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IMPORTANCIA DE LA BUENA POLITICA
Estimados amigos y amigas
Cuando fui invitada al CADE, a los pocos días de haber
asumido el cargo de Presidenta del Consejo de
Ministros, luego de una crisis política de envergadura,
asumí el reto de hacer una reflexión sobre un tema del
cual solo tengo el aprendizaje práctico, adquirido en mi
ejercicio como ministra y congresista de la República,
pero, sobre todo, como ciudadana.
Cómo saben, soy una economista que asumí retos
políticos por querer tomar acción en políticas públicas,
lo que suelen llamar una tecnócrata. Un concepto que
puede ser tomado, por el lado amable, como el que
decide en función a una mirada técnica y basado en
evidencia; o puede ser considerado, desde el lado
peyorativo, como un individuo que desconoce la
realidad y el marco político en que se mueve. Creo que
ésta es una falsa dicotomía: no hay decisión sobre
políticas públicas que no sea política en sí misma. El
tomador de decisiones es un político, sabe que sus
decisiones afectan, de diferentes maneras, a muchas
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personas o grupos y, por eso, fundamenta sus
decisiones sobre evidencia buscando maximizar el
bienestar y minimizar las pérdidas y/o compensarlas de
alguna manera. En otras palabras, trata de hacer una
buena política.
Ante esto, mi primera pregunta fue: ¿Qué es “buena
política”?. Comencé a buscar definiciones, encontré una
que me gustó, no recuerdo exactamente de quién era,
pero versa así: “POLÍTICA ES ARMONIZAR LOS
LEGÍTIMOS INTERESES, VISIONES Y ASPIRACIONES
DE LOS INDIVIDUOS Y GRUPOS EN LA BUSQUEDA
DEL BIEN COMÚN”. Trabajo complicado, pues
tendremos que preguntarnos: ¿qué es el “bien común”?,
¿quién lo define?, ¿cuáles son los arreglos
institucionales que nos permiten hacerlo?, ¿cómo se
balancean esos intereses para maximizar ese logro?, y
¿cómo sé que lo estoy haciendo?
Felizmente, a través de la historia, podemos aprender
sobre diversos modelos de organización social, que, de
acuerdo a las creencias y circunstancias del momento,
buscaron alcanzar su propia noción de bien común. La
humanidad ha pasado de situaciones de escasez total –
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donde primaba la ley de la selva, una anarquía donde la
mirada del bien común no existía sino apenas el
instinto de sobrevivencia-, hasta momentos en los que
se empiezan a generar excedentes, y donde una élite —
un grupo de aristócratas, ancianos o inclusive caudillos
militares — pasa a definir la vida colectiva y la forma en
que se distribuyen los recursos a través de códigos o
leyes. En otros momentos, se entregó el poder a un
soberano que por supuesto mandato divino — o en
tiempos más recientes, por mandato de “un pajarito” —
era quien podía gobernar nuestras vidas de manera
totalitaria. Todos estos modelos fallaron porque
aniquilaron lo más valioso de un ser humano que es su
libertad individual. La democracia es un modelo
también imperfecto, pero sobresale pues define al
individuo como centro del poder, y regresa a la
ciudadanía la facultad de definir este bien común.
La democracia no puede florecer si es que no se
practica la buena política. Muchos argumentan
que la democracia ha quedado obsoleta ante las
nuevas demandas y dinámicas de la sociedad de la
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información. Yo discrepo de ese diagnóstico. La
democracia puede parecer menos eficaz que otros
modelos autoritarios o de participación limitada,
pero es el modelo más justo y sostenible, en tanto
se construye a partir de los intereses de la
colectividad. Sin embargo, coincido en que es un
modelo que podemos y debemos perfeccionar, y es
hacia ese objetivo que debe apuntar la buena
política.
Hace casi doscientos años, los fundadores de
nuestra patria decidieron forjar una República.
