INE/CG235/2016 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS AL CARGO DE AYUNTAMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2016 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de ayuntamiento del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016, del municipio de Chiautla, Estado de México

A N T E C E D E N T E S I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los Procesos Electorales, Federales y Locales, así como de las precampañas de los precandidatos. III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos

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Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. IV. El seis de junio de dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Reglamento de Comisiones, mediante el Acuerdo INE/CG45/2014. En la misma sesión se aprobó el Acuerdo INE/CG46/2014, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, así como del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información. Mediante oficio PCF/BNH/1187/2015, de fecha 12 de junio de 2015, el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización, Dr. Benito Nacif Hernández informó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que en sesión ordinaria, celebrada el 12 de junio de 2015, esa Comisión aprobó la designación del Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón como nuevo Presidente de la Comisión de Fiscalización. Ratificando la rotación de la presidencia el diecisiete de junio de dos mil quince en el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG392/2015 V. Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 237 expedido por la Diputación Permanente de la H. “LVIII” Legislatura Local, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia política-electoral. VI. Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 248 expedido por la H. “LVIII” Legislatura Local, por el que se expidió el Código Electoral del Estado de México y abrogó el publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis, ordenamiento que es acorde con las reformas constitucionales a nivel federal y local, contemplando al Instituto Electoral del Estado de México como el organismo público local y autoridad en materia electoral, reconformándose su integración y atribuciones. VII. El 10 de junio de 2015, el Consejo Electoral Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Chiautla, llevó a cabo la séptima sesión de cómputo de la elección municipal, en la cual emitió́ la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Chiautla, y entregó las constancias de mayoría a los miembros de la planilla postulada por la Coalición conformada por los Partidos

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Políticos Nacionales Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Inconforme con lo anterior, el 14 de junio de 2015, Movimiento Ciudadano presentó, ante el Tribunal Electoral del Estado de México, tres demandas de juicio de inconformidad, mismas que quedaron radicadas en los expedientes identificados con las claves JI/80/2015, JI/81/2015 y JI/82/2015. VIII. El ocho de diciembre de dos mil quince, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia al medio de

impugnación ST-JRC-338/2015 resolviendo:

“PRIMERO.- Se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad JI/80/2015 y sus acumulados. SEGUNDO.- Se declara la invalidez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chiautla, Estado de México. TERCERO.- Se revocan la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada en función de los resultados de la ELECCIÓN. (…)”

IX. En sesión extraordinaria, celebrada el nueve de diciembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG1011/2015, por cual se Determinan Las Reglas para la Contabilidad, Redición de Cuentas y Fiscalización, así como los Gastos que se Consideran como de Precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, así como para los Procesos Extraordinarios que pudieran derivar, a celebrarse en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; especificando en su artículo 1 que para el caso de los precandidatos que sean parte de la referida temporalidad, les serán aplicables la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el Manual General de Contabilidad.

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Periodo de

precampaña

Fecha límite de

entrega de los

Informes

Notificación de Oficios de

Errores y Omisiones

Respuesta a Oficios de Errores y

Omisiones

Dictamen y Resolución

Aprobación de la Comisión de Fiscalización

Presentación al Consejo General

Aprobación del Consejo

General

Ayuntamiento (Chiautla)

Del 11 al 15 de febrero de 2016

25 de febrero de 2016

9 de marzo de 2016

16 de marzo de

2016

26 de marzo de 2016

4 de abril de 2016

7 de abril de 2016

13de abril de 2016

X. En fecha veintidós de diciembre del dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicto sentencia a los expedientes número SUP-REC-1092/2015 y SUP-REC/1095/2015 acumulados, en la cual determinó confirmar la sentencia emitida por la Sala Regional, quedando de esta forma firme. XI. Que el ocho de enero del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo identificado con el número INE/CG02/2016, por el que se aprobó el plan y calendario integral de coordinación para las elecciones extraordinarias locales de los municipios de centro en el Estado de Tabasco y Chiautla en el Estado de México, y acciones específicas para atenderlos, y se ratifica la integración de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en dichas entidades federativas, declarando aplicable para dichas elecciones, lo aprobado en el Acuerdo INE/CG1011/2015. XII. El quince de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 59, a través del cual, la H. “LIX” Legislatura Local, expidió la Convocatoria a la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla, misma que se llevará a cabo el trece de marzo del año en curso. XIII. En sesión extraordinaria el diecinueve de enero del dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó a través del Acuerdo IEEM/CG/08/2016 el Calendario Electoral de la Elección Extraordinaria de Chiautla, 2016. XIII. En sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de enero del dos mil dieciséis, el Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo con número IEEM/CG/09/2016 por el que se aprueba el procedimiento para la integración de la propuesta y designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Municipal Electoral de Chiautla, para la elección extraordinaria 2016.

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XV. El veinte de enero del dos mil dieciséis, en sesión pública extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el Acuerdo IEEM/CG/12/2016, mediante el cual determinó el financiamiento público de los partidos políticos y candidatos independientes para la obtención del voto, en la elección extraordinaria del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el periodo Constitucional 2016-2018. XVI. En sesión extraordinaria, celebrada el veinte de enero del dos mil dieciséis, mediante Acuerdo IEEM/CG/13/2016 se determinaron los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña para la Elección Extraordinaria de Chiautla, Estado de México 2016. XVII. En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG1082/2015, por el cual se Emiten los Lineamientos para Establecer el Proceso de Captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos así como de los Aspirantes y Candidatos Independientes. XVIII. En sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo CF/076/2015, aprobó los Lineamientos para la Operación y el Manejo del Sistema Integral de Fiscalización que deberán Observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos, Candidatos Independientes y Candidatos de Representación Proporcional en los Procesos de Precampaña, Campaña y Ordinario. XIX. En sesión extraordinaria celebrada en diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones para el Registro de las Operaciones, Generación y Presentación de Informes, que Deberán cumplir los Partidos Políticos, Coaliciones, Aspirantes, Precandidatos, Candidatos Independientes, Candidatos y Candidatos de Representación Proporcional, a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) correspondientes los Procesos Ordinario, de Precampaña y Campaña 2015-2016. XX. En sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo CF/075/2015, modificó el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los Formatos que Servirán de

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Apoyo para el Cumplimiento del Reglamento de Fiscalización y de la Guía de Aplicación del Prorrateo del Gasto Centralizado. XXI. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG1047/2015 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria mediante el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el Acuerdo INE/CG350/2014. XXII. En sesión extraordinaria celebrada el diez de febrero del dos mil dieciséis, la Comisión de Fiscalización aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la Fiscalización de las Precampañas y de las Actividades para la Obtención del Apoyo Ciudadano del Proceso Electoral Extraordinario Local 2015-2016, del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México. XXIII. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de febrero del dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG02/2016 en su considerando 31, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece que serán aplicables, los plazos y procedimientos establecidos en el plan y calendario de la elección extraordinaria del Estado de Tabasco y los ajustes al calendario específico para la organización de la elección extraordinaria de los integrantes del Ayuntamiento de Chiautla en el Estado de México en su caso se presentarán en la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales. XXIV. En la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, aprobó el Acuerdo CF/004/2016, mediante el cual se emitieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, así como en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, candidatos independientes, partidos políticos y coaliciones, durante la precampañas y campañas locales del Proceso Electoral ordinario 2015-2016. XXV. En sesión XXXXX de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos al cargo de al ayuntamiento de Chiautla,

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correspondientes al Proceso Electoral local extraordinario 2016, en el Estado de México.

C O N S I D E R A N D O S 1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y

penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.

2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo principios rectores en el ejercicio de su función la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

4. Que el Apartado B, inciso a), numeral 6, así como el penúltimo párrafo del mismo Apartado, todo ello del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos para los Procesos Electorales Locales; y para cumplir dichas funciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

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5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c) del referido

ordenamiento, establece que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozaran de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente mediante la integración exclusiva de Consejeros Electorales designados por el Consejo General, contando con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

8. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estarán a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

9. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos

electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.

10. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

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11. Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las

funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.

12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso

d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.

13. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III

y V de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesaria, para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen, y monto de ingresos, así como los gastos realizados.

14. Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley General de Partidos

Políticos, establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos.

