informe de desarrollo humano para el valle del …acaso.univalle.edu.co/informe final pnud.pdf ·...

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA – CIDSE.

INFORME FINAL PRESENTADO AL PNUD POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (CIDSE)

Proyecto: INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO PARA EL VALLE DEL CAUCA.

INFORME DE DESARROLLO HUMANO PARA EL VALLE DEL CAUCA

INFORME FINAL

VIOLENCIA, CRIMINALIDAD Y EXCLUSION

Coordinador Grupo: Profesor Álvaro Guzman

Barney Asistente de Investigación: David Quintero

Angel Monitor de Investigación: Luz Adriana Ordóñez

Arias Monitor de Investigación: Yeison Andrey Salazar

Zuluaga

1

E-mail: [email protected]




Version 27 de mayo. VIOLENCIA, CRIMINALIDAD Y EXCLUSION

INTRODUCCIÓN Aunque la sociedad colombiana y la vallecaucana no se pueden entender solo como “violentas” o dominadas por una cultura de la violencia (Posada Carbó, 2006), es altamente preocupante que nuestro país ostente las tasas de homicidio más altas y persistentes del continente americano, desde finales del siglo XX. Ejemplo de esta situación es el reporte de la Policía Nacional de 552.973 homicidios para Colombia entre 1981 y 2006, es decir un promedio de 21.268 homicidios por año, o una tasa anual promedio de 56 para todo el período. En este mismo lapso de tiempo, el Valle del Cauca tuvo 76.157 homicidios, es decir, 13.8% del total nacional, con un promedio anual de 2929 casos corresponden a una tasa promedio anual de 77. Para un período de tiempo de 26 años, la diferencia de la tasa promedio anual colombiana y la del Valle del Cauca es muy significativa, ante todo si se tiene en cuenta el carácter urbano, moderno y de presencia del Estado del Departamento del Valle del Cauca, en el contexto nacional1. Se ha dicho que en Colombia hay violencias de diverso origen (Comisión, 1988), que el conflicto de los llamados “actores armados” domina la situación nacional a finales del siglo XX y principios del XXI (Callejón, 2003), que estamos en presencia de una guerra difícil de tipificar, “sin nombre” (Sánchez y Gutiérrez, 2006). Salvo el estudio de la Comisión citado, los otros trabajos subrayan situaciones o hacen énfasis en aspectos de conflicto político y armado que encajan típicamente con la situación del Departamento del Valle del Cauca, aunque no se excluye su presencia en el Departamento. El Valle del Cauca es un ejemplo distinto de conflicto y de violencia. El peso del crimen organizado, su impacto en otras formas de criminalidad, su irradiación en el conjunto de una sociedad, urbana, moderna y con presencia estatal importantes, es lo que signa la situación del Valle del Cauca (Guzmán, 2003). En este contexto, las violencias de diversas modalidades están al orden del día, afectan los distintos sectores sociales, especialmente los más desprotegidos y reflejan, más que cualquier otro indicador, la difícil situación de una sociedad que no sólo excluye de manera generalizada oponiendo violencia y derechos, sino que afecta y vulnera de manera muy significativa el primero y más importante de los Derechos Humanos. Caracterizar entonces esta situación y propender por cambiarla, ya que obedece a condiciones históricas muy

1 Los datos de homicidio se han tomado de la Revista Criminalidad de la Policía Nacional (varios números). Los datos de población son del Dane. Ajustes y cálculos nuestros. Todas las tasas del documento son por 100.000 habitantes.

2





particulares, debe ser un propósito colectivo ineludible en el que el tema de la inclusión aborde la crítica y superación de las violencias en favor de la democracia y la civilidad. Este propósito puede apoyarse en la gran mayoría de la población y de los sectores vallecaucanos y en todas aquellas iniciativas que propendan por una sociedad más incluyente y respetuosa de los derechos Humanos, especialmente el Derecho a la Vida. El presente informe es de carácter empírico y analítico-descriptivo. Utiliza como indicadores de violencia los conceptos de homicidio, de delito y de delito violento. En una primera parte, presentamos información a partir de datos de la Policía Nacional. Esta información describe la situación de Departamento, de sus Municipios y particularmente de la ciudad de Cali. Se destaca que la información de esta fuente, a la que le queremos dar todo su valor para la investigación, remite a pensar que hay un fuerte sub-registro de los delitos reportados ante las autoridades policiales. Este hecho nos lleva entonces, en una segunda parte del informe, a proponer un análisis distinto, a partir de una encuesta de victimización2 aplicada a hogares de la ciudad de Cali. En una tercera parte, completamos el trabajo con entrevistas hechas en varios municipios del Departamento, con funcionarios y personas relevantes en el ámbito privado que se relacionan con el tema de la seguridad ciudadana. Finalmente, se sacan conclusiones que esperamos sean pertinentes para el Informe Regional de Desarrollo Humano. Esencialmente con la información presentada queremos mostrar: a) La magnitud y trayectoria de la violencia en el Valle del Cauca como a-típica comparada con el caso colombiano. En este sentido, las explicaciones que se ofrecen para Colombia no parecen adecuarse claramente al caso del Valle del Cauca y se está en mora de una caracterización más concreta de la situación regional.

b) Tanto para Colombia como para el caso del Valle del Cauca, la estadística de criminalidad deja entrever un enorme sub-registro, que se relaciona con el seguimiento y el control que el Estado le puede hacer al delito, en general, y de manera más específica con una situación preocupante de impunidad que se derivaría precisamente de un delito oculto no captado por el Estado. c) Variaciones notables en las tasas de homicidios por municipios del Departamento del Valle del Cauca. Pero lo más significativo son las variaciones en las tasas en los últimos diez años. En efecto, municipios con tasas tradicionalmente altas desde épocas de La Violencia, las disminuyen de manera importante. Por el contrario, municipios con

3

2 Se trata de una encuesta realizada con estudiantes del Pre-grado y de la Maestría en Sociología en el curso de Sondeo que se llevó a cabo en el segundo semestre/06. Gracias para quienes colaboraron con dedicación y compromiso académico, estudiantes que nos posibilitaron el presente análisis. En el anexo respectivo se presentan más detalles sobre la encuesta.





cabeceras urbanas de más de 100.000 habitantes, las aumentan notablemente. Intriga sobremanera esta relación entre redes urbanas consolidadas y desarrollo de dinámicas de violencia. d) La situación de Cali es similar a la del Departamento del Valle. Más aún, sintetiza la dinámica de conflicto y violencia del Departamento. Las tasas de homicidio son persistentemente altas, con variaciones muy grandes por comunas que no se concentran en un solo sector de la ciudad. La estadística de delitos también muestra la impunidad que depende de un delito no denunciado que es muy elevado. El indicador de los delitos violentos muestra una dinámica de conflicto asociada con sectores geográficos de la ciudad que no son los más pobres, con el porte de armas y los delitos por estupefacientes. Es indispensable replantear el tema de la pobreza, la violencia y la criminalidad, para que estos se articulen con otros sectores sociales y con el orden social general de la ciudad.

e) Las conclusiones del estudio de victimización deben considerarse sólo una hipótesis que indica la magnitud de la afectación, los tipos más relevantes de afectación según delito y las dificultades para llevar el delito al conocimiento de las Autoridades con éxito en el trámite. La información disponible implica que hay una enorme desprotección del Estado sobre los sectores de estrato bajo, mientras que los altos tienen un cierto “blindaje” sobre aspectos de la seguridad ciudadana. De manera significativa para nuestro estudio, se insinúa que es posible plantear estrategias distintas a las dominantes públicamente, en el tema de Seguridad Ciudadana.

f) La visita por distintos municipios muestra el alcance del narcotráfico en el Departamento, fenómeno que se presenta de manera diferenciada en la geografía regional. También muestra la presencia, aunque menor, de los grupos de guerrilla y la presencia muy importante en algún momento de los para-militares y ahora de brotes posteriores a la desmovilización del Bloque Calima. Impacta la presencia de una criminalidad organizada y difusa en las distintas regiones que tiene aliados importantes en los grupos ilegales, especialmente en el narcotráfico. En este contexto, sobrevive la sociedad, se hace política y funciona precariamente el Estado con alguna institucionalidad.

4





4. CONCLUSION GENERAL Suficientes datos que se refieren a la exclusión y la imposibilidad de realizar los Derechos Humanos y en particular el Derecho a la Vida!!! La sociedad no es sólo conflicto y violencia, también se reproduce en medio de solidaridades y formas de cohesión. La exclusión lleva al tema contrario de la inclusión, la estructuración y reproducción de lo social. La perspectiva que se ha manejado en el presente informe indica que hay una criminalidad difusa a lo largo de la sociedad. No es claro cuál es el sector de la sociedad que puede jalonar la inclusión. Inclusión hacia dónde? En efecto, sectores que definen el orden social han sido proclives a la criminalidad. La alternativa está en desarrollar un proceso continuo y persistente en el que se construya interés público, institucionalidad estatal, normatividad, legalidad y ciudadanía. Este proceso debe ser esencialmente educativo, en un sentido amplio, y a él deben sumarse las más diversas fuerzas sociales con una carta de navegación. El tema de este informe ha sido la criminalidad y la violencia. Aunque no se ha dicho, estas son conductas aprendidas, seguramente en medio de motivaciones muy fuertes por el poder y la riqueza que las consolidan como prácticas sociales. Pero también pueden ser contrarrestadas y desmontadas por un polo de civilidad que actúe a diferentes niveles, en los sectores más diversos de la sociedad, que fije limites simbólicos con la violencia y promueva conductas en las que se combinen fines y medios legítimos y alternativos al uso de la fuerza. El Departamento y la ciudad de Cali cuentan con agentes posibles de este proceso. Es cierto que muchos han sido acallados, otros tienen miedo, algo perfectamente explicable, otros se resignan a la situación imperante o parecen anestesiados frente a la misma. Pero muchos están dispuestos a la movilización en su espacio cotidiano de vida, o bien en espacios públicos más amplios. Ciertamente, se requiere de algún proyecto orientador, como puede ser el Informe de Desarrollo Humano y, en nuestro medio sin duda de formas de liderazgo que pueden concentrarse en las figuras públicas, vinculadas o no al Estado. Importante que el propósito colectivo sea creador de redes y formas de interacción social, más allá de las diferenciaciones clasistas o étnicas, o de identidad popular, que existen en la sociedad. No se trata de negar estas últimas, que tienen su propia lógica de existencia. Se trata, más bien, de recrear y consolidar lazos sociales y humanos, antecedentes a las configuraciones étnicas o de clase, que entonces podrán tener tratamientos institucionales. En este propósito juega un papel central la estrategia educativa.

