informe final minugua

7/22/2019 Informe Final Minugua

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Informe Final

Asesora en Derechos Humanos

Misin de Verificacin de las Naciones Unidas en Guatemala

15 de noviembre de 2004


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INDICE

I. Introduccin 5

II. El contexto del enfrentamiento armado interno y las violaciones a losderechos humanos 5

III. Alcance e implementacin del mandato 6

IV. El impacto de la verificacin internacional en la observancia y respetode los derechos humanos

a. Compromiso General con los derechos humanos 8

b. Fortalecimiento de las instancias de proteccin de los derechoshumanos 17

c. Compromiso en contra de la impunidad 19

d. Compromiso de que no existan cuerpos ilegales y aparatosclandestinos de seguridad 20

e. Garantas y proteccin a las personas y entidades que trabajanen la proteccin de los derechos humanos 21

f. Resarcimiento y/o asistencia a las vctimas de violaciones a losderechos humanos 22

Observaciones finales 23


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Informe finalde la Asesora en Derechos Humanos

I.Introduccin

1. El origen y propsito inicial de MINUGUA fue la verificacin del Acuerdo Global sobreDerechos Humanos (AGDH), firmado en Mxico D.F. el 29 de marzo de 1994, tras unprolongado proceso de negociacin entre el Gobierno de Guatemala y la UnidadRevolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)1. Dicho objetivo es explcito en la solicitudde las partes al Secretario General de las Naciones Unidas. Para organizar la Misin deVerificacin en el pas, se siguieron los lineamientos y recomendaciones de una misinpreliminar2, la cual tom muy en cuenta las experiencias de las Naciones Unidas enCamboya, Hait y principalmente El Salvador3.

2. El presente documento es un resumen de lo que constituy el trabajo de la Misin enla verificacin del AGDH y lo reportado desde 1994 en los catorce informes sobre derechoshumanos presentados por el Secretario General de las Naciones Unidas ante la AsambleaGeneral4.

II.El contexto del enfrentamiento armado interno y las

violaciones a los derechos humanos3. La instalacin de la Misin en el pas, en noviembre de 1994, tuvo lugar an antes dedeclararse el cese al fuego y de haber concluido el enfrentamiento armado interno, que paraentonces se vena prolongando por ms de tres dcadas. La situacin para el trabajo deMINUGUA estaba, por lo tanto, determinada por los efectos de la aplicacin de la estrategiacontrainsurgente por parte del Estado y la consiguiente violacin sistemtica de losderechos humanos. La misin preparatoria de MINUGUA evalu que la situacin seguasiendo muy perturbadora y en ello confirmaba lo que vena siendo reportado desdemediados de la dcada de los 80 por los distintos Expertos Independientes y RelatoresEspeciales designados por la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas paraexaminar la situacin de Guatemala. De manera coincidente se pronunciaban los informes

1 A/48/928; S/1994/448, anexo I. El establecimiento de MINUGUA fue aprobado por la Asamblea General por medio de la resolucin

48/267 del 19 de diciembre de 1994.

2 A/48/985.

3 El Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) firmaron el 26 de julio de 1990 en San Jos

de Costa Rica un acuerdo para el respeto de los derechos humanos y su verificacin por las Naciones Unidas (A/44/971; S/21541 del 16 de

agosto de 1990), ONUSAL inici sus actividades un ao despus el 26 de julio de 1991 y la firma de la paz tuvo lugar el 16 de enero de

1992.

4 Los catorce informes de verificacin del AGDH se encuentran disponibles en el sitio web www.minugua.guate.net, en la Biblioteca de laPaz Irma Flaquer Azurdia de la Universidad de San Carlos y en la Biblioteca digital que contiene una seleccin de casos sobre violaciones a

los derechos humanos comprobadas por MINUGUA.


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MINUGUA

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publicados por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos; el Procurador de losDerechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

4. Durante el enfrentamiento armado y en base a la doctrina de seguridad nacional, elEstado desarroll una estrategia de terror que fue implementada principalmente a travs delEjrcito y el aparato de inteligencia estatal. Segn lo establecido por la Comisin para el

Esclarecimiento Histrico5 el Ejrcito de Guatemala lleg a ser responsable de un 93 % delas violaciones a los derechos humanos, el pueblo maya fue vctima de un 83% del total delas violaciones cometidas durante el enfrentamiento armado interno.

5. El Ejrcito haba ejercido una funcin preponderante en la vida social, econmica ypoltica del pas, llegando incluso a constituir la nica presencia estatal en vastas zonasrurales de Guatemala. A la llegada de la misin, an se encontraban activos loscomisionados militares y los Comits Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) descritos por elProcurador de los Derechos Humanos, en su informe de 1994, como "organizacionesparamilitares que actan en subordinacin a las autoridades militares (...) que han servidopara sembrar el temor y la zozobra en las comunidades donde los Comits funcionan".

6. El sistema de administracin de justicia tambin haba sido utilizado para manteneren la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. La denegacinde justicia afect a varias generaciones de guatemaltecos que no encontraron respuesta asus demandas de justicia, an las referidas a delitos de carcter comn. A la llegada de lamisin, la inactividad del sector justicia es fuertemente cuestionado tanto por organizacionesde la sociedad civil como por la poblacin en general.

7. No obstante las difciles condiciones antes descritas, el trabajo de la Misin contdesde su inicio con el decidido aporte de las organizaciones indgenas, unidas aorganizaciones de vctimas, de mujeres y de derechos humanos. Todas ellas, remontandoincluso riesgos reales para la seguridad de sus miembros, mantuvieron vivas las exigenciasde bsqueda de los desaparecidos, en particular de la niez desaparecida; requirieron y

apoyaron exhumaciones de cementerios clandestinos; promovieron la investigacin ysancin de los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos; levantaron laexigencia de reparacin digna a las vctimas y la denuncia de las amenazas a defensores dederechos humanos. Han sido estas agrupaciones las que, de manera infatigable, impulsaronel cumplimiento de los compromisos contenidos principalmente en el AGDH durante todo elcurso del proceso de paz.

III.Alcance e implementacin del mandato

8. Las partes solicitaron a la Misin que al verificar la situacin de los derechoshumanos, recibiera, calificara y diera seguimiento a las denuncias sobre violaciones de losderechos humanos. Las actividades de verificacin de la misin haban de referirse ahechos y situaciones posteriores a su instalacin y dentro del marco de su mandato. En elAcuerdo, las partes convinieron que entendan por derechos humanos los reconocidos en el

5 El 23 de junio de 1994 se firm el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisin para el Esclarecimiento Histrico, la cual se instal en

1996 y entreg su informe final titulado Guatemala: Memoria del Silencio el 25 de febrero de 1999.


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ordenamiento jurdico guatemalteco, incluyendo los instrumentos internacionales ratificadospor Guatemala. En la verificacin de la observancia de los derechos humanos,particularmente, dentro del Compromiso General con los derechos humanos, la misin debiotorgar especial atencin a los derechos a la vida, a la integridad y seguridad, a la libertadindividual, al debido proceso, a la libertad de expresin, a la libertad de movimiento, a lalibertad de asociacin y a los derechos polticos. Es a este grupo de derechos que se

design como derechos prioritarios para efectos de la verificacin. Tambin tocaba a laMisin comprobar que los organismos nacionales competentes efectuaran lasinvestigaciones de acuerdo con las normas guatemaltecas e internacionales de derechoshumanos y, finalmente, pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de violaciones en loscasos verificados.

9. En la verificacin de los otros compromisos contenidos en el Acuerdo, se encomenda la misin determinar su cabal cumplimiento por las partes y efectuar recomendacionessobre las medidas necesarias para promover la plena observancia de los derechos humanosy el fiel cumplimiento del conjunto del AGDH.

10. Durante los diez aos en que la Misin ha venido dando seguimiento a la situacin

de los derechos humanos, el eje principal de su accin, sin lugar a dudas, ha sido larecepcin de denuncias y su verificacin en todo el territorio nacional. El despliegueoperativo permiti la presencia visible y activa de funcionarios internacionales en multitud delugares apartados, impulsando actividades cuyo rango iba desde el dilogo directo conautoridades en torno a casos especficos, hasta el desarrollo paralelo de programas defortalecimiento para las instituciones del Estado encargadas de la tutela de los derechoshumanos, particularmente las entidades encargadas de prevenir, investigar y sancionar. Unapoltica sostenida de cooperacin y asistencia tcnica se mantuvo con la Procuradura de losDerechos Humanos, el Organismo Judicial, el Ministerio Pblico y las Fuerzas de seguridad.

