informe conflictos sociales - versión final 11 de julio

5/9/2018 Informe Conflictos Sociales - Versión Final 11 de Julio - slidepdf.com

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CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y GOBERNABILIDADEN EL PERU



INDICE

EL ESCENARIO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL PERIODO 2006 – 2011

1. La estrategia del diálogo 4

2. Violencia y muerte en los conflictos social 6

3. Las muertes por la violencia senderista y el narcotráfico 9

LA DINÁMICA ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ

1. Los conflictos mineros: las nuevas variantes de la conflictividad social. 10

2. Los casos más relevantes 12

a) El conflicto con la minería artesanal y la minería informal 12

b) La confrontación de Gobiernos Regionales contra el Ministerio de Energía yMinas por competencias en torno a las concesiones mineras, lotes petroleros ygasíferos 14

c) La confrontación en torno a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 14

d) La Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial, comoinstrumento de control de las concesiones mineras y petroleras 15



CASO 4: Demandas laborales de trabajadores privados y servidores públicos,incluyendo a policías y fuerzas armadas 32



EL ESCENARIO DE LA CONFLICTIVIDADSOCIAL EN EL PERIODO 2006 – 2011.

La circunstancia política actual, junio 2011, con la elección presidencial en segunda

vuelta de Ollanta Humala, de GANA PERU, para el periodo 2011 – 2016, guarda cierto

parecido con lo acontecido en la elección de Alan García, en segunda vuelta, en junio

2006. En aquella vez, el proceso electoral había concluido con el triunfo electoral, en

segundo vuelta, de Alan García Pérez y el Partido Aprista Peruano sobre el candidato

Ollanta Humala del Partido Unión por el Perú. El triunfo de García, entre otras razones,

se basó en el respaldo otorgado por líderes políticos, y sobre todo grupos

empresariales que, temerosos de la propuesta de cambio del modelo económico que

levantaba el candidato Ollanta Humala (en ese entonces candidato por Unión por el

Perú) y temerosos más aún de la creciente demanda popular de los movimientos

sociales y movimientos regionales que no se sentían beneficiados del modelo, habíandecidido dar el respaldo al candidato Alan García y su propuesta de “cambioresponsable”; temerosos de la posibilidad de un triunfo de Humala. García era el “mal

menor”, tal como lo expresaban los líderes empresariales, líderes de opinión y

políticos, que recordaban el desastroso primer gobierno de 1985 – 1990.

Ollanta Humala, por el contrario, expresaba, y canalizaba en cierta forma, el

descontento social particularmente de las provincias del interior, cuya radicalidad en

if t i h bí d ili i t t t l



cumplir actas de compromisos firmados con organizaciones sociales y populares; perotambién, las empresas mineras y petroleras habían hecho lo mismo: firmado actas de

con los pobladores locales mediante el cual se comprometían a construir carreteras,

electrificar pueblos, dar trabajo a los comuneros de la localidad, cumplir con la

mitigación de los pasivos mineros y petroleros, revalorar el precio pagado de tierras

y/o servidumbres, entre otras demandas. Los compromisos firmados tenían plazos,

mucho de los cuales ya estaban vencidos.

La estrategia del diálogo

El nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, al inicio de su

gestión, consideró que el diálogo con los actores de los conflictos debía primar en la

negociación de las demandas, consideraba además que el diálogo era la estrategia

más adecuada para prevenir conflictos sociales. Para ese entonces, los reportes de la

Defensoría del Pueblo de julio del 2006, daban cuenta de la existencia de 84

conflictos, de los cuales 10 estaban en condición de activos, 74 conflictos latentes y 2

conflictos habían sido resueltos. Un mes después, agosto del 2006, los casos se

elevaron a 91 conflictos, de los cuales 10 eran activos, 78 latentes y 3 considerados

como resueltos.

Los conflictos sociales no dieron tregua: en los primeros días de agosto de 2006

estallaron movilizaciones y paros de pobladores contra proyectos mineros en Arequipa

(Cerro Verde), Moquegua (Southern) y Cajamarca (Yanacocha). El 3 de agosto se

produjo un lamentable incidente en Combayo Cajamarca cuando el personal de



Tendencia de los Conflictos SocialesPeriodo 2006 - 2011

Grafico elaborado por el autor, a partir de los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo. Periodoenero 2006 - abril 2011



No obstante, los conflictos continuaron, al punto que ya en el Gobierno de Alan García,éste consideró endurecer más las sanciones, y aprobar nuevos Decretos Legislativos,

orientados en la misma lógica del control interno2. Estos Decretos se aprobaron dentro

del proceso de adecuación de la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con

los Estados Unidos de Norteamérica. Para el presidente García, era de vital

importancia promover las concesiones de territorios de las comunidades campesinas y

nativas. Escribió un encendido ensayo titulado “El Perro del Hortelano” para mostrar su

predisposición de derrotar (a su estilo) todos los que se oponían al progreso en laselva peruana.

Con la configuración de un marco normativo orientado a “criminalizar la protesta

social”, pensaron los gobernantes y legisladores que se iba a detener la conflictividad

existente. Los Decretos Legislativos se terminaron de aprobar en junio 2008 (en

realidad se inició en el 2007 el trabajo de aprobación de estos DL, en ese mismo mes

se produce el quiebre de la tendencia de los conflictos sociales: por primera vez los

conflictos activos fueron más que los pasivos.