15. Que de conformidad con el artículo 61, fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es facultad de la legislatura Convocar a elecciones ordinarias o extraordinarias de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos.

16. El quince de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 59, a través del cual, la H. “LIX” Legislatura Local, expidiendo convocatoria a

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la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla, misma que se llevará a cabo el trece de marzo del año en curso, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al medio de impugnación ST-JRC-338/2015 que declaro la invalidez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chiautla, Estado de México y que el veintidós de diciembre

del dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el recurso de reconsideración identificado con el número SUP-REC-1092/2015 y SUP-REC/1095/2015 acumulados, determino confirmar la sentencia emitida por la Sala Regional, quedando de esta forma firme.

17. Que los partidos políticos obligados a presentar los informes de precampaña

de los ingresos y gastos de los precandidatos al ayuntamiento de Chiautla, correspondientes al Proceso Electoral local extraordinario 2016, en el Estado de México, son aquellos con registro o acreditación local; siendo por tanto, los sujetos que harán frente a las obligaciones que resultaren de la presente Resolución.

Por tanto, toda mención a los partidos políticos, se entenderá realizada a aquellos con registro o acreditación local en el estado de México.

18. Que debe considerarse que los partidos políticos sujetos a sanción cuentan

con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les imponga ya que, mediante respuesta al requerimiento realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, el Instituto Electoral del Estado de México informó que el financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2016 que corresponderá a los partidos políticos, es el siguiente:

Partido Político

Monto de financiamiento

público por actividades

ordinarias 2016 Partido Acción Nacional $85,368,185.93

Partido Revolucionario Institucional $146,214,122.04

Partido de la Revolución Democrática $74,447,111.22

Partido del Trabajo $30,784,460.72

Partido Verde Ecologista de México $30,621,304.51

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Partido Político

Monto de financiamiento

público por actividades

ordinarias 2016 Movimiento Ciudadano $34,900,889.67

Nueva Alianza $31,397,180.47

Morena $57,891,338.39

Encuentro Social $35,926,731.62

Es de mencionarse, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su sesión ordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil quince, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/253/2015, por el que emitió la declaratoria de pérdida de registro del Partido Futuro Democrático como partido político local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados Locales, celebrada el siete de junio de dos mil quince en el Estado de México. En el párrafo segundo, del Punto Tercero del Acuerdo en mención, se determinó:

“TERCERO.-… Sin embargo, el partido político en liquidación, podrá participar en las elecciones extraordinarias que se convoquen en el Estado de México, siempre y cuando hubiere participado con candidatos en las elecciones ordinarias anuladas en el Proceso Electoral 2014-2015.”

Asimismo, que en sesión celebrada el diecinueve de enero del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México emitió el Acuerdo número IEEM/CG/10/2016, por el que determinó los aspectos de la participación del otrora Partido Futuro Democrático en la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018; en el que se determinó, entre otros aspectos, que dicho partido en liquidación, podrá recibir financiamiento público para la obtención del voto en dicho proceso comicial extraordinario. En este tenor, es oportuno mencionar que los citados sujetos obligados están además legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, las sanciones determinadas por esta autoridad mediante la presente Resolución en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de México ha informado a esta autoridad electoral, los saldos pendientes por saldar, derivados de sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos en el ámbito local, siendo los que se detallan a continuación, quienes tienen saldos pendientes por liquidar al mes de marzo de dos mil dieciséis, lo que se refleja de la siguiente forma:

Partido Político Saldos

pendientes Partido Acción Nacional $11,318.80

Partido Revolucionario Institucional $917,333.00

Partido de la Revolución Democrática $11,391,116.51

Partido del Trabajo $830,463.50

Movimiento Ciudadano $993,625.48

Encuentro Social $648,55.38

Partido Humanista* $1,310,581.39

Partido Futuro Democrático** $4,640.00 *El Partido Humanista perdió su registro como partido político. **El Partido Futuro Democrático perdió su registro como partido político local mediante Acuerdo IEEM/CG/253/2015.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, en este caso, los partidos políticos y precandidatos; así como el cumplimiento de éstos a las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

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En ese sentido, una vez presentados los informes respecto de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos al ayuntamiento de Chiautla, correspondientes al Proceso Electoral local extraordinario 2016 en el Estado de México, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y analizar la información y documentación presentada por los sujetos obligados; aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los institutos políticos con los proveedores, simpatizantes, militantes, precandidatos, autoridades y se efectuó una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos; en su caso, se hizo del conocimiento de los entes políticos las observaciones que derivaron de la revisión realizada, mismas que fueron atendidas por estos en el momento procesal oportuno. Por lo anterior, habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones que la normatividad electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud de que del análisis, revisión y comprobación de los informes respectivos no se desprende conclusión sancionatoria alguna, este Consejo General determina que no ha lugar a imponer sanción con motivo de informes de precampaña a los precandidatos al ayuntamiento de Chiautla, en el Estado de México que a continuación se detallan:

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Nueva Alianza

Encuentro Social

Futuro Democrático 19. Que en concordancia con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso

aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el acuerdo INE/CG1011/2015, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos al ayuntamiento de Chiautla, correspondientes al Proceso Electoral local extraordinario 2016, en el Estado de México

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Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la resolución respectiva, se informará al Instituto Electoral del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones ejecute las sanciones económicas impuestas y, en su caso, niegue o cancele el registro de los candidatos cuando así se determine. Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales –prevaleciendo las Leyes Generales–, por lo que de conformidad con lo anterior, la Unidades de Medida y Actualización en 2016 equivale a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). Es necesario precisar que tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como la Ley General de Partidos Políticos refieren que para efecto de individualizar e imponer sanciones será conforme al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, sin embargo, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios mínimos acordó por unanimidad otorgar un aumento de $4.2, el cual rige a partir del 01 de enero de 2016, teniendo un monto de $73.04; asimismo, el 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, entrando en vigor al día siguiente, por lo que la Unidades de Medida y Actualización es ahora aplicable a todo el país, teniendo el valor equivalente diario al que tenía el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor de dicho Decreto, por ello, en lo que atañe a la imposición e individualización de la sanción, esta autoridad empleará las Unidades de Medida y Actualización (UMA’s)

20. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente,

este Consejo General analizará cada uno de los informes con observaciones sancionatorias por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización, de las Precampañas y de las Actividades para la Obtención del Apoyo Ciudadano del Proceso Electoral Extraordinario Local 2016, del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México.

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En virtud de lo anterior, la autoridad fiscalizadora ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a los partidos políticos, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinara lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, y demás

disposiciones aplicables. En este contexto, los entes sujetos de fiscalización por la presentación de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos al ayuntamiento de Chiautla, correspondientes al Proceso Electoral local extraordinario 2016, en el Estado de México es:

20.1 Partido Revolucionario Institucional 20.2 Movimiento Ciudadano 20.3. Morena

20.1 INFORME DE PRECAMPAÑA DEL PRECANDIDATO DEL PARTIDO DE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO. Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016 en el Municipio de Chiautla, Estado de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió el Partido Revolucionario Institucional es la siguiente: a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2

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a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el apartado de ingresos y egresos. Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.1 Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes políticos a cada una de ellas. Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con todas las etapas de revisión de los informes en comento, esto es, una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado2 presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que el partido político conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las

1 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

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circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Bancos Conclusión 2

“ 2. El PRI omitió aperturar una cuenta bancaria para el manejo de los recursos de su precandidato.”

En consecuencia, al no abrir una cuenta bancaria, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 59, numeral 1 del RF. De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracciones II de la LGPP, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie omitir aperturar una cuenta bancaria; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio INE/UTF/DA-L/5299/16, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de siete días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos conducentes. Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la LGIPE, así como los artículos 223 numeral 6 y 238 numeral 1, del RF, se solicitó al partido político hiciera del conocimiento de su precandidato las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el precandidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

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En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el precandidato por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso. Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la LGPP, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña.” De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido presentar la documentación que acredite la apertura de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del precandidato, registrándolo en el Sistema Integral de

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Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP. En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

• Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

• Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los precandidatos y partidos, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades

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compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, y/o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.3 En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de precampaña, la Constitución, las leyes generales y el RF, impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,

numeral 1, inciso a) de la LGPP, la obligación original para rendir los informes

señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos

obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,

numeral 1, incisos l) y m) de la LGIPE, constituye una infracción que tendrá como

consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, está

a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad

deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida

por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del RF establece que los

partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de

responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera

solidaria en los precandidatos.

