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Nº 18 - mayo 2014
WillaqnikiInforme de diferencias, controversias y conflictos sociales
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDSPresidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM
René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú
Vladimiro Huaroc Portocarrero Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS - PCM
José Reátegui Bardales, Asesor de la ONDS - PCM
Coordinación y análisis del informeZarela Zavala Respaldiza, Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM
Diseño y diagramaciónMarko Capcha Solís
Décima octava edición, 500 ejemplares.Impreso en GMC Digital SACCalle Elías Aguirre 126, Of. 704, Miraflores
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2014 - 06710
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD – ONDS-PCM. Willaqniki N° 18. Lima, mayo 2014
Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Nº 18 - mayo 2014
ANA Autoridad Nacional del AguaALA Autoridad Local del AguaARA Autoridad Regional AmbientalATFFS Administración Técnica Forestal y de Fauna SilvestreCEAS Centro Episcopal para la Acción Social CENEPRED Centro Nacional de Estimación , Prevención y Reducción de Riesgo y DesastresCENSOPAS Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la SaludCEPLAN Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoCOFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad InformalDGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales MinerosDIRESA Dirección Regional de SaludEGENOR Empresa de Generación Eléctrica Nor PerúFEDIQUEP Federación de Indígena Quechua del PastazaFECONAT Federación de Comunidades Nativas del Alto TigreFECONACO Federación de Comunidades Nativas de CorrientesINDECI Instituto Nacional de Defensa CivilINEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINGEMMET Instituto Geológico Minero y MetalúrgicoMINAG RI Ministerio de Agricultura y RiegoMINAM Ministerio del AmbienteMINEDU Ministerio de EducaciónMINEM Ministerio de Energía y MinasMIMP Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerablesMINSA Ministerio de SaludOEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización AmbientalONDS Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad PART Programa de Alerta y Respuesta TempranaPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPRODUCE Ministerio de la ProducciónRREE Ministerio de Relaciones ExterioresSENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del PerúSERNAMP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSUTEP Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del PerúVIVIENDA Ministerio de Vivienda
Lista de Acrónimos
Contenido
06
y Conflictos Sociales en el norte del Perú
Entrevistas Avances del Diálogo
Anexos
Presentación
20RondasCampesinas:
37
46Se declara en
66Análisisla gestión del diálogoen el mes de marzo
69Registrocasos en prevención
Reporte mensual
Artículos
Con la corriente ocontra la corriente
emergencia sanitarialas cuencas de los ríosPastaza, Tigre, Corrien-tes y Marañón
49ONDS lograque comunidades in-dígenas Achuar levan-ten su protesta contra el lote 1AB en Loreto
51
InseguridadCiudadana
José Luis PérezGuadalupeJefe Nacional del INPE
27Desafíosde la participación ciu-dadana en la seguridad: el caso de las rondas urbanas en la sierra norte de La Libertad.
34Régulo Oblitasfundador de las rondas campesinasen Chota - Cajamarca
La inseguridadCiudadanaen la provinciade Chincha
53Ancashen el ojo de la tormenta
55Caso CochamarcaTransformando elconflicto en unaoportunidad dedesarrollo
58La ONDSy el Atlas Global deJusticia Ambiental
59Las Bambassu venta reciente:impactos y desafíos
61ONDS - PCMpresenta su portalweb al servicio dela ciudadanía
VISITA DE LADELEGACIÓN CANADIENSE
Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc, comparte las experiencias de la gestión del diálogo en la PCM. 03.04.14
Presentación
Vladimiro HuarocAlto Comisionado
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
campesinas en Chota, Cajamarca y otra al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe.
En relación a los avances del diálogo se presentan la declaratoria de Emergencia Sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, mencionada al inicio de la presentación, los acuerdos con las comunidades indígenas Achuar del río Corrientes en relación con su protesta contra el lote petrolero 1AB en Loreto, el caso de la transformación del conflicto en Cochamarca, los impactos y desafíos de la venta reciente del Proyecto las Bambas y notas de análisis sobre la inseguridad ciudadana en la provincia de Chincha, la situación en Ancash, el Atlas Global de Justicia Ambiental y la presentación del portal web oficial de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS - PCM).
Para cerrar se presenta el análisis en la prevención y la gestión del diálogo durante el mes de abril. Así se puede observar que para esta edición se han registrado 55 diferencias y controversias, 69 casos en prevención y se han resuelto 3.
El mes de mayo se inició con una buena noticia: el Presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la Declara-toria de Emergencia Sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la Región Loreto, para atender el problema de la conta-minación del agua para consumo humano, que afecta a las poblaciones indígenas asentadas en estas localidades.
En la edición 18, Willaqniki aborda este y otros temas relacionados con la inseguridad ciudadana vista desde la Región Norte, las rondas campesinas y los desafíos de la participación en la seguridad ciudada-na. En cuanto a la problemática de la inseguridad ciudadana se pone énfasis en la necesidad de optimi-zar los niveles de Seguridad Ciudadana, integrando y articulando las políticas multisectoriales de carácter preventivo, internalizando en la población una cultura de paz, a través de la generación de confianza y el disfrute de vivir en comunidad.
Se publican dos interesantes entrevistas, una a Régulo Oblitas Herrera, fundador de las ronda
INSEGURIDAD CIUDADANA Y CONFLICTOS SOCIALES
1EN EL NORTE DEL PERÚ
7
I. Presentación
El presente artículo “Inseguridad Ciudadana y Conflictos Sociales: Región Norte”, busca compartir las reflexiones que nos genera el estado de inseguridad que se percibe en el país, en particular en la zona norte y, pretende alertar sobre la posibilidad de generación de conflictos sociales si es que la inseguridad no se atiende de manera oportuna y estructural.
Cabe recordar, que el país viene gozando de un extraordinario crecimiento económico, iniciado en el año 2002, alcanzándose una tasa de 8,3% anual el año 2007; lográndose luego, en el 2010, el pico más alto de crecimiento, con una tasa anual del 8,78%, el más alto de los últimos 12 años. Sin embargo, paradójica-mente, también se reflejan un incremento de los índices delictivos, como robos, extorsiones, sicariato, crímenes, violaciones, entre otros delitos. De tal manera que es cotidiano oír en las noticias locales, según la información de los medios de comunicación, que en Trujillo, cada día, aparece una persona muerta sea por ajuste de cuentas o por intento de robo.
Bajo ese escenario resulta indispensable afianzar una política que permita disminuir la delincuencia organizada y otras formas de asociaciones ilícitas, como la delincuencia en la calle, extorsiones, sicariato, robos, etc. Asimismo, se debe fomentar la inversión en la Seguridad Ciudadana, que consideramos será lo más propicio para el bienestar del país.
Cabe precisar que la Seguridad Ciudadana no consiste únicamente en acciones de prevención y el combate de la delincuencia, sino también en la ejecución de una serie de estrategias por parte del Estado que permitan atender las necesidades más urgentes, así como el fomento y creación de actividades productivas en beneficio de la comunidad.
Por ello, se tiene que optimizar los niveles de Seguridad Ciudadana, integrando y articulando las políticas multisectoriales de carácter preventivo, internalizando en la población una cultura de paz, a través de la generación de confianza y el disfrute de vivir en comunidad.
II. Acerca de la Seguridad Ciudadana
Son diversos los estudios y la literatura que abordan la inseguridad ciudadana e intentan explicar los factores que han propiciado esta problemática. Sin embargo, para efectos del presente artículo, entende-mos la seguridad ciudadana como la acción integra-da que desarrolla el Estado que permite asegurar la convivencia armónica, mediante la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
Consideramos fundamental conocer cómo ha ido variando, a lo largo del tiempo, este concepto hasta la noción que se maneja en la actualidad y que ha impulsado, a diversos gobiernos, a diseñar políticas públicas para fomentarla y resguardarla.
En retrospectiva, el hombre desde sus inicios ha puesto de manifiesto su instinto de supervivencia, como elemento primordial de su seguridad. Primero se refugiaban en cuevas de forma individual, luego agrupados, sin importarles la comunidad. Posterior-mente, con el desarrollo de la humanidad y ante la aparición de conflictos, surge la necesidad de estable-cer formas de solución, a través de la suscripción de acuerdos y/o pactos de distinta naturaleza.
Si bien las dinámicas sociales van modificando y adecuando la noción de seguridad ciudadana a las
necesidades y nuevos desafíos que enfrenta la pobla-ción, los marcos normativos también van articulán-dose a estos cambios, generando instrumentos que velan por los derechos y estableciendo acciones preventivas y punitivas.
Una primera referencia es la Declaración Universal 2de los Derechos Humanos (DUDH) , que en su artí-
culo 3º prescribe que: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A pesar que la DUDH constituye un documento declarativo, que reconoce a la seguridad como uno de los principales derechos del hombre, ha permitido que los Estados puedan empezar a equiparar los principios de seguridad a nivel mundial, siendo ellos los encargados de proveerla.
La Constitución Política del Perú, al recoger las conclusiones más importantes de los tratados internaciones suscritos por el Perú, afirma que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, quien está por encima de cualquier elemento, rescatando su dignidad. El Estado a través de sus gobernantes y autoridades otorgan y garantizan la seguridad integral de sus habitantes, así el artículo 44º establece que:
“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienes-tar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”
La reforma constitucional del año 2002, al modificar el capítulo referido a la descentralización, institucio-nalizó la participación vecinal en el desarrollo local y el liderazgo de las municipalidades en la seguridad ciudadana, este último en cooperación con la Policía Nacional. El artículo 195º introdujo el siguiente texto: “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley”.
Dicha disposición constitucional, es incorporada en 3la Ley Orgánica de Municipalidades , en la que se
otorga a los Gobiernos Locales funciones y compe-tencias para atender la seguridad ciudadana y en par-ticular, a las municipalidades provinciales, cuya fun-ción específica es “establecer un sistema de seguri-dad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la policía nacional, y (…)” tal como se especifica en el artículo 85º.
Otra referencia que debemos hacer es a la sétima 4política de Estado del Acuerdo Nacional en la que se
plantea, como fin supremo, la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la segu-ridad ciudadana y que por lo tanto, se busca consoli-dar las políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, inte-gridad o libertad de las personas así como la propie-dad pública y privada; propiciando una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de conviven-cia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos.
Así, en el marco de lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la sétima política del Acuerdo Nacional, el Estado promulgó el 11 de febrero de 2003, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC): Ley N° 27933, que en su artículo 2º define a la seguridad ciudadana como:
“La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violen-cia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la preven-ción de la comisión de delitos y faltas”.
A partir de la promulgación de la Ley Nº 27933, el Estado cuenta no sólo con una definición expresa de lo que es seguridad ciudadana, sino que además se crea un sistema que tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situa-ción de paz social, liderado por las principales autori-dades regionales y locales, conforme al mandato contenido en nuestro ordenamiento constitucional.
III. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana al ser un concepto multi-sectorial y multidisciplinario, requiere de un instru-mento legal que sustente la coordinación de las entidades del Estado, siendo dicha norma, la Ley N° 27933 que da origen al Sistema Nacional de Seguri-dad Ciudadana. A través de esta iniciativa se preten-de fortalecer la democracia, la gobernabilidad, la libertad y el estado de derecho en el Perú, buscando garantizar la tranquilidad, la paz y el bienestar de los ciudadanos.
9
En el marco de esta norma, se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), cuya estructura orgánica cuenta con la presidencia del Consejo y con una Secretaría Técnica, siendo la encargada de la formulación de las políticas y de la conducción y evaluación de los planes, proyectos, programas y directivas de Seguridad Ciudadana en
el ámbito nacional. Igualmente, la norma prevé la existencia de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC); a continuación se gráfica la
5estructura del CONASEC :
Cuadro N° 1Estructura del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
6En el cuadro N° 2 se presenta la estructura del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana , en tanto órgano ejecutivo:
Cuadro N° 2Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Mediante Decreto Supremo N° 012-2013-IN, se apro-bó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, como Política Nacional del Estado Peruano en
Seguridad Ciudadana, habiéndose fijado los siguien-tes objetivos estratégicos: (i) Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y forta-
CONSEJO NACIONALDE SEGURIDAD CIUDADANA
CONASEC
COMITÉS REGIONALESÓRGANOS TÉCNICOS
NORMATIVOS
COMITÉS PROVINCIALES COMITÉS DISTRITALES
ÓRGANOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA
ALCALDE DISTRITAL
02 ALCALDES DE CENTROS POBLADOS MENORES
JEFE POLICIAL
COMITÉ DISTRITAL DESEGURIDAD CIUDADANA
LEY N° 27933Modif. LEY N° 28863
01 REPRESENTANTE DELAS RONDAS CAMPESINAS 01 REPRESENTANTE DE
LAS JUNTAS VECINALES
AUTORIDAD POLÍTICA PODER JUDICIAL
SECRETARÍATÉCNICA
lecido; (ii) Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano; (iii) Reducir los factores de riesgo social que propician comporta-mientos delictivos; (iv) Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la insegu-ridad ciudadana; (v) Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confian-za ciudadana; y, (vi) Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia.
El CONASEC es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y presi-dido por la Presidencia del Consejo de Ministros, que no tuvo la activa participación para combatir el estado de inseguridad existente, hasta que el 18 de agosto de 2011, el Presidente Ollanta Humala Tasso tomó la decisión y alternativa ejemplar de liderar el comité, dando a conocer la política de estado en cuan-to a Seguridad Ciudadana, tomando conocimiento de la problemática existente y buscando las posibles soluciones de forma corporativa y articulada.
Según el Ministerio del Interior, desde sus inicios la Secretaría Técnica del CONASEC trabajó con escaso soporte financiero, no obstante que su norma de crea-ción señala que se constituirá en una Unidad Ejecu-tora dentro del pliego Ministerio del Interior, situa-ción que ha variado con la nueva administración y en la cual se le asigna la importancia que le corresponde en cuanto a su funcionamiento. Así, por ejemplo, du-rante el ejercicio económico 2013, la Secretaría Técni-
7ca ha informado haber brindado asistencia técnica a los distritos, provincias y regiones para la formula-ción de sus respectivos planes de Seguridad Ciuda-dana, logrando que el 89.05% de los distritos presen-ten su Plan Local de Seguridad Ciudadana, es decir 1,464 municipalidades distritales; a nivel provincial el 97.4% presentó el Plan de Seguridad Ciudadana, exactamente 189 municipalidades provinciales; y, en las regiones, se logró la formulación del 100%, es decir, 26 Planes Regionales de Seguridad Ciudadana.
IV. La Inseguridad Ciudadana
Existen diversos indicadores para medir la situación de inseguridad, la violencia y el delito en un determi-nado territorio. Los más importantes son los homici-dios, la victimización, la percepción de inseguridad,
la confianza en las instituciones y la situación del sistema penitenciario.
Los altos índices de delincuencia en una localidad, aumentan la percepción de inseguridad, los residen-tes comienzan a actuar a la defensiva, toman precau-ciones para evitar ser víctimas, perjudicando sus pla-nes o proyectos previamente acordados para progre-sar, como son las inversiones o mejores condiciones de vida. La atención de las necesidades primarias de las personas aumentan, ya que frente a la necesidad de salud, educación, alimentación, se suma una, también preocupante y de inmediata atención: la “seguridad ciudadana”.
Los inversionistas y las empresas en general, también se ven perjudicados, ya que tienen que asumir sobrecostos de producción, por la privatización de la seguridad, el circuito económico se ve afectado drásticamente, las finanzas empresariales varían considerablemente y los presupuestos también.
8Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina. En este estudio se manifiesta que, entre 2000 y 2010, en esta región del mundo la violencia letal aumentó en 12%, causando la muerte de más de un millón de personas por violencia criminal, a diferencia de otras regiones donde la tasa fue negativa.
Figura N° 1Evolución de la tasa de homicidio por 100.000 habitantes, países pn tasa alta, circa 2005-2011
Fuente: Registros administrativos oficiales recopilados por el PNUD (2013).
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10
25
50
75Brasil
Colombia
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Rep. Dominicana
Ecuador
Paraguay
11
El Perú no es ajeno a dicho fenómeno, así las estadísticas del INEI, contenidas en el Informe Técnico N° 8 de 9diciembre de 2013 , sobre Seguridad Ciudadana del período abril - setiembre 2013, demuestra que el 61% de los
ciudadanos señalan que la delincuencia y la falta de seguridad es el principal problema que les aqueja; en el caso de Lima la cifra se eleva al 65% y al interior del país el 57% de ciudadanos considera que la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana es el principal problema, conforme puede observarse en el siguiente cuadro.
10En cuanto a la tasa de homicidios, según el Ministerio del Interior y en base a la estadística policial, entre los años 2006 y 2012, la tasa de homicidios mantiene una relativa estabilidad, por encima de las tasas promedios de los quinquenios 2001-2006 (6.1%) y 1996-2000 (8%), aunque inferior del 12.1% de los primeros años de los noventa, aunque se nota una diferencia sustancial con las estadísticas del Ministerio Público, a partir del año 2008, lo que de alguna manera dificulta la articulación de las acciones para combatir la inseguridad ciudadana, ya que si partimos de datos no conciliados, el proceso de formulación y aplicación de las respectivas estrategias tendrán resultados diferentes. Véase cuadro N° 4.
Cuadro N° 3Principales problemas del país año 2013
Cuadro N° 4Tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú
1986 - 2012
61
47
31
30
27
18
15
13
13
13
9
8
Delincuencia / falta de seguridad
Corrupción / coimas
Desempleo / falta de trabajo
Consumo de drogas
Pobreza / hambre / crisis económica
Contaminación del medio ambiente
Inflación / aumento de precios
Narcotráfico
Crisis política / falta de democracia / falta de líderes
Salud pública inadecuada
Inadecuada educación
Desigualdad / diferencia entre ricos y pobres
Terrorismo
12
65 57
47 46
25 39
35 25
24 31
16 20
15 15
16 10
15 11
12 14
11 14
9 9
7 8
Fuen
te: M
inis
teri
o d
el In
teri
or
Fuente: Ministerio del Interior
Tal como se revela en el cuadro N°5, según las estadísticas del Ministerio del Interior -medido sobre cada 10 mil habitantes-, el ranking de delitos por departamento es liderado por Tumbes con una tasa del 52.2%, la provincia Constitucional del Callao con el 36.5% y Lima con una tasa del 33.7%; en el otro extremo se ubica Puno con la tasa más baja (2.5%), Pasco con el 4.2 % y Huancavelica representa el 5.6%.
En cambio, si queremos establecer un ranking de violencia homicida, la ubicación de los departamentos varía, según revela las estadísticas de la Policía Nacional en el cuadro N° 6. Durante el año 2012, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes la encabeza Tacna con el 35.6%, seguido por Tumbes con el 25.4% y luego, Ucayali que registra el 23%; en el extremo contrario, la tasa más baja de criminalidad se registra en Huanca-velica con el 1.4%, seguido de Loreto y Moquegua, con el 1.4% y 1.7%, respectivamente.
Cuadro N° 5Tasa de delitos por
departamento(Tasa por cada 10 mil
habitantes)
Cuadro N° 6Tasa de homicidios por
departamentos(Tasa de homicidios
por cada 10 mil habitantesen las regiones del Perú)
En suma, la inseguridad ciudada-na afecta a la ciuda-danía en general, atenta contra el goce de derechos, a la con-vivencia pacífica, a la g o b e r n a b i l i d a d democrática, el estado de derecho y el orden público.