Lo que vino después fueron enfrentamientos sin control ni liderazgos visibles ¿Quién o

quienes lideraban esa confrontación? ya no eran dirigentes de partidos, gremios o de

organizaciones sociales, sino grupos operativos, desligados o desvinculados de toda

forma orgánica que asumían a su modo la confrontación. Eso se vio con mucho más

claridad en los enfrentamientos en Moquegua, Tacna, Bagua, Cusco, entre otras

regiones.



acción de la delincuencia común; tampoco los producidos en el enfrentamiento entrebandas3.

CUADRO Nº 1DE VIOLENCIA Y MUERTES EN EL PERU POR CONFLICTOS SOCIALES

PERIODO 2006 - 20114

AÑOS

VIOLENCIA SOCIAL VIOLENCIA SUBVERSIVA TOTAL

GENERAL

CIVILE S

POLICIAS MILITARE

S TOTAL

CIVILE S

POLICIAS MILITARE

S TOTAL

2006 16 1 17 43 5 48 65

2007 27 1 28 27 12 39 67

2008 27 8 35 31 29 60 95

2009 39 27 66 18 26 44 110

2010 34 1 35 22 13 35 70

2011 (*) 10 10 5 2 7 17

TOTAL 153 38 191 146 87 233 424(*) Meses de enero - abril Fuente: Cuadro elaborado por el autor sobre la base de la Información de los Reportes Mensuales de laDefensoría del Pueblo y consulta a los diarios nacionales

La cifra de 191 muertes por conflictos sociales es elevada, si es que hacemos el

recuento de los casos del periodo 2006 -2011. Tan solo en los últimos cuatro meses el

ú d t d id d t l f t i t l li í t



dirigentes sindicales y populares de culpar a “infiltrados” sirve para entender esteproceso.

La violencia no es un problema nuevo en el país; tampoco la muerte insensata de

miles de peruanos. Durante las décadas del ochenta al noventa producto de la cruel

guerra interna, la violencia y muerte asolaron al país, pero se esperaba que la caída

de la dictadura de Alberto Fujimori fuera a permitir que el país se recuperara de sus

heridas y retomaría el camino democrático para la resolución de los problemas

sociales generadores de conflictos.

El problema no es la violencia - dice Yoannis Pretenderis5 “El problema estriba en lalegalización de la violencia de quienes la consideran “parte del juego”. Si aplicamos a

esta reflexión a la experiencia peruana podemos encontrar suficientes motivos para

señalar que lo que se está presentando en la escena política nacional es una suerte

de banalización de la violencia, con una justificación de actos violentos apelando a la

ley o a ritos y costumbres. La incapacidad de nuestros líderes políticos y de los líderes

sociales para entender el actual curso violento de los conflictos sociales, no hace sino

evidenciar la polarización creciente. Nos plantean además otro problema: que las

posibilidades para detener la violencia misma y las causas que la generan son por

ahora limitadas.

La violencia con muertes y heridos de personal policial y militar, se ha incrementado

por la capacidad de confrontación de pequeños grupos que se preparan para tal fin; se

i ili i t El h h l bl ió it El i d bó!



destruyendo un bien público; muertes por descuidos de pobladores que realizanactividades de minería informal…:

3. Las muertes por la violencia senderista y el narcotráfico

El hecho que el 56.7% de los muertos sean producto de los enfrentamientos

producidos en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso y el narcotráfico,

evidencia que ambos han alcanzado un nivel de eficacia en la respuesta a los

operativos policiales y militares, de ahí el alto número de muertos sobre todo en el

2009.

Cabe señalar, sin embargo, que el mayor número de civiles muertos por la violencia

senderista y narcotráfico no se produjo como consecuencia de los enfrentamientos

contra la policía y militares, sino sobre todo por los asesinatos cometidos por Sendero

Luminoso contra pobladores. Asesinatos que en su mayoría fueron hechos en el

mismo estilo con el que solían hacerlo en la época del terror senderista: de un balazoen la cabeza delante de sus familiares, colocándoles un cartel advirtiendo a la

población de su destino en caso osen rebelarse o acusarlos. El 2009, el 72% de los

muertos civiles fueron asesinados por Sendero Luminoso; todos ellos eran comuneros,

comuneras, jóvenes pobladores de caseríos de extrema pobreza.



LA DINÁMICA ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ

La intensidad de la conflictividad social en el Perú ha construido nuevos escenarios

que resulta fundamental analizar para proponer políticas adecuadas a su tratamiento.

Pero, resulta vital entender también cuáles son los procesos sociales que han

dinamizado los conflictos sociales, y han llevado al país a esta crítica situación, que

puede afectar, sin duda, la gobernabilidad democrática.

Considero que dada la diversidad de expresiones y de actores presentes en los

conflictos sociales en el periodo 2006 -2011, es posible considerar la existencia de los

siguientes procesos sociales:

1. Los conflictos mineros: las nuevas variantes de laconflictividad social.

La política de promoción de las inversiones mineras se diseñó en la década del 90 por

el Gobierno de Alberto Fujimori, a partir de esa administración a la fecha se fue

construyendo el marco normativo institucional para la promoción de las inversiones

petroleras y gasíferas en las regiones del interior. Definida como una de las más

importantes políticas dentro del modelo de desarrollo, las inversiones mineras se



