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ImpactosBoletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

No. 7

Contenido

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El Quimbo y La Tora: negocios con más pasivos que beneficios 10

Demandas sociales y ambientales aun no resueltas: carretera San Francisco–Mocoa 13

Impactos de una nueva hidroeléctrica UrráHidroeléctrica Río Sinú, una propuesta apocalíptica 7

Las continuidades de la matriz energética Colombiana 2

Boletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSACalle 38 No. 16-45, Bogotá 2455955, 2884772

Auspicia Charles Stewart Mott Foundation

Este boletín hace parte del proyecto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional y las inversiones en infraestructura en Colombia.

Responsables Jairo EstradaMargarita Flórez Sergio MorenoMayra TenjoFreddy OrdóñezContacto: ([email protected])

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Las continuidades de la matriz energética

colombiana

Construcción del territorio en el bajo nordeste antioqueño a partir de las lógicas económicas: la minería 24

Panel Nacional ItinerantePolítica minero energética y sus conflictos en Colombia 21

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Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos2

Un lugar común dentro de las llamadas “estrategias de competitividad” diseñadas para el país es desta-car su posición geopolítica privilegiada. En el caso del sector energético, se ha sostenido que Colom-bia es un paso obligado para la generación y trans-misión de energía entre Norte, Centro y Suramérica. Esa “vocación energética” se ha sistematizado en varios documentos e iniciativas gubernamenta-les. A manera de ilustración, en la Visión Colombia II Centenario, 2019 se propone convertir al país en un cluster de servicios energéticos aprovechando su aparente capacidad para la producción de agro-combustibles, la extracción de recursos minerales y la explotación de hidrocarburos. El Plan Energético Nacional, 2006 - 2025: contexto y estrategias1 está orientado en ese mismo sentido.

Los principios que sustentarían el posicionamiento de Colombia dentro de la matriz energética regional van desde la interconexión con el resto de Latinoamérica y el Caribe, pasando por la “eficiencia” en el estable-cimiento de los precios del sector energético, hasta la construcción de obras de infraestructura para su inserción en los circuitos mundiales del capital. Un análisis somero de los planes energéticos nacionales de los últimos años2 permite entrever ciertas continuidades en el proceso de formulación de las políticas energéticas: se caracterizan por insistir en la necesidad de incrementar la exploración y hallazgos de petróleo y gas, potenciar las exportaciones de carbón, expandir la generación de energía eléctrica e impulsar “fuentes alternas”, cuyo énfasis ha estado asociado, por lo general, a los agro-combustibles.

Ese panorama se exhibe como una oportunidad para las empresas transnaciona-les interesadas en la explotación de los recursos natu-rales del país y el Gobierno Nacional ha atizado dicho interés al garantizar las condiciones marco (seguridad jurídica) para el incremento exponencial de la inver-sión extranjera.

Los principios que sustentarían el posicionamiento de Colombia, dentro de la matriz energética regional, van desde la integración con el resto de Latinoamérica y el Caribe, pasando por la “eficiencia” en el establecimiento de los precios del sector energético, hasta la construcción de obras de infraestructura para su inserción en los circuitos mundiales del capital.

Las continuidades de la matriz energética Colombiana

1 Cfr. Unidad de Planeación Minero Energética, El Plan Energético Nacional, 2006 - 2025: contexto y estrategias, Ministerio de Minas y Energía, Bogotá, 2007.

2 Véanse los “Planes Energéticos Nacionales” elaborados por la Unidad de Planeación Minero Energética en 1994, 1997 y 2002.

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Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos 3

El “boom” minero-energético que actualmente experimenta Colombia se presenta como uno de los pilares para la recuperación del crecimiento del PIB y, por lo tan-to, para retomar “la senda del desarrollo”. Como puede apreciarse en la gráfica, el sector minero, principalmente de carbón, y el energético, apoyado en el petróleo, el gas y la generación de energía hidroeléctrica, recogen la mayor parte del “po-tencial energético” colombiano.

No obstante, la prospectiva gubernamental es más bien de corto plazo. La su-puesta relación energía-crecimiento-desarrollo es una ilusión. Una economía espe-cializada en la extracción y exportación de recursos naturales no renovables es especialmente vulnerable a posibles cambios del mercado internacional. Por si fuera poco, el consumo de energía se concentra, tiene serios impactos ambientales, consecuencias sobre la balanza de pagos, distorsiona la estructura y la asig-nación de los recursos económicos, genera una redis-tribución regresiva del ingreso nacional3 y generaliza la pobreza.

Colombia es altamente dependiente de la produc-ción y exportación de materias primas, recursos minero-energéticos y productos agrícolas. Las ex-portaciones colombianas aumentaron 29,8 por ciento en febrero del año en curso impulsadas por productos tradicionales (petróleo, carbón y ferroníquel, entre otros). Las ventas en el exterior pasaron de 2.913,4 millones de dólares en el segundo mes del 2010, a 3.782 millones de dólares en igual periodo del presente año. El resultado del mes deja ver que las exportaciones tradicionales se incrementaron 42,7 por ciento y la de las no tradicionales sólo un 5,6 por ciento4.

El país ha aprovechado el momento histórico deri-vado de la fase expansiva del ciclo y de las situa-ciones de especulación en los precios de dichos productos (tendientes, desde luego, al incremento progresivo). Esto permitió índices de crecimien-to muy considerables desde 2002. Sin embargo, la caída de la demanda, potenciada por la crisis capi-talista, ha revaluado la “prosperidad” de ese escena-rio. De tal suerte, una de las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Juan Manuel Santos5 podría descarrilarse por la variación de los mercados junto con las promesas de aumen-tar el crecimiento económico del país en 1,7 puntos

3 La discusión sobre el proyecto de acto legislativo que reforma el régimen constitucional de regalías es revelador en ese sentido. Los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales parecerían estar destinados al apalancamiento de fuentes para proveer seguridad económica y financiar las inversiones en infraestructura que demanda el proyecto de acumulación extractivista más que a dar cuenta de la necesidad de mejorar la situación socioeconómica de los sectores populares. Para profundizar véase Jairo Estrada, “Régimen de regalías y profundización del proyecto neoliberal”, en Revista Izquierda, No. 6, Bogotá, noviembre de 2010, pp. 16-21.

4 “Exportaciones siguen a buen ritmo; en enero pasado crecieron 29,8 por ciento”, en Portafolio edición on-line, Bogotá, 04 de marzo de 2011.

5 Cfr. Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos: más empleo, menos pobreza y más seguridad, DNP, Bogotá, p. 2010, 591.

Gráfica: Potencial energético colombiano Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética,

Política energética y plan de acción indicativo 2010-2015, [Presentación de PowerPoint], Ministerio de Minas

y Energía, Bogotá, 2010.

Alcohol0,17%

Eólica0,00%

Carbón57,64%

Solar2,25%

Otros4,76%

Gas Natural5,04%

Petróleo15,12%

Biodisel0,33%

Hidroenergía17,43%

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por año, reducir la pobreza en cerca de un 1,2 por ciento (actualmente en 46%) y la indigencia en el 1,0 (actualmente en 18%).

El PND parece desconocer las particularidades de la estructura productiva colom-biana. La concentración en actividades del sector primario de la economía genera índices de productividad precarios y mentalidades rentísticas. Además, la canasta de exportaciones dependerá cada vez más de los recursos mineros y energéticos.

Pese al descenso significativo en los índices de pro-ducción, combustibles como el petróleo6, el carbón y el gas continuarán haciendo parte de la matriz energética en el mundo. Las contradicciones y las conflictividades desencadenadas por los desplaza-mientos espaciales para obtener acceso a nuevas reservas o a otras formas de generación de energía se exacerbarán de manera preocupante. Colombia es un caso paradigmático tanto en la construcción de hidroeléctricas y la producción de agro-combus-tibles como en la intensificación geográfica para la búsqueda de hidrocarburos y carbón. No es coinci-dencial que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por ejemplo, registre constantemente los aumentos en la producción de petróleo. La produc-ción de crudo alcanzó en enero del año pasado los 742.000 barriles por día. En enero de 2011 ya estaba

por los 839.000 barriles, lo que representa un incremento de 13%7. El modelo de desarrollo extractivista y expoliador de los recursos naturales tiene serias consecuencias en términos de desplazamiento de poblaciones y deterioro am-biental. Los artículos contenidos en la presente edición de Impactos lo ilustran claramente.

El PND parece desconocer las particularidades de la estructura productiva colombiana. La concentración en actividades del sector primario de la economía genera índices de productividad precarios y mentalidades rentísticas. Además, la canasta de exportaciones dependerá cada vez más de los recursos mineros y energéticos.

6 En este caso, se estima que la baja está entre 500.000 y 750.000 barriles diarios. Véase “Agencia Internacional de Energía alertó sobre la baja producción mundial de petróleo”, en Portafolio edición on-line, Bogotá, 24 de febrero de 2011.

7 “Producción de petróleo en Colombia creció 13% en enero”, en Portafolio edición on-line, Bogotá, 17 de febrero de 2011.

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Desde la década de 1970 este proyecto contó con el apoyo del BM, pero debido a las manifestaciones en contra de los am-bientalistas y pueblos de la zona, la financiación fue retirada. Posteriormente, a principios de los 90s, aduciendo una crisis energética, el proyecto se revivió y consiguió la financiación de la agencia canadiense Export Development Corporation, Nord-banken de Suecia y el Nordic Investment Bank. Se constituyó una empresa URRA S.A.E.S.P, con partición estatal y del sector privado. Las promesas del proyecto anunciaban el control de inundaciones, evitar que el río Sinú continuara desbordándose y la recuperación ecológica. Con el tiempo este proyecto no ha logrado ser un importante proveedor de energía, por cuanto su periodo de alta producción energética del Urrá I, coincide con la época de la producción de mayores cantidades de energía a mucho menos costo .