5





BIBLIOGRAFIA Alcaldía de Santiago de Cali, Cali en Cifras 2006, Departamento Administrativo de Planeación, 2006. Briones, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, México, Editorial Trillas, 1982. DANE. Población afectada por la delincuencia una aproximación a la Criminalidad Real. Mimeo. Bogotá, 1986. DANE. Criminalidad Real, en Boletín de Estadística N° 504, Bogotá, marzo de 1995. DANE. Encuesta de Victimización. Cd de divulgación. 2004. Fundación Seguridad y Democracia. Criminalidad y Victimización en las ciudades más grandes de Colombia. Bogotá, 2006. Gómez Buendía, Hernando (Director). El conflicto, callejón con salida: informe nacional de desarrollo humano para Colombia, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2003. Guzmán, Álvaro, “Delincuencia y Violencia: Nación, Región y Ciudad, en: Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo XX, Bogotá, Siglo XX editores, CIDSE, CEREC, 2003. Posada Carbó, Eduardo. La nación soñada: liberalismo y democracia en Colombia, Bogota, Editorial Norma, 1996. Rubio, Mauricio. Crimen e Impunidad: precisiones sobre la violencia, Colombia, Tercer Mundo Editores, 1999. Sánchez, Gonzalo. Gutiérrez, Francisco. “Prologo: Nuestra guerra sin nombre”, en: Nuestra guerra sin nombre, Bogota, IEPRI, 2006. Sánchez, Gonzalo (Coordinador). Colombia, Violencia y Democracia: Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

6





INFORME DE DESARROLLO HUMANO PARA EL

VALLE DEL CAUCA

INFORME FINAL

EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MERCADO LABORAL DEL VALLE DEL CAUCA: DESEMPLEO Y CALIDAD DEL

EMPLEO 2001 – 2006

Coordinador Grupo: Profesor José Ignacio Uribe.

Investigador Principal: Profesor Carlos Humberto Ortiz, Director del Grupo de

Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo Económico

Investigador: Christian Manuel Posso.

Investigador: Gustavo Adolfo García.

7





1. INTRODUCCIÓN

Las economías de mercado se caracterizan por el intercambio; no se consigue nada del mercado sin dar algo a cambio. Como dice el jibarito en la canción de Rafael Hernández:

¡Si yo vendo la carga mi Dios querido, Un traje a mi viejita voy a comprar!

El toma y dame, el cambalache, es la realidad básica de las economías de mercado. Esta verdad sencilla puede volverse tragedia si nadie le compra a uno lo que se ofrece. El jibarito también nos ilustra al respecto:

Pasa la mañana entera/ sin que nadie quiera su carga comprar,/ su carga comprar. Todo, todo está desierto,/ el pueblo está lleno de necesidad, de necesidad.

Como el mercado no garantiza la salida de los productos, simplemente la madre del jibarito queda excluida del disfrute del traje, y probablemente el jibarito y su familia deban aguantar hambre o verse restringidos de la satisfacción de otras necesidades básicas. La consecuencia de la falta de demanda no sólo es una disminución de la actividad mercantil, también implica una disminución del nivel de vida de las personas, de su integración social y, en general, de su bienestar. Y por ello el jibarito canta su “Lamento Borincano”:

Y triste, el jibarito va, pensando así, diciendo así, llorando así, por el camino; ¡¿Qué será de Borinquen mi Dios querido?! ¡¿Qué será de mis hijos y de mi hogar?!

Bien, esta es la tragedia que sufren día a día muchos personas en el país que salen al mercado a vender lo que poseen, su fuerza laboral, y no encuentran quién les quiera comprar lo que ofrecen (generando desempleo), o lo deben vender en condiciones desventajosas y a muy bajos precios (generando informalidad y subempleo). Se acostumbraba a pensar que las relaciones laborales en una economía capitalista desarrollada se basaban en la existencia de contratos laborales que se caracterizan por lo que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) llama empleo digno, lo cual implica el pago salarial mínimo legal, estabilidad, y condiciones básicas de bienestar del trabajador: salud, ahorro para el retiro por edad, incapacidad, enfermedad o muerte, condiciones de trabajo saludables e higiénicas, jornada laboral definida, transporte al sitio de trabajo, acceso a la recreación, y la satisfacción de otras necesidades que se acuerden con el empleador (educación, vivienda, etc.). Esas características se heredaron del espíritu de

8





distensión de la confrontación social entre las clases que se estableció con el Estado de Bienestar. A finales del siglo XX este tipo de relaciones laborales entra en crisis, y se generalizan las reformas laborales cuyo principal objetivo es la flexibilización del mercado laboral. De esta forma se logra la disminución de los costos laborales por dos vías: una disminución real de la remuneración salarial y la simplificación de los trámites para contratar y despedir. La presión social y política por la realización de estas reformas laborales no viene exclusivamente de la ambición de los empleadores, como suelen denunciar los izquierdistas. No, también proviene de las presiones sobre la competencia que impone la globalización. Para ser competitivas en el contexto del mercado mundial las economías tienen dos posibilidades: 1) se vuelven más productivas, lo cual implica inversiones en la educación de la gente, inversión en tecnología (innovación tecnológica y diversificación industrial), aprendizaje en la práctica, inversión en infraestructura, etc., y/o 2) se abaratan los factores de producción, entre los cuales, por supuesto, el más importante es el trabajo, especialmente en los países subdesarrollados que utilizan más intensamente la fuerza laboral. La segunda opción es más fácil y rápida que la primera, pero tiene altos costos sociales (disminución significativa del bienestar de los trabajadores y mayor exclusión social). De contera, se desprende que la política fácil implica un deterioro significativo de la distribución del ingreso. Es evidente, además, que una política como esta sólo puede ser efectiva hasta cierto límite, pues la disminución de la capacidad de compra de los trabajadores tarde o temprano debilita el mercado interno y afecta la sostenibilidad del sistema. Además, estas políticas generan exclusión social y el debilitamiento del tejido social, pues se impone un modelo de desarrollo que margina a una parte importante de la sociedad, especialmente a los más pobres, de los beneficios del desarrollo. La exclusión social tiene diferentes dimensiones. Según Ruiz-Tagle (1999) se puede clasificar por lo menos en tres: la económica, la institucional y la cultural. La económica se refiere a la satisfacción de necesidades, especialmente a través del empleo y los salarios. La institucional concierne al papel que juegan las instituciones, formales e informales, que regulan la vida social, en especial en el mercado de trabajo. La cultural se refiere a los valores y pautas de conducta que guían a los miembros de la sociedad. En el caso del mercado laboral, la exclusión del acceso al trabajo implica la exclusión del consumo de bienes necesarios, la exclusión de los beneficios institucionales de la seguridad social, y la pérdida paulatina de la cultura del trabajo. La exclusión del mercado laboral es uno de los principales problemas de la economía actual. Ésta se manifiesta en el desempleo y en la precarización de las condiciones de trabajo. Tanto el uno como la otra generan una percepción de incertidumbre en los trabajadores, la cual finalmente tiene efectos en su productividad y en su calidad de vida

9





(Castel, 1998). Esta incertidumbre laboral se refleja principalmente en la proliferación de formas de contratación a término fijo y en condiciones precarias. La precarización del empleo y la existencia de desempleo, especialmente de larga duración, implica en general degradación de las condiciones de vida, de las protecciones sociales y del status social (Castel, 1998). El mercado laboral de muchas de las economías actuales, es un mercado de ganadores y perdedores, o de otra forma de incluidos y excluidos (Castel, 1998). Así, los mercados laborales modernos se caracterizan por dualidad: coexisten mercados laborales modernos que ofrecen buenos salarios y buenas condiciones laborales, con mercados laborales que ofrecen las características opuestas. Para explicar esta coexistencia es necesario recurrir a la hipótesis de la segmentación del mercado laboral, como proponen Piore (1983), Doeringer y Piore (1983a, 1983b), y muchos otros. La segmentación laboral implica la existencia de imperfecciones del mercado laboral por la erección de barreras a la movilidad de los trabajadores de unos sectores a otros.

La inclusión social en el mercado de trabajo implica acceso al empleo y a un salario digno; acceso a instituciones de seguridad social y de capacitación; acceso a ocupaciones socialmente valoradas (Ruiz-Tagle, 1999). El acceso al empleo y al empleo de calidad debe ser visto como un mecanismo de inclusión social ya que permite a los trabajadores tener un status social, acceder a un sistema de seguridad social y generar ingresos que garanticen el consumo de bienes básicos. Todos estos factores confluyen en el incremento del bienestar de los trabajadores y sus familias.

Este artículo pretende analizar la exclusión social en el mercado laboral del Valle del Cauca, pensando en los excluidos como la población económicamente activa que no participa del empleo y la población ocupada que no tiene acceso a empleos de calidad.

Figura No. 1 Exclusión económica en el mercado laboral

10

PEA

OCUPADOSDESOCUPADOS

(Excluidos por ausencia de empleo)

EXCUIDOS DE LOS EMPLEOS DE BUENA

CALIDAD

INFORMALES SUBEMPLEADOSSIN ACCESO A CONDICIONES

LABORALES ADECUADAS

PEA

OCUPADOSDESOCUPADOS

(Excluidos por ausencia de empleo)

EXCUIDOS DE LOS EMPLEOS DE BUENA

CALIDAD

INFORMALES SUBEMPLEADOSSIN ACCESO A CONDICIONES

LABORALES ADECUADAS

Fuente: Elaboración propia.