Hubo personas que se inclinaron hacia la
monarquía, pero finalmente la visión republicana y
liberal prevaleció. Con la República vino de la mano
un ideal democrático, una vocación porque todos
los peruanos y peruanas se vieran igualmente
representados en el debate político, y participaran
equitativamente del futuro del país como
ciudadanos plenos. A lo largo de estos casi dos
siglos, nuestro sistema ha trastabillado
cíclicamente, transitando entre dictaduras
militares y gobiernos civiles fallidos, pero aun a
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pesar de esos tropiezos, hoy 7 de cada 10 peruanos
preferimos la democracia frente al autoritarismo.
El ejercicio democrático de la buena política
implica respetar las reglas de juego. Como
sociedad hemos suscrito un contrato social: la
Constitución Política de 1993. En ella, se establece
claramente el orden político y económico que rige
nuestra República. Desde el lado político, la
Constitución nos ha dado un mandato claro a
cada uno de los actores. El Poder Ejecutivo es el
encargado de ejecutar las políticas públicas y de
vez en cuando pide facultades legislativas cuando
se busca normar temas técnicos. El legislativo, es
el encargado de representar a la ciudadanía,
aprobar y derogar las leyes y fiscalizar la labor
política de los demás actores. El Poder Judicial
interpreta las leyes y administra justicia. Esta
misma Constitución le ha entregado al Tribunal
Constitucional la facultad de ser el último
intérprete de la Carta Magna. La preservación de la
democracia es solo posible si es que cada actor
respeta el arreglo institucional y su función dentro
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de este balance de poderes. El diálogo y la crítica
son opciones válidas pero la imposición no lo es.
Respetar la Constitución implica, por ejemplo,
respetar que la iniciativa de gasto es facultad del
Ejecutivo, quien administra y ejecuta los recursos
públicos. Respetar la Constitución implica también
aceptar que la investigación del delito es facultad
exclusiva del Ministerio Público. Hay actitudes
políticas que amenazan hoy este balance. A cuatro
años del Bicentenario, debemos velar todos porque
la visión republicana se mantenga y se consolide.
Nuestro contrato social también dispone un
orden económico y establece que el Perú es una
“economía social de mercado”. Ello implica
proteger la libertad de los actores económicos,
siempre que esta esté acompañada de un marco
regulatorio y de una política de desarrollo social
sólidos. Libre mercado no es igual a mercantilismo.
Como el célebre periodista estadounidense Lincoln
Steffens dijo, “si los líderes políticos se vuelven
mercaderes políticos, ellos se ajustarán a cualquier
demanda que el mercado pueda crear. Lo correcto
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es establecer una demanda continua por la buena
política”. Siempre que la política respete las reglas
de juego – o, en su defecto, se enfoque en
mejorarlas – preservaremos el ideal republicano
sobre el cual nuestro país fue fundado.
Cuando fui estudiante, aprendí la diferencia
entre economía política y política económica.
La primera, es el marco general dentro del cual
instituciones y mercados interactúan, es decir, el
orden económico y político donde los distintos
intereses concurren. La política pública, por otro
lado, es el conjunto de acciones concretas
basadas en evidencia que buscan “nivelar y
ordenar la cancha”, y que deben ser el resultado
de este ejercicio democrático. Nuestra
responsabilidad como políticos es “humanizar”
esta política pública. Esto es algo que hemos
hablado desde el Plan de Gobierno de nuestro
presidente PPK: poner al ciudadano como centro de
la política. Una ciudadanía con igualdad de
derechos, oportunidades y responsabilidades. Esa
es la verdadera Revolución Social. La tarea es
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difícil e implica buscar permanentemente el
consenso que la división de poderes y
responsabilidades nos exigen.
Desde el Ejecutivo estamos buscando “cambiar
el chip” del funcionario público. Nuestro
compromiso, desde el inicio del Gobierno, ha sido
promover un Poder Ejecutivo capaz de coordinar y
articular internamente de forma eficiente para
proveer soluciones a la ciudadanía. La visión
tradicional del gobierno ha sido frecuentemente la
creación de comisiones multisectoriales, las que
terminan por volverse en un centro de poca acción
y mucho papeleo. Nosotros hemos apostado por
infundir el trabajo intersectorial, el gobierno abierto
y el sustento técnico en la evidencia como
principios rectores de la política pública. Un
ejemplo de ello es la lucha contra la anemia, donde,
a partir de la implementación de nuestra Unidad de
Cumplimiento en la PCM, hemos sido capaces de
integrar a los diferentes sectores involucrados en
una estrategia común, con objetivos y plazos
específicos para cada actor relevante. Maestros,
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doctores, madres cuidadoras y personal
administrativo trabajando conjuntamente por la
buena nutrición de niños y madres gestantes.