La construcción de esta represa concitó una gran resistencia del pueblo Embera Katío y de los ambientalistas colombianos, la cual contó con el respaldo de misiones de observadores inter-nacionales que confirmaron la gravedad de los impactos socio ambientales del proyecto; la desaparición del pez bocachico y como no se hizo la remoción de la biomasa, se produjo eutrofi-zación de las aguas y aumento de metano, además de acelerar la sedimentación .

Los Embera katio: grandes perdedores

Las comunidades indígenas pertenecientes a esta etnia se asentaron desde tiempos ancestrales en los territorios de in-fluencia del río Sinú y por lo tanto Urra I fue un factor de des-integración y aniquilamiento de sus líderes, así como de la comunidad. Este Pueblo presentó una acción de tutela (am-paro) y la Corte Constitucional en 1998 ordenó que el Estado debía proteger su integridad étnica, cultural, social y econó-mica, y le señaló obligaciones al Gobierno, a la empresa, al municipio de Tierra Alta, Córdoba. Paradójicamente Urrá es una palabra Embera, que significa abeja pequeña. La resis-tencia de esta comunidad fue causa de múltiples asesinatos,

destacándose el de Alonso Domicó, líder espiritual y Kimi Pernía Domicó, cuya desaparición provocó una caravana de indígenas y ambientalistas que fueron a reclamarlo, pero los paramilitares avisaron que no era posible encontrarlo, pues lo habían descuartizado.

En abril de 2010, un senador indígena reclamó a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, MAVDT; Ministerio del In-terior y de Justicia el cumplimiento de las acciones ordenadas por la Corte Constitucional . Ahora las comunidades sobrevi-vientes encontrarán un escenario similar ante la construcción de Urrá II.

Urrá I: hidroeléctrica río Sinú I

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Embalse Urrá I.

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Si miramos hacia atrás observamos que a Urrá I la construyó el gobierno por intereses políticos y económicos y no para responder a una necesidad energética real del momento, sin embargo se insistió en que a la Costa Atlántica se le daría energía barata y abundante.

Con el argumento de que una nueva hidroeléctrica

en el Alto Sinú controlará las inundaciones en el de-

partamento de Córdoba durante los próximos mil

años, el ministerio de Minas y Energía y la empre-

sa Urrá S.A. pretenden justificar el proyecto para la

construcción de Urrá II o proyecto Río Sinú, como

ahora se le quiere llamar a lo que no es más que la

segunda etapa de Urrá I.

Si miramos hacia atrás, observamos que a Urrá I la

construyó el gobierno por intereses políticos y eco-

nómicos y no para responder a una necesidad ener-

gética real del momento, sin embargo, se insistió en

que a la Costa Atlántica se le daría energía barata y

abundante.

Pero lo que el gobierno no le dijo al país es que los estudios técnicos y las simula-

ciones que hicieron los ingenieros de Corelca y de ISA (Medellín), para determinar

la necesidad de construirla, demostraron que Urrá I no se necesitaba. Pero la hicie-

ron y ahí están las consecuencias, como el pez bocachico que quedó al borde de

la extinción, entre otros 109 impactos negativos.

El ingeniero Rafael Melo Páez, quien con el apoyo de Corelca participó en ese pro-

ceso, explica que “Urrá I no se requería y de no haberse construido nada hubiese

pasado, porque la energía la podían suministrar otros proyectos menos costosos.

Además nos hubiéramos evitado todos los impactos sociales y ecológicos”.

Hoy, 20 años después, el argumento tampoco puede ser la falta de energía,

pues según el Plan de Expansión, Generación y Transmisión, para el período

2008 – 2022 actualmente vigente y expedido por la Unidad de Planeación Mi-

nero Energética (UPM), que es la entidad asesora

del Gobierno en materia energética, nos muestra

que en Colombia no se vislumbra déficit de energía

El Gobierno colombiano pretende construir una nueva hidroeléctrica en el Alto Sinú, donde se encuentra una de las selvas húmedas ecuatoriales más biodiversas del mundo.

Impactos de una nueva hidroeléctrica Urrá

Hidroeléctrica Río Sinú, una propuesta apocalíptica

Por: Paul Sánchez Puche y Ramiro Guzmán Arteaga*

* Paul Sánchez Puche es filósofo y ambientalista, profesor de ecología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ramiro Guzmán Arteaga es periodista y director del programa de Comunicación Social de la Universidad del Sinú

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en ese período. Además, en el informe no se menciona Urrá II o hidroeléctrica

Río Sinú como proyecto necesario.

Ante la falta de argumentos energéticos ahora el Gobierno y la empresa Urrá S.A le pretende vender al país la idea de que se necesita una nueva hidroeléctrica para controlar las inundaciones.

Lo que Urrá II devastará

Con el cambio de nombre (Urrá II por hidroeléctrica Río Sinú) se busca hacer creer que no existe relación alguna entre los impactos de una y otra hidroeléc-trica sobre la selva húmeda ecuatorial Nudo de Pa-ramillo y el valle del Sinú, cuando la verdad es que los estragos serán consecutivos y se multiplicarán, en relación con Urrá I.

Veamos por qué. El Parque Natural Nudo de Para-millo cuenta con un área de 460 mil hectáreas, de las cuales 53 mil hectáreas de selva, equivalente al 26. 6 por ciento, serán destruidas, para construir el proyecto Río Sinú, cuyas obras civiles ocuparán el 11.5 por ciento.

Pero el Nudo de Paramillo no es solo selva, en la zona se encuentran asentadas 14 comunidades Emberá Katio, con un total de 2.118 indígenas; por eso es prio-ritario también advertir sobre los graves impactos so-ciales a que será objeto la etnia.

En menos de diez años 14 miembros de la comunidad han sido asesinados, entre ellos su cacique Kimy Pernía Domicó, quien fue descuartizado por orden de Salva-tore Mancuso, como lo reconoció ante la Fiscalía. Kimy Domicó siempre se opuso a la construcción de la hidroeléctrica por todos los daños que ocasionaría a su comunidad y a la selva.

Se estima que los dos metros de profundidad del nuevo embalse, se almace-narán las crecientes de mil años, pero no se reconoce por parte del gobierno, que Urrá I es responsable de las inundaciones que se han vuelto a registrar, porque la presa se está sedimentando entre otras razones por descomposi-ción de la biomasa que nunca sacaron como se habían comprometido. Los directivos de Urrá decían que la vida útil de Urrá I sería de 50 años, nosotros afirmábamos (entrevistas, videos, libros) que su vida útil solo sería de 20 años. Colapso a los 12 años, en el invierno del 2010, la presa se desbordó inun-dando muchas regiones de Córdoba, generando desplazamientos, miseria y

muertes.

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Hidroeléctrica Urrá I.

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El Gobierno también es responsable de lo que ocurra con Urrá II o proyecto Río Sinú, que no puede ser otra cosa que la desaparición del río Sinú y la muerte de uno de los valles más fértiles del mundo.

Otras alternativas

Aunque la empresa Urrá S.A y el Gobierno no ven otra opción distinta que la cons-trucción de la nueva hidroeléctrica para el control de las inundaciones, lo cierto es que existen otras formas ambientalmente más sustentables, que no ocasionan las consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales previstas.

La primera es que los hacendados o terratenientes derriben los diques o terraplenes que han levanta-do para proteger sus predios, para que las aguas desbordadas puedan correr libremente por los caños quebradas y canales hacia las ciénagas que sirven de colchón de amortiguamiento a las cre-cientes. Paralelamente, se deben limpiar y dragar esos afluentes de agua.

Además, no se debe olvidar que las inundaciones, bien manejadas, (como lo hicieron los Zenúes) son las que le dan vida al valle del Sinú y lo han convertido en uno de los más fértiles del mundo, porque le apor-ta los nutrientes que arrastra desde la selva Nudo de Paramillo y alimentan las corrientes subterráneas. De no haber inundaciones el río dejará de aportarlos al

valle del Sinú, lo cual lo conducirá a la pérdida de su fertilidad y al incremento de la salinización.

Urrá y el calentamiento global

Con la construcción de la nueva hidroeléctrica, el remedio será peor que la enfer-

medad, porque los aparentes beneficios anunciados serán ínfimos ante la mag-

nitud de los impactos sobre el valle y el planeta. Con la destrucción de 53 mil

hectáreas, más las 7.400, hectáreas ya destruidas, con Urrá I, de selva húmeda

ecuatorial primaria y secundaria, se contribuirá sin duda al calentamiento local,

regional y global.

El río Sinú es un corredor ecológico natural en el departamento de Córdoba desde

el Nudo de Paramillo hasta su desembocadura en bocas de Tinajones, en el mar

Caribe. Esto en razón de que transporta humedad, vientos que refrescan y ayudan

a conservar la temperatura en todo los pueblos que están en la zona de influencia

de la cuenca del río Sinú.

Con la construcción de la nueva hidroeléctrica, los aparentes beneficios anunciados serán ínfimos ante la magnitud de los impactos sobre el valle y el planeta. Con la destrucción de 53 mil hectáreas se contribuirá sin duda al calentamiento local, regional y global.

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Un fin cada vez más cerca

El Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático (IPCC), organismo adscrito

a la ONU, confirma que la temperatura global del planeta ha aumentado en 0,9

grados centígrados, y de llegar a dos grados, el planeta entraría en un proceso de

deterioro irreversible.

Algo gravísimo. Sucede que al destruirse y descomponerse toda la biodiver-

sidad del Paramillo, que quedará sepultada bajo el inmenso lago artificial, se

producirá gas Metano (CH4) que es uno de los gases que contribuyen al efecto

invernadero, y es 25 veces más potente que el dió-

xido de Carbono (CO2).