En este artículo se calculan algunos indicadores que permiten observar la exclusión existente en el mercado laboral vallecaucano. La figura 1 muestra las poblaciones que participan en el mercado laboral y cuáles de ellas son excluidas. La población que es excluida del empleo (desempleados) y los ocupados que son excluidos de los buenos empleos. Para caracterizar los problemas laborales usualmente se estudia el desempleo. Esto no es suficiente en el contexto de un país subdesarrollado, pues la baja calidad del empleo es una de sus características. Este argumento es resaltado por Uribe y Ortiz (2006):

“En los países desarrollados los desequilibrios de cantidades, que se expresan en el desempleo, son usualmente los más importantes. En cambio, en los países subdesarrollados, los desequilibrios cualitativos son más importantes: se generan muy pocos empleos de buena calidad, lo cual se traduce en subempleo e informalidad.” (Uribe y Ortiz, 2006, p. 6)

De hecho, la promoción de la calidad del empleo es actualmente el eje central en el desarrollo de políticas por parte de la OIT, entidad que tiene como lema “Promover un trabajo decente para todos”. La creación de empleos de calidad es fundamental para la lucha contra la pobreza y la generación de una sociedad incluyente. La definición de calidad del empleo de la OIT se identifica con la idea de trabajo decente; éste se define como trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos están protegidos y cuenta con remuneración adecuada y protección social en un contexto de diálogo social (OIT, 1999a). Para la OIT, la calidad del empleo engloba conceptos fundamentales como trabajo productivo, ingresos adecuados, acceso a la seguridad social y diálogo social (OIT, 1999b). Para estudiar la exclusión desde el punto de vista de la calidad del empleo, se debe definir qué es un trabajo de calidad. La OIT (2002) argumenta que un trabajo de calidad es aquel que ofrece un salario que les permite a los trabajadores y a sus familias vivir con dignidad, satisfaciendo adecuadamente sus necesidades de alimentación y educación, y que cuentan con seguridad social, tanto en lo que respecta a la previsión como a la salud. En el Valle del Cauca existen muchos trabajadores que no perciben salarios dignos, en muchos casos no ganan ni el salario mínimo legal. Algunos autores proponen definiciones alternativas de la calidad del empleo. Para VanBastelaer y Hussmann (2000), la calidad del empleo se refiere a un conjunto de características que determinan la capacidad de satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas. Para Infante y Vega-Centeno (1999), la calidad del empleo está vinculada a aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores. Según Reinecke y

11





Valenzuela (2000), la calidad del empleo se puede definir como el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores. Según Hepple (2001), el concepto de trabajo decente o de calidad en el trabajo debe ir unido a un modelo de desarrollo socialmente justo y perdurable; ha de ser un trabajo productivo que genere unos ingresos suficientes y tenga la protección social adecuada. Farné (2003) plantea que para medir la calidad del empleo el indicador más común es la remuneración salarial; sin embargo, recalca que un análisis adecuado de la calidad del empleo debe tener en cuenta múltiples dimensiones relacionadas con el bienestar. Las variables más utilizadas en los análisis de calidad del empleo son el ingreso, la seguridad social, seguridad del empleo, número de horas trabajadas a la semana, estabilidad laboral, asociación sindical, entre otras. El gran síntoma de la heterogeneidad de los mercados laborales de los países en desarrollo es la ausencia y baja calidad de los empleos. Altas tasas de desempleo combinadas con altas tasas de informalidad y subempleo son el claro espejo del deterioro de la capacidad productiva de una economía. Colombia no es ajena a esta situación, en 2006 el empleo informal representaba el 58.5% de la población ocupada, mientras que la tasa de subempleo se ubicaba en 32%. Además de la baja calidad de los empleos se agrega el problema de desempleo, la tasa de desempleo en el mismo año fue de 12.8%. El Valle del Cauca presenta una situación similar. Para el 2006 la tasa de desempleo alcanzaba el 14.8%. El subempleo era de 37.4%, mientras que la tasa de informalidad fue del 61.3%. Estas cifras captan el deterioro del mercado laboral en forma agregada; por ello, el análisis de estos fenómenos exige un estudio detallado de las variables mencionadas. Para analizar la calidad del empleo en el Valle del Cauca se realizará un análisis descriptivo del mercado laboral. Además, se calculará un Índice de Calidad del Empleo (ICE) propuesto por la OIT (Farné 2003), y se clasificarán los empleos por segmentos de calidad con una metodología propuesta por Infante y Sunkel (2004). En general se estudiará el mercado laboral para responder las siguientes preguntas:

- ¿Quiénes son los informales, los subempleados y los desempleados? - ¿Qué hacen los informales y los subempleados? ¿Qué hacían los desempleados

antes de serlo? - ¿Cuánto ganan los formales, los informales y los subempleados y cuál es la

distribución de sus ingresos? - ¿Cuáles son las condiciones laborales de los informales y los subempleados?

El presente artículo tiene como principal fuente de información la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada entre los años 2001 y 2006 en los segundos trimestres.

12





El artículo, además de esta introducción, tiene cinco secciones. En la segunda sección se realizará una descripción de la estructura económica del Valle del Cauca. En la tercera se caracterizarán los desempleados del Valle, con especial atención en el desempleo de larga duración. En la cuarta sección se medirá la calidad del empleo en el Valle. En la quinta sección se analizará los problemas de la informalidad y el subempleo en el mercado laboral vallecaucano. Por último, se presentarán algunas conclusiones. 6. Conclusiones La exclusión del mercado laboral es uno de los principales problemas de la economía actual. Ésta se manifiesta en el desempleo y en la precarización de las condiciones de trabajo. La evolución de la economía del Valle del Cauca desde 1990 muestra que a grandes rasgos la economía regional se ha desprimarizado, pero también se ha desindustrializado. La actividad comercial ha mantenido en general su participación así como el sector de la construcción, aunque este último con grandes fluctuaciones. Finalmente, el mayor crecimiento le corresponde al resto del sector servicios. De hecho, el sector servicios representa la mitad del producto regional a finales del siglo XX. Este cambio de la estructura productiva implica una disminución neta de los sectores económicos que generan empleos de buena calidad. También se puede entender como una involución del proceso de cambio estructural de la economía. De ahí, como se verá, se deduce la tendencia al aumento de la informalidad laboral y el subempleo. El análisis se centra en el comportamiento del mercado laboral de Colombia y el Valle del Cauca en el período 2001-2006. Dado que en el 2000 el DANE cambia la metodología de las encuestas de hogares –se cambia la vieja Encuesta Nacional de Hogares (ENH) por la Encuesta Continua de Hogares (ECH)-, para evitar problemas de empalme sólo se trabaja con la ECH hasta el 2006. En el período de análisis se presenta una mejoría significativa del mercado laboral: disminuyeron el desempleo, la informalidad y el subempleo; pero en el último año esta tendencia se revierte abruptamente: el desempleo nacional cae levemente, pero el regional aumenta fuertemente; la informalidad aumenta tanto a nivel nacional como regional; y el subempleo también aumenta, especialmente a nivel regional. Parecería, por tanto, que la reactivación económica de 2006 en el Valle del Cauca destruyó empleos (la tasa de desempleo aumentó 2 puntos porcentuales), y el empleo que generó fue de baja calidad, especialmente subempleados por competencias (la tasa correspondiente en el Valle salta de

13





2.8 a 10.2%), y subempleados por ingreso inadecuados (la tasa correspondiente pasa de 25.1 a 30.9%). El análisis de la evolución de la informalidad muestra dos cosas. En primer lugar, la informalidad, como han mostrado muchos estudios, es anticíclica: disminuye en el primer lustro de la década de los noventa (período de auge), y aumenta en el segundo lustro (período de desaceleración y recesión), y finalmente, en los primeros años del presente siglo, la informalidad se estabiliza (período de recuperación lenta). Nótese, sin embargo, que a pesar de la recuperación económica, el nivel de informalidad de este primer lustro del siglo XXI es mucho mayor que en el primer lustro de la década de los noventa. Este comportamiento permite argumentar que la contracción del sector moderno de la economía, representada por la disminución sistemática de la participación industrial en el PIB, es un factor estructural que también incide en el nivel de informalidad. Desde el punto de vista de género, los desempleados vallecaucanos son en su mayor proporción mujeres. En el período de análisis, las mujeres representan en promedio el 55% del desempleo. Esta mayor incidencia del desempleo entre las mujeres es indicativa de una posible discriminación por género. La duración del desempleo es un problema significativo en el mercado laboral vallecaucano. En el periodo 2001–2006 la duración del desempleo en promedio se ha movido entre 49 y 60 semanas, lo cual es indicativo de la alta exclusión que existe en nuestro mercado laboral. Del total de desempleados en el Valle, en los últimos años -2005-2006- uno de cada cuatro desempleados en el Valle llevaba un año o más buscando trabajo. El nivel educativo promedio de los desempleados de larga duración ha aumentado en los últimos tres años. Los desempleados de larga duración suelen ser personas con un alto nivel educativo y con una posición secundaria en el hogar. El desempleo afecta fundamentalmente a las personas con educación secundaria: la mayor parte de los desempleados, sea de corta, mediana o larga duración, tienen este nivel educativo. Este problema es más evidente para los desempleados de larga duración, pues el 64.6%, casi dos de cada tres, tienen educación media completa o incompleta. Parece así que la formación que se recibe en el bachillerato no es pertinente para el mercado laboral. Un análisis de los ingresos laborales por quintiles muestra que los tres primeros quintiles (el 60% de los trabajadores que reciben menor ingreso laboral) perciben uno o menos de un salario mínimo mensual legal (SMML). El cuarto quintil percibe en promedio 1.3 (SMML). Y el 20% de los que ganan más reciben en promedio 3.5 SMML.