11. Para atender los imperativos concretos de sistematizacin y unidad conceptual queimplicaba operar a tan gran escala de personal y despliegue territorial, la Misin elabor su

propio Manual de Verificacin en el que se plasmaron las definiciones operativas de cadauna de las violaciones6. Tambin se dise e implement un sistema informtico paramantener una base de datos de violaciones a los derechos humanos, el cual se constituyen el primer registro ordenado y sistemtico de denuncias puesto en prctica en cualquieroperacin de las Naciones Unidas. El principio fundamental en el cual se ciment esteproceso de verificacin fue la garanta de confidencialidad, de este modo, cualquier personau organizacin que present una denuncia ante la Misin, tuvo la facultad de decidir sobre lareserva o no de sus datos personales o de cualquier otra informacin.

12. Para el manejo de algunas situaciones de derechos humanos que requirieron unesfuerzo ms profundo de verificacin y anlisis, la Misin creo mecanismos adicionalestales como los grupos de trabajo para temas especficos como el de linchamientos y pena

de muerte y la elaboracin de informes de verificacin temticos con el propsito de servircomo herramienta en la superacin de problemticas especficas en materia de derechoshumanos.

6 El Manual constituy la principal herramienta de trabajo de los observadores internacionales en el procedimiento de verificacin, en tanto

que aport el fundamento legal de cada uno de los derechos humanos calificados como prioritarios por las partes en el ADH y la definicinoperativa de los mismos. Asimismo, incorpor un detallado procedimiento de admisin de denuncias e informacin, de verificacin de casos

y elaboracin de informes. El Manual de Verificacin puede ser consultado en el sitio web de MINUGUA y en la Biblioteca digital.


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IV.El impacto de la verificacin internacional en la

observancia y respeto de los derechos humanos

13. La instalacin de la misin y el inicio de su labor de verificacin tuvieron un efectodisuasivo en el comportamiento de los agentes del Estado. Ya antes de la declaracin decese al fuego y la firma del Acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996,resultaba mensurable el impacto positivo de la sujecin de las partes al AGDH, lo cual sereflejaba en el descenso de las denuncias por violaciones a los derechos humanos recibidaspor la Misin. En 1995 haban sido recibidas 1,595 denuncias, en tanto que en 1996, la cifrahaba descendido a 9457.

a. Compromiso General con los Derechos Humanos

El derecho a la vida

14. El perodo final del enfrentamiento fue escenario de graves violaciones al derecho ala vida verificadas por la Misin, entre las cuales merecen destacarse las ejecuciones decarcter selectivo de las que fueron vctimas el sacerdote catlico belga Alfons Stessel Fonsel 19 de diciembre de 1994 y el catedrtico de la Universidad de San Carlos, Apolo CarranzaVallar, el 27 de enero de 1995.

15. Las violaciones al derecho a la vida, a travs del mecanismo de las masacres contrala poblacin indgena y que haban caracterizado la actuacin del Ejrcito durante elenfrentamiento armado interno, haban dejado de cometerse hacia finales de los aos 80.Sin embargo, el 5 de octubre de 1995, veinticinco miembros de una patrulla del

Destacamento Militar "Rubelsanto", de la Zona Militar N 21, entr a la comunidad deretornados de Mxico "Aurora 8 de Octubre" en Xamn, Alta Verapaz, creando una tensasituacin que termin en la trgica muerte de 11 miembros de la comunidad, incluso dosnios, a manos de la patrulla y 30 personas heridas. El caso de la masacre de Xamn fueobjeto de una estrecha verificacin durante toda la permanencia de la Misin.

16. La disminucin de las violaciones al derecho a la vida, sobre todo por el cese de losoperativos contrainsurgentes en las reas rurales y la comisin de masacres, ha sido elrasgo distintivo del perodo de construccin de la paz que se abri a partir de la firma delAcuerdo de paz firme y duradera. Pero la Misin debi hacerle frente a otros retos yobstculos que emergieron afectando el goce y ejercicio de este derecho fundamental.

17. Como hecho individual, la ejecucin extrajudicial de Monseor Juan Jos Gerardi,obispo auxiliar de la Dicesis de Guatemala y coordinador de la Oficina de DerechosHumanos del Arzobispado (ODHAG) el 26 de abril de 1998 es probablemente el golpe msduro y el reto ms grande para la verificacin internacional. Al momento de su cruel muerte,Monseor Gerardi vena apenas de presentar el informe final del proyecto inter-diocesanode la Iglesia Catlica Recuperacin de la Memoria Histrica, que desde enero de 1995 sehaba gestado como el ms ambicioso esfuerzo a nivel de organizaciones de la sociedad

7 No hemos considerado el ao 1994 porque la misin se instal oficialmente el 23 de noviembre de ese ao.


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civil para documentar y analizar la violencia que azot al pas durante el enfrentamientoarmado. El crimen tuvo el ms grande impacto, tanto nacional como internacional, vista laeminente figura del prelado, la manera brutal en que se consum el asesinato que revivipara muchos los horrores del pasado- y el mensaje subyacente que se enviaba a lospromotores de los derechos humanos y al propio proceso de paz al develarse que losresponsables del hecho pertenecan al Estado Mayor Presidencial. Esta reparticin,

dependiente del Ejrcito, se haba convertido durante el enfrentamiento armado interno enun rgano de inteligencia con capacidad operativa propia.

18. Por otra parte, la Misin registr de manera especial la aparicin progresiva de laprctica de los linchamientos. Entre 1996 y 2003, la misin totaliz 255 personas muertaspor causa de estas acciones. Este fenmeno por s solo se convirti en uno de los msimportantes factores que afectaron el pleno goce del derecho a la vida, a la integridad y a lalibertad en el pas, sobre todo en los sectores rurales. La verificacin revel que lasuperposicin de las reas en las cuales el fenmeno de los linchamientos se presentaba,corresponda a las regiones ms golpeadas durante el enfrentamiento armado, a las demenores ndices de desarrollo humano y a las de mayor exclusin econmica y social. Dosinformes temticos de verificacin sobre linchamientos fueron preparados por la Misin y

publicados respectivamente en diciembre de 2000 y julio de 2002.

19. El esfuerzo por llamar la atencin nacional respecto a este tema ha sido constantepero ha recibido una respuesta parcial e incompleta por parte de las autoridades centralesdel pas. An as, a comienzos de 2003 se forj la llamada Mesa Nacional de Prevencin deLinchamientos, en la cual se concertaron lneas de trabajo de la Procuradura de losDerechos Humanos, el Organismo Judicial, el Ministerio Pblico, UNESCO, COPREDEH,Defensora Indgena, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y laFundacin Alvaro Hugo, entre otras entidades. El resultado ha sido un trabajo coordinado enel mbito de la difusin y debate de la problemtica, la organizacin de seminarios y talleres,el respaldo a los mecanismos de prevencin creados por el OJ y la promocin de laparticipacin de la sociedad civil en la prevencin de los linchamientos.

20. Estos esfuerzos, lamentablemente, no se han visto reflejados en investigacionesexhaustivas que permitan aplicar sanciones a los responsables de provocar y/o cometerestos aberrantes hechos. La impunidad que caracteriza a la inmensa mayora de estosactos, constituye en s misma un factor de promocin de estas conductas.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total delinchamientos 482

35 78 67 105 61 75 61

Vctimas fatales 240 23 30 54 48 33 27 25

Vctimas no fatales703

24 80 73 188 95 142 101

21. El proceso de desmilitarizacin, reduccin del Ejrcito y reintegracin de loscombatientes, as como la disolucin de los antiguos cuerpos de polica para constituir la


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nueva Polica Nacional Civil (PNC), puso a esta fuerza a partir de mediados de 1997 en elcentro del escrutinio de la verificacin internacional. Esta institucin comenz a aparecerdesde mediados de 1999 como la principal responsable de atentar contra los derechos a lavida, a la integridad y a la libertad8. Las razones, sobre las cuales no nos correspondeabundar en este documento, se remontan al proceso de reciclaje del antiguo personal de laPN para la conformacin de la nueva fuerza de seguridad, lo que trajo, entre otras

dificultades, el que agentes que haban sido formados en una poltica represiva, pasaran aintegrar las filas del nuevo cuerpo policial.

22. Durante aos, esta situacin no fue abordada responsablemente y con vigor por losorganismos de control disciplinario de la PNC. A la falta de investigacin y,consiguientemente, la ausencia de sanciones administrativas y disciplinarias, se ha sumadoel escaso presupuesto asignado y la falta de planes de expansin de acuerdo a lasnecesidades crecientes de la seguridad ciudadana en el pas. Todo ello ha ocasionado quela nueva institucin enfrente hoy en da el ms grave deterioro moral, tico y de recursoshumanos y financieros de toda su an corta historia.