Pero este aumento de la temperatura no es homogé-

neo, pues en algunas partes va subir tres grados de

acuerdo a las condiciones geográficas, a la contami-

nación por dióxido de carbono (CO2) y pérdida de la

vegetación. Luego entonces, la destrucción de la sel-

va de Paramillo va contribuir al aumento de la tempe-

ratura local, regional y global.

Hay más. Con este panorama se perderán muchas

especies de insectos, que son polinizadores de plan-

tas y se estará perdiendo una farmacia natural, por-

que el mayor porcentaje de medicinas provienen de

las selvas del mundo; en donde un solo árbol aporta

en vapor de agua 7.6 millones de litros durante toda su vida a la atmósfera; por

eso, al destruirse la selva de Paramillo se perderá un aporte importantísimo de

agua al planeta.

Si se construye Urrá II (o Hidroeléctrica Río Sinú) el Paramillo pasará poco a poco

de selva a sabana y de sabana a manchas de desierto; cambiará toda la geografía

del departamento.

Gran parte del departamento de Córdoba era selva, pero en la medida en que los

terratenientes, la fueron deforestando para incrementar la ganadería se transfor-

mó en sabana. Este fenómeno se va a repetir en el Paramillo.

Es un error creer que la riqueza de Córdoba es la ganadería cuando en verdad está

en su biodiversidad y en los recursos hídricos. En definitiva, es tan grave el daño

que producirá Urrá II que el río Sinú se puede fraccionar y a empezar a secarse por

pedazos. Se romperá la unidad hídrica. Y ese será el principio del fin.

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Paisaje del Nudo de Paramillo.

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La desviación del río Sogamoso implicó el estancamiento de aguas en pozos donde reborboteaban miles de doradas, bocachicos y picudas. Algunos trabajadores que se atrevieron a extraer los peces y filmar las escenas, fueron despedidos, según lo denuncia el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso y la Veeduría Ambiental Comunitaria del Río Sogamoso.

1 ISAGEN es una empresa de composición mixta y es la tercera generadora más grande de Colombia al tener el 16% (2132 MW) de la capacidad instalada que alimenta el Sistema Interconectado Nacional.

2 El Proyecto más conocido como Hidrosogamoso, está localizado en el cañón del río Sogamoso en Santander. La presa tendrá una altura de 190 m de altura, 345 m de longitud de cresta y taludes exteriores, que requerirá un volumen de relleno de 8,5 millones de m³, y su llenado implicará la inundación de 7.590 hectáreas, la afectación directa e indirecta de 104.000 hectáreas, el represamiento de 4.800´000.000 m3 en su cota máxima y el desplazamiento de más de más de 800 familias. Lla capacidad de generación estimada es de 800 MW. Información adicional: http://www.veredasogamoso.blogspot.com/

3 http://www.youtube.com/watch?v=fXQ80H5PBFE. Consultada el día 28 de Febrero de 2011.

En Colombia, en días pasados, tuvieron lugar dos epi-sodios que aumentarán la cartera de pasivos ambien-tales y sociales del país fruto de la imposición de un modelo extractivo que extermina los saberes locales, el buen vivir y compromete el bienestar de quienes heredarán un planeta cada vez más agotado. La Mi-nistra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, acompañó el 28 de enero el inicio de las obras que finalmente dieron lugar al desvió el río Sogamo-so por dos túneles para permitir la construcción de la barrera de concreto que represará el río. Durante este acto, irónicamente, el gerente de ISAGEN1, manifestó qu e en honor a los indígenas Yariguíes, -los mismos que la ambición petrolera exterminó por comple-to en la primera mitad del siglo XX-, esta represa2 se llamará “La Tora”, que en lengua indígena significa el lugar donde el hombre domina el río,. De continuar este proyecto, el tiempo y la historia dirán quien do-mina qué y quien domina a quien.

La desviación del río implicó el estancamiento de aguas en pozos donde reborbo-teaban miles de doradas, bocachicos y picudas. Ante esta situación algunos traba-

jadores que se atrevieron a extraer los peces y filmar las escenas, fueron despedidos, según lo denuncia el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso3 y la Veeduría Ambiental Comunitaria del Río Sogamoso. También denunciaron que varios pescadores de la zona solicitaron días antes a la empresa ISAGEN el permiso respectivo para pescar, pero esta optó por ignorar la petición y tapar los pozos con piedras y tierra antes que darlos a los pescadores de la zona.

Este tipo de externalidades que impactan la vida de la gente local jamás son tenidas en cuenta en los estudios de impacto ambiental y mucho menos en los planes de mitigación ambiental que las mismas

El Quimbo y La Tora: negocios con más pasivos que beneficiosPor. Juan Pablo Soler Villamizar – Otros Mundos Colombia

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4 Esta presa ubicada en el Huila, tendrá una altura de 150 metros y 635 metros de largo, con capacidad de generación de 400 MW e inundará 8.800 hectáreas (5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros, según Alfrredo Molano, en su reportaje “la mala Energía del Quimbo). Asimismo, la obra suprimirá 25 mil empleos permanentes y desplazará más de 500 familias agricultoras. El costo estimado es de 837,2 millones de dólares. Esta será construida por la Empresa Italiana Impregilo, que construyó la Represa Betania en la misma región y participa en el consorcio encargado de construir la Ruta del Sol. Mayor información de la resistencia social: http://plataformasur.blogia.com/

5 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-569284. Noticia consultada el 27 de enero de 2006.

empresas adelantan; hasta ahora las comunidades afectadas no saben cuántos peces murieron, ni porque se les negó el derecho de entrar a salvar lo que que-daba. En general, estas externalidades son sistemáticamente ignoradas y nadie responde por ellas ni por los imprevistos derivados de cualquier proyecto, ya que en los licenciamientos no se asignan responsabilidades claras. Ni la empresa que construye el desperfecto, ni el gobierno que permite se vulneren los dere-chos sociales y ambientales, se hacen responsables de tales efectos.

Por otra parte, el 24 de febrero el Presidente de la

República asistió al acto de colocar la primera pie-

dra del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo4 en cla-

ra muestra de respaldo a la iniciativa privada y de

continuidad de la política de Inversión Extranjera

Directa (IED) que impulsó el gobierno anterior. El

Quimbo es el primer proyecto hidroeléctrico que se

ejecuta 100% a cargo de una empresa privada en

Colombia, en este caso EMGESA filial de la trasna-

cional ENDESA.

Simultáneamente al acto oficial, las familias afecta-

das de la zona llevaban a cabo un Cabildo Abierto

del Concejo de Gigante en oposición al acto y al

proyecto que no garantizará el bienestar ni el me-

joramiento de la calidad de vida en la zona. Mien-

tras tanto siguen proponiéndole al Gobierno la

creación de una Zona de Reserva Campesina la cual

generaría muchos más empleos permanentes en la

zona que los empleos temporales que ofrece la represa, suministrará alimentos

para la región y el país, y fortalecería la vocación agrícola y campesina de la

región sur.

El descontento de los pobladores también obedece

a la historia y experiencia de los campesinos y gen-

te de las ciudades de la zona, quienes recuerdan la

similitud con que fueron ilusionados con las prome-

sas de la represa Betania, de la cual solo les quedó

desolación, engaño y decepción. Por citar solo un

ejemplo, muchos se apresuraron a comprar tierras y

construir cerca al borde de dicha represa motivados

por la promesa turística y hoy esas tierras adolecen

de olores pestilentes y aguas turbias que espantan

a cualquier turista desprevenido y afectan grave-

mente la actividad pesquera5.

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La energía, convertida en mercancía de exportación, no se produce para mejorar la calidad de vida y tampoco resuelve las necesidades de las comunidades locales donde se implementan los proyectos energéticos, por el contrario, estos se imponen en contravía del buen vivir y de los intereses locales, y únicamente obedece a intereses privados.

6 http://www.elespectador.com/economia/articulo-253078-endesa-comienza-construccion-de-hidroelectrica-colombia. Consultado el 26 de febrero de 2011.

7 http://defensaterritorios.wordpress.com

Durante el acto de El Quimbo Borja Prado señaló que el proyecto se concretó gra-

cias a “una estrecha y eficaz colaboración entre los agentes públicos y Endesa”. Recordó que será la “primera hidroeléctrica de Colombia construida por una em-presa privada” y confió en que la experiencia sirva de precedente para futuros pro-yectos6. Pero lo que no dice es que Colombia ya es un país exportador de energía, hace varios años que produce más de lo que necesita, y todos esos proyectos nun-ca han requerido la inversión privada al 100%. Con esto se otorga mayor presencia y control de los territorios a las trasnacionales.

La energía, convertida en mercancía de exportación, no se produce para mejorar la calidad de vida y tam-poco resuelve las necesidades de las comunidades locales donde se implementan los proyectos energé-ticos, por el contrario, estos se imponen en contravía del buen vivir y de los intereses locales y únicamente obedece a intereses privados.

Frente a este escenario, es urgente y necesario el aná-lisis de la política energética desde diferentes aristas. Para el caso de la energía eléctrica, aunque la matriz tiene una fuerte dependencia de la hidroelectricidad, que por su alta eficiencia hacen de su generación y comercialización un negocio rentable, es necesario analizar e internalizar el costo de los pasivos ambien-tales y sociales, aún con el desafío de que muchas ve-ces se tornen inconmensurables.

Las represas pueden eventualmente garantizar la seguridad energética del país, pero asimismo incentivan el desabastecimiento de alimentos en las regiones al inundar miles de hectáreas fértiles y desplazar cientos de familias campesinas que por lo general cambian de vocación, aumentando el costo de vida de la zona im-plicada, que poco o nada se benefician del negocio energético, y donde se agudi-za y generan nuevas problemáticas sociales.