3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a

los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los

institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos y que les haya dado

vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que

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hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

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d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe

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hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la irregularidad cometida por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)

Acción u omisión

(2)

2. El PRI no abrió 1 cuenta bancaria para el manejo de los recursos de su precandidato al cargo de Presidente Municipal.

Omisión

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, no existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la normatividad electoral. Tiempo: La irregularidad se cometió en el marco de las precampañas a Presidente Municipal de Chiautla, estado de México dentro del Proceso Electoral local extraordinario 2016; y surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso Electoral aludido. Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Chiautla, Estado de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

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d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro. Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del

financiamiento de los sujetos obligados4. De la conclusión 2, se advierte que el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 del RF. De la valoración del artículo señalado, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los

4 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

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sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia. En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del partido político. En consecuencia, el incumplimiento de las disposición citada, únicamente constituye faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de precampaña, cargar el informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros. Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos. Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad

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fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del informe de los ingresos y gastos de precampaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro

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al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas. En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en el informe al no aperturar una cuenta bancaria.

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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas El actuar del ente político cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, en la que se viola el valor de rendición de cuentas, toda vez que el propósito de la conducta es el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el precepto normativo citado, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa. Calificación de la falta Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de una falta formal, al incumplir con una norma que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, de aperturar cuentas bancarias, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.

Con la actualización de falta formal no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

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Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el instituto político se califica como LEVE. Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto. Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. De la revisión al informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos.

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No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como LEVE.

Que con la actualización de una falta formal, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Que el partido político, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

Que el partido político, no es reincidente.

Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

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Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora. De este modo, la irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral. En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos

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analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, misma que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la

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normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente. La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito. En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidamos, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la LGIPE, consistente en una multa que asciende a 10 (diez) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, equivalente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 M.N.) Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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20.2 INFORME DE PRECAMPAÑA DE LOS PRECANDIDATOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO. Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016 en el Municipio de Chiautla, Estado de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que la irregularidad en la que incurrió Movimiento Ciudadano es la siguiente: a) 1 falta de carácter formal: conclusión 4 a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal, misma que tiene relación con el apartado de ingresos y egresos. Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.5 Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes políticos a cada una de ellas.

5 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con todas las etapas de revisión de los informes en comento, esto es, una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado6 presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que el partido político conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Bancos Conclusión 4

“4. MC omitió aperturar 2 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de sus precandidatos.

En consecuencia, al no abrir 2 cuentas bancarias, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 59, numeral 1 del RF. De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracciones II de la LGPP, toda vez que al advertirse el incumplimiento

6 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

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de una obligación por parte de los sujetos obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie omitir aperturar dos cuentas bancarias; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio INE/UTF/DA-L/5300/16, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de siete días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos conducentes. Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la LGIPE, así como los artículos 223 numeral 6 y 238 numeral 1, del RF, se solicitó al partido político hiciera del conocimiento de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso. Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la LGPP, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

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Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña.” De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido presentar la documentación que acredite la apertura de 2 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de su precandidato, registrándolo en el Sistema Integral de Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP. En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

• Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

• Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento

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de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los precandidatos y partidos, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, y/o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.7 En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de precampaña, la Constitución, las leyes generales y el RF, impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,

numeral 1, inciso a) de la LGPP, la obligación original para rendir los informes

señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos

obligados solidarios.

7 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,

numeral 1, incisos l) y m) de la LGIPE, constituye una infracción que tendrá como

consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña está

a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad

deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida

por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del RF establece que los

partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de

responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera

solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a

los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los

institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos y que les haya dado

vista de la presunta infracción.

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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden

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deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

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Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción

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que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la irregularidad cometida por el partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)

Acción u omisión

(2)

4. MC omitió aperturar 2 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de sus precandidatos.

Omisión

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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, no existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la normatividad electoral. Tiempo: La irregularidad se cometió en el marco de las precampañas a Presidente Municipal de Chiautla, estado de México dentro del Proceso Electoral local extraordinario 2016; y surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso Electoral aludido. Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Chiautla, Estado de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas. Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro. Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario

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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del

financiamiento de los sujetos obligados8. De la conclusión 4, se advierte que el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 del RF. De la valoración del artículo señalado, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con

8 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

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documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia. En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara. Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del partido político. En consecuencia, el incumplimiento de las disposición citada, únicamente constituye faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de precampaña, cargar el informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones

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aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros. Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos. Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del informe de los ingresos y gastos de precampaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas. En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en el informe al no aperturar dos cuentas bancarias. Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas El actuar del ente político cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, en la que se viola el valor de rendición de cuentas, toda vez que el propósito de la conducta es el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el precepto normativo citado, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

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Calificación de la falta Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de una falta formal, al incumplir con una norma que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, de aperturar cuentas bancarias, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.

Con la actualización de falta formal no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida. Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el instituto político se califica como LEVE. Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados. En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto. Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. De la revisión al informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos. No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.

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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como LEVE.

Que con la actualización de una falta formal, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Que el partido político, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

Que el partido político, no es reincidente.

Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

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En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora. De este modo, la irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral. En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, misma que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto

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igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente. La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito. En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general

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dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidamos, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar el tipo de conductas ilegales similares cometidas. Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las

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sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la LGIPE, consistente en una multa que asciende a 20 (veinte) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, equivalente a $1460.8 (mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.) Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20.3 INFORME DE PRECAMPAÑA DE LOS PRECANDIDATOS DE MORENA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO. Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016 en el Municipio de Chiautla, Estado de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

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De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió Morena son las siguientes: a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 3, 5 y 6 b) 2 faltas de carácter de fondo: conclusiones 4 y 7 c) 2 faltas de carácter de fondo: conclusiones 9 y 10 a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal, mismas que tiene relación con el apartado de ingresos y egresos. Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.9 Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas durante la revisión de los informes, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizaron los entes políticos a cada una de ellas. Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha cumplido con todas las etapas de revisión de los informes en comento, esto es, una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado10

9 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 10 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

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presenta el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídico y contable; y forma parte de la motivación de la presente Resolución. Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que el partido político conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Ingresos Conclusión 3

3. Morena presentó un contrato de comodato por la aportación de la casa de precampaña que carece de la firma del representante del partido político, por $3,495.05.

Conclusión 5

5. Morena presentó 39 contratos de donación por concepto de apoyo para la precampaña que carecen de la firma del representante de finanzas, por $17,547.60.

Conclusión 6

6. Morena presentó recibos y contratos de donación por concepto de lonas que carecen de la firma del representante de finanzas, por $11,250.00

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 107, del RF. De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracciones II de la LGPP, toda vez que al advertirse el incumplimiento

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de una obligación por parte de los sujetos obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie omitir presentar los diversos contratos observados con la firma del representante de finanzas; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio INE/UTF/DA-L/5298/16 por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de siete días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos conducentes. Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la LGIPE, así como los artículos 223 numeral 6 y 238 numeral 1, del RF, se solicitó al partido político hiciera del conocimiento de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso. Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la LGPP, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

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Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña.” De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido presentar los diversos contratos antes referidos con la firma del representante de finanzas, registrándolos en el Sistema Integral de Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP. En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

• Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

• Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento

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de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los precandidatos y partidos, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, y/o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.11 En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de precampaña, la Constitución, las leyes generales y el RF, impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,

numeral 1, inciso a) de la LGPP, la obligación original para rendir los informes

señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos

obligados solidarios.

11 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,

numeral 1, incisos l) y m) de la LGIPE, constituye una infracción que tendrá como

consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, está

a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad

deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida

por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del RF establece que los

partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de

responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera

solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a

los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los

institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos y que les haya dado

vista de la presunta infracción.

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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden

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deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:

Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

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Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción

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que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las irregularidades cometidas por el partido político, y en la columna (2) se indica si se tratan de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)

Acción u omisión

(2)

Omisión

Morena presentó un contrato de comodato por la aportación de la casa de precampaña que carece de la firma del representante de finanzas del partido político, por $3,495.05.

Morena presentó 39 contratos de donación por concepto de apoyo para la precampaña que carecen de la firma del representante de finanzas, por $17,547.60.