23. De otro lado, sin que corresponda imputarlas a la accin directa de autoridades

estatales, el registro nacional de muertes por causas violentas aument desde 1999 al 2003.Los meses transcurridos durante el 2004 entregan cifras inferiores a las registradas en elmismo perodo del ao anterior. La victimizacin de mujeres ha generado particular ylegtima preocupacin y motiv la visita a Guatemala de la Relatora Especial de la violenciacontra la mujer, Sra. Yakin Ertrk, en febrero de 2004. Tambin se registraron muertesviolentas de alcaldes, diputados y operadores de justicia. Lo cierto es que todos los sectoressociales y categoras ocupacionales revelan cifras alarmantes de victimizacin, el graveproblema es que la mayora de estos graves crmenes no han sido esclarecidos.

24. La Misin no dej de atender el sensible tema en Guatemala de la aplicacin de lapena de muerte. Desde 1996 hasta 1999, cinco personas fueron ejecutadas.La verificacinde los procesos revel violaciones a las garantas judiciales mnimas, tales como el derecho

a la defensa, el derecho a ser odo en relacin al delito por el que se conden y se hanconstatado condenas basadas en presunciones y la peligrosidad del condenado.

25. La Misin valor en su momento la actitud de algunos jueces que, an en casos deimpacto social, no solicitaron la aplicacin de esta pena. Se hace presente que la tendenciamundial apunta a limitar la imposicin de la pena de muerte y a promover la vigencia degarantas para proteger los derechos humanos de las personas acusadas de delitos quepudieran dar lugar a su aplicacin. Actualmente, 30 personas se encuentran con condenas amuerte pendientes, aunque desde 1999, el Estado de Guatemala se ha abstenido de aplicarla pena capital.

El derecho a la integridad y seguridad personal

26. Las violaciones al derecho a la integridad y la seguridad personal fueron cometidaspor agentes de la PNC, principalmente a dos de sus secciones especializadas: el Serviciode Investigacin Criminal, SIC y del Departamento de Operaciones Anti Narcticos, DOAN.Esta ltima fue desarticulada despus de verificarse los violentos hechos que tuvieron lugar

8 Entre el perodo que corri entre enero de 1997 a junio de 1999, la Polica Nacional, PN y la Guardia de Hacienda, GH, fueron responsables

de un 68% del total de las violaciones al derecho a la vida, la integridad y la libertad, seguida por el Ejrcito con un 22%. En el perodo quecorre entre julio de 1999 y junio del 2001, la PNC aparece como responsable del 52% del total de las violaciones a estos tres derechos,

seguida por ex CVDC, ex PAC y autoridades municipales, con un 22%. XII Informe sobre Derechos Humanos de MINUGUA.


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en la Aldea Chocn, Izabal9. En su remplazo fue creada la Secretara de Anlisis eInvestigacin Antinarcticos, SAIA, cuya participacin en un caso de torturas en 2003, fueverificada y comprobada por la Misin.

27. Los casos de tortura no se verificaron de manera masiva, sin embargo, sucomprobacin siempre fue motivo de honda preocupacin por parte de la misin.10 La

persistencia de esta repudiable prctica ha incidido gravemente en la percepcin ciudadanasobre el deber del Estado por velar y tutelar los derechos humanos. Inclusive a finales de2003 y principios del 2004, la misin recibi denuncias de torturas cuya existencia fuecomprobada.

28. La Misin comprob las torturas infligidas a cuatro personas que fueron detenidas enun operativo antinarcticos desplegado por la SAIA en el municipio de Ro Hondo, Zacapa,el 6 de marzo de 2003. La verificacin revel que a los detenidos se les propinaron golpescon las culatas de las armas que portaban y se les aplic descargas elctricas en distintaspartes de sus cuerpos, como mtodo para obtener informacin. Tambin se comprob eltraslado de los detenidos hasta el interior de la Zona Militar 705 de Zacapa, entre muchasotras infracciones de las garantas que asisten a los detenidos.

29. La tortura constituye un ultraje a la dignidad humana. La comprobacin de tan solouno de estos casos es motivo de un enrgico rechazo y denuncia, tambin lo es lacircunstancia que las instituciones encargadas de investigar estos hechos y sancionarlos nocumplan con su cometido. La prctica de la tortura no puede ni debe ampararse en lanecesidad de contar con informacin, ni justificarse en la falta de conocimientos en mtodosde investigacin por parte de los agentes del Estado.

30. La Misin tambin admiti numerosas denuncias por malos tratos, principalmentevinculadas a detenciones efectuadas por agentes de la PNC y al tratamiento de reclusos.

31. El derecho a la integridad y seguridad personal tambin se vio afectado mediante la

comprobacin de las amenazas de que son vctimas los defensores de los derechoshumanos. La seguridad de los individuos, grupos e instituciones dedicados a la promocin yproteccin los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmentereconocidas es una de las materias que actualmente concentran la mayor preocupacin dela Misin. De manera permanente se recibieron denuncias contra el derecho a la integridad,bajo la modalidad de amenazas de muerte y otras amenazas contra defensores de derechoshumanos. Dentro de las distintas categoras, los activistas de derechos humanos, losoperadores de justicia y los trabajadores de medios de comunicacin resultaron ser los msafectados por este tipo de violacin.

32. El tema recibi especial atencin en el dcimo segundo informe sobre derechoshumanos de MINUGUA, que corresponde al perodo comprendido entre el 1 de enero de

2000 y el 22 de mayo de 2002: del total de denuncias recibidas y admitidas en estacategora de derechos vulnerados, el 48% correspondan a incidentes que afectaron a

9 El 29 de enero de 2002, en la aldea de Chocn, Izabal, alrededor de veinte agentes del DOAN dispararon con armas largas contra un grupo

de personas, ejecutando extrajudicialmente a dos de ellas. En un primer momento, la PNC argument que las vctimas eran traficantes de

drogas que haban opuesto resistencia, sin embargo, semanas mas tarde, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC puso a 17

oficiales del DOAN a disposicin de la justicia. Un ao mas tarde, el Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, sentenci a 16 de los 17agentes procesados a condenas entre 25 a 27 aos.

10 La Misin recibi un total de 151 denuncias por tortura, comprobando la existencia de la violacin en 106 casos. 177 denuncias se

refirieron a casos crueles inhumanos y degradantes y 387 a malos tratos, comprobndose un total de 139 y de 277 respectivamente.


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defensores de los derechos humanos, registrndose un total de 613 vctimas. De maneraconcurrente, el informe de la Relatora Especial del Secretario General sobre la situacin delos defensores de derechos humanos, Hina Jilani, concluy que haba observado unaumento de los casos de ataques contra defensores de los derechos humanos en el perodo2001-2002 y un debilitamiento del compromiso del Gobierno de alcanzar los objetivosestablecidos en el Acuerdo global sobre derechos humanos y en los componentes de

derechos humanos de los acuerdos de paz.

Violaciones en contra de Activistas de Derechos Humanos 2000-2002

Activistasde derechos

humanos

Operadoresde justicia

Actoresprocesales(denunciantes testigos)

Medios decomunicacin

PolticosOrgs

sindicales

Orgs.Indgenas ycampesinas

Ejecuciones

extrajudiciales

2 1 0 2 1 4 0

Tentativas deejecucinextrajudicial

14 2 0 1 2 0 0

Secuestro 1 0 2 1 0 0 0

Amenazas demuerte

49 16 7 28 11 158 7

Otras amenazas 76 12 5 66 14 126 5

33. El problema detectado y denunciado desde entonces ha seguido siendo fuente dedenuncias durante los aos 2003 y 2004. En julio de 2003 se desat una ola de amenazasy agresiones en contra de periodistas y comunicadores sociales que afectaron a Luis deLen, de El Peridico, Luis Barrillas, corresponsal de Prensa Libre en Rabinal, BajaVerapaz y Carmen Morn, reportera de la agencia CERIGUA.

34. Los ataques se ensaaron tambin contra instituciones oficiales como laProcuradura de los Derechos Humanos a travs de allanamientos a oficinas de lasAuxiliaturas Departamentales y numerosas amenazas a Auxiliares y trabajadores de la PDHa nivel nacional; la ltima se dirigi en contra de Alex Toro, Auxiliar del Procurador enRetalhuleu, quien investigaba los violentos hechos que tuvieron lugar en la finca NuevaLinda el 31 de agosto de 2004.

