-en-venezuela/

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humanos como consecuencia de la militarizacin del territorio. En diciembre del ao 2010 el gobierno anunci la creacin de 10 distritos militares para garantizar la defensa integral de la nacin. El primero de ellos, ubicado en la Guajira venezolana, fue activado para atender la situacin de crisis generada por las intensas lluvias que generaron inundacin de parte del territorio wayu. En esa oportunidad se realiz una consulta con 60 con-sejos comunales indgenas sin participacin de las organizaciones propias y tradicionales, donde se anunci que la presencia militar en el territorio sera para la construccin de infraestructura y la gestin de programas sociales y de desarrollo en beneficio de las comunidades. 4 aos despus las organizaciones indgenas de-nuncian que la presencia de los militares no ha trado los beneficios prometidos a la poblacin y que la verdadera razn de es generar condiciones favorables de desplazamiento de comunidades para la construc-cin de infraestructura portuaria y vial destinada a actividades extractivas. Un lder indgena wayu declar a Laboratorio de Paz: El Estado no est gobernando militarmente por una razn: Parar, que es parte de un puerto de aguas profundas con el que se gastar menos para el transporte y embarque de carbn.

En una comunicacin enviada por el Comit de DDHH de la Guajira al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratgico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: Cuando el presidente de la repblica anunci la creacin del Distrito Militar Guajira n 1 (), cremos que eso signifi-

caba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario consideramos que no habr solucin a corto plazo y seguiremos en crculo viciado, mientras el control de la Guajira est bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, estn encerrado en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo8. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comit de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practica-dos por efectivos militares. Adems, las organizaciones regionales sealaron a Laboratorio de Paz que 760 in-dgenas Wayu estn siendo procesados en tribunales, acusados de contrabandistas.

El carbn y el puerto de aguas profundas en el Zulia

En la Sierra de Perij, en el estado Zulia fronterizo con Colombia, los indgenas Yukpa han resistido al des- plazamiento de sus territorios por los proyectos extractivos carbonferos, mineros y de ganadera. Un mo- vimiento plural, de organizaciones, activistas, indgenas, ambientalistas y aliados, lograron parar las nuevas concesiones otorgadas por el Estado para la explotacin de la zona y la construccin de un puerto de aguas profundas, denominado Simn Bolvar, as como un sistema de entramado vial para el desplazamiento de materia prima. El 03 de marzo de 2013 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero, cono de la lucha contra la explotacin del carbn en la Sierra de Perij. Romero haba sido amenazado en diferentes oportuni-dades, por lo que se le haba solicitado al Estado medidas de proteccin para garantizar su vida e integridad.

La organizacin Homo Et Natura ha denunciado que funcionarios pblicos, incluyendo la gobernacin del estado Zulia y del ministerio de pueblos indgenas, han expresado que el proyecto de explotacin carbonfera se encuentra enmarcado dentro del objetivo III del Plan de la Patria. As, el Plan de Desarrollo Econmico-Pro-ductivo del estado Zulia 2013-2016 pretende elevar la produccin de carbn de 7 millones a 12 millones de to- neladas para el 2016. Adems de extraer 3 millones adicionales para la planta carboelctrica, la meta es llegar a 22 millones. Los planes para la construccin del Puerto Simn Bolvar, la va ferroviaria y el Puente Nigale, a pesar de las objeciones se estn implementando. Esta situacin ha sido constatada por el Laboratorio de Paz en viajes a la zona.

8 El pueblo wayuu DEMANDA revisin del Distrito Militar Guajira http://ecosdelaguajira.blogspot.com/2013/02/normal-0-21-false-false-false-es-trad-x_26.html

Equipo de Laboratorio de Paz y organizaciones wayuu

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Organizaciones ambientalistas han denunciado las consecuencias ambientales y sociales de la construc-cin de este puerto cuya finalidad es rellenar playas en las islas San Bernardo, San Carlos, Pjaro y Zapara para construir, mar adentro, muelles carbonferos y patios petroleros. Alrededor de 20 mil, personas directa e indirectamente, subsisten por la pesca artesanal por lo que quedaran arruinadas y el impacto ambiental de un dragado y el depsito de enormes cantidades de sedimentos y metales en el fondo del Golfo, seria de proporciones considerables y desconocidas ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental.

Contaminacin por gas

Una visita realizada por la ONG Provea9 corrobor las denuncias de las comunidades indgenas karia de Tascabaa, estado Anzotegui, sobre contaminacin de gas metano producto de actividades petroleras en su territorio. Desde el ao 2000 los indgenas comenzaron a denunciar la emanacin de gas metano en el rio Tascabaa, adyacente a sus comunidades. PDVSA les ha dicho que no deben consumir el agua del rio. La compaa ha instalado tanques de almacenamiento en las casas y les suministra agua semanalmente por me-dio de camiones. Sin embargo, la contaminacin est afectando el modo de vida de las comunidades, quienes han tenido que abandonar los sembrados tradicionales (conucos), la pesca y han padecido diferentes en-fermedades como consecuencia de la contaminacin. Segn denuncian los afectados, empleados de PDVSA los han amenazado con retirar los programas sociales de la comunidad si denuncian la situacin en medios de comunicacin.