Tumbes
Prov. Const. del Callao
Lima
Moquegua
Tacna
Madre de Dios
Arequipa
Ica
Nacional
Lambayeque
Ucayali
Junín
Amazonas
Ayacucho
La Libertad
Apurímac
Loreto
Cusco
Piura
Ancash
San Martín
Huánuco
Cajamarca
Huancavelica
Pasco
Puno
52,2
36,5
33,7
28,2
26,9
26,3
25,0
24,4
21,9
21,8
21,3
19,4
18,9
17,9
17,1
16,1
15,1
15,1
14,3
13,6
10,9
7,7
7,7
5,6
4,2
2,5Fuente: Ministerio del Interior
Tacna
Tumbes
Ucayali
Arequipa
Apurímac
Prov. Const. del Callao
Amazonas
Cusco
La Libertad
Madre de Dios
Ica
San Martín
Ancash
Ayacucho
Cajamarca
Nacional
Lambayeque
Piura
Puno
Lima
Huánuco
Junín
Pasco
Moquegua
Loreto
Huancavelica
35,6
25,4
23
21,4
19,3
18,8
17
14,6
14,2
14,1
14,1
13,1
12,8
12,5
10,6
9,6
9,4
6,9
5,4
5,2
4,4
4,2
4
1,7
1,4
1,4Fuente: Ministerio del Interior
13
V. Inseguridad Ciudadana en el norte del país
En este punto se describirá la situación de insegu-ridad ciudadana que afrontan tres departamentos del norte del Perú:
1.1 La Libertad:
11Según estimaciones del INEI , dentro de poco el de-partamento de La Libertad superará los 2 millones de habitantes, concentrándose en Trujillo casi el 75% de su población, considerada la segunda ciudad más importante del Perú, por ser la de mayor densidad poblacional y de gran actividad comercial y económica.
Dentro de este contexto, se ha podido apreciar un incremento en los delitos de mayor impacto social
como son la extorsión y el sicariato por encargo, así como otros ilícitos penales en sus diversas modali-dades, que dan como resultado la inestabilidad de los ciudadanos que habitan en los centros urbanos y sus
12áreas de influencia, creando zozobra . Así, la acción desbordada de la delincuencia común y de las redes y bandas criminales, que intentan construir un mono-polio sobre la ilegalidad, protegiendo el tráfico de armas y drogas o controlar las rentas provenientes de actividades legales e ilegales; se agudiza debido al déficit del personal policial, logística, infraestructura moderna de locales policiales y la falta de equipos modernos de criminalística. Todo esto limita la capa-cidad operativa del personal policial.
Se estima que la delincuencia organizada se apropia de 15 millones de nuevos soles al año, por extorsión a las empresas de transportes de la región La
13Libertad , conforme lo gráfica el Diario Correo de La Libertad, en la infografía que se muestra a continuación:
1 2
A
Bvehículos poseela empresa pequeña35vehículos poseela empresa grande120
Sicarios asesinan amiembros de empresa 39
30 70 15’330.000Millones de soles obtienenlas bandas
ASI EXTORSIONAN LAS BANDAS DELICTIVAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN LA REGIÓN
Fuente: Diario Correo, La Libertad
El Observatorio de Criminalística del Ministerio Público (OCMP), demuestra que en La Libertad, en el último año, medidos sobre una tasa de 100,000 mil habitantes, los robos crecieron de 99 a 197 casos.
En el mismo período, según el Observatorio del Ministerio Público de La Libertad, señala que en esta región, se registraron 29,771 delitos, lo que represen-ta un incremento del 30 % respecto del año 2012. De ese total de delitos, el 60 % se cometieron en Trujillo. Estas cifras reflejan otra triste realidad, pues del total de delitos registrados, 195 corresponden a personas asesinadas en la región, habiéndose llegado a come-ter un crimen por día en diciembre de dicho año.
Respecto a las extorsiones, tenemos que este delito aumento en 50 % en Trujillo en los dos últimos años, según lo evidencia el estudio del Ministerio Público, donde se aprecia que, en el año 2007, La Libertad era el único departamento donde se intimidaba por dinero. Sin embargo, en el año 2012 este flagelo se han extendido a otras regiones del país, como Piura, Tumbes, Lambayeque, Chimbote (Ancash), Huaura y Cañete (Lima), y Tacna a través de las bandas organizadas.
14El Informe N° 8-2013 del INEI , referido a seguridad ciudadana, confirma el peligro al que se encuentran expuestos los residentes y turistas de Trujillo, pues según dicha entidad, en el semestre abril-setiembre de 2013, se evidenció que de cada 100 personas de 15 años a más, 27 han sido víctimas de robo, en contra-posición con otras ciudades (Chachapoyas, Huanca-velica, Moyobamba), en donde para el mismo período, sólo se registraron 15 de cada 100 personas.
1.2 Lambayeque:
Similar comportamiento estadístico y delictivo se muestra en las otras regiones del norte. En Lambayeque, y fundamentalmente en Chiclayo, existen bandas organizadas que se dedican a la extorsión y usan como herramientas de combate, el sicariato. Las bandas tienen como escondite, en particular el distrito de José Leonardo Ortiz y se considera como su centro de operaciones el estable-cimiento penitenciario Picsi.
Según la información facilitada por la Policía Nacional Regional, el número de delitos se ha incrementado en alrededor del 17%, entre los años 2012 y 2013, pasando de 8,197 a 9,588 delitos, de los cuales el mayor porcentaje son aquellos contra el patrimonio. Así para el año 2013, estos delitos representaron casi el 92% del total.
A pesar de registrarse un bajo número de homicidios cometidos en la región (114 el 2012 y 121 durante el año 2013) no se debe perder de vista su incremento y que el común denominador es sicariato, es decir, el asesinato por encargo. La extorsión también es un delito que viene incrementándose significativamente en la región Lambayeque. En el siguiente cuadro se muestra la estadística delincuencial, proporcionada por la Policía Nacional – región norte-
Cuadro N° 7Estadística delincuencial
VARIABLE 2012 2013
TOTAL DELITOS 8197 9588
I. CONTRA LA VIDA, CUERPO Y SALUD 233 254
A. Homicidio 114 121
Por arma de fuego 66 89
Arma blanca 36 27
Objeto contundente 8 3
Extrangulamiento 4 2
B. Otros Delitos C.V.C.S. 5 12
II. CONTRA EL PATRIMONIO 7028 8789
A. Hurto simple y Hurto agravado 3331 4374
Domicilios 1709 1937
Locales comerciales 172 221
Centros Educativos 88 74
Otros 1362 2142
B. Robo simple y robo agravado 2537 3123
1. Asalto y robo a personas 2321 2693
Taxistas 118 139
Conductor de otros vehículos 134 130
Transeúntes 1630 1822
Cambistas 12 2
Otros 427 600
2. Asalto y robo a entidades 216 430
. Bancos o entidades financ. 0 3
. Hoteles 3 9
. Centros comerciales 21 40
. Domicilios 78 139
. Instituciones 8 12
. Empresas de producción 7 18
. Empresas de servicios 3 27
. Veh. Transporte de pasajeros 12 18
. Vehículos distribuidores 16 40
. Grifos 13 28
. Otros 41 57
C. Apropiación ilícita 98 108
15
5.3 Piura:
Entre los principales indicadores para medir la inseguridad en esta región norteña, se encuentran los homicidios y la victimización. Así, de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional de la región Piura, informado en marzo del año en curso, en el año 2012, la tasa de homicidios en Piura fue de 6.9%, relativa-mente baja al promedio nacional que fue de 9.6% y de otros departamentos como Tacna que tuvo 35.6%, Tumbes con el 25.4%, Ucayali 23.0% y Arequipa con el 21.4%. Esto revela que, en Piura se presenta un mayor clima de seguridad a comparación de las regiones que le anteceden.
Asimismo, de acuerdo con la información propor-cionada por la Encuesta de Seguridad Ciudadana en
15la Región de Piura , el 32.5% de los encuestados manifiestan que fueron víctimas de un hecho delic-tivo. Sin embargo, si se revisa a nivel de provincia, el ranking de victimización lo preside Sullana con el 50.5%, Paita con el 43.5%, Talara el 33.7%, Piura el 31.1%, Sechura el 27.8%, Morropón el 18.8%, Huancabamba el 18.3% y Ayabaca el 17.9%.
De acuerdo al tipo de delito, la misma encuesta citada plantea que el 70.2% de piuranos fueron víctimas de robos (carteras, dinero, celulares). Le sigue el robo con mano armada con un 6.9%, el hurto con el 5.8%, robo dentro de la vivienda con el 4.6%, estafa, secuestro y extorsión con el 3.2%, amenaza, ofensa sexual e intimidación con el 0.9%, entre otros.
Si bien el tipo de delito más común en el departa-mento de Piura es el robo -con el 70.2% del total de los casos- la situación que se revela en sus provincias es aún más delicado. Tanto Piura provincia y Sullana están por encima del departamento, con el 77.8% y el 76% respectivamente.
Los indicadores reseñados demuestran el incremen-to de los hechos delictivos, por lo que el Estado debe sumar esfuerzos para la atención de la problemática de inseguridad ciudadana que atraviesa en el norte del país.
VI. Crímenes políticos:
En el ámbito de la región norte se han producido los denominados crímenes políticos, con fuertes impli-cancias y relaciones con el poder regional y/o local, en los cuales se contabilizan 14 asesinatos sólo entre las regiones La Libertad y Ancash. Entre las princi-pales motivaciones y/o causas para la comisión de estos execrables crímenes se cuenta la eliminación de rivales y/o potenciales rivales, eliminar testigos de la comisión de hechos delictuosos por manejo de fondos públicos, administración y manejo de obras públicas, administración de cupos laborales, revan-cha por procesos de revocatorias pérdidas, todo ello alimentados por el crecimiento económico y soste-nible de los presupuestos regionales y/o locales, por ejemplo Ancash tiene un presupuesto anual de S/. 954 millones de nuevos soles, casi el doble o más del doble, de los que recibe, por ejemplo, Pasco, Tacna o Amazonas. Estos homicidios políticos datan desde el año 2004 y aún se encuentran pendientes de resolver.
Aquí reseñamos algunos de los crímenes cometidos:
El 29.11.04, el Alcalde de la Municipalidad provincial de Santiago de Chuco, Eberth Rojas Alipio, fue asesinado en Trujillo. La esposa de la víctima acuso al ex alcalde de Mollebamba. Manuel Sánchez Paredes
16de ser el autor intelectual .
Fuente: Informe de la DIRTEPOL Lambayeque de Marzo de 2014.
III. CONT. LA SEGURIDAD PÚBLICA 892 526
Tráfico ilícito de drogas 235 76
Micro comercialización de drogas 290 250
Tenencia ilegal de arma (TIA) 129 111
Otros especificar (Peligro común, D. C/ medio transporte, comunicación y otros serv. Públ.,contra salud pública)
238 89
IV. CONT. LA TRANQUILIDAD PUB. 24 16
Apología -Terrorismo 2 1
Otros / Contra la Paz pública (Disturbio colectivo, apología delito, org. Criminal)
22 15
V. PANDILLAJE PERNICIOSO 19 2
VI. POSESION DE ARMAS DE GUERRA 1 1
VARIABLE 2012 2013
El ex consejero regional de Ancash, Ezequiel 19Nolasco Campos , fue asesinado la noche del
14.03.14 en la ciudad de Huacho. Él fue un férreo opositor a la gestión del Presidente Regional César Alvarez Aguilar, denunciándolo por presuntos actos de corrupción en la administración de los recursos públicos de la región. Años antes Nolasco ya había sido víctima de intento de homicidio y en el cual falleció su hijastro.
El 12.06.10, el entonces presidente regional de 20Ancash en ejercicio, José Luis Sánchez Milla , fue
asesinado luego de hacer público su pretensión de anular un paquete de obras en la región Ancash, que habrían sido supuestamente sobrevaluadas.
VII. Causas de la inseguridad
Si bien no existe una condición necesaria o suficiente para explicar la violencia y el delito, sí se pueden identificar factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica como factores la abundancia de hombres marginalizados y la urbanización desordenada (fac-
tores demográficos); familias disfuncionales; desem-pleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores econó-
21micos) ; la escasa legitimidad del Estado y los con-flictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así co-mo el porte de armas; las pautas culturales que tole-ran la violencia; y la ineficacia e ineficiencia de las ins-
22tituciones encargadas de la seguridad y la justicia .
Asimismo, las dificultades en la actuación policial también contribuyen a generar un estado de inseguridad. Entre las principales dificultades se
El Alcalde del distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, Diógenes Geldres Velásquez, fue asesinado el 18.12.12, por sicarios cuando se
17encontraba en pleno reparto de juguetes .
El regidor de la Municipalidad distrital de Chao, 18provincia de Viru, Antenor Rodriguez Rodrígez ,
fue asesinado el 09.02.13 por desconocidos al interior de una tienda de su propiedad; el citado regidor venía siendo extorsionado.
Operativo policial en Talara. Foto: Municipalidad de Talara
encuentran: el limitado personal policial especia-lizado; la falta de equipamiento, de vehículos y de tecnología, especialmente para las áreas de investi-gación criminal e inteligencia; infraestructura inade-cuada; falta de incentivos para el personal que presta servicios en las unidades de investigación criminal y de inteligencia, entre otros.
Es casi general el sentir policial, que otro elemento coadyuvante al estado de inseguridad sea la aplica-ción del Nuevo Código Procesal Penal que por ser garantista en “demasía”, hace que se priorice la pro-tección de los derechos fundamentales del inculpado en “contra” de los derechos de la víctima, lo cual generan limitaciones para su actuación y lucha contra la criminalidad.
Finalmente, es preciso mencionar que el accionar delincuencial cobra ventaja gracias a la complicidad de algunos malos elementos del INPE, quienes en algunos casos facilitan medios de comunicación y preferencias en las visitas de familiares, lo que les permite planificar, organizar y ordenar las ejecu-ciones de ilícitos penales desde el interior de los establecimientos penales. A esto también se suma la complicidad con algunos malos efectivos de la PNP,
23Ministerio Público y Poder Judicial .
VIII. Impacto de la inseguridad en la Gobernabilidad
El Perú, como el resto de países de América Latina, muestra hoy en día niveles de crecimiento soste-nidos, con una economía más fuerte e integrada, y las regiones del norte del país no son la excepción, principalmente La Libertad con importantes niveles de crecimiento y desarrollo.
Sin embargo el flanco débil de la región es la vio-lencia, el crimen y la inseguridad, tal como se ha reseñado. Pero particularmente Trujillo ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por la extorsión y sicariato que han aumentado el temor entre los ciudadanos.
El deterioro de la seguridad se ha dado de manera homogénea, lo que traería consigo retracción de la inversión, por la falta de las condiciones mínimas necesarias para su implementación, incremento en los costos de transacción, ya que la inseguridad que se vive en la región hace que los servicios de
seguridad se privaticen mediante la contratación de empresas de seguridad y, en otros caso, fomenta la contratación del personal policial en sus días de franco, generándose una gran distorsión en el servicio que por competencia constitucional le corresponde a la Policía Nacional.
Este estado de inseguridad ha generado estados de conflictividad, lo que incluso motivó la realización de un paro regional de transportistas en La Libertad, demandando al Estado se combata la inseguridad ciudadana por la que viene atravesando.
Evidentemente este paro regional efectivizado el 20 de diciembre de 2013, que contó con el apoyo de la autoridad edil provincial y cuatro alcaldes distritales de la provincia de Trujillo, que se bien es cierto, contiene justas demandas, resulta que con la realización de dicha medida se atenta contra el orden y la paz público de la región, y por ende contra la gobernabilidad; ello motivó, que desde la ONDS de la PCM se aborde la controversia surgida y se promueva la conformación de una Mesa de Diálogo, instalada en el mes de noviembre del 2013, y que ha permitido que el Gobierno Nacional, acorde con la Política de Seguridad Ciudadana contenida en el respectivo Plan, asigne mayores efectivos policiales a La Libertad, Lambayeque, Piura y Ancash; y se promueva la capacidad operativa de la policía a través de la asignación de equipos y vehículos (patrulleros inteligentes), el dotar de presupuesto a la Municipalidad de Trujillo para la reparación y/o reconstrucción de Comisarias.
A fin de graficar lo señalado, nos remitimos a las declaraciones públicas efectuadas por el Sr. Orlando Villanueva, Presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (CERTULL), recogidas por el Diario Correo La Libertad del
2419.03.14 , al declarar que la inversión brasileña de 140 millones de dólares para la llegada de 1,200 buses, como parte del Proyecto Mi Trujillo, no se ejecutaría por los altos índices delincuenciales de la región. Sobre esto el Sr. Villanueva refirió “hay extorsiones, asaltos y sicariato juvenil todos los días, y así no se puede invertir” (…)“Como podemos invertir 140 millones de dólares sí nos arrebatan los vehículos y los queman, si nos extorsionan a cada instante. Es muy difícil convencer a los inversio-nistas, sin embargo, nosotros estamos insistiendo en el proyecto”.
Por ello resulta fundamental, dado el escenario polí-tico electoral del 2014 para elegir nuevas autoridades regionales y municipales, el invocar y/o solicitar a los candidatos la presentación de sus propuestas
17
8
claras y contundentes para combatir la inseguridad ciudadana.
IX. Reflexión final
Resolver el problema de la inseguridad ciudadana no tiene una sola respuesta, ni mucho menos resulta de aplicar fórmulas mágicas. Al ser un problema trans-versal, su atención también requiere dicho trato.
Al respecto, es necesario referirnos a experiencias y lecciones exitosas de otras partes del mundo, como por ejemplo la mejora en la actuación policial y el trabajo cercano a desarrollar con las comunidades; recopilación y centralización de la información esta-dística y adopción de nuevas tecnologías; enfocar y priorizar esfuerzos de prevención en las zonas potenciales de riesgo; creación de unidades especia-lizadas al interior de los sistemas de justicia y seguridad. Asi por ejemplo, resulta de referencia importante los exitosos casos citados por el Informe del PNUD sobre Seguridad ciudadana en América Latina como “Fica Vivo” en Belo Horizonte; el Plan
de vigilancia comunitaria en Colombia; el programa de Barrio Seguro en República Dominicana; la expe-riencia de tregua entre los maras de El Salvador, y el Programa Todos Somos Juárez en México.
Ahora bien, las políticas de seguridad que se imple-menten, serán resultados de un enfoque multi-sectorial, que deben incluir, entre otras, medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación Estado - Comunidad, voluntad política, amplia y sostenida, adopción de sistemas de información y de interven-ción más modernos y eficaces, lo que implica estable-cer una serie de reformas con objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo.
Estas políticas deben ser evaluadas periódicamente en términos de su efectividad e impacto, de tal suerte que estas no generen mayores niveles de violencia y que respete los derechos humanos
1 Elaborado por el comisionado responsable de la gestión del diálogo de la ONDS en los departamentos de Tumbes y Piura, Pedro Palomino Sánchez.2 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948 en París y aprobada por
Resolución Legislativa N° 13282 del 15 de diciembre de 1959, el cual en sus 30 artículos recoge los derechos humanos considerados básicos, a partir de la Carta de San Francisco de 1945.
3 Ley N° 27972, del 6 de mayo de 2003.4 Conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del
país y afirmar su gobernabilidad democrática. Suscritas el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la república, el Presidente del Consejo de Ministros y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad integrantes del Acuerdo Nacional.
5 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011, en :http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/132/PLAN_132_Plan%20Operativo%20Nacional%20de%20Seguridad%20Ciudadana%202011_2010.pdf
6 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana7 Cfr. el Informe N° 007-2014-IN-CONASEC-ST del 16 de abril de 2014.8 Véase Resumen Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina.