35. Con todo, son las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos las queregistran la frecuencia ms alta de ataques. A ttulo de ejemplo, valga recordar que enseptiembre de 2003 la sede de la Asociacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos de


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Guatemala, FAMDEGUA, fue robada, desapareciendo una computadora porttil quecontena informacin de testigos de la masacre cometida en 1982 en la aldea Los Josefinos,departamento de Petn. En julio de 2004 se produjeron dos allanamientos que afectarontanto a la residencia la Directora del Centro de Accin Legal en Derechos Humanos, CALDHcomo a la Sede de esta institucin.

36. Es indispensable seguir insistiendo ante las autoridades del Estado para que tomenacciones eficaces para esclarecer los casos de amenazas que continan afectando a losdefensores de derechos humanos, sancionar a los responsables y asegurar elfuncionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

El derecho a la libertad individual

37. En las violaciones del derecho a la libertad individual comprobadas, laresponsabilidad recay principalmente en agentes de la Polica Nacional y, a partir de sudespliegue, de la Polica Nacional Civil.11

38. La Misin cotej las denuncias recibidas y comprobadas, advirtiendo que an

existan resabios del pasado en el comportamiento de los agentes policiales, entre otros, secomprob la frecuente suplantacin de evidencias para "crear" la condicin de flagrancia, laalteracin de partes policiales, el cobro de "mordida"12, el uso excesivo de la fuerza y losmalos tratos.

39. Tambin respecto a este tipo de violaciones, en algunos casos se logr acreditar laresponsabilidad del Ejrcito, sobretodo, en relacin a detenciones arbitrarias efectuadasfuera del marco del Decreto 90-96, sin que existiera flagrancia u orden de juez competente.

El debido proceso legal

40. La verificacin de casos referidos al deber del Estado de prevenir, investigar y

sancionar se efectu durante toda la permanencia de la misin en el pas y lleg arepresentar el tipo de violacin con mayor nmero de denuncias. La Misin tambin dioseguimiento a este derecho, a la luz de la verificacin del Compromiso III del AGDH, en elque las partes coincidieron en la necesidad de actuar con firmeza contra la impunidad y alque nos referimos ms adelante.

41. El abanico de la verificacin de este derecho es el de mayor amplitud, habindoseconstatado -entre otras faltas al deber de prevenir, investigar y sancionar -, situacionesespecficas tales como: el abandono de la investigacin, como ocurri en la mayora de losprocesos en los que se denunci la existencia de cementerios clandestinos y que fueronparalizados inmediatamente despus de practicada la exhumacin; el ocultamiento y falta decustodia de evidencias, como en el caso de la exhumacin de las vctimas de la masacre de

Agua Fra y la ejecucin extrajudicial de Jorge Carpio Nicole; la utilizacin de informespericiales cuestionables, como en el caso Xamn; el desvo de la investigacin obviandohiptesis claves para el esclarecimiento de hechos, como en los casos de las ejecucionesextrajudiciales de Myrna Mack, Epaminondas Gonzlez Dubn, Juan Jos Gerardi, Ordez

11 La Misin recibi un total de 2,568 denuncias de violaciones al derecho a la libertad individual, comprobando un total de 1,393.

12 Cobro ilegal que realizan funcionarios de instituciones estatales, para su beneficio personal, con el fin de abstenerse de aplicar

procedimientos legales, tales como la imposicin de sanciones, multas, impuestos, etc.


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Porta y Mayra Gutirrez; la limitacin de las investigaciones a los autores materiales de loscrmenes, sin dirigirla tambin a los autores mediatos, como ocurri en el caso de lamasacre de Ro Negro y la ejecucin extrajudicial de Robinson Morales; la existencia desistemas de supervisin ineficaces, como aconteci en numerosos casos de torturas porparte de la PNC; la prdida de evidencias, como ocurri en el caso Gerardi; el impulsoprocesal tardo y el retardo u omisin injustificada en la prctica de diligencias investigativas.

42. Correspondi tambin a la Misin, verificar y dar seguimiento a la situacin delsistema penitenciario, tareas que fueron complementadas con la realizacin de variasconsultoras especficas sobre el tema y con la ejecucin de proyectos de cooperacintcnica. En abril del ao 2000, la Misin public el informe temtico " La situacinpenitenciaria en Guatemala", que posteriormente fue actualizada con dos estudios desituacin.

43. La verificacin llevada a cabo revel que el sistema penitenciario guatemalteco nocumple ni con las Reglas Mnimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, nicon la propia Constitucin Poltica de la Repblica. Lo anterior, principalmente, a causa dedos grandes problemas: la falta de una legislacin adecuada sobre el tema y la carencia

presupuestaria.

44. Estos problemas estructurales que afectan al sistema carcelario y que se deben a lafalta de voluntad poltica para abordarlos, han incidido negativamente en la vigencia de losderechos humanos. La verificacin revel precarias condiciones de seguridad en los penalese insuficiencia del personal penitenciario, el que adems no goza de una formacinespecfica. En algunos centros de reclusin, el control de la seguridad interna descansaprcticamente en manos de los propios reclusos. En cuanto a las condiciones generales dehabitabilidad, la misin pudo constatar hacinamiento de reclusos, debido a lasobrepoblacin, falta de salubridad, insuficiente personal mdico y ausencia de programasde rehabilitacin.

45. Tambin numerosos motines y fugas desde distintos centros de detencin y quetuvieron como resultado graves violaciones a los derechos humanos, fueron verificados porla Misin. En este contexto, se verific la fuga ocurrida el 10 de abril de 1999 de doce exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de Colotenango, que cumplan una condenade 25 aos de prisin en la crcel de Huehuetenango por la ejecucin extrajudicial del lderindgena y sacerdote maya Juan Chanay Pablo. La Misin estuvo en capacidad de develarla inaccin recurrente de las autoridades, primero, para evitar estos hechos y ms tarde,para lograr la recaptura de los fugados.

46. En la verificacin de la fuga de 78 presos de alta peligrosidad y fuertementearmados, ocurrida el 17 de junio de 2001 en la crcel de mxima seguridad ubicada en eldepartamento de Escuintla, la Misin seal tempranamente la complicidad activa de

funcionarios del centro penitenciario y agentes de la PNC, lo cual luego sera probado enjuicio. La Misin tambin dio seguimiento a la actuacin de las autoridades frente al violentomotn que tuvo lugar el 23 y 24 de diciembre de 2002 entre los reclusos que se encontrabanen Pavoncito y al que se desarroll al interior del Preventivo de la zona 18 de la capital acomienzos de 2003.

47. La propuesta de una Ley del Sistema Penitenciario sigue siendo el eje central paraabordar los fenmenos de violencia al interior de los penales y construir las bases de unaverdadera rehabilitacin de los internos.


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El derecho de asociacin

48. La poltica de la Misin en la verificacin de este derecho se bas en la admisinexclusiva de denuncias grupales. De stas, la mayor parte se refiri al derecho a la libertadsindical, involucrando en mayor medida la responsabilidad del Organismo Judicial, el

Organismo Ejecutivo y las autoridades municipales. Despidos injustificados, violaciones apactos colectivos, desconocimiento de beneficios laborales, falta de ejecucin de rdenes dereinstalacin, omisin de las tareas de supervisin por parte de los rganos contralores yamenazas, constituyeron los principales mecanismos de vulneracin del derecho deasociacin en su expresin de libertad sindical.13

49. Uno de los casos de mayor impacto social verificado por la Misin fue el referido alos hechos ocurridos el 13 de octubre de 1999 en la sede del Sindicato de TrabajadoresBananeros de Izabal (SITRABI), ubicada en Morales. La Fiscala de Casos Especiales iniciuna investigacin que llev a la apertura de juicio oral contra 24 sindicados por los delitos deallanamiento, detencin ilegal y coaccin, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia deIzabal. Sin embargo, ni el planteamiento de acusacin ni el auto de apertura a juicio oral

calificaron los delitos conforme a los resultados de la investigacin, pues omitieroncircunstancias tales como el secuestro, las amenazas, el delito de muchedumbre y lasagravantes para los delitos de allanamiento y detencin ilegal, lo que constituy unainsuficiente tutela del ejercicio de la libertad sindical. Los lderes sindicales se vieronforzados a partir al exilio, lo que adems provoc la parlisis del sindicato.

Los derechos polticos

50. El mayor nfasis en el seguimiento de los derechos polticos se dio a propsito de lostres procesos de elecciones presidenciales que tuvieron lugar mientras la Misin seencontraba en el pas, esto es en 1995, 1999 y 2003.