Con seguridad en menester analizar otros aspectos en esta discusión, para lo cual será necesaria la apertura de espacios de debate y análisis participativo entre los diversos actores. Pero también es impostergable la movilización para reclamar justicia e igualdad, por la defensa de la los derechos y de la vida frente a una políti-ca energética que se caracteriza por resaltar los beneficios y ocultar los conflictos.

No más engaños, no más Quimbos, ni Hidrosogamosos, ni Salvajinas, ni Hidroituangos, ni Betanias, ni Porces, ni Anchicayás, no más represas, no más trasvases, agua y energía para dignificar la vida, no para los negocios7.

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El 3 de mayo de 2010 el Estado colombiano, re-

presentado por los Ministerios de Hacienda y

Transporte, y el Instituto Nacional de Vías (Invías),

firmaron un primer contrato de crédito o emprés-

tito (2271/OC–CO) por la suma de US$53 millones

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

para la ejecución de la primera fase del proyecto de

Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa

(el costo total de la variante se estima en US$203

millones para ser financiados con próximos pres-

tamos1), y a la fecha enero de 2011 no se ha efec-

tuado el primer desembolso, previsto inicialmente

para el mes de junio de 2010.

De otro lado, existen manifestaciones de descontento

de pueblos indígenas, comunidades afrodescendien-

tes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil

y población en general, por el avance de estudios in-

consultos y sin participación que afectan y vulneran

los derechos territoriales, culturales y económicos de las comunidades de la re-

gión. El proyecto de la variante impacta territorios que tradicionalmente ocupan

14 pueblos indígenas del Putumayo y la bota caucana, quienes han emprendido

la lucha por el reconocimiento y reivindicación de los derechos colectivos al terri-

torio, la autonomía, la autodeterminación y a la realización de la consulta previa,

libre e informada al tiempo de la firma del crédito, situación que posiblemente

explica el no desembolso de recursos por el BID a 2011.

La entidad responsable de la ejecución de la obra,

y por tanto de la implementación del contrato del

préstamo, que incluye el Plan de Manejo Ambiental

y Social Integrado y Sostenible (PMASIS), es el Invías,

Instituto Nacional de Vías. Se requirió un Estudio de

Impacto Ambiental (EIA) por la alta vulnerabilidad am-

biental de la zona, ya que el proyecto recorre una de

las eco- regiones más importantes del país como es la

Demandas sociales y ambientales aún no resueltas: carretera San Francisco–MocoaMayra Johanna Tenjo Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

1“…se estiman necesidades de recursos por un monto de USD 203 millones para la primera fase, los cuales se dividirán en dos operaciones de crédito. Una primera operación por USD 53 millones y una segunda por USD 150 millones. “Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3610, “Concepto favorable a la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por la suma de US$ 203 Millones, o su equivalente en otras monedas, para la financiación Parcial de la construcción de la variante San Francisco - Mocoa (Fase I)”, Bogotá D.C., 2009, p. 9.

Ruta San Francisco-Mocoa

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intersección del macizo Colombiano y el piedemonte

Amazónico2. El 5 de diciembre de 2008 por medio de la

Resolución 2170, el Ministerio de Ambiente otorgó la

licencia ambiental3 de la variante Mocoa – San Francis-

co”, que incluyó la sustracción4 de 94,465 hectáreas de

bosque en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca

Alta del Río Mocoa (RFPCARM)5.

El Invías como entidad ejecutora del proyecto deberá

coordinar la implementación de actividades en la Re-

serva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mo-

coa (RFPPRM) a través de un convenio con la autoridad

ambiental competente la Corporación para el Desarro-

llo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corpoamazonía6.

Primer contrato de crédito BID - Colombia - Fase I

(2271/OC–CO), la suma de US$53 millones, discri-

minado así: i) la asignación de US$37 millones para

ejecutar parte de las obras civiles, y ii) US$16 millones

distribuidos entre la compra de predios afectados y

compensación de las familias ubicadas en el derecho

de vía (US$2,1 millones), el costo del Plan de Mane-

jo Ambiental de la obra (US$2,5 millones) y la imple-

mentación de las estrategias, planes y programas del

PMASIS, Plan Manejo Ambiental (US$11,4 millones

que representan el 6% del costo total del proyecto) 7.

BID lo califica como proyecto emblemático

Puesto que este proyecto ha sido señalado por el BID

y el gobierno colombiano como “emblemático”, por la

inclusión de los costos del PMASIS, Plan de Manejo

Ambiental Y Social Integrado y Sostenible para la Re-

gión de área de influencia de la Variante San Francisco

– Mocoa, en el crédito. Son cinco las estrategias que

justifican este calificativo de plan8:

Ordenamiento Ambiental del Territorio: está constituido por

el plan de integración ecológica regional y la conso-

lidación de un corredor de conservación de 121.700

hectáreas. El plan de apoyo al ordenamiento ambien-tal del territorio en los municipios de Mocoa y San Francisco, la formulación de los Planes de Ordena-

2 Este fue el punto de arranque para la elaboración de los siguientes trabajos: (i) el Estudio Ambiental Regional (EAR); (ii) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y (iii) el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS), realizados en colaboración con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía) y los recursos de cooperación técnica del BID cercanos a los $ 1.7 millones de dólares. El proyecto ha sido considerado por el MAVDT como la Primera Vía Ambientalmente Sostenible en el país, ya que abarco altos y exigentes estándares ambientales, http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=4082&catID=908, consultada el 18 de septiembre de 2009.

3 El concepto de licencia ambiental “consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente. El ámbito de las acciones u omisiones que aquél aparece reglado por la autoridad ambiental, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente. El referido procedimiento es participativo la Constitución, ha regulado los modos de participación ciudadana en los procedimientos administrativos ambientales, con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y ponderar anticipadamente las consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan derivar de la obtención de una licencia ambiental”. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 2170, Bogotá D.C, 2008, p. 9.

4 La tala de 143 Has de terreno que implican el aprovechamiento forestal de 15,905 m3 de madera, los recursos obtenidos deberán ser entregados a las comunidades, Organizaciones sociales, los municipios y Corpoamazonía con destino a obras de interés social, se deja en claro que anterior al aprovechamiento debe hacerse el rescate de material vegetal en un vivero. Banco Interamericano de Desarrollo, Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) CO-L 1019,

5 Mediante Acuerdo 014 de 1984 del Ministerio de Agricultura fue declarada zona de Reserva Forestal Protectora del Alto Río Mocoa con una extensión de 32.713 Hectáreas, el objetivo es proteger la cuenca alta donde nacen los afluentes que conforman el río Mocoa y conservar la diversidad hábitats y comunidades bióticas. El área aun conserva gran parte de su cobertura boscosa original. MAVDT, Op. Cit. p. 7.

6 Contrato de préstamo No. 2271/OC-CO entre la República de Colombia y el BID “Proyecto construcción de la Variante San Francisco - Mocoa” Fase I. Bogotá mayor 3 2010.

7 Distribución tomada del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Octubre 2009, pág 228.

8 Para mayor información, véase el documento Observaciones y Preguntas del IGAS para el Corredor Vial Pasto-Mocoa (CO-L1019) y Solicitud para Clarificación sobre la Veeduría Ambiental, presentado ante el BID en noviembre de 2.009 por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Bank Information Center (BIC), Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y World Wildlife Fund (Colombia). http://www.bicusa.org/es/Project.Resources.10188.aspx

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miento y Manejo de Cuencas (POMCAS), además del diseño y construcción del Parque Temático.

El primer plan de consolidación biológica traslapa ampliación de la reserva con Resguardos Indígenas y solicitudes de ampliación radicadas ante el Instituto Co-lombiano de Desarrollo Rural (INCODER) quien es la autoridad competente, a pesar que los pueblos indígenas han manifestado en repetidas ocasiones la gran vulnerabilidad de ésta acción la situación aún no está resuelta, más adelante ten-drá desarrollo este asunto.

Conservación y Desarrollo Sostenible: lo integran los planes de apoyo a la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernanza. Se incluyó el pro-grama de veeduría ambiental. No obstante, presta-mista y prestatario deben aclarar el nivel de indepe, pero su eficacia depende del nivel de independencia que tenga frente a las entidades gubernamentales y de crédito.

Vinculación de las comunidades a la conservación de las áreas pro-tegidas: recoge las actividades de uso y manejo de los recursos naturales para el desarrollo en articulación con la población local y los pueblos indígenas. Inclu-ye el programa de apoyo al desarrollo de los Planes Integrales de Vida, pero falta por aclarar sí involucra a todos los grupos étnicos que existen en la zona de influencia directa e indirecta del corredor; y su articu-lación con los proyectos denominados prioritarios en la estrategia.

Igualmente comprende la compensación a las familias afectadas por el derecho de vía, aunque aún es eviden-te y ambiguo el estado de legalización de predios de las comunidades campesinas.

Construcción sostenible de la vía: no se tienen contemplado recursos para esta estrategia dentro del contrato de préstamo, sin embargo cuenta con un plan y siete progra-mas, se plantea conveniente conocer la fuente del recurso para su ejecución.

Operación, control y vigilancia: concibe dos planes orientados al monitoreo y control de la ocupación inadecuada del corredor biológico a conformarse, además de las acciones de contingencia ambiental.

Compromisos aún no cumplidos

Transcurridos 26 meses de la autorización ambiental, el INVÍAS aún no presenta ni socializa con la población local los requerimientos exigidos por el MAVDT prelimi-

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Tramo de la carretera San Francisco - Mocoa.

