informe buendía 2008

Coordinación general:

Omar Raúl Martínez

Coordinación ejecutiva:Amor Lajud Rivero

Colaboraciones especiales:Emilio Álvarez IcazaPerla Gómez Gallardo

Revisión y análisis hemerográfico y documental:Karina Coronado CruzKarla E. Aguilar PadillaNubia C. Salas Lizana

Diseño gráfico y editorial:Citlali M. Cansino Díaz

Apoyo técnico y documental: Nelly Olivos Ángeles

Apoyo en el acopio de información:Karla MoraMonserrat Bello RochaMaribel Gil García

Fotografías:

Isaín MandujanoSaúl LopezEfraín ZabedVictoria valtierraNelly SalasCarlos SeoaneJuan Pablo ZamoraCuarto Oscuro

www.pnp.org.mx

1. Análisis del seguimiento contra la libertad de expresión en México

2. Libertad de expresión en la Ciudad de México

3. La judicialización de la libertad de expresión

4. Recuento de Actos contra libertades de expresión e información

5. Relación de hechos

6. Metodología para el análisis y seguimiento

7. Numeralia

8. Recuento preliminar de casos en 2009

9. Anexos

Índice

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PRESENTACIÓN

Este Informe Buendía describe las circunstan-cias y obstáculos que lamentablemente acom-pañaron al ejercicio del periodismo en México durante 2008 y los primeros seis meses de 2009. Para ello, a partir de fuentes hemerográficas, documentales, correos electrónicos e internet, así como de información proporcionada por los mismos afectados, se ofrece un minucioso seguimiento y análisis en torno al estado de las libertades de expresión e información.

Como parte de sus afanes primigenios, la Fun-dación Manuel Buendía A.C. (FMB), el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C. (CCPNP) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) refrendan su preocu-pación e interés en torno a la defensa y promo-ción del derecho a la información y la libertad de expresión, al sumar esfuerzos para documentar toda suerte de amenazas, presiones, atentados o actos inhibitorios contra el quehacer periodístico.

La FMB, por medio de su Unidad de Libertad de Ex-presión, desde 1990 ha llevado a cabo la tarea de registrar y analizar los ataques directos e indirec-tos contra periodistas y medios de comunicación en México, partiendo siempre de la información hemerográfica y documental que se alberga en su Unidad de Información.

El CCPNP, además de reconocer el trabajo ejem-plar de los periodistas mediante la realización del Premio Nacional de Periodismo, desarrolla acciones en torno a una cultura ciudadana sobre libertad de expresión y derecho a la información.

En junio de 2007, el Consejo de la CDHDF creó la Relatoría de Libertad de Expresión y Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, pues garantizar el respeto al trabajo cotidiano de periodistas y defensores sigue siendo un signifi-cativo reto por vencer y una aspiración aún no sa-tisfecha en la Ciudad de México toda vez que su quehacer se encuentra bajo amenaza.

Conjuntando tales voluntades, en el presente in-forme se hace patente el crecimiento de actos contra informadores y medios de comunicación. Aquí, además de registrar agresiones, amenazas y atentados para coartar la libertad de expresión, se plantean sugerentes reflexiones sobre las artima-ñas o prácticas para inhibir el ejercicio de la misma mediante la aplicación sesgada o discrecional de las leyes en la materia y, en el peor de los casos, vía el abuso en el ejercicio del derecho.

Tal panorama en torno a los ataques directos e in-directos contra el trabajo informativo se bosqueja mediante la presentación de cuadros, gráficas y relación de hechos, todo ello bajo el análisis con-textual que exige el tema.

El Informe Buendía 2008 no sólo documenta los considerables daños a las libertades de expresión e información, sino a la vez evidencia el clima de impunidad que tristemente sigue reinando en nuestro país. Consignar y analizar dichos agravios significa defender el derecho a la información y supone proteger nuestra incipiente democracia.

1. Análisis del seguimiento contra la libertad de expresión en México

A lo largo de 2008 se registraron 223 actos contra periodistas y medios informativos, cifra abruma-dora considerando que en el Informe Buendía 2007 se consig-naron 113 casos. Es decir: se duplicaron las agresiones y los actos inhibitorios contra el trabajo periodístico. No es gratuito, por ello, que se cata-logue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros.

En tal contexto una vertiente central es que no sólo se duplicó la cantidad de casos, sino que de manera alar-mante aumentó el número de asesinatos: si en 2007 se consignaron cinco homicidios, en 2008 se ultima-ron a 12 periodistas. En al menos siete casos existen indicios de que su muerte se debió a su quehacer pe-riodístico. Del total de homicidios, ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada y el narcotrá-fico han logrado una gran influencia y parecen tener el control. En 2009, el panorama tampoco es alentador, pues hasta junio se han registrado cinco homicidios, una tendencia similar a 2008: un asesinato por mes.

Otro punto no menos importante es el aumento de demandas contra periodistas y medios de comuni-cación. En 2008 se registraron 14 demandas contra el ejercicio informativo, cuando en el año anterior úni-camente fueron consignadas dos, lo cual evidencia el crecimiento de la judicialización periodística a fin de mantener un clima de acecho, presión e intimidación contra algunos informadores que suelen tocar fibras sensibles en torno al poder político y económico. Y es que ocho de esas demandas fueron interpuestas por funcionarios públicos y seis por empresas privadas.

Para ubicar lo delicado del escenario periodístico, conviene contrastar los datos de sexenios preceden-tes. Durante el primer bienio del gobierno de Ernesto Zedillo (1995-1996), por ejemplo, se registraron seis

asesinatos; en el de Vicente Fox (2001-2002) también hubo seis, y durante los dos primeros años de Felipe Calderón se contabilizaron 17: casi se triplicó el núme-ro de asesinatos, lo que refleja un panorama desalen-tador para la profesión periodística en los últimos tres sexenios, particularmente en el más reciente.

En cuanto al total de agresiones registradas, el análisis comparativo con los sexenios anteriores demuestra que en los dos primeros años de las administraciones zedillista y foxista, los casos totales contra el ejerci-cio periodístico fueron 240 y 227, respectivamente. De manera contrastante, en los primeros 24 meses del gobierno de Felipe Calderón sumaron 336 actos contra periodistas y medios de comunicación. Lo an-terior demuestra un aumento de cerca del 50% en las agresiones contra el quehacer informativo durante el primer bienio de gobierno.

Un tópico más fue el aumento desmedido de cierres, embargos y clausuras de diversas radios comunitarias e indígenas por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Comunicaciones y Trans-portes (SCT), las cuales bajo el argumento de que tales medios carecen de licencia para transmitir, agreden, decomisan y hasta pretenden encarcelar a los traba-jadores de dichas emisoras. Durante 2008 fueron ce-rradas 36 frecuencias radiofónicas con dispositivos de entre 40 y 100 elementos de la Policía Federal Preven-tiva (PFP) altamente armados, como si los trabajadores de las radiodifusoras fueran delincuentes y requirieran de esa fuerza excesiva para cerrar sus instalaciones. Las radiodifusoras fueron clausuradas, a pesar de que anteriormente algunas de ellas habían solicitado al Estado el permiso necesario para la utilización del es-pacio radioeléctrico, pero por razones de trámites pro-longados les ha sido negado.

En un acercamiento preliminar a los primeros seis me-ses de 2009, el panorama no ha sido nada promisorio, pues hasta el 30 de junio se habían sumado a la lista 147 agresiones directas (es decir, agresiones, acosos, allanamientos, intimidaciones, asesinatos, atentados y bloqueos informativos) e indirectas contra periodis-tas y medios de comunicación (tales como demandas,

Karina Coronado Cruz· / Nubia C. Salas Lizana·· / Karla E. Aguilar Padilla···

6 _ Informe Buendía 2008

· Coordinadora de la Unidad de Información y Análisis de la FMB·· Jefa de documentación e internet CCPNP ··· Jefa operativa del CCPNP

Informe Buendía 2008 _ 7

denuncias, arrestos, despidos, detenciones y citas a comparecer). En este aspecto, no hay que soslayar que de esa cifra se contabilizan cinco asesinatos.

Con tal escenario podemos destacar que México es el país del continente Americano más riesgoso para ejercer la profesión periodística, cuyas autoridades mantienen una postura aparentemente dispuesta pero poco efectiva, eficaz y ejecutiva para hacer frente al problema de actos contra la libertad de expresión.

Los asertos anteriores se desprenden del presente In-forme Buendía 2008 realizado por la Fundación Manu-el Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

De acuerdo con los criterios metodológicos de la Fun-dación Manuel Buendía, en 2008 se registraron 223 casos en todo el país. De tal universo, la mayor parte co-rrespondió a agresiones directas a periodistasI, con 73% (el porcentaje más alto que se recuerde en ese ru-bro en los últimos tres lustros), seguido por agresiones indirectas a periodistasII, 12.1%; agresiones directas contra mediosIII, 8%; y agresiones indirectas contra mediosIV, 6.7%. Lo anterior evidencia el aumento de la violencia contra informadores, pues en fechas pre-cedentes no se había alcanzado esa tendencia.

1.1 Perspectiva Global

Del total de incidentes, las embestidas con mayor re-currencia fueron las agresiones físicas con 31.8%; en este caso, los más afectados fueron los reporteros; más de la mitad de los ataques fueron realizados por las fuerzas del orden: paradójicamente quienes se en-cargan de la seguridad de los ciudadanos son quienes más agreden a los reporteros al momento de realizar sus labores.

A las agresiones físicas le siguieron las amenazas e intimidaciones con 21%, los allanamientos con 10%, las demandas con 6.2%, los atentados con 5.8%, los asesinatos y los actos de censura cada uno con 5.3%. Con menores cuantías figuran las detenciones (4.9%), la clausura (3.1%), el bloqueo informativo y el publici-tario (2.2% cada uno), y el robo (1.7%).

© Isaín Mandujano

Casi una cuarta parte de los actos registrados en 2008 fueron amenazas a periodistas, principalmente por parte de elementos de las fuerzas del orden y funcio-narios de gobierno. Este tipo de intimidación ha gene-rado mayor autocensura. Actualmente no pocos reporteros temen firmar sus notas, algunos medios han cancelado el tratamiento de ciertos temas, otros se limitan a transmitir los informes oficiales por temor a represalias, y se ha llegado al caso del autoexilio.

Si bien es grave y repudiable lo anterior, asombrosa-mente la censura no es el más peligroso enemigo de la libertad de expresión, sino la autocensura genera-da por la intimidación, la amenaza y los asesinatos, cuyo fin es silenciar el trabajo de los medios de co-municación. La autocensura no sólo daña a un medio informativo en particular o al periodista: fundamen-talmente afecta el derecho de todos los ciudadanos a estar informados.

El año 2008 fue un periodo sin duda violento no sólo por lo que muestran los datos aquí consignados, sino porque además hubo un desaparecido, Mauricio Es-trada Zamora, reportero de La Opinión de Apatzingán, y 12 asesinatos: Francisco Ortiz Monroy, corresponsal de El Diario de México; Bonifacio Cruz Santiago y Al-fonso Cruz Cruz, director y editor del periódico El Real, respectivamente; José Luis Villanueva, reportero de El Gráfico; Felícitas Martínez y Teresa Bautista Flores, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el

Silencio; Candelario Pérez Pérez, periodista de la re-vista Sucesos; Alejandro Zenón Fonseca Estrada, locu-tor de EXA FM; David García Monroy, columnista de El Diario; Miguel Ángel Villagómez, director de La Noticia de Michoacán; Armando Rodríguez Carreón, reporte-ro de El Diario; y Raúl Martínez López, reportero del periódico Noreste.

Los datos anteriores contrastan con el Informe 2008 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), que refiere 198 casos de febrero de 2006 a noviembre de 2008, menos de los registrados por organismos sociales como el presente estudio.V

Ahora bien, con todo y las numerosas agresiones contra medios y periodistas, existe una forma que sin ser tan directamente violenta puede causar el mismo efecto de inhibir la libertad de expresión. Tal es el caso de las demandas por daño moral. Durante 2008 se re-gistraron 14 demandas. De ellas seis fueron interpues-tas por empresas o particulares, mientras otras ocho las realizaron funcionarios públicos contra reporteros, comentaristas o empresas que escudriñan, rastrean, analizan o cuestionan vertientes sensibles del poder político y económico para dar más información a los ciudadanos.

Varios de esos periodistas pretenden denunciar actos de corrupción, de ilegalidad, de inepcias o de omisión,


y es evidente que con ello se dejan expuestos los inte-reses de las empresas, de la delincuencia organizada y de funcionarios de gobierno. En tal contexto, las de-mandas pretenden inhibir el ejercicio periodístico y el derecho a la información.

Paradójicamente quienes deben encargarse de la segu-ridad de los ciudadanos son los que más agreden a los profesionales de la información, pues el poder público continúa acumulando el mayor porcentaje como pre-suntos responsables de las agresiones contra periodis-tas y medios (60.1%) al englobar las fuerzas del orden (35.8%), funcionarios de gobierno (23.4%) e institu-ciones de gobierno (0.9%). A pesar de ello, no pode-mos olvidar que 14.4% de los responsables de atentar contra la tarea de informar lo constituyeron actores anónimos. Aunque se redujo tal cifra en comparación con 2007 (23%), en 2008 un nuevo ingrediente salió a la luz: son los particulares quienes ocuparon el tercer lu-gar con 11.7%, cuando en el año anterior fue de 6.2%.

Quienes rastrean la información continúan siendo los más afectados al momento de cubrir las fuentes. En esa lógica, los reporteros ocuparon 33.3% del total de los afectados y los fotorreporteros 10.8%, y le siguen de forma descendente los directores (11%), corres-ponsales (10%), columnistas (5.7%), locutores (4.7), entre otros.

A lo anterior hay que agregar que los informadores que cubren las fuentes policiaca (46.8%), política (38.7%) e información general (8.1%) fueron los más afectados. Lo anterior indica que el trabajo de los reporteros que cubren las fuentes policiaca y política pueden resultar incómodos para algunos actores políticos.

En lo que concierne a los motivos de los actos con-tra las libertades de expresión e información, en primer lugar figura “por ejercer la labor”, con 41.8%, y le siguen “por contenidos” (22.4%), “desconocidos” (13%), “posibles contenidos” (12.1%), “denuncias” (7.2%), “por no contar la licencia para operar” (3.1) y “posibles críticas” (0.1%).

De lo anterior se desprende que entre las principales causas por las que se agreden a los periodistas son: por cubrir las notas periodísticas y por lo que escri-ben en sus medios ya sean críticas, denuncias o dar a conocer hechos.

Durante 2008, los medios impresos fueron los más perjudicados en cuanto a su libertad de expresión. En ese sentido, la prensa acumuló 71.6% del total de los casos (223), y le siguieron la radio y la televisión con 13.9% y 7.6%, respectivamente.

Al analizar la procedencia de los actos contra perio-distas y medios informativos, advertimos que los estados que más incidencias concentraron en 2008 fueron: Distrito Federal (15.3%), Oaxaca (11.7%), Ve-racruz (9.9%), Chiapas (7.2%), Tamaulipas e Hidalgo (4%) cada uno, entre otras. Estos cinco últimos desta-can por las circunstancias adversas impuestas desde las esferas del gobierno, aunque no pueden olvidarse las amenazas y presiones de los cárteles del narcotrá-fico en el norte del país, que suelen presentarse en en-tidades como Baja California, Sinaloa y Chihuahua.


A lo largo de 2008, se registraron 223 casos contra las libertades de expresión e información: 85.1% fueron agresiones directas e indirectas contra periodistas, en tanto que 14.7% lo constituyeron agresiones directas e indirectas contra medios. Con ello se evidencia una ascendente escala de violencia contra informadores y representa el por-centaje más alto que se recuerde en los últimos tres lustros en México.

En 2008 sobresalió la violencia contra el quehacer informativo, lo cual se reflejó tanto en asesinatos como en amenazas, intimidaciones y agresiones físicas. Así, del universo de casos registrados (223), 31.8% fueron agresiones físicas, 21% lo constituyeron amenazas e intimidaciones y 5.3% asesinatos.

Lo más preocupante fue la cifra de homicidios. Si en el primer bienio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox se registraron seis muertes de periodistas, res-pectivamente, en 2008 fueron 12: el número más alto que se recuerde en los últimos 20 años.

Los reporteros sumaron 33.3% del total de los actos contra el quehacer periodístico y los fotor-reporteros 10.8%; le siguieron directores (11%), corresponsales (10%) columnistas (5.7%), locu-tores (4.7), entre otros.

Un tema que salió a la palestra de forma frontal fue el condicionamiento gubernamental en la asig-

1.2 Conclusiones


nación publicitaria hacia los medios que podían re-sultar “incómodos”. En tal situación se engloban las revistas Fórum, Síntesis, Contralínea, Fortuna y La Tijereta.

Otro tópico fue el aumento desmedido de cierres y clausuras de diversas radios comunitarias e in-dígenas por parte de dependencias públicas, que bajo el argumento de que carecen de licencia para transmitir han confiscado el material de trabajo de los operadores de las frecuencias radioeléctricas. Durante 2008, fueron cerradas con lujo de violen-cia 36 frecuencias radiofónicas. Por lo anterior es necesario que el Estado mexicano provea el marco normativo que permita el funcionamiento ade-cuado y eficaz de las radios comunitarias, que las autoridades regulen el funcionamiento de dichos medios mediante el otorgamiento de los permisos respectivos.

Un recuento preliminar de los ataques contra perio-distas y medios informativos a lo largo del primer semestre de 2009, arroja datos que mueven a la zozobra: hasta el 30 de junio se registran 147 actos. De ese total destacan cinco homicidios y seis de-mandas, 32 amenazas e intimidaciones, 10 aten-tados, 46 agresiones físicas, 14 detenciones, entre otros. En decir: de acuerdo con las tendencias, las cifras para el presente año podrán superar a las de 2008, en que se consignaron 223 agresiones direc-tas e indirectas. ∞

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NotasI. En esta categoría se agrupan aquellas tipificaciones que impactan de manera inmediata a los periodistas. La mayoría de ellas suelen ser ataques a su persona y también al ejercicio profesional que desempeñan. Por ejemplo: acoso u hostigamiento, agresión física, allana-miento, amenazas / intimidación, asesinato, desaparición, entre otras.