51. Dichos procesos revelaron importantes problemas que afectan el derecho a laparticipacin. Entre los ms relevantes, se logr constatar dificultades en cuanto a laaccesibilidad de la poblacin, tanto en relacin a los registros de empadronamiento, como alos centros de votacin, debido, entre otras causas, a las distancias geogrficas que existenentre las aldeas y las cabeceras municipales. En el ltimo proceso electoral uno de losprincipales problemas detectados fue el desorden en el registro de empadronamiento. Eltrmite de inscripcin en los registros electorales, lento, burocrtico, sin considerar lasdificultades de lejana entre la poblacin y los centros de votacin contribuy a vulnerar losderechos polticos de muchos guatemaltecos.

52. Las situaciones descritas han afectado de manera preferente los derechos polticosde los pueblos indgenas y dentro de este, con particular fuerza a las mujeres. El Informe de

Desarrollo Humano del ao 2000 dio cuenta que en las elecciones de 1999, de cada 100mujeres 69 estaban inscritas en el registro de ciudadanos y, de stas, slo 33 habanvotado. Los departamentos con mayor porcentaje de voto femenino eran Guatemala,Zacapa y Jutiapa, mientras que en los departamentos de mayor concentracin indgena yms bajo ndice de desarrollo de las mujeres, se registraron los menores porcentajes.

13 La Misin recibi un total de 283 denuncias grupales por violacin al derecho de asociacin, que implican un total de 7,046 violaciones a

este derecho.


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Consecuentemente, existe una significativa sub-representacin de las mujeres en elejercicio del poder civil.

53. La promulgacin de una reforma a la Ley Electoral y de partidos polticos, prevista enlos Acuerdos de paz, recin vino a materializarse durante el ao 2004. El Decreto 10-2004registra importantes medidas orientadas a democratizar el voto. Entre las ms relevantes

ampla la cobertura de centros de votacin ms all de las cabeceras municipales a laszonas donde se acredite la residencia de quinientas personas o ms; establece la obligacinde expedir un documento nico de identidad y fija a los partidos un monto mximo deinversin en campaas polticas. Entre los aspectos pendientes de abordar se encuentran elestablecimiento de mecanismos de financiamiento y democratizacin interna de los partidospolticos y la aprobacin de la Ley sobre Documento Unico.

54. Tambin dentro del Compromiso I, las partes asumieron un compromiso esencialcon los derechos humanos al obligarse a impulsar medidas orientadas a promover yperfeccionar las normas y mecanismos para su proteccin. A la llegada de la misin al pasexistan numerosos instrumentos de proteccin de los derechos humanos cuyoperfeccionamiento se encontraba inconcluso y medidas de proteccin que an no haban

sido implementadas.

55. Desde 1994, los distintos gobiernos fortalecieron el marco nacional de proteccin delos derechos humanos mediante la ratificacin de importantes tratados internacionales.Entre stos, podemos sealar la ratificacin del Convenio 169 de la OIT, sobre PueblosIndgenas y Tribales en Pases Independientes, ratificado por Guatemala el 5 de junio de1996; el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Econmicos Sociales y Culturalesratificado por Guatemala el 30 de mayo de 2000.

56. En cuanto al derecho de asociacin en el mbito laboral, los hechos ms relevantesdurante el perodo tuvieron lugar en 1996 con la adopcin del nuevo Reglamento para elReconocimiento de la Personalidad Jurdica y la Aprobacin de Estatutos e Inscripcin de

Organizaciones Sindicales, que vino a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas porGuatemala al ratificar el Convenio 87 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT).Las reformas del Cdigo Laboral que entraron en vigor el 1 de junio de 2001 tambin fueronun avance para adaptar la legislacin de Guatemala a los Convenios Nos. 87 y 98 de laOrganizacin Internacional del Trabajo, relativos a la libertad sindical y al derecho desindicacin y de negociacin colectiva.

57. La misin tambin sigui con preocupacin las sucesivas postergaciones que desde1996 afectaron la entrada en vigencia del Cdigo de la Niez y la Juventud. Finalmente, el 4de junio de 2003, a travs del Decreto 27-03, fue promulgada la ley de Proteccin Integralde la Niez y la Adolescencia, cuyo contenido se encuentra en armona con la Convencinde los Derechos del Nio.

58. Otros instrumentos de proteccin internacional a los derechos humanos cuyoperfeccionamiento se materializ fueron: la Convencin Interamericana sobre la Eliminacinde Todas las Formas de Discriminacin contra las Personas con Discapacidad; laConvencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas el 25 de febrero de2000; la Convencin sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de nios; elProtocolo Facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio relativo a laparticipacin de nios en conflictos armados, en abril de 2002; el Protocolo Facultativo de laConvencin sobre los Derechos del Nio relativo a la venta de nios, la prostitucin infantil y


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la utilizacin de nios en la pornografa; el Protocolo Facultativo de la Convencin sobre laeliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer y la aceptacin de lacompetencia del Comit contra la Tortura para recibir denuncias individuales.

59. Continan pendientes de ratificacin el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ladeclaracin de aceptacin de la competencia del Comit para la Eliminacin de Todas las

formas de Discriminacin Racial y la firma, ratificacin y adhesin al Segundo ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, destinado a abolir lapena de muerte.

60. En noviembre de 1998 se aprob una nueva Ley de Migracin (Decreto 9598), quetambin regul el derecho de asilo y la proteccin a refugiados y aptridas, sin embargo,algunos artculos se encuentran en contradiccin con la Convencin sobre el Estatuto de losRefugiados de 1951 y el Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados de 1967, ambosratificados por Guatemala, entre otros, no incluye distinciones relativas a la condicin derefugiado y asilado, tal como establece el artculo 31.1 de la Convencin sobre el Estatutode los Refugiados.

61. En el mbito nacional destacan la aprobacin de la Ley para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia Intrafamiliar de 1996; la aprobacin de la Ley de Dignificacin yPromocin Integral de la Mujer, de 9 de marzo de 1999, que acoge los compromisosasumidos por Guatemala al ratificar la Convencin sobre la Eliminacin de Todas lasFormas de Discriminacin contra la Mujer y la Convencin Interamericana para Prevenir,Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la incorporacin al Cdigo Penal delartculo 202 bis, que tipifica el delito de discriminacin; la Ley de Promocin Educativacontra la Discriminacin y la Ley de idiomas indgenas.

62. La concrecin de un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos para su establecimiento en el pas, constituira una clara seal delcompromiso de avanzar en las medidas destinadas a garantizar y proteger la plena

observancia de los derechos humanos en Guatemala.

b. Fortalecimiento de las instancias de proteccin de losderechos humanos

63. Las acciones de apoyo al fortalecimiento institucional abordaron cinco temasconsiderados como prioritarios: seguridad pblica, igualdad ante la ley y acceso a la justicia,independencia judicial, proteccin de los derechos humanos en el sistema judicial y unacultura de los derechos humanos. Este apoyo al fortalecimiento institucional se dio gracias ala generosa contribucin de la cooperacin internacional de Dinamarca, Estados Unidos deAmrica, Holanda, Noruega, el Reino Unido y Suecia que aportaron al Fondo Fiduciario para

el proceso de paz de Guatemala, mientras que Espaa, la Unin Europea, el Reino Unido yVenezuela colaboraron con personal y bienes.

64. El adecuado funcionamiento del sistema de administracin de justicia resulta de vitalimportancia para la vigencia de los derechos humanos y por ello, la misin dio estrechoseguimiento a este compromiso, constatando desde sus inicios las graves carencias quepresentaba el sistema en Guatemala.


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65. Simultneamentecon la instalacin de la misin en el pas, en 1994, entr en vigor elactual Cdigo Procesal Penal y las modificaciones constitucionales y legales relativas a laorganizacin y funciones del Ministerio Pblico. Desde entonces, los fiscales tuvieron acargo la investigacin del delito, una tarea que antes era desarrollada por los jueces. Estatransicin normativa y de procedimientos requiri de un notable esfuerzo por parte delsistema de administracin de justicia. Desde la formacin de fiscales hasta la

implementacin de las necesarias salas de debate, adems de la coordinacin entre lasdistintas instituciones que intervienen en el procedimiento penal. La adopcin del sistemaacusatorio en reemplazo del inquisitivo significara un paso sustancial en el fortalecimientodel sistema democrtico en Guatemala.

66. Otra de las instituciones que preocup a la Misin a su llegada fue el Servicio Pblicode la Defensa Penal. La debilidad de esta institucin, no guardaba relacin con las tareasque tanto la Constitucin como otros instrumentos sobre derechos humanos le asignaban. El13 de julio de 1998, dando cumplimiento del compromiso contrado por las partes en elAFPC, fue creado el Instituto de la Defensa Pblica Penal, IDPP, con carcter autnomo ycobertura nacional, para brindar asistencia jurdica gratuita a quienes no pueden contratarasesora privada.