No obstante que las cifras mostraban que proyectos mineros y petroleros tenían éxitoen la medida que lograban iniciar luego sus operaciones, lo cierto, es que la

resistencia a la presencia de las inversiones mineras y petroleras fue creciendo y

generando los mayores conflictos sociales. Los conflictos sociales fueron evidenciando

los gruesos y lamentables errores que el Estado y las empresas mineras y petroleras

cometieron en todo el proceso de concesiones y ampliación de operaciones. Fue a

costa de graves conflictos con lamentables saldos trágicos, como hemos visto, que se

pudo evidenciar los siguientes puntos críticos:

a) Estudios de Impacto Ambiental, cuya aprobación dependen del Ministerio de

Energía y Minas. El cuestionamiento a los procedimientos de aprobación de los

EIA, ha generado una crisis de credibilidad a las capacidades técnicas de la

Dirección General de Asuntos Ambientales y Mineros. El punto más álgido se

presento en el reciente conflicto en la provincia de Islay con el cuestionamiento

al proyecto minero “Tía María”.

b) Talleres Informativos de presentación de los EIA , que generó reacciones

contrarias de la población por considerar que no eran realmente

procedimientos participativos y deliberantes. Esto generó la reacción de las

autoridades locales y pobladores que reclamaban la “realización de las

consultas ciudadanas” como procedimiento alternativo a los Procedimientos de

Participación Ciudadana de aprobación de los EIA que estableció el Ministerio

de Energía y Minas.



respecto de los impactos negativos de las actividades de las industriasextractivas. Es básicamente esta pérdida de credibilidad de la fiscalización

ambiental la que ha incentivado el surgimiento de Frentes Anti Mineros, que

usaron el tema de la contaminación y la falta de control, como principal

argumento para construir frentes, alianzas de poblaciones para aponerse a la

política de promoción de las inversiones mineras y petroleras.

2. Los casos más relevantesPero este complejo proceso de conflictos que enfrentaban a la población contra las

empresas mineras evidenció, también tres tipos nuevos de conflictos sociales, que

tenían orientaciones muy diferentes a las ya mencionadas. Estos son:

a) El conflicto con la minería artesanal y la minería informal . Se ha convertido en

uno de los puntos más críticos de la confrontación social, motivada sobre todo por

el boom de la minería aurífera, que ha estimulado para decenas de miles depequeños productores y mineros informales se trasladaron masivamente a

terrenos donde se encontraban vetas o yacimientos, generando una enorme

presión social sobre las poblaciones rurales y graves daños al medio ambiente7; y

también consolidado grupos económicos fuertes que tienen gran capacidad de

movilización y confrontación.

El conflicto social con los mineros artesanales y mineros informales, se tornó

i l t l l i i d t i d



• La minería informal de la zona de Huaypetue en Madre de Dios. El intento delGobierno de prohibir el uso de dragas en la cuenca del río Huaypetue, y de

avanzar en la formalización de la minería artesanal, ha generado niveles de

violencia que se han extendido a otras zonas del país con saldos trágicos.

• Cajabamba (Cajamarca), entre los mineros informales que invadieron el cerro

Algamarca de propiedad de una empresa minera Sulliden – Chahuindo);

•El conflicto de invasores del Cerro “El Toro” contra una empresa minera SanManuel (Santiago de Chuco - La Libertad);

• El enfrentamiento de los comuneros de Pomacocha (Paucar del Sara Sara –

Ayacucho) contra los invasores informales al Cerro Luicho;

• El conflicto de los agricultores del valle de San Lorenzo y de la población de

Tambogrande (Sullana – Piura) contra los mineros informales que se han

posesionado en el distrito Las Lomas; los agricultores exigen que el Valle de

San Lorenzo se declare como área protegida debido a la amenaza de

contaminación de las aguas que afectaría seriamente la exportación de los

productos del valle.

En todos estos conflictos sociales contra la minería informal lo más relevantes es

que se evidencia la poca efectividad de los intentos por regularizar la

formalización de la minería informal, y la regulación de la minería artesanal para

ti l l li i t d l d t ió bi t l i d



b) La confrontación de Gobiernos Regionales contra el Ministerio de Energía y Minas por competencias en torno a las concesiones mineras, lotes petroleros y gasíferos.

Actualmente los Consejos Regionales de Cusco, Puno, Cajamarca, Arequipa,

tienen proyectados Ordenanzas Regionales que entran en colisión con las

competencias del Ministerio de Energía y Minas de otorgar las concesiones de

nuevos proyectos mineros en el territorio nacional.

Los recientes conflictos en el Sur: Proyecto Tía María en Arequipa, Proyecto

Quellaveco en Moquegua, Proyecto Santa Ana en Puno, entre los más recientes,

así como la intención de los gobiernos regional Cusco y Puno de Ordenanzas para

impedir se otorguen nuevas concesiones mineras y petroleras dentro de sus

regiones. Esta actitud, ha evidenciado que los gobiernos regionales, respaldados o

presionados por los frentes de defensa de sus regiones, busquen una salida

política administrativa como forma de impedir que prosperen estos proyectos y

lograr su retiro de la región.

Las implicancias políticas de esta medida aún no están claramente evaluadas; no

obstante, es probable que se esté gestando una confrontación de los Gobiernos

Regionales que cuentan con recursos mineros y petroleros contra el Gobierno

Nacional y la política de promoción de la inversión minera, petrolera y de gas en el

territorio nacional.



ii) El cuestionamiento a la DGAAM en la aprobación de los EIA, Los pobladoresy autoridades locales que se oponen a los proyectos de exploración han

buscado anteponer al procedimiento de aprobación de los EIA, las

ordenanzas municipales que declaran zonas de reservas protegida

municipales a las lagunas y fuentes de agua de su circunscripción. Estos

casos se han presentado en el reciente conflicto del distrito Chugur contra la

empresa Coimolache; antes se presentó en la disputa de la municipalidad

provincial de Cajamarca en torno al proyecto minero en el Cerro Quilish, entrelos más importantes9.

d) La Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial, comoinstrumento de control de las concesiones mineras y petroleras. Así como

para la aprobación de los proyectos de exploración minera y petrolera. Este

argumento ha sido usado por las autoridades de los gobiernos regionales de

Cajamarca, Puno y ahora, recientemente Cusco, con el objetivo preciso de

contrapesar las decisiones del Ministerio de Energía y Minas respecto de lapromoción de las inversiones mineras, petroleras y gasíferas en el territorio

nacional. Aunque no se han aprobado, todavía Ordenanzas Regionales de

Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Ecológica y

Económica, en la práctica, este argumento está confrontando a los gobiernos

regionales con el gobierno nacional.