II. En este apartado se presentan aquellos ataques que de manera sutil -o que no son inme-diatamente identificados como agresiones- sufren los periodistas. En tales casos, el ataque no es inmediato e incluso se utilizan medidas sofisticadas tales como demandas o denuncias temerarias con la intención de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Entre este tipo de agresiones destacan: arbitrariedad en edición, auto de formal prisión, anuncio de deman-da, cita a comparecer, robo y despido.

III. Aquí se incluye tanto a la persona física (persona: empleado o empresario del medio) como a la persona moral (empresa o grupo de empresarios en sociedad). Por este motivo varios indicadores coinciden con los ya presentados en el caso de los periodistas: agresión física, allanamiento, amenazas / intimidación, anuncio de bloqueo informativo / publicitario, decomiso, etcétera.

IV. En este último bloque destaca lo que en los últimos años se viene presentando a través de procedimientos administrativos como la revisión de aspectos de seguridad social o de corte hacendario, lo cual puede terminar en el cierre temporal e incluso permanente del medio informativo. Tales casos son: anuncio de demanda, aseguramiento, auto de formal prisión, cierre temporal o clausura, cita a comparecer, confiscación, entre otros.

V. Además se ha desechado o regresado al fuero común la mayoría de los casos y de los cuales existen sólo siete consignaciones de los presuntos responsables. Ese mismo informe también ha dejado de lado la investigación de varios homicidios, pues afirma: “Con base a lo que reflejan las investigaciones públicas hasta el momento, de los asuntos registrados en el 2008, nueve homicidios hasta el momento no acreditan elementos de relación con el ejerci-cio periodístico, sino con otras circunstancias, son los siguientes: Felícitas Martínez, Teresa Bautista, Bonifacio Cruz, Alfonso Cruz, David García Monroy, Candelario Pérez Pérez, Claudia Rodríguez Lleras, Francisco Ortiz Monroy, Miguel A. Villagómez Valle. Un caso, el de Carlos Ulises Domínguez Mijangos es investigado bajo la competencia de otro país. Otro más, el de Luis Villanueva Berrones, se ha confirmado que se trató de un suicidio. Y los dos que se investigan con una posible relación al ejercicio perio-dístico son los de Alejandro Zenón F. y Armando Rodríguez Carreón”.

2. Libertad de expresión en la Ciudad de México


Emilio Álvarez Icaza Longoria·

En las sociedades contemporáneas, garantizar que todo ciudadano pueda acceder, difundir y crear infor-mación, manifiesta avances para el desarrollo de una ciudadanía activa y participativa; por ello, la democra-cia incluye como uno de sus estándares de calidad, el estado que guarda la libertad de expresión, el respeto fundamental de los principios que le dan origen.1

En nuestro país, la libertad de expresión no ha sido una concesión: ha sido resultado de una historia de luchas y movimientos sociales, que entre sus demandas han incluido la garantía para ejercer este derecho, así como la ampliación de las normas, donde el Estado reconoz-ca sus obligaciones y el ciudadano sus derechos.

El derecho a la libertad de expresión es a la vez un bien social y un bien individual. Una comunidad bien infor-mada, con fuentes diversas de opinión es más proclive a defender sus derechos humanos. En consonancia, una persona informada es capaz de participar de las decisiones públicas con mayor convicción y valores democráticos, de ahí que potenciar este derecho posi-bilita otros derechos humanos.

La constitución de la sociedad democrática se cons-truye a través del intercambio libre de opiniones, ideas y de información. De esa manera se erigen va-lores democráticos basados en la libre expresión que inciden en la construcción de una convivencia equita-tiva y respetuosa. 2

Bajo tal premisa, la libertad de expresión constituye parte del entramado de derechos fundamentales de los que ningún Estado Democrático de Derecho debe de prescindir.

2.1 Una mirada al Distrito Federal

El papel del Distrito Federal como un espacio agluti-nador de los medios de comunicación, en donde viven y conviven comunicadores de todas las posiciones

· Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

políticas e ideológicas lo hace un lugar privilegiado para observar la vigencia de la libertad de expresión y el compromiso del gobierno para proteger a los perio-distas y comunicadores.

Las características que hacen especial a esta entidad, como los niveles de bienestar, la amplia oferta aca-démica y cultural ha hecho de esta ciudad, un terreno fértil para la pluralidad de ideas políticas, culturales y sociales que históricamente han sido punta de lanza para el resto del país. Lo anterior no la exime de pre-sentar problemas complejos en lo que se refiere a la manifestación de ideas, opiniones y expresiones de identidades diversas.

En el caso de la libertad de expresión, cuando sucede una agresión y no existe actuación expedita del Esta-do, se violan otros derechos, por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a la protección judicial y a la participación política; así lo ha expresado la Relatoría de la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos, cuando comenta que las agresiones cometidas contra periodistas ligadas al ejercicio de su profesión o contra personas que ejer-cen el derecho a la libertad de expresión, tienen como propósito su silenciamiento.

En este sentido, además de constituir una violación a los derechos humanos, coartan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión individual y social al impedir que información de interés público circule libremente. 3

En 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Dis-trito Federal a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de derechos humanos, registró 22 casos de agresiones a periodistas y dos agresiones a medios de comuni-cación 4, donde prevalecen las amenazas y la censura como los mecanismos de agresión más recurrentes.

Es importante señalar que en 2008 ingresaron cua-tro quejas 5; en ellas, destaca que una de las quejas fue presentada por el titular de un medio de comuni-cación, quien consideraba que se perpetraba una vio-

lación por impedir la libre circulación, en este caso se obtuvo solución durante el trámite de la queja.

Dos quejas más se realizaron por oficio, lo que indica que el tema es de interés sustantivo para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

La última queja, relacionada con una presunta obsta-culización a la labor periodística produjo que la Secre-taria de Seguridad Pública iniciara un procedimiento en las instancias internas dedicadas a ello, mediante comentarios vertidos por la Comisión. 6

Por su parte, la Fundación Manuel Buendía y el Conse-jo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo nos reportan que, se perpetraron 34 casos de agresiones a periodistas en 2008 en el Distrito Federal. De ellos es importante señalar que 10 están relacionados con procesos judiciales, mismos que continúan siendo concurrentes con el resto de las agresiones, los demás casos reportados corresponden a diversos agravios a medios de comunicación y periodistas. 7

No obstante se han dado avances en la defensa del ejercicio periodístico. De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, el periodis-mo en esta entidad se ha visto favorecido por la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Distrito Federal. Dicha ley, promulgada el 7 de junio de 2006, protege el derecho y establece sanciones para las y los servi-dores públicos que contravengan las disposiciones de dicho ordenamiento al obligar indebidamente a las o los periodistas a revelar sus fuentes. 8

En este mandato, se amplía el ámbito de influencia al considerar a un sujeto activo, que incluye, no sólo al propio periodista, sino a personas que con motivo de su labor conocieran la identidad de la fuente.

Asimismo, se cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen. En esta norma se incor-poran “límites legítimos al derecho a la libertad de expresión, en lo que concierne a la censura previa, al adoptar la figura de responsabilidades ulteriores”. 9

En un escenario que se caracteriza por la proliferación de demandas por daño moral, esta ciudad no está exenta de presentar casos relacionados con esta mate-ria; aunque la normativa local ha superado el estándar al despenalizar los delitos de difamación y calumnia.

Al respecto podemos mencionar a nivel nacional, el reciente amparo otorgado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un periodis-ta guanajuatense a raíz de una demanda interpuesta por un servidor público por delitos de ataque a la vida privada. 10 Para lo cual se refirieron a la jurispruden-cia de la Corte Interamericana para salvaguardar este derecho.

En el Distrito Federal no hay un sistema de infor-mación oficial que permita conocer el cumplimiento de las obligaciones del gobierno respecto a la libertad de expresión; hecho que implica un reto en la revisión del estado que guarda este derecho.

La agenda pendiente en la materia para nuestra en-tidad, supone la confluencia de muchos esfuerzos, ya sea en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. Para ello se está promoviendo conjuntamente con el Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Huma-nos en México, organizaciones civiles, académicas y gremiales; el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que pretende no solamente sentar precedente en políticas públicas favorables para esta agenda, sino también rediseñar la arquitectura del Es-tado para tender instrumentos favorables a un mejor derecho en materia de Libertad de Expresión.

En este programa ha dimanado una agenda que per-mitirá que en nuestra ciudad se fomente la creación de espacios de información, participación y atención de manera integral a este derecho. Se han señalado agendas diversas en materia de mecanismos directos de participación ciudadana, generar dispositivos de protección a las y los trabajadores de los medios de comunicación y tender dispositivos efectivos de ga-rantía plena a las libertades de expresión.


En términos generales, todos los ámbitos --legislativo, ejecutivo y judicial-- tienen tareas en la construcción de una política pública de libertad de expresión con competencia local. Esto incluye presupuesto, evalua-ción y seguimiento de las acciones de implementación y ejecución de la política, así como, de las leyes en vi-gencia relacionadas con la materia.

En cuanto a las agresiones es necesario que se actúe para evitarlas y sancionar a quien las comete. En este aspecto, es pertinente que existan mecanismos de reparación del daño, seguros y demás mecanismos que procuren la seguridad física y patrimonial de los comunicadores.

La información y comunicación de las ideas fortalece de manera significativa las potencialidades de la ciu-dadanía frente a ambientes adversos basados en la violencia y la impunidad de los sistemas de justicia. Este país requiere de la ejecución eficaz de la ley en el combate a las agresiones a la libertad de expresión. Los actores estatales aún tienen el pendiente de ac-tuar con voluntad política y no sólo discursiva para ser congruentes con sus compromisos.

Notas

1. Como lo indica Robert Dahl, dos de los indicadores de la democracia son la in-clusión de fuentes alternativas de información, y libertad de expresión. Cfr. Dahl Robert, La Democracia una guía para los ciudadanos, Taurus, México, 1999.

2. Señalar qué democracia es buena o mejor, implica como mencionan los au-tores, saber que es la democracia. Como parámetro mínimo la democracia re-quiere: 1) el voto universal de los adultos, 2) elecciones libres, recurrentes com-petitivas y justas, 3) más de un partido, 4) fuentes alternativas de comunicación. La poliarquía: Participación y oposición, México, Red Editorial Iberoamericana, 1993.

3. Revisión de Informes de la Relatoría de la CIDH.

4. Los casos se derivan de la sistematización que lleva a cabo la Relatoría y que no necesariamente tienen entrada como queja en la CDHDF, en este sentido los criterios de registro de agravio son tomados de fuente directa de trabajadores y trabajadores de los medios de comunicación, por información vertida de orga-nizaciones de la sociedad civil, así como de publicación de casos en medios de comunicación.

5. CDHDF, Informe Anual 2008, p. 490-491

6. Ibídem.

7. Con información proporcionada por la Fundación Manuel Buendía y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo.

8. Cfr. Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, 2008, pp. 382-388.

9. Cfr. Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, p. 394.

10. La Primera Sala remarcó el efecto silenciador de la crítica que tiene la proyec-ción del derecho penal sobre las actividades expresivas, en particular la referida a funcionarios y personas públicas, y desarrolló estándares para orientar la ad-ecuada resolución de cuestiones jurídicas que comúnmente se plantean en los litigios que enfrentan el ejercicio de la libertad de imprenta con los derechos de la personalidad.

Subrayó, adicionalmente, que la Ley de Imprenta de Guanajuato es incompatible con los estándares básicos en materia de libertad de expresión que vinculan a México por el hecho de ser parte del sistema interamericano de derechos huma-nos, y en la resolución se hacen frecuentes referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Ex-presión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2008. http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/MediosPub/Noticias/2009/17-Junio-2009.htm

El compromiso de todo ciudadano es continuar ejer-ciendo su derecho a informarse y a acceder a la infor-mación en poder del gobierno en todos sus niveles, porque sin duda un derecho que se activa logra perdu-rar en las prácticas de las sociedades democráticas. ∞


© Victoria Valtierra de Cuartoscuro

3. La judicialización de la libertad de expresión

Los ataques indirectos que se manifiestan en demandas contra medios y/o periodistas tienen su origen en las legislaciones anacrónicas que se utilizan de manera oportunista ante la falta de prohibiciones en el abuso de derechos.

En México no es requisito tener razón para poder demandar a una persona (los juicios se llevan precisamente cuando se trata de resolver una controversia), pero ¿qué pasa cuando a sabiendas de esa falta de razón se pre-sentan demandas temerarias, frívolas e improcedentes, con el único fin de mantener sujeto a un procedimiento al periodista? Recordemos que este proceso conlleva costos de la defensa (abogados y gastos del juicio) y la presión anímica de la incertidumbre en el fallo. Se constituye como un abuso en el ejercicio de un derecho.

Dicen que lo malo de lo malo no es lo malo sino lo contagioso. En el caso mexicano lo anterior tiene plena vi-gencia y para muestra la siguiente tabla:

Perla Gómez Gallardo·

· Profesora Investigadora Titular del Departamento de Estudios Insti-tucionales UAM-Cuajimalpa y maestra por oposición de la asignatura Derecho a la Información de la Facultad de Derecho UNAM.

Con todo y lo alarmante de las cifras globales, centré-monos en las demandas. Si revisamos las diferencias entre los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, las cifras parecieran haber disminuido en el actual periodo de Calderón. El dato intangible pero que ter-mina siendo una agravante es que, durante el periodo foxista, fue la propia esposa del Presidente quien ins-tauró la moda de ser las figuras públicas (ejercen gasto público) las demandantes de medios y/o periodistas, cuyos productos informativos versan sobre irregulari-dades en su gestión pública.

Retomando las cifras señaladas, destaca el caso del sexenio actual, en donde el número es menor porque refiere sólo un bienio. Dados los retrasos en la trami-tación de los mismos en algunos años se refiere la ini-ciación de la demanda, pero no implica que la misma esté concluida. Así, aunque la cifra se desglosa por periodos, realmente es acumulativa mientras los ca-sos no encuentren resolución definitiva.

Haciendo énfasis en lo inadecuado de los procesos, en México los tipos de responsabilidad existente para sancionar el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pueden impactar en los derechos de per-sonalidad de los individuos (particularmente las del llamado patrimonio moral que, en el caso de la liber-tad de expresión, reside en la vida privada, el honor y la propia imagen), se dan por materia en tres aspectos: vía administrativa, vía penal y vía civil.

En materia administrativa tenemos la controvertida “Ley de los delitos de imprenta” (eufemísticamente referida solamente como “Ley de Imprenta”) cuyo nacimiento da cuenta de la necesidad de su supresión total y la necesidad de emisión de una ley de vanguar-dia que no se quede sólo en la imprenta frente a las nuevas formas de difusión de los mensajes en el mun-do contemporáneo.

Otra vertiente, peor, es la Ley Federal de Radio y Tele-visión que data de los años sesenta y que en sus dos últimos intentos de reforma, primero se ganó el es-tigma de llamarse “Ley Televisa” y luego sufrió una in-fame restricción al optarse por restringirle facultades

INCIDENTE

CASOS TOTALESASESINATOSDEMANDASAGRESIONES FÍSICAS

8662691

226

ERNESTO ZEDILLO(1994-2000)

VICENTE FOX(2001-2006)

6252652

149

FELIPE CALDERÓN(2007 - 2008)

336171699


que en la materia tenía el Instituto Federal Electoral para evitar los abusos en la difusión de mensajes elec-torales.

De estas últimas leyes destaca un aspecto fundamen-tal: las sanciones económicas se fijan en cifras y no en número de salarios mínimos que se van actualizando anualmente. Con ello resulta irrisoria la sanción frente al lucro que representa el incumplirla. En pocas pa-labras: sale más barato incumplir la ley que acatarla.

En materia penal es aún más grave: en la mayoría de códigos penales del país existe un capítulo de los deli-tos contra el honor (difamación, calumnia e injuria). Como dato curioso cabe recordar que la inserción de tal figura viene desde la época en que el honor se sal-vaba batiéndose a duelo en una mañana brumosa con los padrinos y el arma seleccionada. Fueron numero-sos los duelos que la Iglesia prohibió en días santos y domingos. Frente a esta afrenta a la instituciona-lización del Estado se optó por integrar la figura en la modalidad de querella (esto es: que sólo se inicia la denuncia a petición de parte interesada) para que fuera ante la autoridad y no en las calles en donde se dirimieran los conflictos.

Con ese antecedente no es de sorprender la redacción de la difamación en nuestro país en donde sobresale lo siguiente: “Difamar es decir algo cierto o falso que cause un daño”. Tal definición se diferencia de la ca-lumnia en donde lo que se castiga es la falsedad de la declaración o la injuria en donde las expresiones infa-mantes, innecesarias u ofensivas para transmitir una opinión si generan responsabilidad.

La sanción penal permite la privación de la libertad y es uno de los castigos considerados más severos a nivel internacional, por lo cual se hace necesaria la derogación de estos delitos en los códigos penales para integrar adecuadamente un tipo de responsabili-dad desde la materia civil.

Sin desconocer que en materia federal se derogaron los delitos en el Código Penal respectivo, ello no ha sido más que una llamada de atención política pues en

México existen también 32 códigos penales y 32 códi-gos civiles locales. En ambas materias se persigue al presunto responsable a través del domicilio. Por ende, mientras no se deroguen estos delitos en todos y cada uno de los códigos de los estados de nuestro país de nada servirá tener una legislación federal que los haya derogado.

Veamos finalmente, y no por ello menos importante, la materia civil. En México se puede tener la llamada responsabilidad moral o el daño moral. Es fácil iden-tificar la existencia de este daño cuando se vincula con la existencia de un daño material, pero ¿qué pasa cuando lo que se afecta es el patrimonio moral que se basa en elementos subjetivos de difícil comproba-ción? Compliquémoslo más: antes del resarcimiento (dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes del agravio), la responsabilidad consiste en in-demnizar económicamente al presunto agraviado, lo que implica que en México está permitido lucrar con nuestro honor.

Lo anterior no acaba sólo en la dificultad de los alcan-ces sustantivos de la ley, sino que se empeoran ante el perverso mecanismo jurisdiccional en donde la propia legislación fomenta que se pueda recurrir a las deplo-rables “chicanas” con las cuales se puede dilatar un juicio (más bajo el auspicio de la negligencia por no decir corrupción de la autoridad judicial) a perpetuidad.