67. La ampliacin de la cobertura geogrfica del Organismo Judicial a travs de losjuzgados de paz, centros de justicia y mediacin, juzgados de paz comunitarios y laprogresiva incorporacin de traductores al sistema de justicia, constituyeron hitos concretosen el avance de este compromiso.

68. Durante los ltimos aos la asignacin de recursos al sector justicia se ha mantenidoconstante, sin embargo, el proceso de fortalecimiento fue prcticamente abandonado. LaMisin reitera su recomendacin de proveer de un presupuesto adecuado al sistema de

justicia; establecer un proceso de seleccin abierta y transparente; promover la capacitacinpermanente hacia sus funcionarios; realizar un proceso de depuracin institucional yestablecer el principio de la carrera funcionaria. La aprobacin de una Ley de carrera judicial

y una Ley de Servicio Civil.

69. Respecto al compromiso gubernamental de respetar la autonoma y proteger lalibertad de accin del Organismo judicial y el Ministerio Pblico ante presiones de cualquiertipo, la Misin durante diez aos admiti y comprob denuncias por presiones eintimidaciones contra funcionarios de ambos organismos. Casos ejemplares fueron; el queafect al fiscal Abraham Mndez en noviembre de 1994 cuando desde un vehculo,agresores le dispararon con armas de grueso calibre y huyeron, sin lograr alcanzar suobjetivo; el asesinato de dos investigadores del Ministerio Pblico el 3 de mayo de 1996, encarretera a El Salvador, cuando realizaban diligencias sobre casos de especial peligrosidade impacto pblico; las amenazas de muerte que en febrero de 2002, recibi un ex miembrodel equipo de antropologa forense de la ODHAG en su contra y en contra de otros colegas

de la Fundacin de Antropologa Forense de Guatemala (FAFG) y del Centro de AnlisisForense y Ciencias Aplicadas (CAFCA).

70. Los distintos gobiernos, pese a conocer estos antecedentes, no disearon niimplementaron una poltica dirigida a prevenir y combatir este fenmeno. La inaccin estatalha profundizado el sentimiento de indefensin personal y falta de apoyo hacia jueces,fiscales y peritos.


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71. Los distintos gobiernos a los que les ha correspondido dar cumplimiento a loscompromisos contrados en el AGDH han manifestado su voluntad de apoyar el trabajo delProcurador de los Derechos Humanos para fortalecer dicha institucin. Pese a que lasrecomendaciones del Procurador no son jurdicamente vinculantes, la atencin y respuestaoportuna por parte de los gobiernos habra sido un claro respaldo a su labor. En el mismosentido, el IPDH debera contar con una asignacin presupuestaria acorde con las

exigencias que enfrenta en su labor. La Misin tambin constat casos de falta decooperacin e intimidacin hacia dichos funcionarios, provenientes de agentes del Estado opersonas bajo su control, afectando las tareas de esa institucin.

c. Compromiso en contra de la impunidad

72. De todos los compromisos suscritos por las partes en el AGDH, el de actuar confirmeza contra la impunidad, ha sido, sin lugar a dudas, el que ha presentado mayoresdificultades para concretarse. Las evaluaciones de la Misin relativas a su cumplimiento ylas recomendaciones para promoverlo, ocuparon decenas de pginas de informes,suplementos, comunicados de prensa, estudios de situacin e informes temticos. Desde

sus primeros informes sobre derechos humanos, la Misin ha venido llamando la atencinsobre el fenmeno de la impunidad, sealando que representa el mayor obstculo para lavigencia efectiva de los derechos humanos en Guatemala.

73. El balance de este compromiso es desalentador. Pese a los esfuerzos desplegadosen aras de fortalecer el sistema de administracin de justicia, al concluir el trabajo de laMisin es posible concluir que no existe proporcionalidad entre esa inversin y losresultados obtenidos. La impunidad continua siendo un fenmeno sistemtico y transversal ypese a los cambios de los que ha dado cuenta en diversos informes, la poblacin continapercibiendo un estado de indefensin e impunidad.

74. La debilidad de las instituciones encargadas de la investigacin, persecucin y

sancin del delito y de la preservacin de las garantas constitucionales se continanmanifestando tanto en la Polica Nacional Civil, como en el Organismo Judicial y el MinisterioPblico.

75. La impunidad no slo afecta a los casos de violaciones a los derechos humanos queocurrieron durante la permanencia de la Misin en el pas. Existe adems un cmulo deimpunidad que se arrastra desde el pasado y que se refiere a las decenas de miles de casosde violaciones a los derechos humanos, actos de genocidio y crmenes de lesa humanidadque se cometieron durante el enfrentamiento armado interno y que no han sido objeto deinvestigacin y sancin. Un informe temtico publicado en septiembre de 2000 dio cuenta delos procesos de exhumacin realizados entre 1997 y 2000 en el pas y un informe deverificacin presentado en noviembre de 2004 revel el estado de los procesos judiciales

abiertos en estos casos.

76. A la salida de la misin del pas, an se encuentran pendientes de investigacin ysancin, casos ocurridos durante el enfrentamiento armado interno tan emblemticos comolos de las masacres de las Dos Erres, Plan de Snchez, Panzs, Puente Alto, CuartoPueblo, Ro Negro, Laguna Seca; las desapariciones forzadas de Irma Flaquer, EfranBmaca, seis miembros de la familia Portillo, Nicols Chapman Blake, Griffith William Davis,las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Carpio Nicole, Mario Alioto Lpez Snchez y el casodel " Archivo Militar Secreto" que contena informacin sobre las circunstancias en las que


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un comando del Ejrcito haba secuestrado y/o ejecutado extrajudicialmente a 183 personasdurante el ao 198314.

77. Tambin se encuentran pendientes de investigacin y sancin casos de violacionesa los derechos humanos cometidas cuando la misin ya se encontraba en el pas y queafectaron a Mayra Gutirrez, Eugenio Garca, Toms y Santos Francisco Pantzay Calel,

Fausto Pantzay Chom, Guilmar Fernando Miculax Tuctuc, Hugo Rolando Duarte Cordn,Pedro Sas Rompiche, Manuel Saquic Vsquez, Alfonso Stessel Fons, Jos Antonio ArocheCristales, Leonardo Prez Rodrguez, Csar Augusto Morales Lpez, Rolando BarillasHerrera, Edgar Ordez Porta e Isaac Valds Mayen, entre muchos otros.

78. En la mayora de los casos verificados, los familiares de las vctimas no contabancon recursos econmicos suficientes para financiar la actuacin de un abogado particular ytampoco existi una actuacin gil y eficaz por parte de las instituciones encargadas deadministrar justicia, pese a tratarse de delitos de accin penal pblica.

79. Slo en aquellos casos donde existi una tenaz accin de la parte querellante y lapermanente atencin de la comunidad internacional, como aconteci en el caso que

investigaba la ejecucin extrajudicial de Myrna Mack, se verificaron avances. En este casoen particular, adems logr doblegarse la renuencia de las autoridades para dirigir la accinpenal contra los autores intelectuales del crimen; an as, la negligencia e ineficacia de lasinstituciones favoreci la fuga del coronel Juan Valencia Osorio, autor intelectual del hecho,quien haba sido condenado a 30 aos de prisin por el crimen de la antroploga. El Estadode Guatemala reconoci su responsabilidad por el hecho ante la Corte Interamericana deDerechos Humanos, CIDH, y result obligado al pago de reparaciones econmicas y a laimplementacin de medidas de dignificacin. El 23 de abril de 2004, en un acto solemne ypblico, el Presidente de la Repblica, en nombre del Estado, pidi perdn a los familiaresde Myrna Mack y a los del investigador Jos Miguel Mrida. Este ltimo, pieza clave en elesclarecimiento del asesinato a la antroploga, fue asesinado el 5 de agosto de 1991.

d. Compromiso de que no existan cuerpos ilegalesy aparatos clandestinos de seguridad

80. A travs de la verificacin de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos,la misin logr recabar informacin que revel la existencia y actuacin de cuerpos ilegalesy aparatos clandestinos de seguridad en el pas. La constatacin en cuanto a la integraciny forma de operar de estos grupos ilegales, contrast con las prcticamente inexistentesmedidas por parte de las autoridades para combatirlos.

81. Pese a la evidente dificultad que entraa la verificacin de estructuras clandestinas,la Misin logr acreditar la participacin de estos grupos ilegales en casos de amenazas e

intimidaciones a defensores de derechos humanos, en violaciones al derecho a la vida einclusive en acciones destinadas a obstaculizar la accin de la justicia. La misin lleg aconcluir que estos cuerpos clandestinos cuentan con un amplio apoyo logstico que lespermite intervenir lneas telefnicas, disponer de vehculos, utilizar recursos estatales,

14 Entre los casos de desaparicin forzada se encontraba el del profesor y escritor Luis de Len. El 27 de julio de 2004, en cumplimiento de lasentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente de la Repblica, admiti la responsabilidad del

Estado en los hechos y pidi perdn a los familiares de la vctima.


