prosalusrevista trimestral número 98 agosto 2013

Incumplimiento de acuerdos internacionales

Reunión de Alto Nivel sobre Hambre y SAN

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Reunión de Alto Nivel sobre Hambre y SAN

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C/ María Panés, 4 · 28003 MadridT (34) 91 553 35 91 · F (34) 91 535 40 06e: prosalus@prosalus.esw: prosalus.esDelegación: gipuzkoa@prosalus.esGrupos de apoyo: leon@prosalus.es

toledo@prosalus.esRedacción: Cristina García CachónColaboraciones: José María MedinaDiseño: ProsalusMaquetación: Cristina García y Mar ZuritaImprime: Logic Artes Gráficas Depósito Legal: M.42.224-1986Prosalus autoriza la reproducción de los artículos y fotografías siempre ycuando se mencione la fuente de procedencia. Prosalus no asume nece-sariamente las opiniones e ideas de los artículos.

Prosalus es una Organización No Gubernamentalde cooperación al Desarrollo (ONGD), declaradade utilidad pública, que trabaja desde 1985 por lapromoción de la salud en varios países de África yAmérica Latina. Está calificada por AECID comoONGD especializada en promoción de la salud.

sumariosumario

EDITORIALIncumplimiento deacuerdosPg. 3

TRIBUNANueva etapa en la defensade los derechos humanosPgs. 10 - 11

TRABAJAMOS CON EL NORTEPacto de Estado contra lapobrezaPgs. 8 - 9

TRABAJAMOS CON EL SURSeguridad alimentaria y participaciónPgs. 4 - 5

SABER +¿Se cumplen los acuerdosinternacionales? Pgs. 6 - 7

CONTRAPORTADAMemoria Prosalus 2012Pgs. 12

¿Qué es más importante, el comercio o los derechos humanos? ¿Es más importante preservar el librede comercio de obstáculos “indeseables” o preservar a los seres humanos de vivir en situación dehambre, de no poder elegir su opinión política o religiosa, de no poder formar una asociación…?La realidad es que en las últimas décadas, gracias a las negociaciones internacionales sobrecomercio que han desembocado en la creación de la OMC, el libre comercio goza de importantesprotecciones en la economía globalizada. Los acuerdos comerciales que se alcanzan en el seno de laOMC tienen un importante nivel de coactividad, puesto que este peculiar organismo internacional(¿público o privado?) tiene capacidad de establecer y ejecutar sanciones. En muchos casos no setoma en cuenta si el cumplimiento de esos acuerdos lleva aparejado el incumplimiento de algunasde las obligaciones que los Estados firmantes tienen frente a su población.Sin embargo, los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos(1948) y “protegidos” por dos importantes tratados (Pacto Internacional de Derecho Civiles yPolíticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) siguen encontrandoimportantes limitaciones en cuanto a su respeto, protección y garantía. De facto, la defensa de losderechos humanos está por debajo de la defensa del libre comercio en la agenda internacional. Laausencia de una adecuada gobernanza de este fenómeno de la globalización juega en contra de losderechos humanos.En los próximos números de nuestra revista vamos a reflexionar sobre el incumplimiento de acuerdos,vinculantes y no vinculantes, que se traducen en situaciones de reiterada violación de los tres derechoshumanos en los que Prosalus centra su trabajo: derecho a la alimentación, a la salud y al agua.

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editorialeditorialAcción de calle “Papel mojado”. Fotografía: Prosalus, CG

CAcción de calle “Papel mojado”. Fotografía: Prosalus, CG

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Seguridad alimentaria y participaciónProsalus desarrolla en la región de Cusco desde el año2002 y con apoyo de la Comunidad de Madrid unaestrategia de seguridad alimentaria para reducir losaltos índices de desnutrición de las poblaciones ruralesde esta zona. Los factores que influyen en que elderecho humano a la alimentación en esta región nosean aún una realidad son varios: el bajo nivel deingresos y baja productividad no garantizan el accesoa alimentos suficientes; dificultades de distribuciónde alimentos en los mercados locales y medios deproducción insuficientes; deterioro ambiental queafecta seriamente la producción; poca participaciónde las mujeres, sobre todo las campesinas, en la tomade decisiones comunales y en las políticas locales, asícomo de la sociedad civil, debido a los bajos niveleseducativos existentes en esta zona.