Registros administrativos oficiales por el PNUD (2013). p.16.9 En: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_-seguridad.pdf10 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-IN, como Política Nacional del Estado Peruano. p.22. 11 En: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/: Estimaciones y proyecciones de población.12 En el norte del país, se evidencia el auge del sicariato, donde Trujillo aparece liderando el ranking de las ciudades con las tasas más altas de este delito.13 Véase: Diario Correo, edición La Libertad. Trujillo, 11.02.14. pp. 2 y 3.14 En: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ boletin_-seguridad.pdf15 Elaborada por la Universidad Nacional de Piura en el año 2013.16 Tomado de Diario El Comercio, edición del 23 de marzo de 2014.17 Tomado de Diario El Comercio, edición del 23 de marzo de 2014.18 Tomado de Diario El Comercio, edición del 23 de marzo de 2014.19 En: http://www.larepublica.pe/23-03-2014/ezequiel-nolasco-enfrento-a-cesar-alvarez-hasta-el-ultimo-dia-de-su-vida20 Tomado de Diario El Comercio, edición del 23 de marzo de 2014.21 Es una paradoja que el incremento de la violencia y el delito en el Perú se produzca en un período de importante crecimiento económico y reducción de la
pobreza. 22 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Bogota, 2009. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre
Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. P.47.23 En el caso de los operadores de justicia, las organizaciones criminales cuen-tan abogados que se dedican a su defensa y quienes mantienen estrecha relación con
Jueces y Fiscales. Con esta situación se les permite pasar de autores a inculpados, logrando su libertad o en el mayor de los casos enfrentar sus procesos judiciales en calidad de “citado” o “testigos”.
24 Véase: http://epaper.diariocorreo.pe/epaper.html?tpu=lalibertad.
19
21
I. Introducción
Las rondas campesinas en el Perú de hoy, sin lugar a dudas, tienen una incidencia gravitante en la gobernanza y gobernabilidad básicamente rural. Desde su fundación en diciembre de 1976, allá en Cuyumalca, Chota,Cajamarca, hasta el presente, por lo menos, existen dos visiones diferentes: Las rondas para la administración de justicia y la seguridad ciudadana, ante la escasa presencia del Estado y las rondas constituidas como “germen” del nuevo poder al Estado de Derecho. Estas concepciones se confrontan en la realidad y hacen colisionar su quehacer cotidiano fijando además, su lejanía o cercanía con el Estado. Por ello resulta necesario conocer sus estrategias y sus acciones en el marco de
RONDAS CAMPESINAS: 1Con la corriente o contra la corriente
la prevención de conflictos, la gobernabilidad democrática y el desarrollo local.
Este artículo tiene por objetivo dar a conocer las visiones político- gremiales de las rondas campesinas, comprender sus estrategias y accionar cotidiano, a fin establecer relaciones adecuadas de diálogo con ellas. Para lograr este objetivo se desarrollan los antecedentes de las rondas, su expansión, tipología, doctrina y su relación con el Estado.
21
II. Antecedentes
Si bien en 1976, en Cajamarca, se marca el inicio del quehacer rondero, sus antecedentes lo podemos encontrar en las antiguas haciendas del ande , donde los patrones “constituían entre sus trabajadores pequeños “ejércitos” de hombres entrenados y organizados para defender sus bienes tanto de ladrones o “abigeos “como de los otros hacendados e inclusive cumplían funciones de “veladores” del orden dentro de la propia hacienda (Aranda:2003). Al desaparecer las haciendas, con la Reforma Agraria de 1969, este tipo de “rondas” o “pequeños ejércitos de trabajadores” desaparece para dar paso a una nueva forma organizativa, esta vez verdaderamente campesina. Pues a partir de entonces, la creación, organización y funcionamiento de las rondas lo deciden los campesinos. Pero sólo es a partir de 1976, que las rondas campesinas, se organizan con carácter permanente, teniendo como propósito la protección de los bienes y la seguridad personal de los campesinos. La Ley de rondas reconoce que en esta fecha se funda la primera ronda, en el distrito de Cuyumalca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
Desde aquella fecha histórica fundacional, se inicia un proceso de centralización de las organizaciones de rondas. Así, en 1985 se realiza en Chota, el primer Congreso Departamental de Cajamarca. Al año siguiente tiene lugar el Lima, el primer Encuentro Nacional de las Rondas. A este evento siguen los congresos departamentales de Cutervo (1990), Jaén (1994), Bambamarca (1997) hasta llegar al XI y último Congreso de Celendín en enero del 2014. Es impor-tante señalar que en este proceso ha ido madurando, en las federaciones de rondas, una orientación de confrontación con el Estado alrededor de sus núcleos dirigentes.
III. Expansión de las rondas campesinas
Si bien se ha mencionado que las rondas campesinas nacen en Chota-Cajamarca, a través de los años, esta tendencia organizativa se expande al sur y centro andino. Los factores que motivaron y facilitaron dicha expansión se vinculan a la efectividad demos-trada en la represión de problemas muy sentidos en las zonas rurales como el abigeato y el robo de bienes campesinos; la inoperancia y en muchos casos la corrupción y abuso de las instancias estatales en el
cumplimiento de administrar justicia y brindar segu-ridad ciudadana; la difusión de la experiencia a través de los medios masivos de comunicación ( principalmente a propósito de la discusión sobre la Ley de Rondas, 24571,entre 1984-85);la difusión y apoyo brindado a las rondas a través de las organiza-ciones campesinas ( CCP-CNA) y de las instituciones ligadas a ellas y al desarrollo campesino, como Iglesia y ONGS (Aranda:2003).
De todos estos factores debemos de subrayar, por su incidencia en la expansión rondera, el trabajo de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), por su tra-bajo de organización de las rondas en el seno de sus estructuras gremiales. Pero no menos importante fue la labor de iglesia y de las ONGS, tanto en Cajamarca como en el sur andino, el apoyo que desplegaron en el fortalecimiento de las rondas campesinas. Este apoyo se concretó, básicamente, en la formación de líderes y en la consolidación institucional, como reconocimiento legal y capacitación.
IV. Tipología de las Rondas Campesinas
Si bien la literatura sobre las rondas campesinas es vasta y diversa, ellas coinciden que las rondas se caracterizan por ser organizaciones campesinas creadas para proteger el patrimonio de los bienes privados o colectivos, así como velar por la integridad física y moral de las poblaciones rurales.Tomando en cuenta la estructura social y los propósitos de las rondas campesinas, estas se pueden diferenciar en tres tipos:
a) Aquellas que se originan en contextos sociales no comunales como los caseríos. Surgen en Cajamarca y logran su distribución espacial en San Martín y Amazonas, mediante la migración cajamarquina a Selva Alta. Este tipo de rondas se constituyen a consecuencia de la falta de la autoridad justiciera en las zonas rurales o en su defecto como una institución alternativa a las malas autoridades judiciales o políticas de la localidad.
b) Aquellas que se organizan dentro de las comunidades campesinas, como es el caso de Piura, Ancash y La libertad en el norte; Carabaya en Puno, provincias de Espinar, Canas y distrito de Quispicanchis en Cusco .Las rondas en este caso constituyen un organismo especializado de las
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comunidades campesinas, teniendo como funciones básicas, la administración de justicia y la protección de los bienes campesinos.
c) Aquellas que surgen como con propósitos de Autodefensa. Se ubican básicamente en la Sierra Centro-Sur, como Ayacucho, Junín, Apurímac, Huánuco y en algunas provincias altas de Cusco, principalmente Canchis y Canas. Estas rondas se vincularon a la estrategia contrainsurgente y fueron dependientes del ejército, por la década de los 80.
Cabe precisar que además de estos tres tipos, se encuentran las rondas organizadas en las comuni-dades nativas de la selva peruana, que a diferencia de las anteriores, se denominan rondas amazónicas.
V. Doctrina y legalidad de las rondas campesinas
Reconociendo que el Perú es un país pluricultural, con 52 pueblos indígenas andinos y amazónicos, con alrededor de 5 millones de habitantes, y con una población afroperuana que aproximadamente repre-senta el 3.1% de la población nacional, le corresponde
al Estado el reconocimiento de sus particularidades culturales para garantizar el goce pleno de sus derechos. Por ello, al hacer referencia de las Rondas es fundamental hacer referencia a la doctrina del Derecho Consuetudinario que significa regular la vida en el campo a partir de reglas instituciona-lizadas por su propia cultura.
De esto se desprende, que el Estado debe reconocer el pluralismo jurídico como la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico; espacio en el que, por ende, se dan múltiples conflic-tos de inter legalidad.
En correlato con las tesis doctrinales mencionadas, la OIT mediante su Convenio 169, fija jurisprudencia al reconocer de modo expreso las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias institucio-nes sociales, políticas y culturales, y su desarrollo económico, superando el modelo tutelar. En este marco doctrinal y jurídico se promulga la Ley de Rondas 24571 en 1986, denominándolas “rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas”. Esto significa que éstas no deben promover ningún tipo de violencia, que se constituyen democráti-camente a voluntad de sus integrantes, y que el Estado debe respetar su autonomía.
Ronderos de Cajamarca. Foto: archivo de John Gitlitz
Asimismo, la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 149, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, deja establecido que las autoridades de la Comunidades Campesinas, pueden ejercer las fun-ciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Esto significa que las acciones coercitivas impuestas por la rondas para sancionar las faltas cometidas en caseríos y comunidades no deben transgredir los derechos universales.
Finalmente, la Ley 27908, fechada en enero 2003, da legalidad actual a las rondas campesinas que se organizan para estar al servicio de las comunidades campesinas y nativas. Esta Ley nace a iniciativa de la Comisión Coordinadora Nacional de rondas campe-sinas, integrada por ONGS, vicariatos como la de Sicuani y Ayaviri, gremios campesinos y el apoyo de congresistas del período 2000-2005. Esta Ley tuvo la importancia de establecer las funciones de las rondas, tales como: la resolución de conflictos, la vigilancia ciudadana y la promoción del desarrollo. Estas funciones no estuvieron determinadas en la Ley 24571 de 1986.
En base a esta norma el 20 de febrero del 2004 la SUNARP, emitió la Resolución del Superintendente Nacional de los registros Públicos Nº 72-2004-SUNARP-SN para crear un Registro especializado denominado “Libro de Rondas campesinas”.
VI. Estado y rondas campesinas
Actualmente, se puede afirmar que el Estado, frente a las rondas campesinas, se encuentra en una ambiva-lencia jurídica-política ya que, o se apunta al camino de la complementariedad o a la disputa del poder. Es decir, se asume que las rondas son instituciones legalmente constituidas, creadas social y jurídica-mente para administrar justicia y contribuir con la seguridad ciudadana en las zonas rurales o, de acuerdo a lo estipulado en artículo 1° del Estatuto de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, son “órganos de nueva democracia de masas rurales (…) expresión germinal del poder y de autogobierno popular con capacidad legislativa, ejecutiva, jurídica (…) independientes, democráticas y de autodefensa no dependientes del Estado, del gobierno, de los partidos políticos, ni de organizaciones religiosas”.
La primera alternativa significa la búsqueda de la complementariedad entre el rol de las rondas y rol de poder judicial, en el ámbito de la administración de justicia rural; para ello debiéramos hallar perma-nentes puntos de encuentro entre el derecho consue-tudinario campesino y el derecho ordinario del Estado. Esto sólo será posible si el Estado asume el respeto por las particularidades culturales que
Ronderos con comisionado de la ONDS - PCM. Foto: SER
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representan a las rondas; pero al mismo tiempo por el respeto que han de tener las rondas por el derecho ordinario que se ha asumido como Estado. Cabe precisar, que este fue el espíritu con que se crearon las rondas en Cuyumalca, Chota en 1976, de acuerdo a lo afirmado por Régulo Oblitas, uno de los fundadores históricos.
La segunda alternativa va por el camino de la con-frontación permanente entre el Estado Democrático y las fuerzas políticas opositoras que quieren cons-truir un Estado diferente a partir de las organiza-ciones de masas, entre las que se encontrarían las rondas campesinas. Esto se da principalmente por-que las fuerzas opositoras asumen que el Derecho Consuetudinario campesino es paralelo y alternativo al Derecho ordinario del Estado.
En esta visión se están organizando las federaciones de Rondas provinciales y regionales, básicamente, en el norte del Perú, bajo la dirección de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC).
Las rondas que asumen esta visión tienen una estrategia de confrontación con líderes de rondas que no se sujetan a su dirección, y con autoridades locales que les disputan el liderazgo político; sin embargo son complacientes con el uso ilícito de armas y probablemente con el tráfico de drogas (como el caso
Ronderos de Cajamarca. Foto: archivo de John Gitlitz
de las rondas que operan en la llamada “ruta crítica” del proyecto Conga en Cajamarca).
La práctica de estas rondas como el secuestro a “colaboradores de las mineras”, el castigo corporal a ciudadanos por la discrepancia de ideas, la destrucción de bienes materiales de las empresas grandes y pequeñas, la oposición a la realización de obras de envergadura como proyectos mineros en cabeceras de cuenca o centrales hidroeléctricas, el control territorial de vías, sólo es entendida como acciones que alimentan la estrategia por un nuevo poder y un nuevo Estado y no como “excesos” cometidos por sus militantes.
VII. Rondas y conflictos sociales
Hemos afirmado que existen unas rondas que actúan dentro de la ley y que buscan permanentemente ser los encargados de administrar justicia, junto con la Policía, Fiscalía y Poder Judicial; y otras, cuyos diri-gentes, sosteniendo que las rondas son autónomas, promueven confrontarse con el Estado en diferente grado y nivel, como por ejemplo negando el libre tránsito de las personas por territorios que controlan, el someter a los opositores a la justicia rondera (incluidos los castigos corporales) y practicando la hostilización con todos aquellos que promueven el desarrollo en el campo ( empresas y ONGS). Estas
rondas son protagonistas de conflictos permanentes con las otras rondas, con los empresarios de comunidades que trabajan con las mineras y con las autoridades de los gobiernos locales que no se sujetan a sus acuerdos.
Ejemplos de estos conflictos los tenemos en la zona del Conga en Cajamarca, donde la ONDS ha inter-venido en la mediación entre la policía, Ministerio Público y Poder Judicial y las personas afectadas a fin de resarcir sus derechos como el derecho a la propiedad, a la seguridad y al libre tránsito.
VIII. Conclusión
Las rondas campesinas se organizaron por ausencia del Estado en el campo, hoy urge que esté presente para construir un Estado Multinacional, basado en el respeto a la multiculturalidad de las nacionalidades, y del pluralismo jurídico que corresponda
1 Elaborado por el comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Jorge Montoya Zúñiga.
Ronderos de Cajamarca. Foto: archivo de John Gitlitz
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DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA EN LA SEGURIDADCIUDADANA: El caso de las rondas urbanas
1en la sierra norte de La Libertad
“Nosotros entendimos que si no nos organizamos y nos protegemos, nadie iba a hacerlo por nosotros”, estas declaraciones de pobladores de la ciudad de Huamachuco integrantes de las juntas de
vigilancia ciudadana, revelan una situación que va generando cada vez más preocupación en el país. La sensación de inseguridad es latente, a nivel país y según encuestas como el latinobarómetro, que nos muestran altos índices de percepción de inseguridad y victimización. Es sensación hace que los ciudadanos decidan organizarse y tomar medidas para sentirse más seguros. Es de este sentimiento que nacen las iniciativas de seguridad ciudadana, las cuales han mostrado un renovado interés de la ciudadanía por participar activamente en la protección de su comunidad, pero que también ha planteado ciertos inconvenientes con respecto a las distintas formas en las que se articula esta participación.
Manifestación de ronderos y dirigentes comunales en la provincia de Sanchez Carrión, región La Libertad.
I. Vigilancia ciudadana en los nuevos contextos urbanos: breve historia
La vigilancia ciudadana no es un nuevo fenómeno, de hecho en los contextos rurales de los años setentas en el norte del Perú nacen las rondas campesinas, como organizaciones de vigilancia vecinal que combatían problemas de abigeato, pequeños robos y otro tipo de actividades que perturbaban la vida de las comunidades. El modelo de ronda campesina surgió frente a una carencia de protección de las poblaciones rurales por parte de las autoridades oficiales, las cuales tenían una presencia escasa o casi nula en zonas alejadas a las urbes. Para paliar esta falta de protección los vecinos se organizaron, adoptando sus propias reglas y códigos de conducta, para brindar el servicio de seguridad gratuita a la ciudadanía. Durante la década de los ochenta, las rondas campesinas se convirtieron en un aliado del Estado en la lucha contra la presencia de movimien-tos terroristas en el territorio nacional, multiplicando la presencia de esta clase de organización en todo el país. Finalmente lo que comenzó como una iniciativa ciudadana no regulada, fue enmarcado en el marco legal peruano, a través de su reconocimiento en el artículo 149 de la constitución de 1993 y de la ley 27908 que regula la actividad de las rondas campesina, y reconoce la aplicación de ciertas formas de justicia inspiradas en el derecho consuetudinario por parte de estas organizaciones.
El amparo normativo le ha permitido a las rondas campesinas asumir algunas funciones que en principio le corresponden a las autoridades estatales, lo que le ha permitido asumir niveles de liderazgo y reconocimiento en las distintas comunidades dónde existieron. Sin embargo las nuevas realidades que se desarrollaron en el país a partir de inicios del siglo XX, provocaron la aparición de este tipo de organizaciones en otros contextos.
Así, por ejemplo, en la sierra norte del país los procesos ligados al desarrollo de actividades extractivas, especialmente la minería generaron un crecimiento urbano de las ciudades aledañas a los proyectos. El crecimiento demográfico se vio alimentado por distintas olas migratorias a nivel regional y nacional, que no solo tuvieron como eje el empleo en el sector extractivo sino también en los distintos rubros de servicios que venían asociados al crecimiento de las ciudades.
Esto a su vez generó un mayor movimiento econó-mico en estos nuevos contextos urbanos, convirtien-do más atractivas las ciudades. Sin embargo el factor atracción no solo fue sinónimo de progreso, también
acarrea una serie de problemáticas a las cuales no habían sido previamente confrontados los habitantes locales.
II. El caso de Huamachuco: una ciudad en transición
Huamachuco es una ciudad situada a 180 km de Trujillo, en la sierra del departamento de la Libertad. Es un eje de articulación entre la costa agroexpor-tadora y la sierra minera, interconectando Trujillo con Cajamarca.
Huamachuco es la capital de la provincia de Sánchez Carrión, y cuenta 136 mil habitantes (INEI: 2007). Es una ciudad dónde la actividad agrícola ha sido tradicionalmente preponderante. Aún en el año 2007, la provincia de Sánchez Carrión era en su mayoría rural (73%), y tan solo 42% de los habitantes del distrito de Huamachuco vivían en el área urbana.
Sin embargo, en la última década, la ciudad ha sido escenario de un boom minero y ha visto la instalación a proximidad de minas de gran y mediana escala, así como mineros informales en el cerro El Toro, dedica-dos a la extracción de oro. Todo esto ha llevado un rápido proceso de urbanización que ha tenido diver-sos impactos en la población, especialmente en la seguridad.
Así, para el año 2007, la configuración económica de Huamachuco se estaba transformando. Si bien el 40% de la PEA aún estaba dedicada a actividades de natu-raleza agrícola, ya se podía observar el crecimiento de nuevos sectores como el del comercio (12%) y otros servicios (hostelería, restauración, turismo, etc.), y la minería (6.4% de la PEA). (INEI: 2007).
Esto significó el desarrollo de diversas actividades comerciales que previamente no existían en la zona, y que en general servían para alimentar las necesi-dades de la pujante industria minera. Así por ejemplo, actualmente en Huamachuco existen al menos cuatro cajas rurales operando en la zona, tres cadenas de boticas y al menos una cadena nacional de venta de electrodomésticos. También hay una presencia de al menos cuatro universidades y varios centros de formación técnica especializada en el rubro minero. También se desarrolló la industria hotelera y de restauración, así como la industria del entretenimiento, ligada especialmente a locales nocturnos y de consumo de bebidas alcohólicas.
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Huamachuco se convirtió así en uno de los motores del desarrollo regional de La Libertad, y una ciudad atractiva para la migración de jóvenes, tanto de ciudades de la costa como sierra, en busca de oportu-nidades laborales y de progreso económico. Así, el censo del 2007 arrojó que el 12.7% de la población no era originaria del distrito de Huamachuco, si bien no hay cifras sobre los principales lugares de proceden-cia, la información recogida en campo señala que la migración proviene principalmente de ciudades como Trujillo, Chimbote, Cajamarca e incluso Lima, así como de caseríos rurales de la provincia. Esta migración provocó a su vez un crecimiento urbano acelerado y no planificado de la ciudad. Ello significó la instalación de las personas recién llegadas en asentamientos humanos y la precarización de las condiciones de vida de algunos sectores del distrito.