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adems de poseer una amplia experiencia y capacidad operativa, la que qued reflejada ensu forma de actuacin y despliegue.

82. La Misin verific la relacin que exista entre algunos casos de limpieza social dedelincuentes comunes y lderes del crimen organizado, tambin constat vnculos entrepersonas que pertenecieron al antiguo "Archivo" del disuelto Estado Mayor Presidencial y a

la Guardia de Hacienda con funcionarios pblicos. La actuacin de estos gruposclandestinos tambin surgi en el mbito carcelario, donde se registraron muertes de presosque nunca fueron esclarecidas, as como intimidaciones a reos y sus familiares. Estas redesfacilitaron la fuga masiva de 78 reos de la prisin de mxima seguridad de Escuintla en juniode 2001.

83. Asimismo, durante la verificacin de la ejecucin extrajudicial de Edgar OrdezPorta ocurrida el 3 de mayo de 1999, qued al descubierto la actuacin de estas estructurasen investigaciones paralelas.

84. Otro antecedente que dio cuenta de la actividad de estos cuerpos ilegales fue unenfrentamiento a tiros entre miembros de la PNC y del Ejrcito en febrero de 2002 y que

dej un saldo de dos miembros del Ejrcito muertos y tres policas heridos. La verificacinrevel que los dos miembros del Ejrcito muertos y uno de los policas, agregado a laDireccin General de Inteligencia del Estado Mayor, formaban parte de un grupo clandestinoque, en el momento del tiroteo, estaba supuestamente tratando de robar el dinero delrescate que se estaba pagando por una vctima secuestrada.

85. En 2003, por iniciativa de las organizaciones de defensa de los derechos humanosde la sociedad civil y del Procurador de los Derechos Humanos, el Gobierno de Guatemalase comprometi a buscar mecanismos para enfrentar la disolucin de estas redes paralelas.En enero de 2004, el Gobierno de Guatemala firm un Acuerdo con las Naciones Unidaspara el Establecimiento de una Comisin de Investigacin de Cuerpos Ilegales y AparatosClandestinos de Seguridad, CICIACS; sin embargo, su creacin y puesta en marcha no ha

sido concretada hasta ahora.

86. Luego de que la Corte de Constitucionalidad estim que el proyecto de creacin dela CICIACS era contrario a la ley fundamental, el proceso de bsqueda para su aprobacinse paraliz El Ejecutivo expres su compromiso de seguir buscando frmulas para adecuarla propuesta de la CICIACS a la opinin consultiva de la Corte, sin que hasta ahora sehayan visto acciones concretas en este sentido.

87. La ausencia de un mecanismo especfico destinado a investigar la actuacin deestos grupos ilegales hace necesario que las autoridades propongan y adopten alguna otramedida para afrontar el problema.

e. Garantas y proteccin a las personas yentidades que trabajan en la proteccin de los derechos humanos

88. El tema de las amenazas ha sido objeto de honda preocupacin por parte de laMisin y de otros organismos de derechos humanos a nivel regional, as, desde 1990, laCorte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado numerosas medidas de proteccinen favor de testigos, activistas y defensores de derechos humanos guatemaltecos,


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solicitando a las autoridades que adopten las medidas necesarias para garantizar suintegridad y seguridad personal.

89. Los ltimos gobiernos implementaron, sin xito en sus resultados, distintosmecanismos para enfrentar las amenazas a defensores de derechos humanos, entre otros,el 2002 se cre el Gabinete de Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia, integrado

por el Vicepresidente, los Ministros de Defensa, Gobernacin y Relaciones Exteriores, elPresidente de la COPREDEH, la Secretara de Asuntos Administrativos y Seguridad(SAAS), la SEPAZ y la Secretara de Anlisis Estratgico (SAE). Otra iniciativa consisti enla creacin de una comisin presidencial - AG N 170-2002 -, para investigar las amenazase intimidaciones contra defensores; no obstante, esta comisin, no fue integrada pororganizaciones de la sociedad civil y su mandato expir el 30 de junio de 2002.

90. Tambin en el ao 2002, el Fiscal General anunci la designacin de un fiscalespecial para investigar casos de violencia contra defensores de los derechos humanosaparte de los fiscales especiales nombrados para investigar las amenazas contrafuncionarios judiciales, sindicalistas y periodistas. Sin embargo, estas medidas no hanresultado eficaces y las denuncias de amenazas a defensores de derechos humanos

continuaron recibindose por la misin hasta finales de 2004.

f. Resarcimiento y/o asistencia a las vctimasde violaciones a los derechos humanos

91. Las demandas de resarcimiento a las vctimas de violaciones a los derechoshumanos cometidas durante el enfrentamiento armado datan desde 1992, es decir, conbastante anterioridad a la instalacin de la misin en el pas. Desde 1994, la misin dioestrecho seguimiento a los diversos procesos de negociacin entre las organizaciones devctimas y de derechos humanos de la sociedad civil y los distintos gobiernos.

92. La implementacin de los Programas Pilotos de Resarcimiento y/o Asistenciaimplementados por la Secretara de la Paz a partir de 1999 constituyeron la primeraexperiencia en materia de reparacin a las vctimas. No obstante, al tratarse de programasde carcter piloto o experimental, no cubrieron todo el espectro de vctimas ni sedesplegaron en todo el territorio, sino solamente en algunas aldeas de cuatro municipios delos veintids departamentos del pas. Privilegiaron un resarcimiento colectivo y de enfoqueterritorial a travs de creacin o de mejoramiento a bienes pblicos, aunque tambinimplementaron medidas de resarcimiento individual mediante la construccin de viviendas aviudas.

93. Tambin, en el marco del cumplimiento de sentencias o de convenios de solucinamistosa relativos a casos de violaciones a los derechos humanos ventilados ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debi asumir su responsabilidad mediantela implementacin de medidas de dignificacin, de reparacin econmica y psicosocial15.

15 El Estado de Guatemala ha resultado obligado a efectuar reparaciones de carcter econmico en virtud de sentencias y acuerdos de

solucin amistosa ante la CIDH por casos de violaciones a los derechos humanos, en los siguientes casos, Juan Humberto Ramn Cifuentesy Cecilio Yax, Marcos Fidel Quisquina Concua, Sergio Miguel Fuentes Chvez, Juan Jos Mendez Toc, Francisco Guarcas Cipriano,

Masacre de las Dos Erres, Pedro Haroldo Sas Rompiche, Samuel De La Cruz Gomez, Irma Marina Flaquer Azurdia, Herminia Campos Prez

y otros, Jos Sucunuj Panjo, Emilio Tec Pop, Paniagua Morales y otro (Panel Blanca), Villagrn morales y otros ( Nios de la calle),Nicholas Blake, Efran Bmaca Velzquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Marco Molina Theissen, Masacre de Plan de Snchez,

Jorge Carpio Nicole y Manuel De Len.


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94. En el l ao 2002, organizaciones de la sociedad civil y una comisin del gobierno,elaboraron una propuesta conjunta sobre un Programa Nacional de Resarcimiento, PNR,para dar cumplimiento al deber del Estado de reparar. Luego de cinco meses de arduasdiscusiones, la comisin concluy la propuesta que fue aprobada mediante un acuerdogubernativo. No obstante lo anterior, la ausencia de voluntad poltica del Gobierno para

ponerlo en marcha se expres en la demora de la asignacin de un presupuesto y en ladesignacin de su titular, postergndose de hecho su entrada en vigencia hasta finales del2003.

95. El proceso de elaboracin del PNR y la constitucin de la Comisin Nacional deResarcimiento (CNR), no estuvieron exentos de dificultades. Por un lado, muchas de lasdecisiones adoptadas por los representantes del Gobierno ante la mesa de elaboracin delPNR eran posteriormente desconocidas por el propio Gobierno. De otra parte, la falta decomunicacin y disposicin para lograr acuerdos entre las organizaciones de la sociedadcivil, dejaron en evidencia sus debilidades.