Las evaluaciones externas realizadas de esta primera fase,mostraron que se habían producido avances en la mejora

de prácticas de higiene y estilos de vida saludables y en elincremento y diversificación de cultivos, apostando porla recuperación de semillas autóctonas y un enfoqueagroecológico. Gracias a esto, se puso en marcha unasegunda fase de consolidación en 2009 y 2010, en laque se priorizaba el fortalecimiento de las institucionespúblicas y de la sociedad civil, reforzando los espaciosde concertación entre ellas, pero sin abandonar elcomponente de necesidades básicas.

En este periodo, se han conseguido buenos resultadosen el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,principalmente de mujeres en programas de seguridadalimentaria y también de los espacios de concertaciónlocal, municipal y regional, fundamentalmente el ConsejoRegional de Seguridad Alimentaria (CORSA). El CORSAes una instancia técnico consultiva, normativa y de con-certación que tiene como objetivo contribuir a preveniry disminuir la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad

Organización de mujeres en la región de C

usco. Foto

grafía: Prosalus

Organización de mujeres en la región de C

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grafía: Prosalus

trabajamos con el surtrabajamos con el sur

Para más información sobre los proyectos se puede consultar www.prosalus.es

y por ende a disminuir la desnutrición o malnutrición ensus diversas formas, el hambre y la pobreza, mejorar lascapacidades de desarrollo humano y la calidad de vidaen Cusco.

El proyecto actual busca el fortalecimiento de lascapacidades de la población y de las institucioneslocales para cumplir con el derecho a la alimentaciónen la región Cusco, poniendo en marcha una experienciade gestión entre el gobierno local y las organizacionescomunitarias andinas. El objetivo es elaborar y gestionaruna propuesta de seguridad alimentaria, articulada a niveldistrital, a partir de experiencias piloto ya consolidadasen dos municipios distritales, para disminuir los índicesde desnutrición infantil.

El gobierno peruano ha establecido como una de lasprioridades la lucha contra la desnutrición infantil y elapoyo al proceso de modernización y descentralizacióndel Estado, para hacer transparentes los procesos degasto público, presupuestos participativos, programas yproyectos. Esta propuesta de Prosalus y nuestro socioperuano, Arariwa, se enmarca dentro de los proyectosestratégicos del Estado, que obligan a los gobiernoslocales a mejorar sus criterios de diseño y elaboración deprogramas y proyectos, en el marco del SistemaNacional de Proyectos de Inversión.

A pesar de todos estos avances, queda mucho por hacer.Aún no se ha conseguido que las organizaciones localesasuman su papel protagonista en la gestión local, ni quelas los procesos de articulación iniciados entre sociedadcivil y gobierno local se hayan consolidado como apuestade intervención en un programa coordinado y reconocido.Por eso la propuesta actual quiere sistematizar y validarel modelo de intervención desarrollado estos años,tomando como experiencia piloto estos dos municipios,para poder replicar la metodología en otras zonas deintervención.

El proyecto propone, también, la participación de losfuncionarios de los gobiernos locales y líderescomunales en un módulo de formación para elaborarproyectos de inversión en seguridad alimentaria y nutri-cional, que están enmarcados dentro de los proyectosestratégicos del Estado con autoridades, funcionarios ysociedad civil. Este proyecto se articula y complementa,además, con las políticas públicas y las prioridades esta-blecidas por las distintas administraciones públicas y degobierno.

Así por ejemplo, se diseñó el Plan de Emergencia Infantil2004-2006 y la conformación del CORSA, en el que Arariwaestá ocupando un lugar de liderazgo y dinamización, dentrodel Comité Directivo y del Comité Técnico, que ha dado

como resultado la definición de una Estrategia Regional parala Seguridad Alimentaria. Por otro lado, se trabajará en unapropuesta similar con el Consejo Regional de SaneamientoBásico (CORSAB).

El proyecto favorecerá que las organizaciones de mujeresque se han constituido en estos años, dedicadas a trabajarpor la seguridad alimentaria, participen como uno de losprincipales actores en la elaboración del Programa deSeguridad Alimentaria. Concretamente se trabajará con7 organizaciones distritales de mujeres, con quienes sehará la identificación y construcción del Programa enSeguridad Alimentaria. Ellas serán, además, las encargadasde vigilar los presupuestos asignados.