Uno de los resultados de este proceso de confrontación entre autoridades

i l i i l t l DGAAM l líti d ió d l



regiones no cesaron, se trasladaron hacia otro tipo de demandas, al punto quees probable que las tensiones se vuelvan a presentar ya sea por la definición

de límites territoriales o por la propiedad de fuentes hídricas y recursos

mineros.

• El conflicto entre las provincias de Cañete (Lima) y Chincha (Ica) por los límites

territoriales; conflicto que tiene a la base la disputa del terreno donde se asienta

el complejo gasífero Pampa Melchorita del Consorcio Perú LNG11. Esta

demanda no está canalizada, ha devenido en un tema de límites territoriales

donde el Centro Poblado “Nuevo Ayacucho”, que está en ambos lados de la

línea de disputa, es el escenario de conflictos sorprendentes acciones de

destrucción de infraestructuras de canales.

f) La alta conflictividad social como expresión de la mala relación de empresasque concentran conflictos con su entorno social.

Aunque no existe una relación detallada y pormenorizada de empresas minerasque enfrentan conflictos sociales con las poblaciones de su entorno, se puede

establecer, sin embargo, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, la Oficina

General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas y de la Oficina de

Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, que en términos generales son cerca de

80 empresas mineras y petroleras (en fase de proyectos de exploración y/o

proyectos de operación) los que han enfrentado conflictos con comunidades y

i i i l d t



vez que este es un bien escaso y a la vez vital para el funcionamiento de la vida de laspoblaciones urbanas y rurales, así como de las actividades productivas agrarias,

industriales y mineras. Disputas, que por lo general han tenido la particularidad de ser

reiterativos, han perdurado en el tiempo, generado divisiones entre comunidades,

distritos, provincias y ahora regiones. Los precarios consensos y equilibrios logrados

luego de las disputas volvían siempre a activarse cuando escaseaba el agua o se

ponía en entre dicho los derechos de uso del agua de los ríos y lagunas; no obstante,

la particularidad de estos conflictos es que no trascendían los espacios locales o decuenca en el que se presentaban.

Lo nuevo en estos conflictos por el agua es que se producen dentro del desarrollo de

dos dinámicas del crecimiento económico del país:

Por un lado, el dinamismo de los proyectos agroindustriales de exportación que

requiere mayores volúmenes de agua para poner en producción las nuevas tierras

agrícolas incorporada; así como el crecimiento del número de regantes que han

demandado mayores obras de infraestructura de riego. Este incremento de la

demanda por más agua, no solo ha reactivado tensiones que ha enfrentado a

comunidades contra comités de regantes y regiones que se disputan la administración

de proyectos de infraestructura hídrica. Conflictos, que por lo demás, han venido a

reactivar rivalidades regionales.

Por otro, la creciente importancia de las inversiones mineras y de infraestructura hidro

energética mineras, que requieren para su concreción la obtención de derechos de



Esto explica el incremento de conflictos por el agua en los últimos tres años: en enero2008, la Autoridad Nacional del Agua registró 94 conflictos por el agua; en el 2010 esta

cifra se incrementó a 244. Es probable, sin embargo, que este registro considere

disputas entre regantes de un comité, o controversias en las Juntas de Usuario de

Riego de diferentes cuencas, que no llegan a ser propiamente conflictos sociales. No

obstante eso, si registramos los casos de conflictos sociales que se han presentado en

las cuencas y que han motivado una intervención de diferentes instituciones regionales

y del Gobierno Nacional, podemos encontrar que en 35 cuencas se han registradoconflictos sociales en los últimos tres años, algunos de ellos con graves y trágicas

consecuencias13. Lo importante a destacar en este tipo de conflictos es la intensidad

con la que se presentan y la convocatoria, en torno a ella, a diversos actores sociales

que levantan reivindicaciones regionalistas o de contraposición de la agricultura con la

minería, en un claro afán de oposición de una actividad productiva contra otra.

Según la Autoridad Nacional del Agua, un conflicto por el agua es una disputa entre

usuarios de riego por la administración de los Comités, los turnos en el uso del agua, odisputas conflictos de intereses que se presentan dentro de las Juntas de Usuarios de

Riego. Pero visto desde la perspectiva del control de los recursos hídricos y de la

defensa del recurso agua considerado como de propiedad de una región o de una

provincia, los conflictos adquieren otra dimensión. Enfrentan a comunidades

campesinas contra proyectos de inversión minera o petrolera que le disputan derechos

de agua; a regiones por la ejecución o administración de proyectos de infraestructura

híd i bl i l d f d b d l id



los conflictos, sin embargo, no resuelve el problema, sino que ubica el conflicto en otroplano: en la confrontación de las competencias del gobierno nacional con las

competencias de los gobiernos regionales respecto de la ejecución de políticas

mineras o hidro energéticas.