Queremos escalar este esfuerzo. Por ello, dentro del
pedido de facultades legislativas que haré llegar la
semana entrante al Congreso, he incluido una
norma que busca reformar el marco normativo
para ejecutar de manera más eficiente la provisión
de servicios públicos compartidos y la inversión en
obras de infraestructura integrales.
El diálogo y la búsqueda de consensos con los
otros poderes del Estado no deben ser una
limitante para hacer política sino una vía para
enriquecerla. Yo creo que existe una falsa
percepción de que la discrepancia política es
sinónimo de la poca institucionalidad. Los
resultados de las últimas elecciones nos presentan
un importante desafío. No un cogobierno, pero sí
una corresponsabilidad. Como Ejecutivo debemos
valorar la función legislativa y al Congreso como
primer poder del Estado y portavoz de los intereses
de toda la población. Inicié el mandato del
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Presidente Kuczynski en este espacio, y debo decir
que, contrario a lo que muchos creerían, la buena
política legislativa existe y se ejecuta de forma
dinámica y dialogante, aún con una mayoría
categórica. En la Comisión de Economía del
Congreso, la que presidí en la legislatura 2016-
2017, aprobamos 18 dictámenes, muchos de los
cuales han coadyuvado a la labor ejecutiva del
gobierno. Fui partícipe de importantes debates en
el hemiciclo; debates que fueron desde cómo
solucionar problemas específicos, -como la Ley de
exportación de servicios que promueve el potencial
de un nuevo sector económico-, hasta temas más
complejos como la identidad de género, tema que
sigue pendiente en la discusión al día de hoy. El
hemiciclo es por definición el principal espacio para
el diálogo y para la discrepancia, pero con
evidencia y respeto. Es el espacio para hacer la
buena política.
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El Legislativo debe también reconocer y
respetar el rol del Ejecutivo. El ciudadano es
quien más pierde en un contexto de
polarización. La Revolución Social implica
entender que la tarea del político es permanente y
de largo aliento y que el fin último es servir a la
gente. Seamos prudentes y respetuosos con el
poder que la población nos ha conferido, y
mantengamos siempre la vocación de diálogo. Fue
el escritor George Orwell quien dijo que “el caos
político parte del deterioro del lenguaje”.
Encontremos ese lenguaje común. Más allá de las
diferencias políticas naturales, es fundamental no
perder el norte en el ejercicio político. Y no basta
con el diálogo, hacen falta compromisos. El debate
entre el Ejecutivo y el Legislativo –así como con los
demás poderes– debe servir para identificar y
promover políticas públicas que trascienden los
gobiernos y se transformen en políticas de Estado.
El pueblo nos ha confiado el poder, para que
nosotros, con nuestra buena política, nos ganemos
la legitimidad.
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Un buen ejemplo de colaboración es el
compromiso que hemos asumido por mejorar
nuestros estándares de política e
institucionalidad mediante el proceso de
vinculación con la OCDE. Tanto funcionarios del
gobierno como colegas parlamentarios de la
oposición hemos viajado juntos a París para
ratificar nuestro compromiso de ser miembros
plenos de la OCDE. El proceso de acceso será muy
complejo y requerirá una coordinación permanente
con todos los actores del sector público, privado y
sociedad civil, y es fundamental que el Poder
Ejecutivo y Legislativo sienten las bases para que
este espacio de diálogo se fortalezca.