Estas nuevas realidades y la llegada de nuevos habi-tantes, también se tradujeron en cambios del contexto de seguridad local, como lo mencionan varios de los ciudadanos. Ellos describen que antes (hace una década aproximadamente) había una cierta familia-ridad entre los vecinos huamachuquinos, los cuales se conocían los unos a los otros y confiaban entre ellos. En aquella época, luego de haber superado la presencia terrorista en la zona, los principales proble-mas de seguridad se suscitaban por culpa del abigeato o los conflictos interpersonales, y se solucio-naban entre los propios vecinos. Sin embargo, con la llegada de gente foránea, tanto de otras ciudades como del interior de la provincia de Sánchez Carrión y otros departamentos cercanos, provocó la aparición de nuevos fenómenos que irrumpieron la tranquilidad de los pobladores de Huamachuco.
III. Modelos de participación ciudadana en la seguridad pública de Huamachuco: rondas urbanas y juntas vecinales
Huamachuco no es una ciudad intrínsecamente violenta si nos guiamos por las estadísticas oficiales. Sin embargo las autoridades manifiestan que en la última década si ha habido un incremento de los robos, hurtos y asaltos tanto a personas como en las casa de los residentes de la ciudad.
Esto se debe a que, en parte, el dinamismo económico de la ciudad la ha convertido en un nuevo blanco atractivo para los delitos patrimoniales. Las casa se han vuelto uno de los puntos privilegiados por los delincuentes, no solo porque alberga –cada vez más- bienes de mayor valor como son los electrodomés-ticos, sino que también albergan muchas veces importantes sumas de dinero, especialmente en casas de los pequeños mineros informales, ya que la banca-rización aún no es una práctica recurrente. Asimis-mo, también se registran robos de materiales y minerales de los depósitos de las viviendas.
Otros de los problemas que han surgido en la ciudad, a entender de varios vecinos, es la proliferación de locales de venta de alcohol y de entretenimiento para adultos. Esto ha generado que la población se queje por la presencia de actividades de prostitución, así como de las peleas entre personas que han ingerido alcohol y que arman escándalos públicos. Muchos de los antiguos habitantes antiguos de Huamachuco señalan que este tipo de actividades ha tenido buena acogida entre los jóvenes, aunque no perciben que es una buena influencia para ellos, y que más bien tiene repercusiones negativas en lo referente a delitos contra el cuerpo y la salud.
193209
120
152 153136
230
125
91
2009 2010 2011
Principales delitos registrados en Huamachuco en el periodo 2009 - 2011
Delitos contra la vida y la salud
Delitos contra el patrimonio
Accidentes de transito
Fuente: Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Sánchez Carrión 2012
Así, si bien no se registran niveles comparables con otras provincias de la Libertad, Huamachuco viene sostenidamente registrando como principales delitos aquellos contra la vida y la salud y en contra el patrimonio, lo que sumado al contexto de la de inseguridad de La Libertad, ha puesto el tema en la agenda prioritaria de los vecinos.
En respuesta a ello, a partir del año 2004, la ciudadanía de Huamachuco comenzó a agruparse formalmente en organizaciones de vecinos cuya misión era brindar seguridad ciudadana. Estas iniciativas parten de la constatación de que las capacidades oficiales estaban sobrepasadas en lo referente a delitos menores y orden público, especial-mente en un contexto en el que recién se daban los primeros avances en materia de seguridad ciudada-na promovida por los municipios (Serenazgo), así como de la necesidad de generar respuestas inmediatas y de proximidad para las demandas de los vecinos.
Estas organizaciones tienen principalmente dos fuentes de inspiración para su constitución. Por una parte el modelo de rondas campesinas, la cual está inspirada en el modelo de organización de vigilancia comunal que surgió en las zonas altoandinas de Cajamarca hacia el año 1976. Estas organizaciones aplicaron el derecho consuetudinario a fin de defenderse en una primera instancia de abigeos y otros delincuentes, siendo luego un actor protagó-nico en la lucha contra el terrorismo. Por otra parte, el segundo factor que llevó a la organización de la población fue el trabajo que emprendió la Policía Nacional a partir del año 1997, a través de su Dirección de Participación Ciudadana a fin de gene-rar un acercamiento con la ciudadanía y promover la creación de juntas vecinales con quienes se pudiese coordinar estrechamente los asuntos de seguridad ciudadana a nivel comunal, la cuales fueron incluidas como parte de los Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana – CODISEC- creados por la ley 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
El modelo de ronda campesina llegó a las ciudades con las olas de migración rurales, tanto por desplazamiento forzado por el conflicto armado interno como por la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Este t ipo de organización no tuvo problemas en recomponerse en algunos entornos urbanos que aún conservaban importantes rasgos rurales, especialmente en lo referente a la proximidad entre los vecinos y el establecimiento de lazos de vecindad. En distritos como Huamachuco, las rondas urbanas comenzaron
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Manifestación de ronderos y dirigentes comunales en la provincia de Sanchez Carrión, región La Libertad.
Esto les ha permitido acceder a algunos recursos para organizar su accionar, y gozar de una cierta legitimidad pública que respalda su figura de proveedor de seguridad pública e interlocutor entre las autoridades y la ciudadanía. Sin embargo, esto no ha estado exento de cuestionamientos debido a la naturaleza “sui generis” de la propia organización.
Por una parte, las rondas urbanas, al no adherir al modelo de junta vecinal, gozan de cierta autonomía en su accionar al no estar directamente monitoreados por la policía. Si bien, en muchos de los casos existe algún tipo de coordinación entre estas dos instancias, también existen muchos caso dónde la figura ronderil urbana se construye por des marcación de la autoridad policial y judicial. Así, los discursos de las rondas urbanas oponen la lentitud del accionar burocrático oficial a la rapidez e inmediatez de la respuesta rondera tanto a nivel de temas de seguridad como en la impartición de justicia, la cual, desde su perspectiva, responde en mayor medida a las expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, y como lo reconocen los propios ronderos, esta aparente eficiencia sólo es posible si ellos sitúan su accionar en los límites de la legalidad, saltándose los procedimientos establecidos por el sistema de justicia y el Estado de derecho, muchas veces recurriendo incluso a amenazas o alguna forma de intimidación para obtener una respuestas efectiva.
En los casos más extremos, las rondas urbanas han optado por el uso de la violencia física para aplicar castigos u obtener respuesta por algún daño causado a la comunidad o a alguno de los vecinos. Sin embargo esto ha representado un dilema para la justicia formal y oficial, pues estas conductas van contra las normas vigentes, llevando a que en algunos casos sean los ronderos los que terminan siendo finalmente procesados por la justicia. El otro dilema de llevar el accionar de organizaciones que actúan bajo reglas consuetudinarias a un teatro urbano, es que en estos escenarios el nivel de consenso sobre lo que se entiende por justicia tradicional, como castigo tolerable e incluso por infracción no es compartido por la mayoría de los habitantes. Cada uno, especialmente en contextos de reciente transición urbana como Huamachuco, tiene su propio entender sobre lo que cada uno de estos términos significa, imponiéndose finalmente, en un lugar dónde si existe una presencia del Estado, los significados vigentes en el marco normativo nacional.
No obstante, este tipo de reacción oficial, aunque respaldada por el marco legal, no siempre es bien interpretado por las comunidades dónde suceden
a proliferar dada la cercanía de las rondas campe-sinas, que operaban en las zonas más alejadas del distrito pero con las cuales había una fluida comuni-cación. Las rondas eran entonces percibidas como el modelo privilegiado de organización vecinal en temas de seguridad y se multiplicaban especialmente en los barrios dónde llegaban a asentarse los nuevos moradores de la ciudad.
Por otro lado, las juntas vecinales también comenzaron a organizarse en la ciudad, impulsadas por la policía y por los gobiernos locales, a fin de brindar apoyo y capacitación a aquellos pobladores que querían participar activamente en las tareas de seguridad ciudadana. En el caso de Huamachuco, varias de las organizaciones que comenzaron como rondas urbanas fueron progresivamente adoptando la forma de juntas vecinales. Asimismo la policía local incentivó la creación de estas organizaciones en barrios donde anteriormente no existían organizaciones de seguridad vecinal.
Así, tanto por parte de la ciudadanía, como por parte de las autoridades quedó clara de la convicción de que la tarea de seguridad ciudadana era algo que requería de la participación de todos para su correcto funcionamiento. Sin embargo, fue la delegación y organización de este trabajo conjunto el que ha causado más de un problema en lo últimos años, especialmente en lo referente a la participación de las rondas urbanas en estas tareas.
IV. Panorama actual de las rondas urbanas en el país: los desafíos de la legalidad
En el Perú, las rondas urbanas no han sido formalmente reconocidas por un instrumento legislativo a nivel nacional. Estas son mencionadas en el Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa como una de las organizaciones que podían adoptar las disposiciones de esa norma para participar en las tareas de pacificación, pero no tienen un marco normativo que ampare su accionar a nivel nacional en la actualidad. A nivel local, algunas municipalidades, como en el caso de Huamachuco, a través de ordenanzas municipales, han otorgado un reconocimiento a las rondas urbanas como asociaciones distritales participantes en los sistemas distritales de seguridad ciudadana.
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estos hechos, pues la percepción es que se está castigando a quien en primer lugar intentó hacer un bien a la comunidad. Esta divergencia de interpretación, junto con otros factores como el contexto social y político, explican protestas como las que se dieron en la ciudad de Huamachuco en el transcurso del año 2013, a raíz de la detención de cuatro dirigentes de las rondas urbanas luego de un reporte de agresión hacia una anciana involucrada en un robo en el distrito.
Asimismo, este dilema también marca la evolución reciente de las propias rondas urbanas en el contexto nacional. Por una parte son organizaciones que buscan no sólo legitimidad sino un reconocimiento legal, promoviendo la adopción de una ley que les dé amparo jurídico. Para ello, estas organizaciones han adoptado reglamentos y procedimientos internos bastante similares a aquellos normados para las rondas campesina y las juntas vecinales, llevando registro de su accionar, realizando documentos oficiales y asistiendo incluso a las capacitaciones propuestas por los propios operadores de justicia, tratando de seguir así en su mayor medida los lineamientos estatales para la participación vecinal en el marco del sistema de seguridad ciudadana. Y sin embargo, son también conscientes de que su inserción en el sistema formal, pondría restricciones a su accionar que podrían comprometer la oportuna eficacia de su respuesta.
Además, como muchas organizaciones que articulan la participación ciudadana, las rondas urbanas no han estado exentas de pugnas internas y cuestionamientos políticos, habiendo tenido que adaptarse y reinventarse en diversos contextos locales. Pero a pesar de ello, subsisten y aparecen en cada vez más distritos a nivel nacional. Asimismo, van adoptando cada vez más funciones que exceden el ámbito de la seguridad ciudadana, involucrándose en otro tipo de problemáticas como la minería, y en general sobre los modelos de desarrollo local.
5. Conclusiones
Las rondas urbanas, especialmente aquellas de la sierra norte del país, son organizaciones surgidas con la transición de lo rural a urbano que conoció el Perú a partir de los años 80. Sin embargo, son organizaciones más modernas, que no sólo se inspiran de los modelos de seguridad vecinal surgidos durante los años 70 en los contextos rurales,
sino también de los nuevos modelos surgidos en el contexto de debate cuestionamiento sobre la seguridad ciudadana desarrollado en América Latina durante los años 90 y 2000.
Son organizaciones que surgen por la preocupación de la ciudadanía por los cambios acelerados que trae la modernidad y el dinamismo económico a sus contextos de seguridad, y por una mayor demanda de protección y seguridad que se ve confrontada a un desbordamiento de las capacidades estatales para proveer este servicio.
Son organizaciones cuyo funcionamiento es similar al de otras organizaciones de seguridad ciudadana que están enmarcadas en la normativa vigente nacional, pero que también emplean recursos en las fronteras de la legalidad para tener un respuesta más rápida y efectiva que aquella que se obtiene por los canales oficiales, lo que ha generado ciertos problemas al momento de relacionarse con las autoridades oficiales.
La respuesta estatal también ha sido ambivalente con respecto a este tipo de organización. Por una parte, en varios distritos se les ha reconocido como un actor válido en materia de seguridad ciudadana, que goza del respaldo de la población, dónde las autoridades apoyan a las rondas, tratando incentivar a que adopten conductas en el marco de la legalidad. Pero por otro lado, también se adoptan medidas punitivas cuando los miembros de estas organizaciones infringen la ley, causando tensiones a nivel local.
Finalmente, resulta necesario uniformizar a nivel nacional la forma en la que se va a gestionar la relación con este tipo de organización, ya que, en vista a los recientes eventos, no están prontas a desaparecer de los panoramas locales, y al contrario, cobran mayor importancia en el debate público
1 Elaborado por Sofía Vizcarra, politóloga ex comisionada de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - PCM.
1RÉGULO OBLITAS HERRERAFundador de las rondas campesinas en Chota - Cajamarca
Régulo ¿en qué contexto se organiza la primera ronda campesina en Cuyumalca - Chota?
En 1976 Cuyumalca vivía en un terror, nadie dormía de noche, la pasábamos despierto con peligro de muerte porque había delincuentes que se llevaban los ganados, sembríos, saqueaban las viviendas, violaban a personas indefensas y mataban a las personas que se oponían. Además, si algún vecino salía a defender a las personas agredidas, al día siguiente regresaban a vengarse. Prácticamente no había justicia, en Chota sólo se tenía ocho policías y algunas malas autoridades.
¿Cómo empiezan a organizarse en Rondas?
Yo regresé a Cuyumalca en 1976 -antes había estado como peón en la costa, trabajando, cortando la caña en Saltur, Tuman, Pomalca y Pucalá- y en ese año fui Teniente Gobernador por lo que tenía que preocu-parme por el bienestar de la población. Aprovechan-do que las casas están cerca una a la otra, se me vino la idea de que la gente se levantase al escuchar la bulla de los perros y defendernos con piedras en la mano.
El 3 de diciembre de 1976, en una época de dictadura militar, previo a la autorización del subprefecto Augusto Inga Garay, aproveché la jornada en el ce-menterio de Cuyumalca para plantear a la población la creación de las rondas a fin de defendernos de for-
ma organizada, pero esta no fue aprobada por temor a que sean reprimidos. Fue Sixto Lino Oblitas Colunche quien se opuso y planteó a cada poblador que se compre un arma y haga su corral.
Sin embargo, no pasó muchos días y ocurrió el octavo robo en el centro educativo. Entonces, pedimos una orden al juez para hacer allanamiento en los domicilios, el cual se hizo conjuntamente con cuatro policías a quienes les conté el planteamiento que le había hecho a la población, respecto a la organización a través de la ronda.
Al regresar de la visita en las casas sin encontrar nada, el miércoles 29 de diciembre de 1976, por unanimidad, los vecinos aceptaron la creación de la ronda, el cual consta en el acta del cuaderno del cementerio. Ese mismo día empezamos a funcionar, salimos a las ocho de la noche. Ahí participamos Isael Idrogo, Gilberto Benavides, Santos Saldaña, Arturo Diaz, Artidoro Huanambal, Lino Mejia, Ceverino Oblitas, yo, entre otros.
¿Cómo se extienden las rondas a todo Cajamarca?
En 15 días Cuyumalca estaba organizado, pasamos a Chaupelanche, Negro Pampa, Alto Perú y a Bambamarca. Fue como un “incendio”, en 1978 todo Cajamarca estaba organizado.
Entrevista
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¿Quién o quiénes promovían esa organización en las otras provincias?
La misma gente se encargó de organizar, también colaboró con nosotros Daniel Idrogo, simpatizante de Patria Roja, quién llegó con un oficio a felicita-rnos, era de Cuyumalca y a su padre le dieron un balazo en un robo. Le dimos la bienvenida porque necesitábamos gente con educación para que nos apoye. También estaba Pedro Risco, profesor que representaba al partido del APRA. En los 80 la ronda campesina se divide en dos: los del APRA y los de la izquierda.
¿Cuál fue la postura de la dictadura militar respecto a la organización de las rondas campesinas en Cuyumalca?
Al principio nada. Sin embargo, años después tuvi-mos un problema que desencadenó en una protesta. En el 78 había dotación de víveres, azúcar y arroz. Las rondas nos organizamos y salimos a las calles a pedir mayor cantidad, pero el pueblo se infiltró y sacaron
2miles de quintales de azúcar. Entonces, la PIP de-nunció a los ronderos y el Ministerio del Interior declaró 'zona roja' a Chota.
Una comisión de cuatro personas llegamos a Palacio de Gobierno en Lima, con documentos y memoriales, hablamos con el General Iglesias, representante de
Bermúdez, luego nos enviaron al Servicio de Inteli-gencia Nacional, quienes al preguntarnos por Daniel Idrogo, dijimos que no lo conocíamos porque a nadie teníamos que acusar. De ahí nos enviaron al Minis-terio del interior.
En esa fecha junto con el senador cutervino, Humber-to Carranza Piedra, fuimos a hablar con el Ministro, quien se puso prepotente y nos tildó de terroristas. Fue entonces que los ronderos fuimos denunciados y los ciudadanos de Chota eran considerados terroristas.
A través del diálogo nos dijeron que podíamos conti-nuar pero sin meternos en la política. Nosotros les dijimos que sólo buscábamos defendernos.
¿ Y cuándo incursionan las rondas en política?
La ronda no se organiza pensando en elegir autori-dades, sino en defendernos y terminar con los robos.
En los años 80 se incursiona en política con Daniel Idrogo de izquierda, y Pedro Risco militante del PAP.Pero además, por ese tiempo surge la justicia cam-pesina para luchar contra las injusticias que se daban en aquella época. En Chota, por ejemplo, había un juez instructor que cobraba sin vergüenza en la Plaza de Armas, entonces los ronderos lo capturaron, le dieron su baja y lo botaron de Chota. La ronda tam-
Régulo Oblitas Herrera
bién botó a dos jueces porque cometían injusticias, mandaban a los ronderos a la cárcel y a las personas que robaban, las impulsaba para robar de nuevo.
Además de la defensa y la protección, ¿a qué otras actividades se dedica la ronda?
Realizamos caminos y casas comunales, hablamos de derechos humanos, pues hay mujeres que nunca fue-ron a estudiar y hoy son grandes dirigentes. Algunas autoridades nos califican como personas que viola-mos los derechos humanos, al contrario hoy conoce-mos más sobre ello, la gente ya conoce la Constitu-ción. Antes se violaban los derechos humanos porque la policía entraba sin permiso y les quitaba el poncho.
Para lograr ello hemos tenido apoyo. La primera institución que apoyó a las rondas fue el SER -Asociación de Servicios Educativos Rurales- y junto con la Iglesia nos ayudaban con los pasajes, estadías y alimentación para participar en las capacitaciones.
¿Cuál fue la actuación de las rondas en la época del terrorismo en Cajamarca?
El día que nos organizamos a través de las rondas acordamos que ninguna persona desconocida podía entrar a Cuyumalca, sino sería capturada. Entonces no aparecieron. Yo agradezco a las autoridades de alto nivel por haber reconocido que, gracias a la rondas, el terrorismo no entró a la mayor parte de Cajamarca. Solo entró a Cajabamba y Cutervo. Esa idea se retoma en el gobierno de Alberto Fujimori y se forman los Comités de Autodefensa en el sur.
¿La ronda ha cambiado en estos años?
En estos tiempos hay mucha debilidad en las rondas porque la han politizado. Son pocos los dirigentes que reorganizan, orientan o capacitan. Los dirigentes se han dedicado a estar en sus oficinas, esperando que la gente venga a solucionar los problemas y no salen a capacitar a las bases. Algunos dirigentes hacen política, cobran y viven de las rondas.