Otra razón, es que en ese conflicto, lo que se ha puesto en cuestión son los

mecanismos de toma de decisiones en los procesos de aprobación de los proyectos

de inversión en minería, petróleo, gas o proyectos hidro energéticos. Es obvio que la

población no acepta los procedimientos establecidos por los reglamentos y normas departicipación ciudadana para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental. En su lugar,

han confrontado estos mecanismos con la convocatoria a consultas ciudadanas que

adquieren un carácter plebiscitario. La consulta ciudadana, convocada por las

autoridades municipales, se ha convertido en un instrumento de validación de la

protesta social sin que medie en su tratamiento el debate técnico. En el fondo, la

disputa pone en cuestión el rol de la autoridad administrativa del Ejecutivo: Ministerio

de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional del Agua. De talmanera que lo que hoy está en cuestión ya no es solo el tema de la aprobación de los

EIA, sino el traslado del decisión de una instancia administrativa del Ministerio de

Energía y Minas o de otras entidades del ejecutivo, a la población y a sus autoridades

municipales locales.

Este es, quizá, el principal resultado de una larga experiencia de conflictos por el agua

que ha enfrentado a las poblaciones rurales con los proyectos mineros.



de Choclococha asignados para el valle de Ica. Los pobladores de Huancavelicaexigen el uso compartido y el manejo integrado de dichas aguas, así como la re

categorización del PETACC como proyecto bi regional. La autoridad regional de

Ica y la administración técnica del PETACC se oponen a ello porque consideran

que esa obra fue hecha y financiada por los iqueños; y el caso del conflicto por la

Presa Ancascocha, que enfrenta a comuneros de Cora Cora Ayacucho, reclaman

por el uso de las aguas de la presa Ancascocha que desde su construcción (1889)

han venido siendo utilizadas solo en el valle de Yauca (Arequipa) y por usuariosde la localidad de Chaviña.

Otros resultados de este conflicto por el agua los podemos resumir en los siguientes

puntos:

• Que los conflictos han fortalecido el sentimiento de propiedad del recurso agua

o de la cuenca por parte de una comunidad, una provincia o una región; y que

llevado a nivel de sentimiento localista o regionalista ha ido construyendo

liderazgos y organizaciones de corte muy radical en la confrontación.es el que

se fortalece en la mentalidad de los pobladores y de las autoridades regionales.

• Que los conflictos por la representatividad y legitimidad de las organizaciones

de usuario de riego, que si bien forman parte de la construcción de liderazgos

dentro de la nueva institucionalidad del agua (Autoridades Administrativas del

Agua y los Consejos de Cuencas Hidrográficas14), sin embargo, una forma de

l iti lid t d t ti l f t i t t l



zonas de los valles pongan reparos a las concesiones en las cabeceras decuenca. Esto explica las violentas manifestaciones de los pobladores de

Huancabamba contra el proyecto Majaz, en Piura; o las movilizaciones de los

ronderos en Cajamarca, Hualgayoc y Santa Cruz en la región de Cajamarca.

4. Los conflictos de gobernabilidad regional y local

Los conflictos que se presentan en los espacios regionales y locales, si bien, seoriginan por las demandas de las regiones al gobierno nacional por más recursos y

competencias, sin embargo, gran parte de la actual conflictividad social en las regiones

tienen a la base, la oposición de la población y grupos sociales organizados contra sus

propias autoridades municipales provinciales y distritales, así como contra sus

autoridades regionales.

Los ejes de conflictos han evidenciado la existencia de tensiones sociales y políticas

cuyos puntos más críticos son:

a) Regionalización y Transferencias de competencias. Este conflicto ha sido

llevado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quien demandó al

gobierno nacional por mayores competencias y atribuciones en la administración el

uso de sus recursos, básicamente de presupuesto. La tensión existente con el

Ejecutivo si bien no generó conflictos activos con movilizaciones sociales, canalizó

sin embargo, las demandas que las poblaciones y sus autoridades regionales. No



gobiernos regionales y el Ejecutivo. Si bien, estos no serán propiamente conflictosde gobernabilidad, sin embargo, pondrán en tensión constante el proceso de

descentralización.

b) L os conflictos locales y la crisis de gobernabilidad regional y local

Este tipo de conflictos ha enfrentado grupos de oposición a las autoridades

regionales y municipales, motivadas por casos de corrupción, abuso de

autoridades o mala gestión (reales o supuestos). Han sido conflictos muy violentos,cuya expresión más alta se produjo con el asesinato colectivo del alcalde de Ilave,

pero que se repitió en otras regiones y localidades del país.

En todos los casos de conflictos regionales y locales contra sus autoridades, lo

relevante no es la ausencia de mecanismos de fiscalización y control (que los hay),

ni las salidas políticas a la oposición a una autoridad (que existe mediante las

revocatorias16), sino la intensa disputa por el poder local entre grupos sociales o

líderes locales.

Uno de los argumentos más usados en este tipo de conflictos es la permanente

sospecha de la población respecto del mal uso de los fondos públicos y los delitos

de corrupción. La corrupción, por cierto, es el principal argumento para la

confrontación política. Pero la población asocia corrupción con prácticas

autoritarias, con actitudes de manipulación en procesos electorales y sobre todo,

con la pasividad y confabulación de las instituciones con la práctica corrupta. Con

ll i d l d l i di id d l id d lí i



autoridades electas. Ciertamente, este tipo de conflictos sociales tienen este matiz:imposición de contrapesos al poder local, que entre otros objetivos buscan la

vacancia del presidente regional o del alcalde provincial. El resultado de estos

conflictos terminan fortaleciendo instancias de poder como las Asambleas de los

Frentes de Defensa, Comités de Rondas, entre otros.