Confío en que el fortalecimiento institucional es
una prioridad de los principales grupos
políticos. Sin instituciones sólidas será difícil
asegurar el crecimiento de largo plazo. En el ámbito
económico, el Perú ha sido capaz de encontrar una
continuidad en la política. Los resultados de ello no
son solo una buena imagen para atraer
inversiones: el segundo mejor ranking crediticio de
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la región, y la posibilidad de ubicarnos entre los
candidatos más potentes para ingresar a la OCDE.
Los resultados son también muy halagadores
cuando 7 millones de peruanos sacados de la
pobreza en solo una década, una casi erradicación
de la pobreza extrema, una duplicación de la clase
media, y una reducción de la desigualdad en 12%.
Han sido los mejores logros de nuestro país. La
institucionalidad tiene un impacto tangible sobre el
bienestar. Busquemos siempre, a través del diálogo
constructivo y compromisos tanto en el Congreso y
como entre poderes del Estado, institucionalizar
otros aspectos de la política, como ya lo hemos
hecho con el aspecto económico.
A. LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Queremos que la lucha contra la corrupción se
convierta en una política de Estado, igual o más
institucional que el modelo económico. La
corrupción en los últimos años ha sido un mal
endémico y los recientes acontecimientos nos han
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permitido ver el problema en su verdadera
dimensión. De acuerdo al Foro Económico Mundial,
la corrupción en países emergentes encarece en
10% el hacer negocios y en 25% el ejecutar obras
públicas, afectando negativamente el empleo, la
productividad, las inversiones y el bienestar de los
hogares. La corrupción, además, ha traído consigo
una pérdida total de la confianza entre ciudadanos.
Sin embargo, las malas prácticas de algunos no
deben dar cabida a una “cacería de brujas” con
falta de evidencia que paralice el crecimiento
económico. La lucha contra la corrupción debe
convertirse en una política de Estado, SÍ, pero una
tan institucional y basada en evidencia como la
política económica en la cual hemos sobresalido.
Para ello, debemos valorar el Sistema de
Administración de Justicia, el cual también es
partícipe y corresponsable de asegurar el ejercicio
de la buena política. Es prudente exigir de estas
entidades una mayor celeridad en los procesos y
una mayor predictibilidad en la interpretación de
las leyes. Pero también es nuestro deber entender
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que la justicia es un principio fundamental de la
democracia, y que administrarla no siempre es tan
expeditivo como ejecutar una obra o aprobar un
Proyecto de Ley. El ejercicio democrático implica
respetar los plazos y procedimientos de estas
instituciones independientes. Celebro la creación
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN),
que ha sabido encauzar el debate hacia medidas
concretas para la prevención, investigación y
sanción del delito.
La lucha contra la corrupción es y debe seguir
siendo un esfuerzo compartido con el sector
privado. La ciudadanía nos exige este compromiso:
erradicar las prácticas oscuras en ambos lados de
la mesa. El escándalo Lava Jato no debe tener
consecuencias solo en la clase política, donde el
control es cada vez más riguroso y se impulsa, con
frecuencia, por intereses partidarios. Estos sucesos
deben tener también un impacto profundo en la
clase empresarial. La coima es un pésimo negocio.
La ciudadanía pide un cambio radical en los
códigos de ética de las empresas. Y ello no implica
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únicamente detener las coimas en los grandes
contratos. Yo he sido testigo de cómo algunos
regímenes tributarios enfocados en dinamizar la
mype - como el RER y el RUS – se han tornado en
un canal para la evasión tributaria. Además,
subsisten prácticas como recurrir a los paraísos
fiscales financieros y los precios de transferencia
para erosionar la base tributaria.
Hoy invoco a que seamos la clase política y
empresarial quienes conjuntamente
recuperemos la confianza de nuestros
ciudadanos. Las sinergias entre lo público y lo
privado nos han dejado importantes logros en el
pasado: las APP tienen la capacidad de mejorar la
provisión de servicios públicos y reducir las
brechas económicas. No debemos dejar que el
populismo termine con un sistema que ofrece
enormes posibilidades al país. En abril del año
entrante, el Perú será la sede de la Cumbre de las
Américas. El tema consensuado por todos los
participantes ha sido la lucha frontal contra la
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corrupción y el reforzamiento de la integridad.