También se trabajará con más de 70 líderes formadosen seguridad alimentaria nutricional en 2010 y 2011,que serán los responsables de llevar a cabo el monitoreoy vigilancia nutricional en las comunidades. Con 7municipalidades distritales y 2 provinciales, encargadasde la planificación y ejecución de las acciones concertadas,enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familiascampesinas de su ámbito, garantizando la participación,representación y construcción de proyectos y programasdentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Además, estará participando la Dirección Regionalde Salud, a través de los puestos y centros de saludlocal, que van a realizar campañas de seguimiento de pesoy talla en menores de 5 años, campañas de alimentaciónbalanceada y de salud preventiva. También facilitaráninformación sobre los indicadores de salud y nutrición alos espacios de concertación, para la toma de decisiones yla puesta en marcha de otras políticas.

Y será imprescindible la participación de 210 familiasde las comunidades rurales de Canas y Acomayo quehan formado parte de los programas de formación delproyecto en etapas anteriores, quienes participarán en laconstrucción de sistemas de cosecha de agua para garantizary aumentar la producción de sus alimentos. El proyectocontinuará dándoles asistencia técnica en los componentesdesarrollados a lo largo de estos años en la estrategia deseguridad alimentaria nutricional, como la gestión ecológicade las parcelas agropecuarias, vivienda saludable, hábitos dehigiene y alimentación balanceada y participación ciudadana.

Para incidir en las políticas públicas de seguridad alimentariay nutricional con respeto, protección y garantía del derechoa la alimentación es necesario que haya voluntad política yuna mayor participación de la sociedad civil. Para ello esimprescindible priorizar el fortalecimiento de los diferentesactores que conforman la sociedad civil para que formenparte de la formulación, ejecución, monitoreo y evaluaciónde estas políticas.

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Los derechos inherentes a la persona humana debenser protegidos frente a las actuaciones ilegítimas delEstado, la institucionalidad estatal, sus agentes,empleados, funcionarios o servidores públicos, etc.que favorecen, permiten o amparan las violacionesde derechos en un escenario de impunidad.

El derecho internacional de los derechos humanosno tiene por objeto imponer penas a las personas culpa-bles de sus violaciones, sino amparar a las víctimas ydisponer la reparación de los daños que les hayansido causados por los Estados responsables de talesacciones”. Regula las relaciones entre el individuo y elEstado, ya que tiene como objetivo la protección delos derechos fundamentales de los seres humanos,independientemente de su nacionalidad, frente alEstado y frente a otros Estados firmantes.

De acuerdo con la Convención de Viena, en su artículo2, “se entiende por tratado un acuerdo internacionalcelebrado por escrito entre Estados y regido por elderecho internacional público…” Al aprobar estostratados, cada Estado miembro se somete a unorden legal por el cual asume obligaciones, tanto enrelación a los individuos que están bajo su jurisdicción,como con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.De esa manera, el Poder Ejecutivo tiene la obligaciónde aplicar los tratados, reglamentar de acuerdo aellos, establecer políticas públicas, destinar recursos parael cumplimiento de sus obligaciones internacionales ycumplir con las decisiones de los órganos jurisdiccionalesinternos, como el defensor del pueblo, tribunales,comisiones, etc. Por su lado, el Poder Legislativo tienela obligación de legislar y de adecuar la normatividadinternacional a la interna.

¿Se cumplen los acuerdosinternacionales?

Acto de calle “papel mojado”. Foto

grafía: Prosalus, CGC

Acto de calle “papel mojado”. Foto

grafía: Prosalus, CGC

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internacional; y finalmente que el tratado cuente conun adecuado sistema de control.

Mientras más accesibles sean los recursos paralas víctimas de las violaciones de derechoshumanos, es decir para la sociedad civil, muchomejor será el sistema de control del cumplimientodel tratado internacional. Por eso los Estadosdeberían tener en cuenta este aspecto, antes denegociar un nuevo tratado internacional.