Prospeccin y extraccin sin consulta o participacin

Comunidades, pueblos y organizaciones indgenas y ambientales denunciaron que el 16 de septiembre de 2011 fue aprobado el Decreto N 8.413 Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de Exploracin y Explotacin de Oro10, que otorga al Estado para otorgar, sin participacin ni consulta, proyectos de ex-ploracin y explotacin de oro. A su vez, otorgaba a las Fuerzas Armadas Nacionales la obligacin de man-tener presencia en las reas sujetas al desarrollo de actividades mineras para mantener condiciones de se-guridad y orden interno. El 19 de diciembre del mismo ao, se reforma la ley11, pero lejos de obedecer las demandas de las comunidades se declara que cualquier rea donde se encuentre el mineral es una zona de seguridad estratgica para la nacin y se le aplicar la normativa correspondiente la Ley Orgnica de Segu-ridad de la Nacin, lo que anula cualquier participacin o consulta a la sociedad civil y criminaliza cualquier manifestacin realizada en la zona.

En enero de 2012 alrededor de 500 indgenas de la etnia pemn provenientes de 13 comunidades de la zona, desarmaron y detuvieron a 19 efectivos del ejrcito venezolano que extraan oro ilegalmente en la zona denominada Alto Paragua. Indgenas denunciaron que sufran atropellos y maltratos por parte del ejrcito, en la zona. 4 lderes indgenas fueron detenidos, entre ellos Alexis Romero, quien estuvo privado de libertad durante 5 das en el Internado Judicial de Monagas. En febrero de 2013, 15 meses despus, 43 militares vuel-ven a ser desarmados y detenidos por las comunidades indgenas, obligando a las autoridades a establecer canales de dilogo para dar respuesta a las demandas.

Sin discusin, consulta o participacin en febrero 2013, el ejecutivo nacional aprob la prospeccin y mapeo de las reservas mineras de todo el pas con la estatal China Citic Group. La empresa China inform que jun-to al acuerdo de prospeccin haba recibido la concesin de explotacin de la mina de oro Las Cristinas, ubicada en lo que hasta el ao 1997 era la Reserva Forestal Imataca. El propio presidente Nicols Maduro in-

9 Comunidades Karias exigen informes de impacto ambiental a Pdvsa por contaminacin de gas en su territorio http://www.derechos.org.ve/2010/06/22/comunidades-karinas-exigen-informes-de-impacto-ambiental-a-pdvsa-por-contamina-cion-de-gas-en-su-territorio/10 Gaceta Oficial N 39.759 del 16 de septiembre de 20 11 http://www.procuraduriacarabobo.gob.ve/site/images/stories/pdf_descargas/leyes/habilitante_decretos/29.%20Decreto%20con%20Rango,%20Valor%20y%20Fuerza%20de%20Ley%20Organica%20que%20Re.pdf11 Correo del Orinoco. Dictan Reforma parcial de ley que reserva al Estado exploracin y explotacin del oro, 19.12.2011, http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/dictan-reforma-parcial-ley-que-reserva-al-estado-exploracion-y-explotacion-oro/

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form a travs de su cuenta twitter @nicolasmaduro: La reunin con la empresa Citic ha sido muy importante () Acordamos desarrollo agroindustrial e inversin petrolera. Adems de un mapa minero y la explotacin de las Cristinas.

Minera en reas protegidas

Mujeres pemonas de la Gran Sabana, estado Bolvar, han denunciado la realizacin de actividades de minera en reas protegidas. Sealan que desde el ao 2010 hay minera en el Parque Nacional Canaima, declarada como rea protegida desde 1991 y como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) desde 1994, donde no se puede ejercer ninguna actividad que atente contra la belleza, fragilidad y biodiversidad del sitio. Como informaron a Laboratorio de Paz los mineros contratan a pemones para que realicen las perforaciones en terri-torios indgenas, aumentando la desercin escolar, alcoholismo, abandono de actividades tradicionales, enfer-medades y otros padecimientos como consecuencia de la progresiva incorporacin de indgenas a la extraccin de minerales. Las mujeres han sido vctimas de amenazas y hostigamientos debido a sus denuncias.

Minera y grupos irregulares armados en la amazonia venezolana

La COIAM, Coordinadora de organizaciones indgenas de la Amazonia venezolana, ha denunciado que garimpeiros ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana as como venezolanos, practican la minera ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mun-do en busca de oro, diamantes y coltn. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actan en la zona. El Gobernador del estado indgena de la etnia Baniva afirm La explotacin ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplcito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indgenas se quejan, in-mediatamente son reprimidos. La deforestacin a causa de la minera ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al ao.