La Federación de Rondas de Chota ha hecho un docu-mento al ex alcalde Sánchez Arrascue sobre las casas del pueblo que se arriendan a 800 soles. Ellos arrien-dan lo que es ajeno y se agarran la plata ajena. Los dirigentes tienen que ser transparentes, tienen que juzgarse a sí mismos para juzgar a otros.
¿Cuál es tu apreciación sobre los dirigentes de Chota? Se dedican más a la política y no se preocupan por la reorganización. Frente a los problemas no quieren el diálogo porque quieren vivir en el poder. Pero noso-tros queremos carreteras, universidades.
¿Cómo vienen dándose las relaciones de las rondas con las autoridades, con el Poder Judicial y otras instituciones?
Lo veo muy diferente. Con la nueva Ley de rondas tenemos acercamiento con las autoridades, quienes han tenido que reconocer que la labor de las rondas ha sido fundamental para vivir en paz y desterrar el terrorismo. Gracias a las rondas, los cabecillas del terrorismo están presos, sino, ¿cómo estaría el Perú?En cierta capacitación, Villa Stein, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ha reconocido que los ronderos hacemos una justicia legal y rápida. La justicia ordinaria juzga entre cuatro a cinco años y dentro de cuatro paredes. La ronda es un tribunal gratuito, que no la constituye una sola persona sino una asamblea general de ronderos.
¿Cómo están las rondas a nivel nacional?
La división es en Chota, siempre hay politiqueros. Los que llegan al poder son los que más mienten.
¿y el Gobierno Regional de Cajamarca?
En el caso de Chota, por ejemplo no hay nada de lo que ofreció, no sé cómo estarán los otros pueblos. Hay tres comunidades que piden luz, espero que lo haga.
¿Qué les diría a los políticos de ahora?
Que digan la verdad, que no compren la conciencia de los que no conocen.
1 Regúlo Oblitas nació el 27 de agosto de 1942, en el Centro Poblado de Cuyumalca, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
2 PIP: Policía de Investigaciones del Perú.
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1JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPEJefe Nacional del INPE
1. ¿Cómo inicia la experiencia de José Luis Pérez Guadalupe en el mundo y la temática peniten-ciaria? ¿Qué fue lo que encontraste al comenzar a incursionar en estos temas?
Antes de ingresar al INPE, ya tenía más de 25 años viendo el tema penitenciario. Mi tesis de antropología acá, mi tesis de sociología en Chile, mi tesis de doctorado en una universidad de Estados Unidos y mi tesis de criminología en un país vasco, todas han estado vinculadas a la temática carcelaria. Entonces ya tenía 25 años trabajando el tema, conocía buena parte de los penales y enseñaba criminología por varios años. Lo bueno es que al INPE entramos tres personas que tenemos una experiencia intere-sante en estos temas. Entra Julio Magán que ya había trabajado en el instituto penitenciario, estuvo 10 años
1en CEAS , 15 años en la Defensoría del Pueblo en asuntos penitenciarios. También ingresa Oscar Ay-zanoa, que tiene más de 20 años yendo a Lurigancho, había sido asesor del INPE, del Ministerio de Justicia.
Nosotros no vinimos a enterarnos qué sucedía, sino más bien a hacer cosas que ya habíamos conversado, aunque nunca habíamos trabajado juntos. Así llego yo. Me convoca Pancho Eguiguren, que en ese entonces era Ministro de Justicia. A los 4 meses se va Pancho y ahí conocí a Juan Jiménez.
2. Previo al cargo como presidente del INPE, publicaste diversos estudios en el área de crimino-logía y política carcelaria. Habiendo pasado de la academia a la gestión pública en estos temas, ¿Cuáles han sido los retos de asumir esta función?
Nunca había trabajado para la gestión pública. Como soy teólogo, toda mi vida había trabajado para la trasnacional más grande del mundo, que es la Iglesia Católica. Entonces, el cambio fue muy fuerte. Por ejemplo en la gestión de la Iglesia, la palabra vale, el trabajo se basa en la confianza. En la gestión pública lo que vale es lo que el papel dice, se tiene que demostrar y sustentar todo. Entonces se trata de
“Antes se pensaba que el problema se acababa cuando entraban a la cárcel, pero ahí no se acaba. No se trata de dejarlos ahí en la cárcel y que se pudran. El 99% de esa gente va salir y la pregunta es cómo van a salir”.
“No se trata de islas sociales. La gente tiene que entender que las cárceles no son sociedades aparte sino que son parte de la sociedad”.
lógicas distintas pero que uno se va adecuando, porque sino no sobrevives.
La experiencia para mí ha sido muy enriquecedora, diferente, igual para los gerentes públicos, los 25 que tenemos. Todos nos dicen que pasar por el INPE es tener una maestría en Gerencia Pública, porque todos los problemas que no puedes ver en otro lado, aquí los vives.
Aquí hay de todo. Están las personas muy buenas, muy profesional, muy trabajadoras, pero claro, el ámbito mismo de trabajo es la cárcel, el día a día es la delincuencia, son ambientes de marginación. La sociedad no solamente rechaza y no quiere ver a los presos sino también invisibiliza a los trabajadores. De la labor misma de la cárcel nadie quiere saber nada, más que para escándalos o algunos políticos cuando quieren ganar votos. El trabajo de los empleados penitenciarios ha sido muy menospreciado socialmente y la institución era ninguneada. Inclusive la misma gestión de los presidentes del INPE no duraba ni 6 meses. Yo ya voy a cumplir 3 años. Antes no había una política penitenciaria.
En cambio, y eso sí lo digo siempre, este gobierno nos ha dejado trabajar muy bien, no ha habido ninguna imposición de nada. Entramos tres que conocemos del tema, hemos planteando siempre lo que hemos encontrado, esto lo que hay que hacer y yo creo que nuestro trabajo nuestro se articuló. Inició con Eguiguren pero hubo continuidad en la gestión y toda esta articulación fue durante la gestión de Juan Jiménez. Así con Jiménez, estando de Ministro de Justicia, sacamos el documento “las diez medidas” y esto fue nuestra guía, nuestra hoja de ruta.
3. Y no solo la sociedad vincula el trabajo peniten-ciario a un universo marginal, también está la percepción del mismo trabajador. ¿Es un reto transformar esa mirada del personal penitenciario?
Si, ahí yo veo dos frentes: el primero es el hecho mismo de la sociedad hacia el trabajador y el segundo, del trabajador hacía sí mismo. La mirada de la sociedad tiene que ver con la mirada del Ejecutivo, también. A diferencia de otros tiempos, ahora estamos en una nueva Ley de carrera pública penitenciaria, así la gente que trabajaba hasta el 2011 en el INPE está postulando a cargos fijos. Por fin, y por primera vez en la historia del INPE hay escalafones, hay escalas que uno puede ir ascendiendo. Pues recién, el año pasado se ha ingresado en el concurso civil y actualmente seguimos porque se trata de un proceso largo.
Cuando conversaba con la gente decían para qué estudias si en el INPE jamás te van a reconocer. Bueno ahora si te lo reconocen porque inclusive para entrar a la carrera hay concurso y ahora si valen tus años experiencia, tu labor completa, tus estudios. Todo lo que has realizado ahora sí te sirve y te va servir para seguir subiendo. Ahora no todo ha sido una pendiente dulce, ha habido oposición, el sindicato decía que la ley era una estafa.
El año pasado entraron 900 a la nueva ley y ellos han visto que sus remuneraciones han aumentado en un promedio de 50%, más gratificaciones, más todo. Ahora todos quieren postular, se dieron cuenta que esto no es una estafa, que no es un “engaña muchachos”.
El sindicato apostaba su protesta a que el 100% pase pero nosotros no queremos que el 100% pase, sino aquellos que en verdad ganen su plaza. Ahora si ya pueden tener un escalafón. Antes podías ser Director Regional del INPE, cambiaban de Presidente y al día siguiente te mandaban lejos porque era una ven-ganza de los otros grupos, te mandaban a un torreón en un penal perdido y de esta manera se perdía toda la curva de aprendizaje, se perdía la experiencia ganada y el capital, intelectual. Simplemente porque había grupos en el cual entran unos, acaparan hasta que se caigan los otros. La frase que siempre me acuerdo aquí en el INPE era “ya se van a caer”, refiriendose a que toda gestión nueva que entra va a caer. Así la visión del trabajo era cortoplacista, entonces para qué haces si “ya se van a caer”.
En cambio, ahora la estabilidad ha sido un punto muy importante pero como gestión no como perso-na. Por ejemplo, en estos casi tres años ha habido pe-nales en los que hemos tenido que cambiar seis a siete veces de Director, pero también ha habido otros, co-mo el de mujeres, donde hemos mantenido a Direc-tores por el periodo de dos años, nuestra vocación no es a la rotación, nuestra vocación es a la estabilidad pero ha habido casos muy difíciles como Sarita Colo-nia, Castro Castro, donde ha habido alta rotación.
4. Teniendo esa aproximación y con la experiencia de casi tres años en la presidencia del INPE ¿Cómo describirías el Sistema Penitenciario en nuestro país?
Ahora si te puedo decir que está en un franco proceso de reforma. Lo más importante es que ya los mismos trabajadores lo están sintiendo. La sociedad quizá no. Te comento un indicador concreto para que veas el cambio, quizá la gente no lo valore, no se publique y
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no se muestre en algún lado, pero el año pasado, por primera vez en el INPE, no se ha fugado un solo preso de un penal. Esto es un indicador de que estamos ajustando el tema no solo con los internos, sino también con los empleados. Estamos creando cultura en temas organizacionales. El año pasado no habido ni un solo motín en un penal.
En Brasil visité una cárcel denominada “Porto Alegre” de 4400 internos. Entre allí y dije “quiero ir al patio” pero no me dejaron, no pude ingresar. Yo les comenté que en el Perú tenemos un penal de 9000 presos y que me pueden traer el plano del pabellón y la celda que quieren visitar y entran conmigo. Esa es la diferencia con Brasil. No es que en Perú haya zonas liberadas.
Es la primera vez que un presidente del INPE conoce todos los penales del país. En un año y medio pude visitar todos los penales, todos los terrenos donde vamos a construir, todo lo estamos supervisando. Entonces esa es la gran diferencia cuando uno va al penal y conoce. En cada penal he ido a todos los pabellones y a todas las celdas y los Directores de los penales lo saben. Yo les pregunto a los Directores qué cosa hay en esta puerta y si él no sabe, les digo ese es tu penal y tú tienes que saber. La primera vez que voy a un penal aviso, la segunda no. Esto es en provincias y aquí en Lima he ido infinidad de veces, voy de día, de noche.
5. ¿Cómo han ido variando las condiciones desde que asumes la dirección del INPE?
Nosotros tenemos diez unidades ejecutoras y ya tenemos gerentes públicos ahí. Por ejemplo en Infra-estructura se mueve mucho dinero. Con el sistema de gerentes públicos de SERVIR he podido traer gente muy profesional, con mucha experiencia y así se va llenando la sede central. Pero también están las provincias. Acuérdate que las licitaciones de alimen-tos son descentralizadas, tienes que dar de comer a casi 70 mil internos todos los días. Entonces el reto es uno puedes ver Lima pero no puede estar todos los días en todos los lugares de las provincias. Ahora, en las ocho regiones ya tenemos administrador por ejemplo, de SERVIR y en casi todas, un personal logístico de SERVIR también. Hubo mucha oposición por parte del INPE al comienzo, porque creían que ellos [servir] no saben. Está bien que haya oposición pero poco a poco se ha dado un acoplamiento. Ahora tengo a los Directores Regionales libres y descar-gados del tema de manejar plata.
El Director Regional es el responsable, supervisa lo
que le corresponde, que es el penal y no estar metién-dose en licitación sino que lo hagan los profesionales correspondientes. Entonces ha habido un cambio entorno a que venga gente de afuera, sobre todo para un tema tan delicado como es el dinero.
6. En el 2012, junto con el entonces ministro de Justicia -Jiménez Mayor- se elaboró y presentó “10 medidas de reforma del sistema penitenciario. A dos años ¿Qué áreas han sido más complejas de implementar? ¿Cuáles son los factores que han obstaculizado realizar dichas reformas?
Son dos los problemas principales: El hacinamiento y el tema presupuestal. Pero en la primera lista de las diez medidas de reforma del sistema penitenciario, hemos colocado a la corrupción, ya que por más que construyan más cárceles y se mueva más plata, si no trabajamos respecto al factor humano en el tema de corrupción, no mueves nada. Por eso nosotros lo pusimos en primer lugar, se trata de una medida fundamental.
La macro corrupción en general ha menguado muchísimo, todo es transparente, puede haber una por ahí, pero lo que sí estamos con deficiencia es la micro, la del día a día, la de la visita y el sol a sol para pasar la cola, para pasar un producto. Eso es mucho más difícil de extirpar pero que es lo que queremos con el tiempo. Tienes que ir viendo, cortar los posibles canales o sitios de corrupción.
Respecto al hacinamiento, esto no depende del INPE. Es una decisión del Poder Judicial el quiénes entran, cuántos entran, cuánto tiempo se quedan y cuánto tiempo salen. No hay un correlato entre lo que el Poder Judicial nos envía y la capacidad que tenemos. Entonces, en menos de tres años de gestión ya tenemos 20 mil presos más. Esto significa que, to-mando como referencia el San Jorge que está diseñado para albergar a 500, en estos casi tres años hubiésemos tenido que construir 40 penales tipo San Jorge para albergar más presos. Eso es irreal en país como el nuestro. Ahí es que el tema de justicia y de seguridad no está funcionando.
En estos últimos veinte años se ha ampliado la capa-cidad de albergue de penales en diez mil plazas. Nosotros, en 5 años, vamos a tener 5 mil plazas más, es decir estamos construyendo más plazas que en los últimos 20 años. Pero claro, un penal no lo construyes en 4 meses, se demora, pero a pesar de ello estamos haciendo más de lo que se ha hecho en los últimos 20 años. También estamos reduciendo tiempo de 7 años -que es el promedio de construcción de un penal- a 3 años y medio.
Entonces, respecto al hacinamiento es que entra un montón de gente, y el INPE no está preparado para recibir, y cuando se quiere preparar, no es que puedes construir penales a partir de mañana. Lo que sí te digo es que definitivamente, cuando nosotros entramos había muy pocos proyectos de infraestructura. Ahora tenemos inscritos proyecto en el SNIP, proyectos de infraestructura hasta el 2017. El nuevo gobierno que entre va tener listo proyectos para ejecutar. Esto es lo que debió darse siempre. En el 2016 van estar listo proyectos hasta el 2021, entonces habrá una política, no solo de gobierno sino una política de Estado. El que reciba el INPE en el próximo gobierno, recibirá otro INPE. Entonces, a pesar de tener 20 mil presos más pero que no haya habido ninguna fuga, es un indicador grande de que ciertamente estamos mejorando.
Por otro lado tenemos un problema grave que es el presupuestal. A nivel de gastos de inversión no hemos tenido problema. “Si necesitas, toma” Han sido muy serios en el MEF, como vas gastando, van dando y este año de todas maneras vamos a sobrepasar lo que se ha presupuestado pero igual el dinero ya está en el SNIP.
La otra situación es del presupuesto de gasto corriente. Ahora es un dolor de cabeza. Yo entiendo que el INPE no es el único sector, no hay plata para todos pero sí tenemos un grave problema respecto a los penales, de mantenimiento, de personal penitenciario y en salud. Hemos pedido ampliación presupuestal. Esperemos que nos den. Hemos pedido 27 millones más para mantenimiento de penales, 19 millones más para salud, 9 millones para contratar más personal penitenciario. No es lo mismo un empleado que cuide a 10 a que cuide a 20.
Nuestros índices de mortalidad han aumentado. Del 2011 al 2012, lamentablemente, el número de fallecidos en penales se ha duplicado. Los psiquiatras que contratamos, se van. Hemos tenido una pésima experiencia, contratamos 4 médicos y en la primera semana renunciaron dos de ellos. Actualmente solo tenemos dos.
También hemos pedido ampliación presupuestal para la alimentación diaria que es S/. 4.50 por preso. Actualmente estamos pidiendo que suba a S/6.50, pues si estás mal alimentado hay más probabilidad de que te enfermes.
Respeto a la seguridad, nosotros tuvimos la oportu-nidad de tener parte de un fondo de seguridad ciudadana, que fue de 200 millones. De eso nosotros pedimos 32. Esto nos ha permitido renovar la flota
automotriz pues debemos trasladar presos todos los días. Ahora todos los penales tienen su unidad nueva que no es suficiente pero por lo menos cada uno tiene una nueva. Hemos renovado el armamento de seguridad del INPE, rayos x, etc. Que no alcanza para todos los penales pero por lo menos nos ha ayudado.
7. Ahora, no todas las medidas dependen 100% del INPE. Por ejemplo el hacinamiento también se da porque se tiene internos que no han sido proce-sados…
Sí, pero debo decir que el Poder Judicial ha mejorado sus índices procesales. En la década pasada se tenía 70% procesados y 30% sentenciados. Ahora ya estamos en 55% y 45%, y esto tiene que ver mucho con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. En Arequipa se tiene un 70 – 30 pero a la inversa, el 70% está sentenciado. Aquellos lugares donde ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal está muy bien, como Arequipa.
8. Es sabido que la delincuencia y la inseguridad ciudadana forman parte de los principales problemas que aqueja a la población peruana ¿Qué papel ha tenido el sistema penitenciario en esta problemática en el Perú?
Mira, el INPE siempre ha sido la Cenicienta de las funciones del Estado. Nunca ha tenido importancia. Digamos que el cargo menos deseado en la adminis-tración pública es “Presidente del INPE”. Realmente ha sido un problema que no se le ha dado impor-tancia al INPE como parte de la seguridad ciuda-dana, pues el hacinamiento juega un papel funda-mental. Nosotros estamos cambiando, de ser un problema a hacer una solución en la seguridad ciuda-dana. La ventaja es que actualmente tenemos una relación directa con el Presidente del Poder Judicial, con los ministerios, que nos permite establecer convenios directamente.
Con el Interior estamos en muy buenas relaciones, trabajando directamente con la DIRINCRI, nos reunimos, conversamos y compartimos información. Antes había muchos celos entre las dos instituciones. Antes se pensaba que el problema se acababa cuando entraban a la cárcel, pero ahí no se acaba. No se trata de dejarlos ahí en la cárcel y que se pudran. El 99% de esa gente va salir y la pregunta es cómo van a salir. Esto se ha agravado con el tema de la interconexión de la gente de afuera con la gente de adentro, gracias a los celulares aunque no exclusivamente, porque ya hemos visto que en el caso de Sendero Luminoso, las
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cadenas de conexión era con los abogados. Entonces bloquear las llamadas telefónicas va ayudar muchísimo pero no va a solucionarlo todo. Por lo tanto, no es que entra a la cárcel y se cortó todo, sobre todo para los que son reincidentes. Se trata de una cultura delictiva, que tienen dos o tres ingresos y van a salir muy probablemente va a volver a delinquir. Entonces no se trata de islas sociales, la gente tiene que entender que las cárceles no son sociedades aparte sino que son parte de la sociedad.
La cuestión es “girar la cara” y no creer que el INPE es parte del problema sino que el INPE bien implementado tiene que ser una solución. Ha países donde gastan 900 dólares por presos al día. En Brasil, por ejemplo, donde hay penales muy buenos y muy malos, gastan más de un sueldo mínimo al mes por un preso, y es que se dan cuenta que la inversión en penales es fundamental. En España, que tienen el mismo número de presos que nosotros, tienen tres veces más el número de empleados y si nosotros gastamos 7 dólares al día por preso, en España se gasta 70 dólares al día por preso. Entonces si quieres seguridad, esta cuesta pues. No solo en las calles sino también invertir en los penales y esto es justo lo que este gobierno está haciendo. A diferencia de los gobiernos anteriores, este está tomando conciencia, invirtiendo y haciendo.