Dada la debilidad de las instituciones políticas, y debido al hecho que gran parte de

las autoridades electas no tienen partido ni organización social que lo respalde, se

han producido casos donde las disputas por el poder local o regional se inician enlos concejos municipales o consejos regionales, donde el alcalde o presidente

regional pierde mayoría por la ruptura con su partido o movimiento. El caso tiende

a ser más crítico ahora por el hecho que en algunas regiones, los presidentes

regionales no tienen mayoría en sus respectivos consejos regionales.

c) La disputas por la propiedad y usufructo de los recursos naturales.

La particularidad de este tipo de enfrentamientos es que se producen por el interéscreciente de las poblaciones locales y de las autoridades regionales de afirmar las

identidades locales (o regionales) por encima de otros intereses. Se sustentan en

la indefinición de linderos entre regiones, provincias y distritos. Estos conflictos,

cabe precisar, se han producido dentro del proceso de descentralización y

transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales.

Fueron conflictos que movilizaron centenares de pobladores liderados por sus

f C



La geografía de los conflictos sociales de las comunidades amazónicas muestra queen tres años (2007 – 2010), 23 zonas fueron escenarios de intensos conflictos

sociales. En ese mismo periodo, se realizaron dos huelgas nacionales indefinidas,

siendo esta última el más prolongado (55 días) y más trágico por la muerte de 34

personas (24 policías y 10 nativos). Loreto tuvo el mayor número de casos, aunque las

regiones de Amazonas y Madre de Dios son los que tuvieron los casos de conflictos

más violentos e intensos.

Conflictos sociales de las comunidades nativas

2006 - 2010

Regiones NúmeroAmazonas 3

Cusco 1

Junín 2

Loreto 11

Madre de Dios 2

San Martín 2

Ucayali 2

Total 19 23

Si bien algunos de los casos venían desde la década del 1960 (caso del Río

Corrientes y las comunidades Achuares), otros se activaron en la década del 90. El

impulso a la radicalidad de la movilización de las poblaciones indígenas amazónicas



ContratosContratos de Operación 3 contratos 781,307 Contratos de Exploración 27 contratos 18,535,513Convenios de Evaluación Técnica 6 contratos 5,633,920 Convenio De Hidrocarburos No Convencionales 1 contrato 2,725,517

27,676,257Fuente: PERUPETRO. Mapa del Perú. Lotes de contratos de operaciones petroleras cuencassedimentarias. Fecha 31 de mayo 2009. Plano PP-001

Como hemos dicho, los Decretos Legislativos, fueron el catalizador de un descontento

larvado de tiempo. Ya las comunidades nativas se venían movilizando contra la

presencia de las empresas petroleras en su territorio, lo hacían de manera aislada, de

manera localista. Pero la segunda huelga amazónica del 2009 generó un mayor

despliegue de poblaciones urbanas y nativas de las ciudades y pueblos de la selva

con una contundencia y radicalidad nunca antes vista.

Actualmente las comunidades indígenas amazónicas tiene entre sus principales

demandas el planteamiento de consulta ciudadana y el cumplimiento del Convenio

169º de la OIT que el Estado se comprometió a reglamentar.



LA VIABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LACONFLICTIVIDAD SOCIAL

1. La intención del Gobierno, desde sus inicios fue el diseño de una estrategia de

prevención de conflictos sociales para resolver mediante el diálogo y la

negociación, las demandas de la población organizada. Para tal fin, la Presidencia

del consejo de Ministros constituyó primero una Unidad de Prevención deConflictos Sociales, como instancia de la PCM para liderar la estrategia de

prevención y diálogo. Luego, constituyó la Comisión Multisectorial de Prevención

de Conflictos Sociales, que integró a los representantes de 12 ministerios para

diseñar la estrategia y convertirse en la instancia que conduciría el proceso de

negociación. En una primera fase de este proceso de conflictos, la presencia y

acción protagónica del Presidente del Consejo de Ministros, sirvió para que desde

la PCM se conduzca todo el proceso de negociación. La PC, ganó así liderazgo yprotagonismo. Se firmaron actas de compromiso; se negoció con la participación

de las organizaciones y los gremios empresariales. Este proceso duró hasta Julio

2009. Culminó trágicamente con los acontecimientos de Bagua. A partir de esa

fecha, se impuso otra orientación en la gestión de los Conflictos Sociales: la PCM

dejó de ser la instancia protagónica, y se determinó que los conflictos sociales

sean atendidos específicamente por los Ministerios involucrados en la atención de

las demandas. Para ello se aprobó promulgó un Decreto Supremo Nº 056-2009-



de riego y la autodeterminación de las poblaciones como forma de resolver lascontroversias de límites.

3. Siendo la violencia uno de los principales factores de crisis dentro del proceso de

conflictos sociales, se requiere que las organizaciones sociales y autoridades

locales, fortalezcan su liderazgo en los procesos de negociación, toda vez que

mediante las acciones de violencia se imponen liderazgos autoritarios que impiden

la construcción de acuerdos estables, y de estabilizar los liderazgos de las

organizaciones naturales y de las autoridades legítimas.

4. Dado el hecho que se requiere fortalecer las capacidades de los técnicos,

funcionarios y autoridades en la prevención y gestión de conflictos sociales, la

Presidencia del Consejo de Ministros, debe recuperar su rol de conducción de la

estrategia de prevención. Para ello es conveniente que el Estado capacite con la

presencia de expertos nacionales e internacionales a los equipos de prevención de

gestión de conflictos.