Llama la atención este tipo de actitudes en donde el principal interesado en tener una resolución favorable debiera ser el propio actor que inicia el caso con su demanda. De allí lo sutil y sofisticado de este tipo de juicios en los que periodistas y medios se ven inmersos de manera kafkiana.

Otro elemento es la falta de precisión de los casos que se refieren a figuras públicas que se dicen dañadas por la difusión sobre cuestiones de interés público. Al no prever esos supuestos, la ley permite que se le persiga por el corrupto, el mentiroso o el negligente al medio y/o periodista que se atrevió a evidenciarlo en casos de relevancia nacional. Ello no implica que se desconozca el derecho que legítimamente les asiste a las personas


de defender el aspecto más valioso de su esencia que reside en la dignidad humana. Un Estado que no ga-rantice la dignidad de los seres que la integran no logrará institucionalizarse.

El panorama anacrónico e incluso retrógrada en una sociedad que pretende consolidar su democracia, se complementa con la ausencia de una regulación de protección a los periodistas. En México si se quie-re atacar a un periodista y/o un medio, la ley aporta una diversidad de insumos para lograrlo. En cambio cuando se les busca proteger, la ley no responde e in-cluso es inexistente. Frente a tal sentencia fulminante contra la libertad de expresión, deben reactivarse los pendientes legislativos en esta materia.

Todo lo anterior nos lleva a evidenciar la existencia de la llamada judicialización de la libertad de expresión ante las autoridades jurisdiccionales de quienes se es-pera pongan orden, fije criterio y esté a la altura de las necesidades contemporáneas de nuestro país en esta materia.

La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será determinante en 2009 para conocer el avance o el franco retroceso en cuanto a la armoni-zación de derechos y la efectiva garantía de la libertad de expresión que establece nuestra Carta Magna. ∞


© Isaín Mandujano

4. Recuento de actos contra las libertades de expresión e información

4.1 Agresiones directas a periodistas


4.2 Agresiones indirectas a periodistas


4.3 Agresiones directas contra medios


Instituciones referidasAFI CDICOFETELCONALITEGDIFIB INM ISSSTEPFPPGJDFPGJVPGRPRDPRISCTSEDUOPSME

Siglas y acrónimos de las fuentesAMARCCDHEH CENCOSCEPET CIMAC EXC FINJORMILREF RSFUNI

Agencia Federal de InvestigaciónComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndígenasComisión Federal de TelecomunicacionesConsejo Nacional de Libros de Texto GratuitosDesarrollo Integral para la FamiliaInstituto de BiotecnologíaInstituto Nacional de MigraciónInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Policía Federal PreventivaProcuraduría General de Justicia del Distrito FederalProcuraduría General de Justicia de VeracruzProcuraduría General de la RepúblicaPartido de la Revolución DemocráticaPartido Revolucionario InstitucionalSecretaría de Comunicaciones y TransportesSecretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Sindicato Mexicano de Electricistas

Asociación Mundial de Radios ComunitariasComisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo Centro Nacional de Comunicación de Comunicación SocialCentro de Periodismo y Ética PúblicaComunicación e Información de la MujerExcélsiorEl Financiero La JornadaMilenioReformaReporteros sin FronterasEl Universal

4.4 Agresiones indirectas contra medios

Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciónSecretaría de Seguridad Pública Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

SNTESSP TFJFAUABJO

* En el rubro de periodista(s) se considera a la(s) persona(s) cuya especialidad no fue especificada en la nota**Se contempla la fecha en que se dio a conocer, porque se desconoce el dato exacto


5. Relación de hechos Recuento de actos durante 2008

ENERO

3. Ciudad de México, Distrito Federal. La periodista Carmen Aristegui, titular del programa Hoy por Hoy, fue censurada y no fue renovado su contrato por los directivos de Televisa radio, quienes señalaron que había sido por razones de incompatibilidad editorial entre el modelo de noticias de la radiodifusora y la di-rección de la empresa. Sin embargo, la línea crítica del noticiario hace creer que fue por ello que se censuró ese programa. Entre los temas tratados destacan: el conflicto poselectoral de 2006; las grabaciones entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresa-rio Kamel Nacif; la muerte de la indígena Ernestina As-cencio; el conflicto magisterial en Oaxaca; los efectos por la aprobación de la llamada Ley Televisa; la pro-tección del cardenal Norberto Rivera hacia su colega Nicolás Aguilar por pederastia.

8. Río Bravo, Estado de México. Agentes federales despojaron a un reportero gráfico del periódico Refor-ma y a un camarógrafo de la televisora local de sus cá-maras mientras cubrían una balacera entre militares y presuntos narcotraficantes. Asimismo, el coman-dante a cargo agredió verbalmente al reportero y al camarógrafo.

9. Puebla, Puebla. Personal de la Secretaría de De-sarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) y guar-daespaldas de Óscar García, empresario inmobiliario, golpearon a Efraín Núñez Calderón y a Ulises Ruiz, reportero y fotógrafo del periódico Cambio, cuando realizaban un reportaje sobre irregularidades en la construcción del Hospital General zona norte.

9 y 16. Veracruz. Timoteo Morales, corresponsal de La Jornada, fue asaltado en dos ocasiones en me-nos de una semana. Entre los objetos que le fueron robados se encontraba su computadora portátil y una memoria USB que contenía sus investigaciones desa-rrolladas entre 2004 y 2007; por lo cual se cree que la

agresión se debió al contenido de sus trabajos, entre los que destaca el caso de Ernestina Ascencio.

11. Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras intentaba grabar una escena de un homicidio, Luis Arceo, cama-rógrafo de Televisión Azteca, fue golpeado y detenido por Héctor Pablo Armendáriz, agente de la Policía Mu-nicipal.

11. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Herman Be-llinghausen, reportero de La Jornada, fue acosado por sujetos desconocidos con cámaras fotográficas que vigilaban su casa y en diversas ocasiones lo siguieron. Se considera que el acoso se debido al contenido de sus notas sobre el gobierno local.

12. Cozumel, Quintana Roo. Después de grabar las actividades de Gustavo Ortega Joaquín, alcalde de la entidad, Julio May Náhuatl, camarógrafo del Canal 10, fue interceptado por una pick-up, en la que viajaban el oficial apodado El Jarocho; Orlando Saucedo, direc-tor de Seguridad Pública; y Daniel Martínez, titular de Política Criminal. El Jarocho y Daniel Martínez le de-comisaron la cámara y la cinta propiedad de Canal 10.

13. Guadalupe Ixcotla, Tlaxcala. La reportera de e-Consulta, Leticia Alamilla, fue interceptada por unos sujetos a bordo de su automóvil. Asimismo, uno de los desconocidos golpeó el auto con un bate de béisbol, mientras que el otro sacó a la reportera del auto y la amenazó con golpearla y matarla, además le advirtió que sabía las actividades de su familia, así que “le bajara”. Alamilla había presentado en octubre una queja por agresión física en contra de elementos y el titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social.

14. Tlaxcala. El diputado perredista Faustino Blas Domínguez y el diputado panista Pedro Tecuapacho agredieron y ame-nazaron a Juan Luis Cruz Pérez, reportero de La Jornada, después de dar a conocer que diputados locales se repartie-ron ilícitamente recursos del erario público.

Nubia C. Salas Lizana· / Karla E. Aguilar Padilla·· / Karina Coronado Cruz···

· Jefa de documentación e internet CCPNP·· Jefa operativa del CCPNP··· Coordinadora de la Unidad de Información de la FMB


14. Mérida, Yucatán. La columna Iglesia y Sociedad, de Raúl Lugo, no fue publicada en el Diario de Yucatán. El artículo trataba temas sobre homosexualidad y, a pesar de que desde hace 15 años Lugo escribe en la página editorial del rotativo, no recibió ninguna expli-cación del porqué de la censura.

16. Oaxaca, Oaxaca. Luis Ignacio Velásquez y Mario Jiménez Leyva, reportero y fotógrafo del periódico Noticias voz e imagen, fueron amenazados de muerte supuestamente por un dirigente estudiantil apodado El Dragón, un día después de cubrir un enfrentamiento entre estudiantes en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

16. La Paz, Baja California. El gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, insultó al reportero del Diario Peninsular, Eliseo Zuloaga, cuando intentaba preguntarle sobre un video pornográfico en el que supuestamente está el candidato a la alcaldía de Los Cabos, René Núñez Cosío.

21. Veracruz. La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) citó a comparecer al correspon-sal de la revista Proceso, Rodrigo Vera, por el caso de Ernestina Ascencio, anciana de Zongolica supuesta-mente violada por integrantes del ejército. Durante la comparecencia le preguntaron sobre los nombres de quienes estuvieron durante la autopsia, aunque el re-portero no estuvo presente en ese momento.

21. San Francisco, Campeche. Héctor Huchim, repor-tero del periódico Tribuna, fue detenido por agentes de la policía ministerial en el momento en el que cubría un operativo en el que fueron detenidos supuestos inte-grantes de Los Zetas.

22. Unión Juárez, Chiapas. El periodista Daniel Ló-pez, de El Orbe y Chiapas Hoy, fue golpeado por mili-tantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al parecer porque había denunciado actos delictivos cometidos por los agresores: Milton Ramírez, hijo del ex alcalde municipal y Guadalupe García, ex candida-ta a la presidencia municipal.

© Saúl Lopez de Cuartoscuro


23. Pánuco, Veracruz. El vehículo del director de Voces de Veracruz, Octavio Soto Torres, fue baleado cuando el periodista viajaba con su hijo por la carretera. El di-rectivo dijo que el atentado podría estar vinculado a las críticas que hizo a cañeros y en contra de funciona-rios municipales.

23. Puebla. Los diarios Síntesis han sido perseguidos y victimas de bloqueo publicitario a raíz de una inves-tigación que demostraba la presunta corrupción del ex director del Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco. El ex funcionario ha llevado a cabo una campaña de desprestigio contra los diarios que son editados en Puebla, Hidalgo y Tlax-cala, así como del presidente de la empresa, Armando Prida Huerta.

24. Oaxaca. La esposa del director del semanario Con-trapoder, Gildardo Mota, fue secuestrada por cuatro su-puestos policías ministeriales, quienes le preguntaron sobre quién subsidiaba el semanario y quiénes eran los socios. Después de intimidarla fue liberada. Se cree que la agresión se debió a las críticas que ha hecho el medio contra diversos funcionarios del gobierno, entre ellos el gobernador Ulises Ruiz y el ex diputado priísta Bulmaro Rito.

27. Benito Juárez Cancún, Quintana Roo. Susana Mariscal, fotógrafa del Diario la I; Ruth Sansores, re-portera del Quintanarroense; y Emilio Carras, corres-ponsal de la radiodifusora La Raza, fueron golpeados por personal de la campaña del candidato de Partido del Trabajo-Convergencia-Partido de la Revolución Democrática, Gregorio Sánchez Martínez, cuando re-porteaban las actividades del candidato. En el lugar hubo una riña y los simpatizantes de Sánchez Martínez golpearon a los reporteros y les quitaron sus cámaras.

27. Tabasco. Desconocidos allanaron la casa de Cecilia Vargas, reportera del periódico La Verdad del Sureste, revisaron sus instrumentos de trabajo como libreta, cámara, celulares, casetes y grabadora; sin embargo, nada le fue robado. La reportera consideró que fue un acto de intimidación debido a que en días anteriores escribió sobre conflictos al interior de un sindicato.

29. Huejutla, Hidalgo. Mientras cubrían una mani-festación, los reporteros Javier Mújica Velasco, de Zu Noticia; Jaime Lechuga, de Canal 12, y Rubén Juárez, corresponsal de Milenio, fueron golpeados por varios sujetos, quienes además les quitaron sus cámaras fo-tográficas. Mújica Velasco fue secuestrado durante cinco horas. Al parecer los responsables fueron in-tegrantes de la comunidad en represalia porque la policía liberó gas lacrimógeno.

30. Ciudad Juárez, Chihuahua. Carlos Huerta, repor-tero del periódico El Norte de Ciudad Juárez, recibió amenazas de muerte por teléfono por parte de un supuesto integrante de La Federación, un cartel de la droga, debido a que escribía notas sobre narcotráfico. Posteriormente salió del país por las amenazas y el di-rector del diario decidió disminuir al mínimo las noti-cias publicadas sobre delincuencia organizada.

30. Guanajuato. Guillermo Santana e Ignacio Mar-tínez, reportero y fotógrafo del periódico Noticias Vespertinas, fueron golpeados por elementos de se-guridad de una colonia residencial en el momento que pretendían reportear un accidente en el que hubo un muerto y tres heridos.

FEBRERO

4. Mérida, Yucatán. Posiblemente narcotraficantes dejaron la cabeza de una persona y un mensaje en la entrada de las instalaciones de Televisión Azteca. Por ser el “sello” de las amenazas de narcotraficantes se cree que fue una acción para intimidar a la televisora.

5. Ciudad Camargo, Tamaulipas. Fue asesinado el corresponsal de El Diario de México, Francisco Ortiz Monroy, por sujetos desconocidos. Al respecto existen dos versiones: en una se señala que varios individuos armados bajaron de un vehículo y abrieron fuego con-tra el periodista, quien se refugió en una casa particular donde lo alcanzaron y acribillaron. Otra versión afirma que Monroy se encontraba cubriendo un tiroteo entre militares y personas armadas.


6. Morelia, Michoacán. Roussel Pérez, reportero de la Agencia de Noticias Reporte Digital, fue golpeado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando ejercía su labor periodística cubriendo cateos presuntamente ilegales.

7. Tlamanalco, Estado de México. José Avelar de León, director del semanario Amaqueme, fue golpeado por el ex director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, Luis Sánchez Reyes.

7. Chimalhuacán, Estado de México. Bonifacio Cruz y Alfonso Cruz, director y editor del periódico El Real, fueron acribillados por desconocidos en la entrada de las oficinas del síndico procurador local. Los periodis-tas pretendían entrevistarse con el síndico Raymundo Olivares.

8. Hidalgo. El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, y sus guardaespaldas irrumpieron violentamente en el dia-rio El Reloj. El diputado amenazó al personal con una demanda si no le permitían su derecho de réplica. La carta aclaratoria ya había sido recibida en el diario y le dijeron que sería publicada; sin embargo, el diputado quiso hablar con el director, Edmundo Pineda, pero al no encontrarse ofrecieron una cita posterior.

12. Apatzingán, Michoacán. Desapareció el reportero Mauricio Estrada, del periódico La Opinión de Apat-zingán. El periodista salió del diario para ir a su casa pero nunca llegó. Su automóvil fue encontrado en un municipio vecino con las luces encendidas y las puer-tas abiertas. Se cree que su desaparición tiene que ver con una publicación sobre un policía de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

14. Morelia, Michoacán. La casa del corresponsal de La Crónica de Hoy, Ignacio Roque Madrid, fue cateada por elementos del Ejército Mexicano por presuntas denuncias de que ahí había alguien secuestrado. El periodista y sus pertenencias fueron fotografiadas, además los uniformados revisaron la habitación donde el corresponsal realiza sus trabajos periodísticos.

14. Oaxaca. Los fotógrafos Hugo Velasco y Jorge Luis Plata, de los periódicos Noticias y El Imparcial, res-pectivamente, fueron golpeados por manifestantes supuestamente de la Sección 22 del Sindicato Nacio-nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes también intentaron quitarles sus cámaras durante un bloqueo que realizaban los maestros.

18. Delicias, Michoacán. La reportera Dulce Ramos y el camarógrafo Marco Antonio Mendoza, del periódi-co El Diario, iban en una camioneta reporteando un operativo cuando fueron encañonados por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y con groserías les exigieron que dejaran de grabar. Además los bajaron del automóvil y les quitaron el casete.

24. Veracruz. Fue detenido y golpeado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el repor-tero gráfico de Notiver, Gabriel Huge Córdova, cuando cubría junto con otros reporteros un accidente vehicu-lar, en el cual supuestamente murió un elemento de la AFI. Huge Córdova permaneció desaparecido por cin-co horas, tiempo en el cual el reportero afirma que fue torturado, amenazado y acusado de ultrajes a la auto-ridad. Los otros reporteros golpeados fueron: Miguel Ángel López, de Notiver; Franco Cardel, de Grupo FM y AZ, y camarógrafos de Televisión Azteca.

26. Chihuahua. El reportero gráfico de El Diario, Da-vid Alvídrez López, fue encañonado y agredido ver-balmente por policías ministeriales cuando cubría el asesinato del comandante Ricardo Chacón.

27. Ciudad Victoria, Tamaulipas. José Luis Villanueva, reportero de El Gráfico, fue encontrado en su casa con signos de asfixia. Se desconocen las causas del asesi-nato del reportero.

28. Monterrey, Nuevo León. La columnista San Juana Martínez fue despedida de Milenio Diario de Monterrey bajo el argumento de rediseño editorial, y además su columna A Bocajarro fue retirada del medio. Se cree que el despido de la informadora se debe a las denun-cias que hacía en contra de sacerdotes pederastas de


la localidad, así como la denuncia de “aviadores” en la Facultad de Comunicación de la Universidad Au-tónoma de Nuevo León (UANL) y el caso de Ernestina Ascencio.

MARZO

4. Cuautla, Morelos. Los reporteros Job Olivares Es-trada y Vicente Gopar, del periódico de La Unión de Morelos, fueron golpeados por policías preventivos durante una manifestación de la Dirección de Con-trol Vehicular. El policía Sigfredo Castañeda empujó, golpeó en la cara y tomó por el cuello al reportero Job Olivares.

7. Chihuahua. El locutor de Antena 760, Juan Enrique López Aguirre, fue golpeado en la cabeza y en la es-palda por dos desconocidos cuando llegaba a su casa. El periodista sospecha que el ataque está vinculado a su labor periodística.

9. Chihuahua. El reportero gráfico de El Heraldo de Chihuahua, Jesús Sotelo Loya, fue tirado al piso por policías municipales, uno le puso la rodilla en la es-palda para que no se moviera y otro le colocó un arma cerca de la cabeza. Quedó en el piso y esposado por dos horas hasta que fue identificado por sus colegas. El fotógrafo cubría un enfrentamiento entre policías federales, soldados y supuestos narcotraficantes.

10. Ecatepec, Estado de México. Agustín Martínez, fotorreportero de El Gráfico, fue agredido por al me-nos 10 manifestantes de El Barzón Popular cuando tomaba fotografías, quienes le dieron puñetazos, pa-tadas, dañaron su cámara y le quitaron el flash.