Generalmente los tratados internacionales de derechoshumanos incorporan el principio pro homine “[...]un criterio hermenéutico… en virtud del cual se debeacudir a la norma más amplia, o a la interpretación másextensiva, cuando se trata de reconocer derechosprotegidos [...]” En otras palabras, deberá hacerse lainterpretación que mejor proteja al individuo o lavíctima de una violación a sus derechos humanos.

Pero, ¿Qué ocurre cuando, a pesar de que unEstado firme y ratifique un acuerdo internacional,no cumpla con sus obligaciones? En este caso, lostribunales y fiscales también están obligados a emitirresoluciones y desarrollar acciones en función deestos compromisos internacionales. Además, cualquierpersona, como titular de un derecho vulnerado, puedeacudir a una instancia internacional para demandar laresponsabilidad del Estado. La Convención de Vienasobre el Derecho de los Tratados, en su artículo27.1, establece que "un Estado parte de un tratadono podrá invocar las disposiciones de su derechointerno como justificación del incumplimiento deltratado".

Sin embargo, aunque la ciudadanía pueda acceder aeste tipo de instrumentos legales, son muchos losfactores que pueden hacer desistir de intentarlo:económicos, sociales, educativos… Así, seguimosestando a merced de la voluntad política de losEstados. Las organizaciones de la sociedad civil segui-remos informando y denunciando el incumplimiento delos acuerdos internacionales de derechos humanos,porque es de justicia.

El gran problema con el que nos encontramos es que,en muchos casos, se adoptan los tratados, pero no haylegislación interna que la adecue al ámbito interno. Lológico y esperable es que haya mecanismos al alcancede la ciudadanía para obligar al Legislativo a cumplirsu función. De otra manera, los tratados internacionalespueden convertirse en papel mojado si se adoptan conuna marcada intención publicitaria, pero carentes desoporte legal, incurriendo en lo que podríamosllamar “demagogia legislativa”.

Se ha avanzado mucho jurídicamente, pero es necesarioque los tratados sean efectivos con voluntad políticay con presupuestos para que los Estados puedancumplir lo que acuerdan internacionalmente. En estesentido, un tratado puede quedar en agua de borrajassi un Estado firma, pero no ratifica, por lo que notendría obligación de cumplirlo.

En otras ocasiones, los tratados internacionalespermiten a los Estados que los ratifican hacerreservas al texto, una suerte de excepciones a lanorma, que en algunas ocasiones llegan tan lejos quecontradicen el sentido último para los que fueroncreados.

Es el caso de la Convención sobre la Eliminación detodas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW), aprobada en 1979 y que entró en vigoren 1981 con carácter vinculante, es decir, conobligaciones para los firmantes, tanto legislativas,como políticas, judiciales y culturales, con el fin deprevenir, juzgar y sancionar la discriminación contrala mujer y garantizar el goce y ejercicio de derechosen igualdad de condiciones que el hombre. Este esel instrumento internacional vinculante con másreservas de cumplimiento, planteadas por los propiosEstados para no verse obligados a aplicar determinadasdisposiciones. Lo peor es que muchas de ellas contri-buyen a fomentar, aún más, las desigualdades entrehombres y mujeres, amparándose en motivos dereligión, costumbre o legislación nacional.

Parece obvio que a la hora de cumplir las obligacionesderivadas de los tratados, los Estados partes lohicieran de manera voluntaria; sin embargo, en lapráctica no siempre es así. Hay veces que es necesariorecorrer un largo camino. En primer lugar, firmarlo yratificarlo; después establecer el marco jurídico queel tratado requiere para ser aplicado y que los individuostengan acceso a la exigencia de la normatividad inter-nacional; después que el Estado no ponga ningún tipo detrabas al cumplimiento o viole, de plano, la normatividad

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¿Qué ocurre cuando unEstado, a pesar de firmar y

ratificar un acuerdointernacional, no cumplecon sus obligaciones?

El Pacto de Estado se firmó el 19 de diciembre de2007, como una apuesta seria por parte de todas lasfuerzas políticas con representación parlamentaria,por construir una cooperación al desarrollo de calidad.De esta manera, se convierte en una política públicay de Estado, al margen de los intereses partidistas,buscando el consenso y una amplia participación detodos los grupos parlamentarios y con el apoyo de lasociedad civil. El texto recoge “que existe un imperativoético, social, político y económico de lograr el objetivode erradicar la pobreza en el mundo mediante la accióndecidida y efectiva de la cooperación internacional”.