Omisión

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Descripción de la Irregularidad observada (1)

Acción u omisión

(2)

Morena presentó 7 recibos y contratos de donación por concepto de lonas que carecen de la firma del representante de finanzas, por $11,250.00.

Omisión

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, no existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la normatividad electoral. Tiempo: La irregularidad se cometió en el marco de las precampañas a Presidente Municipal de Chiautla, estado de México dentro del Proceso Electoral local extraordinario 2016; y surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso Electoral aludido. Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Chiautla, Estado de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas. Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación

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aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro. Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del

financiamiento de los sujetos obligados12. De las conclusiones 3, 5 y 6, se advierte que el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 107 numeral 1 del RF. De la valoración del artículo señalado, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización. Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento. En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)

12 En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

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Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia. En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora. Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara. Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del partido político.

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En consecuencia, el incumplimiento de las disposición citada, únicamente constituye faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordenan un correcto registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, presentar en tiempo los informes de precampaña, cargar el informe en el Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido político, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros. Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos. Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del informe de los ingresos y gastos de precampaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los

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recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la

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hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas. En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en el informe al no presentar los diversos contratos firmados por el representante de finanzas del partido. Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas El actuar del ente político cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, en la que se viola el valor de rendición de cuentas, toda vez que el propósito de la conducta es el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el precepto normativo citado, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa. Calificación de la falta Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de una falta formal, al incumplir con una norma que ordenan un debido registro contable, la entrega de formatos debidamente requisitados, la presentación en tiempo los informes, la entrega del informe en el Sistema Integral de Fiscalización, de documentación soporte de ingresos y egresos del ente político infractor, de diferencias en el registro contable, de aperturar cuentas bancarias, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.

Con la actualización de falta formal no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida. Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el instituto político se califica como LEVE. Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de obligaciones a que estuvo sujeto. Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. De la revisión al informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos. No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto obligado presentó una conducta que implica una contravención a lo dispuesto por los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.

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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como LEVE.

Que con la actualización de una falta formal, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Que el partido político, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

Que el partido político, no es reincidente.

Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del partido político, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos. Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-

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89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado. En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora. De este modo, la irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral. En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, misma que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

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II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Así pues, tomando en consideración las particularidades previamente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente. La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del procedimiento de mérito.

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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa y la ausencia de reincidamos, el conocimiento de las conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar el tipo de conductas ilegales similares cometidas. Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la LGIPE, consistente en una multa que asciende a 470 (cuatrocientos setenta) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, equivalente a $34,328.80 (treinta y cuatro mil, trescientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 96, numeral 1 del RF: conclusiones 4 y 7. Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de

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precampaña, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas. Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado13 representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. INGRESOS. Aportaciones simpatizantes Conclusión 4

4. Morena no presentó documentación soporte de una póliza de ingresos por concepto de aportación de arrendamiento de bienes muebles, por $1,500.00.

13 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

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Conclusión 7

7. Morena no presentó la documentación soporte de pólizas por concepto de aportaciones de simpatizantes de bardas y volantes, por $17,680.00

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO. Conclusión 4 De la revisión a la (Plantilla 1) Reportes de operación semanal en el Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la información de precampaña, se observó que su partido reportó ingresos en el apartado denominado “Aportaciones de Simpatizantes en Especie”; sin embargo, omitió presentar la documentación soporte correspondiente, los casos en comento se detallan a continuación:

Precandidato Municipio Nombre Importe

Antonio Vázquez Llanas 29 Chiautla $1,500.00

José Miguel Aguirre Ruiz (*) 29 Chiautla 46,477.60

Total $47,977.60

Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/5298/16, recibido por Morena el 9 de marzo de 2016. Escrito de respuesta: CEE/FINANZAS/FISCALIZACIÓN/007/2016 de fecha 16 de marzo de 2016, Morena manifestó lo siguiente:

“Relativo a lo requerido en el presente punto, se integró en el Sistema Integral de Fiscalización el soporte documental correspondiente con lo cual se subsana lo observado, Así mismo se adjunta a la presente el soporte contable de forma electrónica Anexo Ingresos Activistas e Ingresos por Mantas.”

Del análisis a la respuesta del partido se determinó que aún cuando la documentación no fue presentada en el sistema, esta fue valorada toda vez que el tamaño del archivo electrónico que contiene contratos, recibos y evidencias, supera la capacidad del sistema de 50 MB. Como se puede observar a continuación:

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Disco Carpeta Contenido

Estado de México Anexos Chiautla 16/03/16

1.- Bardas según INE Contiene el oficio de errores y omisiones de precampaña.

2.- Gasto activistas Lista de activistas

3.- Gasto bardas Evidencias fotográficas, ubicación de bardas, permisos para pinta de bardas y credenciales de elector.

4.- Gasto volantes Facturas utilizadas como cotizaciones.

5.- Gastos casa de precampaña Cotizaciones, contrato y credencial de elector.

6.- Gastos lonas Cotizaciones, evidencias fotográficas, permisos de colocación y credenciales de elector.

7.- Ingresos activistas Recibos de aportaciones de simpatizantes, credenciales de elector y contratos de donación de jornadas de trabajo.

8.- Ingresos por mantas Contratos de donación de lonas, recibos de aportaciones de simpatizantes y credenciales de elector.

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Por lo que corresponde a Antonio Vázquez Llanas, omitió presentar la documentación soporte de las aportaciones en especie por concepto de arrendamiento de bienes muebles por $1,500.00; por tal razón, quedo no atendida. (Conclusión 4).

(…) Por lo que corresponde a José Miguel Aguirre Ruiz, omitió presentar documentación soporte de las aportaciones en especie de bardas y volantes por $17,680.00; por tal razón, quedo no atendida. (Conclusión 7).

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 107, del RF. En consecuencia, al omitir presentar la documentación soporte de las aportaciones en especie incumplió con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del RF por un importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos) y $17,680.00 (diecisiete mil seiscientos ochenta pesos). Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la LGIPE, así como los artículos 223 numeral 6 y 238 numeral 1, del RF, se solicitó al partido político hiciera del conocimiento de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los precandidato por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso. Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la LGPP se crea un sistema de

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fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido presentar el informe de precampaña respectivo, así como la documentación soporte de los ingresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad de los precandidatos en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP. En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

• Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad

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de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

• Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los precandidatos y partidos en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos y partidos, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político y/o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.14 En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de precampaña, la Constitución, las leyes generales y el RF, impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

14 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

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De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,

numeral 1, inciso a) de la LGPP, la obligación original para rendir los informes

señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos

obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,

numeral 1, incisos l) y m) de la LGPE constituye una infracción que tendrá como

consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, está

a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad

deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida

por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del RF, numeral 7, inciso c), establece que los

partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de

responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera

solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a

los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los

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institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos y que les haya dado

vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con

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determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

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Consecuentemente, las respuestas de Morena no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al Morena de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito a Morena, pues el partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 96, numeral 1 del RF, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma. b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto. c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

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d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. h) La capacidad económica del sujeto infractor. Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. a) Tipo de infracción (acción u omisión) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe

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hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones referidas del Dictamen Consolidado, se identificó que Morena omitió presentar la documentación soporte que amparara el ingreso reportado y obtenido durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral aludido. En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión consistente en incumplir con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Egresos de precampaña de los precandidatos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral referido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del RF. b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron Modo: Morena, en el Informe de precampaña, no presentó la documentación comprobatoria que amparara los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los mismos, como a continuación se detalla:

Descripción de las Irregularidades observadas 4. Morena no presentó documentación soporte de una póliza de ingresos por concepto de aportación de arrendamiento de bienes muebles, por $1,500.00

7. Morena no presentó la documentación soporte de pólizas por concepto de aportaciones de simpatizantes de bardas y volantes, por $17,680.00

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el ente político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna “Descripción de las Irregularidades observadas” del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo las violaciones al artículo 96, numeral 1 del RF. Tiempo: La irregularidad se cometió en el marco de las precampañas a Presidente Municipal de Chiautla, estado de México dentro del Proceso Electoral local extraordinario 2016; y surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso Electoral aludido.