10. Sonora. Tadeo Leyva López, reportero de Ra-diobemba FM, relataba en vivo un operativo de desa-lojo de manifestantes cuando miembros de la policía municipal lo sujetaron fuertemente.

10. San Pedro Pochutla, Oaxaca. Archivaldo García, corresponsal de El Imparcial, iba a participar en el pro-grama Voces de Oaxaca junto con otros comunicado-

res, pero minutos antes de que iniciara, un allegado del coordinador de Comunicación Social, Héctor Pab-lo Ramírez Leyva, le solicitó, a petición del presidente municipal, José Manuel Ricardez López, que se retira-ra porque ya no participaría en el programa. Archival-do García y Mario Alberto García (periódico Noticias voz e imagen) en días anteriores habían denunciado públicamente al edil por represión, acoso policiaco e intento de agresión.

13. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tres elementos de In-stituto Nacional de Migración (INM), enviados por el delegado local Uriel Juárez, en tono amenazante exigieron a los reporteros Jesús Araujo González e Isaí Flores de la Agencia Mexicana Notimex, y Gaspar Romero, corresponsal de Excélsior, abandonar el lugar o serían detenidos por la policía. Los reporteros se en-contraban en el INM cubriendo la deportación de 27 indocumentados centroamericanos.

14. Sonora. La reportera de Radiobemba, Marisol Valenzuela Lara, intentaba entrevistar a Giovanni To-rres, activista golpeado durante un operativo de de-salojo, cuando tres policías municipales la golpearon y le quitaron el teléfono celular con el cual trasmitía la nota.

14. Sonora. El reportero de Radiobemba, Arturo Ro-sas cuando realizaba la cobertura de una manifes-tación y trasmitía a la radio, su trabajo fue impedido por policías municipales.

15. Morelos. Durante una asamblea de la Coalisión de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Andoni Mújica, fotógrafo de La Jornada de Morelos, fue amenazado por Jesús Escamilla, dirigente de la asociación, cuando lo fotografiaba repartiendo


© Carlos Seoane de Cuartoscuro

dinero. Jesús Esamilla le gritó al fotógrafo que si él también quería dinero, después se le acercó y le dijo: “pinche güerito, aunque estés chavo yo si te balaceo y te mato”.

18. Orizaba, Veracruz. La directora del periódico El Mundo de Orizaba, Auricela Castro, recibió llamadas telefónicas en las cuales la amenazaban de muerte. Los telefonemas los hicieron supuestamente José Sánchez y Gumersindo Herna, quienes por separado amenazaron a la directora para que no publicara una nota relacionada con el inspector de policía de Oriza-ba, Pedro Ángel Márquez.

20. Jalapa, Veracruz. Desconocidos desinflaron a na-vajazos las llantas del automóvil del director del dia-rio Tribuna, Martín Serrano. El vehículo se encontraba afuera del diario. El periodista ya había sido objeto de otras amenazas y agresiones, que él atribuye al gobier-no de la entidad por las críticas que hace en el diario.

21. Manzanillo, Colima. Sujetos desconocidos dis-pararon en contra de la casa y el automóvil de Javier Montes Camarena, columnista del periódico Diario de Colima. El atentado al parecer estaría relacionado con los artículos recientes de Montes, los cuales han criti-cado al gobernador de Colima, Silverio Cavazos, y a otros funcionarios públicos.

27. Puebla. Las páginas web de los periódicos e-Con-sulta, Quinta Columna y Status fueron bloqueadas en las computadoras oficiales de Puebla. A lo anterior se suma un boicot publicitario en contra de los mismos medios. Las referencias a los tres periódicos fueron eliminadas del resumen del área de prensa del área de comunicación social del estado. Los directivos de

e-Consulta aseguran que la censura a sus medios son una represalia por la cobertura crítica que han hecho al gobierno de Mario Marín.

28. Misantla Veracruz. El reportero Valentín Campos fue amenazado por el director de Limpia Pública, Al-fredo Belli, debido a una nota escrita por el reporteo. Alfredo Belli le gritó ante varios testigos al reportero: “te lo advierto, no quiero que vuelvas a hacer un co-mentario sobre mi porque vas a tener problemas”.

30. Puebla. La policía de Puebla quitó los anuncios de la presentación del libro Memorias de una infamia, de Lydia Cacho. En la publicación la periodista de-nuncia a pederastas y también trata sobre su deten-ción y las amenazas que ha recibido por sus trabajos periodísticos. Asimismo, al menos seis estaciones de radio cancelaron de último momento las entrevistas con Lydia Cacho.

ABRIL

3. Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando filmaba un ca-teo a una casa, el camarógrafo de Canal 44, Agustín Meza, fue encañonado por militares para evitar que siguiera grabando. Otros reporteros y camarógrafos han sufrido el mismo tipo de amenazas en los opera-tivos militares.

7. Ciudad de México, Distrito Federal. Policías fe-derales y capitalinos impidieron el acceso al Senado de la República a una reportera de Canal 40 y a Mario Hernández, reportero de El Sol de México. Asimismo, los policías golpearon a la reportera y lanzaron obje-tos al reportero. Tras varios intentos los reporteros pudieron entrar al recinto.

7. San Juan Copala, Oaxaca. Las locutoras y repor-teras de la estación La voz que rompe el silencio, Felíci-tas Martínez y Teresa Bautista, Premio Nacional de Pe-riodismo 2007, fueron acribilladas cuando se dirigían al Encuentro estatal por la defensa de los derechos de los pueblos. Las reporteras ya habían sido amenazadas por las denuncias hechas a través de la estación. Entre las


© Victoria Valtierra de Cuartoscuro

críticas que efectuaron destacan las denuncias hechas contra los abusos cometidos por los caciques, princi-palmente agresiones y violaciones contra las mujeres de San Juan Copala. Se sospecha que los autores in-telectuales fueron los líderes del Partido Unidad Popu-lar (PUP), Heriberto Pazos, Rufino Merino y Marcelino Bautista. Mientras que los materiales serían Manuel Domínguez, Carmelo Domínguez y Paulo Guzmán.

14. Zacatecas. Martín Carcaño, columnista de Noticias en tiempo real y del suplemento La Semana de El Sol, fue amenazado por un desconocido que le dejó el si-guiente mensaje telefónico: “cuide su lengua, porque la tiene muy floja. Si no, nos vamos a ir en contra de su familia.” El periodista consideró que la amenaza puede estar ligada a un artículo crítico publicado en La Sema-na sobre la gestión de la gobernadora Amalia García.

14. Ciudad de México, Distrito Federal. Silvia Otero, reportera de El Universal, fue amenazada de muerte por el abogado Omar Cerecedo, supuesto defensor del narcotraficante Daniel Pérez Rojas, jefe de es-coltas del Cártel del Golfo. Silvia Otero había escrito que Daniel Pérez, había sido detenido el 13 de abril. El abogado le llamó por teléfono y le dijo que era falso que su cliente estuviera detenido, le pidió a la reporte-ra cuidarse y encomendarse a Dios.

16. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Supuestos agen-tes ministeriales irrumpieron en las instalaciones del periódico El Cinco, secuestraron y golpearon al pren-sista. Luego del secuestro del prensista, los pocos periódicos que salieron a la venta fueron comprados a un precio superior para evitar que la edición llegara al público. El periódico atribuyó los ataques a las notas críticas en contra del gobierno estatal.

18. Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Desconocidos acribillaron el domicilio del director de Radio Mixte-ca, Melchor López Rendón. Un día antes, al salir de la emisora el director fue seguido por un automóvil, pero llamó a la policía. El director sospecha que los autores fueron elementos del Movimiento Unificador de Lu-cha Trique (MULT), porque lo habían amenazado por difundir información sobre las reporteras asesinadas

de la radiodifurosa La voz que rompe el silencio.21. Hermosillo, Sonora. Los reporteros Mario Alberto Mendoza Salazar y Francisco Trasviña, del periódico La Verdad, fueron golpeados por tres hombres armados con bates. La policía detuvo a los agresores que dije-ron llamarse Francisco Duarte, José Verdugo Celaya y Juan Estrada Salinas. Los acusados al parecer recibie-ron cinco mil dólares de un traficante de indocumen-tados para que atacaran a los reporteros.

27. Sonora. Personas que dijeron pertenecer al go-bierno del estado compraron alrededor de tres mil 530 ejemplares de la revista Proceso. La revista contenía varias notas sobre el gobernador Eduardo Bours: re-portajes sobre su fortuna, relación de su gobierno con el narcotráfico, lavado de dinero y la utilización del poder político en beneficio de sus familiares.

27. Aguascalientes. En el marco de la Feria de San Marcos en un teatro público, agentes de la empresa de seguridad privada Omega exigieron al reportero gráfico de Proceso, Juan Manuel Robledo, que dejara de fotografiar al gobernador Luis Armando Reynoso Femat. El reportero se identificó y uno de los guardias amenazó con despojarlo de su cámara y expulsarlo del recinto ya que dijo que era un evento privado.

27. Las Choapas, Veracruz. Cuatro sujetos irrumpie-ron en las instalaciones del taller del periódico Pre-sencia del Sureste, uno de los sujetos fue reconocido como Esteban Lendechi. Los sujetos amenazaron al prensista por una nota en que se mencionaba a Len-dechi, también se llevaron tres mil pliegos de papel periódico y una grabadora. Antes de retirarse lanzaron “amenazas” que si publicaban algo sobre lo sucedido iban a “hacer un desmadre”. Horas después descono-cidos irrumpieron en el diario y amenazaron al direc-tor del diario, Roberto Morales Ayala, por una serie de notas sobre la inseguridad en la localidad.

28. Juchitán, Oaxaca. Cuando los reporteros Noemí Gómez y Vicente Gómez, de Radio Huave, acudieron a entrevistar a pobladores detenidos y a la policía después de un conflicto, el presidente municipal priís-ta, Heliodoro Álvarez, dio instrucciones de que fueran


detenidos. Sin embargo, la orden del presidente mu-nicipal sólo quedó en amenaza.

30. Ciudad Obregón, Sonora. Laura Elena Ochoa Ávi-la, conductora de noticias de la Ke Buena, fue secues-trada por desconocidos durante 24 horas y después la dejaron en libertad.

30. Baja California Sur. En abril, el reportero de la revista Proceso, Rodrigo Vera entrevistó a Tulio Ortiz, director de la revista Tijereta, para un reportaje de portada titulado “Baja California, la invasión Yanqui” (1642). Durante la entrevista, Tulio Ortiz señaló que el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agún-dez Montaño, junto con otros políticos y empresarios, compraron derechos ejidales en La Purísima a un bajo precio. A raíz de esta declaración, el director de Co-municación Social del gobierno del estado, Antonio Alcántar López, mandó decir a la revista de manera informal con un empleado de gobierno que no se le daría más publicidad oficial, y que el adeudo que en ese momento tenían con la revista (33 mil pesos) no sería pagado.

MAYO

5. Ascensión, Chihuahua. Más de 50 elementos mili-tares encapuchados allanaron el domicilio de Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario de Ciudad Juárez. Gutiérrez Soto declaró haber sido acosado anteriormente por los militares, debido a notas pu-blicadas acerca de irregularidades cometidas por los uniformados.

6. Culiacán, Sinaloa. Geovanny Elizalde, Toribio Bueno y Leobardo Espinoza, reporteros y fotógrafo, respectivamente, del diario El Debate de Culiacán, fueron agredidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Cuando los periodistas reportaban y tomaban fotografías del operativo realizado por los federales, los uniformados cortaron el cordón de la

cámara de Espinoza y empezaron a cortar cartuchos para amenazar a los reporteros. Toribio Bueno fue sometido de manera verbal y física a bordo de una pa-trulla.

7. Cuerámaro, Guanajuato. El director del periódico El Tiempo, Jesús Barajas Lemus, junto con dos perso-nas que fungían como fuentes de información, fueron detenidos cuando investigaban el tráfico de droga en la región. Fueron retenidos durante 48 horas y someti-dos a interrogatorios, posteriormente se les trasladó al reclusorio de Puentecilla, donde la Procuraduría Gen-eral de Justicia (PGJ) retomó el caso. A Barajas Lemus le acusaron de haberse dedicado al narcotráfico por cuenta del grupo La familia, que pertenecen al cartel del Golfo. El periodista en una carta dirigida a los me-dios, manifestó su inocencia y denunció que durante los dos días de su arraigo fue agredido físicamente y amenazado de muerte.

10. Saltillo, Coahuila. La coordinación de Comuni-cación Social del gobierno del estado negó el acceso a reporteros del periódico Palabra, en un evento con motivo del festejo del día de las madres, en el cual par-ticipaba el gobernador Humberto Moreira. La excusa que les dieron a los reporteros para no dejarlos entrar fue que se trataba de un evento privado; pero en el re-cinto se encontraban corresponsales de otros medios, un fotógrafo de otro diario aseguró que a los demás comunicadores se les dejaría hasta que se retiraran los de Palabra. En el mes de marzo, David Aguillón, direc-tor de Comunicación Social del Gobierno del Estado, dirigió una carta a Palabra, manifestando desacuerdo en el manejo editorial de notas informativas. Acusó al medio d armar notas con “sustento económico” como inicio de una estrategia para alterar la opinión pública en contra del gobierno de Coahuila.

12. Mérida, Yucatán. El columnista Raúl Lugo Rodríguez renunció a su columna Iglesia y sociedad, publicada desde hace 15 años en el Diario de Yucatán. El retiro se debió a que por segunda vez su trabajo fue censurado. Esta columna semanal abordaba el tema de la homosexualidad. Lugo supone que la no publi-cación de estos trabajos se debió a críticas expuestas


acerca de las terapias “reparadoras” que aseguran con-vertir a las personas homosexuales en heterosexuales.

13. Hidalgo. El reportero del semanario Liberal News, Ignacio Gutiérrez, fue abordado por funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo (CDI) delegación Hidalgo de los Pueblos Indígenas, después de que el reportero informara al director de dicha comisión que habían varias obras inconclusas en Santa María, Tlanchinol. Las obras que habían sido acordadas con el gobierno del estado desde el 2006. Además de los reclamos recibidos por los funcionarios, la propia de-legada del CDI Hidalgo, Gabriela Lugo, empujó y re-criminó al periodista la información y argumentó que las obras nunca estuvieron tiradas.

14. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fredy Martín Pérez, corresponsal de El Universal y director del diario Me-ridiano, junto con Dalia Villatoro, corresponsal del periódico Cuarto Poder, denunciaron amenazas e in-timidaciones vertidas en su contra de parte de de agentes policiacos y grupos de poder.

16. Boca de Río, Veracruz. Manuel Báez Chino, repor-tero de Milenio Diario, cubría el desalojo de transpor-tistas en el puerto de Veracruz, cuando fue agredido por servidores de Seguridad pública del estado. Báez Chino declaró que fue trasladado a los separos de la policía intermunicipal Veracruz-Boca del Río, sin saber de qué se le acusaba, ahí fue despojado de su celular con el que había grabado los hechos. Las imágenes fueron borradas.

30. Pánuco, Veracruz. Desconocidos dispararon a Aristeo Abundis Hernández, director del semanario Frente y vuelta, cuando regresaba en su auto a casa. Un vehículo lo alcanzó e individuos dispararon en di-rección al periodista. Desde entonces el comunicador solicitó vigilancia en su domicilio por temor a nuevos atentados.

JUNIO

4. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Elementos de la policía federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), sacaron del aire la estación de radio La Tremen-da de los dos Laredos, por no contar con documentos en regla para operar. La Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación denunció el uso ilegal de la señal de transmisión. Los agentes federales detu-vieron al ingeniero Javier Delgado Sandoval, quien se desempeñaba como director de noticias.

5. Apatzingán, Michoacán. Por haber tomado fo-tografías de la detención de una persona, policías mu-nicipales arrestaron a la periodista Yuritzi Bustos. Los uniformados argumentaron que la reportera cometió una falta, se la llevaron a la Dirección de de Seguridad Pública, le quitaron su cámara fotográfica y la tortu-raron psicológicamente. Después de varias horas de arresto, fue liberada y tuvo que pagar una multa de la cual no le entregaron un recibo.


© Cuartoscuro

6. Monterrey, Nuevo León. Más de 100 elementos ar-mados de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpie-ron en las instalaciones de la radio comunitaria Tierra y Libertad, un grupo de personas trató de defender la radio. Sin embargo, para evitar un enfrentamiento mayor dejaron que los policías se llevaran el equipo de transmisión. El ministerio público que atestiguó los hechos se negó a dar una copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a entregar. Además, sin ningún citato-rio por escrito, la autoridad presente advirtió al repre-sentante de la estación, Héctor Camero, que tendría que ir a declarar.

7. Villahermosa, Tabasco. La locutora Sandra Villa-fuerte recibió la noticia que ya no conduciría más su programa en la XEVA y que pasaría a ser una reportera más. El director de noticias, Pedro Cano, le explicó que el cambio se debía a la baja de reporteros que presen-taba la estación. Sandra considera que su salida del aire se debió a una estrategia política, pues funciona-rios del gobierno de Tabasco anteriormente habían pedido que la quitaran del programa.

7. Villahermosa, Tabasco. Una cabeza humana fue arrojada frente al periódico El correo de Tabasco, en este hecho se dirigió un mensaje a Juan José Padilla Herrera, director de la publicación. Integrantes del medio consideran que la amenaza se debió a los te-mas de tráfico de indocumentados y secuestros que ha abordado el diario.

8. Guerrero. La dirección de radio Ñomndaa, pidió a Carlos Slim la reinstalación del servicio telefónico que fue interrumpido desde el 10 de mayo. Julio Onofre Slano, representante del comité directivo de radio ase-guró que la presidenta priista del municipio, Aceadeth Rocha está involucrada con la suspensión. A este hecho le antecede una campaña de acoso de parte del go-bierno municipal.

10. Ciudad de México, Distrito Federal. Fátima Mon-terrosa, reportera de la revista Emeequis, fue víctima de amenazas tras publicar un artículo que puso al des-cubierto anomalías en la administración del gobierno

de Tlaxcala. Debido la publicación de “Un Virreynato llamado Tlaxcala”, desde el mes de marzo fue hosti-gada y posteriormente amenazada de muerte.