La Amazonia posee oro, diamantes y coltn. En un viaje a la zona Laboratorio de Paz pudo recabar de-nuncias de primera mano. La organizacin Horonami afirm que existen alrededor de 20.000 yanomamis en la selva amaznica venezolana y algunos son contratados como mano de obra barata, Por su parte, Oipus organizacin Wottuja Piaroa denunci la presencia de grupos ilegales armados, que restringen el paso a sus espacios sagrados y el aumento de la minera trayendo como consecuencias, enfermedades, drogadiccin y prostitucin. El 15 de mayo de 2013 esta organizacin remiti una comunicacin a la FARC-EP donde les ex-presan: No estamos de acuerdo que haya explotacin de los minerales existentes dentro de nuestra hbitat y territorio. Asimismo les comunican Le manifestamos nuestro total desacuerdo con- su presencia y desplazamiento en nuestro territorio. Solicitamos a que busquen la alternativa de como puedan retornar a su lugar de residencia o pas12.

La situacin se ha agravado durante los dos ltimos aos y los mineros actan con impunidad, a pesar de que organizaciones indgenas de la zona se trasladaron a la capital del pas y consignaron sus denuncias y pruebas a la Fiscala General de la Repblica, la Defensora del pueblo, el Ministerio de la defensa y el Minis-terio de Pueblos indgenas, sin obtener respuesta alguna por parte del Estado venezolano.

El 05 de mayo de 2014 la cantidad de 12 iniciativas integrantes de la COIAM emitieron un comunicado para rechazar la minera ilegal. En el texto denuncian la contaminacin de las aguas prstinas del ro Ata-bapo por presencia de mercurio y otras sustancias txicas, as como la alteracin del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indgenas ribereas y la capital del Municipio, San Fernando de Atabapo. Asimismo, aseguraron: Todas estas actividades () son hechos pblicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicacin. En consecuencia, nos preocupa seriamente la falta de accin efectiva por parte de las autoridades venezolanas13.

12 Comunidades Indgenas de Amazonas denuncian presencia de la FARC en sus territorios http://www.derechos.org.ve/2013/12/06/comunidades-indigenas-de-amazonas-denuncian-presencia-de-la-farc-en-sus-territorios/13 Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indgenas de Amazonas (COIAM) sobre la minera ilegal en el Muni-cipio Atabapo http://www.derechos.org.ve/2014/05/10/comunicado-de-la-coordinadora-de-organizaciones-indigenas-de-amazo-nas-coiam-sobre-la-mineria-ilegal-en-el-municipio-atabapo/

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El 20 de marzo de 2014, el Presidente Nicols Maduro aprob el Decreto N 841 mediante el cual crea la Comisin Presidencial para la Proteccin, el Desarrollo y Promocin integral de la actividad minera lcita, en la regin Guayana. La COIAM difundi un nuevo comunicado en el que afirma que dicha decisin tena como objetivo implementar el Arco minero del Orinoco duplicando las reservas minerales de oro y diaman-te con la certificacin de los yacimientos ubicados en Guayana sin realizar la consulta previa ni los procesos de demarcacin de los territorios indgenas en la zona. En su comunicacin exigieron la revisin de las polticas de desarrollo para la Amazona venezolana, estudiar modelos de desarrollo alternativos y decretando una moratoria de la actividad minera al sur del Orinoco14.

RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS AL ESTADO VENEZOLANO

- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminacin gen-erada por la actividad extractiva en territorios indgenas, haciendo pblico sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.

- Avanzar en los procesos de demarcacin de territorios indgenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (LOPCI).

- Revertir la militarizacin del territorio wayuu derogando la creacin del Distrito Militar nmero 1, investigando y sancionando las denuncias de violacin al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal realizadas por las organizaciones indgenas de La Guajira venezolana.

- Dar cumplimiento pleno al artculo 119 de la CRBV que establece el reconocimiento de las organi-zaciones sociales, polticas y econmicas tradicionales de los pueblos y comunidades indgenas

- Reconsideracin de la fusin del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Vivienda, otorgn-dole el presupuesto e independencia necesarios para el cumplimiento de su labor de preservacin de la naturaleza.

- Establecer canales democrticos de participacin, sin exclusin por razones polticas o ideolgi-cas, para las diferentes organizaciones indgenas, ambientales y de derechos humanos para el diseo de polticas pblicas que disminuyan los efectos negativos de la economa extractiva en el pas.

14 Segundo comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indgenas de la Amazona Venezolana (COIAM) sobre la nueva poltica minera del Estado venezolano http://www.derechos.org.ve/2014/06/11/segundo-comunicado-de-la-coordinado-ra-de-organizaciones-indigenas-de-la-amazonia-venezolana-coiam-sobre-la-nueva-politica-minera-del-estado-venezolano/

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