.



PERSPECTIVAS DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

CASO 1: Conflicto Amazónico - caso de Bagua y el tema de las concesiones petroleras

TEMAS DE CONFLICTOS ZONAS CRITICAS PROBABLES IMPACTOS Los acuerdos de las Mesas de Trabajo del Grupo amazónico no han sido firmados por AIDESEP. El conflicto se mantendrá activoen torno a los siguientes puntos:

• DL 1090 Ley Forestal y de FaunaSilvestre. Si bien hay consensos en la propuesta presentada, AIDESEP puededesconocerla con el argumento de exigir la derogatoria del paquete de DL.20

• La consulta a los pueblos amazónicos. El Congreso aprobó una Ley, que luego el Ejecutivo observó. Está pendiente dediscusión en el Congreso la modificación

o la insistencia en la propuesta. El Congreso puede aprobar su Ley deConsulta.

• La oposición a proyectos de exploraciónminera y petrolera y su demanda detitulación de territorios de pueblosamazónicos, puede ser un factor demovilización en los próximos meses.

• La demanda de la protección de zonasreservas naturales, puede generar una presión nacional e internacional a los proyectos de inversión

•

Provincia de Maynas - distrito de Putumayo.Oposición de comunidad Nativa Matsés aexploración en lotes petroleros 135, 137, 142 y 152, concesionados a Pacific Stratus Energy Ltd.y Occidental Oil & and Gas of Perú

•Provincia de Alto Amazonas – Morona – Loreto:comunidades y Federaciones nativas se oponena empresa Talismán Petrolera del Perú LLC (Lote64).

•Madre de Dios: Tambopata : comunidades nativasal proyecto petrolero de Hunt Oil (Lote 76).

•Puno – Cusco – Madre de Dios : oposición al

proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari •Provincia de Condorcanqui y Bagua en torno al

tema de las indemnizaciones y la libertad de losnativos detenidos por los sucesos del 5 de junio2009.

Es poco probable que se reanude nueva huelgaamazónica. Aunque es posible que se activen paros o huelgas localizadas. El impacto que pueden tener tales acciones serán:

• Paralización de actividades económicas en Bagua – Loreto – Satipo – Madre de Dios,

• Los proyectos de exploración minera y petrolera pueden detenerse, caso de las empresas:Pluspetrol – Camisea

• El corte de suministro de petróleo y gas puedeafectar seriamente las actividades productivas y de transporte de petróleo y gas en el selva norte y en la zona de Cusco - Ayacucho.

• Participación de Frentes de Defensa y RondasCampesinas con experiencia en enfrentamientosen bloqueos y movilizaciones, puede dar mayor radicalidad y violencia a las protestas decomunidades amazónicas.

• Dado la existencia de una plataformainternacional muy sensible a los temasambientales y de protección de derechosindígenas, es posible que una acción mal realizada puede generar el desgaste internacional del nuevo gobierno.

20 Los Decreto Legislativo cuestionados son: DL Nº 994 Promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola. DL Nº 1064 Régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. DL Nº 1079 Establece medidas que garanticen el patrimonio de las Áreas NaturalesProtegidas. DL Nº 1081 Crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. DL Nº 1089 Establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de

predios rurales. DL Nº 1090. Aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

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CASO 2: Conflictos con proyectos de inversión minera - petrolera y de centrales hidroeléctricas.TEMAS DE CONFLICTOS ZONAS CRITICAS PROBABLES IMPACTOS

• Los proyectos mineros disputanderechos de agua con comunidadesagricultores. Cuestionamiento a la

Autoridad Nacional del Agua,MINEM y MINAM por el otorgamiento de derechos serequieren de reservas de agua:conflicto con comunidades y

poblaciones rurales;• Empresas denunciadas por

incumplimiento de compromisos deinversión y empleo a pobladoreslocales.

• Conflictos por reubicación de

pobladores por las operacionesmineras y de centralesHidroeléctricas.

• Exigencia de la consulta previa y consentida para la aprobación de losEstudios de Impacto ambiental y los

permisos de exploración o deampliación.

• Proyectos mineros en riesgo : Southern –Toquepala (Moquegua) – Tía María

Arequipa) y Abancay (Cotabambas)Empresa Chinalco (Morococha); Majaz (Piura).

• Proyectos de exploración minera en Cuscoy Apurímac en riesgo por acuerdostomados autoridades y gremios de rechazoa proyectos mineros

• Proyectos hidroeléctricos cuestionados :Inambari – Paquitzanango, Chaglla

• Proyecto Majes Siguas II y el enfrentamiento entre las regiones de

Arequipa y Cusco por las aguas del río

Apurímac y la represa de Angostura.• Proyecto Minero Santa Ana – Yunguyo

Frente de Defensa de los RecursosNaturales de Puno, encabeza oposición aeste proyecto y de las concesiones minerasen toda la región.

• Los planes de inversión minera para el 2012 - 2014, y los 33 proyectoshidroeléctricos, pueden generar procesosde conflictos sociales en las regiones.

Actualmente no hay capacidad para lageneración de movimientos sociales decarácter nacional contra tales proyectos. Noobstante los conflictos de carácter local y regional pueden generar un clima deinestabilidad en los espacios regionales.