10. Villahermosa, Tabasco. A 72 horas que se dejara una cabeza humana enfrente del diario El correo de Tabasco, unos sujetos dejaron otro aviso que decía “sigues tú, sinvergüenza director…”, dirigido a Juan José Padilla Herrera, directivo del medio. Los policías ministeriales no tomaron en serio la amenaza, ya que aseguraron que podría tratarse de una broma pues el crimen organizado “tiene el detalle de escribir bien sus amenazas”, el papel fue asegurado por el ministe-rio público del fuero común.

17. Benito Juárez, Nuevo León. Policías judiciales agredieron físicamente a reporteros que daban cober-tura a una manifestación de ciudadanos que exigían mayor seguridad en la zona. Todos los agredidos pertenecen a medios de cobertura en el estado.

20. Tlatlaya, Estado de México. La Procuraduría Ge-neral de la República (PGR) cerró la estación de ra-dio La Invasora, con el argumento de que la emisora no cumplía con lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales. Durante el suceso se detuvo a la persona que operaba la frecuencia de la estación. El cierre se derivó de una denuncia interpuesta por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gober-nación, en donde se indicó el uso ilegal del espacio ra-dioeléctrico.

20. Oaxaca. Melesio Melchor Ángeles, Jorge Aragón Martínez y Adán López, colaboradores y director de Radio Zaachila, tienen demandas penales interpues-tas por integrantes del cabildo municipal, los respon-sabilizaron de la manifestación que impidió la visita del gobernador Ulises Ruiz a la comunidad de Zaachila. Sin embargo, Radio Zaachila considera que las demandas y acosos se deben a las críticas al gobierno local que hacen en la radio.

21. Oaxaca. Los periodistas la agencia Quadratín de Oaxaca, Omar Gasga y Antonio García fueron agredi-dos cuando seguían un convoy que era parte de un


operativo militar y policial. Los uniformados les pi-dieron que se bajaran del vehículo para registralo al igual que a ellos, a pesar de que se identificaron como periodistas. Antonio García recibió un golpe de parte de uno de los militares.

21. Bahía de Banderas, Nayarit. Dos individuos no identificados entraron con engaños al domicilio u ofi-cinas (existen las dos versiones) de Luis Pablo Guar-dado Negrete, subdirector periódico Noticias de la Bahía. Los sujetos patearon, estrangularon, golpearon y acuchillaron al directivo mientras le preguntaban acerca de un artículo publicado una semana antes. La agresión se debió a un tema divulgado sobre un ataque sexual en un gimnasio, se cree que uno de los atacantes participó en el ataque sexual.

22. Nuevo León. Rafael Velasco Salas, corresponsal del periódico Noticias voz e imagen, iba acompaña-do de su esposa e hijo cuando fue interceptado por Humberto Cernuda, quien se encontraba en estado de ebriedad. Cernuda le dijo al periodista que dejara de hablar de su hermana y lo amenazó de muerte. El comunicador considera que las amenazas se debieron a la información publicada en donde se involucró a Jo-sefa Cernuda Hernández, hermana del agresor, acerca de malos manejos administrativos en el Desarrollo In-tegral de la Familia (DIF).

23. Palenque, Chiapas. Mirella Daniela Milla Grajales, ex presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Palenque, amenazó telefónicamente al direc-tor de la revista Líderes políticos, Derky peréz Gómez y le indicó que no le gustaba lo que había publicado de su esposo Alfredo Salgado Correa, ex presidente mu-nicipal. Mirella le dijo al director que si no dejaba de publicar sobre el tema iniciaría una campaña de des-prestigio en su contra y, además, que cuando Alfredo Salgado estuviera libre ajustaría cuentas pendientes con él. Dichas intimidaciones surgieron a raíz de una investigación que el periodista ha realizado acerca de los ilícitos del exfuncionario.

23. Chihuahua. Candelario Pérez Pérez, periodista y secretario de redacción de la revista Sucesos, fue

asesinado a balazos cuando se dirigía a casa de sus padres. Unos individuos en una camioneta inter-ceptaron su vehículo y le dispararon. Hasta este mo-mento desconocen los motivos del homicidio.

24. Tepehuacán, Guerrero. Valentín Pérez correspon-sal del periódico Liberal News, fue amenazado de muerte por el director de proyectos productivos del gobierno municipal, José Juan Viggiano Austria, mien-tras vendía el diario en el tianguis del pueblo San Juan Ahuehueco. El funcionario se le acercó al informador y le ofreció comprar los diarios para que no se difundie-ra la nota donde se documentaba el acuerdo del Con-greso del Estado con el presidente municipal, Martín Pérez, en el desvío de fondos del programa “Empleo temporal”. A la amenaza contra el periodista se unió Elías Martínez.

25. San Luis Potosí. Manifestantes encabezados por Juan Torres, dirigente de Vecinos Unidos AC, agredie-ron a la periodista Gabriela de la Rosa. El presidente municipal brindó apoyo y asesoría a la reportera en caso de que presentara alguna denuncia formal en contra de sus atacantes. Juan Torres, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por violación al Bando de Policía y Buen Gobierno y los delitos que resultaran.

30. Villa Reyes, San Luis Potosí. En una movilización del grupo social Unión por Villa de Reyes, en protes-ta por presuntos malos manejos del alcalde de Villa Reyes, Gustavo Alarcón Aguilar, fueron agredidos dos periodistas. El grupo social se plantó fuera de la al-caldía para impedir la entrada del edil, mientras que éste era escoltado por seguidores y personal munici-pal. Dos personas identificadas como hermanos del alcalde hirieron a dos manifestantes. Uno de los her-manos, llamado Hugo Alarcón, golpeó al reportero David Rodríguez, de TV Villa, y le rompió la cámara. Por otro lado Gerardo Martínez, editor de La voz del Valle, recibió empujones cuando fue reconocido como comunicador.


JULIO2. Aguascalientes. Autoridades ministeriales pre-sionaron al Director general del periódico El Cinco, Alejandro González Muñoz, para que revelara sus fuentes por una entrevista que realizó en el noticia-rio radiofónico Buenos días Aguascalientes, donde también es colaborador. Sin una orden oficial, los uni-formados llevaron a González a declarar acerca de la entrevista transmitida sobre el asesinato de un em-presario local. Las autoridades pidieron que revelara la identidad de la fuente de información, pero como el comunicador dijo desconocer al individuo, los mi-nisteriales lo amenazaron y registraron los datos de su teléfono celular.

5. Hidalgo. Todohidalgo.com fue censurado por el Gobierno del estado en la rueda de prensa que ofre-ció el extinto secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Osorio Chong. Todohidalgo.com cuestionó mediante una solicitud por escrito al funcionario federal acerca de las agresiones a periodistas ocurridas durante la actual administración. Principalmente los ataques ocurridos en el estado de Hidalgo y que en su mayo-ría se han llevado a cabo por funcionarios estatales y municipales. Este documento fue bloqueado por las autoridades estatales.

7. Ciudad de México, Distrito Federal. El director de la revista Fórum, denunció el bloqueo publicitario de parte de la Presidencia de la República, en repre-salia por la línea crítica que maneja la publicación. Diversas dependencias de gobierno cancelaron las publicaciones con la revista, y les dieron diferentes explicaciones como falta de presupuesto, desauto-rización para incluir alguna publicación o estaban en espera del visto bueno de Presidencia y la Secretaría de Gobernación.

10. Xochistlahuaca, Guerrero. Alrededor de las 12 horas, cerca de 40 agentes llegaron a las instalaciones de la emisora comunitaria Radio Ñomndaa, con la or-den de clausurar y llevarse el equipo de transmisión. Al momento de desconectar los equipos, los policías pro-vocaron que se quemara la computadora y el transmi-

sor que utilizaba la radio para trabajar. La comunidad trato de defender su medio de comunicación. Sin em-bargo, los agentes amenazaron con llevar más elemen-tos policíacos para desmantelar la radio. La Dirección de la radio aseguró que han solicitado concesión para transmitir y que no tuvieron respuesta.

15. Ciudad de México, Distrito Federal. Al menos 10 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), del grupo anti secues-tros, agredieron física y verbalmente al reportero de Televisión Azteca, Jacobo Velázquez Gordillo, y a su equipo de trabajo. Por supuesta interferencia en las investigaciones de un operativo de rescate de una víctima de secuestro. A punta de pistola, los agentes pidieron a los comunicadores que se identificaran, posteriormente los policías dañaron el equipo de tra-bajo y los celulares de los reporteros.

15. Sinaloa. Los fotógrafos Rafael Leyva Mexia, del Diario de los Mochis, y Luis Hernández Vázquez, del Noroeste, fueron golpeados, despojados de sus equi-pos fotográficos y amenazados por agentes federales. Los reporteros captaron un convoy de uniformados y a ello se debió la agresión en su contra.

17. Zempoala, Hidalgo. El reportero local César Peña Sánchez denunció a Magdalena Escobedo Islas, co-ordinadora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por haberlo amenazado de muerte y además haber advertido que su marido Ángel Mimila, le propi-naría una golpiza en el momento que lo encontrara. En días pasados, César Peña publicó una nota sobre la



destrucción de árboles que era dirigida por Escobedo Islas, sin permisos del ayuntamiento local ni del Con-sejo Estatal de Ecología (COEDE).

18. Distrito Federal. Por presuntas presiones políti-cas fue cancelado el programa de radio Índice político, que se transmitía a través de Radio Capital 830 AM. El periodista Francisco Rodríguez conductor del no-ticiario informó que la cancelación del programa se debió a la crítica que se le hizo Juan Camilo Mouriño Terrazo, entonces secretario de Gobernación, acerca de los registros que pidió abrir el Instituto de Acceso a la Información (IFAI) de los 108 contratos celebrados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con la empresa de Mouriño. El Gobierno federal presionó a la radiodifu-sora para sacar del aire la emisión.

19. Veracruz. El delegado de la Secretaría de Edu-cación de Veracruz, Pedro Manterota Sainz, agredió verbalmente y amenazó a los reporteros Sergio Guillén Fernández, de El gráfico de Martínez, y Edgar Juárez Gómez, de La opinión. Los hechos se reportaron cuando los fotógrafos tomaban imágenes del traslado aéreo de un accidentado, a base de empujones e in-sultos, el delegado trató de quitarles su equipo de tra-bajo, además de impedir que tomaran fotografías.

21. Michoacán. En la cobertura de un bloqueo del acceso carretero, los reporteros Héctor Múgica Pérez, corresponsal de La voz de Michoacán, y José Luis Ceja Guerra, corresponsal de Cambio de Michoacán, fueron amenazados y despojados de su equipo de trabajo. Colonos armados con machetes impidieron realizar la labor de los informadores. Por lo menos una trein-tena de personas, algunas de ellas en estado de in-toxicación, bajaron de vehículos que acompañaban a uno de los dirigentes del movimiento y amedrentaron a los comunicadores.

23. Oaxaca. Policías municipales golpearon a Othón García, fotorreportero de El rotativo, por haberlos fo-tografiado cuando arrestaban a una persona. Othón presentó una denuncia ante el ministerio público, contra los uniformados por lesiones e intento de homicidio.

27. Oaxaca. Melesio Melchor Ángeles y Jorge Aragón Martínez, colaboradores de Radio Zaachila, fueron víctimas de atentado, sus hogares fueron baleados por desconocidos. Frente a sus casas en le Villa Zaachila se localizaron los casquillos percutidos de armas de grue-so calibre, de uso exclusivo del ejército. De los hechos se responsabiliza a Noé Pérez Martínez, presidente municipal de Villa Zaachila.

28. Distrito Federal. La agencia de noticias Comu-nicación e información de la mujer A.C. (CIMAC) fue robada por desconocidos. Durante el asalto a las ins-talaciones de la agencia, los ladrones rompieron las chapas de la puerta principal y el marco fue quitado totalmente. Se llevaron consigo 10 computadoras y cajones con información confidencial de diversos ca-sos de seguimiento periodístico, entre los que se en-cuentran: New’s Divine, homicidios y violaciones en Zongolica, Veracruz; las amenazas de muerte contra la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las mujeres A.C. Por lo anterior, se cree que el robo se debió a la labor periodística que desempeñan.

31. Jalisco. Soldados entraron el domicilio de Jesús Barajas Lemus, director del periódico El Tiempo, para efectuar un registro sin orden de cateo. Los soldados tomaron fotografías del lugar y cuestionaron a la es-posa de Barajas Lemus acerca de actividades perso-nales y de integrantes de la familia. Los uniformados se negaron a decir qué buscaban, pero registraron mi-nuciosamente el lugar.

AGOSTO

1. Centla, Tabasco. Cuatro sujetos dispararon contra la vivienda de Daniel Dionisio Reyes, corresponsal de Tabasco Hoy. El periodista señaló al alcalde Nicolás Bellizia Aboaf como presunto responsable de los ac-tos, ya que el reportero ha dado cobertura a las in-conformidades de personas de la comunidad. Reyes aseguró identificar a los atacantes.

1. Tamaulipas. Víctor Molina de León, periodista del diario La verdad, interpuso una denuncia ante la se-gunda agencia del ministerio público, en contra del


director de la policía municipal Arturo Guerra Ortega, por los delitos de abuso de autoridad, agresiones físi-cas, allanamiento de morada, así como a los agentes que participaron en la golpiza en contra de su familia. Las agresiones se dieron en el domicilio de Molina cuando convivía con familiares y amigos, los agentes arguyeron que entraban al domicilio por que estaban escandalizando con la reunión.

2. Tamaulipas. Al realizar la cobertura de un enfren-tamiento entre policías municipales y delincuentes, la reportera del Reforma, Martha Cázares, fue agredida por policías ministeriales. Un par de guardias amena-zaron con despojarla de su equipo de trabajo, por otro lado uno de los uniformados la insultó, amenazó y le quitó la cámara fotográfica. Posteriormente le indica-ron que debía recogerla en la comisaría.

4. Culiacán, Sinaloa. Jorge Inzunza Bustillos, repor-tero de la fuente policíaca de El Sol de Sinaloa, fue sujeto a agresiones por parte de elementos militares. El fotógrafo fue despojado de su cámara cuando cap-taba imágenes de un enfrentamiento con presuntos delincuentes. Sin previo aviso un elemento del ejér-cito lo golpeó por la espalda con la culata del rifle y lo despojó de su cámara y lo amenazó, después le re-gresó su cámara en mal estado y sin las imágenes que había captado.

5. Distrito Federal. En un evento del cantante José José se generó una trifulca, en el altercado resultaron lastimados algunos reporteros, ente ellos Esmeralda Mendoza de Televisión Azteca, quien fue abofeteada y Marco Antonio Silva, representante de Radio Fórmula, reportó que un guardia lo golpeó, provocando que se quedara sin aliento.

8. San Martín Mexicapan, Oaxaca. Un taxi se volcó en la calle Benito Juárez de la colonia Hidalgo, el reportero policiaco Esteban Marcial acudió a cubrir la nota. Suje-tos al servicio de Israel Ramírez Bracamontes, dueño de mototaxis de la zona, lo golpearon y arrebataron su equipo fotográfico. Lo amenazaron diciéndole que no debía tomar fotos ahí, sino iban a matarlo.

8. Xicotepec, Puebla. Francisco Lechuga Naranjo, secretario del presidente municipal de aquella enti-dad, golpeó a Timoteo Bautista Castelan, editor del semanario poblano Nueva Nación. Se presume que la agresión responde a los trabajos periodísticos que el reportero ha hecho sobre la presunta corrupción de Juan Carlos Balderrano Vázquez, alcalde del munici-pio, pues algunas personas aseguraron que el funcio-nario instigó el ataque contra el reportero.

17. Tlapanalá, Puebla. Agentes de la policía munici-pal, por órdenes de un grupo de habitantes, intentaron encarcelar a periodistas que acudieron a reportar un linchamiento en el municipio. Los policías y la gente exigieron a los fotógrafos los rollos de las cámaras para evitar que se llevaran imágenes de la comunidad. En el intento por encerrar a los reporteros, los guar-dias les apuntaron con armas y cortaron cartucho para intimidarlos. Los corresponsales entregaron las tarje-tas de memoria de las cámaras con tal de tranquilizar a los pobladores y a los uniformados.

20. Nezahualcóyotl, Estado de México. El líder de taxistas piratas Constancio Flores y un grupo de acom-pañantes golpearon a Alejandro Martínez Noriega, re-portero de los semanarios Zona informativa y Libertad Democrática, en el interior del Juzgado cuarto penal de primera instancia. El reportero fue descubierto con un documento en el que se incriminaba al grupo de mani-festantes con actividades de convocatoria para testi-ficar a favor del presunto defraudador Ismael Salazar Salazar. El comunicador también investigaba presun-tas negociaciones corruptas dentro del juzgado.

21. Distrito Federal. Mediante un fuerte operativo de parte de guardias del Estado mayor presidencial y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la zona del Palacio Nacional, se mantuvo una estrecha vigilancia para resguardar a los funcionarios que llegaban a la sesión 33 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Agentes federales impidieron el trabajo de fotógrafos y reporteros; Alfredo Domínguez, de La Jornada, fue golpeado mientras captaba escenas de la llegada del vocero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Fernández Noroña.


23. Puebla. El periodista de Síntesis, Julio Martínez Ri-vera, acudió a la agencia del ministerio público para levantar una constancia de hechos por las agresiones recibidas de parte de inspectores de la vía pública del Ayuntamiento de Puebla. El periodista se identificó para que lo dejaran trabajar y pudiera cubrir el enfren-tamiento de los servidores con comerciantes ambu-lantes; sin embargo, los servidores públicos lo tiraron al camellón y ya en el suelo lo patearon.

24. Ciudad Juárez, Chihuahua. Los reporteros gráfi-cos Ismael Villagómez, de El Norte, y Jorge Lagunas, de El Mexicano, fueron retenidos por soldados cuando reporteaban la volcadura de un vehículo del ejército en donde murió un militar. A Villagómez lo bajaron de la azotea en donde tomaba las fotografías. De ma-nera violenta, los soldados obligaron a los reporteros a borrar las imágenes.