14





En este trabajo se realizó un esfuerzo para medir directamente la calidad del empleo en Colombia y en el Valle del Cauca. La mejoría en la calidad del empleo en los últimos dos años ha favorecido primordialmente a los hombres asalariados. Este comportamiento es compatible con las hipótesis planteadas sobre la disminución de la participación laboral y la disminución de la duración del desempleo: la coyuntura actual ha favorecido a los hombres jefes de hogar y ha permitido el retiro de los jóvenes del mercado de trabajo. Un análisis diacrónico a partir de 2002 muestra que la participación de los empleos de buena calidad ha disminuido, mientras que los empleos de mala calidad mantienen su nivel (35% en promedio). En consecuencia, el deterioro del mercado laboral en el último lustro implica una destrucción de puestos de buena calidad a favor de puestos de calidad media. Cuando se toma como indicador del ingreso laboral el salario por hora trabajada (no sólo el ingreso), el análisis de la calidad del empleo por segmentos muestra que la distribución es más centrada: las colas son más delgadas (empleos de buena calidad y de baja calidad) y los medios son más gordos (los empleos de calidad media). En 2006 sólo el 16% de los empleos es de buena calidad, lo cual corresponde al nivel de ingreso del quintil superior de la distribución. El modelo econométrico estimado muestra que existe una probabilidad de 30% de que los empleados tengan un puesto de mala calidad, del 18% de tener un empleo de calidad media baja, del 41% de tener un empleo de calidad media alta y apenas del 7% de tener un buen empleo en las cabeceras municipales del Valle del Cauca. El modelo también muestra que existe un efecto de género en el segmento de malos empleos, pues ser mujer incrementa la probabilidad de tener un puesto en este segmento en 5%, lo cual muestra que la discriminación por género aun persiste en nuestra sociedad Ser jefe de hogar en el Valle del Cauca disminuye la probabilidad de tener un empleo de mala calidad en 9.4%. La educación de los ocupados tiene un efecto positivo sobre el bienestar del trabajador porque disminuye la probabilidad de tener puestos de mala calidad (baja y media baja) e incrementa la probabilidad de tener buenos empleos (media alta y alta). La variable de informalidad laboral agrupa a los empleos de baja productividad, o sea mide una dimensión propia de la demanda laboral. La categoría de subempleo, por otra parte, se refiere a la percepción de insatisfacción que tienen los propios trabajadores con los ingresos percibidos, la jornada laboral y la correspondencia entre competencias y el empleo. Desde este punto de vista, el subempleo caracteriza la calidad del empleo desde la perspectiva de

15





la oferta laboral. Así, ambas clasificaciones son complementarias. Por tanto, el análisis de la calidad del empleo se enriquece cuando se combinan la visión de la oferta (subempleo) y la visión de la demanda (informalidad). Una caracterización de los informales y subempleados del Valle del Cauca muestra que, en términos generales, estos trabajadores perciben menores ingresos, no tiene usualmente sitios fijos de trabajo, no tienen con frecuencia contratos escritos de trabajo, su trabajo es inestable y presentan baja afiliación a la seguridad social en salud y pensión. Los informales son en su mayoría jefes de hogar, con un nivel educativo de secundaria incompleta (menos de ocho años de educación promedio), que trabajan por cuenta propia en empresas unipersonales en el sector terciario de la economía, con un ingreso de menos de dos salarios mínimos, no afiliados a la seguridad social, donde la mayoría no tienen contratos laborales escritos, y trabajan principalmente en viviendas o sitios diferentes a locales fijos. El subempleo afecta a todo el núcleo familiar, en especial a los hijos. Los subempleados tienen educación secundaria incompleta (casi nueve años de educación promedio), son en su mayoría cuenta propias y asalariados que trabajan en el comercio, el transporte y los servicios, en empresas unipersonales con ingresos inferiores al salario mínimo legal (un poco más del 60% de los trabajadores perciben hasta un salario mínimo). Son empleados que en su mayoría no están afiliados a un fondo pensional, que tienen contratos a término fijo o no tienen contrato escrito de trabajo y sus principales actividades las hacen en viviendas, en la calle, kioscos y otros sitios diferentes a un local fijo. Un modelo econométrico que se estima con la información del Valle para explicar informalidad y subempleo de forma conjunta arroja algunos resultados importantes. Un año adicional de educación, sea individual o del hogar, disminuye la probabilidad marginal de ser informal, la probabilidad marginal de ser subempleado y la probabilidad conjunta (de ser informal y subempleado). Se observa, sin embargo, que el efecto de un año de educación individual es mayor que el efecto de un año adicional de educación promedio en el hogar. La antigüedad en el puesto de trabajo disminuye de forma significativa la probabilidad marginal de ser informal, la probabilidad marginal de ser subempleado y la probabilidad conjunta.

16





Tanto la educación como la experiencia en el trabajo, variables asociadas con el capital humano de los trabajadores, se relacionan directamente de forma significativa con la calidad del trabajo. Con respecto a la edad se tiene que un año adicional aumenta la probabilidad de ser informal en 0.6%, y la probabilidad de ser subempleado disminuye en 0.3%. El primer efecto captura el ciclo de vida laboral que se mencionó anteriormente y que induce a los más veteranos a terminar su vida laboral en el sector informal. Con respecto al subempleo, la lógica es diferente. A mayor edad disminuye la probabilidad marginal de ser subempleado porque las personas con más edad o encuentran puesto adecuados a sus expectativas o cambian sus expectativas después de cierto tiempo. La condición masculina disminuye la probabilidad de ser informal en un 8.2%, disminuye la probabilidad de ser subempleado en 4.5%, y disminuye la probabilidad conjunta. Estos resultados son consistentes con la existencia de discriminación laboral contra la mujer. La condición de jefe de hogar aumenta la probabilidad marginal de ser subempleado en 5.5%, lo cual dice que los jefes de hogar prefieren tener empleos que no satisfacen sus expectativas antes de caer en el desempleo. Este comportamiento se relaciona claramente con la responsabilidad de proveer el sustento familiar. 7. Referencias bibliográficas BID (2004). Good Jobs Wanted. Labor Markets in Latin America, Economic and Social Progress in Latin America, 2003, Inter-American Development Bank. CÁRDENAS, Enrique, José Antonio OCAMPO y Rosemary THORP (eds.) (2003). Industrialización y Estado en la América Latina, La Leyenda Negra de la Posguerra, El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, Lecturas 94, México. CASTEL, Robert (1998). “La lógica de la exclusión”, en Bustelo, E., Castel, R. y Galtung, J., 1998, Todos entran: propuesta para sociedades incluyentes, Ediciones Santillana, pág. 121-160. CAMERON, C. y TRIVEDI, P. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge. DANE (2005a). Boletín de prensa, Agosto de 2005. www.dane.gov.co.

17





DANE (2005b). Manual de Conceptos Básicos y de Recolección, Encuesta Continua de Hogares-ECH, abril-junio 2005. DOERINGER, P. y M. PIORE (1983a). “Los Mercados Internos de Trabajo”, en Toharia, Luís (compilador), 1983, El Mercado de Trabajo: Teorías y Aplicaciones, Alianza Universidad Textos, pp. 341-368. DOERINGER, P. y M. PIORE (1983b). “El Paro y el ‘Mercado Dual de Trabajo”, en Toharia, L.uís (compilador), 1983, El Mercado de Trabajo: Teorías y Aplicaciones, Alianza Universidad Textos, pp. 307-320. FARNÉ, S. (2003). “Estudio sobre la Calidad del Empleo en Colombia”. OIT, oficina Regional para América Latina y el Caribe, Perú. GREENE, W. (2003). Econometrics Análisis. Prentice Hall, New Jersey: Fifth Edition. HAUSMAN, J. y MCFADDEN, D. (1984). “A specification Test for a Multinomial Logit Model”. Econometrica, 52, 1984, pp.1219-1240. HENAO, MARTHA, NORBERTO ROJAS y AURA PARRA (1999). “EL Mercado Laboral Urbano y la Informalidad en Colombia: Evolución Reciente”, Revista Planeación y Desarrollo, Volumen XXX, Numero 2, Abril-Junio, 1999. HEPPLE, B. (2001). Igualdad, Representación y Participación para un Trabajo Decente. Revista Internacional del Trabajo, vol 120, Núm. 1. OIT. INFANTE, R. y SUNKEL, G. (2004). Chile: Trabajo Decente y Calidad de Vida Familiar, 1990-2000. Santiago, OIT. INFANTE, R. y VEGA-CENTENO, M. (1999). “La calidad del empleo: lecciones y tareas” en R. Infante (ed.) La Calidad del Empleo. La Experiencia de los Países Latinoamericanos y de los Estados Unidos. Santiago, OIT. MCFADDEN, D. (1983). “Qualitative Response Models”, en Z. Griliches y M.D. Intrilligator (eds.), Handbook of Econometrics, Amsterdam: North-Holland. MURPHY, K.M., A. SHLEIFER and R.W. VISHNY (1989). “Industrialization and the Big-Push”, Journal of Political Economy, Vol. 27, No. 5, p. 1003-1026.

18





OCAMPO, J. (2003). “El desarrollo, la economía y el conflicto”, mimeo, presentado en el seminario Hacia una economía sostenible: conflicto y posconflicto en Colombia. OIT, Organización Internacional del Trabajo (2007). Tendencias Mundiales del Empleo. Breve informe, enero de 2007. En línea http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getb07sp.pdf. Consultado el 4 de febrero de 2007. OIT, Organización Internacional del Trabajo (2002). Globalización y Trabajo Decente en las Américas, Informe del Director General, XV Reunión Regional Americana, Lima 2002. OIT, Organización Internacional del Trabajo (1999a). Trabajo decente, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra. OIT. Organización Internacional del Trabajo (1999b). Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las Américas, Memoria del Director Regional a la 14ª Reunión Regional de los Estados miembros de la OIT en las Américas, Lima 1999. ORTIZ, C. y URIBE, J. (2005). “Hacia un Modelo de Desarrollo Incluyente para el Valle del Cauca”. Revista Estudios Gerenciales, Vol. 23, No. 102, p. 2 – 59. ORTIZ, C. y URIBE, J. (2000a). “Mercado Laboral en el Área Metropolitana de Cali”, capítulo del libro La Economía del Valle del Cauca, Observatorio Económico del Valle del Cauca, No. 2, primer trimestre. ORTIZ, C. y URIBE, J. (2000b). “La Informalidad Laboral en el Área Metropolitana de Cali 1992-1998”, en La Economía del Valle del Cauca. Observatorio Económico del Valle del Cauca, No. 2, primer trimestre. PIORE, M. (1983). “Notas para una teoría de la estratificación del mercado de trabajo”, en Toharia, Luís (compilador), 1983, El Mercado de Trabajo: Teorías y Aplicaciones, Alianza Universidad Textos, pp. 193-222. REINECKE, G. y VALENZUELA, M.E. (2000). “La calidad del empleo: un enfoque de género”, en Valenzuela, M.E. y Reinecke, G. (Eds.), Más y mejores empleos para las mujeres? La experiencia de los países del Mercosur y Chile, OIT-Chile, diciembre. RUIZ-TAGLE, J. (1999). “La Exclusión social del mercado de trabajo: el caso del MERCOSUR y Chile”. Mimeo, ponencia presentada al congreso de ALAS, concepción, Chile, Octubre de 1999

19


http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getb07sp.pdf




URIBE, J. Y ORTIZ, C. (2006). Informalidad Laboral en Colombia 1988-2000: Evolución, Teorías y Modelos. Universidad del Valle, Cali. VANBASTELAER, A. y HUSSMANN, R. (2000). “Measurement of the quality of employment: introduction and overview”, documento presentado al Joint ECE-Eurostat-Ilo Seminar on Measurement of the Quality of Employment, Geneva, May. WOOLDRIDGE, F. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT. ZELLNER , A., y D. HAUNG (1962). “Further Properties of Efficient Estimators for Seemingly Unrelated Regression Equations.” International Economic Review, 3, pp. 300-313.