Desde el gobierno, y en coordinación con la
CONFIEP, estamos evaluando la posibilidad de
tener un espacio de diálogo entre los líderes del
sector público y privado que resulte en un Plan de
Acción efectivo. Esa es la línea de trabajo que
debemos buscar como país y región.
B. DESCENTRALIZACIÓN
Parte de hacer buena política implica conocer la
realidad específica del ciudadano. Por definición,
los gobiernos regionales y los municipios son
nuestros aliados estratégicos en esta tarea. Nuestro
gobierno ha buscado siempre que la relación con
los distintos niveles de gobierno sea horizontal, con
un equipo de ministros permanentemente en la
cancha. Las Asambleas del GORE y MUNI
ejecutivos se han transformado en un espacio
efectivo coordinación de buena política; en lo que
va del gobierno. Agradezco a Fernando Zavala por
esto.
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Los GORE han servido para suscribir más de 3,500
compromisos, de los cuales, el 71% se han
cumplido, resultando en más de 22 mil millones de
soles de inversión en marcha.
Fue en este último GORE que nació la iniciativa
de repensar la descentralización, juntos. La
descentralización es fundamental para la
Revolución Social, pero tiene claras deficiencias
que debemos resolver. Una de ellas es la
proliferación de los distritos y provincias sin que
ello signifique mejoras en el servicio al ciudadano.
La mesa de trabajo que conformaremos en las
próximas semanas tendrá como objetivo desarrollar
un nuevo marco para la descentralización: uno que
priorice las mancomunidades, que promueva los
proyectos conurbados, y que tenga una visión más
estratégica del ordenamiento y gobernanza
territorial, siempre con el ciudadano en el centro.
C. RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
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La Reconstrucción con Cambios es un reto
prioritario. Desde la Autoridad estamos
implementando un modelo de gestión que nos
permita ver avances rápidos en las obras, pero con
una garantía de que el dinero se ejecuta bien y que
los resultados sean sostenibles y contribuyen a la
prevención de riesgo de desastres. No es tarea fácil.
Estamos trabajando de forma técnica y
transparente, y con un acompañamiento muy
cercano de la Contraloría y las veedurías
ciudadanas. A la fecha, contamos con 174 obras,
entre iniciadas y comprometidas, las cuales suman
un total de 1,094 millones de soles para este año,
y las que comprenden no solo la canalización de
ríos sino también la rehabilitación de puentes,
pistas y veredas, y obras de saneamiento. Además,
estamos buscando agilizar las obras mediante
algunas de las facultades legislativas que solicitaré
al Congreso: queremos permitir que las empresas
puedan intervenir de forma activa y rápida en
proyectos de reconstrucción en sus áreas de
influencia. Es la oportunidad de demostrarle a la
población que el sector público y privado pueden
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trabajar juntos por su bienestar y al margen de la
corrupción.
D. MUJER Y GRUPO FAMILIAR
La Revolución Social significa igualdad de
oportunidades para todos y todas. Los recientes
sucesos de violencia contra mujeres y niños han
visibilizado de forma cruda un serio problema en
nuestra sociedad. Mi compromiso y del presidente
PPK por hacer frente a este problema es absoluto.
La igualdad de género debe convertirse en una
política de Estado, donde prime un enfoque de
prevención. Le debemos a la ciudadanía soluciones
más sostenibles que aquellas que buscan modificar
constantemente artículos del Código Penal.
Queremos que esta agenda política sea
compartida con el sector privado. Hace algunas
semanas, tuve el privilegio de participar en el
Women Business Summit, en un conversatorio con
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el líder de la CONFIEP. Me entusiasmé al ver que
las empresas líderes han suscrito un decálogo de
principios para asegurar la igualdad de género.
Incluir a las mujeres en la toma de decisiones de
las empresas no solo contribuye a revertir la
inequidad sino que también a aumentar la
productividad y eliminar estereotipos, algo en lo
que venimos trabajando desde nuestra política
educativa. En las próximas semanas, coordinaré
con el WEF y el BID para implementar una
Plataforma para la Igualdad de Género con
participación más activa del sector privado,
sociedad civil y también el mundo académico, y que
resulte en compromisos más concretos para la
gente. Sumemos esfuerzos para lograr mejores
resultados.
E. CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Nuestro gobierno busca dejar un legado de
institucionalidad y competitividad. El Perú ha
caído cinco posiciones en el ránking global de
competitividad en el último año. Queremos revertir
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esta tendencia como la mostró mi colega Claudia
Cooper. El proceso de acercamiento a la OCDE es
un gran paso para mejorar nuestra
institucionalidad, para “ordenar la cancha”. Sin
embargo, esta acción es parte de una estrategia
más ambiciosa que busca aumentar la
productividad de forma permanente, es decir,
“nivelar la cancha”. Es por ello, que, la PCM en
coordinación con el MEF, estamos trabajando en el
fortalecimiento del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC). Cuando dirigí el CNC hace
más de diez años, este era el espacio primordial
donde se discutían estratégicamente las políticas
de productividad sectoriales y multisectoriales.
Ahora nos toca reformar el CNC que permitirá
complementar el trabajo que ya se viene realizando
desde otras oficinas de la PCM como son las
Secretarías de Gobierno Digital y Gestión Pública,
el Ceplan, la Unidad de Innovación y la Unidad de
Cumplimiento. Como señaló la ministra Cooper,
queremos que este CNC trabaje muy de cerca con
el sector privado.
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Finalmente, yo creo que para hacer buena
política y lograr la Revolución Social
necesitamos una ciudadanía en pleno ejercicio
de sus derechos pero también de sus
responsabilidades. El puesto político más
importante es el ser ciudadano. Hoy la tecnología
confiere al ciudadano la posibilidad de alzar su voz
para denunciar cualquier acto injusto o delictivo.
Pero la tecnología es también capaz de convertir al
ciudadano en un agente promotor de la postverdad
la cual legitima un hecho no porque sea cierto sino
porque todos lo creen, convirtiendo el incidente en
la norma. Es responsabilidad del ciudadano
informarse bien y ser prudente con la información
que comparte. Solo en los últimos cuatro años se
ha generado más del 95% de la información
mundial, y se prevé que para el 2020 existan más
de 44 billones de gigabytes de información digital.
No contribuyamos a la proliferación de la
información falsa o inexacta. Como gobierno, nos
comprometemos a diseñar buena política pública
basada en evidencia, pero invocamos a los
ciudadanos y medios de comunicación y también al
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empresariado a evaluar esta política también con
evidencia.
Desde el inicio del gobierno de PPK, asumimos
el compromiso de dejar un legado de buena
política en la República del Perú del
Bicentenario. Nos comprometimos a lograr la
Revolución Social, una sociedad donde todos los
ciudadanos gozan de iguales oportunidades. Nos
comprometimos a acercar el Estado al ciudadano y
brindarle soluciones rápidas, y a la fecha hemos
eliminado 164 trámites administrativos y
simplificado 156, e implementamos un canal único
de información, el portal web gob.pe. Nos
comprometimos a mejorar nuestros estándares de
política, e instauramos el Análisis de Calidad
Regulatoria para todas las nuevas normas y
alineamos nuestras prácticas a las
recomendaciones de la OCDE. Nos comprometimos
a luchar frontalmente contra la corrupción, y
dispusimos la muerte civil para más de 80
funcionarios corruptos. Nos comprometimos a
reactivar la economía, y a pesar del Niño Costero y
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Lava Jato crecimos 3%, y hoy nuevamente, el
crecimiento comienza a despuntar, gracias a la
buena política.
Soy consciente de que aún queda mucho camino
por recorrer, pero nos quedan todavía tres años
y medio y hoy invoco a trabajarlos juntos. El
mayor legado Bicentenario será el de dejar un país
unido, una verdadera república. Franklyn
Roosevelt dijo “en la búsqueda del progreso
económico y político hay dos posibles resultados:
irnos todos para arriba o irnos todos para abajo”.
Busquemos siempre lo primero. Comencemos
ahora.
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