26. Villahermosa, Tabasco. Seis policías de la Secre-taría de Seguridad Pública del estado (SSPT), uno de ellos identificado como el oficial Ruperto Torres Ruiz, golpearon, empujaron y robaron a Tomás Montejo, re-portero gráfico de Novedades de Tabasco. Los agentes le gritaron que por culpa de los periodistas estaban matando a los policías, ya que con sus fotos publica-das los estaban “vendiendo con Los Zetas”. Leticia Cano, de la SSPT, le dijo al periodista que él tenía la culpa por no pedir permiso para tomar fotografías.

29. Chetumal, Quintana Roo. Sacaron del aire el no-ticiario Código 9, de la empresa Zoom TV. Los reporte-

ros señalaron que los trabajos periodísticos transmiti-dos en el medio hicieron que políticos y empresarios de la región se sintieran amenazados en sus intereses, por lo que Cablemás proveedora de la señal, fue su-jeta a presiones oficiales, obedeció intereses políticos y concluyó las trasmisiones del programa ignorando el contrato existente con Zoom TV.

29. Huajuapan de León, Oaxaca. Personal de la Se-cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) confiscaron el equipo de transmisión del la radiodifu-sora La Rabiosa. Los inspectores dijeron cumplir con una orden basada en la Ley Federal de telecomunica-ciones y que lo integrantes del Centro de Apoyo Traba-jando Unidos (CACTUS), estaban cometiendo delitos federales, por lo que si oponían resistencia interven-dría el ministerio público para ordenar su detención.

SEPTIEMBRE

3. Oaxaca. Elementos de la Policía Federal Preventi-va (PFP), acompañados por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confiscaron transmisores, computadoras, mezcladoras, micrófo-nos, audífonos y otros aparatos que formaban parte del equipo de trabajo de varias radiodifusoras presun-tamente “ilegales” en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Jalapa del Marqués y Santa María Mixtequilla, todas ellas ubica-das en la región del Istmo de Tehuantepec. La primera de ellas fue Miramar, la cual se emitía a través del 98.3 de FM, en el municipio de Salina Cruz. Posteriormente, la policía federal y la SCT se trasladaron a Tehuantepec para desmantelar las radios: Tehuantepec de 98.5 FM y Tehuanita de 105.7 de FM. Sin embargo, los dueños de ésta última lograron huir con sus equipos de trans-misión sin que los federales les decomisaran su mate-rial. Después, los uniformados se dirigieron a Juchitán, donde lograron desalojar diversas radiodifusoras entre las que destacan Totopo, Didxaza, Biniguelaza, Sonido 89, TNT, Radical, Xguenda, Guadalupe, Laboral y Xha Vicente. En total fueron cerradas 30 estaciones de ra-dio, las cuales operaban en FM.


© Efraín Zabed

4. Hidalgo. Ricardo Montoya, reportero del periódico Unomásuno, fue agredido por policías estatales y fun-cionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de evitar que el informador documentara la re-construcción ministerial de un secuestro que se regis-tró en las instalaciones de la SSP. El informador ingresó al edificio de la dependencia para obtener más infor-mación sobre el suceso, pero cuando los uniformados se percataron que era reportero se le pidió que se reti-rara, al negarse los guardias lo obligaron salir, pero al hacerlo agredieron físicamente a Montoya, mientras que la funcionaria que dio la orden de desalojo lo ame-nazaba.

4. Tezontepec de Aldama, Hidalgo. El director de la Policía Ministerial, Ahuitzotl Hideroa Juárez, golpeó y privó de su libertad a Francisco Reyes González, di-rector del semanario Rumbos, mientras fotografiaba el desalojo de un predio y el traslado de dos deteni-dos a una camioneta, en la cual se encontraban fun-cionarios locales del municipio. Después, los policías acusaron al director del semanario de formar parte de los vecinos del predio que estaban desalojando, por lo que de inmediato y en compañía de Ahuizotl Hideroa lo sometieron, golpearon y despojaron de su cartera, teléfono celular y cámara fotográfica. Metros más adelante, Hideroa liberó al fotógrafo, le entregó sus pertenencias incautadas, menos la tarjeta de memo-ria de la cámara, y le advirtió “y haz el desmadre que quieras, es tu palabra contra la mía”.

5. San Luis Potosí. Enrique Carvajal, reportero del periódico Pulso, fue golpeado y privado de su libertad por policías municipales de la entidad. El periodista denunció que el policía César Reyes Chávez atacó su auto en la colonia Universitaria con el argumento de que “le debía un periodicazo”. Al lugar de la embestida llegaron dos motocicletas y una patrulla más para lle-varse al reportero a la jurisdicción correspondiente. Ya en el lugar, Carvajal de nuevo fue golpeado.

6. Arcelia, Guerrero. Roberto Tepepexteco Hipólito, reportero del periódico regional El Debate de los Calen-tados, al ir a cubrir un enfrentamiento, fue detenido y despojado de su vehículo por unos delincuentes que

portaban uniformes de la Agencia Federal de Investi-gación (AFI) El reportero pidió ayuda a unos militares, quienes decidieron llevárselo, junto con otras dos per-sonas que portaban armas de fuego y granadas, a la Procuraduría General de Chilpancingo en calidad de detenido. El 9 de septiembre, las autoridades consi-deraron confusas las declaraciones del periodista y decidieron consignarlo por su probable responsabili-dad en los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y vio-lación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

12. Mérida, Yucatán. Mientras el reportero gráfico del Diario de Yucatán, Jorge Peña Acosta, fotografiaba el campo de fútbol donde funcionarios jugarían, un su-jeto se le acercó para decirle que no tomara fotos de los vehículos, minutos después varios hombres se di-rigieron hacía Peña, pero éste corrió y se refugió en su carro. Sin embargo, los funcionarios lanzaron piedras a su coche. Peña informó que decidió fotografiar los autos oficiales porque en Yucatán está prohibido uti-lizarlos después de los horarios de oficina y su trabajo documentaría el mal uso de los recursos públicos.

13. Salina Cruz, Oaxaca. Policías municipales, al mando de Macías Santiago, golpearon y amenazaron de muerte a Alfredo Luis Ruiz, reportero de El Sol del Istmo, cuando se dirigía a su domicilio. Bajo el argu-mento de que seguían órdenes de su director Cristóbal Gallegos, los uniformados golpearon a Ruiz y lo su-bieron a la patrulla, donde lo amenazaron de muerte si los denunciaba. Además, sin ninguna explicación, fue trasladado a la comandancia, ahí seis elementos


© Nelly Salas de Cuartoscuro

lo volvieron a golpear, por aproximadamente media hora y lo despojaron de sus pertenencias. Tras pagar una multa el informador fue liberado, pero sin el re-cibo correspondiente. La agresión contra el reportero se debió a las denuncias que ha hecho en el diario so-bre diversos robos y extorsiones de los policías hacía las personas que detienen.

13. Ixtepec Oaxaca. Por publicar una nota sobre los videos pornográficos grabados por Heriberto Gre-gorio Cortés, comandante de la policía municipal, en horas de trabajo y en las instalaciones de la dependen-cia, José Carlos Fuentes Ordaz, reportero de El Sol del Istmo, recibió una amenaza de muerte a través de su correo electrónico. La intimidación decía: “qué fácil es para un reportero agarrar y escribir las notas sin medir las consecuencias […] Ya sabes, sigue de sacalepuntas y no van a tardar en que perifoneen ¡encuentran a re-portero asesinado y violado!”.

15. Matamoros, Tamaulipas. Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvieron a Carlos Reyna Solís, periodista del diario El Bravo de Matamoros, y a su acompañante Luis Alberto Salas porque supuesta-mente fueron los responsables de una balacera que dejó como saldo la muerte de a una joven de 17 años. Sin embargo, el periodista relató que los uniformados fueron quienes dispararon y cuando él escuchó las de-tonaciones detuvo la marcha de su vehículo, pero en ese momento los policías los agredieron y arrestaron, después los trasladaron a la Ciudad de México, no sin antes torturarlos y agredirlos.

19. Ciudad de México, Distrito Federal. La periodis-ta Sanjuana Martínez Montemayor denunció que la cadena de tiendas Sanborn’s ha bloqueado la venta de dos de sus libros: Manto Púrpura y Prueba de Fe, ambos relacionados con la pederastia en la iglesia católica mexicana y basada en su trabajo periodístico. La informadora aseguró que la cadena comercial sólo puso 200 libros en los estantes, en vez de los tres mil 500 que se habían considerado y además los ejem-plares se colocaron en secciones de esoterismo o su-peración personal, a pesar de que las publicaciones de la periodista no tienen ese perfil.

23. Tabasco. Mientras colgaba pancartas en contra del secuestro, sujetos desconocidos asesinaron a Ale-jandro Fonseca, conductor del programa El Padrino, de la estación de radio EXA FM. Testigos aseguraron que los asesinos se dirigieron al periodista y le recla-maron por colocar dichas lonas, pero como el conduc-tor no hizo caso a los reproches, los sicarios sacaron un arma y arremetieron contra el locutor, quien recibió dos impactos en el pecho. Se cree que el homicidio fue una represalia de la delincuencia organizada, por el tipo de mensajes que Fonseca enviaba a la sociedad y a las autoridades.

24 y 28. Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), envió una carta a Judith López, locutora de un programa de ABC Radio, para advertirle: “Estoy al tanto de los negocios que andas haciendo y en lo que te amparas con las siglas de la Organización Editorial Mexicana, de mi amigo Vázquez Raña, donde sólo te preocupa sacar ventaja y beneficiarte económicamente de esa empresa, situa-ción que deberías cuidar más de ahora en adelante, ya que no claudicare en mi empeño por aplastarte y desaparecerte del escenario de los medios de comu-nicación veracruzanos, tal y como lo hice en otras empresas donde participas. Debes reflexionar seria-mente, ya que sueles estar muy ligera en tus comen-tarios, situación que respetuosamente invitó a que pienses bien, en virtud de que no permitiré que hagas escarnio de mi persona”. Asimismo Yunes Linares en-vió una misiva a Eduardo Coronel Chui, columnista del periódico AZ, con información similar.

25. Córdova, Veracruz. Ignacio Hernández Salazar, reportero gráfico del diario El Dictamen de la Tarde, fue golpeado por Héctor Javier Gorbeña García, exprimer comandante de la Policía Municipal de Amatlán de los Reyes, a las afueras del bar Monics. Al ver al informa-dor, el ex funcionario lo golpeó y le reclamó sobre una nota publicada en marzo sobre una balacera registra-da en Atoyaquillo, y por la cual fue cesado del cargo. Los golpes ocasionaron que Hernández se fuera de espaldas y se golpeara la nuca contra el pavimento, al ver lo sucedido el agresor escapó.


© Nelly Salas de Cuartoscuro

OCTUBRE

1. Cabo San Lucas, Baja California Sur. Humberto Servín y Erick Mayorga, periodistas de Milenio Diario y Radio Alternativa, respectivamente, fueron amenaza-dos de muerte con arma de fuego por dos supuestos empleados del Hotel Esperanza. Cuando los informa-dores fotografiaban las playas de Los Cabos, dos su-jetos a bordo de un jet sky los amedrentaron con una pistola para que abandonaran la zona, porque ahí so-lamente ellos “mandan”.

10. Chihuahua. David García Monroy, columnista político del periódico El Diario de Chihuahua, fue ase-sinado junto con otras 10 personas en el bar Río Ro-sas, ubicado al centro de aquella entidad. De acuerdo con la policía ministerial, cuatro hombres encapucha-dos llegaron al bar, se identificaron como miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y dispa-raron contra los clientes. Se desconocen la causa de los asesinatos.

10. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Miguel Ángel Vi-llagómez, director y editor del periódico La Noticia de Michoacán, fue secuestrado y asesinado por descono-cidos mientras salía del diario. Las autoridades infor-maron que el cuerpo del periodista fue abandonado, con golpes y heridas de bala en la cabeza y el abdo-men, en el estado de Guerrero. Familiares del occiso declararon que un mes antes del homicidio, el perio-dista recibió una llamada amenazante a su teléfono celular, por parte del grupo Los Zetas.

14. San Mateo Atenco, Estado de México. Un camión repartidor del Grupo Reforma fue baleado por descono-cidos cuando circulaba en aquel municipio. Jorge Trejo Pacheco y Erick Alanis Martínez, conductor y copiloto, respectivamente, aseguraron que mientras transita-ban por las calles de Emiliano Zapata y Reforma, un sujeto disparó cinco veces contra el camión, pero sólo tres se impactaron en el mismo. Después del ataque, los trabajadores levantaron una denuncia por tenta-tiva de homicidio.

Contralínea

Ciudad de México, Distrito Federal. Después de publi-car reportajes sobre los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, en su duali-dad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex (Petróleos Mexicanos) Refinación, Carlos Ramírez, gerente de Comunicación Social de PEMEX, amenazó vía telefónica a Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea. El funciona-rio le dijo “lo que le hicieron a Juan Camilo les va a costar muy caro”. Esa misma semana Carlos Ramírez le llamó a Marcela Yarce, gerente de publicidad del Corporativo Internacional de Medios de Comuni-cación, para informarle que ya no contrataría publici-dad para las revistas Contralínea y Fortuna como un castigo por su línea editorial.

En este mes Marcela fue perseguida por un sujeto que la esperaba en la puerta principal de la revista, en cuanto Yarce abordó su vehículo y arranco, la persona que la seguía subió de copiloto a otra unidad y la persiguieron sobre avenida Chapultepec, la gerente de publicidad llegó a su destino y pidió apoyo a elementos de seguridad y personal del servicio de acomodadores de autos.

Por otra parte al fotógrafo, también de Contralínea, Rubén Darío Betancourt le fue destrozado el cristal trasero de su automóvil, mientras permanecía en un estacionamiento público, al preguntarle a los vigilan-tes ellos le manifestaron no saber al respecto, ya que esos sucesos no eran comunes en el lugar y el ataque pudo haber sido en contra de su medio.

Ciudad de México, Distrito Federal. En la Cámara de Diputados, después de la comparecencia del director de Pemex (Petróleos Mexicanos) Refinación, José Antonio Ceballos Solarís, la reportera de Contralínea, Ana Lilia Pérez, solicitó al director de Pemex Refinación una entrevista, luego de varias preguntas llegó el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, quien empujó a la reportera y se llevó a José Antonio Ceballos. Minutos más tarde regresó para reclamarles los contenidos de los reportajes de Contralínea y les dijo que mientras tenga ese tipo de reportajes no habría entrevistas ni publicidad. A partir de esa fecha la reportera recibió diversas llamadas amenazantes.

Ciudad de México, Distrito Federal. Ana Lilia Pérez, reportera de Contralínea, se dirigía a las instalaciones de la revista cuando se percató que un hombre la fotografiaba. La había seguido en el trayecto que la periodista hace de su casa al domicilio del medio, en el Sistema de Transporte Colectivo metro.

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15. Nogales, Sonora. Varios sujetos dispararon contra el domicilio de Vicente Bórquez Rivas, corresponsal del Diario del Yaqui y reportero de la estación local de Grupo Fórmula. El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Larrinaga Talaman-te, comunicó que varios hombres dispararon contra la casa del informador y aunque en el lugar se encon-traba Bohórquez y su familia, nadie resultó herido. Larrinaga afirmó que por seguridad, no se informará sobre el paradero del periodista o su familia, ni el lugar donde fueron refugiados después de la agresión.

15. Cuernavaca, Morelos. Mario Tamez Fernández, reportero de Televisa, fue despojado de su equipo de

trabajo, golpeado y sometido por supuestos agentes federales mientras grababa cómo los policías golpea-ban a cinco personas. Cuando los federales se per-cataron que eran filmados, con pistola en mano, le exi-gieron a Tamez que les entregara la cámara; como él se resistió, lo comenzaron a patear y lo encañonaron hasta que cedió.

15. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Después de un en-frentamiento verbal, Silvia Cacho Tamez, integrante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Na-cional (PAN), agredió físicamente a Esteban Paredes Rangel, reportero de la Revista Vertical, en aquella en-tidad. Durante una conferencia, Silvia Cacho se negó a responder las peguntas que el reportero le hizo sobre las actividades y el desempeño de los militantes de su partido. Al llegar a la puerta principal del Congreso, la legisladora retó a golpes al reportero y lo empujó.

16. Ciudad de México, Distrito Federal. El comen-tarista Eduardo López Betancourt, columnista del periódico Milenio y analista político, denunció que Grupo Radio Centro lo vetó por instrucciones del se-cretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño Te-rrazo. López Betancourt periodista detalló que en una de sus participaciones en el programa ¿Y usted qué opina?, transmitido por la estación radiofónica La 69, expuso que Mouriño no era apropiado para ser el en-cargado de la política mexicana, por su origen español y su vinculación al escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Después de dicho comentario, el colum-nista recibió correos electrónicos ofensivos y amena-zantes con referencia a su participación radiofónica. Además, el periodista Nino Canún le informó que por órdenes del dueño de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez, y de Mouriño, su participación en di-cha emisión se cancelaba.

18. Villaflores, Chiapas. Desconocidos apedrearon y quebraron los vidrios de la camioneta de Yulia Ven-tura, corresponsal de El Heraldo de Chiapas. Cuando la informadora salió de su domicilio para ver qué pasaba vio que personas en una camioneta huían. Minutos después, desde la misma camioneta volvieron a lanzar varias piedras, aún viendo que ella estaba ahí.

Contralínea

Ciudad de México, Distrito Federal. Los abogados Gram Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya, todos ellos representantes de Jesús Alonso Zaragoza López y del denominado Grupo Zeta, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya, y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea, acompa-ñados por guardaespaldas armados seguidos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Sin identificarse los abogados entraron a las oficinas de la publicación, mientras el perito exigía a Miguel Badillo los documentos contables de la casa editorial, por otro lado el abogado Diego Romero amenazaba a los reporteros con que romperían y abrirían los cajones de los escritorios, se llevarían todos los documentos, sin importar que se tratara de expedientes periodísticos que son resguar-dados por la confidencialidad y el secreto profesional.

Ciudad de México, Distrito Federal. Frente a la Secre-taría de Gobernación, un individuo abordó al jefe de diseño de Contralínea, Miguel Minero. El sujeto golpeaba el cristal del automóvil de Miguel, al mismo tiempo le gritaba que todo lo que decía la revista era mentira, vociferaba que les iba a ir muy mal.