• Las zonas donde se están concentrando el mayor número de conflictos de este tipo esen el Sur. A ello se suma el eje Piura –Cajamarca, que tiene graves problemas no

resueltos entre las empresas mineras y lasrondas campesinas.• El empoderamiento de los líderes de los

Frentes de Defensa como interlocutores del conflicto corre el riesgo de debilitar lasautoridades legítimas, elegidas, y generar mayor inestabilidad a los gobiernosregionales y locales.

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CASO 3: Conflictos de gobernabilidad regional y local TEMAS DE CONFLICTOS ZONAS CRITICAS PROBABLES IMPACTOS

• La Asamblea de GobiernosRegionales del Perú, planteaincrementar competencias enmateria de concesiones y derecaudación fiscal. Es un temacontroversial que afecta políticasnacionales y la disciplina fiscal impuesto por el Estado.

• En las regiones existe inestabilidad política en regiones donde presidentes no tienen mayoría ensus consejos. Es probable que bajodemandas de transparencia o de

ejecución de proyectos, se escondanintereses grupales de disputa del poder local o regional

• La consolidación de líderes deFrentes de Defensa como liderazgosalternativos a las autoridadeslocales, pone en riesgo lagobernabilidad local y regional

puesto que construyen uncontrapeso político en el conflicto.Su legitimidad se construye en laconfrontación.

• Se han recrudecido conflictos por límites y la propiedad de recursosque puede ser un factor deinestabilidad macro regional

• Puno : conflicto abierto entre el ConsejoRegional y el Presidente Regional por el tema minero. Es probable que este tema dela renuncia del presidente se convierta enel catalizador de otros descontentoslocales.

• Cajamarca: la oposición a los proyectosmineros es encabezada por el gobiernoRegional. El punto crítico del conflicto es ladecisión del Gobierno Regional de emitir una Ordenanza de aprobación del Ordenamiento territorial que paraliza los procesosde concesiones mineras y proyectos de

exploración.• Huancavelica, conflicto interno entre

regiones que tiene en el tema de laconstrucción de universidades el motivo dela polarización interna.

• Cusco, el gobierno regional encabezaconfrontación contra proyectoshidroeléctrico (Chaglla – Inambari). Se hamovilizado contra el Proyecto MajesSiguas II.

• Las zonas de conflictos interregionales que pueden activarse en este periodo son: Ayacucho – Ica; Arequipa – Moquegia;Tacna – Moquegua; Puno – Moquegua;Piura – Lambayeque (por la disputa de lasaguas del río Huancabamba y los

• No obstante es probable que este tema seauna bandera de agitación y movilización de

los Frentes de Defensa y movimientossociales.

• Es probable también que los conflictosinternos de las regiones terminen por generar un clima de violencia que afectarálas actividades económicas: turismo y servicios públicos.

• La presión mediática y de los parlamentarios regionales pueden centrar su actuación en el MEF para presionar por transferencia de recursos.

• La reducción de los ingresos por canon,sobrecanon y regalías mineras puede ser un tema de movilización municipios contrael gobierno regional que generaría un climade ingobernabilidad regional.

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proyectos de Olmos y del Alto Piura.

CASO 4: Demandas laborales de trabajadores privados y servidores públicos, incluyendo a policías y fuerzas armadasTEMAS DE CONFLICTOS ZONAS CRITICAS PROBABLES IMPACTOS

• Las centrales y federacionessindicales critican la políticaeconómica, pero que en sus puntosconcretos está el pedido deincremento de sueldos, jubilación,sindicalización, entre otros.

• Los sindicatos que mayor conflictohan producido con altos índices dedelincuencia son los de construccióncivil. Esta peligrosa asociación debandas armadas con sindicatos, seha convertido en el principal factor

de violencia en el movimientosindical.• Las demandas de nivelación salarial,

nombramientos y el incremento de pagos previsionales generado una presión en los gobiernos regionalesy en los pliegos presupuestales deinstituciones públicas. Actualmentehay incumplimiento de pagos. Puedeque en los primeros meses de lanueva gestión se reactiven las

presiones de los servidores públicos,

activos y jubilados.

• FENDUP – Docentes universitarios con

más de cuatro meses en huelga• SUTEP, maestros de las regiones que se

oponen a las pruebas y oposición a CarreraPública Magisterial

• SUNAT – MINSA y trabajadores de otrossectores por nombramientos, derechoslaborales

• CGTP – Federación Minera – ConstrucciónCivil y Frentes de Defensa por incrementode remuneraciones, sindicalización y

jubilación

• Federaciones y sindicatos de los servidores públicos tienen anuncios de parosnacionales con la siguiente plataforma:Derogatoria de las normas que regulan el servicio civil 21, la conformación del ConsejoNacional de los Trabajadores de la

Administración Pública, nombramiento detrabajadores, incremento de sueldos,salarios y pensiones de jubilación

• El 2011 los gremios y federaciones de losservidores públicos han realizado huelgas y

paros de carácter nacional. Han

manifestado capacidad de articular acciones nacionales, aunque sectoriales.• No hay un cálculo económico de los costos

al Estado de las paralizaciones de losservidores públicos. Solo se mide el impacto a los servicios de turismo,transporte y daños a la propiedad

21 Los DL cuestionados son: DL 1023: Crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil; DL 1024: Crea y regula el cuerpo de gerentes públicos; DL 1025: Aprueba normasde capacitación y rendimiento para el Sector Público; DL 1026: Establece Régimen Especial Facultativo para los gobiernos regionales y locales que deseenimplementar procesos de de Modernización Institucional Integral; DL 1057: Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio (CAS)

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informe conflictos sociales - versión final 11 de julio

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