20






INFORME FINAL

TRANSFORMACIONES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE, POBREZA Y EXCLUSIÓN

ÉTNICA-RACIAL

Coordinador Grupo: Fernando Urrea Giraldo, sociólogo Investigador : Javier Andrés Castro H., economista

Investigador Júnior: Nini Johanna Serna, economista Investigador Júnior: Everardo Marín, economista

Bladimir Carabalí, estudiante de economía Waldor Botero, estudiante de sociología

e ingeniería electrónica

21





INTRODUCCIÓN

Este informe presenta, en primer lugar, los principales cambios sociodemográficos en el

departamento del Valle en el período intercensal 1993-2005 a escala departamental y

municipal, pero en el contexto de una mirada más larga que arranca desde el censo de

1973. Estos cambios se analizan en la perspectiva de las desigualdades

sociodemográficas entre los 42 municipios. En segundo lugar, el informe enfatiza el peso

del componente étnico-racial del departamento y de la mayor parte de sus municipios, en

relación con la población afrocolombiana e indígena. Esto es fundamental debido al

considerable peso demográfico de la población negra, tratándose del primer

departamento del país con la mayor concentración absoluta de afrocolombianos y por sus

desiguales condiciones de vida.

En la tercera parte se analizan los resultados hasta ahora disponibles del índice de NBI

entre 1993 y 2005 para los 42 municipios, total, cabecera y resto. Desafortunadamente, al

no poder contar hasta el momento con los microdatos censales del 2005, sólo es posible

un análisis de las tendencias que presenta el NBI agregado de pobreza sin poder

discriminar municipalmente los diferentes indicadores de necesidades básicas,

diferenciando por grupos étnicos y no étnicos. Mucho menos poder construir el ICV

municipal. Por ello hemos recurrido a trabajos previos agregados para el Valle, total,

cabecera y resto, con base en la ECV 2003, para acercarse a este tipo de tratamiento.

Igualmente, hemos procedido con información existente ya trabajada por nosotros sobre

pobreza e indigencia por LP y LI para el Valle por grupos étnicos a escala también

agregada.

Los capítulos cuarto y quinto ofrecen un panorama sobre la cobertura en salud,

apoyándonos en la ECV 2003, y una mirada descriptiva, quizás demasiado elemental, de

la educación para los diferentes municipios del Valle con base en los resultados del

Censo 2005 hasta ahora disponibles, a través de lo que el DANE ha publicado como

22





“perfiles municipales”. En el capítulo de educación también nos acercamos por lo menos

a través del indicador de clima educativo promedio del hogar a los diferenciales

educativos entre afrocolombianos y no afrocolombianos con base en la ECV 2003 para el

Valle al nivel agregado.

El capítulo seis es un ejercicio comparativo entre dos municipios de referencia del Valle,

Cali y Buenaventura, gracias a un procesamiento disponible que realizó el DANE de los

resultados del Censo 2005 para algunos municipios del país. Esto permite mostrar las

tendencias sociodemográficas y socioeconómicas entre dos casos polares, con el menor

y el mayor NBI de los 42 municipios del Valle, al tiempo que se comparan los grupos

étnico-raciales con la población No étnica en ambos municipios. El capitulo siete presenta

los resultados de la estimación y análisis del PIB municipal y del PIB per cápita municipal

para el Valle para los años 2000 y 2005, precedido de un análisis del comportamiento del

PIB y PIB per cápita departamental 1993-2005. Este ejerció se consideró indispensable

no sólo como insumo para el cálculo futuro del IDH municipal, una vez se evalúen los

datos de mortalidades del Censo 2005 por municipios y se contrasten con los datos de la

Secretaría de Salud Departamental sobre mortalidad por grupos de edad y causas de

muertes por municipio, para efectos de las tablas de expectativa de vida3. Nos interesó

también para poder observar las tendencias de la economía regional de manera

desagregada a escala municipal y por regiones en el contexto de los indicadores

sociodemográficos y socioeconómicos.

Finalmente, se presentan las conclusiones en el capítulo ocho. En estas conclusiones se

señala que el principal aporte de este informe se dirige a analizar el componente

23

3 Se presenta como dificultad adicional para la estimación del IDH municipal el requerimiento de los datos de educación más desagregados que los entregados hasta el momento por el DANE en los perfiles municipales. Igualmente, estaríamos interesados en poder realizar un ejercicio para algunos municipios con alta participación de población afrocolombiana de un IDH diferenciado por grupos étnicos y no étnicos, pero para ello se requiere disponer de los microdatos censales. A escala agregada para el Valle, para afrocolombianos y no afrocolombianos, no presenta mayor problema este último ejercicio, siempre y cuando se cuente con la información de educación para los distintos grupos de edad.





sociodemográfico de la exclusión social en el Valle, a partir de indicar las tendencias de la

dinámica y la estructura poblacional por municipios y el conjunto del departamento. En tal

sentido, los diferenciales sociodemográficos entre municipios ofrecen una rica

aproximación a las desigualdades sociales en el interior de la región a escala municipal y

por zona urbana y rural y contrastando los diferenciales entre los grupos étnicos y no

étnicos del Valle.

Las fuentes estadísticas se basan en los datos resumen del Censo de Población y Vivienda del DANE de 1993 y los generados hasta el momento por el DANE para el Censo 2005. En el Cuadro 5 se emplearon los microdatos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Colombia 1993, denominada CASEN, llevada a cabo por el Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Social en 1993, encuesta para la implementación del programa SISBEN a escala nacional con muestras representativas a nivel departamental4. Esto se utilizó para el cálculo del NBI de 1993 en un ejercicio comparativo con la ECV 2003. La mayor parte de los datos diferentes a los Censos 1993 y 2005 por municipios, pero al nivel agregado para el Valle fueron los de la ECV 2003. También, se tuvo acceso a algunos procesamientos especiales del Censo 2005 pero sólo para dos municipios del Valle, Cali y Buenaventura. Los datos de NBI para 1993 y 2005 por municipios fueron los reportados por el DANE y los de NBI e ICV agregados para el Valle los de las encuestas CASEN y ECV 2003; los de LP y LI la ECV 2003.

8.- ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Colombia y el departamento del Valle del Cauca han transformado su estructura

poblacional envejeciéndose a ritmos diferentes en las últimas tres décadas. La población

del departamento creció a un ritmo menor mientras que la del total nacional creció a un

mayor ritmo, ambas estructuras se envejecieron, pero dicho proceso fue más acelerado

para la región. El departamento pasó en los últimos 32 años de participar del 10,47% de

24

4 La razón de seleccionar la encuesta CASEN fue la posibilidad de contar con un instrumento de medición representativo para el Departamento del Valle, en el mismo año del censo de población, que permita la construcción de determinados indicadores de pobreza y desigualdad que pueden ser homologados a la ECV 2003.





la población total, al 9.65%, siendo más importante esta reducción en las zonas de

cabecera. El proceso de urbanización del departamento se acrecentó transformando la

relación cabecera-resto de 75.8% y 24.2% en 1973, a 86.6% y 13.4%, para cabecera y

resto, en el 2005.

El menor crecimiento del departamento en el último período intercensal (1993-2005) con

un lento crecimiento de las cabeceras municipales se explica fundamentalmente por el

masivo proceso migratorio internacional que se ha dado en todo el país, pero

especialmente en el Valle del Cauca, al punto de convertirse el departamento en “expulsor

de población”, que ha tenido como receptor a España y EEUU especialmente, pero

también Costa Rica, Italia, Inglaterra y Francia. Igualmente importante han sido las

migraciones rural-urbano, aceleradas por el papel que ha jugado el conflicto armado como

desplazador de contingentes de población. En ese último periodo intercensal hay doce

municipios cuyas cabeceras presentaron tasas de crecimiento exponencial por encima del

promedio departamental: Cali, Alcalá, Ansermanuevo, Buenaventura, Ginebra, Jamundí,

La Unión, Obando, San Pedro, Trujillo, Vijes y Yumbo. Las más altas correspondieron a

Ginebra, Jamundí y Obando. Ginebra y Obando con fenómenos de migración rural-urbana

en el mismo municipio y desde otros municipios del departamento y otros departamentos

(Obando) por conflicto armado y migración económica y en el caso de Jamundí los

fenómenos de metropolización y conflicto armado. En la zona de resto, cinco municipios

presentan tasas de crecimiento por encima del promedio departamental para este último

período y del 1% anual: Jamundí, Candelaria, Buga, Palmira y Yumbo. La consolidación

de la urbanización “rural” en estos municipios explica estos crecimientos.

Buenaventura fue el único municipio del departamento que presentó un estancamiento en

su proceso de transición demográfica, mientras Cali, Palmira y Buga tienen las estructuras

poblacionales más jóvenes de entre los municipios. El municipio de Buenaventura,

aunque disminuyó la tasa de dependencia juvenil, ella es la más alta de todos los

municipios del Valle, superior a 0.6. Esto explica el porqué su base piramidal es la más

amplia entre todos los municipios del Valle, ya que el rango de edad de 0-4 años 25





paradójicamente en lugar de contraerse entre los dos censos se amplió como resultado

del proceso migratorio debido al desplazamiento de población desde zonas rurales con

niños menores de 5 años, por el conflicto armado, desempeñando un efecto de

contratendencia que retarda considerablemente su transición demográfica. Buenaventura

y El Cairo son los municipios con el tamaño promedio del hogar mayores en el

departamento: 4.4 y 4.7 respectivamente.

El Censo 2005 arroja que el Valle es la región con la mayor concentración de población

afrocolombiana del país con el 25.3% (1.092.169 personas), constituyendo el 27,2% del

total de la población del departamento.

Buenaventura es el municipio con el mayor peso demográfico de población

afrocolombiana (88,5%), seguido por tres municipios con concentraciones de entre el 45%

y el 65% (Jamundí, Candelaria y Zarzal). Entre el 30% y el 40%, Dagua, Pradera, Florida

y El Cerrito; del 20% al 30%, Cali y Riofrio, situándose estos dos municipios cerca al

promedio departamental.