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nares al primer desembolso de dinero por parte del BID, a continuación se señalan algunas de las obliga-ciones más relevantes:

i) realización de un programa estructurado orientado a compensar el área de sustracción9,

ii) elaboración del Plan de trabajo y la documenta-ción soporte técnico y jurídico para la ampliación de la RFPCARM,

iii) preparación del plan de acción para el levanta-miento de campamentos y depósitos en las zonas Industriales,

iv) realización de los programas complementarios al Plan de Manejo Ambiental que incluyan las siguien-tes medidas: seguridad para los peatones y vehícu-los, planeación para la entrega en iguales o mejores condiciones de las vías barriales y veredales que se utilicen para el proyecto, manejo en el diseño paisa-jístico, manejo de aguas residuales, traslado de la

bocatoma del acueducto del municipio de San Francisco,

v) presentación del mecanismo de participación para los municipios de Mocoa y San Francisco,

vi) discriminación de las actividades para la colaboración en el proceso de revisión de los POT´s,

vii) caracterización socio económica de las familias asentadas en el corredor víal,

viii) ajuste al programa de Acción Social para la negociación predial en el marco de mejorar las condiciones del desplazado por el proyecto,

ix) inclusión de indicadores de efectividad para los programas de seguimiento y monitoreo del programa de gestión social,

x) socialización del plan de contingencias con las autoridades municipales y co-munidad en general,

xi) declaraciones de formulación de los POMCAS de los ríos Mocoa, Putumayo;

Creación del Comité de Asesoría Técnica Independiente (CATI)

Por solicitud de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) incluyo la constitución de un Comité de Asesoría Técnica Independiente (CATI) para el Proyecto. Su objetivo es apoyar y evaluar pe-

riódicamente los avances del PMASIS, y establecer

los impactos sociales y ambientales, para que el

9 El Ministerio de Ambiente determina que además del compensarse el área de sustracción de la RFPCARM, debe “compensarse 1.058,3 ha, por la afectación directa de la cobertura vegetal de 211,66 ha, es decir una relación 1:5, por cada hectárea intervenida”, en un plazo no mayor a 2 meses el Invías debía presentar el Plan de Establecimiento y Mantenimiento a mínimo tres años. MAVDT, Op. Cit. p. 45.

La primera movilización indígena se realizó en el Valle del Sibundoy el 26 de junio de 2010, coordinada por los pueblos indígenas Kamentsá e Inga. Manifestaron estar de acuerdo con la construcción de la vía San Francisco -Mocoa, pero si se realiza de acuerdo con las prácticas culturales, sociales y económicas de los indígenas y comunidad en general.

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BID, el Invías y Corpoamazonía, Corporación para

el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, tomen las

medidas correctivas, y el Comité será financiado

con US$180.021, que provienen del crédito10. Aun

cuando el objetivo determina que los conceptos e

informes semestrales de éstos consejeros serán de

utilidad para la comunidad en general, se deja al

arbitrio del INVIAS y del BID, la publicidad de dichos

conceptos e informes. Esto se hizo evidente cuando

el primer informe ya presentando en el 2010, no se

socializó. Por ello es urgente que el BID y el INVIAS

los hagan públicos, al igual de la agenda de cada

visita, para que efectivamente puedan servir a las

comunidades locales, nacionales e internacionales

que hacen seguimiento social y ambiental al pro-

yecto.

Movilización de los pueblos indígenas del Putumayo

El 29 y 30 de marzo de 2010 se llevó a cabo en los municipios de San Francisco y

Mocoa, el taller “Resultados consultoría técnico - jurídica para evaluar y promover la

viabilidad de la propuesta de ampliación de la Reserva

Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa”, a

cargo de Corpoamazonía, Invías y consultores del BID,

presentándose reclamos por parte de 6 cabildos por

no haber sido convocados de manera formal al proce-

so de ampliación de la ZRFPCARM11.

Los principales reclamos y preocupaciones son:

Pueblos Indígenas:

(i) traslape de sus territorios de los resguardos Ca-mentsá en Sibundoy, Inga – Camentsá de San Francis-co, Inga Mocoa, Alpa Rumiyaco, Yunguillo, Condagua, San José Descanse, Musuiai, la Florida, Suma Uiai y Chalguayaco con la zona de ampliación de la reserva forestal; (ii) exigieron el Derecho a la Consulta y Con-sentimiento Previo Libre e Informado12; (iii) y deman-daron el reconocimiento como pueblos indígenas asentados y que ocupan milenariamente el territorio ancestral Carlos Tamoabioy.

10 El CATI fue creado mediante Resolución 4493 de septiembre 30 de 2010, está conformado por tres expertos en temas de manejo ambiental en infraestructura víal, en áreas protegidas y sociocultural, sus conceptos deberán orientarse al cumplimiento del PMASIS, las exigencias de la licencia ambiental y enmarcarse dentro de la política de salvaguardias del BID. Cada consultor debe evaluar, verificar el cumplimiento de la ejecución del PMASIS, además identificar los impactos sociales y ambientales integralmente en las cinco estrategias PMASIS, es pertinente aclarar que el liderazgo y la coordinación de dicho Comité estará a cargo del experto ambiental en infraestructura vial.

11 Mesa de diálogo y concertación permanente del Putumayo y la Bota Caucana, Documento ejecutivo “Propuestas presentadas al gobierno nacional para la continuación de los diálogos en el Putumayo y la Bota Caucana”, Bogotá D.C., Diciembre 20 de 2010, en http://www.mesa.socivilputumayo.org/, consultada el 25 de febrero de 2011.

12 La consulta y el consentimiento son derechos en sí mismos que solamente pueden hacerse efectivos, sí las comunidades tienen la posibilidad de presentar objeciones y manifestar su acuerdo o desacuerdo con las diversas medidas administrativas. Amaya Ana Lucía - ILSA, Intervención frente a las solicitudes de nulidad de la sentencia T-769 de 2009M.P. Nilson Pinilla - Expediente: T-2315944. Actores: Álvaro Bailarín y otros, Bogotá D.C., 17 diciembre 2010.

Movilización por el Valle de Sibundoy en julio de 2010.

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Comunidades campesinas

I. Temas de tenencia, uso y ocupación de sus tierras, puesto que a pesar de estar

asentados desde hace muchos años no poseen títulos de propiedad;

II. Conflictividad entre las nuevas figuras de conservación frente a sus actividades

productivas “de pan coger”.

La audiencia pública que fue anunciada aún hoy no se realiza. Debido al incum-

plimiento de lo pactado y con el ánimo de defender sus derechos como grupo

étnico, los 14 pueblos indígenas del Putumayo, se or-

ganizan diversas movilizaciones con el propósito de

reivindicar el derecho al territorio y a la de consulta

previa.

La primera movilización indígena se realizó en el Va-

lle del Sibundoy el 26 de junio de 2010, coordinada

por los pueblos indígenas Kamentsá e Inga. Manifes-

taron estar de acuerdo con la construcción de la vía

San Francisco -Mocoa, pero si se realiza de acuerdo

con las prácticas culturales, sociales y económicas

de los indígenas y comunidad en general13.

En la segunda movilización indígena, los pueblos in-

dígenas caminan la ruta ancestral de Sacahamates

con pausas en los sitios sagrados de los pueblos Inga

y Kamentsá, incluidos en la víua, y que se reclaman

como territorio ancestral.

Las manifestaciones se extendieron a todo el depar-

tamento del Putumayo, y en agosto 2010, se establece la Mesa de Concertación y

Dialogo Permanente del Putumayo y la Bota Caucana, espacio en el que se pretende

trabajar por las grandes problemáticas en el Departamento a partir generadas por la

construcción de Megaproyectos entre ellos los viales como la Variante San Francisco

– Mocoa y ampliación de la infraestructura energético - petrolera y minera.

Simultáneamente, los Pueblos Indígenas presentaron acciones jurídicas con el

objetivo de hacer efectivos derechos consagrados en la Constitución Política de

Colombia (1991), como el envío de solicitudes de información y petición a las

entidades públicas a través de Derechos de Petición (artículo 23), pusieron en

práctica instrumentos judiciales de procedimiento

preferente y sumario a través de la acciones de tute-

la (artículo 86) y populares (artículo 88 reglamenta-

do en la ley 472/1998).

13 Nota de prensa “un paso adelante “, Sábado 26 de Junio de 2010, http://www.pueblocamentsa.org/noticia.php?c=23&ca=7&U=3, consultada 27 junio 2010.

En marzo de 2010 se llevó a cabo en San Francisco y Mocoa, el taller “Resultados consultoría técnico - jurídica para evaluar y promover la viabilidad de la propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa”, presentándose reclamos por parte de 6 cabildos por no haber sido convocados de manera formal al proceso de ampliación de la ZRFPCARM.

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Recordemos que el BID, debe aplicar la Política Operativa sobre Pueblos Indíge-nas que debe permitir “salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos, de los impactos adversos potenciales14 para mitigar los impactos de la construcción víal. Por lo tanto, antes del desembolso se debe dar cum-plimiento a estas políticas y a los compromisos adqui-ridos con el movimiento social.

14 Así lo establece uno de los objetivos de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas del BID, 2006.

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La política minera y energética impulsada por los últimos gobiernos potencia un

modelo extractivo que choca con los planes de vida de comunidades indígenas,

campesinos, pescadores y afrodescendientes que ancestralmente han habitado y

conservado el equilibrio en sus territorios, poniendo en riesgo la sobrevivencia de di-

versas especies, la disponibilidad de agua para consumo humano, las formas de vida

y sobrevivencia de comunidades urbanas y rurales, e implicando al mismo tiempo un

cambio drástico en el uso del suelo.