96. Actualmente, el PNR cuenta con una representante del Presidente de la Repblica

como titular, con una CNR, que sesiona con regularidad, ha diseado un plan estratgico deaccin, un reglamento interno y tiene asignado un presupuesto anual. No obstante, la faltade un soporte jurdico suficiente, ha privado al PNR de la posibilidad de contar con un fondofiduciario propio. Para operar financieramente ha debido hacerlo a travs del fondo fiduciariode la Secretara de la Paz, SEPAZ, lo que le ha generado dificultades al momento de haceror su voz en la toma de decisiones sobre la ejecucin de su presupuesto. La misin reiterala necesidad de continuar los esfuerzos para el perfeccionamiento del PNR a travs de unaley, atendido su carcter estratgico, el extenso perodo de su mandato y la urgencia de darrespuesta a las miles de vctimas que esperan que el Estado haga efectivo su deber dereparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

Observaciones finales

97. La verificacin de denuncias sobre violacin a los derechos calificados comoprioritarios por la partes constituy uno de los ejes fundamentales del trabajo de la Misin.Esta tarea, asumida desde noviembre de 1994, permiti comprobar la existencia de gravesviolaciones a estos derechos an hasta finales del ao 2004. Si bien se reconoce el efectodisuasivo que provoc la suscripcin y vigencia del AGDH en la actuacin de los agentes delEstado, la comprobacin de graves violaciones a pocos meses de producirse la salidadefinitiva de la Misin del pas es motivo de una profunda preocupacin.

98. Resulta ineludible el fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas detutelar los derechos humanos, para que brinden efectiva proteccin y seguridad a losciudadanos en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Es necesario dotar derecursos suficientes a estas instituciones, muchas de ellas nacidas al amparo de laimplementacin de los Acuerdos de Paz y cuyo escaso presupuesto hace peligrar suexistencia y sostenibilidad. En el mismo sentido, es imprescindible cuidar la capacitacin yformacin del personal que labora en estas instituciones para garantizar la excelencia y


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calidad de las tareas que estn llamados a cumplir. Especial atencin deber prestarse alfortalecimiento de la Institucin del Procurador de los Derechos Humanos.

99. La Misin valora los avances en la puesta al da de los instrumentos internacionalesde proteccin a los derechos humanos, particularmente en lo relativo a la ratificacin deconvenios, en el reconocimiento de competencias de los Comits que acceden a algunos de

estos convenios y en la produccin de legislacin interna de proteccin a los derechoshumanos e insta a las autoridades a concluir el trmite de perfeccionamiento deinstrumentos que an se encuentran pendientes, como el de reconocimiento del comit dela Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de DiscriminacinRacial y la ratificacin del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es tambinimprescindible continuar con la elaboracin y aprobacin de la agenda legislativa de la pazque an se encuentra pendiente.

100. La instalacin de una Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos enGuatemala, es valorada por la Misin como una valiosa herramienta para contribuir aldesarrollo e implementacin de polticas pblicas eficaces en materia de derechos humanos,a travs de la asistencia tcnica y la observacin internacional. La evaluacin que entrega

este informe final sobre la situacin de los derechos humanos, en la que constata laexistencia de numerosos compromisos del AGDH an pendientes de cumplimiento,corrobora la necesidad de contar con una instancia internacional que contribuya al avanceen el cumplimiento de las tareas que an se encuentran pendientes en materia de derechoshumanos.

101. Notables han sido los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos de lasociedad civil en promover la visita de Relatores Especiales al pas, cuyos acuciososinformes han contribuido a identificar los principales obstculos para el pleno goce yejercicio de los derechos humanos. La Misin insta a las autoridades a implementar lasrecomendaciones formuladas por estos expertos y a continuar promoviendo el aporte de losexpertos internacionales.

102. La evaluacin del compromiso de combate a la impunidad arroj desalentadoresresultados, no slo en lo relativo a la prevencin, investigacin y sancin de crmenes ydelitos acaecidos durante el perodo de construccin de la paz, sino que adems seextendi a la falta de investigacin y sancin de los casos de graves violaciones a losderechos humanos y actos de genocidio cometidos durante el enfrentamiento armadointerno. Particularmente preocupantes resultan los casos de linchamientos ocurridos entre1996 y 2004 que an se encuentran pendientes de investigacin y sancin. Este estado deimpunidad que afecta a los casos de linchamiento constituye un real elemento de promocinde este fenmeno.

103. Una vez ms, la Misin reitera el llamado al sistema de administracin de justicia a

investigar y sancionar, sin distinciones de ningn tipo, todos los casos de violaciones a losderechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado interno y los acaecidosdurante la permanencia de la Misin. Lo anterior, significa avanzar en la superacin de unode los problemas estructurales de mayor incidencia en el pas. Luchar contra la impunidad atravs de la aplicacin pronta y cumplida de la justicia contribuir a fortalecer el procesodemocrtico y la vigencia del estado de derecho.

104. El compromiso de combatir la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinosde seguridad no obtuvo una evaluacin positiva por parte de la Misin. La existencia y


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Noviembre de 2004

funcionamiento de estas estructuras fue comprobada a travs de la verificacin de varioscasos de amenazas a defensores de derechos humanos y en emblemticos casos deatentados contra el derecho a la vida. No obstante lo anterior, no se observ la adopcin demedidas eficaces por parte de las autoridades para combatir su actuacin, y la iniciativaimpulsada por el Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones de derechoshumanos de la sociedad civil, sobre la creacin de una instancia para la investigacin y

desmantelamiento de estos grupos, no fue suficientemente apoyada por las autoridades. Elcombate a la existencia y actuacin de estas estructuras paralelas es parte de la agendapendiente.

105. La permanente comprobacin de la existencia de amenazas e intimidaciones adefensores de derechos humanos nos lleva a demandar a las autoridades la urgenteadopcin de medidas eficaces que brinden una real proteccin a los defensores de losderechos humanos. La falta de cumplimiento de este compromiso contenido en el AGDH yque tambin es materia de permanente preocupacin a nivel internacional, constituye unode los compromisos pendientes de cumplimiento y de mayor urgencia, en tanto que afecta elderecho a la integridad y seguridad personal de ciudadanos que trabajan denodadamenteen la promocin y proteccin a los derechos humanos.

106. La Misin valora el compromiso expresado por el actual gobierno de dar unverdadero impulso para la puesta en marcha de un programa de reparaciones a las vctimasde violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armadointerno. Lo anterior ha significado el reconocimiento de la responsabilidad del Estado dereparar los daos causados mediante la sistemtica violacin a los derechos humanos quetuvo lugar en el pasado. Sin embargo, es necesario continuar brindando soporte econmicoy apoyo poltico a este programa de resarcimiento e instar por su creacin a travs de unaley.

107. La conformacin del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que ya harealizado dos congresos, representa un avance dentro de las tareas desarrolladas en aras

de fortalecer la sociedad civil. Con el fin de lograr ptimos niveles de participacin esnecesario que este conglomerado mejore los niveles de coordinacin entre lasrepresentaciones regionales y la capital.

108. La Misin formula un llamado a la cooperacin internacional a continuar apoyando yacompaando el proceso de paz en Guatemala. Tambin recomienda a los donantes a teneren cuenta la experiencia ya adquirida, al momento de identificar las reas o sectores quesern beneficiados y realizar las evaluaciones sobre los resultados con un espritu crtico yconstructivo, para que efectivamente contribuyan al fortalecimiento de las capacidadesnacionales.

109. Durante la permanencia de la Misin en el pas, Guatemala ha avanzado en el

perfeccionamiento de su marco de obligaciones respecto de los derechos de los pueblosindgenas a travs de la ratificacin del Convenio 169 de la OIT en 1996, la tipificacin deldelito de discriminacin incorporado al Cdigo Penal y la promulgacin de la Ley dePromocin Educativa contra la Discriminacin y la Ley de Idiomas Indgenas. Asimismo, sehan creado algunas instancias de proteccin de los derechos de los pueblos indgenas, talescomo la Defensora de la Mujer Indgena, la Defensora Legal Indgena adscrita al Institutode la Defensa Pblica Penal y la Comisin Presidencial contra la Discriminacin y elRacismo en contra de los pueblos indgenas en Guatemala. Sin embargo, an se encuentra


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MINUGUA

pendiente la declaracin de aceptacin de la competencia del Comit de la ConvencinInternacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Racial.

110. Pese a los avances descritos, an persisten serias condiciones de exclusin poltica,social y econmica hacia los pueblos indgenas, que se traducen en la falta de atencin yrespuesta del Estado hacia sus demandas sociales, de justicia, de participacin poltica,

agrarias y de respeto y reconocimiento de sus valores culturales. Los indgenas,particularmente la mujer indgena, son vctimas de una discriminacin cotidiana, que semanifiesta en un evidente prejuicio contra su cultura, espiritualidad, el uso de su idioma y desu traje. Para consolidar los avances del proceso de paz y continuar con el cumplimiento dela agenda pendiente, resulta impostergable la superacin de todas las formas dediscriminacin hacia los pueblos indgenas en Guatemala.

informe final minugua

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