España se sumaba así a los consensos internacionales yavanzaba también en la lógica que impulsa la Agendade la Eficacia del Desarrollo, de profundizar en la apli-cación del principio de apropiación democrática,por el que los parlamentos, los gobiernos locales o lasorganizaciones de la sociedad civil deben participar

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activamente en la definición de las políticas y estrategiasde desarrollo.

En el contexto actual de crisis es relevante recordarlas obligaciones en materia de cooperación para eldesarrollo adquiridas por España como país que hafirmado y ratificado el Pacto Internacional deDerechos Económicos Sociales y Culturales(PIDESC), con el fin de proteger estos derechos eincluir políticas públicas para la prestación de serviciossociales que refuercen las estrategias de erradicaciónde la pobreza.

En ese sentido, la Comisión de Seguimiento delPacto de Estado contra la Pobreza se comprometióa mejorar la transparencia y rendición de cuentas,reforzando el control parlamentario y la participaciónde la sociedad civil; aumentar los esfuerzos realizadosdirigidos a la consecución de los Objetivos de

Pacto de Estado contra la pobreza

Trabajamos con el norteTrabajamos con el norteFirma del Pacto de Estado contra la Po

breza en 2007

Firma del Pacto de Estado contra la Po

breza en 2007

Información elaborada a partir de artículos e informes de la Coordinadora de ONGD - España

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de Gobierno estatal, local y/o autonómico, a impulsarlos mecanismos necesarios para la puesta en marchade estas políticas e iniciativas, de acuerdo al calendarioestablecido en el presente documento”.

Sin embargo, el volumen de AOD de España haretrocedido hasta niveles de 1981 y se ha colocadoa la cola de los donantes europeos. De esta maneraqueda plasmado el incumpliendo con los compromisosasumidos internacionalmente. En 2010 se registra elprimer recorte disminuyendo en un 5% el total de laAOD. En 2011, se confirma la tendencia negativa, conel recorte más fuerte de la AOD sufrido hasta elmomento, un 31% sobre 2010 y en 2012, se consolidala caída con una reducción del 24% del volumen deAOD y el futuro de la política de cooperación se veseriamente amenazado. En 2013 la caída se profundizaaún más, alcanzando un recorte acumulado en losúltimos 5 años del 70%, colocando la política al bordede la desaparición.

Cooperación descentralizadaLa Cooperación Autonómica y Local ha seguido uncamino muy similar. Hasta el año 2008 se produce uncrecimiento cuantitativo y cualitativo, poniendo lasbases para alcanzar el 0,7%, además de crear lascondiciones para poder disfrutar de una cooperaciónde calidad. En este contexto y animados por esteclima, 6 comunidades autónomas consiguieronfirmar sus propios pactos, 3 provinciales y 13entidades locales.

Sin embargo, desde finales de 2009 estamos asistiendoa constantes incumplimientos de los compromisospolíticos y económicos adquiridos por gobiernosautonómicos, provinciales y locales, con el recorte enlas partidas para AOD. En el año 2011, el conjuntode los gobiernos autonómicos desembolsó tansólo un 40.5% de la AOD presupuestada. Lo máspreocupante, sin embargo, es el creciente cuestiona-miento público sobre la competencia de los gobiernoslocales en materia de cooperación al desarrollo. De estamanera, España está perdiendo una de sus valoresdiferenciadores y una de sus señas de identidad anivel internacional: la cooperación descentralizada.

La crisis no puede ser excusa para retroceder enmateria de cooperación internacional, sino todo locontrario, ya que precisamente la crisis estáaumentando los niveles de pobreza, dentro y fuerade nuestras fronteras. Es inadmisible que las medidaspara luchar contra la crisis financiera vayan en contradel Desarrollo Humano y de los Objetivos delMilenio.