En este marco, se encuentran en curso y planeación diversos proyectos de

gran envergadura como represas, plantaciones para agrocombustibles, explo-

taciones mineras, intensificación de la actividad petrolera, construcción y am-

pliación de puertos, vías y proyectos de interconexión eléctrica entre otros,

enmarcados en una política minero-energética que sigue los lineamientos de

la Banca Internacional, bajo el supuesto de garantizar el crecimiento económico

y demanda de energía que el país requiere en corto y mediano plazo, pero que no

corresponde a los intereses ni necesidades de los pueblos afectadas por tales

megaproyectos.

Estos megaproyectos generan más impactos que beneficios para las víctimas

directas que son desplazadas o reubicadas, degradan el ambiente, la cultura y

tradición de muchos pueblos, agudizando la problemática socioambiental en

todo el territorio colombiano; esta situación ha sido denunciada permanente-

mente por distintos actores; el modelo adoptado no responde a las necesida-

des ni a las formas de vida de los diversos pueblos y comunidades que habitan

el territorio colombiano, y esto hace que cada vez más la brecha entre ricos y

pobres sea más grande.

El Panel Nacional Itinerante Política Minero Energéticas y sus Conflictos en Co-

lombia a realizarse en Bogotá, busca iniciar un análisis y discusión a partir de la

lectura del contexto actual y la manera de ocupación de los territorios en torno a

los proyectos mineros y energéticos.

Panel Nacional Itinerante

Política minero energética y sus conflictos en Colombia

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Objetivo General

Propiciar un espacio de diálogo e intercambio de saberes frente a la política minera y

energética y los conflictos generados en Colombia y la Región.

Metodología

El evento se desarrollará en tres momentos. El primero contará con la participación de expertos sobre temáticas específicas de la política energética y el territorio, el segundo momento para la presentación de ponencias y el tercero para el debate y diálogo abierto con el público.

Presentación de Ponencias

Personas naturales, docentes, y estudiantes que hayan investigado el tema podrán compartir sus investigaciones, argumentaciones o similares en este panel o en los próximos paneles que se llevarán a cabo en Bogotá o en diversas regiones. Las temáticas sugeridas son las siguientes:

Matriz energética y proyectos mineros. Balances y perspectivas.

Actualidad de la política minero-energética.

Impactos económicos, sociales, ambientales y culturales.

Propuesta de nuevas políticas públicas.

Información

Para mayor información, consultas o inscripción de ponencias para este o un próximo

panel, por favor escribir a [email protected]

Convoca

Red Nacional de Puelos Afectados y Amenazados por Represas

Apoyan Universidad Distrital Francisco José de Caldas Revista Jícara- Semillero de Investigación Runa EmergenteCensat Agua-Viva. Amigos de la TierraOtros Mundos ColombiaComuna UniversitariaObservatorio de Conflictos Ambientales – OCA. Universidad de Caldas SintraminercolSintraemdesInstituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSACorporación CompromisoMovimiento Social por la defensa del Rio SogamosoPlataforma Sur de organizaciones socialesOrganización de Negros Unidos por los Intereses y la Defensa del Río Anchicayá - ONUIRAGrupo Economía y Medio Ambiente. Universidad Nacional de Medellín

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Presentación

La geografía crítica señala que las definiciones so-

bre los espacios y las construcciones territoriales no

obedecen a un conglomerado casual de objetos y fe-

nómenos o a un determinismo físico, sino que existe

una decisiva influencia, cuando no determinación, de

los flujos de capitales y los centros de poder político-

económicos en la creación – transformación del es-

pacio y en la estructuración del territorio en función

de dichos capitales y de los intereses de los centros

de poder (Segrelles, 1999). Las definiciones de terri-

torios, hechas por y para intereses privados son con-

trarias, en la mayoría de los casos, con las propuestas

emanadas de quienes habitan los espacios y tienen

sus propias configuraciones territoriales, como son

los campesinos, afrodescendientes e indígenas. A

esto se agrega, en el caso colombiano, una constante

de acumulación por desposesión realizada en múltiples ocasiones por medio de

la violencia y de la guerra.

En el país, la fijación, incluso de los asentamientos urbanos y su posterior cons-

titución en entes administrativos territoriales, ha estado marcada por los flujos

de capital que estructuran su propuesta de territorio. Municipios enteros se han

levantado a partir de la explotación petrolera, la producción agroexportadora, el

comercio internacional, las llamadas “economías ilícitas” y la extracción de metales

preciosos. Estas modalidades han permitido aumentar las tasas de beneficios de

sectores privados regionales y nacionales, empresas transnacionales, élites políti-

cas regionales (gamonales) y del narcoparamilitarismo, en detrimento de sectores

populares como el campesinado quienes, por el contrario, han visto amenazados

y vulnerados sus derechos. El presente documento intenta evidenciar la importan-

Construcción del territorio en el bajo nordeste antioqueño a partir de las lógicas económicas: la minería

Freddy OrdóñezÁrea de investigación de la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA

Las definiciones de territorios, hechas por, y para intereses privados son contrarias, en la mayoría de los casos, con las propuestas emanadas de quienes habitan los espacios y tienen sus propias configuraciones territoriales, como son los campesinos, afrodescendientes e indígenas.

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cia de los flujos económicos en la construcción territorial del Nordeste Antioque-ño, específicamente de los municipios mineros de Remedios y Segovia1.

Para lograr este objetivo, en primer lugar, se realizará un acercamiento a la propues-ta del espacio como producto social y por ende producto de las relaciones de pro-ducción, los intereses de clase y las lógicas del capital; seguidamente, se abordará el concepto de territorio como relación de poder, resaltando la multidimensionalidad del mismo y las conflictividades que éste presenta; en un tercer momento, se pre-sentan las configuraciones espaciales y construcciones territoriales del capital en el Nordeste antioqueño y las valoraciones que adquiere dicha región dentro de las lógicas económica.

La configuración económica del espacio

José Antonio Segrelles (2000) señala que el espacio geo-gráfico no se reduce al paisaje, sino que las relaciones de producción resultan determinantes para su articula-ción y transformación, siendo los centros de poder, los que en realidad lo organizan y gestionan es así como se puede decir que el capital en su proceso de irrupción y expansión geográfica y desplazamiento temporal crea un paisaje físico a su imagen y semejanza. Esta transfor-mación espacial conlleva llegada y centralización de ca-pitales2, tienen diversos orígenes, y si hay persistencia y continuidad en las actividades económicas, se debería hablar de la vigencia y desarrollo de las mismas, en lo que David Harvey (2004) titula acumulación por des-posesión. Implica despojar y dejar una gran cantidad de población disponible como fuerza de trabajo a un precio muy bajo o casi nulo; también organizar y reorganizar el espacio, y configurar y reconfigurar territorios.

El territorio como reflejo de conflictos y de intereses antagónicos

El espacio geográfico comprende un todo multidimensional, al referirse no sólo a determinadas condiciones físicas, sino también a relaciones sociales, lo que identifica su articulación y transformación desde lecturas particulares y desde escenarios de poder. Lo anterior nos remite al concepto de territorio, que el investigador Bernardo Mançano, define como “el espacio apropiado por una determinada relación so-cial que lo produce y mantiene a partir de una forma de poder. Ese poder es concebido por la receptividad. El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una

1 Que conforman la llamada “zona minera” (según Planeación Departamental) o “Bajo Nordeste” (según Cahucopana) de la subregión Nordeste del departamento de Antioquia.

2 Orientados a generar y aumentar repetitivamente las tasas de beneficio para el crecimiento de la ganancia privada.

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confrontación. Precisamente porque el territorio posee límites, posee fronteras, es un espacio de conflictualidades” (Mançano, s.f.(a), 3).

El conflicto y la convención contenidas en el territorio reflejan un ejercicio de domi-nio, un ejercicio de poder y un decisivo fundamento político del término, porque si bien es cierto que la relación sujeto – espacio físico está dentro de su núcleo esen-cial, su centro está en las relaciones entre sujetos, presentándose intersubjetividad y confrontación, donde el territorio se construye con y de frente a otros y otras3, en su dimensión política, pero también en la social, la ambiental, la cultural y la económica, dando cuenta de un escenario multidimensional.

Con base en lo anterior, se puede señalar que los flujos de capital construyen y mantienen territorios, así como reterritorializan y desterritorializa, de acuerdo a

sus intereses. Así por ejemplo, “las grandes multina-cionales de la minería y del agronegocio están re-configurando nuestros territorios rurales y urbanos” (Zibechi, 2009, 323), con el objetivo de poder imple-mentar proyectos como el monocultivo extensivo de agrocombustibles y la minería a gran escala. En Colombia los centros de poder político-económicos subordinan comunidades a modelos de desarrollo nacional y transnacional, haciendo uso de una recon-figuración espacial y de la acumulación por despo-sesión. En contradicción con este modelo territorial, poblaciones como el campesinado conciben otras significaciones de territorio, entendiendo que “la lu-cha por la tierra [que adelantan] es la lucha por un determinado tipo de territorio: el territorio campesi-no” (Mançano, s.f.(b), 2), con su propio modelo de de-sarrollo que rivaliza con el impuesto.

En síntesis, se tiene que el territorio debe entenderse como un todo multidi-mensional, en cuya definición se encuentran múltiples territorialidades que contiene como elemento central la conflictividad, reflejo de las diferentes rela-ciones sociales e intereses de clase, conflictividad que en lo rural se materializa en la oposición entre la apuesta de territorio del capital y territorio campesino. Finalmente, también se puede decir que en Colombia se han definido e imple-mentado modelos territoriales orientados a la recepción de flujos de capital,

su acumulación y sobreacumulación, haciendo uso de la violencia y el terror, como elementos garan-tes de la acumulación por desposesión, como es el caso de la construcción territorial del Bajo Nordeste Antioqueño.

El territorio debe entenderse como un todo multidimensional, en cuya definición se encuentran múltiples territorialidades, que contiene como elemento central la conflictividad, reflejo de las diferentes relaciones sociales e intereses de clase, conflictividad que en lo rural se materializa en la oposición entre la apuesta de territorio del capital y territorio campesino.