9. Entonces una de las alternativas es de dotar de más recursos ¿Otra medida que se esté viendo?
La construcción de penales también es importante, pero son medidas de mediano o largo plazo. Ya hemos visto que el promedio es 7 años. Además si haces un buen tratamiento tienes un alto porcentaje de que la gente no vuelva a caer. Mira los porcentajes de presos por psicólogo que tenemos, abogado, profesores, médicos y lógicamente son bajísimos. Para mí un punto de quiebre fundamental es el diseño de infraestructura y lo digo siempre. Si te vas por los 5 penales de hombres de Lima - San Jorge, Castro Castro, Lurigancho, Ancón 1 y Ancón 2 - y te pregunto en ¿qué se parecen? en nada. A nivel de infraestructura no se parecen en nada. Cinco go-biernos trajeron cinco modelos, cada uno a su buen entender. Ahí te das cuenta que no hay sistema, no hay sistema penitenciario.
Lo que hicimos nosotros fue fundamental, hicimos un brenchamarking interno y externo de lo que tenemos. ¿Qué cosa es lo mejor que tenemos? y encontramos Ancón 2, un penal nuevo del 2010, inaugurado en el gobierno anterior, que tenía un criterio muy bueno: evitaba la socialización negativa del preso. En verdad son 4 mini penales, donde uno se puede relacionar, en el mejor de los casos, con 95 personas más, que conforman un alero. Son dos
Entrega de vehículos al INPE, abril 2013
pisos, cada alero tiene 96 personas, 2 aleros confor-man un pabellón, 3 pabellones conforman 1 módulo y 4 módulos conforman 1 penal. Dijimos muy bien, ese modelo nos gusta. Hemos comenzado a decir que este criterio quedaba como modelo, pero lo hemos ido mejorando, cambiando.
Construir penales no es lo mismo que construir casas. Debes ponerte en el lado más extremo del penal, ¿Cuál es ese punto? Un motín. Tienes que pensar en todo para que no suceda un motín, en todo caso, pensar en lo que vas hacer cuando suceda un motín. Y si tú ves, ¿a dónde van los presos cuando hay un motín? Al techo ¿Cómo han estado construyendo los techos en los penales? Planos. Les estás dando para que suban a los techos. En Ancón 2, por ejemplo, tiene un techo plano, pero no debería ser así. Quiero un techo a dos aguas así no llueva en Lima. Si es zona donde llueve, le pones otro revestimiento para la lluvia. Es bien improbable que tomen todo el penal con este modelo.
Fui al penal de máxima seguridad en Montevideo y tienen alambres, mallas, interesante. Afuera, son torreones, donde están militares, que tienen la orden de matar. En Israel tienes una tecnología avan-zadísima, un sistema que en 5 segundos está acti-vándose. Nosotros tenemos que pensar en nuestro presupuesto. Recurrimos al muro perimétrico, métele tecnología sí, pero cuando haya apagón, no funciona el muro, el día que no haya presupuesto para pagar, se acaba la tecnología, como pasó con los bloqueadores de celulares de Ancón 1.
Hemos encontrado unas cosas de locos, un penal en donde el muro era más bajo que el techo de un pabellón o donde el director para entrar a su oficina tenía que pasar por el penal.
Hemos hechos cosas para ir mejorando la seguridad, para que se pueda ver mejor, ya no solamente de los torreones ni de la pasarela del perímetro, sino también del centro. En nuestro modelo había un tanque de agua inmenso, de 27 metros, ahí hemos acoplado también un centro de vigilancia de emergencia en caso se necesite.
Ya estamos diseñando cada penal, Pichari, Bagua Grande, ya estamos construyendo Cerro de Pasco. Cada diseño nos implica un nuevo cuestionamiento ¿qué más le metemos?. Por ejemplo, respecto al ingreso de las visitas hemos logrado ya que no entren a las celdas, ahora pueden entrar al patio del pa-bellón, pero en el nuevo modelo penitenciario ya ni entran al patio del pabellón sino a sitios especiales.
En los nuevos penales que estamos diseñando, como el de Bagua Grande estamos haciendo un galpón de 1000 m2 para alquilar, a una fábrica por ejemplo. Estamos viendo la posibilidad de la mano de obra. Aparte del trabajo que se hace en lo penales, que haya una fábrica, y eso del penal-fabrica no es una utopía, el 99% de los presos en Cuzco trabajan. Entonces ya estamos con esa visión.
Una tema aún pendiente, que ya estamos trabajando pero ojalá nos alcance el tiempo para hacerlo, es un penal de mujeres pero con visión de género, que no existe, no hay. Hemos ido a los penales de mujeres de Italia, Estados Unidos, Brasil pero ninguno me convence. Entonces estamos diseñando uno, con miras sencillas pero muy claras, no queremos que sea un pabellón chico sino una casa grande, la tipología criminológica mayoritaria de la mujer es muy distinta al de hombre, no necesitas resocializarlos, sino necesitas no des-socializar en la cárcel, tienes que hacer su vida lo más normal del mundo. Las cárceles de mujeres, aquí y en la China tiene otro tipo de problemas de salud que el de los hombres. La reincidencia femenina es baja y tienen otro perfil, el 73% de las mujeres está por tráfico de drogas, necesitas una infraestructura que te ayude.
10. En febrero de este año, vecinos de barrios considerados de alto riesgo del Callao entregaron voluntariamente armas de fuego a las autoridades como consecuencia de la campaña impulsada por la Comisión por la Pacificación del Callao. En tu opinión ¿Cuál es la importancia de este hecho? ¿Cómo se dio dicho proceso? ¿Cuál es la relevancia de la articulación entre vecinos – Estado (INPE – ONDS)?
El hecho de que nosotros tengamos años en el sistema [penitenciario], es que conocemos a muchísimos que
2“batutean” los penales. Conozco a todos los delega-dos de Lurigancho de los últimos cinco años, con nombre y apellido. Nosotros entramos a todos los penales y hablamos con todos los delegados, tene-mos ese contacto. Esto ayudó mucho para que, en el caso concreto del Callao, se vea temas de seguridad. A nosotros, como INPE nos corresponde la pacifi-cación en el penal y esta idea surge de ellos inicial-mente, pacificar el penal, porque hay mucho hacina-miento. Por ejemplo el Sarita Colonia es un penal para 570 internos y hay 3197, y no es el más hacinado, porque el más hacinado es Huaral que es para 800 y hay 9000 ¿cómo haces para llevar eso?,
En el Sarita Colonia lo que caracteriza es que hay una identidad de ser del Callao, se trata de “Fusión –
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11. ¿De qué manera crees que la ONDS puede contribuir a fortalecer la Seguridad Ciudadana y/o contribuir a la mejora del sistema penitenciario?
La ventaja es que la ONDS pertenece a la PCM. Nosotros nunca hablamos del proceso de entrega de armas sino del proceso de pacificación, eso es lo interesante, es una cosa mucho más amplia.
Cuando fuimos a los barrios constatamos que había chibolos, son ya delincuentes de tercera generación y a los viejos los conocíamos en la cárcel y nos decían que ya no los podían controlar, que se trataba de un juego aparte. Habían llegado al convencimiento de que ya no podían convivir, y que eso estaba antes de ser chalaco, de ser bravo.
Con ese convencimiento nos decían que cada vez que venían las visitas de los sábados al penal, les contaban que habían matado al primo, al sobrino, y como que la saturación de la violencia entre ellos mismos se constató.
Cuando fuimos a recibir las armas en los barrios, a hablar con la gente nos hacían las demandas naturales, todas vinculadas a seguridad, que se un patrullero. Entonces no era el rechazo hacia los policías, sino que querían buenos policías, no el que los coimean, el que extorsiona, no el que los llevaba dos horas en su camioneta para que le de plata sino buenos policías. La demanda social era totalmente válida.
Ahí hay un papel fundamental de la ONDS porque pertenece a la PCM, y el hecho que sea fuera de la cárcel, ya escapa del INPE pero tampoco podemos evadir el tema. Continuar el camino de la pacificación es un tema integral. En el Callao se podría hacer un plan piloto, la gente sigue llamándonos para hacer la segunda etapa.
La posta la tiene el Ministro del Interior para ver cómo continuamos. Yo creo que ahí sí se necesita más apoyo de la PCM.
12. Entonces, lo impulsado en el Callao implicó una participación de la PCM, a través de la ONDS, de la iglesia, de la policía, fiscalía, vecinos (…) ¿pero esto en qué medida no se convierte en una duplicidad de lo que debería ser el sistema de seguridad ciudadana?
Muy buena tu pregunta, porque cuando tuvimos la reunión en el Ministerio de Justicia, la Policía nos decía que ya tienen sus Comité Distritales de Seguridad Ciudadana. Acá [proceso de pacificación
Fisión”, te unes con tu grupo más grande, y cuando no hay un grupo más grande, entre tu propio grupo te peleas, es como el futbol. En el Callao hay una identidad fuerte de ser del Callao, tú dices Chimpun y todos dicen Callao. Eso ayudó mucho a trabajar con el hecho de que si todos somos Chalacos, por qué tiene que haber 17 barrios peleándose. Además las “broncas” de adentro tenían relación con las “broncas” de afuera. Entonces se dio una dinámica bien interesante para lograr una pacificación también afuera, porque el tema era finalmente todos somos chalacos, es como decir que todos somos peruanos o todos somos humanos.
Ellos dijeron que sí querían cambiar esta situación y organizaron un campeonato de fulbito dentro del INPE, de los 17 barrios que están divididos en pabellones. Pero también expresaron que querían pacificar “afuera” aunque no es nuestra competen-cia, pero claro, no puedes decir eso. En la seguridad ciudadana no podíamos decir que no nos toca.
Así seguimos conversando y nos comentaron que afuera podían entregar armas, nosotros no quisimos evadirnos de esta posibilidad de lograr la pacifica-ción que ellos mismos estaban proponiendo. Fuimos a hablar con el director de la Policía, y él estaba incrédulo, también hablamos con la iglesia porque necesitamos a alguien como garante.
Acudimos donde Vladimiro y le contamos la historia. Con él, con el comandante, con el obispo fuimos a ese campeonato de fulbito. De ahí tuvimos a una reunión en donde se definieron los términos, la fecha, hora y lugar. Y ahí fue donde proseguimos todos con cierta incredulidad.
Nos reunimos en tal sitio y en ese momento nos decían a donde nos dirigíamos después. Todo estuvo milimétricamente controlado, no hubo ningún problema, ninguna falla, nada, todo funcionó como un reloj. Al día siguiente volvimos a cuatro barrios más, igual a tal hora en tal sitio, parece increíble pero todo eso se logró en base a la confianza.
Lo último que podemos pensar es que la gente es tonta y que no se organiza, te lo digo como antro-pólogo, todos coordinan. Ellos reciben visitas, coor-dinan, ya te imaginaras la cantidad de conversa-ciones que han tenido entre ellos.
Ahora estamos viendo una segunda etapa de entrega de armas, en hacer una marcha por la paz más grande. Son oportunidades que no se pueden des-perdiciar. Esto la ONDS al toque entendió y apostó.
en el Callao] el concepto es otro y que no se opone. Los comités de seguridad ciudadana son para defenderse y atacar a la delincuencia. Nosotros estamos hablando con LA delincuencia, el nivel de diálogo es con la delincuencia, no para defenderte de ellos, sino es con ellos. Son los mismos delincuentes lo que te están diciendo es que quieren un proceso de paz, no son las mamás, no estamos hablando de las víctimas, sino estamos hablando de los victimarios. Ojo que no son blancas palomas, no estamos hablando de eso, pero tienes una ventana de posibilidad de trabajar con ellos. Es como en Colombia y en Centro América, para lo procesos de paz, se habla con los protagonistas de la violencia.
Entonces así nos toque o no nos toque, apostamos. Colaborar con la seguridad ciudadana es una responsabilidad como peruanos.
13. Y para ir terminando, en estos 22 meses de implementada la ONDS ¿Qué opinión tienes de su desempeño y desarrollo en la gestión del diálogo y la prevención de la conflictividad social?
Mira yo no puedo hablar más que de los resultados. Basta ver los resultados de la conflictividad. Yo creo que conflictividad social siempre va haber. Los
conflictos no son malos, lo que se tiene que hacer es encausarlos y me parece que la ONDS lo está haciendo muy bien, los resultados creo que están sustentando esto.
La experiencia con nosotros ha sido muy buena, muy concreta. Ahora también nos están apoyando en Cochamarca con un tema.
Más bien creo que hay que acentuar el trabajo de la oficina, para que quede como cultura, y que no solo sea un departamento el que se encargue.
1 Comisión Episcopal de Acción Social.2 Dirigen.
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José Luis Pérez Guadalupe jefe del INPE con el Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM en la intervención en el Callao en marzo del presente año
Avances delDiálogo
EL EJECUTIVO DECLARA EN EMERGENCIA SANITARIA las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
A través del D.S.006-2014-SA, del 5 de mayo del presente año, se declara en emergencia sanitaria las localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, pertenecientes al departa-mento de Loreto, con el objetivo de adoptar acciones inmediatas para proveer de módulos de tratamiento de agua para el consumo de las comunidades nativas asentadas en estas localidades.
De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, los pobladores de estas localidades vienen consumiendo agua que muestra valores que no cumplen los límites máximos permisibles para el consumo humano. Asi-mismo, las Declaratorias de Emergencia Ambiental han evidenciado la carencia de sistemas de abaste-cimiento de agua apta para el consumo o que contan-do con dichos sistemas no están funcionando adecuadamente.
Siendo una preocupación prominente del Ejecutivo esta situación, se emitió la Declaratoria de Emer-gencia Sanitaria la cual permite al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la adqui-sición, transporte, instalación, capacitación, opera-ción y mantenimiento de módulos de tratamiento de agua para el consumo humano, en un plazo de 180 días, para beneficio de las localidades de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.
De esta manera, el Ejecutivo ratifica su compromiso por implementar medidas concretas que garanticen los derechos de estas poblaciones, consolidando así los esfuerzos de la Comisión de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de Loreto (Resolución Suprema N° 119-2014-PCM), orientada a atender las demandas de las comunidades nativas de estas cuatro cuencas.
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ONDS LOGRAque comunidades indígenas Achuar levanten su protesta contra el lote
1petrolero 1AB en Loreto
Apus y comuneros Achuar en pleno consenso.
Comuneros y Apus Achuar firman acuerdos.
1 Elaborado por el comisionado responsable de la gestión del diálogo de la ONDS en la región Amazónica, Javier Aroca Medina.
Los apus Achuar (*) de las comunidades de José Olaya, Antioquia, Sauki, Pampa Hermosa, Pijuayal, Sión, Belén, Santa Rosa, San José y Valencia, así como la Federación de Comunidades Nativas del Corrien-tes (Feconaco), levantaron - el último fin de semana de abril- su protesta que impedía las operaciones del lote petrolero 1AB, que maneja la empresa Pluspetrol Norte.
Todo empezó el pasado 14 de abril del 2014, cuando comuneros Achuar de la comunidad José Olaya, ubicada en la cuenca del río Corrientes, decidió bloquear el puente José Olaya, impidiendo el tránsito por la zona y exigiendo la paralización de operacio-nes, amenazando con tomar las instalaciones. Gradualmente el conflicto fue escalando y, desde el jueves 17 de abril las demás comunidades del río Corrientes, incluso algunas que no pertenecen a la zona de influencia del lote petrolero 1AB, se unieron a la protesta, bloqueando otras vías de acceso y obligando a la paralización del 70% de las actividades del lote. Las baterías de Jibarito, Jibaro, Shiviyacu, Forestal y Huayuri, tuvieron que dejar de funcionar, lo que estaba impidiendo la producción de 11 mil barriles diarios de petróleo.
Entre el 23 y el 25 de abril, una comisión del Gobierno Nacional, liderada por el comisionado Javier Aroca de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por representantes de los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, sostuvieron conver-saciones delicadas, tanto con los dirigentes de las comunidades Achuar que se habían movilizado y bloqueado todas estas instalaciones, como con los representantes de la empresa Pluspetrol Norte.
Luego de intensas coordinaciones, se logró establecer que la reunión entre los Apus, el presidente de Feconaco, el gerente de operaciones y otros funcio-narios de Pluspetrol, se realizase durante 14 horas el sábado 26 de abril en el campamento de Andoas, hasta que lograron arribar a acuerdos que son satis-factorios para todas las partes. La reunión, que empezó a primera hora de la mañana, fue facilitada por el representante de la ONDS, y también estu-vieron presentes, como observadores, cincuenta comuneros Achuar, entre hombres, mujeres y niños, que acompañaron a sus apus para asegurarse que la discusión reflejase sus demandas y preocupaciones.
Las comunidades y la empresa revisaron el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la zona de influencia del lote 1AB y el lote 8. Para ello, se “pasó revista” a los compromisos como la refacción de colegios, construcción de escalinatas, donación de
combustible, construcción de puentes y de piletas de agua, mejoramiento de sistema eléctrico, entre otros. Al finalizar la revisión, se pudo comprobar que la mayor parte de los compromisos asumidos por Pluspetrol Norte se estaban cumpliendo.
Asimismo, se aprovechó dicho espacio para discutir sobre la compensación por el uso de tierras, que las comunidades del río Corrientes demandan a la empresa petrolera, incluyendo el reclamo que inicialmente hizo la comunidad de José Olaya, por el uso de las canteras ubicadas en sus tierras, luego que el Gobierno Regional de Loreto le otorgase el título de propiedad en enero del 2014. Al final, el diálogo se abrió paso, y las comunidades y Pluspetrol Norte decidieron que este tema será discutido en el ámbito en la Comisión de Desarrollo creada por el Gobierno para resolver los problemas de las cuencas de Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Resolución Suprema N° 119-2014-PCM). Existe la apuesta de que, dentro de los tres primeros meses, deben haber resultados.
Luego de estos acuerdos, las comunidades y Feconaco decidieron levantar su medida de fuerza, y que incluía la paralización de operaciones de producción y los bloqueos de vías de acceso. Los Apus se comprometieron en comunicar, a los comuneros movilizados, que la medida se había levantado y éstos acataron las decisiones tomadas de manera inmediata.
Sin duda, el diálogo, que en un inicio se tornó tenso y difícil, poco a poco fue transformándose, lo que al final demostró que es posible cultivar relaciones de confianza entre las comunidades y la empresa petrolera, y que la ONDS se encargará de hacer el seguimiento correspondiente del cumplimiento de los compromisos alcanzados. Es de esperar que los temas de salud, agua potable y saneamiento, así como los avances de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, sean retomados en el diálogo que se producirá en la Comisión de Desarrollo con las cuatro cuencas, espacio en el cual se ha reafirmado el compromiso de Feconaco de que participará a través de sus representantes. Resta esperar que, un proceso similar al desarrollado en el campamento de Andoas, se realice con el presidente del Gobierno Regional de Loreto, para que se explique los avances del acta de Dorissa y el destino del canon petrolero.
El diálogo que la ONDS ha facilitado en este caso, entre las comunidades del río Corrientes y la empresa Pluspetrol Norte, es un claro ejemplo de que el diálogo tripartito entre indígenas, empresas y Estado, sí funciona, cuando se disponen de
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condiciones básicas para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, respetando la dimensión intercultural que existe en el país, y que expresa el compromiso del Gobierno Nacional de seguir trabajando por el desarrollo de las comunidades nativas de la Amazonía peruana .(se adjunta el acta de acuerdos en anexos)
(*) Los Achuar son un pueblo indígena perteneciente a la familia Jíbaro como los Awajun y Wampis en el Perú. Asentados en las riberas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza, Huasaga, Manchari, Huitoyacu, y Situche, así como en las quebradas de Masacuri y de Anazo.
El vocablo "Achuar" tiene su origen en el nombre de las grandes palmeras llamadas "Achu” que existen en los diversos pantanos que abarcan su territorio, Achu= Palmera de Achu, Shuar= Gente de ahí que viene a ser "Gentes de la palmera Achu".