Desarrollo del Milenio y evitar cualquier retroceso;asegurar la coherencia de las políticas públicas con losobjetivos de desarrollo asumidos por España; mantenerdiálogos políticos permanentes entre gobierno y lospaíses socios, para avanzar en los principios fundamen-tales como los Derechos Humanos, la libertad, laigualdad y los valores democráticos; impulsar que elGobierno, las Comunidades Autónomas y EntesLocales mantengan su compromiso con la AyudaOficial al Desarrollo; avanzar en la consecución del0.7% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo(AOD), como parte del compromiso adquirido conla Unión Europea, de cara al año 2015; fortalecer eltejido social y la participación de la ciudadaníaespañola, asegurando su papel como actores de lacooperación; y velar para que la AOD se concentreen sectores esenciales como salud, educación,seguridad alimentaria, ayuda humanitaria yreconstrucción.

Durante los tres primeros años de vigencia del Pacto,de 2008 a 2010, se plantearan retos y oportunidades yse consiguieron ambiciosos consensos. Sin embargo, apartir del año 2011 las decisiones políticas adoptadas almargen de las Comisiones de Cooperación deCongreso y Senado, han puesto en tela de juicio loscompromisos adquiridos.

Esta situación se ha visto agravada en 2012, cuandolas Comisiones de Cooperación pasaron a ocupar unlugar secundario en las decisiones estratégicas sobrela política de cooperación. Un claro ejemplo de esto,fue la aprobación del Plan Anual de Cooperación2012 en la Comisión de Cooperación del Congreso,que concluyó con la aprobación de un Dictamen enel que sólo fueron recogidas la cuarta parte de laspropuestas presentadas por los grupos parlamentarios.

Alto grado de incumplimientoEl balance de cumplimiento de los compromisos quecontiene el Pacto de Estado es altamente insatisfactorio.De treinta y dos compromisos que contiene, sólodos se pueden considerar cumplidos; once registranavances; y diecinueve se consideran incumplidos.

El III Plan Director (2009-2012) recalcaba ser elPlan Director del 0,7%, y señalaba un camino decrecimiento progresivo a lo largo de esos cuatroaños para alcanzar el 0,56% de AOD en 2010, deacuerdo con el compromiso adquirido en el seno dela UE y el 0,7% en 2012. El último compromiso delPacto señala que “los grupos políticos representadospor los/as abajo firmantes se comprometen, en suejercicio parlamentario y en sus responsabilidades

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Nueva etapa en la defensa de losDerechos Humanos

Si alguien lo priva a usted injustamente de su libertad,o si le impiden circular por el territorio de su país, o siinvaden su intimidad, o si le impiden emitir sus opi-niones o tener unas determinadas creencias religiosaso reunirse pacíficamente con otras personas… ustedtiene no sólo la posibilidad sino el derecho dereclamar ante los tribunales que le sean respetadasestas libertades, que son derechos humanos reconocidosen la Declaración Universal de Derechos Humanos(DUDDHH) y desarrolladas en el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Para la aplicación de este Pacto se estableció unProtocolo para dotar de fuerza jurídica a la defensa deestos derechos. Todos los Estados firmantes delPIDCP tienen la obligación de respetar, proteger y

garantizar estos derechos de sus ciudadanos. En casitodo el mundo existen mecanismos adecuados para ladefensa efectiva de estos derechos, que los hacendirecta e individualmente reivindicables.

Sin embargo existen otros derechos tan humanos,tan universales, tan inviolables y tan inalienablescomo los anteriores, que no tienen esos niveles deprotección. Son los derechos económicos, sociales yculturales, también reconocidos en la DUDDHH yrecogidos en el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Así como los derechos civiles y políticos cuentan con unsistema de protección importante, para los derechoseconómicos, sociales y culturales el correspondiente

José María Medina Rey, director de Prosalusjm.medina@prosalus.es

tribunatribunaMujer campesina. Cajamarca, Perú

: Prosalus, CGC

Mujer campesina. Cajamarca, Perú

: Prosalus, CGC

propio nombre para buscar justicia en el ámbitointernacional respecto de violaciones de los derechoseconómicos, sociales y culturales por medio de lapresentación de reclamaciones frente al Comité de laONU sobre los Derechos Económicos, Sociales yCulturales, lo que corregirá un desequilibrio queexiste desde hace mucho tiempo en la protección delos diferentes derechos humanos.

El Protocolo Facultativo les permitirá el acceso ala justicia a nivel internacional y al mismo tiempoapoyará los esfuerzos para que haya recursosefectivos disponibles para que las victimas puedanacceder a estos derechos en sus países.