3Algunos autores manejan el territorio como una construcción colectiva que le da significado a un espacio físico, desconociendo o restando importancia del elemento conflictual en la creación y mantenimiento territorial, así como a los antagonismos que se presentan por la definición del territorio. Véase Osorio, F.E. (2009).

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La subregión, a pesar de ser desde finales del siglo XIX determinante en la pro-

ducción departamental y nacional de oro, ha presentado y presenta actualmente

grandes contradicciones entre la riqueza de la tierra y las condiciones de vida de

los pobladores, apreciándose esto en los altos índices de personas con Necesida-

des Básicas Insatisfechas, NBI, especialmente en zonas rurales, cifras que reflejan

la cantidad de población que se encuentra en la pobreza (38,9%) y en la mise-

ria (45,1%) en el Nordeste. Por otra parte, el Coeficiente de Gini, ha presentado

una tendencia al incremento al pasar de 0,76 en 1996 a 0,784 para el 2004, lo que

permite entrever tendencias a la concentración de la tierra en la subregión, y por

ende la concentración de la riqueza, lo cual va de la

mano con el aumento en la extracción aurífera, que

no resulta ser garantía de mejoras en las condiciones

de vida de los lugareños4. Las precarias condiciones

de vida de los habitantes y la apropiación privada de

capitales son constantes que se presentan en la cons-

trucción territorial del bajo nordeste antioqueño.

El Nordeste antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia1, se encuentra ubicada sobre la margen orien-tal de la cordillera central, al suroeste de la serranía de San Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante. Los muni-cipios que integran esta subregión son: Amalfi, Yalí, Anorí, Cisneros, Segovia, Remedios, Yolombó, Vegachí, San Roque y Santo domingo. Limita al norte con el departamento de Bolívar y la subregión Bajo Cauca; por el sur, con las subre-giones Oriente y Magdalena Medio; en el occidente, con la subregión Norte del departamento; y al oriente con la subre-gión Magdalena Medio y el departamento de Bolívar. El Nor-deste se encuentra dividido en bajo y alto2, aunque también desde la administración departamental se suele dividir en cuatro zonas: Minera, Meseta, Nus y Río Porce. l Bajo Nor-deste es una zona rica en producción minera y maderera, fue poblada por colonos desde mediados del siglo XVI, quienes llegaron, en buena parte buscando la riqueza minera de Re-medios; lo que se generalizó más adelante, con la presencia de la multinacional Frontino Gold Mines, llegada al Nordes-te en 1852, que atrajo colonos provenientes del Bajo Cauca, Córdoba, Sucre, Santander y Bolívar.

El bajo nordeste antioqueño

1 El departamento de Antioquia en la actualidad cuenta con 125 municipios y ha sido dividido en 9 subregiones, cada una con particularidades socioeconómicas: Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá.

2 Esta es la división que de la subregión hace Cahucopana y la cual será utilizada en este estudio.

4 El Nordeste Antioqueño se caracteriza por sus particularidades socioeconómicas que giran en torno a la minería, constituyéndose centros urbanos en los cuales se manifiesta la cultura propia de este oficio, con su paradoja de región rica en el orden económico pero abandonada en su infraestructura y en su vida social y cultural […] El incremento en la producción de oro no ha correspondido a la elevación correlativa en los niveles de vida de la población (Comisión Andina de Juristas, seccional Colombia [CCJ], 1993, 20).

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La construcción territorial del bajo nordeste antioqueño.

El comercio internacional determinó desde muy

temprano, la construcción territorial y las relaciones

socioeconómicas de Antioquia y de sus subregio-

nes, especialmente desde inicios de la vida repu-

blicana del país. Antes de que esto ocurriera, en la

época de la colonia, lo que hay es el departamento5

se encontraba aislado, en una parte, por las mismas

condiciones topográficas, aunque principalmente,

por el poco interés económico en la región. A pesar

de esto, la subregión del Nordeste inició en el Siglo

XVI su poblamiento, fundándose ciudades entorno

a los yacimientos auríferos, que atrajeron a los es-

pañoles, como fueron los casos de Remedios y Yo-

lombó en 1560, esta colonización aurífera fue evidentemente lesiva para los

africanos confinados a la esclavitud6 y para la población indígena originaria7.

Ya a finales de dicho siglo, el proceso de poblamiento de los municipios del

Nordeste estaba más definido, ubicándose éstos bajo la jurisdicción del corre-

gimiento de Mariquita y por fuera de lo que entonces era la provincia de Antio-

quia (tal fue el caso de Remedios)8. Pero fue con la llegada de la República en el siglo XIX, que se inició un proceso de estructu-ración en el departamento y comenzaron los flujos comerciales con el interior de Colombia, así como con el exterior, fundamentalmente gracias a la ex-plotación del oro9.

Fueron la minería y el comercio los que marcaron la dinámica social y la definición del territorio de Antioquia y la subregión Nordeste Antioqueño. A partir de una lectura de las lógicas globales de fun-cionamiento del capital, se fueron definiendo las especificidades de los municipios, “vinculándose pueblos y aldeas dispersos en los altiplanos y caño-nes hacia la explotación y comercialización del oro” (IGAC et al., 2007, 3), tal fue el caso de Remedios y Segovia, de esta forma, “se fue configurando un mo-delo cultural ligado al desarrollo económico” (IGAC et al, 2007, 3).

En efecto, la estructuración de los municipios del bajo nordeste ha estado ligada a la extracción del codiciado

Los flujos migratorios trajeron a la región también capitales extranjeros, a tal punto que a finales del siglo XIX la mayoría de las minas eran de propietarios antioqueños; pero las minas más grandes del Nordeste estaban ya en manos de compañías extranjeras.

5El departamento de Antioquia fue creado en el año de 1830.

6 Se presume el arribo de afrodescendientes a Antioquia a partir del Siglo XVII. En la región hoy en día existe el Territorio Colectivo, asignado al Consejo Comunitario Porce Medio, en los municipios de Segovia, Zaragoza y Anorí.

7 Parte de los pueblos indígenas que habitaron Antioquia antes de la llegada de los españoles, eran los pertenecientes a la comunidad Embera. Actualmente en Segovia se encuentra el Resguardo indígena Tagual La Po de la étnia Embera Katio.

8 Remedios entró a formar parte de la provincia de Antioquia en 1757. De otro lado el oro también fue el factor que motivo la fundación de Santa Fe de Antioquia en 1541, Cáceres en 1576, Zaragoza en 1581 y Guamocó en 1611. (Jiménez, 2002, 6 – 7).

9 La explotación aurífera posibilitó el surgimiento del comercio, de las actividades agrícolas y ganaderas, y fue alrededor de todo este conjunto de actividades económicas que se reorganizó el territorio antioqueño. A partir de ello se consolidaron poblaciones en el interior del departamento, que durante el siglo XIX colonizarían algunas zonas de periferia, como el norte, el nordeste y el suroeste, en desarrollos ligados al comercio, la colonización agrícola y la explotación minera (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], Gobernación de Antioquia e Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007, 79).

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metal, siendo donde se ubican hoy en día éstos, que se

dio el inicio a la explotación en el departamento, junto

con el valle medio del río Cauca, a tal punto que buena

parte de las olas migratorias que ocurrieron en Antio-

quia en el siglo XIX, tenían como destino el nordes-

te del departamento, siendo estos flujos migratorios

anteriores a la llamada “colonización antioqueña”. Los

flujos migratorios trajeron a la región también capita-

les extranjeros, a tal punto que a finales del siglo XIX la

mayoría de las minas eran de propietarios antioqueños;

pero las minas más grandes del Nordeste estaban ya en

manos de compañías extranjeras. En 1880 operaban

allí la Frontino and Bolivia Company, en Remedios; la

Colombian Corporation, en Anorí; la Compañía France-

sa de Segovia, y la Compañía Francesa del Nechí y sus

afluentes, en Zaragoza (Jiménez, 2002, 10), esto hizo que determinadas zonas fueran

adquiriendo importancia a nivel internacional.

Posteriormente, durante el Siglo XX en Antioquia, a la especificidad territorial

agrícola y minera se sumaría la formación de territorios industriales, así como

territorios funcionales al comercio energético y ambiental a finales de dicho

siglo, fundamentales para la inserción departamental en los mercados inter-

nacionales. Valga aclarar que el desarrollo de la élite empresarial antioqueña

durante el siglo XX estuvo precedido y relacionado con la economía minera en

el Nordeste, aunque como se anotaba anteriormente, las empresas extranjeras

también extrajeron (y extraen) oro de la región. En el siglo pasado, la apropia-

ción de oro no fue sólo de empresas europeas, sino que compañías norteame-

ricanas también incursionaron en la región, tal fue el caso de The Frontino Gold

Mines en Segovia, que junto a The Pato Gold Mines, cuyas operaciones se reali-

zaron en Zaragoza, extrajeron conjuntamente entre 1930 y 1950 el equivalente

a las tres cuartas partes de la producción departamental de oro para la época

(Jiménez, 2002, 10 -11).

La Violencia10 y los intereses económicos en el Nordeste

El estudio titulado A sangre y fuego indica que La Violencia en Antioquia presen-tó detalles locales, contrastes y similitudes en cada una de las subregiones, así como implicaciones políticas y económicas diferenciadas (Roldan, 2003, 146). Para la subregión Nordeste antioqueño y específicamente para los municipios de Remedios y Segovia, la confrontación tuvo como sustento y soporte princi-pal los intereses económicos de los terratenientes y de las compañías mineras. 10 Período que abarca la década del 40 y 50 del siglo XX

Parque La Libertad en el Municipio de Remedios, Antioquia.