En tiempos pasados fueron guerreros muy temidos; se decía que un Achuar podía seguir a su enemigo hasta aniquilarlo. La historia del pueblo Achuar se ha caracterizado por las luchas de resistencia contra la colonización española; esto causó que durante la primera parte del siglo XIX, los Achuar permanecieran en relativo aislamiento del resto de la sociedad peruana, situación que ha variado sustancialmente en los últimos 50 años.
Los Achuar sufrieron los estragos de la época cauchera. Además, en la década del setenta, la vida de los Achuar se relaciona con las actividades de hidrocarburos, actividad que ha dejado pasivos ambientales importantes en las tierras donde habitan, lo que les ha afectado seriamente.
LA INSEGURIDAD CIUDADANA 1en la provincia de Chincha
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde su crea-ción en octubre del 2012 ha tenido que hacerle frente a las diferencias, controversias y conflictos que afectan a la gobernabilidad del país, fundamentalmente los que se presentaban en el ámbito de las actividades extractivas, como son los conflictos mineros e hidro-
2carburíferos . Sin embargo, estas fueron ampliándose a los de carácter energéticos, hídricos, agrarios, fores-tales, laborales, los de demarcación territorial y aquellas diferencias, controversias o conflictos que por sus características no tienen una tipología defini-da sino que se les agrupa bajo la categoría residual de “Otros”, como por ejemplo la controversia dada en una localidad por la construcción de un proyecto de
inversión pública como es un establecimiento peni-tenciario para promover el deshacinamiento que se vive en los penales a nivel nacional, pero que por otro lado, se genera el descontento de la población vecina por temer algún impacto en su seguridad. Los casos, como el señalado anteriormente, no son recientes para la ONDS. Y es que la inseguridad ciudadana forma parte de los principales problemas que aqueja a la población peruana. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI, la tasa de victimización en el Perú entre enero y junio del 2013 fue de 41%, con esto, dos de cada cinco
3fueron víctima de la inseguridad .
Delitos registrados según departamentoOctubre - Diciembre 2012
(Tasa por cada 10 mil habitantes)
Tumbes
Prov. Const. del Callao
Lima
Tacna
Arequipa
Moquegua
Madre de Dios
Junín
Nacional
Ayacucho
Ucayali
Amazonas
Ica
Lambayeque
La Libertad
Cusco
Apurímac
Piura
Ancash
San Martín
Huánuco
Cajamarca
Loreto
Pasco
Huancavelica
Puno
42
34,8
34,4
27,7
26
24,3
23,1
21,3
20,3
19,1
18,6
18,2
17,7
15,2
14,6
13,5
12,5
11,5
10,7
10
7,2
6,9
5,1
3,9
2,7
23,7
Fuente: MININTER
Asimismo, las noticias que se muestran día a día, revelan que la criminalidad se ha ido diversificando y tecnificando, habiendo crecido exponencialmente tanto cuantitati-vamente como cualitativamente po-niendo en riesgo la gobernabilidad del país y la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, como es el derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a elegir libremente la resi-dencia, a la libertad de expresión, entre otros.
Abordar la inseguridad ciudadana es un tema complejo, que requiere de un tratamiento integral, multisectorial y participativo, a través de una estra-tegia de intervención articulada de corto, mediano y largo plazo, que implica una acción conjunta del Estado y ciudadanía a través de los comités de seguridad ciudadana. En ese sentido, la ONDS a través de las Mesas de Diálogo multisectoriales, fomenta los espacios para el diseño de estrategias integrales con propuestas de realización inmediata.
1. La inseguridad ciudadana en la provincia de Chincha - Ica
De acuerdo al Informe Técnico N° 03-2013 “Estadísticas de Seguridad Ciu-dadana”del Instituto Nacional de Es-tadística e Informática, el departa-mento de Ica se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto al porcentaje de denuncias por la comisión de delitos y dista más de 23 puntos porcentuales de Tumbes, departamento que encabeza la lista.
A pesar de ello, en Ica se percibe ni-veles de inseguridad muy altos no solo por la tasa delincuencial que se viene registrando sino también por el ambiente político pre – electoral y los de medios de comunicación local que, en algunos casos, magnifican la infor-mación que se brinda pero no la ocul-tan. Así, de acuerdo a “Estadísticas de Seguridad Ciudadana” en el 2013 ha
habido un aumento en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, que se reflejan en la proliferación de extorsiones a comerciantes, asaltos a mano armada, sicariato, aumento de la venta y comer-cialización de drogas. Con estos hechos, el clima de inseguridad se ha intensificado en la región.
En Chincha, provincia del departamento de Ica también sufre de los avatares de su región. Su población anda con temor porque se siente desprotegida. En las calles, sea de día o de noche, los vecinos se cruzan con los delincuentes. En lo que va del año varios empresarios, comerciantes, dirigentes de construcción, efectivos policiales, periodistas y otros han sido víctimas de la violencia criminal que se viven en dicha provincia. Además, con el boom inmobiliario y su crecimiento sostenido de más del 5% anual, es cotidiana la proli-feración de mafias para el tráfico de terrenos, usurpación, invasiones u otros.
A esto se suma la falta de efectivos policiales suficientes, un parque automotor y equipos adecuados para hacerle frente a la crimi-nalidad, quizá por ello la mayoría de municipios han instalado y reforzado sus servicios de Serenazgo. A pesar de estos esfuerzos, la percepción de inseguridad sigue incrementándose.
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1 Elaborado por el comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, José Wilson Llaja López.
2 Incluso, en el mes de marzo del 2014 los conflictos vinculados a las actividades extractivas corresponden a un 70% del total de casos gestionados (ver Willaqniki N° 17).
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Informe Técnico N°7, setiembre 2013.
2. Inseguridad ciudadana, conflictividad social e intervención de la ONDS
La inseguridad ciudadana al sobrepasar el control de los órganos competentes como son la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, Locales y la sociedad civil -organizadas a través de comités regionales o distri-tales de seguridad ciudadana- afecta al desenvolvi-miento de sus ciudadanos, al desarrollo de las instituciones públicas y privadas, y a la gobernabi-lidad del país, entendida como la promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, el fortale-cimiento de la gestión pública, la lucha contra la corrupción, entre otros.
En ese contexto, la ONDS, en el marco de sus funciones conferidas en el Decreto Supremo Nº 106-2012-PCM, interviene para dirigir los procesos de diálogo con los diversos actores sociales, represen-tantes de instituciones privadas y funcionarios públicos, con el objeto de prevenir controversias, diferencias y conflictos. Asimismo, contribuye a dar soluciones, a través de la coordinación con todas las entidades involucradas, ya sea a nivel del ejecutivo, legislativo o de los gobiernos regionales.
En la búsqueda de diseñar preventivamente estra-tegias ante la conflictividad social generada por inseguridad ciudadana, específicamente por la usurpación y tráfico ilegal de terrenos, invasiones y delitos conexos a dicha actividades, la ONDS ha conformado en el mes de marzo del 2014 una Mesa Técnica Integral Multisectorial para tratar dicha problemática, la cual estará encargada de elaborar la estrategia integral para la lucha contra el tráfico ilegal de terrenos, invasiones y delitos conexos a dicha actividades.
Esta Mesa es integrada por la ONDS, el Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Consejo del Notariado, Poder Judicial, Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional de Lima.
Este esfuerzo conjunto multisectorial, buscará que el Estado actué desde una sola perspectiva y con objetivos comunes. En ese sentido se espera que la Mesa Técnica Integral Multisectorial, liderada por la ONDS, nos muestre una vez más, que la gestión articulada, dialogante y preventiva sea la estrategia para hacerle frente a la problemática de la inseguridad que atraviesa el Perú.
ANCASH en el ojo de la tormenta
El asesinato de Ezequiel Nolasco Campos, ex consejero regional del Gobierno Regional Ancash y candidato a la Presidencia Regional, puso en el tapete de la opinión pública nacional un conjunto de fallas estructurales que afectan al país desde hace buen
tiempo, no solo en Ancash sino también en otras regiones, como Tumbes, por ejemplo. En la última década, el escenario político, social y económico en Ancash ha evidenciado una confluencia de estas fallas, principalmente las vinculadas con la debilidad
del Estado, la débil presencia de los partidos políticos nacionales, la corrupción, la presencia de sindicatos asociados al delito y el crimen organizado.
En Ancash se ha dado un fenómeno marcado por el crecimiento económico y comercial desigual entre la costa y la sierra de dicho departamento. Esto se debe a que en la década de los años 1950 se consolidó, en Chimbote, la actividad portuaria con la constitución de la Corporación Peruana del Santa, la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón de Pato y el inicio de las actividades siderúrgicas que luego dio lugar a la empresa estatal SIDERPERU.
Hacia esa época ya había en la periferia de la ciudad algunas procesadoras de pescado. Casi inmediata-mente después, en la década de los años 1960 comien-za la explotación masiva de la pesca que dio lugar al surgimiento de un conglomerado empresarial dedi-cado a la producción de harina y conservas de pesca-do, lo que trajo consigo un éxodo migratorio desorde-nado, debido a la elevada demanda de mano de obra.
También se sumó al crecimiento económico y comercial de Chimbote la actividad agrícola desarro-llada en las 30 mil hectáreas del valle del Santa, con una producción intensiva de dos campañas por año. Éste crecimiento implicó, además, la llegada de comerciantes y empresas de servicios que provo-caron el crecimiento caótico y desproporcionado de Chimbote, que es hoy la ciudad más poblada de Ancash.
El crecimiento económico y comercial de Chimbote se vio afectado por el terremoto de mayo de 1970,
siendo la sierra de Ancash la zona más perjudicada, pues fueron borradas del mapa la ciudad capital de Yungay, sus distritos y barrios tales como Ongo, Aíra, Armapampa, Nuevo Shacsha, Nuevo Ranrahirca, Huarascucho, Chuquibamba, Caya, Utcush y Tullpa.y Ranrahica.
En Chimbote, el terremoto redujo a escombros gran parte de la infraestructura productiva e inmobiliaria de la ciudad, con un saldo fatal de muertos y heridos. En la siguiente década se vería la caída de la economía debido a dos factores: la sobrepesca y contaminación ambiental, producto de la industria pesquera que agotó los cardúmenes de la costa, y factores climáticos como el fenómeno de El Niño.
Las últimas décadas han sido, para Chimbote, de reorganización y ordenamiento. Tras el descalabro de la industria pesquera y un nuevo Fenómeno de El Niño fuerte en 1983, la actividad económica se volcó hacia los intereses en la agroindustria, el turismo y el comercio. Durante los últimos años de la década de 1990 han sido notables los esfuerzos por la recupe-ración de la bahía y la remodelación de varios edifi-cios y lugares públicos.
Es a partir de la década de los años 2000 que comien-za a desarrollarse el boom minero en la sierra de Ancash, marcada por la presencia de la Compañía Minera Antamina, trayendo nuevos recursos para la región, siendo uno de ellos el Canon Minero. Esto ha hecho posible que, entre 2007 y 2013, periodo de gestión de César Álvarez, el Gobierno Regional Ancash reciba 1,842 millones de soles por concepto de canon minero. Según la Contraloría General de la
Marcha por la paz en Chimbote en octubre 2012. Foto: www.ancashaldía.com
55
República y la Procuraduría Anticorrupción, las de-nuncias por presuntos actos ilícitos en adquisiciones y contrataciones de obras públicas, durante el perio-do de César Álvarez Aguilar, son por un monto que supera el 50% del canon.
En enero del 2004 fue defenestrado por el Jurado Nacional de Elecciones, Freddy Ghilardi Álvarez, Presidente del Gobierno Regional Ancash, como producto de las investigaciones por la comisión de los siguientes delitos: peculado, malversación de fondos y tráfico de influencias. Freddy Ghilardi Álvarez fue, a nivel nacional, el primer presidente regional vacado en el cargo, reemplazándolo en el cargo el vicepresidente Ricardo Narváez Soto.
Este antecedente político institucional dio una primera clarinada sobre la gravedad de lo que venía pasando en Ancash, sin embargo, no logró mayor repercusión nacional. La situación continúo agra-vándose y recién cobró atención de la opinión pública nacional cuando se produjo el asesinato de Ezequiel Nolasco Campos.
Lamentablemente tuvo que suceder este hecho fatal para que la clase política y los medios nacionales le tomen atención a la crisis política y social por la que viene atravesando Ancash. El colapso de los partidos políticos nacionales, ha debilitado los nexos entre la política en Ancash y la política nacional. Las fuerzas políticas nacionales no tienen mucha presencia en dicha región, y ésta no tiene mucha representación política en el nivel nacional. Sin embargo, y pese a
ello, el gobierno de César Álvarez sí logró establecer, a nivel nacional, conexiones en el Ministerio Público y el Poder Judicial y eso lo ha protegido hasta ahora. El lunes 7 de abril de 2014 fue un día histórico para Ancash. El Congreso de la República les dio voz a la región y ésta ensordeció al Perú con su verdad. Durante cinco horas, 64 personas confesaron haber vivido una pesadilla de la que intentaron despertar denunciando ante el Estado aquel siniestro sueño de impunidad. Los ancashinos presentaron denuncias que involucran a: César Álvarez (Presidente del Gobierno Regional Ancash); Luis Arroyo Rojas (alcalde de la provincia del Santa); Jorge Burgos (asesor de imagen de César Álvarez); Heriberto Benítez (congresista de Solidaridad Nacional); Víctor Crisólogo (congresista de Perú Posible); Hernán Molina (gerente general regional); Elvis Camarena (gerente del proyecto especial Chinecas); José Peláez Bardales (Fiscal de la Nación); Dante Farro Murillo (ex Presidente de la Junta de Fiscales del Santa); Eduardo Pastor La Rosa (notario público de Chimbote); Víctor López Padilla (secretario general del Sindicato de Obreros de Construcción Civil y presidente del Frente de Defensa de la provincia del Santa); y Sandor Renilla (conductor del canal 31).
La solución política de lo que pasa en Ancash y en otras regiones es compleja y requiere enfrentar varios problemas a la vez, pero por alguno de ellos hay que comenzar y la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana tienen la primera prioridad.
EL CASO COCHAMARCA: Transformando el Conflicto en una
1Oportunidad de Desarrollo
La segunda semana de enero del 2014 el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE solicitó la intervención de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ante la paralización de la construcción del establecimiento penitenciario de máxima seguridad en la zona de la Comunidad Campesina de
Cochamarca, ubicado en el distrito de Vicco, en el departamento de Pasco. Se trató de un conflicto que inició la primera semana de enero del 2014 y duró aproximadamente doce días. Sin embrago, cuando intervino la ONDS, la medida de fuerza fue “levantada” en menos de 72 horas.
1. Antecedentes del conflicto
La Comunidad Campesina de Cochamarca ubicada a 4200 msm en la llanura de la meseta de Bombón en el Distrito de Vicco -situada a 240 kilómetros de Lima - ofreció dar en donación, al Instituto Nacional Peni-tenciario, 06 hectáreas de terreno de propiedad comunal, a fin de que se construya un Centro Penitenciario.
En ese sentido, el 20 de junio del 2012 la Junta Directiva de la Comunidad Campesina, bajo la presidencia de Edmundo Abraham Vicente Poma, suscribió el acta de acuerdos en el que la comunidad aceptaba vender al INPE un terreno de 03 hectáreas y dar facilidades para la instalación de la red de aguas residuales tratadas y la red de la línea de energía eléctrica faltante. En contra parte, el INPE se comprometió a utilizar la mano de obra no calificada de 30 personas de la Comunidad Campesina, el mejoramiento de la vía de acceso desde la Carretera Ruta PE-20A (Canta - Huayllay) hasta el establecimiento penitenciario, establecer las medidas para garantizar la seguridad en los alrededores del establecimiento penitenciario e incluir cláusulas en los contratos con los concesio-narios proveedores del servicio de alimentación dentro del penal, para así privilegiar los insumos alimenticios que la comunidad produce.
Además, el INPE se comprometió a facilitar el acceso al tratamiento de aguas residuales - del centro poblado urbano rural - en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del establecimiento penitenciario y brindar facilidades para el acceso al sistema de abastecimiento de agua potable a la población colindante al establecimiento penitenciario así como para acceder al suministro de energía eléctrica de tipo
2Trifásico .
Luego de realizarse los estudios correspondientes, la obra fue licitada y quien obtuvo la Buena Pro fue el Consorcio Oriente Pucallpa III - Constructora
3Malaga Hnos. SA , por un monto de S/. 109, 295,441.87. Los contratos se firmaron el 21 de noviembre del 2013 y se acordó ejecutar la obra en un plazo no mayor de 540 días, es decir hasta el 14 de mayo del 2015.
De acuerdo a la información proporcionada por el INPE el penal próximo a construirse será moderno, similar al Penal de Piedras Gordas II ubicado en el distrito de Ancón. Pero, además de su infraes-tructura, dicho establecimiento penitenciario dará nuevas oportunidades para los internos quienes tendrán acceso a estudiar y trabajar en los diversos talleres artesanales.
Cabe precisar que la construcción del recinto deman-dará una inversión de más de S/. 130`000,000.00 millones de nuevos soles y tendrá una capacidad
Reunión con representates de la comunidad campesina de Cochamarca, INPE, PNP, ONDS - PCM.
para albergar a 1224 internos. Dicho establecimiento contará con dos unidades de internamiento, una para régimen cerrado especial compuesto por tres pabellones y la otra unidad para régimen cerrado ordinario compuesto por tres pabellones, con lo cual a 05 horas de Lima se tendrá un establecimiento Penal de máxima seguridad como el Penal de Challapalca que se ubica en la provincia de Tarata, en Tacna, a 24 horas de Lima.
Sin embargo, a inicios de diciembre del 2013, se originan las controversias debido a que la Comu-nidad Campesina de Cochamarca, cambia de Junta Directiva y esta nueva - presidida por el Señor Fredy Ignacio Barreto Cristóbal- planteó el descono-cimiento de los acuerdos y de las coordinaciones que se había establecido entre la empresa contratista y Junta Directiva anterior, previas al inicio de la ejecución de la obra.
En ese contexto, el 06 de enero del 2014 aproxima-damente 50 comuneros de Cochamarca irrumpieron violentamente en la obra, paralizando todas las actividades que se venían realizando y expulsando a la empresa contratista y su maquinaria del recinto de la obra, reclamando diversas y nuevas demandas, tanto al INPE como la empresa. Entre estas se solicitaba la construcción y funcionamiento de una comisaría a fin de brindar seguridad y apoyo a la población, el desarrollo de un proyecto para el mejoramiento del sistema de agua y del desagüe, repotenciación de la electrificación a nivel trifásico, establecimiento de mini clínica que dé atención de forma integral a todos los pobladores de la comuni-dad de Cochamarca, con alcance y capacidad a los comunidades vecinas, refacción de la iglesia colonial de Cochamarca, construcción de relleno sanitario, entre otros.
2. Participación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
Frente a esta situación, el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dispuso la visita inopinada a la zona en conflicto de los comisionados Jose Wilson Llaja Lopez y Jose Luis Alvarez Ramos. Esta se realizó el día domingo 19 de enero del 2014 y allí pudieron conocer “insitu” la realidad de los hechos, verificando que las demandas de la Junta Directiva, que recientemente había asu-mido el cargo en la Comunidad Campesina, implica-ban renegociar el acuerdo que fue asumido por la Junta precedente.
De esta manera, el 21 de enero del 2014 se convocó a la Comunidad Campesina de Cochamarca a una
reunión en las instalaciones de la ONDS, en la cual luego de un arduo debate de aproximadamente ocho horas se acordó conformar una Mesa de Diálogo a fin de tratar la problemática y el pedido de dicha Comunidad Campesina. En esta sesión se acordó que sería la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad la responsable de convocar a los Ministerios -MININTER, VIVIENDA, MINEM, MINSA - DIRESA PASCO, CULTURA, MINCETUR, MTC- y a la empresa Electro Centro para atender las demandas de la Comunidad.