Solamente el 1,6% de la población indígena colombiana se encuentra en el departamento

del Valle (22.247 personas, Censo 2005). Bolívar es el municipio con el mayor peso

porcentual, superior al 10%, seguido de Florida, Argelia, Dagua y Ansermanuevo con

valores entre el 1,5% y el 5%. Entre el 1,0% y el 1,5% los municipios de El Cairo, Vijes,

Calima, Trujillo, El Dovio, Alcalá, Pradera; entre el 0,6% y el 1,0%, Buenaventura,

Jamundí, Ginebra y Yotoco. Del 0,3% al 0,5%, los municipios de Cali, Restrepo, La

Cumbre, Versalles, La Victoria, Obando, Sevilla y Bugalagrande.

Por supuesto, las distribuciones de afrocolombianos e indígenas en los municipios del

departamento tienen que ver sus patrones históricos de poblamientos, con predominio

histórico de afrodescendientes esclavos entre los siglos XVII y XIX, al lado de una

progresiva desaparición de los grupos amerindios que habitaban la región del Valle

geográfico y las montañas. Ciertamente la presencia indígena tiene hoy en día que ver 26





más que con grupos étnicos, con redes históricas que tienen nexos con los grupos étnicos

del Cauca, Chocó y Nariño y otros departamentos del país, además de inmigrantes desde

el Ecuador y Panamá.

Las comunas de Cali que tienen participaciones de población negra mayores a la media

municipal son las comuna 14, 15, 21, 13, 7, 12, 11 y 16, ver Anexos XXXX y XXXXX. Ellas

concentran el 65.86% de los afrocolombianos caleños, cuales 5 de las (13, 14, 15, 16 y

21) conforman el Distrito de Aguablanca, región urbana al oriente de la ciudad,

caracterizada por concentrar la población más pobre, ratificándose así la asociación entre

pobreza y negritud ya señalada por los estudios de pobreza urbana realizados para Cali

(Barbary y Urrea, 2004). Las comunas de concentraciones más bajas de población

afrocolombiana (menores al 12,0%) son la comuna 22, 2, 17 y 19, quienes a la vez

presentan las dependencias juveniles más bajas y las escolaridades más altas,

concentrando apenas el 5,57% de la población negra de la ciudad.

En resumen, la reducción del índice de NBI (un NBI y dos o más NBI) para el Valle ha

sido más rápido que en el conjunto nacional, ya sea total, cabecera o resto; pero hacia el

2005 el Valle presenta aún rezagos en el sector urbano (quinta posición) y en el rural

(tercera posición), si se compara con otros departamentos ya señalados que lo aventajan.

Al tomar en cuenta la diferenciación por grupo étnico-racial del NBI e ICV, aunque no se

dispone todavía de los datos desagregados a escala municipal con este objetivo, en los

municipios del Valle con importantes concentraciones de población afrocolombiana a la

vez se puede suponer que se presenta una fuerte desigualdad en cada uno de ellos para

estos indicadores. Pero no se trata solamente de las desigualdades en el interior de los

municipios entre los dos tipos de hogares (afrocolombianos y No étnicos), sino también el

efecto regional para municipios como Buenaventura, respecto a los demás municipios del

Valle, donde más del 80% de su población es afrocolombiana. En este caso, como en

otros, el alto peso demográfico de la población negra (más del 30% de población que se

autoreconoce en alguna categoría afrocolombiana, Censo 2005) está asociado a los altos

índices de NBI y seguramente un menor ICV. 27





Sin embargo, otros municipios del Valle registran, como vimos anteriormente, altos

índices de NBI, tanto en cabecera como en resto, con reducida presencia de población

afrocolombiana (menos del 5% de su población). Se trata de los siguientes municipios:

Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, El Águila, El Cairo,

El Dovio, Ginebra, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Restrepo, Roldanillo, San Pedro,

Sevilla, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes y Toro. Estos municipios con predominio

generalizado de población mestiza o blanca que también tienen altos niveles de pobreza

por NBI, por encima del promedio departamental, conforman otro polo de desigualdad

social en términos comparativos con los municipios de menor NBI total (Cali, Buga,

Palmira y Candelaria). De todos modos, en términos de diferenciales de pobreza por NBI

al comparar los índices de estos municipios con el caso “ejemplar” más dramático de

pobreza en el Valle, el de Buenaventura (cabecera y resto), el sobre efecto étnico-racial

asociado a pobreza aparece claramente, ya que este municipio arroja los mayores NBI en

cabecera y resto para el departamento.

El Valle enfrentaba un fuerte rezago hacia el 2003 en cobertura en salud respecto al total

nacional, cabecera y resto, pero además los datos revelan que dicho rezago recaía

especialmente sobre las espaldas de la población afrocolombiana, aunque de todas

maneras este fenómeno era generalizado para todo el país. Se podría así sugerir un

doble efecto de desigualdad hacia el 2003 en materia de coberturas de salud: un efecto

étnico-racial y otro regional, combinados en el caso de la región del Valle.

Al nivel de cabecera el Valle del Cauca presenta un promedio de años de educación de 8

años muy similar con referencia al promedio nacional. Sin embargo, al observar estas

diferencias de acuerdo con la caracterización étnica-racial del hogar, tanto al nivel

nacional como departamental, el clima educativo promedio del hogar es inferior en los

hogares afrocolombianos frente a los no afrocolombianos. Sin embargo, el diferencial es

más fuerte para el Valle, pues al nivel nacional es de 0.6 años a favor del hogar no

afrocolombiano, mientras que para el Valle es de 1.1 Años. Es decir, los hogares 28





afrocolombianos se encuentran en una peor situación con respecto a los no

afrocolombianos en el Valle.

Al comparar los municipios de Cali y Buenaventura como ejemplos polares de menor y

mayor NBI total en el departamento, de forma que sirven como marco para ubicar al resto

de municipios del Valle, se encuentran diferenciales sociodemográficos importantes en

términos de las estructuras de población (pirámides, tasas de dependencia,

masculinidades, tamaños promedio de los hogares, jefaturas femeninas), fecundidades y

mortalidades por sexo y grupos de edad, y características educativas de sus poblaciones.

Dichos diferenciales reflejan las desigualdades regionales en el interior del Valle, a la vez

que sacan a la luz las desigualdades entre los grupos étnicos y no étnicos en los distintos

municipios donde ellos son relevantes, o sea, en una buena parte de los municipios donde

se genera la mayor parte del PIB departamental.

Para hallar el PIB municipal se aplicó una metodología estándar a partir de la producción

bruta en los distintos municipios de acuerdo a variables líderes para cada una de las

ramas de la actividad económica. La metodología consiste en hallar las participaciones

municipales en cada una de las variables utilizadas y aplicar ese cociente al valor

agregado de la actividad en cuestión a nivel de cuenta departamental.

Los resultados muestran que el departamento del Valle del Cauca presenta la misma

trayectoria de la tasa de crecimiento del PIB nacional, sin embargo, el departamento

presenta mayores niveles en términos per cápita que se ampliaron a partir del menor

crecimiento poblacional intercensal en el Valle del Cauca.

Se observan notables diferencias y disparidades entre los municipios del Valle del Cauca,

que se manifiesta a través de las participaciones en el PIB departamental y en la

persistencia de los niveles de PIB y PIB per cápita en el periodo de análisis, 2000 y 2005.

29





Los relativamente buenos resultados económicos no se traducen en un mejoramiento de

los niveles de NBI, dado que no aparece una relación causal entre estos indicadores.

Dado los “buenos resultados” económicos gracias a la menor densidad poblacional y el

incremento de las actividades del gobierno y de servicios personales, el desafío para el

Valle del Cauca es mantener el ritmo de crecimiento con actividades productivas

sostenibles y equitativas que beneficien a las diferentes regiones del departamento, en

particular la conformada por el municipio de Buenaventura y la conformada por los

municipios del norte del Valle (Argelia, Versalles, Ulloa, Alcalá, El Cairo, El Águila,

Ansermanuevo, El Dovio, Toro, Cartago y Obando5).

El caso de Buenaventura expresa claramente la compleja relación que existe entre el

crecimiento del PIB y las condiciones de existencia humana. Este municipio tiene una de

las participaciones más altas dentro del PIB del departamento (7,82%), pero es a la vez el

municipio más pobres del Valle del Cauca. Esto indica que la distribución del valor

agregado producido es inmensamente inequitativo en este municipio, que las ganancias

que produce el puerto marítimo y las actividades de pesca, quienes ocupan los lugares

más importantes en el PIB del municipio, no están siendo reinvertidas ni redistribuidas

salarialmente. Si a ello se suma la presión que sobre el municipio hacen el conflicto

armado, fuertemente asociado al narcotráfico, y la gran cantidad de población desplazada

que a él llega, es posible comprender el porqué de esta situación.

30

5 De los anteriores municipios Cartago y Obando son los que mejor presentan un comportamiento del PIB municipal, constituyendo los líderes de esta región.





BIBLIOGRAFÍA

Barbary, O. y Urrea, F., 2004, Gente negra en Colombia: Dinámicas sociopolíticas en Cali

y el Pacífico. Ediciones Cidse/Univalle, Ird, Colciencias. Editorial Lealon, Medellín.

Barbary, Olivier. Urrea, Fernando. Ramírez, Héctor Fabio. Bruyneel, Stephanie (1999).

afrocolombianos en el área metropolitana de Cali: estudios sociodemográficos. En

Anuario de Investigaciones 1999. CIDSE. (ISSN 0122-5944) Centro de investigaciones y

Documentación Socioeconómica. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.

Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE), “Condiciones sociodemográficas, pobreza y desigualdad en el Valle del Cauca: un análisis basado en la encuesta de calidad de vida Dane 2003”. INFORME FINAL CIDSE-UNIVALLE. Grupo de Investigación sobre Pobreza y Desigualdad, Agosto 3 de 2004. Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) y Contraloría General de la Nación (CGR) (2004). Bien-estar: Macroeconomía y Pobreza. Informe de Coyuntura 2003. Bogota.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. “Colombia Proyecciones

Quinquenales de Población por Sexo y edad, 1950 2050”. Vol1.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE “Colombia Proyecciones

Departamentales de la Población por Sexo y edad, 1950 -2015”. Vol. 2.