Ciudad de México, Distrito Federal. La empresa Oceanografía presentó cinco demandas por daño moral en contra del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, del director Miguel Badillo, de las reporteras Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y del columnista Jorge Meléndez. Los acusaron de difamación y de ser responsables de las indagatorias que organismos públicos como la Auditoria Superior de la Federación hicieron en su contra.

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21. Ciudad de México, Distrito Federal. Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), demandó por supuesto daño moral a los reporteros Abel Barajas y Víctor Fuentes, del periódico Reforma; los columnis-tas Rubén Lara León, del Rumbo de México; Luis Soto, de El Financiero, y Eduardo Huchim, articulista de la revista Emeequis, por haber publicado en sus respec-tivos medios diversas irregularidades ocurridas en el TFJFA durante el tiempo que la jueza lo presidió. La magistrada exigió una indemnización de 6.5 millones de pesos por haberla difamado.

21. Solosuchiapa, Tabasco. Varios desconocidos ape-drearon el vehículo del diario Sin fronteras cuando distribuian a través del perifoneo, el periódico que in-formaba las anomalías en las que están involucrados José Ramón López Álvarez y Enrique Gordillo Rivera, alcalde de la entidad y tesorero, respectivamente. La acción se le atribuye a los funcionarios municipales, que se vieron acorralados al escuchar que su pasado se difunde en el municipio donde la gente confió cie-gamente en ellos para que fueran sus representantes.

26. Oaxaca. Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso y reportero del diario Noticias voz e imagen, fue secuestrado, asaltado y torturado cuando salió del periódico para dirigirse a su domicilio. Se sabe que los agresores amenazaron al periodista psicológi-camente durante 12 horas, lo despojaron de su coche, teléfono celular e identificaciones, para después liber-arlo a 30 kilómetros de Oaxaca. Se cree que los moti-vos del acto fueron las críticas que Matías hizo en un espacio radiofónico contra funcionarios locales.

27. Aguascalientes. Carolina Rincón Silva, coordi-nadora de Comunicación Social del gobierno local, publicó en los cinco principales diarios estatales un desplegado en el que calificó de mentiroso a Manuel Appendini Carrera, reportero del periódico Reforma, por publicar un reportaje sobre gastos excesivos en publicidad para el equipo de fútbol Necaxa. De manera simultánea, Rincón envió una carta a la redacción del diario Reforma afirmando que su corresponsal mentía. El informador narró que el 21 de octubre obtuvo copias

NOVIEMBRE

4. Chihuahua. Policías ministeriales del Departamento de Delitos contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública del estado, sin ninguna orden de cateo, ingresaron a las instalaciones del periódico El Mexi-cano y amenazaron a diversos reporteros para que les dieran informes del columnista Mario Héctor Silva, quien el 29 de octubre publicó en su columna Politikón las irregularidades de la administración de Gerardo Hernández Ibarra, delegado de Desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua. Los policías entraron a las ins-talaciones del diario pidieron a Luis Carlos Carrasco, jefe de información, a un reportero y a un fotógrafo que mostraran sus credenciales oficiales y que propor-cionaran la información que se les pedía. Pero como los reporteros se mostraron renuentes a aceptar, una de las uniformadas dijo “Ustedes tomen la mejor de-cisión, al cabo ya tenemos sus nombres”. Después de esas frases amenazantes, el fotógrafo intentó captu-rar las imágenes de los agentes, pero los elementos se taparon la cara, comenzaron a tirar manotazos, le arrebataron la cámara al reportero, le dijeron que se iba a arrepentir y tiraron la filmadora a la basura.

8. Mexicali, Baja California. Mientras cubrían un operativo, Juan Galván Álvarez e Israel García Gurrola, reporteros gráficos del diario La voz de la frontera, fue-ron detenidos por policías federales y despojados de su equipo de trabajo, teléfonos celulares y automóvil. García Gurrola explicó que cuando uno de los unifor-mados se percató de que estaban capturando imá-genes de la salida de un comando de las fuerzas federales, se molestó y trató de arrebatarle la cá-mara, pero como el reportero se resistió, el policía pidió ayuda de otros elementos para subirlo a una pa-trulla, donde fue sometido, esposado, encapuchado y golpeado. A la par, Galván fue detenido y remitido a

de los gastos y depósitos hechos por la administración de Luis Armando Reynoso Fermat, gobernador del es-tado, los cuales revelan que diferentes dependencias del gobierno de Aguascalientes han erogado más de 30.6 millones de pesos para apoyar al patronato del equipo Necaxa.


las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) y liberado horas después.

13. Ciudad Juárez, Chihuahua. Al salir de su casa, Ar-mando Rodríguez Carreón, reportero del periódico El Diario, fue asesinado por un desconocido que le dis-paró 10 veces. Rocío Gallegos Rodríguez, jefa de in-formación del rotativo, declaró que el crimen ocurrió cuando el informador se encontraba dentro de su ve-hículo y se disponía a llevar a su hija a la escuela, quien resultó ilesa. Gallegos sostuvo que el reportero fue amenazado en febrero.

13. Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras se encon-traba en el velorio del periodista Armando Rodríguez, un desconocido llamó al teléfono celular de Jorge Luis Aguirre, director del diario digital La PolaKa, para decirle: “tú serás el próximo”. Por tal motivo, el infor-mador y toda su familia decidieron exiliarse en Esta-dos Unidos.

17. Sinaloa. Durante la madrugada, un par de indivi-duos arrojaron dos granadas en la entrada de El De-bate. Aunque las detonaciones no hirieron a ningún trabajador del periódico, gran parte de las instala-ciones fueron dañadas. Después del ataque, al lugar arribaron policías estatales, agentes federales y ele-mentos del Ejército, quienes acordonaron el área y montaron un operativo para buscar a los responsables y resguardar la seguridad del personal del diario.

19. Zacatepec, Morelos. Antes de iniciar un programa que trataría sobre los 45 millones de pesos que le pres-taron al gobierno local, Gustavo Rebolledo Hernández,

alcalde del municipio, agredió verbalmente a Evaristo Torres Ocampo, conductor del programa televisivo Foro Sur. El edil se molestó porque en el programa tam-bién participarían: especialistas en finanzas, militantes del (PRI), organismo al que pertenece Rebolledo, y representantes de partidos opositores. El funcionario insultó al personal del programa y se negó a participar en el mismo, y cuando se le pidió orden, el presidente municipal se molestó más y empujó al periodista. Al salir del foro le advirtió: “si se hablaba mal de mí o de mi gobierno habrá consecuencias, algo te va a pasar. He respetado tu trabajo, pero no lo haré más”.

21. Mexicali, Baja California. Por denunciar presuntas alianzas ilegales entre un empresario y funcionarios lo-cales, Carlos Reynoso Nuño, secretario de Desarrollo Social de Mexicali, solicitó a los directivos del periódi-co El Mexicano el despido de su columnista Víctor Islas Parra. Durante el programa televisivo Café Político, los periodistas Víctor Islas Parra y Carlos Estrada Charles denunciaron que Reynoso actuó a favor del empresa-rio Gustavo Rangel y, por ello, el secretario solicitó a los altos mandos del rotativo el despido de Islas.

21. Zacatecas, Zacatecas. Eugenio Mercado, Edgar Robledo y David Castañeda, director general del diario Imagen y reporteros del mismo medio, fueron ame-nazados de muerte por familiares del policía Arturo Sigala Ávila, quien se suicidó de un balazo el 18 de no-viembre en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional. El director de Imagen informó que los fa-miliares del uniformado les dieron a los periodistas tres días para que se disculparan por el manejo informativo de la muerte de Sigala.



DICIEMBRE

2. Ciudad de México, Distrito Federal. Tres repor-teros gráficos de los diarios La Prensa, Reforma y El Universal, quienes prefirieron el anonimato, fueron agredidos y despojados de sus cámaras fotográficas por integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) después de capturar la detención de una banda de pre-suntos secuestradores conocidos como Los Abelardos. Los elementos federales interceptaron el vehículo en que viajaban los reporteros gráficos, los amedrentaron con disparos al aire y les exigieron descender. Pese a que los informadores se identificaron, los obligaron a hincarse, los despojaron de sus equipos fotográficos y los golpearon hasta provocarles diversas lesiones en el cuerpo.

2. Paso del Macho, Veracruz. Seis agentes federales irrumpieron violentamente en las instalaciones de la radio comunitaria Radio Diversidad, Tu voz en la radio, se llevaron el equipo de transmisión y amenazaron a quienes se encontraban en el lugar. Se cree que los hechos se deben a los contenidos que transmitía la emisora, pues trabajadores de la estación informaron que Rafael Pacheco Molina, presidente municipal de la entidad, hace 11 meses, inició una campaña contra el medio de comunicación para desaparecerlo.

3. Chilpancingo, Guerrero. Los reporteros gráficos Juan José Romero, de Televisión Azteca; Federico Sariñana, de El Sol de Chilpancingo; Carlos Cabrera, de ABC Ra-dio; Salomón Cruz Gallardo, de la agencia de noticias Izra; José Nava Mossco y Gema Tavares Marino, ambos de la agencia de noticias Guerrero, fueron agredidos física y verbalmente por elementos de la Agencia Fe-deral de Investigaciones (AFI), por fotografiar un ope-rativo contra la piratería.

4. Romita, Guanajuato. El alcalde Felipe Durán Mu-ñoz golpeó a Carlos Teodoro Durán Rangel, reportero gráfico del semanario Mi Ciudad, después de que fo-tografió una pelea de gallos. Además, el edil, en estado de ebriedad, le arrebató a Durán su cámara fotográfi-ca, le quitó la memoria digital, la aventó y la pisó has-ta destruirla, no sin antes advertirle: “Mejor no sigan publicando, acuérdense que sus vidas corren peligro y que se pueden arrepentir”. El rotativo se ha caracteri-zado por publicar diversas denuncias ciudadanas que cuestionan la administración de Durán Muñoz.

9. Ciudad de México, Distrito Federal. Mientras cu-bría una manifestación de trabajadores sindicalizados que exigían la liberación de algunos líderes mineros frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge Flores Sánchez, camarógrafo de Televisión Azteca, fue herido por los protestantes. Entre consignas, los manifestantes derribaron vallas y comenzaron a arro-jar piedras, una de las cuales golpeó a Flores hirién-dole el ojo derecho.

28. Ciudad de México. Dos sujetos armados asaltaron las instalaciones de la revista Etcétera, destruyeron el equipo de cómputo que contenía la contabilidad del medio y robaron a todo el personal que se encontraba trabajando en la publicación. Laura Islas Reyes, direc-tora general de la publicación, aclaró que aunque nun-ca han sido amenazados, se han suscitado “cosas ra-ras” en el medio, pues días antes del atentado un auto estuvo estacionado frente a la revista “todo el día”.

29. Morelos, Cuernavaca. Mariana Trujillo, jefa del De-partamento de Personal del Instituto de Biotecnología (IBT), dependiente de la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM), ordenó a las personas de vigilancia del IBT impedir que los reporteros presentes informaran y tomaran fotografías sobre el derrame de ácido clorhídrico ocurrido en un laboratorio del insti-tuto. Después de tal orden, los guardias empezaron a golpear y patear a los camarógrafos Israel Cortés Mal-donado, de Televisa Cuernavaca, y Carlos Sevilla, de Cablenoticias de Morelos, así como a Guillermo Luna, reportero gráfico de La Jornada de Morelos; Alberto Cruz, reportero de Televisa, y las informadoras Katia Jasso, de La Jornada de Morelos; Guadalupe Flores, del periódico El Regional, y Aidé Galicia, del rotativo La Unión de Morelos.


14. Poza Rica, Veracruz. El cuerpo sin vida de Raúl Martínez López, reportero de sociales del periódico Noreste, fue encontrado en el interior de su domici-lio. Eduardo Santiago, expolicía municipal, Alejandro Valencia, quien dijo vivir en la casa del hoy occiso, y una mujer, quien acusó a Santiago de llevarse por la madrugada el vehículo del informador, fueron deteni-dos como posibles sospechosos del homicidio.

16. Juárez, Nuevo León. Policías municipales enca-ñonaron y agredieron a Fernando Mora, reportero del noticiario Panorama Informativo, de Grupo ACIR, tras exigirle que “le bajara” al tono de sus investigaciones sobre la corrupción policial y una posible infiltración entre el personal del ayuntamiento y sus cuerpos de seguridad con el crimen organizado.

18. Reynosa, Tamaulipas. Militares con armas de alto poder golpearon, despojaron de sus pertenencias y robaron el equipo de trabajo de César González y Miguel Domínguez, corresponsales del diario El Norte; así como de Blas Díaz, del periódico La Tarde, y de los hermanos Amancio y Francisco Guadalupe Cantú, de Prensa de Reynosa, mientras cubrían un enfrentamien-to entre las fuerzas castrenses y sujetos desconocidos.

19. Oaxaca. Durante el primer informe de gobierno de José Manuel Ricárdez López, edil del municipio San Pedro Pochutla, Jaime Martínez, ex director de Protección civil municipal, insultó, golpeó en la cara y jaló de los cabellos a Tito García Pérez, corresponsal de Grupo ACIR y conductor del noticiario radiofónico Informativo 650, para impedirle que informara sobre los habitantes que se estaban en contra del informe.

19. Oaxaca. Leonardo Cárdenas, síndico procurador municipal, ordenó a David Ramos, director de la re-vista El Demócrata, que apagara su grabadora cuando entrevistaba a una señora que llevaba a devolver la primera piedra de una obra inconclusa.

22. Coatzacoalcos, Veracruz. Carlos Bahena González, director administrativo de la Comisión Municipal de

Agua y Saneamiento, agredió a Samaria Zavala y a Erick Toledo, reportera y camarógrafo de Olmeca TV, cuando trataron de cuestionarlo sobre la protesta que realizaba el personal sindicalizado a las afueras de la dependencia, exigiendo el pago de sus aguinaldos.

25. Tijuana, Baja California. Claudia Orozco y su ca-marógrafo, de quien se desconoce el nombre, del No-ticiario Telemundo 33, en San Diego, California, fueron intimidados por al menos 10 agentes de la Policía Fe-deral Preventiva (PFP). Orozco aseguró que los unifor-mados armados le reclamaron a ella y a su compañero que estuvieran grabando las inmediaciones del hotel donde la corporación instaló su cuartel. Después, los agentes quisieron ver las grabaciones de los repor-teros para cerciorarse de que en ellas no aparecían las actividades y rostros de los uniformados. Pero como Orozco y su colega se resistieron a mostrar su trabajo, los agentes los trasladaron, en el vehículo rotulado del Canal 33, al estacionamiento del hotel donde se hos-pedaban las fuerzas castrenses. Allí un comandante, que se identificó como Peralta, les aseguró a los pe-riodistas que serían consignados por tomar imágenes de sus actividades y exigió que entregaran las graba-ciones. Hasta que llegó otro camarógrafo de Telemun-do 33, Peralta bajó el tono de los reclamos y dejó en libertad a los informadores. ∞


6. Metodología para el análisis y seguimiento Criterios de selección de casos contra las libertades de expresión e información

Perla Gómez · / Omar Raúl Martínez ·· / Verónica Trinidad Martínez ···

· Profesora Investigadora Titular del Departamento de Estudios Institucionales UAM-Cuajimalpa y maestra por oposición de la asignatura Derecho a la Información de la Facultad de Derecho UNAM.·· Presidente de la FMB y director de la Revista Mexicana de Comunicación··· Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la FMB

La experiencia en el seguimiento y el análisis de casos de ataques a la libre expresión, nos permiten plantear la siguiente tipología: 1

6.1 Agresiones Directas a Periodistas (ADP)

En esta categoría se agrupan aquellas tipificaciones que impactan de manera inmediata a los periodistas. La mayoría de ellas suelen ser ataques a su persona y también al ejercicio profesional que desempeñan.

a) Acoso u hostigamiento. b) Agresión física c) Allanamiento d) Amenazas / intimidación e) Asesinato f) Atentado g) Bloqueo informativo / obstaculización h) Anuncio de bloqueo informativo i) Censura j) Decomiso k) Desaparición l) Insultos m) Secuestro n) Intento de secuestro o) Espionaje

6.2 Agresiones Indirectas a Periodistas (AIP)

En este apartado se presentan aquellos ataques que de manera sutil -o que no son inmediatamente iden-tificados como agresiones- sufren los periodistas. En tales casos, el ataque no es inmediato e incluso se utilizan medidas sofisticadas tales como demandas o denuncias frívolas y/o temerarias con la intención de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión:

a) Arbitrariedad en edición b) Auto de formal prisión c) Anuncio de demanda d) Cita a comparecer e) Demanda / denuncia / Sujeto a juicio f) Despido g) Detención h) Orden de aprehensión i) Robo j) Sujeción a proceso k) Renuncia inducida l) Suspensión m) Cateo n) Incompatibilidad editorial o) Soborno

6.3 Agresiones Directas a Medios de Comunicación (ADM) Aquí se incluye tanto a la persona física (persona: em-pleado o empresario del medio) como a la persona moral (empresa o grupo de empresarios en sociedad). Por este motivo varios indicadores coinciden con los ya presentados en el caso de los periodistas:

a) Acoso u hostigamiento b) Bloqueo informativo c) Allanamiento d) Amenazas / intimidación e) Anuncio de bloqueo informativo / publicitario f) Atentado g) Bloqueo informativo h) Confiscación g) Amenazas de confiscación i) Censura j) Desaparición k) Toma l) Amenazas de toma


6.4 Agresiones Indirectas a Medios de Comunicación (AIM)

En este último bloque destaca lo que en los últimos años se viene presentando a través de procedimien-tos administrativos como la revisión de aspectos de seguridad social o de corte hacendario, lo cual puede terminar en el cierre temporal e incluso permanente del medio informativo:

a) Anuncio de demanda b) Aseguramiento c) Auto de formal prisión d) Cierre temporal o clausura e) Cita a comparecer f) Confiscación g) Demanda h) Detención i) Multa j) Robo k) Secuestro l) Sujeción a proceso m) Auditoria fiscal n) Embargo

Vale señalar que no es gratuita la expresión agresiones indirectas, pues los estudios realizados anteriormente revelan que un considerable porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. En otras palabras: no resulta infrecuente que ciertos personajes, molestos o inquietos por informaciones, críticas o comentarios publicados o por darse a cono-cer, actúen contra periodistas a través de mensajes inhibitorios de manera embozada –es decir, sin dar la cara– para evitar comprometer su imagen pública o la de la institución que representan. Por eso se decidió considerar los casos en que los indicios apuntan a tal propósito.