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Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Chiautla, Estado de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. d) La trascendencia de las normas transgredidas. Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar los ingresos recibidos, se vulnera sustancialmente la certeza en el origen de los recursos. Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, Morena violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad). En las conclusiones que se analizan, el ente político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del RF, que a la letra señala:

“Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

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(…)” El artículo transcrito impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. En ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus ingresos, Morena resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de carácter privado. Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.

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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del ente político trae como consecuencia la falta de comprobación de los ingresos recibidos. En ese entendido, el ente político tuvo un ingreso no comprobado en virtud de que la obligación de comprobar los ingresos y gastos emana del RF el cual tutela la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que por la omisión de comprobar los ingresos reportados, se presenten conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral. Así las cosas, ha quedado acreditado que Morena vulneró la hipótesis normativa prevista en el artículo 96, numeral 1 del RF. En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la protección del principio de certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta. En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto. Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas) señaladas en las conclusiones en comento, es garantizar la certeza en el origen de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. En ese sentido, en el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de comprobar el origen de los recursos. En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en faltas de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en no tener certeza respecto a los recursos obtenidos y reportados por Morena. Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados. f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues Morena cometió una irregularidad que se traduce en faltas de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del RF. Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en la rendición de cuentas. En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, lo procedente es imponer una sanción.

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Calificación de las faltas Para la calificación de las faltas, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Se trata de faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el ente político impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen de los recursos al no presentar la documentación comprobatoria de los ingresos reportados durante el periodo de precampaña.

Con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el ente político para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la Legislación Electoral, es decir, que exista un debido origen de los recursos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 1. Calificación de la falta cometida. Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el ente político se califican como GRAVES ORDINARIAS. Lo anterior es así, en razón de que se trata de faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente el principio de certeza en la rendición de cuentas, toda vez que el ente obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos recibidos durante el Proceso Electoral aludido, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de los sujetos obligados. En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

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En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades, se considere apropiada para disuadir a los actores de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el ente político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. Debe considerarse que el hecho que el sujeto obligado de mérito no cumpla con su obligación de reportar la totalidad la documentación que acreditara la comprobación de los ingresos recibidos durante el periodo establecido, impidió que la autoridad tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos. Por lo tanto, las irregularidades impidieron que la autoridad electoral conozca de manera certera la forma en que Morena ingresó diversos recursos, así como el monto de los mismos, en consecuencia, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. En ese tenor, las faltas cometidas por el ente político son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que no comprobó sus ingresos en el informe de precampaña sobre el origen y destino de los recursos correspondientes al Proceso Electoral aludido; esto es, la totalidad de los ingresos obtenidos durante dicho periodo, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada. Conclusión 4 Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por Morena, se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

Que Morena conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de Informes de gastos de precampaña.

Morena no es reincidente.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la conducta cometida por Morena

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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente. La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento. En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo

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y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dictan en base a este, la trascendencia de las normas violadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consistentes en omitir comprobar el ingreso obtenido durante el periodo de precampaña, el conocimiento de las conductas, la existencia de culpabilidad, las condiciones externas y los medios de ejecución, la ausencia de reincidencia, la singularidad, la norma infringida (artículo 96, numeral 1 del RF), el incumplimiento de sus obligaciones, así como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la comisión de la falta; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar el tipo de conductas ilegales similares cometidas. Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse Morena en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir comprobar el ingreso obtenido, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 15 En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) unidades de medida y actualización, misma que asciende a la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.). Conclusión 7 Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por Morena, se desprende lo siguiente:

15 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización

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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

Que Morena conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de Informes de gastos de precampaña.

Morena no es reincidente.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $17,680.00 (Diecisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la conducta cometida por Morena

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general. Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente. La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

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En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dictan en base a este, la trascendencia de las normas violadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consistentes en omitir comprobar el ingreso obtenido durante el periodo de precampaña, el conocimiento de las conductas, la existencia de culpabilidad, las condiciones externas y los medios de ejecución, la ausencia de reincidencia, la singularidad, la norma infringida (artículo 96, numeral 1 del RF), el incumplimiento de sus obligaciones, así como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la comisión de la falta; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

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Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse Morena en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir comprobar el ingreso obtenido, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $17,680.00 (Diecisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 16 En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, consistente en una multa equivalente a 242 (doscientas cuarenta y dos) unidades de medida y actualización, misma que asciende a la cantidad de $17,675.68 (diecisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que las sancione que por este medio se imponen atienden a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 127 RF. Conclusiones 9 y 10 Ahora bien, es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de precampaña, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas. Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por

16 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización

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los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado[1] representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución. Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. EGRESOS Gastos Conclusión 9

“9. Morena no reportó una lona detectada en el monitoreo de la UTF, por $200.00”

Gastos Conclusión 10

“10. Morena omitió reportar los gastos correspondientes a la pinta de bardas y una manta que beneficia directamente al precandidato, por un monto de $7,125.00.”

[1] Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.

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I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO. Conclusión 9 Derivado de la información obtenida, a través del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) y al efectuar la compulsa correspondiente contra la documentación presentada por su partido en el “Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la información de precampaña”, se observó propaganda que beneficia la precampaña del C. José Miguel Aguirre Ruíz, la cual no fue reportada por su partido. Los casos en comento se detallan a continuación:

Entidad Federativa

Municipio Número ID EXURVEY

Fecha Tipo de Propaganda

Anexo

México Chiautla 86092 13/02/2016 Muros 1

México Chiautla 86093 13/02/2016 Muros 2

México Chiautla 86094 13/02/2016 Muros 3

México Chiautla 86095 13/02/2016 Mantas 4

México Chiautla 86096 13/02/2016 Muros 5

México Chiautla 86097 13/02/2016 Muros 6

México Chiautla 86098 13/02/2016 Muros 7

Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/5298/16, recibido por Morena el 9 de marzo de 2016. Escrito de respuesta: CEE/FINANZAS/FISCALIZACIÓN/007/2016 de fecha 16 de marzo de 2016, Morena manifestó lo siguiente:

“Relativo a lo requerido en el presente punto, hacemos la aclaración que de los 7 anexos señalados, Morena únicamente reporto como gasto el ID EXURVEY id Encuesta: 86092 – Ticket: 39121, mismo que ya se integró al Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se refiere a los ID EXURVEY con numero id Encuesta: 86093 – Ticket: 39121, id

Encuesta: 86094 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86095 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86096 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86097 – Ticket: 39121, id

Encuesta: 86098 – Ticket: 39121, no son gastos realizados por Morena por lo que mediante este escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones procedemos a deslindarnos del gasto de los ID señalados de conformidad con el Articulo 212 del RF, por lo que el presente deslinde, siendo jurídico ya que se presenta ante la Unidad Técnica de Fiscalización, es idóneo conforme al numeral 4 del artículo citado ya

116

que se tuvo conocimiento de las mantas y muros hasta el momento de errores y omisiones, es idóneo porque el gasto está determinado por la autoridad y tiene pleno conocimiento de la ubicación y medidas en virtud de ser resultado de su propio monitoreo, es eficaz puesto que ya concluyo la precampaña y campaña fiscalizada por lo que dichos muros y mantas ya no favorecen a Morena, sin embargo nos encontramos en proceso de borrar dichos muros y mantas por lo que se presentara un alcance con la evidencia que muestre los muros sin pinta que favorezcan a Morena”

Del análisis a la respuesta del partido se determinó que aun cuando la documentación no fue presentada en el sistema, esta fue valorada toda vez que el tamaño del archivo electrónico que contiene contratos, recibos y evidencias, supera la capacidad del sistema de 50 MB. Como se puede ver a continuación:

Disco Carpeta Contenido

Estado de México Anexos Chiautla 16/03/16

1.- Bardas según INE Contiene el oficio de errores y omisiones de precampaña.

2.- Gasto activistas Lista de activistas

3.- Gasto bardas Evidencias fotográficas, ubicación de bardas, permisos para pinta de bardas y credenciales de elector.

4.- Gasto volantes Facturas utilizadas como cotizaciones.

5.- Gastos casa de precampaña Cotizaciones, contrato y credencial de elector.

6.- Gastos lonas Cotizaciones, evidencias fotográficas, permisos de colocación y credenciales de elector.

7.- Ingresos activistas Recibos de aportaciones de simpatizantes, credenciales de elector y contratos de donación de jornadas de trabajo.