Offstein, Norman, Luis Carlos Hillón, Yadira Caballero (2003) “Estudio sobre la Relación

entre Inequidad en la Tenencia de la Tierra Rural Privada, Finanzas Públicas y Violencia

31





Municipal en Colombia”, Unpublished Paper, Universidad de Los Andes, Centro de

Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE).

Urrea, Fernando. Viafara, Carlos A.. Gómez, Edgar. Vélez, Juan Sebastián. Ruiz, Fabio.

(2005). “Pobreza y Grupos Étnicos en Colombia: Análisis de sus factores determinantes y

lineamientos de política para su reducción”. Consultoria BID-DNP. Informe para la Misión

para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad. 125 pp.

Urrea, Fernando. Et. Al (2004). “Condiciones Sociodemográficas, Pobreza y Desigualdad

en el Valle del Cauca: Un análisis basado en la Encuesta de Calidad de Vida Dane 2003”.

Centro de Investigación y documentación Socioeconómica CIDSE. Informe Técnico No.

69.

Ocampo, José Antonio (2003). “El desarrollo, la economía y el conflicto”. Mimeo.

www.dane.gov.co

www.valledelcauca.gov.co

32


http://www.dane.gov.co/

http://www.valledelcauca.gov.co/





INFORME FINAL

INCLUSION Y EXCLUSION POLITICA EN EL VALLE DEL CAUCA, 1986-2007

Coordinador Grupo: Profesor Jorge Hernández Lara

Monitor de Investigación: Isabel Cristina Giraldo

Monitor de Investigación: Laura Valderrama

33





INCLUSION Y EXCLUSION POLITICA EN EL VALLE DEL CAUCA, 1986-2007∗

Las nociones de exclusión y su opuesta, inclusión, se usan para hacer referencia a la condición de las personas que están situadas respectivamente fuera y dentro de la economía, la sociedad o la política. Es muy común hablar de exclusión social o económica y aún más de exclusión socio-económica, pero en cambio se habla poco de exclusión política. Sin embargo existe. En toda sociedad hay porciones significativas de población que no pertenecen a la comunidad política, porque están excluidas formalmente de ella o porque, estando formalmente incluidas, encuentran obstáculos que les impiden ejercer de hecho sus derechos civiles y políticos. Ejemplos extremos de exclusión política se encuentran en los casos del sistema de castas en la India, el apartheid en Suráfrica, el fascismo en Europa o las dictaduras militares en el cono sur de América Latina. En esos regímenes siempre hubo excluidos de hecho y de derecho: los parias, los negros, los judíos, los marxistas. Y los mecanismos de exclusión fueron radicales: matanzas, destierros o aislamiento en guetos. Un ejemplo neutro y obvio de exclusión política formal, que se presenta aún allí donde la ciudadanía se encuentra más extendida, es el de los menores de edad. Ellos tienen derechos –los de la niñez y la juventud–, pero no son miembros de la comunidad política: no son jurídicamente responsables, requieren tutores, no pagan impuestos, no votan, no tienen cédula de ciudadanía. Ejemplos de exclusión de hecho para personas que están formalmente reconocidas como ciudadanos de pleno derecho se encuentran normalmente en las democracias y no solo cuando, por motivos especiales, se suspenden por un tiempo algunos derechos mientras se conjura una crisis. Existe cierto grado de correlación entre los niveles de exclusión política y el grado de solidez de las democracias: la exclusión política tiende a cobijar más personas y durar más tiempo, o convertirse en algo permanente, allí donde la democracia se encuentra menos consolidada.

34

∗ Profesor Jorge Hernández Lara, Sociólogo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación sobre Acción Colectiva y Cambio Social, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. El autor agradece la colaboración de Isabel Cristina Giraldo y Laura Valderrama, estudiantes del Programa de Sociología y monitoras de investigación en el proyecto coordinado por el CIDSE para preparar contribuciones de dicha Universidad al Informe Regional de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, auspiciado por el PNUD.





Quienes han realizado estudios comparativos de alcance mundial sobre el funcionamiento de las democracias, sobre todo las que surgieron o resurgieron después de la caída de los regímenes autoritarios de América Latina y Europa del Este a finales del siglo veinte, han encontrado que el ejercicio efectivo de derechos y obligaciones está condicionado por dos factores principales: la seguridad material y la educación de las personas (Przeworski y otros, 1998: 61-68). Los ciudadanos que no cuentan con garantías reales de preservar su vida e integridad física o no poseen la educación necesaria para comprender cuáles son y cómo se ejercen los derechos y deberes, quedan excluidos, de hecho, de la comunidad política, así formalmente estén reconocidos como sujetos de pleno derecho en las normas. En el caso de las nuevas democracias latinoamericanas, las que resurgieron y/o se reformaron a partir de los años ochenta del siglo pasado, su calidad depende además del grado de interferencia que haya logrado mantener en cada caso la cultura política heredada del autoritarismo y el populismo. El autoritarismo militar de las dictaduras produjo una cultura política antidemocrática en la que muchos derechos de ciudadanía fueron suspendidos y se asfixió la esfera pública, ya que los partidos y órganos de expresión o la simple discusión de temas incómodos quedaron prohibidos, el miedo generado por el terror inhibió la comunicación y obligó a la gente a recluirse en su ámbito íntimo, se reinterpretó la historia para situar a los gobiernos militares como salvadores y a sus enemigos como responsables del caos previo, se promovió el aprendizaje de valores contrarios a los que han predominado en la modernidad, se auspiciaron prácticas clandestinas para que unos ciudadanos controlaran a otros en beneficio del régimen y, al final, se condicionó la transición a la democracia mediante la inclusión de “enclaves autoritarios” en los nuevos ordenamientos constitucionales e institucionales (O’Donnell, 1997) El autoritarismo social arraigado en el lejano pasado del Régimen de Hacienda produjo cultura política no democrática y aún deja sentir sus efectos en amplias regiones de América Latina, al mantener en vigencia formas de clasificación de la población que asignan a unos grupos el deber de sumisión ante otros, en una escala jerárquica que anula de hecho la igualdad introducida por el estatus de ciudadanía y discrimina principalmente con base en criterios de clase, raza y sexo: los pobres, los negros o indígenas y las mujeres deberían sumisión a los ricos, los blancos y los hombres, estos últimos deciden políticamente lo que conviene o no a los primeros (Chávez y otras, 2002) El populismo produjo cultura política semidemocrática moldeada por elites tradicionales y se expresó ante todo como una relación directa, sin mediaciones efectivas por parte de otras instancias, entre un líder o una elite y la masa del pueblo. Por eso el plebiscitarismo y la polarización son dos de sus principales características. También lo son el paternalismo, el

35





gamonalismo y el clientelismo, la distinción precaria entre interés privado e interés público, en una palabra: el patrimonialismo, que no es otra cosa que la apropiación privada de recursos públicos para beneficio propio o de los allegados y seguidores. Su influencia se proyecta actualmente en algunos experimentos neopopulistas que se adelantan en varios países, regiones o localidades, a lo largo y ancho de América Latina. Los intentos por aclimatar una cultura política democrática en los países de América Latina corren por cuenta de nuevas elites y sectores sociales que ponen el énfasis en la defensa de la ciudadanía y la necesidad de garantizar su pleno ejercicio, con todos sus derechos y deberes, sin exclusiones. A este esfuerzo concurren quienes promueven el respeto de los derechos humanos, el Estado social de derecho, la rendición de cuentas, la ampliación de la esfera pública, la democracia deliberativa, el nuevo republicanismo, la ética de la responsabilidad, entre otros. En la mayor parte de los países latinoamericanos las tradiciones de cultura política antidemocrática o no democrática provenientes del autoritarismo descrito antes –militar o social–, han perdido influencia y han tendido a diluirse, aunque pueden encontrarse remanentes. Lo que predomina es un fuerte contrapunteo entre la tradición semidemocrática del populismo y la nueva cultura democrática de quienes promueven el ejercicio pleno de la ciudadanía. Los analistas que subrayan el peso de la herencia populista demuestran cómo el Estado no ha perdido su carácter patrimonialista y tolera esferas de poder autónomas o paralelas en porciones del territorio bajo su jurisdicción y la población puesta bajo su protección. Uno de ellos sugiere que el mapa de cada país se puede dibujar en función de la presencia de zonas –azul, verde y marrón–, caracterizadas respectivamente por niveles altos, medios y bajos de presencia estatal, concebida esta como la sumatoria de eficiencia institucional, eficacia de la ley y predominio del bien común. En las zonas marrón hay regularmente elecciones pero no hay justicia y la ciudadanía es de bajísima intensidad, son áreas de exclusión política. En los países en que predominan las áreas marrón:

Por lo general los individuos pueden votar sin coerción directa, el conteo de su votos se realiza limpiamente, en principio pueden crear casi cualquier tipo de organización, pueden expresar sus opiniones sin censura y pueden transitar libremente dentro y fuera del territorio nacional […] Pero los campesinos, los habitantes de los barrios pobres, los indígenas, las mujeres y demás, muchas veces no logran un trato justo de la justicia, o no pueden obtener los servicios de los organismos estatales a los que tienen derecho, o no están libres de la violencia policial, o … una larga lista de etcéteras (O’Donnell, 1993: 75-76)

Por su parte, los que destacan la reciente emergencia de una cultura política democrática, le atribuyen a los nuevos movimientos sociales, especialmente a los que promueven la plena

36





vigencia de los derechos humanos, haber logrado una mayor autonomía de la sociedad con respecto al Estado, la creación de una esfera pública en la cual es posible la deliberación y el aprendizaje de la democracia, un reforzamiento del constitucionalismo y la promoción de un complejo institucional efectivo para la participación ciudadana, contrarrestando de esta manera el control estatal de la sociedad, el mayoritarismo radical y otros rasgos del populismo (Peruzzotti, 2001). En el caso de Colombia no estamos ante dictaduras militares o casos extremos de exclusión política permanente, aunque algunos de los mecanismos típicos de ellas, como las matanzas y el destierro –en las modalidades de exilio y desplazamiento interno–, producen exclusión con diversos grados de duración en el tiempo. Existe aquí una democracia, cuya calidad debe discutirse y evaluarse, en la cual predomina la cultura política semidemocrática atribuida al populismo latinoamericano, mezclada con componentes de la cultura política no democrática del autoritarismo social y algunos elementos de la cultura política democrática que defiende el ejercicio pleno de la ciudadanía. El mapa nacional tiene abundantes zonas color marrón, está salpicado de áreas color verde y cuenta con pocos pequeños puntos de color azul, para decirlo en el lenguaje de los colores que ha sugerido O’Donnell. El prerrequisito de poseer educación suficiente para asumir los derechos y deberes no se cumple en gran parte de la población y el de contar con seguridad material tampoco. Y todo esto se presenta de manera desigual por regiones o en torno a la distinción entre campo y ciudad. Más específicamente, los factores que producen exclusión política en Colombia a comienzos del siglo XXI, desde por lo menos un cuarto de siglo antes, son principalmente los siguientes:

- La violencia, especialmente la violencia política, generadora de inseguridad material para las personas afectadas

- Los altos niveles de criminalidad común, especialmente la que está asociada al narcotráfico, productora también de inseguridad material para las personas e interferencias en la actividad política

- La exclusión socio-económica, que se traduce tanto en inseguridad material como en dificultad para aprender comportamiento cívico

- El clientelismo y otras formas de patrimonialismo, al interferir y pervertir el ejercicio de los derechos políticos.