En torno a las agresiones indirectas contra periodis-tas y medios de comunicación, conviene apuntar que, estrictamente hablando, no pueden considerarse “agresiones”. Sin embargo, la experiencia indica que tanto la interpretación y aplicación de las leyes como las relaciones medios-gobierno en México están in-

fluidas por la discrecionalidad y la parcialidad en mo-mentos clave, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presión mediante argucias legales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información2, la simple refe-rencia de tales hechos implica una insoslayable veta de análisis.

6.5 Las variables

Entre las variables por considerar para el desarrollo del estudio, se encuentran: incidente, tipo de agresión o acto, nombre de la persona afectada, sexo, cargo o quehacer, fuente informativa o área del periodista, medio o espacio al que pertenece o donde participa, fecha y lugar en que ocurrió, presuntos responsables, motivos reales o aparentes del hecho, y referencia o entidad o persona que proporcionó la información.

Para los fines de un análisis como el que aquí se pro-pone, resulta pertinente definir el concepto de perio-dista: toda aquella persona que participa de manera regular en el acopio, análisis, procesamiento o re-dacción y difusión de informaciones o comentarios a través de los medios de comunicación y que vive de ello.3 Por ende, cuando se trate de agresiones a pe-riodistas, éstos deberán identificarse como tales en función de un cargo específico: articulista4 o colum-nista, caricaturista, comentarista de radio y/o tele-visión, conductor o locutor, coordinador de sección, corresponsal, director, subdirector, editor, reportero gráfico, jefe de información, jefe de redacción, redac-tor, reportero, videoasta, y otros.

En consecuencia, los incidentes en contra de emplea-dos de los medios de ninguna manera pueden consi-derarse como agresiones a periodistas habida cuenta que su cargo no se ajusta a la acepción de periodista que proponemos, pero sí habrán de consignarse –sólo si las razones se vinculan directamente al ejercicio de las libertades de expresión e información– como agresiones a medios. En esa lista de afectados por su pertenencia a un medio de comunicación, se encuen-tran: el administrador o contador, dueño, gerente,


presidente, vigilante, voceador, secretaria, y empleado (aquí entran aquellos cargos no contemplados).

La detección de las fuentes que cubren –o temas que abordan– los periodistas afectados, contribuye a per-filar un abanico de las áreas de mayor controversia o conflicto. Así, tras una consulta a varios periódicos, se decidió clasificar las fuentes de la siguiente manera: 1) Agropecuaria/Agraria; 2) Cultural; 3) Deportes; 4) Ecología/Medio ambiente; 5) Economía y finanzas; 6) Educativa; 7) Espectáculos; 8) Información general (incorpora: aeropuertos y turismo, organismos asis-tenciales como ISSSTE e IMSS, asociaciones profe-sionales, Departamento del Distrito Federal, delega-ciones, estados, religión e iglesias, salud y medicina, seguridad pública); 9) Policíaca (juzgados, nota roja); 10) Política (Cámara de Diputados, Cámara de Sena-dores, derechos humanos, información diplomática, información electoral, fuerzas armadas, sindicatos, ONG’s, partidos políticos, Presidencia de la República, secretarías de Estado, Suprema Corte de Justicia); y 11) Sociales.

Una variable en la que se ha puesto particular aten-ción por su carga acusatoria es la referida a los re-sponsables, la cual se desglosa así: 1) Desconocidos; 2) Directivos de medios (dueño, presidente, director, subdirector, etc.); 3) Exfuncionarios de dependencias policíacas; 4) Exfuncionarios de gobierno; 5) Fuerzas del orden (aquí entra una larguísima lista: agentes y comandantes de la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal Federal, Policía Judicial del Distrito Federal, Policía Preventiva Municipal, Policía Judicial Estatal, Policía Judicial Fede-ral, así como comandantes de la Procuraduría General de la República, efectivos, granaderos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Dirección de Seguridad Públi-ca, policías antimotines de la Secretaría de Protección y Vialidad, y toda clase de agentes, judiciales, policías –como los de tránsito–, granaderos, y guardaespal-das como los del Estado Mayor Presidencial); 6) Fun-cionarios de dependencias policíacas (delegados de la PGR, directores de DSP, etc.); 7) Funcionarios de gobierno (gobernadores, regidores, presidentes mu-nicipales); 8) Grupos políticos; 9) Grupos sociales; 10)

Instituciones de gobierno; 11) Otros (organizadores de una feria, sacerdotes, maestros...) 12) Particulares; 13) Representantes de partidos políticos (senadores, diputados, etcétera); 14) Representantes o miembros de organismos deportivos (Federación Mexicana de Fútbol, clubes deportivos, directores técnicos, juga-dores, etcétera); 15) Representantes o miembros de instituciones educativas (profesores, alumnos, coor-dinadores, etcétera), y 16) Supuestos narcotraficantes.

Los motivos para cometer cada uno de los hechos o agresiones contra periodistas y medios, constituyen otra variable de sumo interés por lo que tienen de significación para el ejercicio de las libertades de ex-presión e información en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible definirlos en detalle: a) Por contenidos: cuando el periodista escribe, publica o transmite de-terminado material que molesta o preocupa a alguien, sin especificar si el afectado es un articulista, colum-nista o reportero. b) Por críticas: cuando el periodista o el medio realiza juicios o comentarios críticos de las actividades de organismos o personas públicas; por


lo general se trata de columnistas, articulistas o en-sayistas que analizan, cuestionan y opinan en torno a temas de coyuntura.5 c) Por denuncias: cuando un reportero –o eventualmente un columnista– hace la revelación de datos, sucesos o informes que eviden-cian manejos turbios o ineficientes o ilegales, que afectan al conjunto social y son de interés público. d) Por motivos desconocidos: cuando la fuente omite el dato o el afectado ignora la identidad de los agresores. e) Por nexos con el narcotráfico: cuando el periodista aparentemente tiene algún vínculo con narcotra-ficantes. f) Por ejercer su labor: cuando el periodista resulta agredido por o al momento de realizar su tra-bajo reporteril. g) Por posibles contenidos o denun-cias: cuando no se tiene la certeza de que el periodista haya sido agredido por transmitir alguna información o comentario, pero hay probables indicadores para se-ñalar responsabilidades. h) Robo: cuando al periodista se le despoja de algún material de trabajo con el fin indirecto de inhibir su labor y los indicios refuerzan tal hipótesis. i) Por difundir propaganda propia: cuando los responsables toman las instalaciones de un medio informativo con el propósito de divulgar sus propios planteamientos, informaciones o puntos de vista en torno a asuntos que les compete.

Finalmente, las variables referidas a nombre, sexo, medio o espacio, fecha y lugar, significan datos de re-levancia innegable, por lo que también son tomados en cuenta en la presente metodología.

6.6 Criterios adicionales

Cuando concurra más de un incidente en una oportunidad, en el listado aparecerán como un sólo caso, y se consignará para el análisis sólo el primero por ser el predominante.Los incidentes de tipo judicial (demanda, cita a comparecer, orden de aprehensión y auto de for-mal prisión) cometidos en una o varias oportuni-dades, se contemplarán –cada caso– en el análisis de manera separada.Las agresiones contra empleados sólo podrán ser consideradas si en ellas se advierten claros indi-cios de afectar a la persona por su pertenencia al medio. De tal suerte que dicho acto se integre al bloque de agresiones a medios de comunicación.La detección de las fuentes se inferirá de acuerdo con la clase de agresor o responsable.Las agresiones a camarógrafos se registrarán en el apartado de Fotógrafos/Reporteros por considerar que se trata de un hecho implicado directamente en el ejercicio reporteril.Se considerará perjuicio colectivo cuando se agre-dan a más de tres personas en las mismas circuns-tancias y en la misma ocasión.Únicamente se contemplarán robos cuando éstos tengan como fin central atentar contra las liberta-des de expresión e información.Se excluirán del análisis los asesinatos de periodis-tas que evidentemente –de acuerdo con los indi-cios judiciales y las propias fuentes hemerográfi-cas– hayan sido cometidos por razones ajenas al oficio periodístico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NOTAS 1) Como parte del compromiso de la revisión, la autocrítica y la constante actua-lización y sistematización de la metodología, en esta presentación se integran las últimas adecuaciones en aras de la claridad y seriedad que ha caracterizado a este tipo de estudios.

2) Aquí nos ajustamos a lo delineado por Ernesto Villanueva: “[...] el contenido de la libertad de expresión ‘puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acon-tecimientos concretos’, o como bien ha señalado el Tribunal Constitucional de Es-paña: ‘La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones’”. Y por lo que se refiere a la libertad de información, el mismo autor la concibe como “el derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social”. Véase Vi-

llanueva, Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, México, UNAM, 1998, 253 pp.

3) Se entiende que entra en la acepción de periodista quien se encargue tan sólo de una de esas etapas, como un redactor o un editor.

4) Habitualmente un articulista no vive sólo de su tarea como tal, pero se con-templa en el presente estudio por la imposibilidad de soslayar su ejercicio de la libertad de expresión y la recurrencia de actos en su contra.

5) Tal apartado puede ubicarse en los linderos referidos a la libertad de ex-presión.



7. Numeralia

INCIDENTES CANTIDAD

ACOSO U HOSTIGAMIENTOAGRESIÓN FÍSICAALLANAMIENTOAMENAZAS O INTIMIDACIÓNASESINATOATENTADOCENSURADESAPARICIÓNINSULTOSBLOQUEO INFORMATIVOSECUESTROCITA A COMPARECER DEMANDADETENCIÓNROBO DESPIDOINCOMPATIBILIDAD EDITORIALCONFISCACIÓNBLOQUEO PUBLICITARIOCLAUSURA

371104712131211531

1411411157

TIPO DE INCIDENTE CANTIDAD

AGRESIÓN DIRECTA CONTRA PERIODISTASAGRESIÓN INDIRECTACONTRA PERIODISTASAGRESIÓN DIRECTACONTRA MEDIOSAGRESIÓN INDIRECTACONTRA MEDIOS

163

27

18

15

GÉNERO CANTIDAD

FEMENINOMASCULINOMASCULINO Y FEMENINOLA FUENTE NO LO INDICA

30153

53

CARGO AFECTADOS CANTIDAD

ARTICULISTACAMARÓGRAFOCOLUMNISTACOMENTARISTACONDUCTORCORRESPONSALDIRECTORDIVERSOSEDITORJEFE DE INFORMACIÓNLOCUTORPERIODISTAREPORTEROREPORTERO GRÁFICOSUBDIRECTOR

18

1113

192154297

74241

TIPO DE MEDIO CANTIDAD

AGENCIAPRENSARADIOTELEVISIÓNINTERNETLA FUENTE NO LO INDICADIVERSOSOTRO

215931171652

FUENTES DE INFORMACIÓN CANTIDAD

DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOSECOLOGÍA / MEDIO AMBIENTEESPECTÁCULOSINFORMACIÓN GENERALPOLICIACAPOLÍTICASOCIALESLA FUENTE NO LO INDICADIVERSOS / OTROS

122

1810486172

ENTIDAD CANTIDAD

AGUASCALIENTESBAJA CALIFORNIABAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHECOAHUILACOLIMACHIAPASCHIHUAHUADISTRITO FEDERALESTADO DE MÉXICOGUANAJUATOGUERREROHIDALGOJALISCOMICHOACÁNMORELOSNAYARITNUEVO LEÓNOAXACAPUEBLAQUINTANA ROOSAN LUIS POTOSÍSINALOASONORATABASCOTAMAULIPASTLAXCALAVERACRUZYUCATÁN ZACATECAS

3541118

1634945927614

2783458893

2242

RESPONSABLES CANTIDAD

FUERZAS DEL ORDENFUNCIONARIOS DE GOBIERNODESCONOCIDOSPARTICULARESGRUPOS SOCIALESSUPUESTOSNARCOTRAFICANTESDIRECTIVOS DE MEDIOSREPRESENTANTE DEPARTIDO POLÍTICOOTROSEXFUNCIONARIO DEDEPENDENCIAS POLICIACASINSTITUCIONES DE GOBIERNOGRUPOS POLÍTICOS

8052322611

64

4

32

21

FECHA CANTIDAD

ENEROFEBRERO MARZO ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

312117211023182514181114

MOTIVOS CANTIDAD

CONTENIDOSPOSIBLES CONTENIDOSDENUNCIASDESCONOCIDOSPOSIBLES CRÍTICASPOR EJERCER SU LABORPOR NO TENER PERMISO PARA TRANSMITIR

502716291

93

7


PERIODISTAS ASESINADOS 2000 - 2009Luis Roberto Cruz MirandaRevista Multicosas01/02/00

Pablo Pineda Gaucín La Opinión 09/04/00

José Ramírez PuenteNoticiario Juárez Hoy28/04/00

Hugo Sánchez EustaquioDiario La Verdad19/07/00

Humberto Méndez RendónCanal 9 de Televisión09/02/01

José Luis Ortega MataSemanario de Ojinaga19/02/01

José Barbosa BejaranoRevista Alerta09/03/01

Saúl Antonio Martínez GutiérrezEl Imparcial24/03/01

Félix Alfonso Fernández GarcíaRevista Nueva Opción 17/01/02

José Miranda VirgenPeriódico El Sur de Veracruz16/10/02

Roberto Javier Mora GarcíaPeriódico El Mañana 19/03/04

Francisco Ortiz FrancoSemanario Zeta25/06/04

Francisco Arriatia SaldiernaPeriódicos El Imparcial y El Regional 31/08/04

Leodegario Aguilera LucasRevista Mundo Político09/09/04

Gregorio Rodríguez HernándezPeriódico El debate de Mazatlán29/11/04

Guadalupe EscamillaEstéreo 9105/04/05

Raúl Gibb GuerreroPeriódico La Opinión08/04/05

José Reyes BrambiliaPeriódico Vallarta Milenio18/09/05

Julio César Pérez MartínezRevista México 24/10/05

Hugo Barragán OrtizPeriódico La Crónica de la Cuenca01/11/05

Jaime Arturo Olvera BravoPeriódico La Voz de Michoacán09/03/06

Ramiro Téllez ContrerasEXA 95.710/03/06

Rosendo Pardo OsunaPeriódico La Voz del Sureste29/03/06

Enrique Pera QuintanillaRevista Dos caras, una verdad10/08/06

Bradley WillAgencia Indymedia26/10/06

Misael Tamayo HernándezDespertar de la Costa 10/11/06

José Manuel Sánchez NavarroExcélsior16/11/06

Marco Roberto GarcíaRevista Testimonio22/11/06

Adolfo Sánchez GuzmánTelevisa Veracruz y Estéreo 99.330/11/06

Raúl Marcial PérezDiario El Grá�co 08/12/06

Amado RamírezTelevisa, noticiario Al Tanto06/04/07

Saúl Noé MartínezInterdiario 17/04/07

Agustín LópezEl Imparcial del Istmo08/10/07

Gastón Alonso ToscanoLas noticias de la frontera04/12/07

Gerardo Israel García PimentelDiario La Opinión de Michoacán08/12/07

Francisco Ortiz MonroyEl Diario de México05/02/08

Bonifacio Cruz Santiago Periódico El Real07/02/08

Alfonso Cruz CruzPeriódico El Real 07/02/08

José Luis VillanuevaEl Grá�co27/02/08

Felícitas Martínez Radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio07/04/08

Teresa Bautista Flores Radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio07/04/08

Candelario Pérez PérezRevista Sucesos23/06/08

43. Alejandro Zenón Fonseca EstradaEXA FM, noticiario El Padrino23/09/08

David García MonroyPeriódico El Diario09/10/08

Miguel Ángel Villagómez La Noticia de Michoacán09/10/08

Armando Rodríguez CarreónEl Diario13/11/08

Raúl Martínez LópezPeriódico Noreste14/12/08

Jean Paul Ibarra RamírezEl Correo13/02/09

Luis Daniel Méndez HernándezEnlaces Noticias, de la estación de radio La Poderosa22/02/09

Juan Carlos Hernández MundoEl Quijote27/02/09

Carlos Ortega SamperDiario Tiempo03/05/09

Eliseo Barrón HernándezPeriódico La Opinión25/05/09

PERIODISTAS DESAPARECIDOS 2000 - 2008Valentín Dávila09/08/01

José de Jesús Mejía Noticiario A primera Hora10/07/03

Alfredo Jiménez MotaPeriódico El Imparcial02/04/05

Rafael Ortiz MartínezPeriódico Zócalo08/07/06

José Antonio García Apac Diario Ecos de la Cuenca 20/11/06

Rodolfo Rincón TaracenaTabasco Hoy20/01/07

Gamaliel López CandanosaTV Azteca10/05/07

Gerardo Paredes PérezTV Azteca10/05/07

Mauricio Estrada ZamoraLa Opinión de Apatzingán 12/02/08


8. Recuento preliminar de casos en 2009


**Se contempla la fecha en que se dio a conocer porque se desconoce el dato exacto

© Isaín MandujanoInforme Buendía 2008 _ 61


9. Anexo del Análisis del Seguimiento contra la Libertad de Expresión en México

En las siguientes gráficas se presentan los 223 actos cometidos contra periodistas y medios informativos que se registraron durante el 2008. Los porcentajes se basan en los 190 acciones en contra de diversos comunicadores y los 33 cometidos a las empresas de medios de comunicación. En estas gráficas se inter-pretan los datos principales sobre los incidentes, los presuntos responsables, los motivos y el género de los agredidos.

El fenómeno de agravios se presenta de manera sepa-rada y por rubro, contabilizado en porcentajes. Estos apartados dejan ver el contraste entre los actos que sufren los periodistas y los medios de información, siendo siempre los más afectados los reporteros en el

ejercicio de su profesión; en estas gráficas se visualiza que el incidente más frecuente es la agresión física, mientras que para los medios de comunicación la situación más usual es la clausura.

Los presuntos responsables para ambos casos, en su mayoría son funcionarios públicos o representantes de las fuerzas del orden.

En el caso de los “motivos” hay diferencias entre los periodistas y los medios informativos; sin embargo, coinciden en que más del 30% de los actos en contra de ellos se deben a la información que difunden, ya sea concretamente en contenidos o denuncias.

www.pnp.org.mx

informe buendía 2008

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