Asimismo, la ONDS promovió una sesión entre la misma Comunidad Campesina, el Consorcio Oriente Pucallpa II (Constructora Málaga) y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de que se establezcan los acuerdos de participación en la construcción del Centro Penitenciario, y así la CC. de Cochamarca levantara la medida de fuerza y se reinicie la construcción del establecimiento penal.
Desde esa fecha se han constituido grupos de trabajo, liderados por la ONDS y los que participan los funcionarios y técnicos de los diferentes ministerios para atender las demandas de la Comunidad.
3. El rol de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en Cochamarca
Este caso revela, de manera clara, el accionar coti-diano de la ONDS, cuya intervención se realizó de manera inmediata frente a las controversias y el conflicto que se desató en Cochamarca. Para ello, los comisionados se movilizaron a la zona de conflicto para atender, desde una perspectiva integral y dialogante, el caso.
Como se sabe, la ONDS apela al desarrollo inclusivo a través del dialogo y la generación confianza en la población, poniendo en el centro del debate la trans-formación del conflicto como una oportunidad de desarrollo. Asimismo, Cochamarca es el reflejo del trabajo articulado y oportuno del Estado que permite transformar las demandas insatisfechas en en pro-yectos de inversión sostenibles en el tiempo.
1 Elaborado por el comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, José Wilson Llaja López.
2 El Sistema Trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica.
3 PRO LP. N° 001-2013-INPE-OIP-CE
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LA ONDS Y EL ATLAS GLOBAL de Justicia Ambiental
La primera semana de abril se presentó una plataforma interactiva de mapas en el que se analiza la trayectoria de más de un millar de conflictos socioambientales y espacios de resistencia a nivel mundial, denominado Atlas Global de Justicia Ambiental. Esta plataforma forma parte del proyecto europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio-EJOLT) impulsado por un equipo internacional de expertos que es coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de
1Barcelona (ICTA-UAB) de España .
Así, este Atlas permite tener una mirada global de los conflictos nucleares, de residuos tóxicos, conflictos de minería o de agua y se muestra cómo los conflictos socioambientales han aumentado en todo el mundo y el impacto que generan estos, sobre todo a las comunidades empobrecidas y más vulnerables.
Asimismo, los autores del proyecto manifiestan que este Atlas se convierte en un inventario de los casos de conflicto ambiental y como tal facilita la búsqueda de
información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos.
El referido estudio incluye los conflictos de 76 países de todas partes del mundo, de los cuales 16 son de América Latina y el Caribe.
Este Atlas revela que son 300 casos los que se afrontan en América Latina, donde el mayor número se distribuye en Colombia con 72 casos, Brasil con 58, Ecuador con 48 casos, Argentina con 32, Perú, en el quinto puesto con 31 conflictos y Chile con 30. El estudio plantea que la mayoría de estos casos están principalmente relacionados con la extracción minera y combustibles fósiles.
Coincidentemente, el número revelado en el caso peruano es similar al que se registra en el sistema de información de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, presentado en la edición N° 17 del Willaqniki. En este se reconoce 38 conflictos asociados a la actividad extractiva, siendo este número el 70% del total de los casos registrados por la ONDS en el mes de marzo del 2014.
1 El proyecto europeo EJOLT es financiado a través del 7º Programa Marco de la Comisión Europea con 3,8 millones de euros. El equipo es liderado por el catedrático de Economía de la UAB, Joan Martínez Alier pero engloba la participación de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países.
EL PROYECTO LAS BAMBAS y su reciente venta: impactos y desafíos
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Fotos de ubicación del proyecto Las Bambas
Después de una larga negociación que mantuvo el desenlace en un escenario de incertidumbre y mucha expectativa, el emblemático proyecto cuprífero Las Bambas, ubicado en la provincia de Cotabambas, Apurímac, fue vendido en abril de 2014 a un consorcio de empresas liderado por la compañía MMG Minmetals Group por el monto histórico – para las operaciones de esta naturaleza en el Perú – de US$ 5.850 millones.
El consorcio está formado por MMG (62,5% de participación), Guoxin International Investment Corporation (22,5%) y Citic Metal Co (15%).
Recordemos que en mayo del 2013, el proyecto Las Bambas había pasado de manos de la empresa Xstrata Copper a Glencore, luego de haberse fusionado ambas. Este acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Comercio de China, a condición de que Glencore venda el proyecto minero Las Bambas o, alternativamente, otro.
Esta venta ratifica y consolida el interés de inversión minera del país asiático en el Perú, pues tras la adquisición de Las Bambas MMG, la inversión china
1en el sector representa el 33% .
En términos de producción, se trata también de una venta de gran dimensión pues de acuerdo a los especialistas y a las propias expresiones del Director General de Operaciones de MMG, Marcelo Bastos, pues las Bambas producirá un estimado de 400.000 toneladas de cobre por año, a partir del año 2015, representando aproximadamente un tercio de la producción de cobre del país, por lo tanto es un proyecto significativo en la economía nacional. A esto se debe precisar que la vida útil de la mina supera los 20 años.
Finalmente, con las Bambas y el crecimiento de la producción del cobre, el sur del país se convertirá y consolidará en la principal zona donde se concentra la mayoría de inversiones ya que más del 55% de la cartera de proyectos de inversiones mineras se ubica entre Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua.
Principales desafíos
Es imprescindible que los nuevos empresarios que lideran el megaproyecto cumplan con los estándares ambientales y laborales que establece la ley para su óptimo funcionamiento y así lograr fortalecer la confianza de los actores locales. Esto implica, definitivamente, establecer una permanente coordinación con los tres niveles de gobierno.
Asimismo que se garantice plenamente el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y localidades que se encuentran en las zonas de impacto, así como el respeto a los acuerdos que se han logrado hasta la actualidad. Por ello, es fundamental que el Estado esté atento y vigilante, tanto para garantizar las inversiones y a la vez defender los derechos de sus ciudadanos.
Como se sabe, a finales del 2013, se realizó la transferencia de S/.47.5 millones a la provincia de Cotabambas, por parte del gobierno peruano, para financiar proyectos de producción, educación y saneamiento. Esto reflejó, una vez más, como el trabajo coordinado entre el Gobierno Central, las municipalidades y la empresa – para dicho año todavía a cargo de Glencore - es la mejor apuesta al desarrollo local y la generación de confianza. Las inversiones en la zona, asimismo, han generado cambios en las dinámicas económicas, sociales y territoriales, como por ejemplo la implementación de nuevos negocios, como hospedajes, restaurantes, venta de combustible, entre otros.
En este contexto, el desafío en esta nueva etapa de las Bambas, es seguir desarrollando acciones de inversión social y procurar que estas oportunidades beneficien a todos, no solo a aquellos con mayor posibilidad de invertir para emprender negocio, sino también aquellos de las zonas rurales empobrecidas, que usualmente quedan rezagados de estas dinámicas económicas. Es necesario entonces, aprender lecciones de proyectos y experiencias pasadas donde el trabajo entre Estado – Empresa y Sociedad ha permitido ir reduciendo estas desigualdades en espacios locales.
1 Antes de la compra de la Bambas, China tenía el 24% de la cartera de proyectos mineros. Actualmente existen 14 mineras chinas instaladas en nuestro país. Dos de las más importantes son Shougang Hierro Perú y Chinalco.
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A fin de proporcionar información detallada, precisa y dinámica sobre el tratamiento de los casos de conflictividad social en el país, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Con-sejo de Ministros (ONDS-PCM), pone a disposición de la ciudadanía su portal web oficial, disponible en la dirección electrónica http://onds.pcm.gob.pe
A través de esta plataforma web, se busca acercar a los usuarios al nuevo enfoque de gestión de los conflictos sociales, el cual está basado en el diálogo, en la prevención y en la promoción de valores democráticos dentro de una cultura de paz.
En este espacio, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM exhibe sus objetivos, fun-ciones, marco normativo, logros, resultados; así co-mo las estrategias de intervención que maneja en los diferentes espacios de trabajo, los cuales buscan instaurar el diálogo como la vía privilegiada para prevenir y solucionar las diferencias, controversias y conflictos del país.
WILLAQNIKI
La website presenta los informes del “Willaqniki”, documento que recopila la cuantificación, clasifi-cación y tratamiento de los casos de conflictividad en el país, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.
'Willaqniki', es un vocablo quechua que significa 'el que avisa', denominado así por tratarse de un estudio que, de forma mensual, da cuenta del panorama global de los conflictos sociales.
Los ciudadanos pueden valorar y comentar las noticias y otra información publicada en las distintas secciones, a través de la red social Facebook, dispo-nible en la dirección https://www.facebook.com/ ONDSPCM o mandando un correo electrónico a [email protected].
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD DE LA PCM Presenta su portal web al servicio de la ciudadanía
Imágenes delDiálogo
Procesos del diálogo: Comunidad Campesina de Ccochaccasa logra acuerdos conla empresa minera Buenaventura tras varios momentos de concertación.Foto 1: 01.04.14 / Foto 2: 02.04.14 / Foto 3 y 4: 10.04.14
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5Instalación de la Mesa de Diálogo del distritode Simón Bolivar de la región Pasco en la PCM03.04.14
65ta. plenaria de la Mesa de Desarrollo deTapairihua y Pocohuanca en Apurímac.04.04.14
7Reunión de trabajo de la Mesa de Diálogodel distrito de Ajoyani en la región Puno.08.04.14
8Diálogo exitoso promovido por la ONDS entrelos alcaldes de Cotabambas, Grau, Chalhuahuacho y Progreso con presidentescomunales de Huanacopampa y Pararani (Apurímac).
9Presidente del Consejo de Ministros se reúne con autoridades de la región Madre de Dios, tras informar que se presentará una propuesta integral de desarrollo para el mes de junio.16.04.14
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10Reunión con representantes de los Gremios de Sechura para tratar la problemática de la Bahía de Sechura.16.04.14
1121va. sesión de la Mesa de Diálogode Moquegua.22.04.14
12Trabajo de campo con autoridades locales, sectores del Estado y Comité Técnico parala Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros del Río San Juan y Delta Upamayo en las regiones de Junín y Pasco.22.04.14
13Alto Comisionado participa del taller:“Conflicto Socio Ambiental Trans-fronterizo en la Cordillera del Condor”,realizado en Chachapoyas (Amazonas).22.04.14
12Presentación del informe de la Comisión Técnica Mixta conformada por representantes de la comunidad de Huanacopampa (Apurímac), y de la empresa Antares del grupo minero First Quantum.23.04.14
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15Diálogo con el alcalde de Santa Teresa, dirigentes sociales y representantes de la empresaLuz del Sur.24.04.14
16Evaluación de avances en la búsqueda de soluciones a la problemática de la estación hidro-eléctrica Machu Picchu. Participan: Municipalidad de Santa Teresa, MTC, FFCC Transandino, SERNAMP y EGEMSA24.04.14
17Reunión por la problemática del agua y desagüe de distritos del cono sur (Villa María del Triunfo,San Juan de Miraflores, Pucusanay Villa El Salvador), con representantes de SEDAPAL.28.04.14
18Taller de planificación para la elaboración del plan de trabajo parala Comisión de Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre y Marañón.29.04.14
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Reporte mensual
LA GESTIÓN DEL DIÁLOGOen el mes de abril
conflictos por actividad hidrocarburífera mantienen el mismo número que el mes de marzo.
Las cifras del cuadro N° 1 permiten visibilizar un segundo grupo compuesto por los conflictos agrarios y laborales, los cuales constituyen aproximadamente el 13% del total de casos.
El tercer grupo, que corresponde a un 10% del total, incluye los conflictos por recursos hídricos, energéticos y de demarcación territorial.
Finalmente, los conflictos vinculados al desarrollo social y/o económico de algunas provincias o secto-res de la población, y a los problemas de infraes-tructura pública, articulados bajo el rubro “Otros”, conforman el cuarto y último grupo, el cual represen-ta un 9%, manteniendo la tendencia del mes anterior.
En relación a la distribución regional de los conflictos se mantiene la tendencia de los meses anteriores, siendo los departamentos de Cajamarca, Loreto y Ancash con más casos gestionados. A diferencia de lo ocurrido en el mes de febrero, donde Cajamarca presentó el aumento de un caso y Loreto la reducción de una cantidad similar con respecto al mes de enero; en marzo y abril no se registra mayor variación en estos tres departamentos. Cabe precisar que Cajamarca, Loreto y Ancash, juntos concentran casi el 40% del total de los casos.
En el mes de abril se mantiene la tendencia respecto a los meses de enero, febrero y marzo, con un total de 55 casos gestionados desde la PCM
Cabe precisar que el 67 % de estos conflictos corresponden a aquellos vinculados a las actividades extractivas, lo que significa que respecto al mes anterior se redujo en 3 puntos porcentuales. Al igual que marzo, es la actividad minera en donde se registran el mayor número de casos (23). Los
Cuadro N° 1Conflictos sociales según tipo
TIPO Número %
MINERIA 23 42%
HIDROCARBUROS 9 16%
MINERIA ILEGAL/INFORMAL 5 9%
AGRARIOS 3 5%
LABORALES 4 7%
DEMARCACIÓN TERRITORIAL 3 5%
HIDRICOS 2 4%
ENERGÉTICOS 1 2%
OTROS 5 9%
TOTAL 55 100%
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 30 de abril del 2014
Cuadro N° 2Conflictos según departamentos
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 30 de abril del 2014
28 CASOS
EN SEGUIMIENTO
25 casos en las regiones 02 casos multiregionales01 caso nacional
27 CASOS
EN TRATAMIENTO
22 casos en las regiones01 caso multiregional04 casos nacionales
55 CASOS EN GESTIÓN
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El cuadro N° 2 revela que en el mes de abril no ha variado el número conflictos que corresponden al ámbito nacional, con respecto al mes anterior. La situación se repite con los departamentos que regis-traron solo un conflicto y aquellos que reportaron dos. La tendencia se mantiene respecto al mes de marzo.
En cuanto a los departamentos que no presentaron conflictos sociales, se repite la tendencia de los últimos tres meses: Pasco, Ica, Huánuco, Madre de Dios, Huancavelica, Tumbes y Ucayali.
De acuerdo al cuadro Nº 3, la distribución regional varía de acuerdo al tipo de conflictos; así, se observa que más del 60% de los casos registrados en minería se concentran en Cajamarca y Ancash; los restantes están dispersos en 7 departamentos.
En cuanto a los hidrocarburos, en el mes de abril no se presenta mayor variación respecto al mes anterior, pues se mantiene la concentración de los casos en el departamento de Loreto con 44%. Sin embargo, el departamento de Piura se distancia de Junín y de los casos en el ámbito nacional, registrando el 22% del total.
La situación de los conflictos por cuestiones labores retoma la de los últimos tres meses, ya que el 75% corresponden al ámbito nacional, lo que implica una mayor articulación con los diferentes sectores del Estado para lograr gestionarlos de manera efectiva.
Los conflictos por minería informal, a diferencia de los laborales, revelan un panorama más disperso, pues el total de conflictos regis-trados (5) se encuentran disemina-dos en 4 departamentos distintos y uno que es de carácter nacional.
DepartamentoFebrero Marzo Abril
N° % N° % N° %
Lima y Callao 3 5% 3 5% 3 5%
Junín 4 7% 4 7% 4 7%
Ancash 6 11% 6 11% 6 11%
Puno 3 5% 0% 0%
Cajamarca 8 15% 8 15% 8 15%
La Libertad 3 5% 3 5% 3 5%
Loreto 6 11% 6 11% 6 11%
Piura 3 5% 3 5% 3 5%
Regiones con 1 caso 6 11% 6 11% 6 11%
Regiones con 2 casos 6 11% 8 15% 8 15%
Multiregional 3 5% 3 5% 3 5%
Nacional 4 7% 5 9% 5 9%
Total 55 100% 55 100% 55 100%
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Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 30 de abril del 2014
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AVANCES EN PREVENCIÓN
En el mes de abril, la ONDS ha actuado preventi-vamente en 69 casos, habiéndose aumentado cuatro respecto al mes anterior. Siguiendo la tendencia del mes anterior, la preponderancia la mantienen los casos en minería, que representan más de la mitad del total (53%). En cuestión numérica, ha aumento en un caso, respecto al mes anterior. Si a este total se añade los registrados por la actividad hidrocarbu-rífera (5) y a la minería informal (1) se puede afirmar
que hay un mayor despliegue de acciones preven-tivas hacia el sector extractivo, ya que representan un 62% del total de los casos registrados.
De las extractivas, le siguen aquellos casos clasi-ficados bajo la categoría “otros” con un 20%, tal como se señala en el cuadro N° 4. En comparación a marzo, en este mes se registran tres nuevos casos, los cuales están distribuidos en los departamentos de Junín, Ancash y Lima.
Los casos vinculados a los recursos hídricos y ener-géticos también tienen una importancia significativa, ya que sumados representan más del 11% del total.
La prevención es una tarea que viene ejecutándose en 20 departamentos del país. En el cuadro N°5 se destaca particularmente los casos de Junín (13%); seguidos por los departamentos de Lima-Callao con un 12% y Puno con 10% cada uno. Los casos de Ancash, Ayacucho, Pasco y Huancavelica, en conjunto, representan e l 26% del tota l . Adicionalmente, en abril se registraron 3 casos que involucraban a dos o más regiones a la vez y uno de nivel nacional.
La distribución departamental de los casos sigue teniendo el mismo patrón que el de los primeros meses del 2014, el 32% de los casos en minería se concentran en Puno y en Lima. Los casos restantes se distribuyen en otros 12 departamentos: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Cusco, Pasco, Piura, Huánuco, Huancavelica y Junín.
Cuadro N° 4Casos en prevención según tipo
TIPO Número %
MINERÍA 37 54%
HIDROCARBUROS 5 7%
MINERÍA ILEGAL/INFORMAL 1 1%
AGRARIOS 1 1%
LABORALES 1 1%
DEMARCACIÓN TERRITORIAL 2 3%
HÍDRICOS 4 6%
ENERGÉTICOS 4 6%
OTROS 14 20%
TOTAL 69 100%
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 30 de abril del 2014
69
Cuadro N° 5Casos en prevención, por departamentos
La actividad hidrocarburífera pre-senta una amplia dispersión, pues el total de los casos se ubica en cinco departamentos diferentes: Amazo-nas, Ayacucho, Junín, Loreto y Pirua. Se trata, entonces, de un caso para cada región.
La dispersión se reduce para aquellos casos agrupados en la categoría “Otros”, pues más 42% del total están concentrados en los departamentos de Huancavelica, Ancash y Junín. El resto está diseminado en más de 7 regiones.
Como se ha podido comprobar, las intervenciones preventivas están mucho más dispersas, esto significa que debe hacerse un esfuerzo adicional para su atención regular y oportuna.
65 CASOS EN LAS REGIONES 03 casos multiregionales01 caso nacional
69 CASOS EN PREVENCIÓN
Fuente: Sistema de Información de la ONDS
DepartamentoFebrero Marzo Abril
N° % N° % N° %
Lima y Callao 7 11% 7 11% 8 12%
Pasco 3 5% 3 5% 4 6%
Junín 8 13% 8 12% 9 13%
Ancash 4 6% 4 6% 5 7%
Ayacucho 4 6% 4 6% 4 6%
Puno 7 11% 7 11% 7 10%
Cajamarca 3 5% 3 5% 3 4%
Ica 3 5% 3 5% 3 4%
Loreto 3 5% 0 0% 0 0%
Piura 3 5% 3 5% 3 4%
Huancavelica 4 6% 5 8% 5 7%
Regiones con 1 caso 5 8% 4 6% 4 6%
Regiones con 2 casos 6 9% 10 15% 10 14%
Multiregional 3 5% 3 5% 3 4%
Nacional 1 2% 1 2% 1 1%
Total 64 100% 65 100% 69 100%
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 30 de abril del 2014
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Tan profundo como los cambios económicos y sociales que vive nuestro Perú, es el nivel de desconfianza que existe entre sus ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de transformar esta condición, instalando una nueva cultura de confianza y diálogo en busca de una mejor gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
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http://onds.pcm.gob.pe
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