- Los bajos niveles de formación política, que dificultan el ejercicio de derechos y deberes, la deliberación y el funcionamiento de la esfera pública.

La diversidad regional del país obliga a examinar con cuidado las variaciones que presenta cada una de estos factores en la generación de exclusión en cada comarca. A continuación

37





se intentará explorar el balance que existe entre inclusión y exclusión política en el Valle del Cauca, apelando a algunas de las variables mencionadas. Como en estricto sentido no hay exclusión sin inclusión, pues la exclusión no existe como cosa aparte, en sí misma, y para hablar de excluidos debe suponerse que existen incluidos, comenzaremos por 1) una breve reconstrucción del proceso de progresiva inclusión política implícito en la extensión de ciudadanía que ha tenido lugar en Colombia y todas sus regiones desde mediados del siglo pasado. Luego nos concentraremos en el Valle del Cauca y el periodo comprendido entre 1986, cuando se puso en marcha la descentralización del Estado, y 2007, con el fin de examinar 2) la dinámica de exclusión envuelta en el contexto de violencia y narcotráfico que ha afectado a la región durante ese periodo, 3) los resultados del balance entre inclusión y exclusión que arrojan las cifras sobre elección de Gobernador del Valle y alcaldes de algunos municipios, 4) los intentos de contrarrestar la exclusión mediante políticas gubernamentales de ámbito departamental y municipal, antes de finalizar con un balance global de los temas tratados. Debe tenerse en cuenta que definimos la exclusión política como la imposibilidad objetiva, permanente o transitoria, de ejercer los derechos civiles y políticos por parte de personas que están formalmente reconocidas como miembros de la comunidad política, debido a la acción de causas como la violencia, el narcotráfico, la marginalidad socio-económica, el patrimonialismo, el analfabetismo político, entre las principales. Inclusión a medias y exclusión persistente Un balance hecho hoy sobre inclusión y exclusión política en el Valle del Cauca, no puede ignorar la progresiva inclusión generada por el proceso de extensión de ciudadanía que ha cubierto todo el país desde mediados del siglo pasado, aún contando con que ha sido menos eficaz en unas regiones que en otras, igual que tampoco puede desconocer los esfuerzos de inclusión realizados por los cinco gobiernos departamentales y los siete gobiernos municipales que se han sucedido desde que estos mandatarios se eligen directamente y están obligados, en virtud del denominado voto programático, a cumplir sus promesas de campaña. Pero ese mismo balance está obligado a tomar en cuenta la exclusión que producen la violencia en todas sus manifestaciones, el narcotráfico y otras formas de criminalidad, el funcionamiento deficiente del sistema político y los rasgos principales de la cultura política, predominantes durante todos estos años. La extensión de ciudadanía ha beneficiado con la inclusión política en sucesivas oleadas, en su orden, a las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los residentes en el exterior, las comunidades negras y otros grupos étnicos, además de haber ampliado y reforzado sustancialmente, a partir de 1991, los derechos de ciudadanía válidos para todos los miembros de la comunidad política.

38





Buena parte del esfuerzo realizado por los gobiernos regionales y locales del Departamento en los últimos veinte años han estado orientados a lograr la inclusión de grupos desfavorecidos –“marginales”, “vulnerables”–, especialmente: niños, jóvenes, mujeres, minorías sexuales, ancianos, discapacitados, prisioneros, desplazados y miembros de grupos étnicos. Se han diseñado políticas especiales para ellos y se han creado comités para darles participación en la definición y el seguimiento de tales políticas. Unos mandatarios han dedicado mayor esfuerzo que otros a esto; pero, en general, sobre todo en el caso de los gobiernos más recientes, todos lo han intentado, sin distinciones apreciables en función de sus diferentes orientaciones ideológicas. No obstante, la exclusión política siempre ha estado presente en la región, su nivel aumenta o disminuye al ritmo de sucesivas coyunturas, afecta unas veces más a unos sectores y otras veces a otros, pero también tiene rasgos estructurales, hay un zócalo de exclusión persistente, mantenido por varios factores combinados. Uno de ellos es la violencia política que afecta la seguridad material de los ciudadanos, su vida o su integridad personal, y se expresa a veces de manera dramática en la región, a través de masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones fuera de combate, desapariciones, mutilaciones, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, etcétera. Otro es la criminalidad común, especialmente la que está asociada al narcotráfico, que también produce violencia directa contra la población, pero además interfiere la justicia y contribuye a criminalizar la actividad política, infiltrándola y pervirtiéndola. Uno más está representado por las fallas del funcionamiento del propio sistema político: el desprestigio de la política y los políticos, su legitimidad de rango medio, su escaso desempeño técnico, la corrupción recurrente, la ausencia de suficiente alternativas reales entre las cuales los ciudadanos pudieran escoger y otros vicios. La cultura política predominante también interviene en la generación de exclusión: la tradición populista aporta su clientelismo, aprovecha a su manera los nuevos “mecanismos de participación ciudadana”, se vale del caudillismo, polariza y ejercita el “plebiscitarismo”; mientras tanto, las expresiones de una nueva cultura política democrática asociadas a la democracia deliberativa y el nuevo republicanismo o, para decirlo de otra manera, funcionales con una democracia representativa institucionalizada, siguen siendo débiles, no cuentan con una esfera pública suficientemente amplia para expresarse.

39





Finalmente, el ciudadano imaginado por la constitución de 1991, virtuoso practicante de sus nueve deberes, incluido el de ejercer su derechos sin abusar de ellos y respetando los de los demás, casi no existe o, en todo caso, es marginal y, en cierto sentido, otro excluido. Referencias CINEP (2004). Deuda con la humanidad: paramilitarismo de Estado, 1988-2003, Bogotá. CHAVEZ, Ana Claudia y otras (2002). “La constitución de la sociedad civil en Brasil”, en: Evelina

Dagnino (coordinadora). Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: Brasil. México, F.C.E., pp. 21-76.

DAVILA, Andrés y DELGADO, Natalia (2002). “La metamorfosis el sistema político colombiano: ¿clientelismo de mercado o nueva forma de intermediación?”, en: F. Gutiérrez (compilador). Degradación o cambio: evolución del sistema político colombiano, Bogotá, Ed. Norma, pp. 319-355.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOBERNACIÓN 1992 Plan de Desarrollo del Valle del Cauca, 1992-1994 (Ordenanza 013 de enero 20), Cali, imprenta

departamental. 1995 Plan de Desarrollo, 1995-1997 (Ordenanza 11 de junio 16), Cali, imprenta departamental. 1998 Plan de Desarrollo, 1998-2000 (Decreto 0867 de mayo 29), Cali, imprenta departamental 2001 Plan de Desarrollo, 2001-2003 (Ordenanza 118 de junio11), Cali, imprenta departamental. 2004 Plan de Desarrollo, 2004-2007 (Ordenanza 182 de junio 11), Cali, imprenta departamental.. GOBERNACION del Valle del Cauca, Oficina de Gestión de Paz y Convivencia (2003). Tiempos

de esperanza, nuestra agenda humanitaria: una travesía hacia el retorno, Cali, Imprenta Departamental.

GUTIERREZ (2006). “Tendencias del homicidio político en Colombia, 1975-2004: una discusión preliminar”, en: IEPRI. Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Ed. Norma, pp. 475-504.

GUZMAN, Alvaro (2006) “Región, cambio social y conflicto”, en: Sociedad y Economía, N° 10, abril, pp. 189-212.

HERNANDEZ L, Jorge y TELLEZ, Neftalí (1992) Aproximación al estudio del impacto del narcotráfico en la región Valle-Caucana, Cali, Cidse-Ministerio de Comunicaciones.

HERNANDEZ LARA, Jorge (2003). “Elecciones bajo escándalo, fuego e ilusiones”, en: A. Guzmán y otros. Cuatro Ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte, Bogotá Cidse–Cerec , pp. 239-329.

KYMLICA, W y NORMAN, W (1997). “El retorno del ciudadano: una revisión de la producción en teoría de la ciudadanía”, en: La Política, N° 3, Barcelona, Ed. Paidós, octubre, pp. 5-39.

MARSHALL, Thomas (1998 [1950]). Ciudadanía y Clase Social, Barcelona, Ed. Alianza. O’DONNELL, Guillermo. 1993 “Estado, democratización y ciudadanía”, en: Nueva Sociedad, N° 128, Caracas, noviembre-

diciembre, pp. 62-87. 1997 “Despotismos”, en: Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y

democratización, Buenos Aires, Ed. Paidós, pp. 129-193.

40





PERUZZOTTI, Enrique (2001). “La democratización de la democracia”, en: I. Cheresky e I. Pousadela (compiladores). Políticas e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, Ed. Paidós, pp. 289-307.

PRZEWORSKI, Adam (1998). Democracia sustentable, Buenos Aires, Ed. Paidós. RESTREPO, Marcela y LLANO, Hernando (2005). “Política y narcotráfico en el Valle: del

testaferrato al paramilitarismo político”, en: Revista Foro, N° 55, Bogotá, Fundación Foro Nacional por Colombia, pp. 16-28.

41


informe de desarrollo humano para el valle del …acaso.univalle.edu.co/informe final pnud.pdf ·...

Documents