8.- Ingresos por mantas Contratos de donación de lonas, recibos de aportaciones de simpatizantes y credenciales de elector.

117

118

119

La respuesta de Morena se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando manifiesta que el testigo identificado como ID 86092, fue reportado como gasto, de la verificación al Sistema de captura de formatos y almacenamiento de la

120

información de precampaña, se determinó que el gasto no fue registrado ni reportado; por tal razón, la observación no quedó atendida. Respecto del procedimiento de deslinde que menciona, su análisis se realizará en el apartado “Deslindes” del presente Dictamen. Derivado de lo anterior se procede a la determinación del costo por los gastos no reportados: Determinación del costo Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los partidos políticos en beneficio de sus actos de campaña, se utiliza la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y

beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.

Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten.

GASTO NO REPORTADO MATRIZ DE PRECIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS, ETC.)

No. de REGISTRO

PROVEEDOR CONCEPTO COSTO X METRO

Servicios de Rotulación

Metro 201503132159470 Elías Miranda Juárez

Servicios de Rotulación

$25.00

Servicios de Rotulación

Metro 201504062153539

Valentín Cornejo Albarrán

Servicios de Rotulación

15.00

Servicios de Rotulación

Metro 201505272158855

Felipe Cuevas González

Servicios de Rotulación

12.93

Una vez determinada la cotización correspondiente se procede a su cuantificación del gasto no reportado y a la acumulación a tope de gastos de precampaña del precandidato que a continuación se detalla:

121

TIPO DE ANUNCIO

DISTRITO o MUNICIPIO

CANDIDATO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

IDENTIFICAD

A

CANTIDAD POR

UNIDAD O M²

COSTO POR UNIDAD O M²

TOTAL NO REPORTA

DO

Muros 29-Chiautla Miguel Aguirre Ruiz Metro 1 8 $25.00 $200.00

TOTAL $200.00

Por lo que corresponde a la pinta de una barda que beneficia directamente al precandidato de Morena el monto no reportado fue de $200.00; mismo que se acumulará a los topes de gastos de precampaña, el cual se verá impactado en el Anexo 4 del presente Dictamen. (Conclusión Final 9).

Conclusión 10 Derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016 en el Estado de México, se recibió en la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, un escrito presentado por el C. Guadalupe Ramírez Peña, Representante Suplente de Morena ante el Consejo Municipal No. 029, Chiautla, del IEEM, que tienen como finalidad deslindarse del beneficio que genera la propaganda consistente en carteles. Esta autoridad procedió a realizar la valoración del escrito referido a efecto de determinar: 1. Si los actos informados constituyen un gasto de precampaña. 2. Verificado lo anterior, determinar si los argumentos formulados en los escritos de deslinde, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del RF. Los partidos políticos pueden ser indirectamente responsables por las conductas desplegadas por sus militantes o simpatizantes a través de la institución jurídica conocida como culpa in vigilando, esto es, por falta razonable de supervisión o acción para prevenir, impedir, interrumpir o rechazar los actos que podrían realizar dichas personas, por lo que se les ha reconocido el derecho de desautorizar la responsabilidad respecto de dichos actos. Al respecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del RF, para el caso de que un precandidato se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de precampaña no reconocido como propio, deberá realizarse mediante escrito presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.

122

Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica; ello puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones (oportuno). Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. La autoridad electoral, realizó el análisis respectivo de la procedencia o improcedencia del deslinde presentado por Morena mediante escrito sin núm. de fecha 18 de febrero de 2016, como se advierte a continuación:

ID SUJETO

OBLIGADO TIPO DE GASTO JURÍDICO OPORTUNO IDÓNEO EFICAZ

1 Morena y su candidato a Presidente Municipal del Municipio de Chiautla, Estado de México, el C. José Miguel Aguirre Ruiz,

Se detecta que es un gasto relativo a 500 carteles de 43.18cm x 27.95cm aproximadamente, con la imagen del Candidato, y la leyenda “Todo el

movimiento de Chiautla está con Morena”, cabe señalar que es un gasto que se encuentra contemplado en el artículo 204 del Reglamento de Fiscalización.

Fue Jurídico, toda vez que aun cuando el escrito no fue presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización, se presentó en la Secretaría

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, cabe señalar que se procedió al envió a la UTF.

Fue oportuno, toda vez que el escrito fue recibido el 18 de febrero de 2016, esto es, previo a la emisión del oficio de errores y omisiones.

Fue idóneo, toda vez que describe con precisión el concepto, medidas y características de la propaganda a deslindarse.

El gasto fue detectado

en el marco del período de la precampaña, en el Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México.

Anexa diversas imágenes que permiten identificar el objeto de deslinde.

Resultan válidos los argumentos vertidos por el promovente, mediante los cuales se

deslinda de la colocación de 500 carteles, ya que claramente establece circunstancias de modo, tiempo y lugar que permite a esta UTF determinar que los hechos y argumentos son verosímiles.

Resulta eficaz el escrito porque en las fotografías presentadas se observa a varias personas realizando el

retiro de la propaganda de la cual se deslinda, lo cual se puede corroborar por esta autoridad, ya que en el monitoreo realizado no se localizó propaganda

de estas características y se genera convicción.

123

De la valoración al escrito de deslinde presentado por el Representante de Morena, se determinó que es procedente, toda vez que en las evidencias fotográficas presentadas se observó que el partido realizó acciones tendentes al cese de la conducta, por lo que al realizar el retiro de la propaganda de la cual se deslinda, y al no localizar esta UTF en el monitoreo realizado propaganda con estas características, se genera convicción del retiro de la propaganda. Derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2016 en el Estado de

México, se recibió en la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, un escrito de fecha 24 de febrero de 2016 presentado por el Secretario Ejecutivo del IEEM, mediante el cual remite escrito de deslinde presentado por la C. Guadalupe Ramírez Peña, Representante Suplente de Morena ante el Consejo Municipal No. 029, Chiautla, del IEEM, que tiene como finalidad deslindarse del beneficio que genera la propaganda consistente en propaganda en muros y lonas, detectada durante el monitoreo realizado por el IEEM el día 13 de febrero de 2016.

Esta autoridad procedió a realizar la valoración del escrito referido a efecto de determinar: 1. Si los actos informados constituyen un gasto de precampaña. 2. Verificado lo anterior, determinar si los argumentos formulados en los escritos de deslinde, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del RF. Los partidos políticos pueden ser indirectamente responsables por las conductas desplegadas por sus militantes o simpatizantes a través de la institución jurídica conocida como culpa in vigilando, esto es, por falta razonable de supervisión o acción para prevenir, impedir, interrumpir o rechazar los actos que podrían realizar dichas personas, por lo que se les ha reconocido el derecho de desautorizar la responsabilidad respecto de dichos actos. Al respecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del RF, para el caso de que un precandidato se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de precampaña no reconocido como propio, deberá realizarse mediante escrito presentado ante la UTF y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica; ello puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones (oportuno). Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o

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datos que permitan a la autoridad generar convicción. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. La autoridad electoral, realizó el análisis respectivo de la procedencia o improcedencia del deslinde presentado por Morena mediante escrito sin núm. de fecha 17 de febrero de 2016, como se advierte a continuación:

ID SUJETO

OBLIGADO TIPO DE GASTO

JURÍDICO OPORTUNO IDÓNEO EFICAZ

2 Morena y su candidato a

Presidente Municipal del Municipio de Chiautla, Estado de México, el C. José Miguel Aguirre Ruiz,

Se detectaron 34 bardas y 4

vinilonas, gastos que se encuentran contemplados en el artículo 204 y 216 del Reglamento de Fiscalización.

No fue Jurídico, toda vez que no fue presentado ante la UTF, se presentó ante el IEEM, quien posteriormente procedió al envió del deslinde a la UTF.

Fue oportuno, toda vez que el escrito

fue recibido el 18 de febrero de 2016, esto es, previo a la emisión del oficio de errores y omisiones.

Fue idóneo, toda vez que describe con

precisión la ubicación, el concepto, medidas y características de la propaganda a deslindarse. Asimismo, presenta acta de monitoreo levantada por el Instituto Estatal del Estado de México.

No fue eficaz toda que no

realizó acciones tendentes al cese de la conducta.

Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/5298/16, recibido por Morena el 9 de marzo de 2016. Escrito de respuesta: CEE/FINANZAS/FISCALIZACIÓN/007/2016 de fecha 16 de marzo de 2016, Morena manifestó lo siguiente:

“Respecto al presente punto sobre el deslinde presentado por Morena, se encuentra erróneamente valorado por la Autoridad Electoral, puesto que es Jurídico ya que fue remitido por el IEEM a la UTF por lo que el medio escrito llego a conocimiento de la Autoridad Electoral, respecto al ser eficaz se debe tomar en cuenta que borrar 34 bardas y quitar 4 vinilonas genera un egreso con el cual el partido Morena no contaba por lo que materialmente no era posible realizar ”

125

En virtud de que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 212, numeral 3, establece que el deslinde será jurídico si se presenta en la Unidad Técnica de Fiscalización, es decir que el sujeto obligado es quien deberá presentar el escrito de deslinde, motivo por el cual se arribó a dicha conclusión. La respuesta se consideró satisfactoria, derivado de que Morena registro en la plantilla 1 “Reporte de operación semanal” el beneficio originado por 34 bardas, por $7,480.00, por lo que la observación respecto de este punto se considera atendida.

Respecto de las 4 vinilonas, toda vez que fueron colocadas en la oficina de gestión de un diputado y en el Comité Municipal de Morena, mismas que no hacen alusión a la precampaña y no invitan al voto, por lo cual se consideró atendida. Escrito de deslinde presentado en el oficio de errores y omisiones: “Relativo a lo requerido en el presente punto, hacemos la aclaración que de los 7 anexos señalados, Morena únicamente reporto como gasto el ID EXURVEY id

Encuesta: 86092 – Ticket: 39121, mismo que ya se integró al Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se refiere a los ID EXURVEY con numero id Encuesta:

86093 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86094 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86095 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86096 – Ticket: 39121, id Encuesta: 86097 – Ticket: 39121, id

Encuesta: 86098 – Ticket: 39121, no son gastos realizados por Morena por lo que mediante este escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones procedemos a deslindarnos del gasto de los ID señalados de conformidad con el Articulo 212 del RF, por lo que el presente deslinde, siendo jurídico ya que se presenta ante la UTF, es idóneo conforme al numeral 4 del artículo citado ya que se tuvo conocimiento de las mantas y muros hasta el momento de errores y omisiones, es idóneo porque el gasto está determinado por la autoridad y tiene pleno conocimiento de la ubicación y medidas en virtud de ser resultado de su propio monitoreo, es eficaz puesto que ya concluyo la precampaña y campaña fiscalizada por lo que dichos muros y mantas ya no favorecen a Morena, sin embargo nos encontramos en proceso de borrar dichos muros y mantas por lo que se presentara un alcance con la evidencia que muestre los muros sin pinta que favorezcan a Morena” La autoridad electoral, realizó el análisis respectivo de la procedencia o improcedencia del deslinde presentado por Morena en la respuesta del oficio de errores y omisiones, como se advierte a continuación:

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ID SUJETO OBLIGADO

TIPO DE GASTO

JURÍDICO OPORTUNO IDÓNEO EFICAZ

3 Morena y su precandidato a Presidente Municipal del Municipio de Chiautla, Estado de México, el C. José Miguel

Aguirre Ruiz,

Se detectaron 5 bardas y 1 manta, gastos que se encuentran contemplados en el artículo 204 y 216 del

Reglamento de Fiscalización.

Fue Jurídico, toda vez que fue presentado ante la UTF, en la respuesta del oficio de errores y omisiones de precampaña.

Fue oportuno, toda vez que el escrito fue recibido el 16 de marzo de 2016, esto es en la fecha limite para la respuesta del oficio de errores y

omisiones.

Fue idóneo, toda vez que del Monitoreo realizado por la UTF del Instituto Nacional Electoral.

No fue eficaz toda que no realizó acciones tendentes al cese de la conducta.

De la valoración al escrito de deslinde presentado por la Secretaria de Finanzas de Morena, se determinó que no cumple con las características de ser eficaz; por las razones señaladas en el cuadro que antecede. Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/5298/16, recibido por Morena el 9 de marzo de 2016. Aun cuando Morena realizó el deslinde de los gastos, al no presentar evidencias de que realizó acciones tendentes al cese de la conducta, la propaganda consistente en la pinta de 5 bardas y una manta beneficio al precandidato José Miguel Aguirre Ruiz; por tal razón, la observación no quedó atendida. Derivado de lo anterior se procede a la determinación del costo por los gastos no reportados: Determinación del costo Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reporten los partidos políticos en beneficio de sus actos de campaña, se utiliza la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y

beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la información

127

recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.

Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten.

GASTO NO REPORTADO MATRIZ DE PRECIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS, ETC.)

No. de REGISTRO PROVEEDOR CONCEPTO COSTO X METRO

Servicios de Rotulación

Metro 201503132159470 Elías Miranda Juárez

Servicios de Rotulación

$25.00

Servicios de Rotulación

Metro 201504062153539

Valentín Cornejo Albarrán

Servicios de Rotulación

15.00

Servicios de Rotulación

Metro 201505272158855

Felipe Cuevas González

Servicios de Rotulación

12.93

Servicios de Rotulación

Metro 201502162154900 Oscar Vazquez Hernández

Manta 20.00

Servicios de Rotulación

Metro 201503172159804 Carlos Arenas Correa

Rotulación de Mantas

80.00

Lonas Metro 201503181150036 Grupo Empresarial Yanfed

Lona Impresa a Color

65.00

Una vez determinada la cotización correspondiente se procede a su cuantificación del gasto no reportado y a la acumulación a tope de gastos de precampaña del precandidato que a continuación se detalla:

TIPO DE AUNUNCIO

DISTRITO o MUNICIPIO

PRECANDIDATO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

IDENTIFICAD

A

CANTIDAD POR

UNIDAD O M²

COSTO POR UNIDAD O M²

TOTAL NO REPORTA

DO

Muros 29-Chiautla Miguel Aguirre Ruiz Metro 5 221 $25.00 $5,525.00

Manta 29-Chiautla Miguel Aguirre Ruiz Metro 1 20 80.00 1,600.00

TOTAL $7,125.00

Por lo que corresponde a la pinta de 5 bardas y una manta que beneficia directamente al precandidato de Morena el monto no reportado fue de $7,125.00; mismo que se acumulará a los topes de gastos de precampaña, el cual se verá impactado en el Anexo 4 del Dictamen. (Conclusión Final 10). En consecuencia, al omitir reportar los gastos relativos a una manta, así como los gastos correspondientes a la pinta de bardas y una manta que beneficia directamente a su precandidato, Morena incumplió con lo dispuesto en el artículo así como 127 del RF por un importe de $ 200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N) y $7,125.00 (siete mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), respectivamente.

128

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracciones I y II de la LGPP, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de los sujetos obligados, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie no reportar el egreso realizado; en este orden de ideas dicha conducta se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de siete días, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los efectos conducentes. Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la LGIPE, así como los artículos 223 numeral 6 y 238 numeral 1, del RF, se solicitó al partido político hiciera del conocimiento de sus precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los precandidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso. Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la LGIPE y la LGPP, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de

129

fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la LGPP en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP, especifica que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña.” De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido presentar el informe de precampaña respectivo, así como la documentación soporte de los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de Fiscalización, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la LGPP. En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

• Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

130

• Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los partidos y precandidatos, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos y partidos, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre los partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, y/o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.17 En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de precampaña, la Constitución, las leyes generales y el RF, impuso a los partidos políticos, y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,

numeral 1, inciso a) de la LGPP, la obligación original para rendir los informes

señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos

obligados solidarios.

17 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

131

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,

numeral 1, incisos l) y m) de la LGIPE, constituye una infracción que tendrá como

consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, está

a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad

deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que

se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida

por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del RF, numeral 7, inciso c), establece que los

partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el

Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de

responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera

solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a

los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los

precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad

fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos

encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se

enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los

institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos y que les haya dado

vista de la presunta infracción.

132

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende

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que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a señalar que las irregularidades observadas son imputables a sus precandidatos, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

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Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues el partido no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable. Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan el 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma. b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto. c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.