Hasta la fecha 42 países han firmado el ProtocoloFacultativo y sólo 10 lo han ratificado: Argentina,Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador,Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay.

A partir de ahora, cualquier familia de estos 10países que han ratificado el PIDESC que se veanafectadas por la crisis económica, por el desempleo,por la precariedad, vean peligrar su derecho a laalimentación, a la salud, a la educación… y noencuentren una respuesta adecuada por parte delEstado, podrán reclamarla ante el Comité DESC.

Se abre una nueva etapa en la defensa de losderechos humanos.

Más información en: www.derechoalimentacion.org

Pacto sólo establece con carácter general un criteriode efectividad progresiva de estos derechos, demanera que los Estados firmantes asumieron solamenteun compromiso de ir incrementando progresivamentesu efectividad, debiendo tener una trayectoria activaen la adopción de medidas y teniendo como límite ladisponibilidad de recursos. Y ello porque se entendíaque la garantía de derechos como la educación,la salud, la vivienda o el trabajo, supondría lainversión de cuantiosos recursos.

Fueron necesarios muchos años y muchas discusioneshasta que en la Asamblea de Naciones Unidas, el 10de diciembre de 2008, el mismo día que se cumplían60 años de la aprobación de la Declaración Universalde Derechos Humanos, se aprobó el ProtocoloFacultativo del PIDESC. Sin embargo, su entrada envigor requería un mínimo de 10 ratificaciones,que se han alcanzado con la ratificación por parte deUruguay el pasado 5 de febrero de 2013.

El Protocolo Facultativo transmite un mensaje claro einequívoco sobre la importancia y el igual valor detodos los derechos humanos: todos los derechosdeben ser protegidos, respetados y cumplidos, sinninguna excepción. Además, establece un mecanismode acceso a la justicia a nivel internacional paralas personas cuyos derechos económicos, sociales yculturales han sido violados.

Son innumerables las personas que en todo el mundo,especialmente las que viven en la pobreza y sufrendiscriminación, soportan violaciones de sus derechosy la negación de justicia a nivel nacional. Una vez entreen vigor, el Protocolo Facultativo hará posible quepersonas, grupos u organizaciones se presenten en su

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Memoria de Prosalus 2012Os presentamos la Memoria 2012 de Prosalus, que da cuenta de las actividades realizadas en España, de la marchade los procesos que han estado activos a lo largo de este año en Perú, Bolivia y Mozambique, así como de lascuentas de la organización.Como ya es conocido, la cooperación española está sufriendo un proceso de retroceso y de deterioro quese inició en 2010. En 2012, Prosalus también se ha visto afectada por esta situación, ya que el número deconvocatorias públicas de subvenciones ha disminuido considerablemente y también los montos, por lo quenuestro volumen de ingresos se ha reducido en más de un tercio, respecto al año anterior.Pero no todo es negativo. Durante el año 2012 hemos podido mantener e, incluso, incrementar ligeramentelos fondos privados; hemos seguido avanzando en la mejora cualitativa de nuestra cooperación; hemos desarrolladointeresantes acciones de sensibilización e incidencia; hemos ampliado el número de seguidores de nuestrasredes sociales y participamos activamente en el Consejo de Cooperación. Así mismo, nos hemos sometido a laherramienta de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España, habiendocumplido todos y cada unos de los indicadores, como así queda reflejado en el informe de auditoría.A pesar de este contexto tan poco propicio, vamos dando pasos interesantes. Prosalus ha estado especialmenteactiva en la búsqueda de nuevas formas de financiación y atenta al desarrollo de nuevas formas de trabajo y a laampliación de nuestra base social. Por eso es fundamental perseverar en este esfuerzo y poder contar con elapoyo y la colaboración de todas las personas que valoráis el trabajo de Prosalus.Sin cada una y cada uno de vosotros, nuestro trabajo no sería posible y además, tendría menos sentido, ya quepara conseguir un verdadero cambio y un mundo más justo, es necesario el apoyo de toda la ciudadanía.¡Gracias por acompañarnos en este camino! Puedes descargar la memoria desde este link: http://bit.ly/13zkkXf

Fotografía y diseño: Prosalus, CGC

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