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Muchos de los pueblos del nordeste antioqueño eran lo que podría llamarse com-pany towns, es decir, lugares donde un gran porcentaje de la población económi-camente activa estaba empleada en la misma actividad (minería) y por el mismo patrón (generalmente extranjero), en una industria considerada crucial para los intereses económicos tanto del departamento como del Estado central. El pueblo de Segovia es un caso paradigmático. Se estima que el 1939, un 40 por ciento de los 7.000 habitantes del pueblo trabajaba para la Frontino Gold Mines Company y la mayoría eran miembros de su sindicato, afiliado a la CTC. El pueblo también era el principal productor de oro de Antioquia en 1941. Cuando los miembros del sindicato local adoptaban una posición o se movilizaban para protestar por las actividades del Estado o de sus funcionarios públicos, eran respaldados por

el sentimiento unificado de casi todos los habitantes del pueblo (Roldan, 2003, 150).

Las compañías, al sentir que sus inversiones peli-graban, participaron de la confrontación liberal – conservadora, variándola hacia una confrontación obrero – patronal. Por ejemplo, la Frontino Gold Mi-nes a partir de 1949 empezó a contratar empleados antioqueños y de filiación al partido gobernante, lo que fue rechazado por los mineros quienes “acu-saron al gobierno departamental de confabularse con las compañías extranjeras en formas que fun-damentalmente violaban sus derechos” (Roldan, 2003, 156). La intensidad con que se desarrolló la violencia a partir de 1952, implicó el desplazamien-to forzado de la población del nordeste, quienes vendieron forzadamente sus predios, presentándo-se un aumento en los procesos de escrituración y

registro de inmuebles, que evidenciaron la concentración de tierras11 El perio-do de La Violencia en la subregión Nordeste Antioqueño, tuvo como motor las oportunidades de usurpar y ocupar las tierras y bienes que habían sido dejadas abandonadas por las personas que huían de la confrontación, así como la ga-rantía de estabilidad en las inversiones adelantadas por las compañías mineras extranjeras. Lo sucedido en este periodo, si bien no se puede tomar literalmen-te como origen, si permite identificar hilos conductores y elementos de con-tinuidad en el posterior conflicto social y armado, especialmente lo referido

a la concentración de tierras, la garantía de estabi-lidad para la inversión de compañías foráneas y la creación y consolidación de un modelo de accionar paramilitar garante de los intereses de clase y de la acumulación de capital12.

La respuesta de las empresas extranjeras que implementaban megaproyectos, como la Frontino Gold Mines, a las organizaciones que “amenazaban” sus intereses, fue la solicitud de protección al Gobierno, y “apoyaron la constitución de grupos paramilitares prohibiendo procesos organizativos a los trabajadores y expresiones de protesta” .

11 El mismo fenómeno ha sido denunciado hoy por el actual gobierno nacional como uno de las modalidades que adquirió la etapa actual de concentración de tierras, obtenidas mediante el desplazamiento en los últimos años).

12 Los grupos guerrilleros liberales se acogieron a la amnistía militar en julio de 1953.

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La garantía para la acumulación de capital: creación y consolidación de un modelo paramilitarLa nueva geografía del capital que arrojó la Violencia fue aquella de la “urbanización forzada, de la vía prusiana del desarrollo capitalista en el agro, del mayor despliegue de la industrialización, así como del asentamiento de las bases para el desarrollo del sector financiero y para una organización de la propiedad capitalista en la forma de grupos económicos”13. Esta nueva geografía del capital en el bajo nordeste, implicó la expansión del latifundio ganadero y la continuidad de la extracción de oro por em-presas nacionales y extranjeras, y la explotación maderera, así como la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura como oleoductos y vías. La garantía para la implementación de estas apuestas, fue el desarrollo de mecanismos contrain-surgentes por parte de las Fuerzas Militares a partir del año 1966: hasta el año 1978 se tiene “una acción repre-siva abiertamente institucional de un ejército móvil y de 1978 en adelante un ejército más permanente com-bina formas de acción militar institucional (incluyendo acciones cívico militares) con formas no institucionales de represión, como la creación de grupos paramilitares y acciones encubiertas” (Colombia Nunca Más, 2000, 384).

La respuesta dada por las empresas extranjeras que implementaban megaproyectos en la región, como la Frontino Gold Mines, a las organizaciones que “ame-nazaban” sus intereses, fue la solicitud de protección al Gobierno y también “apoyaron la constitución de gru-pos paramilitares y prohibieron los procesos organiza-tivos de los trabajadores y cualquier tipo de expresión de protesta” (Cahucopana, 2007, 5). La apuesta de los paramilitares del MAS (del MRN, de las Autodefensas del Nordeste Antioqueño –ANA y posteriormente de las AUC), sería el propugnar por un capitalismo que respete y garantice la libertad de mercados, la libre iniciativa empresarial y el derecho a la propiedad privada, con un Estado al que excepcionalmente le competería la in-tervención en el campo económico (Castaño, 1999). La alianza entre ganaderos, empresarios del oro, militares, paramilitares y narcotraficantes tuvo como finalidad principal, no la lucha contrainsurgente, sino la adquisi-ción y acumulación de propiedades, la apropiación de las fértiles y ricas tierras del Magdalena Medio14 .

Por su parte, las grandes empresas dedicadas a la extracción de minerales preciosos en el Nordeste, también vieron posibilidades de acumulación de

13 Estrada Jairo, septiembre de 2010.

14 Como datos se tiene que en 1991, en el Nordeste los propietarios de predios menores a 20 Has, representaban el 62,9% de los propietarios que equivalía con un 7,9% del área, mientras que los dueños de predios mayores de 100 Has, correspondían al 4,1% del total equivalente al 46% del área. Para el 2004, los predios menores de 20 Has se encontraban en manos del 66,7% de los propietarios, y equivalían a un área de 7,9%; mientras que los inmuebles mayores a 100 Has sus dueños representaban un 3,8% del total de propietarios de la zona, y equivalía al 47,8% del área total (Gaviria & Muñoz, 2007). El aumento de la concentración de tierras básicamente ha beneficiado a los latifundistas ganaderos, pasando el GINI de 0,760 a 0,784 de 1996 a 2004.

Municipio de Segovia, Antioquia.

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capitales en la década de 1990 a partir de la desposesión y la guerra: en pri-mer lugar, no solamente con las medidas normativas señaladas para atacar la “minería ilegal”, sino con la implementación de leyes reguladoras del sector cada vez más favorables a sus intereses, las que finalmente tuvieron como punto máximo la expedición de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, cuyo objetivo (Artículo 1) es “fomentar la exploración técnica y la explotación de

los recursos mineros de propiedad estatal y priva-da; estimular estas actividades en orden a satis-facer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos”15. En segundo lugar, con una cada vez más estrecha relación con sectores paramilitares en el Nordeste, en lo que se califica como una íntima relación entre el capital transna-cional y el aparato militar-paramilitar, evidenciada, en el manejo y regulación efectuados por los auto-defensas de Castaño de la producción y venta de oro en la región16.

Antioquia se consolidó así en el sector aurífero, con importantes participaciones dentro de la produc-ción nacional, representando un 40,64% del total nacional extraído entre los años 1990 – 2000, muy por encima de otros departamentos como Córdoba y Bolívar.

A su vez, Antioquia, y particularmente el Nordes-te Antioqueño, se proyectan como un referente productivo nacional de oro dentro de los planes gubernamentales, transformando y definiendo un espacio y un territorio en función de la gran mine-ría17, estipulándose que el Nordeste sea el principal

distrito minero nacional, pasando de producir 21.977 Kg de oro en el 2005 a 88.382 Kg en el año 2019 (Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, 33).

En síntesis, las apuestas territoriales de los flujos de capital en Antioquia, en su subregión Nordeste An-tioqueño y en el Bajo Nordeste, han tenido como sustento la acumulación por desposesión y la gue-rra, la extracción aurífera, las proyecciones hechas sobre inversión minera y la concentración de tierras, (especialmente para el latifundio ganadero) basán-dose en la eliminación física, el desplazamiento for-zado y el despojo de bienes.

Las apuestas territoriales de los flujos de capital, en Antioquia, en su subregión Nordeste Antioqueño y en el Bajo Nordeste, han tenido como sustento la acumulación por desposesión y la guerra, la extracción aurífera, las proyecciones hechas sobre inversión minera y la concentración de tierras, especialmente para el latifundio ganadero; basándose en la eliminación física, el desplazamiento forzado y el despojo de bienes.

15 Ley 685 de 2001. Art. 1. (subrayado fuera del texto original).

16 De otro lado hay que anotar que la desmovilización de la estructura militar del Frente del Nordeste Antioqueño del Bloque Central Bolívar, en diciembre de 2005, tuvo como escenario una finca del corregimiento de Santa Helena, municipio de Remedios, cuya propiedad pasó de los hermanos Castaño a la Frontino Gold Mines (IPO, 2006)

17 Sobre planes relacionados con minería de oro en el Nordeste se pueden consultar, a manera de ilustración: Gómez, 2010, septiembre, 2; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2007(a); DNP, 2007(b); Comité de empresarios ADHOC, 1999

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A pesar de lo anterior, los pequeños mineros y el campesinado organizado han planteado modelos territoriales diferentes al que se quiere imponer desde los cen-tros de poder. Este territorio se configura como un territorio campesino y ejempli-ficaría que la lucha por la tierra efectuada por las y los campesinos es una lucha contra un modelo territorial impuesto desde el capital. Es la lucha por la imple-mentación de un modelo de territorio alternativo, el territorio campesino.

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Acto en memoria (noviembre 11 de 2010) de las víctimas de masacre paramilitar ejecutada el 11 de noviembre de 1988, en el Municipio de Segovia.

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