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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. h) La capacidad económica del sujeto infractor. Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. a) Tipo de infracción (acción u omisión) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. En relación con las irregularidades identificadas las conclusiones 9 y 10 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral local extraordinario 2016 en el municipio de Chiautla, Estado de México.

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En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones del sujeto obligado consistentes en haber incumplido con su obligación de garante, al omitir reportar los gastos realizados en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos correspondientes al al Proceso Electoral local extraordinario 2016 en el municipio de Chiautla, Estado de México; atendiendo a lo dispuesto en los en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF. b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron Modo:

Descripción de las Irregularidades observadas

9. Morena no reportó una lona detectada en el monitoreo de la UTF, por $200.00

10. Morena omitió reportar los gastos correspondientes a la pinta de bardas y una manta que beneficia directamente al precandidato, por un monto de $7,125.00.

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas por el Sujeto Obligado por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo la violación del artículo 127 del RF. Tiempo: La irregularidad se cometió en el marco de las precampañas a Presidente Municipal de Chiautla, estado de México dentro del Proceso Electoral local extraordinario 2016; y surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos, correspondientes al Proceso Electoral aludido. Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el municipio de Chiautla, Estado de México. c) Comisión intencional o culposa de la falta.

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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del instituto político para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. d) La trascendencia de las normas transgredidas. Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los egresos realizados dentro de las actividades de precampaña correspondientes al del Proceso Electoral local extraordinario 2016 en el Municipio de Chiautla, Estado de México, relativo al gasto por concepto de mantas y pinta de bardas. En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y afecta a personas jurídicas indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. En las conclusiones el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos “Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña:

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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de de elección popular, registrando para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados... (…)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos

en el Manual General de Contabilidad.” De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. Así las cosas, ha quedado acreditado que Morena se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta. En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado. En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta. En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la

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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas señaladas en las conclusiones 9 y 10 es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se traducen en diversas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos. f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF, por lo que resulta procedente imponer una sanción. Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en la rendición de cuentas. En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, lo procedente es imponer una sanción.

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Calificación de la falta Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

Que se trata de diversas faltas sustantivas o de fondo, toda vez que el partido político impidió a la autoridad fiscalizadora conocer el origen del uso de los recursos erogados al no reportar los gastos detectados por esta autoridad; y por tanto, no reportó los egresos detectados.

Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza en el origen de los recursos.

Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.

Que la conducta fue singular. Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 1. Calificación de la falta cometida. Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por instituto político infractor se califican como GRAVES ORDINARIAS. Lo anterior es así, en razón de que se tratan de diversas faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto realizado como parte de las actividades de precampaña, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la totalidad de los gastos por concepto de actividades de precampaña. Por lo tanto, las irregularidades se traducen en diversas faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el informe de precampaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que Morena no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

III. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo octavo de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto

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ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así como a los principios constitucionales que deben guiar su actividad. Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

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Conclusión 9 Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no reportó los gastos erogados.

Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al instituto político, que consistió en no reportar el gasto realizado por una manta que benefició al precandidato, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al informe de precampaña al de Presidente Municipal de Chiautla, Estado de México, presentado por Morena correspondiente al Proceso electoral local extraordinario 2016 en dicha entidad..

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del informe de precampaña.

El partido político no es reincidente.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N)

Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

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Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de

apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una

consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la

sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos

las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social,

como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al

infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,

podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el

propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir

con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido,

así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se

mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea

beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una

conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un

beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente,

conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente

analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,

inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los

propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se

cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político

infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta

infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de

respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción

prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido

político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal

magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la

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imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente

político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia

competencial del presente procedimiento.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares

del caso18.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista

en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de

medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general

dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante

de la comisión, en este caso Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en

ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla

general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben

considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del

infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo

y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos

elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores

18 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

149

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de

la conducta de omitir reportar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79,

numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF,

la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o

desaliente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que

la sanción a imponerse a Morena en atención a los elementos considerados

previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150%

(ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total

de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) 19

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe

imponer a Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, partidos inciso a),

fracción II de la LGIPE, consistente en una multa equivalente a 4 (cuatro)

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil

dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $292.16 (doscientos noventa

y dos pesos 16/100 M.N.).

Conclusión 10

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,

se desprende lo siguiente:

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no

reportó los gastos erogados.

Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en

materia de fiscalización.

19 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

150

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,

respectivamente, se consideró en cuenta que la irregularidad atribuible al

instituto político, que consistió en no reportar el gasto realizado por una manta

que benefició al precandidato, incumpliendo con la obligación que le impone la

normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la

revisión al informe de precampaña al de Presidente Municipal de Chiautla,

Estado de México, presentado por Morena correspondiente al Proceso

electoral local extraordinario 2016 en dicha entidad..

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

fiscalizadora durante el plazo de revisión del informe de precampaña.

El partido político no es reincidente.

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,125.00

(siete mil ciento veinticinco 00/100 M.N)

Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la

conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las

circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de

apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una

consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la

sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos

las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social,

como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al

infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,

podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el

propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

151

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir

con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido,

así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se

mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea

beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una

conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un

beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente,

conforme a las leyes aplicables al caso.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente

analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,

inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los

propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se

cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político

infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta

infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de

respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción

prevista en la en la fracción V consistente cancelación del registro como partido

político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal

magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la

normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la

imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente

político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia

competencial del presente procedimiento.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares

del caso20.

20 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por

152

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista

en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil unidades de

medida y actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general

dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante

de la comisión, en este caso Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en

ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla

general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben

considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del

infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo

y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos

elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de

la conducta de omitir reportar el gasto y las normas infringidas (en el artículo 79,

numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP en relación con el artículo 127 del RF,

la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o

desaliente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

153

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a Morena en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $7,125.00 (siete mil ciento veinticinco 00/100 M.N)21

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, partidos inciso a), fracción II de la LGIPE, consistente en una multa equivalente a 146 (ciento cuarenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $10,663.84 (diez mil seiscientos sesenta y tres 84/100 M.N.). Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que las sanciones que por este medio se imponen atienden a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la LGIPE, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

R E S U E L V E PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 20.1 de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2

Se sanciona al Partido Revolucionario Institucional con una multa equivalente a 10 (diez) unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil

dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 M.N.)

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 20.2 de

la presente Resolución, se impone a Movimiento Ciudadano, las siguientes

sanciones:

21 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

154

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 4

Se sanciona a Movimiento Ciudadano con una multa equivalente a 20 (veinte)

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis,

misma que asciende a la cantidad de $1460.80 (mil cuatrocientos sesenta

pesos 80/100 M.N.)

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 20.3 de

la presente Resolución, se imponen a Morena las siguientes sanciones:

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 3, 5 y 6

Se sanciona a Morena con una multa equivalente a 470 (cuatrocientos setenta)

unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis,

misma que asciende a la cantidad de $34,328.80 (treinta y cuatro mil, trescientos

veintiocho pesos 80/100 M.N.).

a) 2 faltas de carácter de fondo: conclusiones 4 y 7

Conclusión 4

Se sanciona a Morena con una multa equivalente a 20 (veinte) unidades de

medida y actualización, misma que asciende a la cantidad de $1,460.80 (mil

cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.).

Conclusión 7

Se sanciona a Morena con una multa equivalente a 242 (doscientas cuarenta y

dos) unidades de medida y actualización, misma que asciende a la cantidad de

$17,675.68 (diecisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.).

c) 2 faltas de carácter de fondo: conclusiones 9 y 10

Conclusión 9 Se sanciona a Morena con una multa equivalente a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, misma

155

que asciende a la cantidad de $292.16 (doscientos noventa y dos pesos 16/100 M.N.). Conclusión 10. Se sanciona a Morena con una multa equivalente a 146 (ciento cuarenta y seis)

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $10,663.84 (diez mil seiscientos sesenta y tres 84/100 M.N.). CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que las multas y sanciones determinadas en los resolutivos anteriores sean pagadas en dicho Organismo Público Local Electoral, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. QUINTO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de México que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución. SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

156

OCTAVO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial

de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta haya

causado estado.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo

General celebrada el 17 de abril de dos mil dieciséis, por votación unánime de los

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra

Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito

Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra

Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado

Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova

Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA