ideas de uribe ii - estrategema terrorista y no reconocimiento del conflicto armado

LA ESTRATAGEMA TERRORISTA

Las ideas de Uribe

LA ESTRATAGEMA TERRORISTALas razones del Presidente Uribe para no aceptar la existencia

de un conflicto armado interno en Colombia

Las ideas de Uribe

Libardo Botero Campuzano(Compilador)

Fundación Centro de Pensamiento Primero ColombiaFundación Konrad Adenauer Stiftung

Fundación

Centro de Pensamiento Primero Colombia

José Obdulio Gaviria

Presidente

Fernando Alameda Alvarado

Director Ejecutivo

Carlos Manuel Sierra Acero

Secretario

Claudia Lozano Beltrán

Comité Editorial

Ricardo Rojas Parra

Director de Medios

Gonzalo España Arenas

Comité Temático

Abel Coronado Gómez

Director Político

Roberto Muñoz Torres

Tesorero

Marta Patricia Mora Hernández

Revisora Fiscal

© 2007, Libardo Botero Campuzano / Compilador© 2007, Centro de Pensamiento Primero ColombiaISBN : 978-958-98431-1-6Director Proyecto Editorial: Gonzalo EspañaCoordinadora Editorial: Claudia LozanoFoto portada: Carlos DuqueArmada electrónica: Marcela Robles

Primera edición: enero de 2008

Impreso por Editorial Linotipia Bolívar

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

A la imperecedera memoria de Jairo Giraldo Rey, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Agroindustria y la Fruticultura (Seccional Norte del Valle), desvelado promotor de la recuperación de las empresas vinícolas en beneficio de los trabajadores de la región,

abnegado luchador de la democracia y amigo de la paz, sacrificado el 5 de noviembre de 2007 en Toro (Valle).

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La estratagema terrorista

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Contenido

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PrólogoCONSECUENCIAS DE UNA ERRADA DEFINICIÓN TEÓRICA

José Obdulio Gaviria Vélez

Si la teoría que sustenta una política es incorrecta, la práctica cogerá por atajos impredecibles. Por ejemplo: el Gobierno de Colombia y la Alta Comi-sionada de la ONU para los Derechos Humanos, incorrectamente, definieron nuestra situación de violencia, en 1996, como “conflicto interno armado de carácter político, económico y social” o “guerra civil”. El Presidente Samper nunca pensó que esa mala definición teórica enviaría al país, irremisiblemente, a los profundos infiernos de la desconfianza internacional y el desánimo nacional; que ese sería el corolario evidente y necesario del sencillo silogismo que debieron plantearse antes de actuar.

Samper, su Ministra de Relaciones Exteriores, sus asesores, pudieron hacer un alto en el camino para reflexionar sobre cómo definir nuestra situación; sobre el porqué crecía el índice de homicidios y secuestros; sobre la destrucción de nuestra infraestructura, sobre el desplazamiento, sobre la lucha por el control de la renta de la coca y la amapola. Pero no. Esos funcionarios y la mayoría de los académicos, analistas y periodistas, corrieron a acoger, ingenuamente, y como si fuera doctrina irrefutable, la definición que habían promulgado a su favor los propios causantes de nuestra situación: las Farc, el Eln y las Auc.

Ese fue un triunfo esplendoroso de los criminales, y una humillante derrota estratégica para la sociedad y el gobierno colombianos. Y, lo que uno más lamenta, es que un levísimo, superficial y hasta descuidado estudio de la situación, habría permitido, a quienes se rindieron en el campo de batalla conceptual, salir airosos con sólo hacer dos o tres movimientos de tropas argumentales. Les hubiera bastado, por ejemplo, consultar juiciosamente las enciclopedias sobre Guerra Civil, Conflicto Armado, Derecho Internacional Humanitario; o llamar a los expertos en el tema para que los guiaran; o estu-diar la historia y el discurso de los criminales que se hacían pasar en el esce-nario internacional por ejércitos populares, de liberación, o ejércitos insur-gentes con apariencia de tener control sobre un territorio de Colombia.

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Qué bueno hubiera sido que los despistados funcionarios se hubieran tomado el trabajo de consultar a los pensadores de la izquierda colombiana, sobre el verdadero carácter de los actores del terrorismo; que hubieran leído a Gerardo Molina, o el libro Resistencia Civil de Francisco Mosquera, fundador del MOIR, o entrevistado a aquellos que adelantaban una valiente lucha interna en el seno del Partido Comunista, como Álvaro Delgado –quien, precisamente, acaba de publicar Todo tiempo pasado fue peor, un libro en el que nos narra los episodios del desigual combate entre la civili-zación y la barbarie–.

Un texto que recomiendo como guía para ayudar a aclarar dudas en el debate que plantea el título de este libro, es Crímenes de Guerra (Lo que debemos saber). Se trata de una compilación, dirigida por Roy Gutman y David Rieff, que resuelve, con elevado criterio y con sencillez pedagógica, todas las preguntas que debieron hacerse los atolondrados firmantes de aquel documento que nos declaró en estado de guerra civil o conflicto interno armado.

¡Pero, es que esos dos conceptos no son lo mismo!, ripostarán, irritados, los firmantes. ¡Sí!, ¡sí son lo mismo! Y por creer que no lo son, se metieron y nos metieron en el berenjenal en que estuvimos hasta el 7 de agosto de 2002, cuando llegó el Presidente Uribe a poner orden en nuestra casa conceptual y en nuestro territorio material.

Hagamos el ejercicio, abramos el texto Crímenes de Guerra en la página 226, en el apartado Guerra civil. El artículo lo firma un verdadero as en la materia, A.P.V Rogers. Dice:

Los tratados sobre las leyes de la guerra fueron elaborados para guerras entre estados, no para guerras civiles (o “conflictos armados internos”, tal como se los denomina).

¿Alguna duda? Rogers es conciente de las dificultades argumentales y de las repercusiones enormes que conlleva una declaratoria de estado de guerra civil, algo en lo que, parece, nadie cayó en cuenta en Colombia, tanto que la revista Semana, por ejemplo, le espetó desde una de sus carátulas al Presidente Uribe (y, por derecha, a este servidor) este belicoso titular: ¡Sí hay guerra, señor Presidente!

No sabía Semana que una consecuencia automática de esa declaratoria –que no previeron los guerreristas histéricos–, es que si un país con distur-bios relativamente graves, como los que ha tenido y tiene Colombia, decide autocalificarse en estado de guerra, cambian de inmediato las reglas de juego

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Consecuencias de una errada definición teórica

jurídicas: suspende la vigencia de su propio estatuto penal y activa el derecho internacional. Así lo explica Rogers:

No es fácil determinar cuándo un enfrentamiento violento dentro de un Estado traspasa los límites del derecho penal nacional y se convierte en un conflicto armado al que se puede aplicar el derecho internacional. Este podría ser el caso de un Estado que no quiere admitir que no tiene la situación controlada y en el que los disidentes declaran que su causa es de interés internacional.

Esa es la esencia del tira y jale entre la guerrilla (y, antes de su desmovili-zación, de las Auc) con el actual gobierno. Y en ese tira y jale, Samper, Semana y muchos analistas se han alineado, advertida o inadvertidamente, con los terroristas. Las Farc se desgañitan exigiendo que se les reconozca el carácter de fuerza beligerante en una guerra civil. Uribe se los niega, porque no lo son. La oposición a Uribe, en cambio, corre a aceptarlo, como si se tratara de una concesión cualquiera, como si ello no fuese para todos un jugarnos la vida, la honra y los bienes. Las Farc, es evidente, no controlan un territorio en el que tengan constituido un embrión de Estado, un principio de organización con los atributos de un gobierno, ejercido, aunque sea de una manera rústica y primi-tiva por un mando unificado. Si tuvieran control territorial, si una porción de la población colombiana, aunque fuera ínfima, estuviese viviendo bajo un régimen político establecido por las Farc, no habría más remedio que recono-cerles su carácter de Estado en gestación. En ese caso, tendríamos un conflicto interno armado y al gobierno no le quedaría alternativa distinta a aceptarlo. Pregunto a Semana y al Presidente Samper, líderes del reconocimiento para las Farc del carácter de fuerza beligerante: ¿en dónde están las Farc?, ¿cuál es su capital?, ¿en qué poblado de Colombia –un caserío, un barrio, una manzana siquiera–, ejercen poder permanente? No puede confundirse la capacidad de poner bombas, de asesinar alcaldes y concejales, de secuestrar y mantener a sus cautivos en el fondo de las selvas, con tener un control de territorio. Eso no es tener control sobre, sino estar escondidos en. Si se llamara control terri-torial al hecho de estar ejerciendo el crimen en un determinado sitio, habría que predicar que tienen control territorial los Maras de Centroamérica, los mafiosos de México, Brasil y los del Norte del Valle.

Solicitar estatus de fuerza beligerante para las Farc, es tan irracional como pedirles a sus cabecillas que respeten el DIH. Ni los Maras ni los capos mexicanos, brasileños, del Norte del Valle, ni los jefes de la banda terrorista Farc, son sujetos del derecho internacional. Lo son de nuestro estatuto penal

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o del de cada país en el cual hayan cometido sus fechorías. Es de la esencia de su alma agredir a la sociedad: secuestrar, asesinar, controlar la renta de los productos ilícitos, robar combustible. Predicarles que se autoimpongan los límites del DIH es como pedirle al tigre que se alimente con zanahorias, que pierda su naturaleza.

Las prohibiciones del DIH a los contendientes en un conflicto interno armado, son otra faceta del problema que también desbarata la afirmación de que estamos en guerra civil. Aunque hay que reconocer que padecemos “graves disturbios”, cosa que es esencialmente diferente.

Nunca se atrevería nuestra fuerza pública a exigir que se enmarque su acción dentro de Protocolo II de Ginebra sobre protección de la población civil. Si lo hiciere, la Procuraduría los destituiría ipso facto y la Fiscalía los metería a la cárcel. El DIH es muy laxo, comparado con nuestro ordenamiento interno sobre derechos humanos. El DIH, por ejemplo, permite atacar los bienes que contribuyan al esfuerzo militar del enemigo y, por lo tanto, sean de impor-tancia táctica o estratégica. En Colombia nadie puede hacer eso y, si ocurre, el ciudadano tiene acción de reparación. El principio de distinción, propio del DIH, suena estrambótico en un régimen democrático. Todo ciudadano, sea él guerrillero, ex Auc o narcotraficante, tiene derecho al debido proceso y a las ritualidades jurídicas. Aún en flagrancia, a ningún ciudadano se le puede tratar como ‘enemigo’, ni atacar como combatiente y, menos, utilizar como escudo. Sobra pedir a nuestra fuerza pública que no trate a los criminales de los grupos armados ilegales por fuera de los procedimientos reglamentarios. Cuando ellos son capturados, no se les trata como combatientes, prisioneros, heridos, enfermos y náufragos (de acuerdo al DIH), sino como ciudadanos beneficiarios de todos los derechos y garantías. En Colombia rigen unos Códigos Penal y de Procedimiento que son mil veces más garantistas de los derechos de los ciudadanos que lo que es el laxo derecho internacional de la guerra o DIH. Los guerrilleros y paramilitares puestos fuera de acción por captura, son naturalmente tratados con humanidad y equidad, sin distinción de raza, color, religión, sexo o riqueza.

¿Imaginaría alguien –en sus cabales, no los escritores de ANNCOL, que están locos de atar– que sea necesario recordarle a la fuerza pública colombiana, la prohibición de toma de rehenes, o de someter a inanición a los guerrilleros o los narcotraficantes; o de no recoger y cuidar a los heridos, enfermos y náufragos, o de trasladar poblaciones por razones discriminatorias, o de utilizar a ciudadanos como escudos humanos para proteger los objetivos militares de los ataques?

Consecuencias de una errada definición teórica

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O, al revés: ¿perderá alguien el tiempo diciendo a las Farc o al Eln que no cometa esas tropelías si, precisamente, cometerlas es su razón de ser y de existir como bandas terroristas?

Con fundamento en las anteriores consideraciones, en 2002, el Presidente Uribe redefinió la política de seguridad para Colombia. El Estado, dijo, no hace la guerra sino que brinda seguridad a los asociados. Si en la posesión de 2002, los terroristas hicieron su agosto y masacraron a 20 habitantes de la Calle del Cartucho; en el agosto de 2006, luego de cuatro años de vigencia de una nueva política, la posesión tenía que transcurrir como transcurrió: en santa paz. Martirios comunes en 2002, disminuyeron sustancialmente: el calvario del secuestro; los ataques terroristas; el desplazamiento forzado; las amenazas a alcaldes, concejales, sindicalistas, periodistas, etcétera.

Ahora bien: toda la anterior discusión no es bizantinismo. De la apli-cación de una u otra teoría se desprende que haya o no tranquilidad, convi-vencia y progreso. Con la irresponsable declaratoria de “guerra civil”, entre 1996 y 2002 cayó dramáticamente el crecimiento del PIB; aumentó la deuda externa (los intereses se encarecieron y los plazos se achiquitaron), bajó la inversión extranjera, se dio la alarma a los viajeros para que no nos visitaran y a los cruceros para que no atracaran en Cartagena; disminuyó el comercio externo y, engañado el gobierno con la posibilidad de una “solu-ción ‘política’ negociada”, se dejó libres a los terroristas para que hicieran y deshicieran.

Con la nueva política, la de la lucha contra el terrorismo, la tendencia de todos esos factores se ha revertido. De ser un país “espanta capitales”, pasamos a ser “caza capitales”. Consecuentemente, crece el PIB –que debe mantenerse en un promedio superior al 6%–; aumenta el empleo formal y, principalmente, el autoempleo, con el boom de la microempresa. Con una política trazada bajo la perspectiva de que no hay la tal guerra civil sino una amenaza terrorista, es factible que pronto lleguemos a un ingreso per capita que ronde los 4 mil dólares.

Obsesionados con la idea de que estábamos en guerra, los conductores de la economía se sumieron en un mediterranismo, en el aislamiento de un Estado sin autoestima, cosa que nos costó una fuerte disminución de nuestra presencia en los mercados internacionales, dado que en 1997, una vez nos declaramos en estado de guerra civil, las calificadoras internacionales de riesgo nos proclamaron país peligroso para la inversión estable, sólo digno de la inversión especulativa.

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Además, ¿cómo, si estábamos en guerra civil o conflicto armado interno, nos íbamos a preocupar por firmar TLC? De lo único que se hablaba con los embajadores, visitantes, organismos multilaterales, academia y periodistas, era del bendito conflicto y de su ‘solución negociada’. ¡Qué cuento de economía, de dobles calzadas para la competitividad, para conectar a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, con el Río Magdalena y con los puertos marítimos, si las carreteras fueron abandonadas a merced de los desmanes de un tal Romaña! ¿A quién, estando en guerra civil, se le iba a ocurrir hablar de ingresar como miembros de pleno derecho al Plan Puebla-Panamá, o atravesar el Tapón del Darién, o asociarnos con Chile, o integrarnos con el Pacífico?

Hasta 2002, los únicos temas a tratar con los extranjeros eran el secuestro, los homicidios, la coca, la amapola, las armas ilegales, las cárceles, la imposi-ción de visa a los colombianos.

Hablando de una guerra civil aparente, perdimos la confianza inversionista, el ímpetu productivo. Hoy, dedicados a trabajar, no a peinarles moños a los terroristas, se cubren nuevos frentes de la política social (Familias en Acción, Guardabosques, Sena, programas de alimentación para niños y ancianos, entre muchos otros), nos dirigimos hacia cobertura plena de educación básica y media, a la universalización de la salud, llegaremos a un 34% de cobertura en educación superior y estará pronto en marcha la revolución del preescolar.

Con seguridad democrática hemos podido estrenar un modelo de creci-miento fundado en el capitalismo popular y democratizado y avanzar en una revolución del microcrédito (500% de crecimiento de la cartera en 4 años) lo que es un milagro que se estudia hoy en Harvard. Con seguridad democrática avanza el acceso de los pobres y la clase media al capital, a la propiedad y al consumo y podemos soñar con un inmenso incremento de la demanda y del ahorro interno.

No es poca cosa la que se juega dando la pelea a los que insisten en definirnos en estado de guerra civil. Los que ganan con esa declaratoria son los violentos. ¿Qué ganan los teóricos? Nada. Sólo les mueve la soberbia, pues tendrían que reconocer que estuvieron equivocados durante décadas y que un líder, Álvaro Uribe Vélez, en un solo día de gobierno, desbarató todo su absurdo andamiaje teórico. Y, como por ensalmo, toda la práctica cambió: regresaron los alcaldes a los consistorios, los policías a los cuarteles, los ciudadanos a sus trabajos.

Es que, si la teoría que sustenta una política es correcta, la práctica coge por senderos predecibles, como ocurre con los elementos cuando el científico los combina diestramente en su laboratorio.

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Acerca de esta compilación

UN DEBATE DE CRUCIAL IMPORTANCIA PARA EL DESTINO DE LA NACIÓN

Libardo Botero Campuzano

Dentro de los múltiples tópicos que se debaten hoy en el país, éste, sin duda, es uno de los más álgidos. Promotor central de la polémica ha sido el Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde su primer mandato negó que existiera en el país lo que se conoce en la jerga jurídica a nivel internacional como un conflicto armado interno. En ese sentido, ha manifestado el Presidente que lo que hace, además de establecer un principio elemental y claro, es poner al país a tono con la evolución del pensamiento, la doctrina y los cambios jurídicos que en Europa en particular toman cuerpo, que rechazan el uso de la fuerza contra el ordena-miento democrático, y califican sin equívocos como terrorista cualquier acción en ese sentido. Ha hablado entonces de amenaza terrorista para caracterizar el uso de la violencia no solo contra los civiles inermes, como sucede en nuestro caso a diario, sino contra el Estado legítimamente constituido.

Se trata, claro está, no únicamente de un debate académico: el asunto tiene y va a tener en el futuro significativas repercusiones en el ordenamiento jurídico interno, en el comportamiento político, y hasta en las mismas rela-ciones internacionales.

Con tal motivo a mediados de 2005 publicamos en la página Web RUMBOS*, en su primera edición, una selección de documentos referidos al tema. El presente libro, líneas más, líneas menos, es casi una réplica de aquella compilación de hace dos años.

Desde el punto de vista temático, la compilación tiene una división simple en dos partes: la primera centrada en la tesis de la amenaza terrorista y la segunda en la tesis del conflicto armado interno.

En este primer bloque, el más voluminoso en virtud de la necesidad de dedicar mayor espacio a la novedosa concepción, hemos reunido publicaciones que sustentan la necesidad de modificar las viejas categorías que han definido

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la violencia de grupos armados ilegales en Colombia con los calificativos de conflicto armado interno, conflicto social y armado o guerra civil.

Dos ópticas contemplan estos estudios. La una, rebatir de manera funda-mentada el cumplimiento en Colombia de los requisitos que tradicionalmente se han establecido para cada una de esas categorías. Y la otra, tal vez la más importante, incorporar un elemento nuevo en la discusión: la existencia de un régimen democrático priva por entero de legitimidad, de justificación, a cualquier acción armada contra el mismo. El derecho a levantarse contra la opresión, desde su promulgación por la revolución francesa hasta su incor-poración por las Naciones Unidas en su carta fundamental, se refiere a eso, a regímenes opresores, antidemocráticos. Pero de ninguna manera tiene sentido consagrarlo o entenderlo como el derecho a atacar o vulnerar con violencia a un estado de derecho, legítimo y de origen democrático.

Incluimos en esta selección, antes que nada, dos intervenciones del presi-dente Uribe, una de mediados de 2003 y otra de 2005, donde explica con detenimiento el concepto de amenaza terrorista. A renglón seguido y antes de los estudios colombianos, hemos incorporado tres textos de dos intelectuales vascos de renombre: Fernando Savater y Edurne Uriarte. Desde esa región martirizada por la violencia probablemente se han escrito las páginas más lúcidas contra el terrorismo, que han iluminado el cambio en el pensamiento y la jurisprudencia europea sobre el mismo. Centrándose en su caso, sin querer dar lecciones a nadie, los pensadores vascos sin embargo proporcionan los más esclarecedores argumentos en este espinoso debate.

En cuanto a estudios colombianos hemos escogido una larga pero sustan-ciosa lista de documentos, de la cual hacemos una sucinta reseña, sin ceñirnos de manera estricta al orden de su inclusión.

Destacamos los cuatro ensayos del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que respaldan con amplitud la tesis del presidente Uribe y responden algunos de los interrogantes de la Oficina en Colombia del representante para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de funcionarios de la Comi-sión Internacional de la Cruz Roja. El último de ellos decidimos adjuntarlo pues explica la decisión política del Presidente Uribe de reconocer la existencia del conflicto armado, contra sus convicciones, si ello facilita que el Eln entre a una auténtica negociación de paz con el gobierno. Sin embargo la ONU, a través de otros altos funcionarios e instancias, ha tenido reconocimientos importantes para con el gobierno colombiano, como el afianzamiento de las instituciones democráticas, que no hemos dudado en incorporar en esta sección.

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Un debate de crucial importancia para el destino de la nación

De Eduardo Posada Carbó ofrecemos dos ensayos: en el primero rebate la tesis de que en Colombia exista una guerra civil; en el segundo explora las lúcidas proposiciones del filósofo español Fernando Savater sobre el terro-rismo, desarrolladas, como ya señalamos, con fundamento en la experiencia vasca. Del doctor José Obdulio Gaviria Vélez, uno de los artífices en nuestro medio del vuelco conceptual que reseñamos, hemos incorporado varios frag-mentos de su libro Sofismas del terrorismo en Colombia. El profesor Alfonso Monsalve Solórzano nos ha cedido dos artículos publicados en la prensa, que hemos reunido en uno, cuyo contenido es un apretado resumen de uno de los aportes cruciales de su libro Legitimidad y soberanía en Colombia. 1958-2003, publicado hace un poco más de dos años, consistente en demostrar que en el país no existe lo que en la tradición doctrinaria se conoce como guerra justa; por el contrario, si de usar el término guerra se tratara, habría que calificarla exactamente como guerra injusta. De Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión de Paz de Antioquia por años, y ahora de la Comi-sión Nacional de Reparación y Reconciliación, hemos escogido dos artículos, que no solo responden a ciertos funcionarios de la ONU sino a conocidas apreciaciones de la jerarquía eclesiástica. Del catedrático e historiador Darío Acevedo Carmona hemos escogido un escrito dirigido a sustentar la tesis de que en Colombia rige efectivamente una democracia, pese a sus imperfec-ciones, y que atentar contra ella no es revolucionario sino exactamente lo contrario: reaccionario. También se ofrece un ensayo publicado en 2002 por Libardo Botero Campuzano sobre la violencia en Colombia, en el cual se rebaten conocidas tesis sobre la existencia de un conflicto social y armado y de la búsqueda de la paz con justicia social, lo mismo que el texto de un debate por televisión con el politólogo Jorge Giraldo sobre la misma materia. Aunque de una época anterior –finales de los ochenta del siglo pasado– hemos creído conveniente incorporar dos ensayos de Francisco Mosquera sobre la naturaleza y orígenes de la violencia que desde entonces asolaba a Colombia, por su innegable interés, tratándose de un reconocido dirigente político y pensador de izquierda.

Naturalmente, la novedosa tesis choca con preceptos del ordenamiento jurídico interno e internacional, y con ideas arraigadas sobre la materia. Sus contradictores giran alrededor de unos puntos sencillos: reiterar que en la normatividad vigente o los desarrollos doctrinarios de hace mucho tiempo se establecen equis o ye características para bautizar nuestra situación como conflicto interno armado o como guerra civil. Pero casi ninguno centra sus

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disquisiciones sobre el factor central propuesto para definirla: si se justifica el ataque violento a una democracia legítima, así tenga falencias importantes.

En ese sentido, el segundo bloque de documentos reúne escritos que controvierten la idea de que vivimos una amenaza terrorista. Varios analistas persisten en el calificativo de conflicto armado interno, como el ex presidente Alfonso López Michelsen, o ciertos funcionarios de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Eduardo Pizarro Leongómez reconoce buena parte de las razones del gobierno y aconseja asumir una posición intermedia, supuestamente para evitar problemas con la comunidad internacional: la de que sufrimos un conflicto armado interno con degradación terrorista. En cambio Alfredo Rangel, conocido politólogo, persiste en el mote de guerra civil repitiendo los cuatro factores que por decenios se han utilizado para bautizar así un estado de enfrentamiento armado de cierta envergadura. Solamente que por el número de muertos al año lo presume de baja intensidad. Para darle algún asidero a la calificación de guerra civil Rangel apela en este caso a una consideración que casi nadie en Colombia acepta, y no se sabe de dónde extrae: ¡la de que un 20% de la población respalda a los alzados! Al menos Eduardo Pizarro reconoce con franqueza que la guerrilla no representa absolutamente a nadie en el país. Del profesor Jaime Zuluaga, reconocido intelectual de izquierda, escogimos un escrito en que reitera las concepciones más tradicionales de sus vertientes más radicales, en cuanto a explicar y justificar la existencia de un conflicto interno armado en las desigualdades sociales y un régimen político anti democrático.

Medellín, julio de 2007* La dirección de dicha página, donde se encuentran los artículos publicados entonces, es:

www.fundacionrumbos.org

PRIMERA PARTE

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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

San José de Costa Rica, 19 de junio de 2003 (CNE).- El siguiente es el discurso pronunciado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que adelanta el mandatario a ese país y en donde se reunió con su homólogo, Abel Pacheco.

“Aprovecho la feliz circunstancia de esta visita que de manera tan cálida, acogedora, constructiva, se ha podido realizar a la República de Costa Rica, por la excelente disposición de su Gobierno y de su pueblo, y la circunstancia de que este país, ejemplo democrático del continente y del mundo, es sede permanente de la Corte.

Y acudo también con el inmenso respeto por la tradición de Colombia, que tengo que honrar, porque como muy bien usted lo ha resaltado en sus palabras, es una tradición jurídica sin mancha.

Y acudo en un momento de inmensas dificultades en Colombia para reiterar ante la Corte, y por intermedio de la Corte ante toda la organización de países americanos y ante el mundo democrático, los sufrimientos de Colombia y los esfuerzos gubernamentales.

La violencia en Colombia ha destruido las familias, el empleo, las liber-tades. 34.000 asesinatos, 3.000 secuestros. Eso no tiene explicación. Mucho menos justificación.

La decisión de este Gobierno es el rescate de la seguridad. La política la hemos denominado de Seguridad Democrática, lo cual tiene dos significados: uno, en cuanto al universo de los beneficiarios de esta seguridad, y dos, en cuanto al método.

El universo de beneficiarios de esta seguridad está integrado por la totalidad de los colombianos, sean empresarios o trabajadores, directivos gremiales o directivos sindicales, maestros, periodistas, agricultores o campe-sinos, amigos de las ideas del Gobierno o críticos de las ideas del Gobierno.

Ese universo beneficiario configura lo que llamamos la base social de una democracia sin límite, plenamente pluralista.

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Y esta política de Seguridad es Democrática por el método: ejercer severa-mente la autoridad para restablecer el orden con apego irrestricto, incondicional, a los Derechos Humanos, a la Constitución, al pluralismo democrático.

Por supuesto que genera controversias. Yo he dicho que no reconozco en los grupos violentos de Colombia la condición de combatientes. Que mi Gobierno los señala como terroristas.

¿Por qué lo he dicho? Lo he dicho por las condiciones propias de la demo-cracia colombiana. Lo he dicho por los métodos de estos grupos. Lo he dicho por sus resultados. Y lo he dicho por sus recursos.

Las condiciones propias de la democracia colombiana. Es una de las democracias más antiguas del continente. Con una continuidad sorprendente en medio de las dificultades.

Muchos politólogos internacionales se preguntan sorprendidos cómo ha habido continuidad democrática en medio de este desafío terrorista. Pero la ha habido.

Y es una democracia que todos los días se ha perfeccionado más. Que cuando quiera que se haya detectado una talanquera al ejercicio democrático, se ha superado. Es una democracia sin límites. Sin veniales hostilidades a la expresión del pensamiento democrático.

Cuando hay un Estado constituido institucionalmente para garantizar el ejercicio pleno de la democracia, no se puede admitir la legitimidad de la oposición armada.

Diría yo que el reto del mundo contemporáneo es derrotar el terrorismo ejercido por los grupos opositores o por el Estado. Y cuando el Estado está comprometido con la transparencia, nada implica ni justifica el terrorismo de los grupos opositores, sus acciones violentas.

Colombia, por mi conducto, quiere decir hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nuestro compromiso con el pluralismo democrá-tico es total. Y por eso nuestra resistencia a la oposición armada es total.

Los métodos de estos grupos, atroces. No combaten la Fuerza Pública. Plantan el territorio de minas antipersonales. Basta mirar el cuadro dramático de policías y soldados y de población civil, todos lisiados por las acciones terroristas de estos grupos.

Su fuente de financiación: la droga, el secuestro. Ni en mi adolescencia ni mi juventud universitaria, una guerrilla en nombre de ideales políticos, ni en el ejercicio político de actividad pública en mis años de madurez, he visto una guerrilla corrompida por el poder corruptor de la droga.

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Discurso del Presidente de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La misma que financia los mal llamados grupos paramilitares. La misma droga que amenaza con acabar con la ecología, con la ética, con la democracia del continente.

No se puede admitir dar legitimidad a una oposición armada. No se puede reconocer en esa oposición armada la calidad de combatiente, cuando su finan-ciación principal es la droga y su segunda financiación es la más repugnante conducta contra la libertad humana: el secuestro.

Sus resultados. Cuando leo los informes de Naciones Unidas, de algunas ONG’s internacionales, sobre la situación de pobreza y de inequidad en Colombia, el resultado no se puede negar, pero hay que preguntar cuál es la causa.

Era yo estudiante universitario y creía que en Colombia no íbamos a lograr la paz hasta que no tuviéramos pleno desarrollo de la justicia social. Los años nos han hecho ver otra realidad. Esta violencia ha destruido las familias y la confianza inversionista. Esta violencia ha eliminado las raíces de millones de colombianos en su Patria. Esta violencia ha creado un país en dispersión. Esta violencia no deja crecer la economía. Esta violencia no permite que haya recursos para el empleo. Estas acciones violentas impiden que haya recursos para la equidad social.

Los resultados sociales de la violencia no tienen escenario peor comparable. Y los resultados democráticos. El cinismo de los grupos violentos de

Colombia. Todavía insisten en buscar audiencia internacional para engañar, como han engañado históricamente. Le han mentido al mundo por 40 ó 50 años.

Ellos han ejercido como terroristas y han hablado como políticos sociales. Que se decidan. Que dejen esa hipocresía. Que dejen esa doble moral. Que no le hablen al mundo como políticos mientras actúan en Colombia como terroristas.

Las limitaciones de la democracia en Colombia no son limitaciones deri-vadas del Estado. Son limitaciones impuestas por los violentos.

Colombia durante 100 años luchó por la elección popular de alcaldes, de gobernadores, por ampliar la democracia de base, la democracia local, la democracia regional.

En esas épocas, la guerrilla decía que para hacer la paz se requería que el pueblo pudiera elegir sus autoridades inmediatas. Eso se concretó en Colombia en 1988 y posteriormente con la Constitución de 1991.

Y la guerrilla, en lugar de haber depuesto sus armas, para haber dado una lucha ideológica y política, y haber buscado el poder local o regional, ya lo estaba destruyendo por la vía armada.

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Los alcaldes amenazados en Colombia, que no pueden oficiar en los municipios donde fueron elegidos. Los gobernadores condicionados no lo son por el Estado, lo son por los grupos violentos.

Estos cínicos de los grupos violentos que siguen pidiendo audiencia inter-nacional, para hablar como políticos cuando son miserables terroristas, son los que han limitado la democracia colombiana. La falta de gobernabilidad en muchas municipalidades no es por el Estado, es por los grupos violentos.

Y muchos ciudadanos me preguntan: ¿Y usted no los reconoce como combatientes? ¿Entonces cómo los va a combatir?

Los vamos a combatir como lo tiene que hacer un Estado de Derecho respetable, de acuerdo con la tradición colombiana, limpiamente, de la mano de la Constitución, con ajuste total a los Derechos Humanos.

Colombia tiene un desafío. Colombia tiene el desafío de derrotar el terro-rismo y simultáneamente de poder mirar al mundo con la conciencia tranquila, por haberlo hecho con total ajuste a los Derechos Humanos.

Me preguntan muchos ciudadanos: ¿Va Colombia a restringir sus liber-tades para desafiar el terrorismo? No.

Quisiera repetir esto ante ustedes: quien examine bien el curso cotidiano de Colombia, encuentra que es el país democrático que tiene el mayor y el más injusto desafío terrorista en el mundo y simultáneamente la mayor libertad de prensa.

Muchos países, en otra época todavía reciente, han tenido que enfrentar el terrorismo. Entre las primeras medidas que han tomado para ser eficaces en esa lucha, han incluido la limitación a la libertad de prensa.

Esto no ha pasado por la mente del Estado colombiano. Nosotros vamos a derrotar el terrorismo con cumplimiento de los derechos humanos y sin restringir las libertades públicas.

Y muchos me preguntan: ¿Hay posibilidad de paz? Claro.En el momento que estos grupos se definan, que abandonen la doble

moral, que abandonen la actitud sibilina, la actitud de engaño al mundo, de querer en el día ante las cámaras y ante los micrófonos hablar como políticos, para proceder en la noche como terroristas.

El día que quieran sentarse a dialogar en medio de un cese de hostilidades y a buscar sinceramente la paz, en Colombia estamos listos para hacerlo con gran serenidad.

Y me preguntan muchos: ¿Cuál es el papel de la Comunidad Interna-cional? Necesitamos de la Comunidad Internacional. Colombia ha estado abierta a la crítica de la Comunidad Internacional y ansiosa de su apoyo.

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Discurso del Presidente de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hemos pedido que permanezca en el país la misión del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, mantenemos un fluido diálogo con esa Oficina. En ocasiones hay desacuerdos que hay que mane-jarlos fraternamente, con las cartas sobre la mesa.

Tenemos la presencia de todas las organizaciones de derechos humanos que quieren estar en Colombia y de todas las ONG’s. La instrucción nuestra es protegerlas. Se mantiene el debate con el Gobierno y a nosotros nos parece que eso es sano para la democracia y elemental, cuando se ha dado de por medio el engaño de los grupos violentos a la Comunidad Internacional y cuando aparece un Gobierno con la decisión de derrotar esos grupos.

Recientemente los países del Grupo de Río tomaron una decisión juiciosa y pragmática. Le pidieron a Naciones Unidas que ejerza sus buenos oficios para que la guerrilla colombiana se siente a dialogar con el Gobierno de Colombia, con un previo cese de hostilidades.

Una decisión juiciosa: buscar el órgano supranacional por excelencia para que cumpla con esa tarea de buenos oficios y al mismo tiempo práctica, porque en el párrafo segundo de esa decisión, los países del Grupo de Río dicen que si llegare a fracasar esa misión de buenos oficios de las Naciones Unidas, Naciones Unidas y el Grupo de Río y el Gobierno de Colombia buscarán alternativas.

Me parece práctica. Porque el mundo no simplemente se puede quedar pidiéndole a la guerrilla que dialogue cuando ella no oye. El mundo democrá-tico tiene que aconsejarla. Que defina: dialoga, resuelve este problema o se buscan alternativas.

Esas alternativas no pueden ser exclusivas de Colombia. No voy a dar sino una razón de por qué no puede ser exclusiva de Colombia: porque es un peligro para el continente. Hoy se destruye la selva colombiana para sembrar droga y financiar estos grupos. Mañana se puede destruir la parte amazónica del Perú, o de Ecuador, o del Brasil, o de Venezuela.

Hoy las minas quiebrapatas son contra los colombianos. Mañana pueden ser contra los vecinos. Ya hay terroristas colombianos secuestrando en Ecuador, por lo cual se queja con toda justicia el Gobierno ecuatoriano. Y hay terroristas colom-bianos en Bolivia, por lo cual se queja con toda justicia el Gobierno boliviano.

El terrorismo infatuado por la riqueza, el terrorismo delirante por la droga y su capacidad militar, es un terrorismo que no tiene límites éticos ni fronte-rizos. Su desdén por el Estado es total. Y entonces le da lo mismo hoy atentar contra el Estado democrático de Colombia y mañana contra el Estado demo-crático de cualquiera de los vecinos.

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Por eso necesitamos la participación de la Comunidad Internacional. Y espero que la petición del Grupo de Río produzca una profunda reflexión en Naciones Unidas. Porque el papel que hemos visto los colombianos de Naciones Unidas es que critica mucho y resuelve muy poquito.

Yo no le digo a Naciones Unidas que deje de criticar, pero le digo que se comprometa a resolver. A ratos Naciones Unidas da la impresión de que le tiene miedo a las descalificaciones que los grupos violentos de Colombia le hacen. Yo no creo que Naciones Unidas se pueda abstener de ayudarnos inicialmente en Colombia porque los grupos violentos la desconocen.

Naciones Unidas tiene que escoger a quien le tiene que servir: si al miedo que le producen los grupos violentos de Colombia o a la necesidad del pueblo colombiano de que la Comunidad Internacional nos ayude para superar esta violencia.

Y el tema no lo podemos hablar más con subterfugios, hay que hablarlo con claridad. Por eso, señor Presidente, quiero darle mi saludo respetuoso y acatamiento a esta Corte.

Yo soy consciente, desde el punto de vista de convicciones democráticas y del miramiento pragmático al decurso de mi Nación, que este problema nece-sita de lucha por parte del Estado y que esta estrategia de Seguridad Democrá-tica es sostenible, y sí es eficaz y sí va de la mano de los Derechos Humanos.

Entonces vengo aquí, a pedirle de manera descarnada, una revisión de fondo sobre su actitud frente al problema colombiano y a reiterar, de acuerdo con la tradición jurídica de ese sufrido Estado de Derecho que es Colombia y de esa maltratada sociedad, la cooperación del mundo, para resolver el problema.

Muchas gracias, señor Presidente, y honorables magistrados”.

19 de junio de 2003 Fuente: www.presidencia.gov.co SNE

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EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE URIBE EN EL FORO “¿AMENAZA TERRORISTA O CONFLICTO INTERNO?”

Chía (Cundinamarca), 26 de abril (SNE). El presidente Álvaro Uribe Vélez pronunció las siguientes palabras al intervenir en el foro “¿Amenaza terrorista o conflicto interno?”, organizado por la Universidad de la Sabana, acto en el cual respondió preguntas del auditorio.

“Me gusta este debate porque es una prueba más del proceso de profundi-zación de la democracia colombiana. Y ese es un referente necesario para cali-ficar esta acción violenta como expresión de un conflicto o como una amenaza terrorista. ¡Qué bueno que esta democracia nos vaya igualando al Presidente de la República con todos los panelistas! No creo que en los otros países, donde se aplicaron doctrinas de seguridad, esto hubiera ocurrido.

Y por eso, doctora Socorro (Ramírez, docente del Instituto de Estu-dios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sabana), empiezo por decirle que hay profundas diferencias entre nuestra política de Seguridad Democrática y la doctrina de la Seguridad Nacional, que auspició los Estados Unidos en algunas décadas en el Continente, que se utilizó para perseguir disidentes, para acallar la oposición, que omitió cualquier expresión de interés por la democracia.

La política de Seguridad nuestra es Democrática, justamente porque representa todo lo contrario: es una política para profundizar la democracia, para permitir que en esa democracia se practique el pluralismo, para proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su identificación o de sus dife-rencias ideológicas con el Gobierno, independientemente de su estatus social o económico. Para proteger por igual al líder sindical que al líder gremial, al empresario que al trabajador.

Voy a hacer, apreciados estudiantes y profesores, unos comentarios a las exposiciones de mis tres distinguidos antecesores. Porque me parece que no contribuiría al Foro si paso por alto esas intervenciones. Entonces le hice unas anotaciones y voy a tratar de que estos comentarios comprendan todos los puntos que ellos trataron.

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Empiezo por el doctor César Mauricio (Velásquez, decano de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la Sabana). Dice que la extradición es una dificultad para la solución del problema que vive Colombia.

Primero que todo, la política de Seguridad Democrática y la calificación que le damos a la acción de los violentos en Colombia, de acción terrorista, no excluye la solución negociada. Pero hay un elemento práctico. A mí me han preguntado en el país y en el extranjero: “¿cómo los califica de terroristas y simultáneamente acepta negociar con ellos?” Por eso se ha pedido el cese de hostilidades.

El último intento ha sido con el Eln. Hemos dicho: “mientras ustedes estén en acciones violentas, esas acciones violentas ejercidas en un medio cuya democracia se profundiza todos los días, no pueden calificarse de manera distinta a acciones terroristas. Los gobiernos democráticos no pueden nego-ciar con acciones terroristas, por eso es necesario el cese de hostilidades”.

Y les hemos propuesto urgencia para el cese de hostilidades, como condi-ción para empezar un proceso de negociación, sin que haya urgencia para el desarme, para la desmovilización. Creo que es una propuesta práctica, gene-rosa, que concilia o explica cómo una política cuyo polo determinante es la Seguridad Democrática, es una política que no se cierra a la negociación. Y los resultados están a la vista, doctor César Mauricio, el discurso no los puede omitir y me extraña que usted los omita.

Este Gobierno, supuestamente de arrogancias militaristas, supuestamente –según sus palabras–, que niega el diálogo, tiene hoy más de 12 mil reinser-tados: 6 mil de los grupos paramilitares y 6 mil de las diferentes guerrillas. Y ese número es creciente y es muy importante compararlo históricamente. Cuando el M–19 se reinsertó, eran 280 guerrilleros. Sumándole los apoyos subían a 700, 800. Cuando el Epl se reinsertó, eran 600 guerrilleros. Sumándole los apoyos eran 1.600, 2.000 personas. En la Corriente de Renovación Socia-lista se reinsertaron 280. Sumen eso y compárenlo contra 12 mil reinsertados en este Gobierno. Que hay problemas en la reinserción, por supuesto, pero el Gobierno ha procedido con toda la generosidad democrática, con todo el afecto patriótico a enfrentar el tema de la reinserción, a dar todas las posibilidades, a financiarlo. Este año la reinserción nos puede costar 200 mil millones. Aquí, por ejemplo, para el desplazamiento había un presupuesto anual de 25 mil millones de pesos. Este año es de 180, 200 mil. Las Familias Guardabosques –que es otra gran alternativa a los colombianos desorientados en la droga, que ya son 30, 33 mil–, nos cuestan este año también entre 150 y 200 mil millones de pesos.

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Exposición del Presidente Uribe en el Foro“¿Amenaza Terrorista o Conflicto Interno?”

Esos tres proyectos, que los analistas de la inversión social desconocen, valen la suma de 240 millones de dólares este año. Y eso demuestra el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno para que la acción militar –que es un componente del concepto de Seguridad Democrática y que es el polo determinante de esta política–, no excluya lo que es procesos de negociación, soluciones políticas, que todo desemboca, finalmente, en actos individuales o colectivos de reinserción.

La extradición no es obstáculo para procesos de pazEl tema de la extradición. Uno tiene que escoger, si sigue unos caminos

de dudas y de negociaciones turbias, que finalmente le han hecho mal al país, o si evita que al país lo sienten como un país “paria” en el banquillo judicial. Si alguna duda hubo con relación a algún aspecto de la Constitución del 91, fue la manera como allí se suprimió la extradición. Si alguna cosa tuvo que hacer Colombia, y todavía no sabemos hasta qué grado con autonomía, fue revivirla. No voy a cometer el error de poner a mi país nuevamente de país “paria” por entrar a hacer un manejo imprudente de la extradición. Por eso hemos dicho que no es objeto de negociación, que no es objeto de reforma constitucional en este Gobierno, que no es objeto de reforma legal. Y también hemos dicho que no es obstáculo para procesos de paz.

Y lo dijimos claramente, en un comunicado del 27 de abril del año pasado, que hemos cumplido rigurosamente. Dijimos: la extradición no es negociable, no podemos volver al país un país “paria”. Aquellos que de verdad quieran rectificar, que de verdad tengan actos de contrición sobre sus conductas, que quieran abandonar la droga, la tipificación de delitos objeto de extradición, tienen la oportunidad de hacerle una demostración de sus reales intenciones a la comunidad nacional e internacional. Por eso ya tenemos un caso de una extradición suspendida, pero sometida a esas condiciones.

Entonces lo primero que quiero disiparle, doctor César Mauricio, es que no es válido decir que la posición de este Gobierno frente a la extradición, es un obstáculo para que haya procesos de paz en Colombia. Ahora, esa es una institución que todos los días hay que desmitificar. Eso no se puede seguir manejando con ese frenesí patriótico. Nosotros todos los días estamos insti-tucionalmente más internacionalizados. Yo no entiendo cómo se estimula que Colombia sea parte de la Corte Penal Internacional y simultáneamente se quiere negar la extradición. Yo no entiendo cómo se dice que estos delin-cuentes están anclados en una organización internacional –lo que les da cierta

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legitimidad para que el Gobierno no los denomine terroristas, sino para que se le denomine actores de un conflicto armado interno–, se reconoce ese factor internacional y simultáneamente se quiere negar la extradición.

Y Colombia, como parte de la comunidad internacional, tiene que entender que las obligaciones en la comunidad internacional hay que ejercerlas por todos los asociados, hay que cumplirlas por todos los asociados. Nosotros no podemos negar la extradición aquí y pedir extradición en los casos en los cuales requerimos pedirla. Por ejemplo, ahora estamos solicitando la extradi-ción –ya la ha autorizado la Corte Suprema de Venezuela– de un señor de la Farc –a mí no me gusta referirme a ellos por apodos–, que está preso en una cárcel de Venezuela.

Hay un punto bien importante: dice el doctor César Mauricio que “dominan el territorio”. Dominaban. Este problema que estamos teniendo ahora en el Cauca es porque allá llevaban 40 años tranquilos. Este Gobierno encontró 16 pueblos del Cauca sin policía: Toribío, Tacueyó, Jambaló –donde estamos ahora– no tenían policía. Eso era domino total de estos señores. La selva donde tenemos la operación Patriota, era de dominio total de estos señores. La circunferencia cundinamarquesa, alrededor de Bogotá, se había convertido en un dominio total de ellos y de las Auc. Y lo propio en la Sierra Nevada. Hoy todos esos grupos están en disminución, hacen intentos que nos hacen mucho daño y que algunos tratan de convertirlos en victorias políticas del terrorismo –como el intento del Cauca–, pero todos los días tienen menos posibilidades de dominio territorial. Del Cauca los vamos a sacar, como de todo el país, y eso nos cuesta todas las dificultades del mundo.

Ahora, lo que no puedo hacer en este Foro es traer una ideología diferente a la que practico, ni un pensamiento diferente. Sí, yo soy un convencido que esta Patria necesita vivir sin droga, sin guerrilla y sin paramilitares. Y aquí se gastaron muchos años, simplemente dándoles consejitos, y mientras les daban consejitos llegamos a tener una Nación derrotada, sin crecimiento económico, empobrecida, con su democracia sitiada, con 50 mil guerrilleros y 170 mil hectáreas de droga.

Creo en la democracia, pero la democracia no funciona sino a partir del ejercicio de la autoridad. Recuerdo al doctor Antonio Navarro Wolf (ex guerri-llero del M–19 y hoy senador de la República) alguna vez decir, que lo que hizo que el M–19 tomara la decisión de negociar, fue que el Ejército los copó militarmente. Recuerdo a los salvadoreños decir: “tomamos la decisión de negociar cuando nos dividimos al interior de la guerrilla y unos decían, ‘no

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tenemos ya perspectiva de avance militar’ y los otros decían, ‘estamos derro-tados’”. ¿Qué pasó en el Caguán? Toda la buena fe del Gobierno colombiano de entonces, la guerrilla nunca tuvo allí intención seria de negociar. Eso lo apro-vecharon, simplemente, como una ventaja para poder avanzar. Avanzaron en droga, avanzaron en armamento, abusaron y maltrataron más al pueblo colom-biano. Aplicaron aquel principio que tomó Marx de Maquiavelo: “cuando tu enemigo tenga un gesto de generosidad contigo, no lo tomes como un gesto de generosidad sino como una debilidad y golpéalo”. Entonces sí, aquí estamos en el propósito de profundizar esta democracia, ¡hay que defenderla! Mientras yo sea Presidente, doctor César Mauricio, no se la vamos a entregar. Tenemos todas las dificultades del mundo, como las que hemos tenido en el Cauca, pero los vamos sacar de allá y de todos los sitios del territorio.

Es que mi generación no ha tenido un día de paz. Yo saludaba ahora a los jóvenes de la Universidad y decía: ¿y por qué ellos tienen que vivir lo mismo? Entonces, mientras mi generación creció, se educó y se envejeció, lo que hicimos fue ver una gran cantidad de gobiernos con un discurso en el cual confundieron la civilidad con debilidad, despreocupado por los sectores sociales del país y totalmente pendiente de darle satisfacciones al bandole-rismo. No, ese no es el cuento nuestro. Esos señores van a negociar cuando sientan que los van a derrotar. No crean que las negociaciones con ellos, sean guerrillas o paramilitares, son por mera liberalidad de ellos. Ahí está el testi-monio del doctor Antonio Navarro, está el testimonio de los salvadoreños. Las autodefensas ilegales de Colombia no han llegado a este proceso de negocia-ción por mera liberalidad. La acción militar de este Gobierno ha sido impla-cable y ha tenido un efecto determinante en que unos sectores de las autode-fensas tengan voluntad de negociar hoy. Entonces, doctor Cesar Mauricio, a mí me preocupa mucho que siga haciendo carrera la tesis de que el polo principal es una debilidad y una actitud totalmente concedente a estos grupos, porque eso no hace sino crecerlos. Usted lo dice con mucha bondad aquí en la universidad y ellos allá se saben favorecer de sus palabras y aprovechan esas actitudes para crecerse y para martirizar más al pueblo colombiano.

Inversión social y seguridad democráticaLos desequilibrios sociales, eso y el tema democrático –me voy a referir

a algunos puntos del doctor Eduardo Pizarro Leongómez (Presidente del Insti-tuto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional)–, hay que mirar qué es la causa de qué hoy.

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Yo veo algunos países con desequilibrios sociales más profundos que el nuestro sin estos fenómenos. La verdad es que la guerrilla que vimos nacer en los años 60’s, que tuvo una base ideológica –como lo dice el doctor Pizarro Leongómez–, finalmente, en nombre de la reivindicación de los pobres, lo que produjo fue el ahuyentamiento del capital. En compañía de los mal llamados paramilitares, desplazaron 2 millones de colombianos internamente, despla-zaron 4 millones de colombianos al exterior y llevaron este país a una crisis fiscal, económica y social que no se resume sino en este cuadrito clínico: Cuando el Presidente Barco terminó, en el año 90, el endeudamiento del país era del 10, 12%. Cuando yo asumí, 12 años después, era del 56%. En esa época, prácticamente, las finanzas estaban en equilibrio. 12 años después yo recibí un déficit del 4.2%. Entre los años 1994 y 2000, el desempleo de jefes de hogar subió del 4% al 10, y el desempleo abierto subió del 7.5 a casi el 20%. Entonces aquí hay que empezar a mirar cuáles han sido –en ese proceso de círculos viciosos, en los últimos quinquenios–, las causas determinantes de esta graví-sima situación social del país.

Ahora, creo que el tema no hay que seguir dividiéndolo en términos de izquierda o derecha. Doctora Socorro, yo no subestimo ningún gobierno demo-crático. Lo que sí creo es que es una equivocación, cuando se ha adoptado la regla democrática en toda América Latina, tratar de hacer divisiones a los gobiernos con la vieja medición de si son de izquierda o de derecha. Esa es una categorización totalmente obsoleta. Y se lo voy a decir por una cosa baladí: mire usted los resultados económicos de algunos gobiernos, supuestamente de izquierda, y compárelos con otros supuestamente de derecha. Cuando hay buen manejo no hay diferencia. Hay algunos gobiernos, supuestamente de izquierda en el continente con resultados sociales catastróficos y con menos interés en reformar el esquema social que algunos gobiernos supuestamente de derecha.

Mi llamado de atención a los colombianos es que no sigamos cayendo en esa trampa. Adoptada la regla democrática, hay que medir todos estos movimientos, hay que medir a los gobiernos en la región, en función –creo– de cinco variables: la transparencia, la seguridad, el respeto a las libertades públicas, la cohesión social y el respeto a las instituciones. Por ejemplo, mis críticos dicen: “Uribe derechista, militarista, etcétera”. Este es un Gobierno totalmente sometido a instituciones. Yo no puedo ir a imponer un programa de televisión, eso aquí lo define una Comisión independiente. Yo no puedo decir: “las tarifas de energía son estas”, hay una Comisión Reguladora. Cuando releo a Bobbio, que no alcanzó a entrar en sus disquisiciones sobre izquierda y

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derecha, en el significado de la solidez institucional, pienso: si Bobbio estu-viera examinando el tema diría: “hoy ser de derecha es apropiarse de las insti-tuciones, reconocerlas y ser más progresista, es respetarlas”. Paradójicamente este Gobierno es más respetuoso de la solidez institucional, que supuestos gobiernos de izquierda, donde se da un fenómeno de destrucción de institu-ciones, un fenómeno de monopolización de poder, que niega la virtud demo-crática de esos gobiernos.

Rechazo internacional al terrorismoMe voy a referir a los cinco elementos que trajo el doctor Eduardo. Él

dice que el conflicto ha sufrido participación internacional, creo que todos los días más rechazo internacional. Es distinta la participación internacional al rechazo internacional. Cuando hacía esos viajes como gobernador de Antio-quia al extranjero, y lo que refería la doctora Socorro, recuerdo que esas emba-jadas nuestras eran muertas de miedo de atacar a estos bandidos.

Lo que pasa es que Colombia no había hecho un esfuerzo por tener apoyo a una política de Seguridad. Había hecho esfuerzos por tener una política de diálogo, había hecho esfuerzos por tener apoyo a la política de la zona de distensión del Caguán, se hizo un esfuerzo con el Plan Colombia para atacar la droga, porque veníamos con unos procesos de cooperación con los Estados Unidos, que los consideraban insuficientes. Yo veo que en Europa hay un rechazo hoy en un nivel que no lo había. En este Gobierno, en Europa se declaró terrorista al Eln, en los Estados Unidos todos están declarados terro-ristas, en América Latina el rechazo es creciente. Mire, cómo es de impor-tante haber oído y haber visto la práctica en el esquema de cooperación con Colombia, del rechazo al terrorismo colombiano en los gobiernos de Ecuador, de Perú. Cómo es de importante haber oído al presidente Lula hace pocas semanas, en la reunión de Venezuela, rechazar ese terrorismo. Cómo es de importante ver este proceso positivo de Venezuela, que confiamos que sea de la mayor utilidad para Colombia. Entonces rogaría revisar ese concepto. Más que una internacionalización hay hoy un rechazo, un creciente rechazo que bastante nos ayuda.

Tuvo raíces ideológicas, no lo discuto doctor Eduardo, más aún, le agre-garía esto: era yo estudiante de la universidad pública, a principios de los años 70’s en Medellín, veíamos en un extremo una guerrilla ideológica y en otro extremo el narcotráfico, simplemente mercenario. Lo que no alcanzamos a anticipar es que 30, 40 años después fueran a estar juntos. ¡Increíble lo que

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le ha tocado ver a mi generación! Yo no creí. A nosotros nos dividían allá a ver quiénes se afiliaban a la línea de Cuba o a la línea Moscú o la línea Pekín. Ahora que fui a la Universidad de Pekín me sorprendió, dije mire, la vida es un prodigio: recibir yo, que era una especie de voz disidente en ese movimiento estudiantil, y que enfrentaba las tendencias mayoritarias con toda convicción, recibir un Honoris Causa en la universidad de Pekín.

Es bien importante el tema, eso nos desviaría a ver el tema evolutivo de las sociedades. Con José Obdulio Gaviria (asesor presidencial) veíamos que allá no se murió el comunismo por otra razón, no se murió el esquema. Mientras en otras partes mantuvieron ese dogmatismo sobre la lucha violenta de clases y la instauración de la dictadura del proletariado, allí se valieron de las tesis evolucionistas de Mao Tse Tung: detrás de cada contradicción hay que resolver otra. Mao Tse Tung no vio un horizonte finito, sino infinito. Decía: no sabremos cuándo se van a agotar las contradicciones. Los otros teóricos del marxismo sí lo veían. Y venían un horizonte finito donde íbamos a llegar a la plenitud de la dicha, una vez se eliminara la sociedad de clases y se instaurara totalmente el comunismo. Y Deng Xiao Ping, con un gran pragmatismo, dijo: “no, mire, nosotros no podemos tener aquí un socialismo pobre sino de ricos, hay que hacer compatible la economía de mercado con nuestra economía planificada y hay que abrir esto a la inversión extranjera”. Esos procesos evolucionistas se han dado en Colombia pero al revés. Aquí, este proceso de unas guerrillas con unas bases ideológicas –que no se puede desconocer las tuvieron–, cedió para abandonar totalmente la ideología, –les queda muy poquito– y para evolucionar hacia el enriquecimiento a través de la droga y hacia el mercenarismo, prolongado –por supuesto, eso no se lo discuto–, de baja intensidad.

Le voy a proponer una discusión, doctor Eduardo: yo no creo que se pueda seguir midiendo el tema de homicidios en Colombia, diciendo que el 15% lo cometen estos grupos y el resto es por diferentes causas y por diferentes actores. Estos grupos han sido asesinos directos o indirectos. Las comunas de Medellín aprendieron a matar y sus profesores fueron la guerrilla, el narcotráfico y el último que entró en escena, el paramilitarismo. La política de Seguridad Democrática, las dificultades que tenemos, no nos pueden hacer desfallecer. Esto lo vamos a ganar, que no quepa la menor duda. Por eso acudo a estos foros, también animado con un propósito. Unas dificultades de orden público no son para darles el triunfo político a estos delincuentes.

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¡Aquí hay que persistir, perseverar, que es lo que le ha faltado a Colombia! Y el Gobierno tiene que dar ejemplo de compromiso para derrotarlos. Ellos solamente van a negociar el día que sientan que de verdad los podemos derrotar. Aunque lo disimulen. Es posible que con otro Gobierno digan: “sí negociamos”, porque ya sienten una debilidad proveniente del anterior que los obliga a negociar, así digan que negocian por simpatía con el nuevo. En esto hay que poner mucho cuidado en los delitos que se le imputan. Porque lo que usted dice, algunos lo han utilizado para subestimar la capacidad de daño en la sociedad de estos grupos. Para decir: “no, es que aquí hay tantos homicidios, pero estos grupos solamente son responsables del 15%.

Mire, nosotros hemos visto, como consecuencia de nuestra política de Seguridad Democrática, una gran reducción del homicidio en Colombia. En el año 2003, en relación con el 2002, el homicidio se redujo en Colombia un 20 %. En el 2004, en relación con el 2003, se redujo un 14%. Y este año se ha reducido, en relación con el mismo periodo del año pasado, un 24%. En Bogotá, este año, por ejemplo, hemos tenido cosas buenas y malas. Bogotá este año lleva cero secuestro extorsivo. A mí ni me gusta decirlo, porque eso parece un desafío, pero no es casual. Entre el 2002 y el 2003 la reducción del secuestro en Colombia fue del 27%. En el 2004 del 34%, en relación con el 2003. Y en lo que va corrido de este año hay una nueva reducción del secuestro del 60%.

Sin embargo, mientras en el consolidado nacional el homicidio se ha disminuido un 24%, Bogotá lleva 80, 85 homicidios más, en lo cual tenemos que trabajar para revertir esa tendencia. Eso nos causa inmensa angustia, que viene de una base más baja de Bogotá. ¿Y qué hemos visto? A medida que hemos venido desarticulando jefes milicianos –aquí se decía que no había milicias y era una ciudad plagada de las milicias Antonio Nariño de la Farc–. Y a medida que hemos venido encarcelando jefes de autodefensas, uno de los factores que ha contribuido a este incremento en algunas partes de Bogotá (el homicidio), es que esos grupos hoy no tienen jefe y están en un proceso de atomización. ¡Hay que combatirlos hasta devolverle plenamente a la ciudad la tranquilidad! Y esos homicidios en Bogotá, las estadísticas no los contabiliza como homicidios imputables a estos grupos. Para hacer, muchachos, simple y claro: estos grupos han sido, en unos casos, asesinos directos, y en otros casos profesores del asesinato. Yo, de la edad de ustedes, tengo el recuerdo de haber visto dos escuelas de asesinato en mi ciudad, en Medellín: la escuela de asesi-nato de la guerrilla y la escuela de asesinato del narcotráfico y posteriormente apareció una tercera, la de los paramilitares.

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Dice el doctor Eduardo que el país ha sufrido de creciente degradación terrorista. Ahí hay que considerar otro tema para ver si es terrorista o no: miremos esta acción frente a la democracia colombiana, porque, simplificando, estos grupos en muchos momentos de sus proposiciones ideológicas, le propu-sieron al país una serie de reivindicaciones sociales y le propusieron al país una lucha contra una democracia cerrada. ¿Qué pasó en materia social? Su resul-tado fue todo lo contrario. Agudizaron profundamente la pobreza, condujeron al país a grados de miseria tremendos, que nos vamos a demorar en superar.

Viendo la sociedad china, con todas las dificultades del mundo a pesar de todos los avances, diría que Colombia, uno la puede ver en dos grandes grupos: un 52% en qué aguda pobreza que hay que reivindicar, y pregunté-monos ¿quién ha sido el culpable de ese 52% de pobreza? El otro 48%. El otro 48% vive en un modelo relativamente justo, presentable en cualquier parte del mundo. El empresariado colombiano paga tasas de contribución a la seguridad social más altas que en muchos países de supuestos gobiernos de izquierda. Las tasas contributivas de Colombia, especialmente en los últimos años, son más altas que en muchos países con gobiernos supuestamente de izquierda. Hay todos los elementos de juicio para decir: la pobreza de un 52%, la culpa no la tiene el otro 48%. Ese 48% hace un gran esfuerzo en lo fiscal y en lo social. No es sino comparar un trabajador de Bogotá del sector informal, callejero, con un trabajador de salario mínimo de una empresa organizada. El trabajador del salario mínimo de una empresa organizada vive con relativas y aceptables garantías frente al informal, y tiene seguridad social y deriva dos veces y medio lo que deriva el informal. Creo que en los últimos lustros, en las últimas décadas, el factor determinante para llegar a ese 52% de pobreza, ha sido la acción del terrorismo.

De las garantías retóricas a las garantías efectivasFrente a la democracia. En América Latina hubo muchas guerrillas

–todos las conocemos–, conflictos internos. Esas guerrillas lucharon contra dictaduras militares o contra dictaduras civiles, contra regímenes donde se concentraba en una persona o en un grupito el poder militar, el poder político, el poder económico; caso Somoza, etcétera, las dictaduras del Cono Sur. Y eso le dio algún halo de legitimidad a esas luchas, en Colombia no. En Colombia hay una democracia en profundización.

Miren el gobierno de la Seguridad Democrática: las elecciones del 2003 son bien importantes para analizarlas. Candidatos de partidos de izquierda,

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supuestamente, de partidos alternativos a los tradicionales, de partidos que venían de antiguas guerrillas, tuvieron en Colombia, por primera vez, garan-tías efectivas. Siempre tenían garantías retóricas. Es bien importante el examen de esta aseveración y quisiera que los profesores universitarios la vieran y la examinaran. En las elecciones del 2003, con la Seguridad Democrática, el país empezó a hacer el tránsito de las garantías políticas retóricas a las garantías efectivas. Antes había las mismas garantías retóricas, pero los mataban.

A este Gobierno no se le puede atribuir, como excusa para no creer en la democracia, lo que pasó con la UP (Unión Patriótica). Me he propuesto la tarea de que la Fuerza Pública sienta que no es la Fuerza Pública de Uribe sino de la Constitución, para proteger por igual a los colombianos, sean mis críticos o mis seguidores. Creo que los congresistas de oposición nunca habían tenido un discurso más radical que el que han tenido contra este Gobierno y ¡nunca! habían tenido una protección más efectiva que la que han tenido frente a este Gobierno. Muchos de los intelectuales que han combatido, acremente, mi carrera política, han regresado al país. Paradojas de la vida. En el Gobierno según el cual, según ellos, deberían estar desterrados, ha sido el Gobierno que les ha posibilitado regresar al país.

El referendo del 2003: tuvieron más espacios televisivos opositores y abstencionistas que el Gobierno. No tuvo un solo punto populista. Ahí estamos bregando a enmendar en el Congreso ese problema de pensiones tan grave. El Gobierno no pudo sino ganar uno de los puntos del referendo. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado donde el Gobierno los hubiera ganado todos y le hubieran imputado al Gobierno los vicios que el Gobierno le imputó al Consejo Electoral? Es que el Consejo Electoral desconoció esto. El Consejo Electoral, para definir el censo electoral, sumó cédulas de quienes no podían votar: de 38 mil militares, de 500 mil muertos. ¿Qué hizo el Gobierno?: lo reclamó en público y en privado. El Consejo Electoral no desconoció esos hechos, dijo que no podía cambiar las reglas de juego para enterrar el referendo. Y las reglas de juego nos las dejaron conocer a las 9 de la noche del viernes anterior al refe-rendo. ¿Violó este Gobierno las instituciones?: no, las respetó a pesar de sus equivocaciones. Pero eso hay que reivindicarlo como algo demostrativo de la profundización de la democracia en el Gobierno de la Seguridad Democrática.

Entonces, ¿cuál es mi tesis allí? Mi tesis es la siguiente: quienes quieren legitimarse como actores de un conflicto armado, tuvieron en algún momento una orientación ideológica en procura de reivindicaciones sociales. El resul-tado de su acción violenta ha sido lo peor, ha sido lo contrario, ha sido causa

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determinante de la profundización de la miseria y de la inequidad. Hablaron en nombre de la apertura democrática y han sido los verdugos de la demo-cracia. Recuerdo, antes de la aprobación en Colombia de la elección popular de alcaldes, que la Farc hacía llegar a las universidades, a los directorios polí-ticos, a las curules del Congreso, a muchas partes, unos comunicados justi-ficando su lucha armada porque en Colombia no había elección popular de alcaldes. Y el país la aprobó. Y años después, en la Constitución del 91 aprobó la elección popular de gobernadores y aprobó una gran cantidad de meca-nismos de democracia directa, de democracia de participación. Un buen equi-librio entre democracia representativa y participativa.

¿Qué hicieron estos grupos, cuál fue su respuesta?: matar alcaldes, coac-cionar alcaldes. Los alcaldes del Cauca, si no hacían lo que la Farc les orde-naban, los mataban. Esta lucha del Cauca no es un reverdecer de la Farc, sino que la Fuerza Pública ha empezado a entrar allí. La Fuerza Pública ha hecho presencia en 16 municipios donde no había presencia, y estos señores se sentían allí, intocables, invulnerables. Cuando este Gobierno llegó, casi 400 alcaldes no podían despachar en sus municipios. Recuerdo que al amanecer del 8 de agosto de 2002, al día siguiente de mi posesión, llegué a Valledupar antes de las 6 de la mañana. ¿Qué encontré allí? Un colectivo secuestrado, una economía quebrada, una agricultura sin posibilidades de sembrar una mata, unas carreteras totalmente bloqueadas por estos grupos. Y compartidos: en un pedacito los paramilitares, en otro pedacito la guerrilla.

¿Qué fue lo primero que hicimos? Empezar a destaponar esas carreteras, devolverles a los colombianos la posibilidad de viajar por ellas. Ese es un factor importantísimo de la integración de nación, del concepto de nación, del sentido de pertenencia de cada uno al colectivo, un factor importantísimo para la economía. Y por la tarde volé a Florencia, encontré todos los alcaldes del Caquetá guardados en Florencia, porque la guerrilla nos los dejaba actuar en sus municipios. Hoy, si me equivoco, no me equivoco en más de uno, dos casos, todos los alcaldes de Colombia, del más diverso origen político, con la protección del Estado, están actuando en sus municipios, y les hemos respetado su campo.

Si hay algo bien importante en esta democracia es cómo hemos manejado la gobernabilidad con gobernantes popularmente elegidos, con ideas contra-rias al Gobierno. Se ha manejado con total respeto, con total espíritu de coope-ración. Algún día le voy a decir al señor Alcalde de Bogotá que cuente cómo le ha ido con el Gobierno Nacional en todos los temas que me ha planteado. No hemos tenido sino respeto, prudencia, espíritu de cooperación. Ese esfuer-

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cito de todos los fines de semanas en los Consejos Comunales de Gobierno, entre las muchas cosas que busca, busca legitimar esta democracia. Integrar al gobernante nacional con el gobernante local, a la comunidad con todos los niveles de Gobierno. Construir gobernabilidad democrática.

Cuando hay ese proceso democrático, la acción armada contra él es terro-rismo. Me he puesto a investigar y me gustaría que los investigadores aquí presentes profundizaran ese tema, uno en la vida política no puede ser el mejor investigador. Pero me he preguntado muchas veces: ¿por qué los ingleses no le dieron el estatus de actores legítimos de un conflicto a los señores del IRA? ¿Por qué los españoles no se lo han dado a los señores de la ETA? Entre muchas explicaciones he encontrado la siguiente: las democracias europeas definen como terrorismo el uso o la mera amenaza de uso de fuerza por razones econó-micas, ideológicas, religiosas, políticas. Y me pregunto: ¿y por qué? Porque ellos son orgullosos de su democracia y dicen: “si tenemos una democracia que superó regímenes fascistas, limitaciones, toda suerte de restricciones, una democracia pura y profunda, no debemos legitimar a quienes atenten por la vía armada contra esa democracia”.

Por eso he dicho: en Colombia hay un problema social muy grave que tenemos que resolver, pero la acción de los violentos no la podemos enmarcar ni definir como una acción dentro de un conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un Estado que está profundizando la democracia pluralista. No creo que haya que aceptarles todas las vías. ¡Que se ganen una alcaldía a votos! Y ¡que el Estado no deje que se repita lo de la UP!, que ha sido una constante en mi Gobierno. He dicho en todas partes, en privado y en público, a la Policía y al Ejército: hay que cuidar por igual a Juan Hurtado, representante de Risaralda, el más entusiasta defensor de mis ideas, o al doctor Wilson Borja, el más duro crítico de mis ideas. Y eso se ha visto no solo en la teoría y en mi discurso sino en la práctica.

¡Yo cuidé, con toda la dedicación personal, los diputados de la UP, siendo gobernador de Antioquia! Los mataban en todo el país y allá no los mataron. Recuerdo que alguna vez me acusaron en Europa de que había asesinado a los sindicalistas, los trabajadores de la gobernación de Antioquia. Todos esos libros que han producido allá para deformar la realidad colombiana. Y me estaban esperando con esa acusación en un Foro en la Universidad de Londres y allá están todos vivos. Si ustedes no creen que yo soy un hombre de bien, por lo menos entonces vayan a preguntar si las víctimas existen como víctimas o como seres gozando plenamente sus libertades.

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Este no es un cuento que me he inventado ahora. Yo he sido partidario de una acción fuerte para que las nuevas generaciones puedan vivir tranquilas en este país y dejar de seguir consintiendo a estos bandidos, pero al mismo tiempo soy tan convencido de esa acción de seguridad y de autoridad como de la necesidad de profundizar la democracia. Y cuando eso se ve en la práctica, doctor Eduardo y doctora Socorro, el atentado contra la democracia no tiene sino un calificativo, que es terrorismo.

Doctora Socorro, yo no he inscrito esta lucha en las dinámicas interna-cionales de lucha contra el terrorismo. Ayer me entregaron en España –de paso, de regreso– un libro, voy a ver en qué momento lo leo, que iguala a la Farc con Al Queda y otros grupos, que se acaba de publicar. He tenido el buen cuidado de pedir toda la cooperación internacional, de llamar la atención sobre los riesgos para nuestros vecinos, pero no he inscrito esta lucha nuestra en las corrientes internacionales de lucha contra el terrorismo. A mí no me avergüenzan las cosas de las que estoy convencido. Yo soy un pecador al que no avergüenza darse la bendición. A mí no me avergüenza decir que debemos tener una alianza con los Estados Unidos y profundizarla. A mí no me aver-güenza defender el esquema social de economía privada.

En el discurso político colombiano ha habido mucha hipocresía sobre esos temas, pero mire cómo hemos sido de cuidadosos: antes que empezar la negociación del TLC con los Estados Unidos, hicimos la negociación Can–Mercosur, y más que una señal de comercio eso fue una señal política de nuestra apertura hacia todos los países. Yo no he tenido inconveniente en pedirle al Presidente Castro, en privado y en público, que me ayude frente al Eln. Y la actitud del Eln frente a Cuba y de la Farc frente a Cuba, demuestra que ellos hoy tienen no apoyo internacional, sino rechazo. Ese es un punto bien importante. Yo no tuve inconveniente en pedirle al Presidente Castro que me ayudara a superar el reciente impasse con la hermana Repú-blica de Venezuela. Yo creo que no hay un solo elemento de juicio para probar la afirmación de que “Uribe ha insertado la lucha contra los terro-ristas colombianos en las luchas universales contra el terrorismo”. ¡Porque yo soy cuidadoso! Si bien hemos tenido aquí unos problemas judiciales con gentes aparentemente vinculadas a otros grupos terroristas internacionales, hay que tener muy presente lo que aconsejaba Lincoln: Yo no voy a poner a mi Patria a luchar contra todo el terrorismo, primero tenemos que poder con los de aquí. O sea que en eso hemos tenido todos los cuidados, doctora Socorro.

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“La droga no agota la dinámica de estos grupos”. Doctora Socorro, yo creo que hoy sí. Si no tuvieran la financiación de la droga, hace mucho rato habrían negociado porque se les habría debilitado lo suficiente, como para que entendieran la necesidad de la negociación.

Sobre todo que cualquiera que quiera discrepar en Colombia hoy tiene todas las alternativas democráticas. Cuando yo hablaba de esas cinco caracte-rísticas para medir una democracia me refería a la de las libertades públicas. ¿Puede decirse que este Gobierno ha censurado una sola cátedra? ¿Puede decirse que este Gobierno ha afectado la investigación en la universidad pública? ¿Puede decirse que este Gobierno ha maltratado un solo medio de comunicación? He llegado hasta a tener el buen cuidado de no decirle a las empresas estatales que le quiten patrocinio a noticieros de oposición. Cuando así se procede, se gana toda legitimidad para decir: frente a una democracia profunda, que todos los días quiere ser una democracia más viva, no se puede aceptar legitimidad en la lucha armada contra ella. Lo único que hay que hacer es señalarlos de terroristas. Y quitarles ese calificativo cuando tengan un gesto de buena fe y faciliten un proceso de paz.

¿Amenaza regional? Claro, claro, mire, algunos de nuestros vecinos ¿por qué nos imponen visas? Porque los que van allá a secuestrar son los nuestros, y no es la gente de bien de Colombia, sino los de estos grupos. Los sacamos de un departamento de Colombia y nos ha tocado ver lo siguiente: mientras en ese departamento en algún momento hay cero secuestros, en el estado del país vecino, por esos mismos grupos, hay 50 secuestrados. Todos le dicen a uno: mire es que les tenemos que imponer visas para que no se vengan esos grupos de Colombia que tanto daño nos hacen aquí. Yo les digo: hombre, por Dios, ellos son los que llegan sin visa, la restricción de la visa no afecta sino a la gente bien, pero la utilizan como pretexto. Claro que es una amenaza a la seguridad regional, claro que es una amenaza amazónica. Es que estos grupos destruyeron un millón 700 mil hectáreas de selva tropical en Colombia para sembrar droga. Colombia tiene 118 parques naturales y la gran amenaza de esos parques es la tala de su bosque para sembrar droga. ¿Cómo no va a ser una amenaza amazónica? Claro que la es. En el Ecuador ya tienen cinco o siete mil hectáreas de droga, ahí cerca de la frontera. En un decir amén, en un descuidito, les pasa lo de Colombia.

Aquí se decía: no nos preocupemos por el consumo, que la población colombiana no es consumidora. Hoy tenemos el problema de más de un millón de consumidores. No nos preocupemos por la siembra, que aquí hay tráfico, pero aquí no hay siembra. Llegamos a tener 170 mil hectáreas, todavía tenemos

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el problema de 86 mil hectáreas de droga. Eso les puede pasar a los vecinos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si esa unidad amazónica la afectan o con la tala de bosques o con la contaminación de los ríos? Pregúntenle a los campe-sinos más viejos del Putumayo y a los que están allá del lado de los otros países, ¿qué les ha tocado en su ciclo vital? Encontraron una Amazonía virgen, y con la llegada de todos estos grupos y la droga, han visto la contaminación de los ríos, la desaparición de especies de fauna, de especies de flora. Cómo se ha acabado la diversidad de los peces. ¿Cómo no va a ser un factor de preocupación? Ahora, eso no puede ser objeto de la proposición de una contradicción entre la comu-nidad amazónica y los Estados Unidos, de ninguna manera. Es que el tema ecológico no se puede proponer en esos términos. El tema ecológico nos inte-resa a todos. El tratado que estamos negociando con los Estados Unidos es el primer tratado de comercio donde un país, en este caso Colombia, propone unas salvaguardias en temas ambientales para la utilización de esas materias primas. Nosotros no le hemos pasado a los vecinos la responsabilidad de la Seguridad Democrática. Nosotros la ejercemos, lo que pasa es que si entre todos no nos colaboramos, hoy por mi mañana por ellos, hoy por nosotros mañana por ellos. Ellos han sentido lo que es la presencia de estos grupos allá.

Dinámica bilateral, no diálogo regional. Ya le decía, nosotros tenemos una alianza con los Estados Unidos, le pido a este país que la mantenga y la profun-dice, y abiertamente, abiertamente, no podemos tener hipocresía en el discurso. ¿Ustedes creen que yo puedo decir un discurso aquí y otro en la Universidad Nacional? ¿O decirle mañana a la señora Rice al oído: ayúdenos, apóyenos, qué bueno, y aquí venir a renegar de los Estados Unidos? Hay que tener consis-tencia, decir lo mismo en toda parte. A mí me parece útil esa alianza con los Estados Unidos, como la estoy buscando con China. ¿Usted sabe qué le dije al Gobierno chino y que día en la Universidad de Pekín? Nosotros nos sentimos muy orgullosos con esta alianza con los Estados Unidos, y qué bueno poder decir que estamos muy orgullosos de una eventual alianza con ustedes. Eso tiene una expresión democrática importantísima. Es la búsqueda de este país de la alianza con todos los pueblos del mundo. Aquí estamos en una alianza, pero en una alianza democrática, grande. Y por eso abónenme ese pasito, de que antes de habernos embarcado en el TLC, negociamos el tratado de la Comunidad Andina con Mercosur.

Pero debe haber aquí muchas inquietudes, cuestionamientos, preguntas y les he tomado mucho tiempo. Entonces si hay espacio de unas preguntas de los panelistas, objeciones o de quienes están en el público.

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Participante: ¿Cuáles son los réditos que espera usted, como Presidente, conductor de la política de Seguridad Democrática, de utilizar el término de “terroristas” para referirse a la guerrilla, réditos con miras a la pacificación del país?

Presidente Uribe: Primero, para hacer una proposición hay que tener una causa justa. ¿Cuál es la justeza de nuestra causa? Nuestra devoción por la demo-cracia. ¿Entonces qué rédito? Cuando uno puede decir: hay una democracia operante y hay una acción armada destructora, la comunidad internacional tiene que poner ambos elementos en la balanza. Creo que es más fácil para la comu-nidad internacional apoyarnos, cuando ven que nuestra democracia es defen-sable. Y apoyarnos, o por lo menos negarse a seguir dándole acogida al discurso del otro lado, cuando ven que aquí, a partir de una democracia operante, se les señala de terroristas. Y cuando advierten además que eso no obstaculiza que cuando haya un cese de hostilidades, se pueda negociar.

Participante: Hablando sobre el control que debe tener usted como cabeza de las Fuerzas Militares, y sobre lo que ha sucedido con el Plan Patriota, que se ve un retén militar y un retén la guerrilla, quisiera saber cómo ve usted el control que tiene sobre las Fuerzas Militares, debido a los problemas geográ-ficos colombianos.

Presidente Uribe: Los problemas geográficos colombianos son inmensos. El país tiene todavía, por fortuna, 578 mil kilómetros de selva. Déjeme hacer una desviación que es importante: ¿sabe cuál es una de las preguntas que hace la comunidad internacional? ¿Por qué si toda esa geografía suramericana tiene cobre, níquel en grandes cantidades, Colombia no? El terrorismo no lo ha dejado buscar. ¿Por qué si Ecuador produce 600 mil barriles diarios de petróleo y Venezuela tres millones y Colombia está en la mitad, por qué no hay petróleo en Colombia? Porque el 87% del territorio no se ha explorado. ¿Y qué pasó? Aquí no quiso venir la gente a explorar petróleo por miedo al terrorismo.

Control sobre las Fuerzas Militares: el Presidente de la República tiene que asumir el liderazgo. Yo procuro ejercerlo todos los días. A toda hora, mujer, con total devoción. Ese es un elemento importante. Yo trato, con mi conducta, con mi devoción, con mi dedicación al tema, que los policías me sientan otro policía y los soldados otro soldado. Lo que pasa es que esto no es fácil ni produce milagros de la noche a la mañana. Y tenemos dificultades. Pero, mira, una de las cosas importantes es la siguiente: en la medida que vamos avanzando en la selva, van a tener más dificultades para alimentar el terrorismo urbano. Porque nada ganamos con perseguir las milicias de Mede-

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llín, si los grupos terroristas están intactos en la selva. Simplemente, miliciano preso, miliciano remplazado. He ahí una de las consecuencias importantes de esa política. Nada ganamos con controlar unas carreteras, si no controlamos la retaguardia. Nosotros hemos propuesto en la política de Seguridad Democrá-tica el concepto democrático –que la distingue de la vieja doctrina de la segu-ridad nacional–, el control territorial –que estamos haciendo en el Cauca con muchas dificultades, porque allá tenían ellos posiciones, hoy no tienen, allá tienen que estar hoy permanentemente movilizándose de una parte a otra–, el aislamiento y el desabastecimiento, la confianza ciudadana. Y por otro lado hemos propuesto, en la táctica, afectarles las áreas campamentarias, los corre-dores de movilidad y la retaguardia. Y en esta última, la selva ha sido un papel muy importante. Una retaguardia muy importante para ellos.

Participante: Una pregunta relacionada con el Protocolo II de Ginebra: ¿qué sucede si, con estos grupos terroristas, declaramos una amenaza terro-rista con ese Protocolo para nuestro país?

Presidente Uribe:No lo han cumplido. Tú los puedes declarar hijos de la congregación mariana y no te cumplen esos protocolos. Entonces, aquí lo importante es que nuestra política sea eficaz y transparente. La de ellos no ha sido transparente, llevan embolatando con cuentos al país 40 años de que van a cumplir con el derecho humanitario y no lo han cumplido. Lo importante es que nuestra política sea definida con una total voluntad política, agresiva y al mismo tiempo transparente. A mí me preocupa más la transparencia de nuestra Fuerza Pública, que la ilusión de que ellos cumplan con los tratados humanitarios.

Participante: ¿En su Gobierno qué papel cumplen los jóvenes en la reconstrucción del país, primero que todo?

Presidente Uribe: La verdad es que lo primero que uno quisiera es que la generación de ustedes pueda vivir feliz en Colombia. Que no le toque lo de la generación nuestra, Eduardo o Socorro. ¿Ustedes recuerdan algún día que hayamos podido vivir en plena paz en nuestra generación? Nunca. Yo no quiero eso para la generación de ustedes.

Lo segundo: el interés del Gobierno es darles instrumentos. Por eso la política de la Revolución Educativa que, a pesar de todo lo que falta, ha avanzado mucho en cobertura, en calidad –los exámenes a los egresados, los concursos a los profesores, etcétera–, en capacitación técnica con ese formi-dable crecimiento del Sena. Estamos mirando a ver cómo avanza mejor en investigación y en pertinencia.

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Participante: Nosotros en un grupo universitario tenemos un proyecto que ayudaría un poquito más a la reconstrucción del país. Entonces queremos discutir contigo este proyecto, obviamente no acá, pero quisiera que nos dieras una audiencia.

Presidente Uribe: Con el mayor gusto. Estúdienlo con la doctora Jimena Garrido y hacemos lo siguiente: yo abro un espaciecito en la oficina de la Presidencia para recibirlos a ustedes, pero previamente miramos los temas a ver quiénes del Gobierno me acompañan, para que no tengamos que arrancar ese día desde cero.

Participante: Quisiera preguntarle cuál es su postura ante los grupos paramilitares, porque constantemente se está hablando del terrorismo, pero en cuanto a las insurgencias como tal, y se están tratando de negociar muchí-simas cosas entre las partes que están en el conflicto, pero mientras tanto los paramilitares crecen y tienen ya los mismos ideales que tienen las mismas insurgencias: se expanden y también se están metiendo en problema y están cometiendo un número de masacres mayor al de los grupos insurgentes.

Presidente Uribe: Crecen no, crecían. Lo que pasa es que el tema se mantenía relativamente cubierto. Este Gobierno cataloga por igual de terro-ristas a guerrilleros y a paramilitares. Y se les da las mismas oportunidades. Hoy hay 12 mil reinsertados, hablando en grandes cifras: la mitad de guerrillas y la mitad de paramilitares. Se le ha dado el mismo tratamiento. La oferta para ambos es la misma: a su acción violenta, toda la contundencia de la autoridad del Estado. A su intención de paz, generosidad del Estado.

Me voy a referir ahí a la ley de justicia y paz y a los resultados militares frente a los paramilitares. No hay antecedente en Colombia de un Gobierno, en épocas de paramilitares, que pueda decir: en este gobierno se ha dado de baja más de mil paramilitares y más de siete mil han sido traídos a la cárcel. De la Sierra Nevada, por ejemplo, hemos estado sacando por igual parami-litares y guerrilla. La ley de justicia y paz. Nosotros hemos dicho que debe ser una ley universal para guerrilleros, para paramilitares. Que debe ser una ley en equilibro. Que debe ser una ley creíble. El equilibrio tiene que ser un buen balance entre paz y justicia. En nombre de la paz no se puede llegar a la impunidad y en nombre de la justicia no se puede llegar al sometimiento. Esa ley no es de impunidad, ni es de sometimiento. No es de impunidad: tiene unas obligaciones muy precisas de reparación. No permite la amnistía ni el indulto para los responsables de delitos atroces. Exige un mínimo de cárcel para ellos. No es de sometimiento: tiene beneficios a quienes se

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sometan a ella, a diferencia de las leyes de sometimiento. Es una ley para procesos de paz.

Es la primera vez en la historia de Colombia que en un proceso de paz, la preocupación va más allá de la reconciliación y la desmovilización. Aquí la preocupación ha sido por la justicia y por la reparación. Y es muy importante pensar en este tema no sólo frente a la coyuntura actual sino alguna coyun-tura que se dé en el futuro. Porque lo que me preocupa a mí es que algunos, que son muy duros frente a los paramilitares, cuando se trata de procesos de paz con las guerrillas ahí sí son muy blandos. Y hay que tratarlos por igual. Yo no puedo aceptar hoy que sea diferente el delito del guerrillero al delito del paramilitar. Los dos están atentando contra la democracia. Perturban su funcionamiento. No es posible distinguir entre el dolor que se la causa a una familia por una acción violenta de los paramilitares, o el dolor que se le causa a una familia por una acción violenta de la guerrilla. El objetivo debe ser una Colombia sin guerrilla, sin paramilitares y sin narcotráfico.

Participante: Usted dice que es un Gobierno abierto al diálogo, a las posibilidades de negociación. Pero quiero saber cómo un Gobierno que todos los días sale en los medios de comunicación a tildar a estos grupos de terro-ristas, de bandoleros, puede llegar en algún momento a negociar, cuando lo que propone es un sometimiento y no realmente una negociación. General-mente cuando uno va a negociar con alguien trata de bajar un poquitico más el discurso y tratar de llegar a un acuerdo. Entonces me preguntó: ¿cómo se puede llegar a un acuerdo y no a un sometimiento con esas palabras en los medios de comunicación por parte de todo el Gobierno?

Presidente Uribe: Si el Gobierno se ablanda, terminamos sometidos, como vi a Colombia 40 años. En alguna forma la postura que tengo, es la reacción a la que vi que otros tenían. Y el punto de quiebre es en el momento en que haya cese de hostilidades.

Yo me reuní con Felipe Torres, guerrillero del ELN. Salió de la cárcel. Me reuní con él en el Intercontinental de Medellín y eso después salió a la luz pública. Le dije: Felipe, ¿el ELN por qué no acepta lo que les hemos propuesto? El cese de hostilidades y negociamos sin desarme y sin desmovi-lización. Me dijo: porque nos matan. Le dije: el Gobierno es combativo, pero transparente. En un cese de hostilidades no habrá acciones ofensivas contra ustedes.

Fui a México. Allí hubo unas preguntas bastantes prefabricadas y además convenientes. No sé quién las prefabricó, pero me llegaron en público. Me dicen:

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–¿Está en firme su propuesta al ELN? –Está en firme. –Pero es que usted los hace matar si ellos entran en cese de hostilidades.–No. Yo soy combatiente, pero no soy mansalvero.–¿Habrá alguna garantía? –Toda la que quiera.–¿Podría ser el Gobierno de México garante? –Que lo sea.Hemos hecho todos los esfuerzos a través del Gobierno de México. Nadie

que me ha pedido ser facilitador, le he negado que sea facilitador. ¿Pero qué me pasó con el ELN? Lo último que dijeron es que aceptaban el cese de hostilidades, pero no el cese del secuestro. Razón tienen las cosas. ¿Usted se imagina que yo pueda ir a negociar y los tipos secuestrando? Con el cese de hostilidades el Gobierno facilita la negociación con todo el entusiasmo.

Moderador: Vamos a la extrema izquierda y volvemos al centro.Presidente Uribe: No siga haciendo esas divisiones. Le recuerdo que hay

gobiernos supuestamente de izquierda de América Latina con peores modelos sociales que los supuestamente de derecha. Y hay gobiernos supuestamente de izquierda que no respetan las instituciones.

Participante: Mi pregunta es acerca del tema ambiental: es válido afirmar que la fumigación con glifosato afecta el normal desarrollo de la vida en el campo. Ante esta situación, ¿la completa erradicación manual no sería más efectiva para apaciguar la banca de la guerra?

Presidente Uribe: Es muy difícil pensar en la erradicación manual en un país que todavía tiene 86 mil hectáreas. Conceptos científicos, como algunos que transmitió la OEA la semana pasada, indican que el glifosato no produce el daño que se la ha atribuido. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo para incrementar la participación manual en la erradicación. Ayer tuvimos un fracaso porque nos mataron a un policía que estaba cuidando a un grupo de personas que erradican manualmente en el Guaviare. Ahora: hay unas áreas extensísimas donde es impo-sible la erradicación manual. Me gustaría que entrara a la página de la OEA y buscara ese concepto sobre el glifosato que se liberó la semana anterior.

Participante: ¿Cómo garantizar la reinserción social que se viene dando a los desmovilizados?

Presidente Uribe: Es un tema bien difícil. ¿Qué estamos haciendo noso-tros? Les estamos ayudando en vivienda, les estamos ayudando con unos ingresos al mes, los estamos proveyendo con asistencia sicológica, con trabajo

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de grupo, con capacitación técnica. Vamos a ver cómo podemos llegar a la fase de los procesos económicos. Es un tema bien difícil. Si hay algo difícil es rein-sertar. Una de las cosas que me da a mí alguna tranquilidad es que, al parecer, estos grupos ya han perdido su capacidad de reclutar. Ahora: con la reinser-ción hay que tener toda la generosidad. Cuesta y es muy difícil. Tenemos también, para evitar que vuelvan a la droga, 30 mil familias guardabosques. Se les paga por cuidar el bosque, la recuperación del bosque, y por cuidar una determinada área libre de droga.

Participante: ¿Qué piensa la comunidad internacional sobre el Gobierno?Presidente Uribe: Pues, hombre, yo a muchos no les gusto. Aquí y

afuera. Pero creo que todos los días hay más apoyo a Colombia. Indudable-mente. Mire, cuando eligieron al presidente Rodríguez Zapatero, dijeron: se tragó la tierra a Uribe. Con ese Gobierno de España, ya España no lo va a apoyar. Ahí está firme apoyando a Colombia en la lucha contra el terrorismo. Cuando eligieron a Lula, decían lo mismo. Ahí nos está apoyando en la lucha contra el terrorismo. Decían: va a ganar Kerry, qué bueno, porque pierde Bush y se queda Uribe sin apoyo. Los senadores demócratas inicialmente nos mandaron unos cuestionamientos, y oiga cómo son las cosas de la vida cuando uno procede de buena fe: después le dieron un gran apoyo a Colombia. Y el último discurso del senador Kerry sobre Latinoamérica fue una censura muy dura a uno de nuestros vecinos.

Procediendo de buena fe, con tenacidad, sin miedo: porque es que en Colombia no se puede repetir el mal ejemplo de algunos que han hecho polí-tica frente a unos delincuentes por miedo y frente a otros delincuentes por complicidad.

Muchas gracias a todos”.

26 de abril de 2005Fuente: www.presidencia.gov.co SNE

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TODOS CONTRA EL TERRORISMOFrancisco Santos Calderón

Ginebra, Suiza, marzo 16 de 2004- El siguiente es el texto del discurso del vicepresidente, Francisco Santos Calderón, en el segmento de altas personalidades de la 60° sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Esta 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está marcada por graves y recientes hechos producto de una amenaza que hoy afecta a todos los ciudadanos del mundo: el terrorismo.

“Quiero evocar y exaltar ante todo, el recuerdo y la memoria de ese extraor-dinario hombre que fue Sergio Vieira de Melho, ejemplo de ponderación, compromiso e inteligencia, quien murió junto con varios de sus colaboradores en Bagdad, sacrificado por la irracional acción de los terroristas, precisamente cuando realizaba la tarea a la cual dedicó la mayor parte de su vida: trabajar por la dignidad y los derechos humanos de los habitantes del planeta.

Hace cinco días España, y Europa en general, sufrieron el más cruel y cobarde ataque terrorista en la historia reciente de este continente. Sentimos este ataque como propio, no solo porque entre los doscientos muertos hay dos colombianos, John Jairo Ramírez Bedoya y Gloria Inés Bedoya, sino porque sabemos como país el dolor imborrable que deja el terrorismo en una sociedad. El gobierno y el pueblo de Colombia expresamos nuestra indignación, nuestro dolor, nuestra solidaridad y acompañamos al pueblo español y a su gobierno en estos momentos difíciles.

Así mismo, sentimos como propia la muerte de cada uno de los seres humanos que perecieron en los atentados en la isla de Balí, en el Teatro Dubrovka y en el metro de Moscú, en las calles y los buses de Jerusalén, en el consulado británico de Estambul y en tantas otras acciones sanguinarias que ha padecido el mundo durante el último año.

Colombia es el país del mundo que ha sufrido con mayor rigor e inten-sidad la violencia y el terrorismo y por ello entendemos mejor que nadie el significado y alcance de esos ataques.

Fuimos víctimas de más de 8.300 ataques de destrucción colectiva con explosivos en los últimos seis años.

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Para que ustedes tengan una idea exacta del tamaño del sacrificio que imponen los terroristas a nuestro pueblo bastaría citar que en la masacre de Bojayá (Chocó) perpetrada por las Farc el 3 de Mayo de 2002, murieron 120 personas, 46 menores de edad. En la masacre del río Naya (Cauca) ocurrida el 14 de abril del 2001 las Auc asesinaron 130 personas, mientras que el Eln dio muerte a 82 colombianos en la masacre de Machuca (Antioquia) ocurrida por un ataque al oleoducto que incendió este pueblo el 18 de noviembre de 1998.

Durante el 2003 se registraron en Colombia hechos abominables como el asesinato de un niño que engañado murió al explotar su bicicleta convertida en bomba; un carro bomba que mató a 32 personas, seis de ellos niños, en el club El Nogal de Bogotá; una casa bomba que dejó 15 muertos al estallar en Neiva, Huila; un caballo bomba en Chita (Boyacá) donde murieron 8 personas; dos motocicletas bomba que cobraron la vida de 14 personas; un carro bomba en un centro comercial en Cúcuta que dejó 7 muertos y 60 heridos; decenas de miles de minas anti-personal que hirieron a 495 colombianos y quitaron la vida a 160 más y 2.200 personas secuestradas que son mantenidas en condi-ciones infrahumanas.

Desde la experiencia colombiana somos enfáticos en señalar que el tamaño y la gravedad creciente del accionar de las organizaciones terroristas envían un mensaje contundente a la humanidad: no pueden persistir dudas ni vacilaciones frente al terrorismo.

Tampoco son admisibles ambigüedades ni caminos intermedios en la respuesta que los gobiernos y los pueblos debemos dar en este momento de enormes dificultades: tolerancia cero con el terrorismo. Estamos comprome-tidos en una guerra entre los defensores de la libertad contra organizaciones criminales que pretenden imponer sus fines y su voluntad a las mayorías, a sangre y fuego.

La historia nos exige grandeza, fortaleza y determinación para defender y consolidar los principios y valores fundamentales que ha construido la huma-nidad a lo largo de su historia: la justicia, la democracia plena, la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica, entre otros.

La experiencia colombiana, que además hoy sufre el mundo con gran intensidad, demuestra que en todas partes el terrorismo comparte sus crueles características. Cualquiera que sea su pretexto u objetivo las acciones de los grupos terroristas siempre se distinguen porque:

Sus ataques afectan por igual a niños y adultos, a hombres y mujeres, a •pobres y ricos.

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Todos contra el terrorismo

Ningún principio ético ni humanitario les es importante. •No responden políticamente ante nadie. •Se proponen crear un clima de zozobra y paralizar a la sociedad. •Quieren suspender y eliminar la deliberación democrática. •La dignidad humana y la limitación de los medios de combate son •conceptos extraños a su práctica. Pretenden limitar y retroceder las conquistas democráticas. •Siempre están articulados a las formas de criminalidad más ruines como el •narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas y sustancias explosivas. Envilecen cualquier causa esgrimida como pretexto. •Nuestro país ha acumulado valiosas lecciones y ha obtenido importantes

logros en su esfuerzo por evitar que el terror imponga sus designios en su terri-torio y a la vez para mejorar la vigencia de los derechos humanos en el país.

La nuestra es la democracia más antigua y una de las más estables de América Latina. Desde inicios del siglo pasado ha experimentado cambios pací-ficos de gobierno cada cuatro años, con excepción de la dictadura militar entre 1953 y 1958. Nuestros líderes han sido elegidos siempre por el pueblo a través de elecciones libres, justas y competitivas. Hay plenas garantías a la oposición política de izquierda que el año pasado en octubre derrotó al Gobierno en un referendo y eligió al Alcalde de la capital y al Gobernador del Valle del Cauca, uno de los departamentos más importantes del país. En nuestro país hay plena libertad de prensa. Y aún en estas épocas de grandes dificultades económicas, el Gobierno destina decenas de millones de dólares al año para proteger activi-dades vulnerables –sindicalistas, autoridades locales, defensores de derechos humanos, miembros de partidos de oposición, periodistas y minorías étnicas, entre otros– y a dar asistencia humanitaria a las víctimas del terrorismo.

Esa democracia está seriamente amenazada por las minorías que integran las Farc, el Eln y las Auc, que realizan constantemente todo tipo de viola-ciones de los Derechos Humanos y del DIH.

La respuesta del Gobierno a esta amenaza es la política de seguridad demo-crática cuyo objetivo fundamental es rescatar el imperio de la ley y extender una presencia activa y constante de las instituciones en todo el territorio para dar seguridad, justicia, fortalecer la institucionalidad local, propiciar oportu-nidades para el desarrollo con dignidad y promover la transformación de las regiones marginadas e inseguras.

Un Estado no puede permitir que sus ciudadanos y ciudadanas sean víctimas del terror y pierdan la posibilidad de ejercer sus derechos y liber-

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tades. Por eso, el mandato del Presidente Álvaro Uribe es fortalecer en todos los rincones del territorio nacional la capacidad del Estado para proteger a toda la ciudadanía sin distingo de raza, credo u orientación política.

Estamos defendiendo legítimamente a nuestro pueblo, con persistencia y sin vacilaciones, contra los violentos.

Y aunque todavía nos falta un largo camino por recorrer me complace informarles que lo estamos defendiendo con buenos resultados. Gracias a la política de seguridad democrática, durante el año 2003 se redujo el homi-cidio en Colombia en 20%, lo cual equivale a decir que 5800 colombianos preservaron su vida. Logramos reducir el desplazamiento forzado en 52%, las masacres en 33%, el secuestro en 26%, los ataques a poblaciones en 84% y el asesinato de sindicalistas 57%.

Más colombianos que no murieron. Que no fueron secuestrados. Que no fueron víctimas del desplazamiento forzado. Millones de colombianos que recuperaron el derecho a la libre circulación, organización o empresa. Más colombianos que vuelven a sentir el amparo del gobierno y los beneficios de la seguridad gracias a que ahora hay autoridad y fuerza pública en todos los municipios del país y a que el Gobierno recuperó el control de las carreteras. Ese es el principal y mejor logro en promoción y defensa de DDHH y DIH que pueda presentar un Gobierno.

Seguridad sin desarrollo no es sostenible. De ahí que al mismo tiempo logramos reducir el desempleo del 15 al 12%, ampliamos en 500.000 los cupos educativos, vinculamos a un millón de nuevas personas a los servicios de salud, duplicamos en un año el número de estudiantes beneficiarios de formación técnica, acudimos con complementos nutricionales a más de 320 mil niños.

Estas cifras demuestran de manera contundente que la aplicación de la Política de Seguridad Democrática tiene una importante incidencia sobre la garantía y protección de los derechos y libertades de colombianos y colom-bianas. Y explican claramente el respaldo popular, más del 80 por ciento según sondeos independientes, a la gestión gubernamental.

Nuestro gobierno ejerce autoridad, no autoritarismo. La política de segu-ridad democrática se aplica con estricta observancia de las normas internas y de los tratados internacionales de derechos humanos y DIH.

Es una política firme para combatir a los violentos pero a la vez gene-rosa con quienes dejan las armas. 2.600 personas fueron acogidas en los programas del Estado para su reincorporación a la vida democrática, durante el año pasado.

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Nuestro Gobierno no exige condiciones indignas pero tampoco acepta imposiciones surgidas del terror. Hemos permanecido abiertos al diálogo pero todos los intentos acometidos con las Farc y el Eln, con la ayuda de países amigos y de la ONU, han sucumbido ante la intransigencia de quienes orientan esas organizaciones armadas ilegales.

Nos preocupa la persistencia de algunos problemas como lograr el funcio-namiento eficiente de la justicia. Ningún sistema judicial puede funcionar bien en medio de las presiones y la debilidad de las instituciones en el territorio; hemos dado el primer paso al ampliar el control territorial por parte de las autoridades legítimas pero problemas estructurales, técnicos, de cultura y de recursos impiden un pleno ejercicio de la justicia. Respetando la indepen-dencia de este poder, el Gobierno respaldará las acciones que se adelanten para superar esta grave deficiencia y prestará la protección necesaria para su adecuado y cabal funcionamiento.

Redoblar esfuerzos para limitar los crímenes de los grupos armados ilegales contra la población es otra de nuestras preocupaciones centrales. Quienes se involucren en un proceso de diálogo tendrán que respetar el cese de hostilidades al que se comprometan y quienes persistan en la violencia serán combatidos con rigor. Al respecto, el Gobierno tiene grandes expecta-tivas en la Misión de Acompañamiento a los Procesos de Paz decidida por la Organización de Estados Americanos y espera avanzar hacia la concentración de los miembros de las autodefensas para lograr su desmovilización.

La Fuerza Pública de Colombia goza de un gran respeto por parte de la población y su accionar siempre se acoge a las normas vigentes y a los dere-chos humanos. Lo certifican los hechos: mientras las operaciones tácticas de las FFMM se multiplicaron en un 137% entre 2002 y 2003 –pasaron de 4.500 a 10.700–, los cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones a los DDHH y al DIH se redujeron un 92%. El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002 señala que de 9.000 denuncias por infracciones al DIH con responsable conocido, sólo 261 fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En el año 2003 esta cifra se redujo a 161 denuncias.

Somos conscientes sin embargo de que contraviniendo la política estatal y las órdenes superiores, integrantes de las Fuerzas Armadas incurren ocasionalmente en violaciones a los derechos humanos. Trabajamos y continuaremos haciéndolo para fortalecer los mecanismos de prevención y control así como para sancionar estos comportamientos inaceptables para el gobierno, el Estado y la sociedad.

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Colombia considera conveniente y acepta el escrutinio internacional. Acorde con esa tradición formulé en el pasado período de sesiones, una invita-ción abierta a los organismos de la Comisión. Hoy, debo agradecer la visita de la Relatora para la Educación, del Relator contra el Racismo, del Relator para la libertad de Opinión y de Expresión y del Relator para los Pueblos Indígenas.

Todos ellos visitaron nuestro país, se entrevistaron con diferentes actores de la sociedad colombiana, visitaron regiones y fueron atendidos por funcio-narios del Gobierno al más alto nivel. Fueron testigos de los esfuerzos de nuestro Estado para hacer realidad los mandatos contenidos en la Constitu-ción de Colombia, constataron nuestros esfuerzos y palparon las dificultades, obstáculos y limitaciones.

Nuestro Estado estudia sus recomendaciones e informes y formularemos próximamente nuestras observaciones acerca de los mismos. En un caso encon-tramos que se llegó a Colombia con ideas preconcebidas y que sus visitas a funcionarios del gobierno fueron una pura formalidad. Su informe así lo refleja y con esa actitud le hacen daño al sistema de relatores de Naciones Unidas. Pero esto no hará cambiar nuestra política; las puertas siguen abiertas y de manera respetuosa expresaremos nuestras opiniones cuando sea necesario.

El Estado ha hecho un análisis juicioso del informe que presentará el Alto Comisionado en el presente período de sesiones. Destacamos los reco-nocimientos a la labor desarrollada durante el período objeto de estudio y el contundente señalamiento a los grupos armados ilegales por su responsabi-lidad en graves violaciones de derechos humanos y desacato a los mínimos éticos acordados por la humanidad.

En la respuesta que está a su disposición expresamos nuestras obser-vaciones respecto a la defensa del carácter democrático del régimen polí-tico colombiano, el propósito de la política de seguridad democrática de garantizar derechos, los evidentes logros alcanzados durante el año 2003 y el compromiso del Estado colombiano con las recomendaciones hechas en el informe del año pasado.

Durante el 2004 seguiremos trabajando con la Oficina del Alto Comisio-nado en Colombia, mantendremos la interlocución permanente y buscaremos hacer mejor uso de su capacidad asesora. La Oficina en Colombia es una instancia importante para el Estado, la sociedad colombiana y para los intere-sados de la comunidad internacional en nuestra realidad.

Nada nos hará desistir del empeño y del compromiso de proteger a los colombianos y devolver la seguridad a nuestro país. Para ello necesitamos y

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convocamos una vez más la ayuda del mundo para enfrentar el terrorismo que surge de la letal alianza de grupos armados ilegales y narcotráfico.

Para que la humanidad no vuelva a padecer hechos como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de 2004 en Madrid y para que nuestro país no siga siendo el más afectado del mundo por el terro-rismo, es preciso eliminar todo vínculo, tolerancia o relación de individuos, gobiernos y organizaciones de distinta índole con dichos grupos terroristas, tal y como lo ordena la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es inaceptable que los terroristas puedan transitar libremente por dife-rentes países, que les sea posible adquirir armas, municiones y explosivos, movilizar y hacer cada día más rentable el dinero producto de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas ilícitas. Hay que decirlo con toda claridad: luchar en serio contra el terrorismo exige quitarle a los terroristas toda fuente de financiamiento y toda posibilidad de moverse de un lugar a otro.

Esta ocasión es propicia para agradecer la inmensa solidaridad interna-cional con el pueblo de Colombia expresada en la Declaración de Londres con la cual estamos comprometidos. Y a la vez para reiterar nuestro compro-miso por hacer cada día más vigentes los derechos constitutivos de la dignidad humana, de la democracia y la convivencia pacífica. El pueblo de Colombia espera seguir contando con ese respaldo político a nuestra democracia y con una creciente presión internacional que cierre todo espacio político a los grupos armados ilegales.

Nos duele cada colombiano y cada habitante del mundo víctimas del terrorismo. Tenemos como país el derecho a la seguridad. Tenemos asimismo, como obligación, derrotar al terrorismo con todas las herramientas que permite una legitimidad democrática que por ningún motivo vamos a quebrantar. El dolor de un país víctima del terrorismo nos ha enseñado que el principal valor del sacrificio de inocentes colombianos y la mejor acción posible para garan-tizar los derechos de las presentes y futuras generaciones, consiste en que los hombres y mujeres de este planeta que creemos en la democracia, fortalez-camos nuestra conciencia acerca del tamaño y la naturaleza del terrorismo que es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Y que no podemos ahorrar esfuerzo alguno para poner fin a este flagelo.”

16 de marzo de 2004Fuente: www.vicepresidencia.gov.co SNE

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Tres textos vascosNo. 1 TERROR Y CONFLICTO POLÍTICO

Fernando Savater

Conocí a François Santoni a finales del pasado junio, mes y medio antes de que fuera asesinado. Coincidimos en un programa radiofónico de France Culture para hablar sobre terrorismo nacionalista, él sobre el caso de Córcega y yo sobre el de Euskadi. Era un tipo bastante imponente, con su elevada estatura y su cráneo rapado; tenía mirada huidiza y hablaba con voz suave. Describió con tintes acerbos a sus antiguos correligionarios, a cuyas criminales prácticas mafiosas no concedía ninguna legitimidad política: creía que el gobierno francés se equivocaba tomándoles como interlocutores fiables. En cambio, criticaba al gobierno español por intentar resolver el problema vasco policialmente y era partidario en este caso de la negociación. Le expliqué que la extorsión y demás procedimientos gangsteriles también se daban entre nosotros, pero él insistió en que había conocido a etarras durante su estancia en la cárcel y le parecían gente ‘normal’... supongo que por comparación con los que a él más le preocupaban. Aunque le señalé que el concepto de ‘normalidad’ es estadístico, no moral, y que los cazadores de cabezas de la Papuasia también son normales a su modo sin que ello les convierta en ideales cívicos, creo que no le convencí. He notado que quien padece a nacionalistas violentos siempre considera a los suyos espe-cialmente perversos, mientras que tiende a disculpar un poco a los que hostigan al vecino. En cualquier caso, cuando describí el Estatuto vasco y la autonomía que concede, Santoni exclamó que él se conformaría muy gustoso con algo semejante para Córcega. Bueno, puede que él sí –ya nunca lo sabremos–, pero estoy seguro de que el resto de la mafia corsa continuará sus fechorías como si tal cosa, argumentando con santa indignación que el conflicto político sigue en pie. A la experiencia vasca me remito.

A partir de los atentados del 11 de septiembre, parece que la mayoría de los países empiezan a tomarse en serio, como cosa de todos y no sólo como furún-culo exótico de unos cuantos, el tema del terrorismo. Nunca es tarde si la dicha es buena. La tendencia a comprender y justificar a bandas de asesinos inte-

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gristas siempre que actúen fuera de las propias fronteras parece haber llegado a su fin. Es evidente que los Estados democráticos están llenos de defectos y abusos, pero no menos claro resulta que ni la ideología ni los procedimientos de los grupos fanatizados que atacan a la población civil para hacerse valer polí-ticamente son el camino de enmendarlos. Tienen razón Arzallus, Llamazares y otros pensadores del mismo calibre cuando nos recuerdan que no todos los terrorismos son iguales. Algunos, como el de los indudablemente maltratados palestinos, surgen de una frustración desesperada que se convierte de manera explicable pero nefasta en coartada de atrocidades agresivas y represivas que aumentan cada vez más los males ya enquistados; en cambio, otros, como el de los criminales vascos de andorga llena y chalet en la costa para veranear poniendo bombas, proceden de la pura mugre xenófoba que calumnia y sabotea las libertades democráticas dentro de las cuales viven tan ricamente. Pero todos ellos tienen algunos rasgos en común, que es bueno subrayar si a este peligro global se le quiere adecuadamente dar una respuesta también global, es decir, internacional. A este fin resultan muy interesantes los estudios de Mary Kaldor, que fue profesora de la cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos y actual-mente dirige el programa para la Sociedad Civil Global en la London School of Economics. Su obra principal sobre el tema, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, acaba de ser muy oportunamente publicada por la editorial Tusquets. Y también ha aparecido un artículo suyo en El País el pasado día 27 (“Comprender el mensaje del 11 de septiembre”).

Para la profesora Kaldor, los movimientos terroristas actuales –el crimen político organizado a gran escala– son una forma nueva de guerra, que tiene que ser afrontada con una combinación de instrumentos políticos y policiales (en casos extremos acepta recurrir a una combinación de lo policial y lo militar, como se ha intentado en Kosovo). Lo distintivo de estas supermafias ideolo-gizadas es crear por medios criminales un tipo especial de conflicto político: “En estas ‘nuevas guerras’, el objetivo ya no es la victoria militar. La estra-tegia consiste más bien en obtener poder político sembrando el miedo y el odio, creando un clima de terror”. Su propósito es convertir en insostenible la situación de aquellos de los que quiere librarse, por medio de la amenaza violenta y la recompensa a los afectos a su proyecto de dominio: “En lugar de crear un entorno favorable para la guerrilla, la nueva guerra pretende construir un entorno desfavorable para todos aquellos a los que no puede controlar. El dominio del propio bando se basa en la distribución de beneficios positivos (...). Depende, más bien, de mantener el miedo y la inseguridad y de perpetuar los

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Terror y conflicto político

odios recíprocos”. El objetivo es “controlar a la población deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad distinta (o incluso una opinión distinta)”. El tema de la identidad es fundamental, porque en él se apoya el conflicto político que intenta crear el terrorista. “Al decir ‘política de identidades’, me refiero a la reivindicación del poder basada en una identidad concreta, sea nacional, de clan, religiosa o lingüística. (...) La nueva política de identidades consiste en reivin-dicar el poder basándose en etiquetas: si existen ideas sobre el cambio político o social, suelen estar relacionadas con una representación nostálgica e ideali-zada del pasado. (...) A diferencia de la política de las ideas, que está abierta a todos y, por tanto, tiende a ser integradora, este tipo de política de identidades es intrínsecamente excluyente y, por tanto, tiende a la fragmentación. (...) Es decir, aunque las nuevas guerras parecen deberse a diferencias entre distintos grupos lingüísticos, religiosos o tribales, también pueden considerarse como conflictos en los que representantes de una política de identidades particularista cooperan para suprimir los valores del civismo y del multiculturalismo. En otras pala-bras, se pueden considerar guerras entre el exclusivismo y el cosmopolitismo”. Como es lógico, este tipo de conflicto político alimentado por medio del terror crea un determinado perfil de víctimas: “A menudo, los primeros civiles que se convierten en blanco de los ataques son los que defienden una política diferente, los que intentan mantener unas relaciones sociales incluyentes y cierto sentido de la moral pública”. ¿Soluciones? Naturalmente, Mary Kaldor no tiene una varita mágica para resolver la cuestión, pero apunta que “lo que se necesita es una nueva forma de movilización política cosmopolita, que comprenda tanto a la llamada comunidad internacional como a las poblaciones locales y que sea capaz de contrarrestar la sumisión a diversos tipos de particularismo. (...) El objetivo es establecer un entorno seguro en el que la gente pueda actuar con libertad y sin miedo y en el que puedan fomentarse formas políticas incluyentes. Es preciso encontrar maneras de marginar a los responsables de la limpieza étnica, no darles más importancia al incluirles en las negociaciones”.

Aunque la profesora Kaldor no menciona en el libro específicamente el caso vasco, parece obvio que su estudio puede servirnos de ayuda para contextualizar nuestro terrorismo casero dentro de coordenadas más amplias de agresión a las instituciones democráticas basadas en la ciudadanía y no en la etnia. Es lo que intentamos hacer desde hace tiempo en movimientos ciudadanos como Basta Ya, por ejemplo cuando fuimos a Estrasburgo a reclamar del Parlamento Europeo no sólo la condena de la violencia, sino también el apoyo a planteamientos polí-ticos no etnicistas. En esa línea –precursora de medidas que hoy se solicitan

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internacionalmente contra el terrorismo y sus propósitos políticos– se encaminó también nuestro apoyo al pacto por las libertades y contra la violencia, así como a las medidas judiciales contra el entramado financiero y propagandístico de ETA. Y nuestro explícito respaldo a las leyes fundamentales que amparan a nacionalistas y no nacionalistas, en lugar de deslegitimarlas a fin de dar paso a otras con las que se encuentren “cómodos” quienes viven para hacer la vida imposible a los demás... a veces quitándosela. En su momento y después nos ganamos por todo ello las iras no sólo de los instalados en el régimen naciona-lista, sino también de cierta izquierda en acelerado proceso de descomposición teórica y política, la misma que critica por igual “la dependencia de Batasuna respecto a ETA y la del PSOE respecto al PP”. Me da la impresión de que a estos maquiavelos de guardarropía, ansiosos de tocar por última vez algo de poder antes de desaparecer en el sumidero de la historia, les queda ya poco tiempo de vigencia: aunque todo salga de la cabeza, no conviene confundir la caspa con las ideas... ni siquiera para “ser de izquierdas”.

En el País Vasco hay formaciones políticas que condenan la violencia y, por tanto, se niegan a aceptar como legítimo conflicto político el que la violencia sustenta; y otras que condenan la violencia pero recomiendan para solucionarla “moverse” en la dirección conflictiva que el terrorismo impulsa. Es pintoresca la indignación de los gerifaltes del PNV al no verse representados en una insti-tución como el Consejo del Poder Judicial: los mismos que excluyen diaria-mente de su régimen a los partidarios de la constitución española hasta para dar pregones de fiestas se quejan amargamente de que otros representantes del Estado del que tanto se benefician y al que sin tregua desacatan les sean de repente ariscos. Gente de buen corazón dice que no hay que portarse con ellos como ellos se portan con los demás y puede que tengan razón: pero también será preciso, digo yo, mostrarles de modo fehaciente que su comportamiento político no puede salirles eternamente gratis. No sé si habrá “regresión” auto-nómica, pero estoy seguro de que la única e intolerable involución política que nos amenaza es el despedazamiento institucional de un Estado democrático moderno en beneficio de intereses sectarios, apoyados en el crimen, en cuyo lenguaje la palabra “diálogo” significa “déme usted de una vez la razón”. Los próximos meses serán decisivos para ver en qué para todo esto.

Fernando Savater es Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.Publicado en: El País, Madrid, 7 de octubre de 2001Tomado de: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/terrorconflic.htm

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Tres textos vascosNo. 2 LOS PARTIDOS Y LA LEGALIDAD

Fernando Savater

Ya sé que es peligroso que quienes no entendemos de leyes intentemos hablar de asuntos jurídicos desde el mero sentido común. Porque el sentido común es legal (al menos, por el momento) pero no todo lo legal responde a sus exigencias y a veces las garantías jurídicas y constitucionales entran en colisión con la ingenua forma de ver las cosas que tenemos la gente sin estudios de Derecho. De modo que escribo esta nota sobre la nueva Ley de Partidos con todo el temblor y temor aconsejables. Pero es que algunas de las cosas que se están objetando a esa nueva disposición no me parecen aparentemente dictadas por el mero tecnicismo legal, sino por el sentido común que todos compartimos o deberíamos compartir: y ahí sí creo que también los demás podemos opinar.

Dentro de un sistema constitucional, los partidos políticos son instru-mentos para encauzar pacíficamente las diversas opciones de la voluntad ciudadana, evitando que tales discrepancias desemboquen en un conflicto armado. Se ha dicho, con razón, que un parlamento democrático es algo así como la escenificación incruenta (aunque polémica) de una guerra civil, que gracias a ese teatro aceptado por todos no llega a producirse. Parece por tanto inadmisible que un partido político, además de su función parlamentaria, sostenga y justifique los procedimientos bélicos para apoyar sus ideas: eso es lo que hacen cuantos se niegan a condenar la violencia terrorista de ETA y la justifican considerándola consecuencia de un conflicto político no resuelto, es decir, no resuelto a gusto de quienes ejercen la violencia terrorista. Uno no puede empuñar con una mano el acta de diputado y con otra la metra-lleta del partisano: aún menos puede esperar que quienes reciben los tiros o padecen las bombas le subvencionen, en nombre de la libertad democrática, las balas y la dinamita. La idea de que la lucha armada es lícita y necesaria para defender cualquier tipo de derechos civiles no es una opinión política democráticamente lícita ni puede esperar ser reconocida como tal. Tampoco son lícitamente democráticas las ideas políticas que niegan el marco político

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democráticamente establecido y exigen su transformación o su abandono por la fuerza, en lugar de por vías institucionalmente acordadas. Por supuesto, tampoco pueden ser defendidas en nombre de la democracia ideas que trans-forman la sociedad plural de ciudadanos en comunidad étnica homogénea. La democracia es un sistema amplio pero no vacío.

Ignoro cuántos ciudadanos vascos apoyan la lucha armada y consideran lícito que haya un permanente trasvase entre el terrorismo y la esfera parla-mentaria. Sean cuantos sean, no transformarán en democrática la guerra civil encubierta de la que quieren beneficiarse. Apoyando tales planteamientos no defienden opciones políticas legítimas, sino que tratan de imponerlas por la fuerza e impiden que los demás defiendan las suyas en igualdad de oportu-nidades. Están en un error que los demás no podemos dar por bueno, salvo hacernos cómplices del mismo y arriesgarnos a ser responsables con ellos de las consecuencias bélicas que pueda comportar. Hace veinte años, autorizar un partido como Herri Batasuna era un intento conciliador de dar una salida polí-tica a quienes en la dictadura apoyaron la lucha armada: a la vista de los resul-tados de esa mano tendida, seguir hoy admitiendo los mismos planteamientos significa querer perpetuar la violencia y dar un salvoconducto democrático a los totalitarios que pretenden acabar con el Estado de Derecho. Ni más ni menos.

Algunos dicen que no son los partidos los que delinquen, sino los indivi-duos encuadrados en ellos. Y recomiendan –ahora, no en su día– que lo que debería haberse hecho es perseguir penalmente a quienes desde una organiza-ción legal han apoyado, celebrado, justificado y homenajeado a los terroristas. En efecto, creo que debería haberse hecho tal cosa, aunque el procedimiento despertaba en su momento las mismas protestas de quienes ahora lo reco-miendan y tropezaba con el terror que durante tanto tiempo han impuesto los que hoy pretenden dar lecciones de radicalismo democrático a los demás. Sin embargo, no es verdad que no haya instituciones insostenibles cuando queda claro que quienes las gestionan pretenden cometer delitos. Tomemos por ejemplo el caso de Gescartera. Los responsables de los fraudes cometidos han sido juzgados y en algunos casos encarcelados, pero la propia sociedad ha quedado también disuelta, al quedar en evidencia los fines de quienes la inven-taron. Sería un poco raro que todos los ejecutivos de Gescartera estuviesen en la cárcel y la sociedad misma continuase su andadura, con los mismos objetivos fraudulentos. Pues bien, Batasuna es una especie de Gescartera de tipo político. Quienes participan en ella con buena fe y sin deseos de cometer crímenes, pueden mañana volver a organizar otro grupo político realmente

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Los partidos y la legalidad

desligado del terrorismo y que lo condene claramente, aunque mantenga obje-tivos independentistas.

Otros señalan que la posible ilegalización de Batasuna radicalizará a sus miembros y dificultará la convivencia en el País Vasco: ¿cómo convivir con ciento cincuenta mil votantes que se consideren ilegalizados al desaparecer su partido favorito? En estas voces se distingue la diferencia entre nacionalistas y no nacionalistas. Porque los no nacionalistas ya tienen enfrente al mayor radicalismo posible, el que los amenaza de muerte. Lo que temen los nacio-nalistas no violentos es que los terroristas y los amigos de los terroristas se vuelvan ahora contra ellos, no les dejen disfrutar tranquilos el trasvase de votos que pueden recibir de la formación ilegalizada y, en suma, los traten de la misma manera radical que ya emplean contra los no nacionalistas. Pues no saben cuánta pena me dan, pero así están las cosas. Lo que debería preocu-parles no es tener que convivir con ciento cincuenta mil ilegalizados, sino con ciento cincuenta mil amigos o cómplices de asesinos de sus conciudadanos, lo que hacen ahora con bastante desahogo. Esos ilegalizables son personas muy simpáticas y jatorras que hoy se toman un txikito contigo y luego te denuncian a quienes deben pegarte el tiro en la nuca.

El otro día, en Bilbao, un bárbaro apuñaló a su mujer en un bar y después, mientras los demás atendían a la víctima ensangrentada, se fue tranquilamente a la barra y pidió un zurito. Es todo un símbolo del país. Bueno, pues muchos queremos una ley de partidos cuidadosamente legal, escrupulosamente cons-titucional, ampliamente consensuada... pero que prohíba tajantemente servir zuritos a quienes aún tienen las manos manchadas de sangre.

Publicado en: El Correo, Bilbao, el 28 de abril de 2002.Fuente: http://club.telepolis.com/lbouzal/savat3.htm

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Tres textos vascosNo. 3 LA PERVERSIÓN DE LOS CONCEPTOS

DE DIÁLOGO Y PAZ Edurne Uriarte

Si queremos acabar con el terrorismo, hay dos conceptos que debemos desmitificar urgentemente y desterrar del vocabulario que los demócratas empleamos cuando hablamos del terrorismo: el diálogo y la paz. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales que es hora de tener claras de una vez por todas. Primero, porque son dos conceptos que están actuando de gasolina que activa o que, al menos, mantiene el fuego de los terroristas. Segundo, porque están contribuyendo al mantenimiento de una perversa equidistancia entre los asesinos y sus víctimas. Tercero, porque mantienen una preocupante confu-sión social sobre cuál es la actitud y el tipo de acciones que los ciudadanos de las democracias debemos mantener contra el terrorismo.

El diálogo y la paz no son inocentes y bellas palabras que otorgan certifi-cado de demócrata a quien las utiliza. Depende de dónde y cómo se utilicen. En nuestro país y frente al terrorismo, ambos conceptos tienen connotaciones, sencillamente, antidemocráticas. Porque el diálogo del que se está hablando no es el que se realiza entre partidos y organizaciones democráticas para combatir el terrorismo. Ese diálogo se refiere, bien al contrario, a la negociación con los terroristas o con quienes comparten objetivos con los terroristas para ofre-cerles contrapartidas políticas. Y cuando se dice que debemos conseguir la paz, se está sugiriendo que hay una guerra o un conflicto entre dos bandos comparables, uno, el de ETA, y otro, el de todos los demócratas amenazados.

Ambos conceptos son muy queridos por ETA. Porque mientras haya gente que propugne el diálogo como solución al terrorismo, ETA sabe que podrá seguir matando hasta donde quiera, porque, al final, habrá diálogo, un diálogo en el que la sociedad ofrecerá alguna contrapartida a los asesinos a cambio del fin de los crímenes. ETA calcula, además, que, si el diálogo siempre va a estar ahí, si sus víctimas potenciales están dispuestas a escucharles hagan lo que hagan, quizá deba intensificar sus asesinatos y sus amenazas, porque las contrapartidas

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que pueda obtener serán proporcionales a la intensidad de la presión que ejerza. El concepto de paz permitirá a los etarras, además, seguir encontrando justifi-cación a sus crímenes, porque si la sociedad dice que quiere la paz, es que está de acuerdo con ETA en que hay una guerra, una guerra en la que los asesinatos etarras son acciones militares, y no meros crímenes mafiosos.

Pero, además, esta contaminación de nuestro lenguaje por el discurso de los terroristas equipara escandalosamente a las víctimas con los asesinos. Porque se nos está sugiriendo que el terrorismo existe y ha pervivido porque hay una falta de diálogo, es decir, porque las víctimas y los amenazados no han sido capaces de comprender a ETA o de ofrecerle algún tipo de solución política, de ofrecerle, en definitiva, la firma de la paz.

Los efectos de todo esto entre los ciudadanos son de confusión y, además, de desmovilización. Porque si es democrático dialogar sobre ideas antidemo-cráticas, o dialogar con los asesinos, y si somos el bando de una guerra, quizá al final nos tengamos que movilizar en realidad contra nosotros mismos, a ver si tenemos un poco más de visión política y un poco menos de intolerancia y cerrazón mental...

Diálogo y paz son conceptos especialmente queridos y utilizados por los nacionalistas, y, junto a ellos, por todo ese sector social de equidistantes, de esos que dicen estar contra ETA, pero también contra el extremismo de los otros, es decir, de los amenazados por ETA. Dada la primacía social del discurso nacionalista todavía hoy en el País Vasco, y la capacidad de penetración de los equidistantes en el resto de España, la repercusión social de esta lectura del terrorismo es todavía enormemente preocupante. Y más si tenemos en cuenta la endeblez intelectual de ese discurso. Sus propios promotores son probable-mente conscientes de su debilidad, porque, curiosamente, repiten profusamente las dos palabras mágicas, pero nunca les dan un contenido concreto.

Un grupo de intelectuales catalanes ha lanzado hace unos días un mani-fiesto en contra del acuerdo antiterrorista firmado por el PP y el PSOE, y ha propuesto como alternativa, una vez más, el diálogo. Por supuesto, estos intelectuales catalanes hablan de un diálogo genérico al que no dan ningún contenido concreto. Del mismo diálogo fantasma hablaba en una entrevista reciente Gerry Adams, el líder del Sinn Fein, quien, cuando se le pedía su opinión sobre los crímenes de ETA, eludía esa opinión, pero a continuación decía que lo que había que hacer era dialogar. Ibarretxe tampoco se atrevía a escribir con claridad el nombre del interlocutor del famoso diálogo en un artículo titulado «El respeto, el diálogo y la paz», y acababa con la siguiente

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La perversión de los conceptos de diálogo y paz

solución: «(...) sólo hay una manera de avanzar y lograr la paz: dialogar ya». Algo menos acomplejado, o más imprudente, el vicario de San Sebastián, José Antonio Pagola, remataba con más contundencia el argumento tan sólo suge-rido por los demás, y declaraba hace unos días que ETA tiene unas causas y que hay que darle unos argumentos que la convenzan para parar.

Si ni siquiera sus propios defensores clarifican esos conceptos de diálogo y paz, cabe preguntarse por las causas de tanta repercusión social. La primera es, desde luego, la comodidad con la que estos conceptos permiten parape-tarse tras su protección a tantos y tantos exquisitos que pretenden eludir un compromiso claro frente al terrorismo. Y la segunda, ese complejo paralizador que ataca todavía a muchos españoles cuando hablan del terrorismo y del problema vasco. Como si el terrorismo fuera algo más que lo que es, es decir, el uso del terror para imponer un proyecto totalitario. Y como si todavía a estas alturas temieran ser tachados de antidemócratas por exigir la garantía de los derechos democráticos para todos los perseguidos por ETA, y la acción del Estado de Derecho contra los criminales.

Pues bien, frente a tanta confusión, tanta indecisión y tanta cobardía, que no hacen más que prolongar la barbarie terrorista, es urgente sustituir de una vez por todas las palabras diálogo y paz por las de justicia y libertad. Justicia, en primer lugar, porque las democracias no dialogan con los criminales, sino que les persiguen y les juzgan con todos los instrumentos del Estado de Derecho, garantizando seguridad para los amenazados y perseguidos, y, muy especialmente, justicia para las víctimas y para toda la sociedad.

Libertad, en segundo lugar, porque en el País Vasco no hay ninguna guerra para la que tengamos que conseguir la paz. En el País Vasco hay una banda terrorista que está matando y aterrorizando a la población. Y frente a esa banda terrorista, lo que debemos reivindicar y conseguir es la libertad, libertad para pensar y escribir, libertad para hacer política, libertad para pasear por las calles, libertad para hablar, libertad, en definitiva, para una sociedad sojuzgada, una sociedad que, en el contexto geográfico de las democracias más consolidadas del planeta, vive una situación de opresión propia de una dictadura, la dictadura de ETA.

Edurne Uriarte es Profesora de Ciencia Política de la Universidad del País VascoPublicado en: ABC, Madrid, Enero 8 de 2001Fuente: http://www.geocities.com/bastayaonline/articulos/laperversion.htm

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FERNANDO SAVATER Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Eduardo Posada Carbó

“Es indecente” –ha advertido el filósofo español Fernando Savater– “que, tras cada atentado (de ETA), los mismos que dicen que la violencia terrorista es inaceptable nos recuerden que sin embargo existe un conflicto político. Una de dos: o el conflicto justifica la violencia (tesis de los violentos) o el uso de la violencia es el verdadero conflicto vasco que hay que resolver (tesis de los demócratas)”. Esta es la primera de una larga lista de “indecencias” sociales que, frente al terrorismo, Savater denunciaba en julio del 2000, en uno de los artí-culos reproducidos en su libro Perdonen las molestias. Crónica de una batalla sin armas contra las armas (Madrid: Ediciones El País, 2001). Escritos para movilizar a la sociedad española contra los crímenes de ETA, sus reflexiones son también un alegato universal contra el terrorismo desde una perspectiva demo-crática cuyo mensaje, por lo tanto, no se circunscribe a la realidad de España.

Buena parte de los textos del volumen están dirigidos a desentrañar los problemas inherentes al nacionalismo vasco, sus contradicciones con los postulados de una democracia moderna y, en particular, la forma como la ideología y las prácticas nacionalistas socavan los derechos individuales de quienes no comparten su credo –sobre todo los de una numerosísima pobla-ción vasca que también quiere seguir siendo española–. El propósito final, sin embargo, es deslegitimar el uso de la violencia de ETA y plantear al tiempo una alternativa de acción ciudadana: no basta condenar al terrorismo, sino que es necesario defender el Estado de Derecho. Esta expresión, en boca frecuente de muchos políticos, parecerá quizá a algunos o carente de significado, o tan obvia como para molestarse en su elaboración. Por el contrario, los artículos de Savater demuestran la relevancia de un discurso lúcido y constante que le permita a toda sociedad derrotar ese clima de confusión intelectual provocado por los terroristas para lograr sus propósitos.

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Una primera condición para enfrentar el problema es tener claridad sobre la naturaleza de las actividades de grupos como ETA y, por consiguiente, del conflicto que desatan. Savater lo dice con certeza: “Poner bombas o secuestrar ciudadanos no son actividades políticas en una democracia, lo mismo que no es una actividad religiosa asesinar a los herejes o a los blasfemos”. El terrorismo es un accionar criminal, y como tal inaceptable. Las razones que se aducen para justificarlo son así mismo inaceptables. Como lo expresa Savater, “la motivación política que lleva a cometer delitos violentos no tiene por qué ser una eximente ni penal ni moral: en un Estado democrático de derecho más bien debería ser un agravante”. Más aún, “asesinar… quita la razón política a los asesinos”.

Savater se opone a quienes insisten en la naturaleza “política” del conflicto en el País Vasco. Hay, claro, problemas políticos en “el fondo de casi todo” –en los asuntos educativos o de salud–, pero en el País Vasco lo que predomina es “un problema militar que para resolverse exige conce-siones políticas, aunque no estén respaldadas democráticamente”. Importa apreciar el significado de esta premisa básica: el conflicto se define por su componente violento: “ETA y quienes lo secundan han optado por la lucha armada como modo de imponer sus puntos de vista minoritarios”. Sus moti-vaciones son secundarias, ya que lo que prima es que “sólo gracias a la lucha armada” ETA aspira conseguir sus objetivos. Entre las cosas intolerables, Savater subraya como “primera y principalísima, la violencia asesina del terrorismo etarra”.

Aquí están enfrentadas dos concepciones antagónicas y mutuamente excluyentes de resolver conflictos. “Lo fundamental está en peligro”, observa Savater: “el sistema democrático frente a la amenaza terrorista”. Al trazar con claridad tales distinciones, Savater logra también establecer los principios que deben informar la respuesta social ante el terror, y advertir sobre los límites del accionar democrático.

Los llamados a “dialogar” con los terroristas son recurrentes. Pero importa precisar: “¿qué diálogo, sobre qué, con quién, en qué condiciones?”. Savater señala los peligros del “paraíso de la buena voluntad”, donde los “vivas al diálogo” no van acompañados de mayores reflexiones. Como en democracia “todo es diálogo”, tendríamos que saber identificar muy bien aquellas conductas que no lo son, y no lo son, en efecto, “pegar tiros y poner coches bomba para salirse con la suya de modo extraparlamentario”. El concepto del “diálogo sin límites” encierra por ello un enorme equívoco, además de ser democráticamente inaceptable. Cualquier diálogo con grupos terroristas tendría que someterse a

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Fernando Savater y la lucha contra el terrorismo

condiciones, la primera de ellas, según Savater, y la más obvia, “consiste en que para hablar sin límites hay que hablar también sin armas”.

El contenido de las negociaciones es otro tema que se ventila con suma ligereza. Savater critica a quienes postulan que “la paz tiene un precio”, o que “todos tendrán que ceder algo… cosa que se oye también todos los días a mucha gente con buenas intenciones…”. Si existe un conflicto, se confía en que su solución sólo depende de que todas las partes cedan un poco “y todo se arreglará”. ¿Y qué se esperaría como concesión de los terroristas? “Lo que ETA … ofrece está claro”, responde Savater: “dejar de matar y agredir. Es decir, no propone darnos nada suyo sino devolvernos la tranquilidad para disfrutar lo que es nuestro y a lo que tenemos perfecto derecho”. A cambio, los terroristas esperan “que se acepten sus criterios políticos sin pasar por las urnas ni por la confrontación parlamentaria”.

Savater advierte sobre los peligros de las concesiones políticas a los violentos, que pueden convertirse en “una incitación a la guerra civil si quienes pensamos de otro modo siguiéramos su ejemplo”. El marco obligatorio de refe-rencia en la búsqueda de una solución política tendría que ser siempre la Cons-titución, única forma de respetar los cauces democráticos: “ningún escenario político admisible en el futuro puede ser muy distinto (del) acatamiento al Esta-tuto de Autonomía basado en la Constitución no sólo como punto de partida sino como el avance más cuerdo de lo que puede ser el punto de llegada”.

En cualquier caso, el terror y la violencia asesina son armas inadmisibles en el diálogo democrático. Ante el terrorismo, Savater reclama “que el Estado de derecho utilice a fondo las armas de la ley: sólo las armas de la ley, pero todas las armas de la ley”. Su diagnóstico sobre la naturaleza del conflicto en el País Vasco y los objetivos de ETA no dejan dudas: “Con ETA no valen guiños, ni disposición dialogante, ni concesión al imaginario nacionalista: ETA no quiere comprensión, lo que quiere es el poder”. Savater sugiere un plan de acción contra el terrorismo, del que los intelectuales demócratas no pueden estar ausentes: “Combatir el terrorismo etarra exige eficacia legal en la policía y coraje en la judicatura, pero también medidas políticas: una actitud política que deslegitime no sólo la violencia sino el discurso de enfrentamiento nacionalista que la sostiene y propaga entre cierta juventud”.

No basta, sin embargo, condenar al terrorismo y a los grupos que lo propi-cian y defienden. La originalidad de la campaña antiterrorista adelantada por Savater en España, como él mismo lo observa, es no limitarse a rechazar “la violencia de ETA sino apoyar también inequívocamente el Estatuto, la Consti-

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tución y el Estado de derecho español”. Por supuesto que el apoyo inequívoco al Estado de Derecho también significa oponerse a que existan, en nombre de los ciudadanos, “ …‘guardianes de la ley’ que cometen los delitos que la ley condena”. Pero además de rechazar los comportamientos criminales de agentes del Estado, Savater advierte sobre esos juicios absolutistas que, al no distinguir niveles de responsabilidades, terminan culpando a todos menos a los criminales de carne y hueso. No es cierto que “el aparato total completo, desde el gobierno hasta el último funcionario de prisiones pasando por la totalidad de la policía y la guardia civil” hubiesen, todos, promocionado y encubierto las “atrocidades del GAL” –el grupo de mercenarios financiados por sectores del aparato policial del Estado español que recurrió a métodos ilegales para combatir a ETA.

De manera similar, Savater señala la necesidad de no dejarse confundir por ese clima de culpa colectiva que tiende a propiciar el terrorismo. Se trata de una de las características “más perturbadoras” de esos crímenes que, al cometerse supuestamente “en nombre de otros y para ‘salvarles’ hacen recaer sobre colectivos enteros la sospecha de complicidad o al menos complacencia con los asesinos”. Este tipo de “generalizaciones fraudulentas” convierten a los criminales en “auténticos portavoces de los grandes valores que dicen defender”. Bajo tal atmósfera, “todo el mundo” termina “con complejo de culpa, menos los culpables, que carecen de complejos”.

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Las reflexiones del filósofo español, publicadas originalmente entre 1999 y 2000, constituyen, pues, un lúcido discurso contra el terrorismo. Son también una invitación a la movilización ciudadana para defender la democracia. En efecto, la lucha intelectual de Fernando Savater y de quienes han compartido sus postulados,1 ha visto resultados en las masivas marchas de “¡Basta ya!”,2 y en los amplios acuerdos políticos y sociales para combatir el terrorismo y defender la libertad de los españoles.3 Es claro que muchas de sus preocupa-ciones sólo pueden ser cabalmente apreciadas en el contexto de los problemas de España frente al nacionalismo del País Vasco. Mi lectura de su “crónica de una batalla sin armas contra las armas” ha sido, no obstante, deliberadamente selectiva. He querido extraer de su mensaje aquellas lecciones que considero universales para toda democracia –incluida la colombiana, con sus imper-fecciones–, que enfrente las amenazas asesinas del terror. Si la “convivencia

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Fernando Savater y la lucha contra el terrorismo

democrática en Euskadi pasa necesariamente por la derrota inequívoca de ETA”, pues la de Colombia tiene retos similares frente al terrorismo de las Farc, del Eln, de las Auc, y de las mafias de narcotraficantes. Es decir, en pala-bras de Savater, la convivencia democrática exige la derrota inequívoca “de la violencia, de la ideología legitimadora de la violencia y la cultura hagiográfica de la violencia”.

A través de las páginas de Perdonen la molestia puede apreciarse un extraordinario esfuerzo por redefinir el lenguaje social ante un clima de opinión que, condicionado por el miedo que infunde el terror, termina acep-tando el vocabulario de los criminales. Al hacer claridad sobre el lenguaje, Savater reformula tanto el diagnóstico como la respuesta ante el problema. Por encima de todo, su libro deja valiosas lecciones para toda sociedad demo-crática que aspire defender con éxito sus libertades ante las amenazas totalita-rias de los terroristas.

Notas1. Un recuento de la lucha de los intelectuales españoles contra ETA y el terrorismo

se encuentra en Edurne Uriarte, “La sociedad civil contra ETA”, Claves, abril de 2001. Otro excelente libro de un intelectual español que deslegitima histórica-mente el uso de la violencia es el de José Varela Ortega, Contra la violencia (Hiria: Alegia, 2001). Comenté ambos textos en estas mismas páginas en mis artículos “Palabras contra el terror” y “Contra la violencia”, en www.ideaspaz.org

2. Una colección de escritos sobre este movimiento acaba de ser editado por Carlos Martínez Gorriarán, ¡Basta ya! Contra el nacionalismo obligatorio (Madrid: Aguilar, 2003).

3. Sobre estos acuerdos véase el ensayo de Charles Powell, “La competencia parti-dista y el reto del terrorismo: algunas observaciones sobre el caso español”, en Eduardo Posada Carbó, Malcolm Deas y Charles Powell, La paz y sus principios (Bogotá: Libros de Cambio, Fundación Ideas para la Paz y Alfaomega, 2002). Véase también el “Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo”, Madrid, diciembre 8 de 2000, publicado en El País, diciembre 9 de 2000.

Fuente: http://www.ideaspaz.org/articulos/download/36fernandosavater.pdfSin fecha.

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¿GUERRA CIVIL? ¿GUERRA CONTRA LOS CIVILES?¿VIOLENCIA GENERALIZADA?

SobrelanaturalezadelconflictointernoenColombia1

Eduardo Posada Carbó

I

“¿Por qué no somos capaces de ver la guerra civil que el mundo entero sí ve en Colombia?”, se preguntaba recientemente el editorialista de El Especta-dor.2 El interrogante del editorialista estaba particularmente motivado por las reflexiones de un ensayo de William Ramírez Tobón, donde se sugiere que en el país se “está configurando una nueva forma de guerra civil de cuyo diag-nóstico oportuno y preciso depende, en gran medida, su solución”.3 Ramírez Tobón y El Espectador no han sido los únicos en sugerir que el conflicto colombiano debe definirse como una “guerra civil”. Dentro de nuestras fron-teras, quizá la figura más destacada en clasificar así el conflicto ha sido el ex-Presidente Alfonso López Michelsen quien, en uno de sus comentarios sobre el actual proceso de paz, se refirió a “una clásica situación de guerra civil, ya existente”.4

Fuera de Colombia, la clasificación del conflicto como “guerra civil” es cada vez más generalizada. La tendencia a definir el conflicto colombiano como una “guerra civil” ha comenzado a recibir serios cuestionamientos. En sus respectivas columnas de prensa, Fernando Uricoechea y Eduardo Pizarro Leongómez han criticado la utilización de tal concepto. Según Uricoechea, “calificar el conflicto armado en Colombia como una guerra civil no es solo objetivamente incorrecto sino, lo que es aun peor, políticamente perverso”. Pizarro, a su turno, señala que “en Colombia constituye una grave torpeza intelectual hablar de guerra civil”.5 Fernando Cepeda Ulloa también ha adver-tido sobre el “manejo ligero” de muchos conceptos alrededor de los problemas nacionales –entre ellos, el de “guerra civil”.6 Y el mismo presidente de la república, Andrés Pastrana, ha intentado hacer precisiones cuando en una intervención reciente observó que en nuestro país no existe una guerra civil sino “una guerra contra la sociedad civil”.7 ¿Simple juego de palabras? Así lo

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consideran algunos. El periodista español Miguel Angel Bastenier criticaba con sarcasmo el que en un seminario en Cartagena se hubiese discutido “si el conflicto era o no una guerra civil, dándole con pasión a las palabras un contenido taumatúrgico, como si a través de ellas la contienda fuera una u otra y, por tanto, más o menos grave. Realismo mágico, en la mejor línea de Macondo”.8 Para analistas como Bastenier, la precisión conceptual no tendría, al parecer, mayor significado. Según sus palabras, en Colombia “reina una guerra muy real que libra un revoltijo de movimientos guerrilleros…contra el precario Estado”. Bastenier reconoce que en algunas de sus manifestaciones se trata de un conflicto “peculiar”. Pero de todas formas estaríamos “ante una guerra de lo más civil”, cuyo “pavoroso contexto” que tiende a complicarse la volvería “aún más una atroz guerra incivil”.

¿Guerra civil? ¿Guerra contra los civiles? ¿Guerra incivil? No se trata de una discusión semántica. Ni tampoco de un debate teórico y abstracto. La claridad de conceptos en el caso que nos ocupa es de interés más que todo por profundas razones prácticas. Interesa, en primer lugar, al mismo camino esco-gido domésticamente para lograr la paz. Cualquier concepto que se seleccione estaría definiendo la naturaleza del conflicto y condicionando así la gama de posibilidades para enfrentar su solución. Interesa, en segundo lugar, a las rela-ciones formales entre el país y el mundo externo. La aplicación del derecho internacional ha estado tradicionalmente determinada por la forma en que se clasifique el conflicto. E interesa, finalmente, a las relaciones informales con la llamada comunidad internacional. La opinión pública ha adquirido un papel cada vez más predominante en una política internacional donde la agenda intervencionista, motivada en sentimientos “humanitarios”, amenaza con desplazar al principio de la soberanía. En este contexto, las percepciones que se tengan en el exterior sobre el conflicto podrían influir en la toma de decisiones muy significativas –desde los niveles y orientaciones de la ayuda internacional hasta una posible intervención armada.

Este ensayo tiene el propósito de examinar varios interrogantes alrededor del concepto de “guerra civil” en su aplicación al conflicto en Colombia. El uso indiscriminado de este concepto no sirve para identificar las características de la experiencia colombiana. Si, como bien argumenta Willam Ramírez Tobón, del “diagnóstico oportuno y preciso” del conflicto “depende, en gran parte, su solución”, la apelación al concepto de “guerra civil” no contribuiría entonces a formular con ninguna precisión tal diagnóstico. Se hace necesario, por consi-guiente, un esfuerzo más sistemático por definir el tipo de guerra que se sufre

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¿Guerra civil? ¿Guerra contra los civiles?¿Violencia generalizada?

hoy en Colombia. En la siguiente sección, exploraré brevemente cómo se ha intentado definir, desde distintas disciplinas, la noción de “guerra civil”. Paso seguido, examinaré con más detalle cómo se ha generalizado tal clasificación respecto de la experiencia colombiana, tanto en la prensa como en el mundo académico, e intentaré apreciar sus implicaciones. Y finalmente cuestionaré también la descripción del conflicto como una situación de violencia generali-zada –una variante reciente del concepto de “guerra civil”. El propósito de este ensayo no es ofrecer un concepto alternativo, sino revisar estereotipos. Este debe ser el primer paso para identificar aquellos elementos que nos permitan quizá tener mayor claridad sobre la naturaleza del conflicto en Colombia.

II

La “guerra” es uno de esos conceptos en extremo complejos, difíciles de definir. En sus términos más amplios, según Clausewitz, “la guerra es… un duelo en gran escala”; o “un acto de fuerza para obligar a nuestros enemigos a hacer nuestra voluntad”.9 Sin embargo, desde la perspectiva del derecho y de la política internacional, la guerra ha estado asociada con los conflictos entre Estados.10 Una simple definición de “guerra civil” remitiría entonces a un conflicto interno, dentro de las fronteras de un Estado, en contraposición a una guerra internacional. Este es, en efecto, el uso general del término.

Así se le entendió entre nosotros en el siglo diecinueve, aunque la expre-sión “guerra civil” se utilizaba con frecuencia indiscriminadamente al lado de otras como “revolución”. Juan Espinosa, en su Diccionario para el pueblo, publicado en 1855, enumera algunas de las características asociadas con tales conflictos en la América Latina: “en las guerras civiles, políticas o religiosas, se enardecen más que en las de nación a nación las pasiones iracundas del hombre”.11 En tales conflictos “el hermano combate contra el hermano y el hijo contra el padre”. Existe en ellos “el empeño de someter indefinidamente a los otros, con la irritación de no poder conseguirlo plenamente, pues que las fuerzas se contrabalancean, los enemigos no se separan, son habitantes de un mismo territorio y se transmiten unos a otros sus no satisfechos odios y venganzas. Son hijos de una misma madre y se desgarran delante de ella, sin respeto alguno”.12 Obsérvense los elementos identificados por Espinosa: las partes en conflicto pertenecen a una misma comunidad política, existe cierto balance entre las fuerzas en disputa, y un alto nivel de confrontación que determina conductas extraordinariamente brutales.

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Elementos de esta definición común de “guerra civil” estuvieron presentes entre los tempranos tratadistas de derecho internacional interesados en el tema, aunque en ellos el Estado, como parte integral del conflicto, era referencia obli-gada. Emmerich de Vattel, en su obra clásica publicada originalmente en 1758, observó que “la costumbre aplica el nombre de guerra civil a toda guerra entre miembros de una misma sociedad política”. Pero paso seguido añadía: “si la guerra es entre un cuerpo de ciudadanos de un lado y el soberano y quienes les son leales del otro, nada más se necesita para que la insurrección adquiera el título de guerra civil… sino que los insurgentes tengan una causa para levan-tarse en armas”.13 De Vattel no sólo favorecía así una muy amplia definición de “guerra civil”, sino que iba más allá. Tales conflictos daban lugar, dentro de una misma “Nación”, al surgimiento de dos partidos que, por sus visiones opuestas sobre la justicia de sus respectivos actos, deberían ser considerados por las leyes de la guerra como “dos cuerpos políticos separados, dos distintas Naciones”.14 Así, según de Vattel, la distinción conceptual dejaba de tener sentido: toda guerra civil debería ser tratada como cualquier otra guerra internacional –una visión hoy en boga entre algunos círculos. Sin embargo, de Vattel reconocía de todas formas que tan amplio concepto de “guerra civil” encerraba ciertos elementos sobre la intensidad o la dimensión del conflicto. Sus referencias a la existencia de la división de la República en dos partes opuestas, “cada uno con demandas de ser el cuerpo del Estado”, o al rompimiento del Estado que conduce a una “guerra pública entre dos Naciones diferentes”, así lo sugerirían.15

En efecto, el derecho internacional distinguió tradicionalmente los varios niveles de un conflicto interno determinado, sobre todo con los fines de extender el radio de aplicación de las leyes de la guerra a la conducta de dichos conflictos, y de definir las relaciones jurídicas entre terceros Estados y las diversas partes en conflicto. En esta disciplina, la expresión “guerra civil” se ha usado también en su sentido general. Alude, según Castren, a la existencia de “un conflicto armado entre dos órganos opuestos del Estado o de grupos de población dentro de un Estado”; o a un conflicto interno “de naturaleza seria que ha adquirido considerables proporciones tanto en el tiempo como en el espacio”.16 Tal defi-nición general no es, sin embargo, suficiente. No todo conflicto interno puede entenderse como una “guerra civil”. Y más aún, no toda “guerra civil” estaría sujeta a las mismas regulaciones del derecho internacional. Interesa, pues, apre-ciar con alguna precisión los niveles y la dimensión de los conflictos.

En particular, la doctrina distinguía tres etapas hacia la calificación de una “guerra civil”: rebelión, insurgencia y beligerancia. Estas etapas se diferen-

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ciarían según la intensidad del conflicto y de ellas se desprenderían distintas consecuencias respecto de la esfera de aplicación del derecho. La rebelión, que incorporaría actos como el tumulto o la asonada, aludiría a enfrenta-mientos esporádicos contra las fuerzas del Estado. Sólo cuando la rebelión armada adquiriese caracteres “graves”, ésta se convertiría en “insurgencia” –es decir, según Castren, en aquellos casos donde el gobierno establecido fuese incapaz de “mantener el orden público y ejercer la autoridad sobre todas las partes del territorio nacional”.17 La insurgencia sería el paso intermedio hacia la beligerancia –el status final que le daría a la “guerra civil” las conno-taciones de una guerra internacional para los efectos de la aplicación de las leyes de la guerra. Esta distinción entre rebelión, insurgencia y beligerancia no resolvía el problema de la ambigüedad en las definiciones. Nunca fue fácil distinguir entre “insurgencia” y “beligerancia”.18 Su aplicación práctica ha sido, en efecto, más bien escasa desde la guerra civil de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX.19 Así que la concepción tradicional de “guerra civil” –como un “tipo de conflicto donde los insurgentes han sido reconocidos como beligerantes”–, fue gradualmente abandonado por los tratadistas de derecho internacional.20 De acuerdo con Ingrid Detter, la expresión “guerra civil” todavía denota “la necesidad de las reglas elaboradas para el reconocimiento (de beligerancia), sobre claras consolidaciones y otras características que no están siempre presentes en los conflictos modernos”.21

En vista de tales dificultades, autores como Richard Falk han abogado por un marco de referencia normativo más adecuado que no sólo sea aceptable a los gobiernos, sino que también sirva para “promover políticas dirigidas a mini-mizar la violencia en los conflictos, ensalzar la dignidad humana y promover la auto-determinación nacional”.22 Para estos propósitos, Falk sugería clasi-ficar los diferentes tipos de guerras civiles e identificar los temas para el orden mundial que surgirían de sus distintas características. Falk propuso, en parti-cular, cinco categorías: 1) guerra civil estándar; 2) guerra de hegemonía; 3) guerra de autonomía; 4) guerra de secesión; y 5) guerra de reunión. Otras guerras podían tener alguna combinación de los elementos descritos en estas cinco categorías. Con la excepción de la “guerra civil estándar”, la clasifi-cación de Falk subrayaba también la dificultad de distinguir con nitidez el conflicto interno del internacional. Mientras que las “guerras de hegemonía” involucraban la participación de terceros Estados, las otras tres de alguna manera proyectaban la eventual disputa entre Estados –en la medida en que los conflictos buscaran con éxito luchar contra un poder colonial o reafirmar

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el principio de autodeterminación nacional. (Más adelante me referiré a esta clasificación en su relación con la experiencia colombiana).

En la discusión sobre los conflictos internos que pareció intensificarse en la década de 1970, sobre todo alrededor de las conferencias de Ginebra, un tipo de “guerra civil” adquirió status independiente: las guerras de “liberación nacional”.23 Estas fueron incorporadas en el artículo 1(4) del Protocolo I de 1977, el que se refirió a los “armed conflicts in which people are fighting against colonial and alien dominion, and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination” –las luchas de los llamados movimientos de liberación nacional.24

Tales guerras dejaban de ser así estrictamente “civiles” y quedaban equi-paradas, para efecto de la aplicación de las leyes de la guerra, a los conflictos internacionales. El espectro del artículo 1(4), como lo ha observado Heather A. Wilson, es muy limitado. Algunas de sus expresiones fueron incorporadas teniendo en mente conflictos muy específicos: en Sur África, en Israel o en las entonces colonias de Portugal.25 En el derecho internacional, por consi-guiente, la concepción clásica de “guerra civil” –que implicaba el recono-cimiento de beligerancia–, fue abandonada por las dificultades ya anotadas. En su lugar, se habla hoy de “conflicto armado de carácter no internacional”, para los cuales las respectivas convenciones de Ginebra tendrían aplicación inmediata. Según Dietrich Schindler, el derecho internacional distingue hoy cuatro tipos de conflictos: 1) los conflictos armados internacionales; 2) las guerras de liberación nacional; 3) los conflictos armados no internacionales de acuerdo con el artículo 3 de la convención de Ginebra; y 4) los conflictos armados no internacionales de acuerdo con el Protocolo II de 1977.26 Aunque esta clasificación se considera más útil para el fin de buscar la aplicación de normas humanitarias mínimas, sin necesidad del intrincado proceso del reco-nocimiento de beligerancia, los problemas conceptuales no han desaparecido. La distinción entre conflictos armados internacionales y no-internacionales es con frecuencia ambigua. Y la diversidad de conflictos armados no-internacio-nales es tal que la sola clasificación nos dice muy poco sobre la naturaleza de los distintos conflictos.

En otras disciplinas distintas del derecho internacional, el concepto de “guerra civil” se usa con frecuencia sin mayores elaboraciones, para refe-rirse en general a los más diversos conflictos internos. Entre economistas, por ejemplo, las “guerras civiles” se definen como “an internal conflict with at least one thousand battle-related deaths”.27 Con base en este criterio, Paul Collier y

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Anke Hoeffler clasifican 73 conflictos en distintas regiones del mundo, entre 1965-99, como “guerras civiles”. Entre los estudiosos de relaciones interna-cionales también parece dominar la tendencia a usar el concepto de “guerra civil” en su más amplia acepción. Charles King reconoce las dificultades de definir qué es una “guerra civil”. Cualquier definición, según King, depende de criterios arbitrarios en un área donde además “no civil war today is ever wholly internal”. Su cautela no le impide clasificar alrededor de 40 “conflictos internos” sin resolución en 1997 como “guerras civiles”.28 En un ejercicio similar, David Keen identifica medio centenar de “guerras civiles” entre 1994 y 1998. Dentro de estas clasificaciones generales, quedan así equiparados conflictos tan disímiles como los que se viven en Sudán, Chechenya, Irlanda del Norte y Colombia. No es muy difícil apreciar las dificultades inherentes en aplicar en forma tan laxa la categoría de “guerra civil”, ya se trate de entender la naturaleza de un conflicto determinado, o de buscar soluciones a los respec-tivos conflictos. Sin negar que pueden existir elementos comunes, clasificar al Reino Unido y a Ruanda como países que sufren “guerras civiles” no pare-cería ser de gran utilidad analítica.

Esfuerzos recientes por aproximarse al concepto de “guerra civil” no parecen ser tampoco muy afortunados. Las “guerras civiles”, según Peter Waldmann, han perdido su “carácter clásico”; es decir, ya no replicarían el modelo de guerras internacionales que tenían como referencia al Estado. En su lugar, las “guerras civiles” habrían adquirido “una nueva calidad ‘pre’ o ‘paraestatal’”.29 Waldmann sugiere una “nueva definición de la función de las guerras civiles que las entiende ya no sólo como contribución a la formación del Estado, sino también como causa de transformación o descomposición del mismo”. La premisa central de su análisis es el supuesto según el cual el Estado habría dejado de ser un “ordenamiento de referencia básica”. Wald-mann, al igual que muchos otros, no cree que pueda establecerse “una oposi-ción auténtica entre guerra nacional y guerra internacional”. Reconoce sí “el peligro de hacer demasiado extensivo el espectro de los fenómenos que pueden clasificarse de ‘guerra civil’”, pero insiste en su uso general: “no existe …un prototipo de guerra civil”, sino que el concepto abarcaría una amplia gama de “posibles formas y estilos”.30 Más adelante examinaré algunos de los errores y problemas en abandonar al Estado como punto de referencia. Por lo pronto, es suficiente señalar que el intento de Waldmann de aproximarse a “un concepto difícil de formular” –la “guerra civil”–, me parece francamente fallido. Antes de aclarar, confunde.

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Cualquier intento de definir la “guerra civil” se diluye en ambigüe-dades. Pero quizá nadie recientemente ha expandido más el concepto de “guerra civil” que el poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger. La “guerra civil”, según Enzensberger, no es sólo “una costumbre antigua, sino la forma primaria de todo conflicto colectivo”.31 Hasta el día de hoy, observa, “no existe una teoría útil sobre la guerra civil”. Sus planteamientos no logran llenar tal vacío. Enzensberger enumera algunas de las guerra civiles “clásicas”: la guerra de 30 años en Alemania; las guerras civiles en los Estados Unidos y en España; la guerra entre blancos y rojos en Rusia. Y contrasta las distintas características entre las guerras internacionales y las guerras civiles del pasado. El panorama actual es sustancialmente diferente. Mientras que antes, según Enzensberger, las guerras civiles desembocaban en el surgimiento del imperio de la ley, “es dudoso que las guerras civiles de hoy tengan un resultado similar”. Las “guerras civiles” de hoy no tienen objetivo definido, ni plan, ni estrategia; todo es “plunder, death and destruction”.32 La novedad de las actuales guerras civiles está precisamente que “they are waged without stakes on either side, that they are wars about nothing at all”.33 Estos conflictos no serían exclusivos del Tercer Mundo. “La verdad”, observa Enzensberger, “es que desde hace tiempo la guerra civil se trasladó a las metrópolis”. Según él las guerras civiles –que el llama “guerras moleculares”–, viven también en el seno de las sociedades industralizadas; siempre comienzan en una minoría y, como los eventos en Los Angeles lo mostrarían, “they can escalate at any time to epidemic proportions”.34 En últimas, su concepto de “guerra civil” se confunde con las diversas formas de violencia y criminalidad del mundo contemporáneo.35 Otros análisis recientes sobre la violencia, como el de John Keane, siguen de cerca los planteamientos de Enzensberger.36

En resumen, el concepto de “guerra civil” se ha movido entre dos polos: de un lado, en su expresión más simple, se le ha entendido, en contraposición a una guerra entre Estados, como el conflicto de dos bandos en el seno de un mismo Estado; y del otro, se le tiende a identificar, sobre todo recientemente, con cualquier manifestación de conflicto violento. Han sido quizá los tratadistas de derecho internacional quienes más se han esforzado por darle mayores preci-siones al concepto. En esta disciplina, la “guerra civil” alcanzó a definirse como aquel conflicto interno en el que los insurgentes adquirían el status de belige-rancia. Obsérvese, sin embargo, la paradoja: al adquirir el conflicto status de “guerra civil”, éste dejaba de ser “civil” para efectos de las leyes de la guerra, las que se aplicarían como si se tratase de una guerra entre naciones. Los recientes

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intentos de ampliar el concepto de “guerra civil” a casi todas las formas de conflictos tendrían el efecto similar de “internacionalizar” tales conflictos, en la medida en que suponen que los Estados han dejado de ser puntos de referencia. En cualquier caso, estamos frente a un concepto que, por su extendida ambi-güedad, contribuye muy poco al entendimiento de las características propias de los diversos conflictos internos que se viven hoy en distintas regiones del mundo. Como lo intentaré mostrar en las líneas que siguen, la creciente clasifi-cación del conflicto interno colombiano como una “guerra civil” es así mismo equívoca, e impide apreciar con claridad la naturaleza misma del conflicto y, por lo tanto, podría entorpecer la búsqueda de soluciones.

III

“América se embarcó en una política de exquisita locura: financiar a ambas partes de la guerra civil colombiana”, escribió Mark Danner en el New York Review of Books. Danner es apenas un comentarista más que acepta sin reparos el concepto de “guerra civil”. The New York Times nos habla de “la larga y asesina guerra civil en Colombia”. El influyente columnista George Will advierte a sus lectores en The Washington Post sobre los riesgos de la participación de los Estados Unidos en “la guerra civil colombiana”. Jorge Castañeda, prestigioso intelectual, hoy Ministro de Relaciones Exteriores de México, también ha clasificado el conflicto colombiano como guerra civil en sus columnas de prensa. Incluso The Economist, casi siempre muy cauteloso en el reconocimiento de las complejidades colombianas, se ha referido ocasio-nalmente a la “guerra civil”.37

Tal categoría es con frecuencia utilizada en un sentido general y simple, aunque de por sí contiene implícitamente unos fuertes elementos descriptivos: la noción de una confrontación doméstica y fraticida entre bandos opuestos de colombianos. Pero también con frecuencia las referencias a la guerra civil vienen acompañadas de otras calificaciones relacionadas. “Larga”, nos ha dicho The New York Times. En otras ocasiones se intentan mayores preci-siones respecto de su duración: “36 años de guerra civil”, dice The Sunday Telegraph; 40 años, según The Daily Telegraph.38 Los intentos de precisar suelen presentar un panorama más bien confuso con lo que la misma noción de “guerra civil” quedaría en entredicho. Según George Will, la guerra civil colombiana sería “un sancocho, cocinado por largo tiempo, de conflicto de clases, guerra ideológica y vendettas étnicas”.39

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A ratos lo que está en discusión no es el que se trate o no de una guerra civil sino su duración. El periodista Tad Szulc ha criticado la ignorancia que refleja la prensa norteamericana sobre la historia de Colombia porque “le dicen al lector que la guerra civil en ese país apenas tiene 40 años de vida”. Según Szulc, la colombiana sería “la guerra civil más larga y más brutal del hemisferio occidental, que se prolongó intermitentemente durante 160 años”.40 La Guerra de los Supremos habría sellado desde 1839 la suerte de los colom-bianos. Desde entonces “estas guerras nunca terminaron”. Szulc sólo ve una línea continua desde tales inicios que pasó por el “momento clave” de los “disturbios salvajes” en Bogotá en 1948: “la guerra civil –la violencia– siguió después… y condujo a golpes militares, (y) al restablecimiento de una demo-cracia formal”. Para Szulc esta “democracia formal” no tiene gran significado: “hoy, lo que queda de democracia está hecho trizas”.

La noción de “guerra civil” ha tenido también acogida en círculos acadé-micos. El concepto ha sido llevado a sus extremos por el historiador alemán Tomás Fischer, quien se ha referido a “la constante guerra civil en Colombia”. Según Fischer, el país habría vivido en guerra civil casi desde siempre, como “consecuencia del incompleto proceso de formación de la nación”.41 Fischer reconoce que muchos de los elementos del conflicto colombiano actual no corresponderían “con la idea que uno tiene de una guerra civil convencional”. Sin embargo, insiste en clasificarlo como una “guerra civil” determinada “a través de los numerosos y simultáneos conflictos armados” que sufren los colombianos. Estos serían de tres tipos: unos sociopolíticos, “engendrados principalmente en el interior”; otros, con un “componente social darwinista”, entre “los marginados urbanos y los mestizos blancos de las clases altas”; y, finalmente, los protagonizados entre el crimen organizado con intereses comerciales y el Estado. Fischer acoge sin cuestionamientos el lugar común según el cual sólo un 15% de la violencia colombiana tendría motivaciones políticas, mientras que el resto estaría más bien relacionado con una violencia generalizada. (Más adelante discuto la validez de estas cifras). La “guerra civil” colombiana se definiría así más que todo por los conflictos de origen social. Más aún, según Fischer, “el problema real de Colombia no son la guerrilla ni la mafia ni los paramilitares ni la delincuencia cotidiana, sino la estructura que los engendra”.42 En últimas, la constante “guerra civil” colom-biana se explicaría por “el fallido proceso de creación de la nación”.43

Tal vez el ensayo más reciente en el que se examina el concepto de “guerra civil” en su aplicación a la experiencia colombiana es el ya citado de William

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Ramírez Tobón. A diferencia de Fischer, sin embargo, Ramírez Tobón pare-cería apartarse de la noción de una guerra civil continua desde el siglo XIX y sugiere más bien que estamos frente a un fenómeno novedoso. ¿En qué se diferenciaría específicamente el actual conflicto de los conflictos pasados? Ramírez Tobón no ofrece al respecto una respuesta sistemática, pero describe los elementos que según él indicarían que el conflicto colombiano clasificaría hoy como una “guerra civil”. En primer lugar, se ha producido una ampliación del círculo de actores colectivos violentos donde “el Estado no es ya el único punto de referencia”, haciéndole eco quizá a las ideas de Meter Waldmann. Adicionalmente, la población civil se ha vuelto “rehén de las violentas lógicas de adscripción partidaria de organizaciones armadas”. Otro “rasgo propio” de la guerra civil colombiana sería el “equilibrio de fuerzas… ya que ninguno de los bandos domina ni puede dominar inequívocamente”. Según Ramírez Tobón, “la guerra es ‘civil’ no porque la gran mayoría de la población se alin-dere según identificaciones con los antagonistas, sino porque los ciudadanos son insumos forzosos para la sostenibilidad de la lucha en aspectos cada vez más amplios de lo económico, lo social y lo político”. En suma, la guerra es “civil porque termina por comprometer la materialidad misma de la nación: geografía, individuos, bienes tangibles e intangibles…”.44

Hasta aquí, pues, he presentado un breve sumario de varias interpretaciones del conflicto colombiano que, desde la prensa y la academia, parecerían iden-tificarse con las categóricas palabras de Pierre Gilhodes: “el conflicto colom-biano, a pesar de las opiniones contrarias, lo califico como “guerra civil”.45 ¿Se ajusta la naturaleza del conflicto colombiano a este concepto en sus diversas acepciones? Desde una perspectiva general, puede decirse sí que el conflicto es “civil”, en la medida en que no se trata de una guerra internacional –entre diferentes Estados. Algunos argumentarán que el conflicto se ha “internaciona-lizado”. La ayuda norteamericana a las Fuerzas Armadas, estipulada en el Plan Colombia; la expansión de las confrontaciones en las fronteras vecinas, como Venezuela y Ecuador; y los mismos componentes transnacionales del tráfico de drogas se darían tal vez como ejemplos en los intentos de caracterizar la guerra como “internacional”. Tal caracterización, sin embargo, sería inadecuada. Las ayudas militares entre Estados no convierten necesariamente un conflicto en internacional. Las “guerras civiles” pueden tener efectos externos; pero éstos tampoco las convierten por definición en guerras entre Estados. Similarmente, la presencia de elementos transnacionales en el crimen organizado no puede conceptualmente confundirse con una guerra internacional.

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Bajo la distinción clásica “guerra civil” e “internacional”, en su uso común y general, no debería entonces haber problemas en aceptar la clasi-ficación del conflicto, en sus fundamentos, como “civil”: éste se origina y desarrolla primordialmente dentro de las fronteras del Estado colombiano; sus protagonistas son nacionales de un mismo Estado. Sin embargo, más allá de esta caracterización general – “guerra civil” en el sentido de doméstica, interna, en el seno de un Estado nacional–, tal conceptualización es equívoca, inadecuada y sirve muy poco para un entendimiento más preciso de la natu-raleza del conflicto en Colombia. Un breve examen a la tipología básica de guerras civiles ofrecida por Richard Falk puede ser ilustrativa.

Cuatro de las cinco formas de guerras civiles descritas por Falk pueden ser descartadas sin mayores esfuerzos al intentar aplicarlas a la experiencia colombiana. Esta no es una “guerra de secesión”. Los grupos armados que luchan contra el Estado colombiano no tienen como objetivo formar un Estado independiente en un territorio fragmentado de la actual geografía del país. Como lo subrayó Hernando Gómez Buendía, “no existe ningún documento o declaración de las Farc o del Eln donde se hable de partir el territorio”.46 Por si hubiere dudas, en la “Agenda común”, acordada por el Gobierno y las Farc, se estipuló expresamente que en la búsqueda de la solución polí-tica al conflicto se conservaría la “unidad nacional”.47 Tampoco estaríamos frente a una “guerra de autonomía” en la que, según Falk, “un Gobierno A es el agente del gobierno extranjero C (localizado en el Estado W) y está en lucha con el Contragobierno B por el control del Estado X.”.48 Esta sería la clásica confrontación anti-colonial, donde se estaría luchando por el principio de auto-determinación nacional. Mucho menos podría clasificarse el conflicto colombiano como “guerra de reunión”, aquella en que “un Gobierno A en un Estado X busca ganar control sobre los negocios del Estado Y con el fin que X y Y formen un solo Estado”.49 Finalmente, la experiencia colombiana tampoco podría clasificarse como una “guerra de hegemonía”, en la que el “Gobierno A del Estado X impone a la fuerza su voluntad sobre el Gobierno B en el Estado Y a través de su apoyo u oposición a una elite dependiente en Y” –los conflictos tal vez típicos de la Guerra Fría.

Faltaría por examinar la primera de las cinco variedades identificadas por Falk: la “guerra civil estándar”, aquella en que el “Gobierno A se enfrenta al Contragobierno B en su lucha por ganar el control del Estado X”. Mientras que las anteriores parecen estar definidas por sus intenciones y motivos (sece-sión, autodeterminación, reunión), o por un nivel particular de interferencia de

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terceros Estados (hegemonía), o por sus efectos en la eventual formación de nuevos Estados, la “guerra civil estándar” de Falk estaría confinada a las fron-teras de un mismo Estado, tanto en su desarrollo como en su impacto sobre el territorio del Estado. Hasta cierto punto, por ser la noción más básica de la “guerra civil” se acercaría más a la concepción clásica del derecho interna-cional. Es también la más ambigua. Tradicionalmente, el derecho internacional creyó poder solucionar las dificultades de tal concepción distinguiendo los niveles de intensidad del conflicto: rebelión, insurgencia, y beligerancia –sólo en éste último estaríamos hablando propiamente de “guerra civil”. De cual-quier manera, ya hemos visto cómo esta disciplina abandonó el concepto en su propósito de encontrar vías más expeditas para aplicar las leyes de la guerra en los conflictos internos, dadas las enormes dificultades para establecer cuándo las confrontaciones domésticas de un Estado adquirían las dimensiones de una “guerra civil”. Pero incluso si no se acepta el anacronismo de la categoría, existen buenas razones para argumentar que el conflicto colombiano tampoco se podría clasificar bajo el “status” de beligerancia.50

Si bien la noción de “guerra civil” no es hoy en sentido estricto un concepto del derecho internacional, podrían retenerse algunos elementos que sirvieron tradicionalmente para intentar definirla en dicha disciplina. Sobresalen allí la seria división en el seno de una comunidad, la existencia de autoridades contrapuestas alrededor de tal división, y la intensidad del conflicto armado. El ejemplo “clásico” es el de la guerra civil de los Estados Unidos –por lo demás uno de los pocos conflictos donde se ha conferido explícitamente el reconocimiento de beligerancia.51 Otro caso que se acercaría al modelo clásico sería el de la guerra civil española.52 Sobre la base de estas experiencias, sociólogos como Fernando Uricoechea caracterizan las guerras civiles “por la división masiva y colectiva de toda una nación en dos bandos que abrigan dos concepciones contrastantes de lo que es deseable considerar como modelo de sociedad”; tal división motivaría, a su turno, una movilización armada masiva de los respectivos bandos. Como bien lo señala Uricoechea, “ese no es… el caso colombiano”. Antes de hablar de fragmentación de la comunidad en bandos contrarios, sería más apropiado referirse, según Uricoechea, a una nación “asediada por aparatos armados que la inmensa mayoría rechaza”.53

De manera similar, Eduardo Pizarro Leongómez y Hernando Gómez Buendía contrastan el caso colombiano con otras experiencias recientes donde sí podría hablarse de “guerra civil”: en El Salvador, Ruanda o la antigua Yugoslavia.54

Como lo ha señalado Pizarro Leongómez, “ni la guerrilla ni los paramilitares

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representan algún conglomerado social de significado”, aunque puedan tener algunas bases sociales de apoyo dispersas a nivel local.55 El lenguaje coloquial habla de la polarización del país. Pero sus manifestaciones públicas –a través del voto, las marchas contra los violentos, los escritos en prensa, las comunica-ciones de académicos e intelectuales, o las posiciones adoptadas por amplios sectores de la dirigencia política y empresarial–, demuestran más bien una sociedad predominantemente opuesta al recurso de la violencia, más aún una ciudadanía que en su inmensa mayoría no se identifica ni confía en ninguna de las organizaciones armadas ilegales que propician el conflicto.56

Más equívoca y falsa aún sería entonces la noción de “guerra civil inter-mitente” o “constante” desde la independencia, como lo han sugerido el perio-dista Tad Szulc y el historiador Tomas Fischer, respectivamente.57 Es cierto que Colombia sufrió varias “guerras civiles” de significado nacional durante el siglo XIX, y un período de graves conflictos internos que se conocen como la Violencia a mediados del siglo XX, antes del espiral de violencia que volvió a afectar seriamente al país desde comienzos de la década de 1980. No se pueden establecer, sin embargo, líneas nítidas de continuidad entre los diversos períodos de conflicto en esos casi dos siglos de existencia republicana. Las “guerras civiles” del siglo diecinueve obedecieron a muy diversos motivos (la escasa literatura sobre las mismas no permitiría además tener mayores precisiones sobre su naturaleza).58 Entre guerra y guerra hubo casi siempre períodos de relativa tranquilidad. Más aún, entre el último conflicto decimo-nónico –la Guerra de los Mil Días (1899-1902)– y la Violencia transcurrieron unas cuatro largas décadas de paz, de enorme significado –un período tal vez no suficientemente valorado para la cultura política nacional.

Tampoco es cierto que entre el fin de la llamada Violencia clásica (mediados de la década de 1960) y la ola de violencia más reciente pueda trazarse otra clara línea de continuidad, como si se tratase del mismo conflicto, tanto en sus orígenes como en su desarrollo. Daniel Pécaut ha venido insis-tiendo precisamente en la necesidad de apreciar las significativas diferencias entre la violencia de hoy y la del pasado. Según Pécaut, los elementos violentos que acarreó la narcoeconomía son centrales a cualquier intento de entender el conflicto colombiano. El terrorismo propiciado por los carteles de la droga en la década de 1980 no tenía precedentes en la historia del país: “for the first time an armed group undertook violence that was deliberately intended to destabilize the state itself”.59 El narcotráfico “significó una transformación salvaje de la sociedad”.60 Y la narcoeconomía ha sido el factor que posiblemente ha influido

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más en la transformación del conflicto armado. Este no se puede desvincular “de los inmensos recursos financieros que manejan los sectores ilegales, y de la combinación de cooperación y de enfrentamiento entre estos actores ilegales”.61 Por éstas y otras razones, Pécaut concluye que “nada entonces más lejano de este enfrentamiento armado, que de la anterior violencia”.62

IV

Si no es una “guerra civil”, ¿cómo describir entonces el conflicto colom-biano? Muchas de las respuestas alternativas a la noción de “guerra civil” tampoco ayudan a hacer mayor claridad sobre la naturaleza de la confronta-ción. “Más que una guerra civil generalizada”, ha observado Eduardo Pizarro Leongómez, “lo que existe es una completa y desgarradora geografía de la violencia”.63 Esta es, en efecto, una de las descripciones más frecuentes del problema colombiano: bajo esta interpretación, el país estaría sufriendo ante todo las consecuencias de altísimos niveles de violencia “común” que tendrían poca relación con el conflicto armado con los grupos guerrilleros. Recuérdese que esta forma de violencia general es la que recibe el nombre de “guerra civil” por el poeta alemán Enzensberger. Es lo que se popularizó como la “multiplicidad de formas de violencia”, con la publicación del diagnóstico de la Comisión de Estudios sobre la Violencia en 1987. Desde entonces ésta ha sido también la interpretación dominante en amplios círculos del Estado colombiano.

Bajo la actual administración del Presidente Andrés Pastrana, el discurso oficial ha tendido en su conjunto a describir el conflicto colombiano en los anteriores términos, aunque no ha sido a ratos consistente. En varias ocasiones la retórica del gobierno ha reconocido que el país está en “guerra”. ¿Qué tipo de guerra? La respuesta, en los discursos del gobierno, varía. En la intro-ducción a uno de los volúmenes sobre el proceso de paz, el entonces Alto Comisionado del gobierno se refirió a las “cinco décadas de guerra civil”.64

Esta referencia es, no obstante, excepcional. En otra ocasión, el 22 de octubre de 1998, el Presidente Pastrana expresó que el país padecía “dos guerras níti-damente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios”.65 Y en respuesta a quienes calificaron el conflicto como una “guerra civil”, el Presidente Pastrana expresó que en el país no había una guerra civil sino una

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“guerra contra los civiles”. Con todo, la expresión “guerra” no es muy común en el discurso del gobierno. Quizá las más utilizadas, a tono con el derecho internacional, son “conflicto interno” o “conflicto armado”. En efecto, el gobierno reconoció explícitamente, por medio de una resolución oficial, tanto el “carácter político” de uno de los grupos insurgentes como la existencia misma del “conflicto armado”.66 Al expresar los propósitos de la política de paz, el lenguaje gubernamental plantea, sin embargo, la ambición de combatir un conflicto más amplio. El Presidente y sus representantes han insistido que las negociaciones con la insurgencia no se limitan “a buscar el fin de la confrontación armada”, sino a transformar las estructuras que supuesta-mente imposibilitan la convivencia pacífica de los ciudadanos. Implícita y explícitamente se sugiere en la retórica oficial la existencia de una cultura de la violencia compartida por toda la nación, de allí que la propuesta última del proceso de paz sea también la de un “proyecto pedagógico para entronizar entre nosotros la cultura de la paz”.

Sería necesario advertir que el discurso oficial contiene diversos matices y, en cualquier caso, debe interpretarse en el contexto de un proceso de nego-ciaciones en el que los representantes del Estado se ven obligados, por la misma dinámica del proceso, a hacer concesiones en la retórica.67 Es posible, sin embargo, que el gobierno simplemente le esté haciendo eco al diagnós-tico quizá más difundido del problema colombiano: el de estar sufriendo una situación de violencia generalizada. Esta visión del problema colombiano se ha interiorizado profundamente en un lenguaje dominante que no distingue entre víctimas y victimarios. El uso del “nosotros” para hacer referencia a los criminales pasa con frecuencia inadvertido. Como cuando el premio Nobel Gabriel García Márquez, al proponerle al entonces candidato Andrés Pastrana una “educación para la paz”, se refirió a “los escombros de un país enardecido donde nos levantamos para seguir matándonos los unos a los otros”.68 (El subrayado es mío). Este lenguaje, que criminaliza en últimas a la nación, es compartido por altos representantes del Estado y dirigentes políticos de todos los colores políticos.69

El diagnóstico de la violencia generalizada encontró respaldo estadístico en unas cifras que hicieron carrera y que hoy se repiten sin mayores cuestio-namientos. En 1987, el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia sugirió que el conflicto armado sólo era responsable de un bajo porcentaje de los homicidios en el país. “Mucho más que los del monte” –se dijo allí, en una frase que se popularizaría–, “las violencias que nos están matando son las de

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la calle”.70 Años más tarde, bajo la administración Gaviria en 1993, la idea se repetía en un documento de la Presidencia de la República: “la mayoría de los homicidios (cerca del 80%) hacen parte de una violencia cotidiana entre ciudadanos, no directamente relacionada con organizaciones criminales”.71

Más recientemente, Eduardo Pizarro Leongómez también ha insistido en el diagnóstico: “la violencia política produce entre el 10% y el 15% de los homi-cidios… El otro 80% o 90% …es producido por otra multiplicidad de formas de violencia”.72 La idea se encuentra muy arraigada en círculos académicos, políticos y hasta empresariales. Según Nicanor Restrepo, “los asesinatos y homicidios en Colombia, provenientes directamente del conflicto insurgente, se estiman en sólo el 13% del total”.73 Fabio Valencia Cossio también se ha acogido a este diagnóstico: mientras según él la subversión “produce entre el 15 y el 20 por ciento de la violencia del país”, el resto “deriva de problemas estructurales: el narcotráfico, la desigualdad social, la acumulación de riqueza, la delincuencia común, la falta de oportunidades”.74 Estas citas son delibera-damente repetitivas con el fin de subrayar el punto: en amplios sectores de la opinión pública nacional se ha aceptado que el problema colombiano se origina mayoritariamente en un comportamiento de violencia ciudadana gene-ralizada, ajeno al conflicto armado, una idea que, no debe extrañar, la repiten los medios de información extranjeros.75

Tal diagnóstico ha sido seriamente cuestionado en recientes investiga-ciones, en particular, por Mauricio Rubio. Según Rubio, la interpretación dominante ha subvalorado la responsabilidad de las organizaciones armadas ilegales en las altas tasas de homicidio del país, al tiempo de haberle cargado casi toda la culpa del problema a “los conflictos cotidianos entre los colom-bianos”. Rubio subraya, ante todo, la debilidad de la evidencia empírica de quienes insisten en afirmar en forma tan “categórica” que sólo un 10-15% de los homicidios del país tendrían origen en el conflicto armado. En efecto, dadas las altas tasas de impunidad y el desconocimiento general que se tiene de la identidad de los homicidas, ¿cómo precisar el número de muertes resultantes de la subversión?76 Más aún, como también lo reconocen otros numerosos investigadores, ¿cómo distinguir hoy la violencia política de otras formas de violencia? En palabras de Daniel Pécaut: “guerrillas… are poli-tical actors, but… how political are they really when they practice protec-tion rackets and kidnappings on a large scale, and even resort to the services of organized crime and hired killers in order to achieve their goals?”77 La información disponible sobre la geografía de la violencia permitiría establecer

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relaciones entre la presencia de grupos armados ilegales y las tasas de homi-cidio. La asociación, como Rubio lo advierte, no es fácil de establecer. Pero sí parece claro que la presencia de organizaciones armadas ilegales tendrían por lo menos dos efectos: afectarían el desempeño de la justicia ordinaria y propagarían tecnologías criminales.78 Otras evidencias le permiten a Rubio sugerir que el grueso de la violencia colombiana no es fruto de la tal supuesta intolerancia ciudadana. Sus conclusiones son cautelosas pero modifican de manera sustancial el arraigado lugar común: “unos pocos, muy pocos crimi-nales y agentes violentos con gran poder, ante los cuales el ciudadano común se siente amenazado, inerme y desprotegido”,79 serían los responsables de un alto porcentaje de los homicidios en Colombia.

Rubio señala la aparente “gran inconsistencia” del diagnóstico oficial: “si, como se ha venido afirmando por tantos años, el grueso de los muertos en el país poco tiene que ver con el conflicto, las prioridades y los esfuerzos en materia de paz deberían estar orientados hacia otros frentes”. El discurso de la “paz integral”, sin embargo, no es inconsistente con el diagnóstico. Hay que volver a advertir el énfasis de la retórica gubernamental. Cuando se habla del objetivo final de la paz, “el silencio de las armas” parece pasar a un nivel secundario. La paz que se está negociando, la “paz de verdad”, según varios dirigentes políticos y la misma guerrilla, se confunde con la solución de los problemas estructurales que estarían supuestamente motivando esa violencia generalizada entre los ciudadanos.

V

El propósito de este ensayo ha sido cuestionar la validez del concepto “guerra civil” en su aplicación al conflicto colombiano. Puede aceptarse que el conflicto es “civil” en la medida en que la confrontación es primordialmente doméstica –entre miembros de un mismo Estado y cuyo escenario es el territorio de dicho Estado–, aunque el conflicto tiene efectos y ramificaciones externas, sobre todo aquellas relacionadas con el problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, más allá de esta acepción general, por su misma ambigüedad, el uso del término “guerra civil” sirve más para confundir que para hacer precisiones sobre la naturaleza del conflicto colombiano. No nos encontramos aquí ante la presencia de una comunidad seriamente dividida entre alternativas de orga-nización social que se defienden a través de la violencia. El problema colom-biano tampoco podría caracterizarse como de violencia generalizada, una de

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las formas más recientes como se han definido las guerras civiles contemporá-neas. Existen sí grupos armados ilegales –guerrilleros, paramilitares, narcotra-ficantes–, cuya capacidad conjunta de disrupción del orden es no solo extraor-dinaria sino que se ha visto incrementada en la última década. No obstante, tales grupos no representan altos porcentajes de la población nacional: la gran mayoría de los ciudadanos no se identifica con ninguno de los grupos armados ilegales que propician la violencia. El masivo rechazo a la “guerra” entre quienes además la sufren como víctimas ha motivado el que algunos autores como Hernando Gómez Buendía expresen que “en Colombia no hay ‘guerra civil’. Lo que hay es una guerra contra los civiles”. Tal descripción, como se ha visto, tuvo eco en el lenguaje gubernamental. También ha tenido acogida en medios internacionales.80 Esta descripción, sin embargo, es incompleta. “En Colombia”, expresó el delegado de las Naciones Unidas, “es la población civil la que pone los muertos”.81 Pero quizá las más de las veces los ataques de los grupos guerrilleros van directamente dirigidos contra los miembros de las Fuerzas Armadas. Similarmente, en los picos de la “guerra” contra los carteles de la droga, los blancos preferidos de la mafia narcotraficante fueron agentes de policía y del Estado –jueces, magistrados, y dirigentes políticos.82

Una narración del conflicto que lo describiera exclusivamente como una “guerra contra los civiles” estaría ignorando, ante todo, el elemento central que lo define: la confrontación entre grupos armados ilegales y el Estado. Así lo definen ciertamente los mismos guerrilleros, aunque con frecuencia las Farc se autoproclaman como “parte del pueblo en armas”. En carta al Presi-dente Pastrana, el 3 de diciembre de 1998, los voceros de las Farc se refe-rían a los “34 años de confrontación armada entre el Estado colombiano y nuestra organización”.83 Y a comienzos del 2000, el jefe de las Farc volvía a definir en términos similares la naturaleza de la “confrontación armada entre las dos fuerzas: Estado e Insurgencia”.84 Esta definición también es incom-pleta y equívoca porque en la confrontación con el Estado hay más de dos fuerzas: los demás grupos guerrilleros, otros grupos delincuenciales cuyos nexos con la guerrilla en acciones como el secuestro se han hecho cada vez más evidentes, los narcotraficantes, y los grupos de autodefensa, o paramili-tares. Estos últimos, según los críticos del Estado colombiano –incluidos por supuesto los guerrilleros–, serían apenas apéndices del mismo Estado. Tan simplista interpretación no sólo desconocería las complejidades del Estado colombiano, sino que sería injusta con los esfuerzos genuinos que ha empren-dido el Estado contra el llamado paramilitarismo.85

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Cualquier esfuerzo para entender el conflicto en Colombia tendría entonces que apreciar la compleja naturaleza del Estado a través de sus dos siglos de vida republicana. Recientes investigaciones sobre el tipo de guerras que se han vuelto comunes en el mundo tras el fin de la Guerra Fría colocan precisamente al Estado en el centro de la discusión, aunque con propósitos y enfoques diversos. “The new wars”, señala Mary Kaldor, “arise in the context of the erosion of the autonomy of the state and in some extreme case the desin-tegration of the state”.86 Bajo un ángulo distinto, Kalevi J. Holsti también ha identificado la naturaleza del Estado como la fuente de las llamadas “guerras del tercer tipo”: “internal wars may escalate or invite external interven-tion, but their primary if not exclusive etiology resides in the fundamental quarrels about the nature of communities and the process and problems of state building”.87 Según Holsti, el problema de la debilidad de los Estados no reside en su pobre capacidad militar sino en su falta de legitimidad –vertical y horizontal–, y en su ineficacia para proveer seguridad y orden.

Trabajos como los de Kaldor y Holsti pueden servir de puntos de refe-rencia, pero es importante advertir que muchas de sus observaciones no serían relevantes al caso colombiano. Ambos, en efecto, basan buena parte de su análisis en las experiencias post-coloniales y post-imperiales del África y de Europa oriental, cuyas diferencias con Colombia deben tenerse en cuenta. El Estado colombiano no es “nuevo”. Tampoco me parece acertado aplicar la noción del “Estado colapsado” a la experiencia colombiana; a pesar de sus problemas, el Estado funciona –y a veces con extraordinaria eficiencia–, en las más diversas áreas, nacional y localmente.88 No creo que sus problemas se originen en la supuesta falta de resolución de la identidad nacional tras el proceso de descolonización. El conflicto entre la insurgencia y el Estado no se ha definido aquí como una guerra entre diferentes grupos étnicos en busca de sus propios Estados nacionales –la falta de legitimidad horizontal a la que se refiere Holsti.89 Y los problemas de la legitimidad vertical –los vínculos de representatividad entre gobernantes y gobernados–, deben examinarse en un contexto lleno de complejidades, del que no puede desconocerse la existencia casi bicentenaria de un sistema democrático. El Estado colombiano, a pesar de sus imperfecciones, es representativo de amplios y significativos sectores de la sociedad nacional en niveles que marcan contrastes notables con quienes le disputan tal autoridad.90 Todos estos aspectos, es cierto, merecen una discu-sión más sistemática que la que permiten estas reflexiones finales. Pero es importante subrayar la necesidad de revisar tan arraigados estereotipos sobre

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el Estado colombiano. En ellos se origina gran parte de la confusión inte-lectual que existe sobre la naturaleza del conflicto. Y ellos a su vez motivan apresuramientos en la adopción de teorías que quieren explicar la guerra en otras regiones del mundo.

Al sugerir que el conflicto no puede definirse como una “guerra civil”, o como una situación de “violencia generalizada”, no se está desconociendo de ninguna manera la gravedad de la situación en Colombia. Y al sugerir que deben apreciarse mejor las complejidades del Estado colombiano tampoco se quieren desconocer sus serios problemas. Podría incluso invertirse la lógica que con frecuencia pretende servir de explicación: es el conflicto en últimas el causante de la creciente debilidad del Estado, y no al contrario. Por encima de todo, lo que estas líneas han querido enfatizar es la necesidad de abandonar conceptos como el de “guerra civil” que, por su ambigüedad y por no ajustarse a la realidad, impiden la posibilidad de contar con un diagnóstico acertado para la búsqueda de soluciones prontas y efectivas del mismo conflicto.

Notas1. Agradezco las observaciones y el estímulo de Fernando Cepeda Ulloa.2. “Verdades para tener”, El Espectador, septiembre 13, 2000.3. William Ramírez Tobón, “Violencia, guerra civil, contrato social”, en Instituto

de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, ed., Colombia medio siglo. Balances y perspectivas (Bogotá, 2000).

4. Alfonso López Michelsen, “El discurso del ex-presidente César Gaviria”, El Tiempo, febrero 18, 2001.

5. Eduardo Pizarro Leongómez, “¿Representación ficticia?”, El Espectador, agosto 26, 2000; y Fernando Uricoechea, “¿Cuál guerra civil?”, El Tiempo, Octubre?, 2000. Véanse también las observaciones de Pizarro en Guillermo Solarte (Entre-vistas), No ha pasado nada. Una mirada a la guerra (Bogotá, 1998), pp. 256-57.

6. Fernando Cepeda Ulloa, “Hablar mal (pésimo) de Colombia está de moda”, Cambio, febrero 14, 2000.

7. Citado en Uricoechea, “¿Cuál guerra civil?”.8. M. A. Bastenier, “La incivil guerra colombiana”, El País, noviembre 30, 2000.

“No nos compliquemos con el término”, le respondió Alfredo Molano a Eduardo Pizarro, cuando éste, en una conversación virtual organizada por la revista Semana que circuló en el internet, intentó explicar porque en Colombia no había “guerra civil”.

9. Carl von Clausewitz, On War (London, 1993), p. 83. Un reconocido historiador moderno de la guerra como John Keegan la define así con extrema cautela: “War is a collective killing for some collective purpose; that is as far as I would go in attempting to describe it”; J. Keegan, War and our world (Londres, 1999), p. 72.

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10. Kalevi J. Holsti, The state, war, and the state of war (Cambridge, 1996, reedición 1999), p.1. Para una discusión sobre los diferentes conceptos de “guerra” desde la perspectiva del derecho internacional, véase Ingrid Detter, The law of war (Cambridge, 2000), pp. 3-62. Para una discusión conceptual desde una perspec-tiva moral, véase Ian Clark, Waging war. A philosophical introduction (Oxford, 1990), capítulo 1. El interés de Clark en mostrar la relación entre el concepto de la guerra y las normas sobre su conducta le lleva a examinar la noción de la guerra como algo que ocurre entre los Estados. Tal definición se encuentra ya en Platón: “me parece que la guerra y el conflicto civil difieren en naturaleza y nombre… La guerra significa luchar con un enemigo externo; cuando el enemigo es de la misma familia, lo llamamos conflicto civil”; citado en Clark, Waging war, p.12.

11. Juan Espinosa, Diccionario para el pueblo: republicano democrático, moral, político y filosófico (Lima,1855), pp. 545 y ss.

12. Idem., p. 545-6.13. Emmerich de Vattel, “Civil war”, en R. Falk, ed., The Vietnam war and interna-

tional law (Princeton, 1968), vol.1, p. 20.14. Idem.15. Idem., pp. 19 y 22.16. Erik Castren, Civil war (Helsinki, 1966), p.28.17. Véanse Castren, Civil war; Daoud L. Khairallah, Insurrection under interna-

tional law, with emphasis on the rights and duties of insurgents (Beirut, 1973), pp. 69-72.

18. Para una discusión actualizada que muestra también la dificultad de definir ambas categorías, véase Brad R. Roth, Governmental illegitimacy in international law (Oxford, 2000), pp. 173-182.

19. En 1937, un tratadista observaba que la literatura británica sobre el tema comen-zaba y terminaba con la guerra civil de los Estados Unidos. Véase W.L. Walker, “Recognition of belligerency and grant of belligerent rights”, en Transactions of the Grotious Society. Problems of Peace and War (1938), vol 23, p.179. Véase también Quincy Wright, “The American Civil War, 1861-1865”, en Richard Falk, ed., The international law of civil war, Baltimore y Londres, 1971).

20. Sobre el desuso del término, véanse los respectivos comentarios en: G. Draper, “The status of combatants and the question of guerrilla warfare”, The British Year Book of International Law, 1971 (Oxford, 1973); H. McCoubrey y N. White, International organizations and civil wars (Aldershot y Vermont, 1995), p. 6; A. Roberts and R. Guelff, eds., Documents on the laws of war (Oxford, 2000), p. 23 y A. Rosas, The legal status of prisoners of war. A study in international humani-tarian law applicable in armed conflict (Helsinki, 1976), p. 245.

21. Detter, The law of war, pp. 43-44.22. R. Falk, ed., The international law of civil war (London, 1971), ‘Introduction’.23. Véase el trabajo de Heather A. Wilson, International law and the use of force by

national liberation movements (Oxford, 1990).

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24. ‘Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I), en Adam Roberts y Richard Guelff, eds., Documents on the laws of war (Oxford, 2000), p. 423.

25. Wilson, International law and the use of force, p. 168. Véase también Holsti, The state, war, and the state of war, p. 26.

26. D. Schindler, “The different types of armed conflicts according to the Geneva conventions and protocols”, en Recueil des Cours, 163 (1979), vol 2, p. 127.

27. Paul Collier, “Economic Causes of Civil conflict and their implications for policy”, mimeo, 2000, p.3.

28. Charles King, “Ending civil wars”, Adelphi Paper, 308 (Oxford, 1997).29. Peter Waldmann, “Guerra civil: aproximación a un concepto difícil de formular”,

en Peter Waldmann y Fernando Reinares, ed., Sociedades en guerra civil: conflictos violentos en Europa y América Latina (Barcelona, Buenos Aires y Mexico, 1999), p. 27.

30. Waldmann, “Guerra civil”, p. 35.31. Hans Magnus Enzensberger, Civil war (Londres, 1994), p.11.32. Idem., p. 17.33. Idem., p. 30.34. Idem., pp. 19-20.35. Para una crítica del ensayo de Enzensberger (aunque desde una perspectiva

distinta de la planteada en este ensayo), véase Beatrice Hanssen, “Violence and interpretation: Enzensberger’s Civil wars, en Critique of violence. Between posts-tructuralism and critical theory (Londres y Nueva York, 2000), pp. 179-185.

36. John Keane, Reflections on violence (Londres, 1996).37. Mark Danner, “Clinton and Colombia. The privilege of Folly”, The New York

Review of Books, octubre 5, 2000; The New York Times, noviembre 6, 2000; George Will, “Colombia illusions”, The Washington Post, septiembre 10, 2000; Jorge Castañeda, “La crisis colombiana”, El Tiempo, enero 7, 2000; y “Blood on the border”, The Economist, septiembre 16, 2000. Referencias similares abundan. Véase también, por ejemplo, Carlos Ascasubi, “La masacre de Arboledas y la guerra civil colombiana”, Venezuela Analítica (www.analitica.com), agosto 9 del 2000; y editorial del Neue Zurcher Zeitung, septiembre 7 del 2000. En el prólogo a un trabajo publicado por el Banco Mundial, Andrés Solimano se refiere a la quinta década de “bitter civil war” en Colombia; en C. Moser y C. McIlwaine, Urban perceptions of violence and exclusion in Colombia (Washington, 2000), p. V. “It can no longer be denied that Colombia has descended into civil war”: Jenny Pearce en la contraportada del libro de Constanza Ardila Galvis , The heart of the war in Colombia (Londres, 2000). Al lanzar su libro recientemente en Francia, la Senadora Ingrid Betancourt habría destacado que “Colombia vive una espantosa guerra civil”, según el informe de El Tiempo (7 de febrero del 2001). El candi-dato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez se refirió al proceso de paz como “un

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proceso … de mentiras en medio de una guerra civil creciente”, en El Espectador, febrero 20 del 2001. El general (r) Alvaro Valencia Tovar también se ha referido a la “guerra civil”, caracterizada por la confrontación entre autodefensas y grupos guerrilleros; “Esta horrenda guerra civil”, El Tiempo (2001).

38. The Sunday Telegraph, septiembre 3, 2000; The Daily Telegraph, febrero 28, 2001.

39. Will, “Colombia illusions”.40. Tad Szulc, “Colombia: la nueva Vietnam”, Clarín, septiembre 7, 2000.41. Tomas Fischer, “La constante guerra civil en Colombia”, en Waldmann y Reinares,

eds., Sociedades en guerra civil, p. 272.42. Idem., p.273.43. Idem., p. 260. La explicación de la violencia por la supuesta inexistencia o debi-

lidad de una “nación” en Colombia parecería estar extendida, a pesar de la pobre evidencia empírica que la sustenta y de la falta de estudios modernos sobre la nacionalidad o el nacionalismo en Colombia. En un artículo reciente, por ejemplo, se afirma en su primer párrafo, en tono abiertamente especulativo, que “Colombia no es ni una nación ni un Estado sino una montonera que, cuando avanza, deja muertos”; Victor de Currea-Lugo, “Un intento por explicar la violencia en Colombia: ¿Y si no somos nación?”, América Latina Hoy (Revista de la Univer-sidad de Salamanca, España), diciembre de 1999, p. 17.

44. Ramírez Tobón, “Violencia, guerra civil, contrato social”, pp. 46-54.45. “Que no termine hipotecada la paz”, entrevista con Pierre Gilhodes en El Espec-

tador, marzo 11 de 2001.46. Hernando Gómez Buendía, El lío de Colombia (Bogotá, 2000), p. 103.47. Presidencia de la República de Colombia, Hechos de paz, (Bogotá, 1999), V-VI,

p. 545.48. Falk, op. cit.49. Idem.50. El tema ha dado lugar a una recurrente controversia en Colombia. Véase el

documento del gobierno “Sobre la beligerancia” en Hechos de paz, V-VI, pp. 333-337. Véanse también, por ejemplo: Alfonso López Michelsen, “La guerra y la paz”, El Heraldo, octubre 15 del 2000; Daniel García-Peña, “El canje:¿lío u oportunidad?”, UN Periódico, El Espectador, noviembre 19 del 2000; Antonio Caballero, “Los filólogos”, Semana, noviembre 12 de 1999; Rafael Nieto Loaiza, “Pasiones y contradicciones de Caballero”, El Tiempo, noviembre 7 de 1999; y Ernesto Borda Medina, “Precisiones al ex-presidente López”, El Tiempo, marzo 3 del 2000.

51. Wright, “The American civil war”.52. La guerra civil española motivó un interés entre los tratadistas en el tema de la

beligerancia. Véase, por ejemplo, “Recognition of belligerency and grant of belli-gerent rights”; y Ann van Wyen y A. J. Thomas Jr, “International legal aspects of the civil war in Spain, 1936-39”, en Falk, ed., The international law of civil war.

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53. Uricoechea, “¿Cuál guerra civil?”.54. Véanse las declaraciones de Pizarro en Solarte, No ha pasado nada, p.257 y en la

entrevista que le hiciera la Newsletter del Kellogg Institute, Universidad de Notre Dame, p. 9.

55. “¿Representación ficticia?”, El Espectador, agosto 26 del 2000.56. Las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, en contraste, parecen mantener

altos grados de confianza en la ciudadanía. Así lo sugieren las encuestas del Centro Nacional de Consultoría. Véase Carlos Lemoine, Colombianos del milenio (Bogotá, 1999), p. 31.

57. Aunque algunos autores no utilizan la expresión “guerra civil”, con frecuencia se hace alusión a “las continuas rachas de violencia desde su temprana consolida-ción nacional en los 1820s”; véase, por ejemplo, Todd Eisenstadt y Daniel García, “Colombia: negotiations in a shifting pattern of insurgency”, en William Zartman, ed., Elusive peace. Negotiating and end to civil wars (Washington, 1995), p.265. Uno de los ensayos quizá más influyentes en este tipo de interpretación es el texto de Gonzalo Sánchez, Guerra y política en la sociedad colombiana (Bogotá, 1991). Más recientemente, Sanchez cita a Roy Licklieder para sugerir que “En Colombia… la estabilidad es una ‘guerra civil suspendida’”; en Sánchez, “Colombia: violencias sin futuro”, Foro Internacional, México, XXXVIII:1, enero-marzo, 1998, p.42. Aunque según Sánchez, Colombia ha sido “un país de guerra endémica”, sin embargo, ha reconocido la necesidad de distinguir conceptualmente los distintos períodos: “…el problema fundamental que se nos plantea es entonces el de la definición de la naturaleza y las variaciones históricas de estas guerras”. Véase su introducción a Sánchez y Peñaranda, eds., Pasado y presente de la violencia en Colombia, p. 11.

58. Sobre las diferencias entre las guerras civiles del siglo diecinueve y la violencia de mediados del siglo XX, véase Malcolm Deas, “Algunos interrogantes sobre la relación guerras civiles y violencia”, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peña-randa, eds., Pasado y presente de la violencia en Colombia (Bogotá, 1988). Véase también Deas, Intercambios violentos (Bogotá, 1999). En general, la historio-grafía moderna no se ha ocupado mucho en estudiar las guerras civiles del siglo pasado en Latinoamérica. Véase mi ensayo: “Las guerras civiles del siglo XIX en la América Hispánica: orígenes, naturaleza y desarrollo”, en A. Vaca Lorenzo, ed., La guerra en la historia (Salamanca, 1999).

59. Daniel Pécaut, “From the banality of violence to real terror”, en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds., Societies of fear. The legacy of civil war, violence and terror in Latin America (Londres y Nueva York, 1999), p. 153.

60. Pécaut, “Hilos de la madeja”, Lecturas Dominicales. El Tiempo, julio 2 del 2000.61. Idem. Según Camilo Echandía, el 41.97% de los recursos financieros de la

guerrilla proviene de los cultivos ilícitos. Véase Echandía, “Expansión territo-rial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia”, en Malcolm Deas y María Victoria Llorente, eds., Reconocer la guerra para construir la paz (Bogotá, 1999), p. 135.

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62. Idem.63. En Solarte, No ha pasado nada, p. 256.64. Hechos de Paz, V-VI, p. 17.65. “El plan Colombia: una gran alianza con el mundo…”, Bogotá, 22 de octubre de

1998, en Hechos de Paz, VVI, p. 76. La idea de una guerra de dos frentes o dos tipos de conflictos se encuentra también en Rafael Pardo, “Colombia’s two front war”, Foreign Affairs, Julio-Agosto, 2000, pp. 65 y ss.

66. “Resolución número 85 del 14 de octubre de 1998”, en Hechos de Paz, V-VI, pp. 313-4.

67. Sobre este punto, véase el ensayo de Malcolm Deas, “La paz: entre los princi-pios y la práctica”, en Francisco Leal Buitrago, ed., Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz (Bogotá, 1999).

68. El Espectador, mayo 19 de 1998.69. Véase, por ejemplo, la cita del Presidente Ernesto Samper en su discurso de pose-

sión, al describir el sueño que le proponía a los colombianos: “se trata, como lo señala García Márquez, de superar esa paradoja de ‘tener un amor casi irracional por la vida mientras nos matamos unos a otros por las ansias de vivir’”; (el subra-yado es mío), “Discurso de posesión del presidente Ernesto Samper Pizano”, El tiempo de la gente (Bogotá, 1994).

70. Citado en Mauricio Rubio, Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia (Bogotá, 1999), p. 76.

71. Presidencia de la República, Consejería Presidencial para la Defensa y la Segu-ridad Nacional, Seguridad para la gente (Bogotá, octubre de 1993), p. 15.

72. En Solarte, No ha pasado nada, p. 256.73. Nicanor Restrepo, Derecho a la esperanza (Bogotá, 1999), p. 17.74. “La conversación”, en La Revista, El Espectador, enero de 2001. La confron-

tación armada “es responsable solamente del 12 por ciento” de los muertos en Colombia, ha expresado también Augusto Ramírez Ocampo; véase su “Propuesta de una solución política al conflicto armado en Colombia”, en Germán Manga, ed., Inseguridad e impunidad en Colombia (Bogotá, 1997), p. 102.

75. Véase, por ejemplo, “Plenty of law, precious little order in Colombia”, The Guar-dian, febrero 23 de 1996. Este diario cita como fuente a la Comisión Andina de Juristas para decir que el 14 por ciento de los homicidios son “políticos”.

76. Rubio, Crimen e impunidad, pp. 71 y ss.77. Pécaut, “From the banality of violence to real terror”, pp. 142-43. El fenómeno

de una clara frontera entre delito político y delito común se identifica entre algunos autores como la “degradación” del conflicto. De acuerdo con Gonzalo Sánchez, “De una violencia política con horizontes ético normativos definidos y con criterios de acción regulados o autorregulados, se ha venido pasando a una indiferenciación de fronteras con la criminalidad común organizada y en alianzas operativas o tácticas con el narcotráfico”, en “Colombia: violencias sin futuro”, p. 46.

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78. Pécaut también acepta esta línea de argumentación: “Statistical evidence tends to suggest that there might be a correlation between the existence of ‘organized’ violent groups, including the guerrillas, and the increased in ‘unorganized’ vilo-lence”, op. cit., p.143. Según Alejandro Gaviria, “press reports and testimonies showing the prominent role of narco-traffickers and guerrilla groups in the diffu-sion of criminal knowledge and the transfer of criminal techniques abound”, véase su ensayo, “Increasing returns and the evolution of violent crime: the case of Colombia” (fotocopia, s.f., 1999?). Una investigación dirigida por Jesús Bejarano concluyó que “existe una correspondencia muy significativa entre los altos niveles de violencia e inseguridad y la presencia de organizaciones armadas ilegales”, Bejarano y otros, Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales (Bogotá, 1997), p. 252. Agradezco la comunicación de Camilio Echandía, coautor de este trabajo.

79. Rubio, Crimen e impunidad, pp. 156-57.80. Hernando Gómez Buendía, “¿Desmembración territorial o guerra civil?, Diners,

mayo de 1999, reproducido en Gómez Buendía, El lío de Colombia, p. 104. El intelectual español Fernando Savater hizo eco a la descripción de Gómez Buendía en su artículo “Colombia agónica”, El Tiempo, diciembre 12 de 1999.

81. El Espectador, enero 19 del 2000.82. Véase, por ejemplo, el ensayo de Jorge O. Melo y Jaime Bermúdez, “La lucha

contra el narcotráfico: éxitos y limitaciones”, en Malcolm Deas y Carlos Ossa, eds., El gobierno Barco, 1986-1990 (Bogotá, 1994), pp. 99-125. En sus memo-rias, en el capítulo “narcoterrorismo en auge” el exMinistro de Defensa Rafael Pardo anota que en los cuatro años anteriores a 1989 cerca de 200 funciona-rios judiciales habían sido asesinados; véase Pardo, De primera mano. Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas (Bogotá, 1996), p. 173.

83. “Carta abierta al doctor Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República”, diciembre 3 de 1998, en Hechos de paz, V-VI, p. 233.

84. “Carta abierta al señor Presidente de la República”, enero 29 del 2000, en Hechos de Paz, XII, p. 19. En esta misma carta, Marulanda definió a las Farc como “una Organización alzada en armas contra el Estado”. Y se refirió al origen del conflicto como una lucha declarada en 1964 por “el Estado al pueblo, en cabeza de los 48 hombres marquetalianos”; idem., pp. 17 y 20.

85. Un informe reciente del Ministerio de Defensa ha expresado que “para el Estado colombiano y para su Fuerza Pública, las autodefensas son organizaciones crimi-nales”. En este significativo documento se expresa también que “el Gobierno y los altos mandos militares su decisión de no tolerar ningún tipo de connivencia de los agentes del Estado con los miembros de esas bandas criminales”; Colombia, Ministerio de Defensa, “Los grupos ilegales de autodefensa en Colombia” (Bogotá, diciembre del 2000), mimeo, p.1. Ante las críticas recientes de un informe de las Naciones Unidas, el gobierno observó que un altísimo porcentaje de las víctimas de los paramilitares son funcionarios del Estado; El Tiempo, marzo 27 del 2001.

86. Mary Kaldor, New and old wars. Organized violence in a global area (Cambridge, 1999), p.4. Véase también su introducción en Kaldor, ed., Global insecurity (London y Nueva York, 2000).

87. Holsti, The state, war, and the state of war, pp. 15 y 18.88. Los éxitos en la administración de Bogotá son un ejemplo. Véanse las interesantes

aunque breves observaciones de Antanas Mockus sobre el Estado “bifronte”, en Lecturas Dominicales. El Tiempo, octubre 22 de 1995. Véanse también las obser-vaciones de Malcolm Deas sobre el estereotipo de la “ausencia del Estado” en su ensayo “Siete tesis disidentes”, Cambio, junio 26 del 2000.

89. Muchos de los estudios recientes sobre las “nuevas guerras” hacen énfasis en sus componentes étnicos. Además de Holsti y Kaldor, véase, por ejemplo, Michael Ignatieff, The warrior’s honor. Ethnic war and the modern conscience (Londres, 1999). La expresión de insurgencia de carácter predominantemente étnico se reflejó de manera excepcional en el Movimiento Armado Quintín Lame, surgido en 1985, pero que se acogió con éxito al proceso de paz en 1991. Los indígenas además se han visto favorecidos en la nueva institucionalidad colombiana. Véase Ricardo Peñaranda, “De rebeldes a ciudadanos: el caso del Movimiento Armado Quintín Lame”, en R. Peñaranda y Javier Guerrero, eds., De las armas a la polí-tica (Bogotá, 1999).

90. “… Nuestra democracia no es la mejor de las democracias posibles, pero en cual-quier caso tiene unos fundamentos de legitimidad que no son comparables a los de la guerrilla”, había observado Jesús Bejarano en su libro Una agenda para la paz (Bogotá, 1995), p. 138.

Documento preparado especialmente para la Fundación de Ideas para la PazVersión revisada Mayo 3 del 2001Fuente: Documento preparado para la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org)

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SOFISMAS DEL TERRORISMO EN COLOMBIAJosé Obdulio Gaviria Vélez

(Fragmentos del libro del mismo título)

La intelectualidad de izquierda condena la lucha armada en Colombia“Algunos pueden pensar que el primer líder colombiano que abrió un

frente de lucha contra el conformismo con las acciones guerrilleras fue Álvaro Uribe Vélez. Pero no es así. Seguramente se sorprenderán con este dato: hace muchos años, los líderes de la izquierda colombiana clamaron por el aisla-miento político de la guerrilla, llamaron a sus líderes a cesar su lucha y les previnieron sobre el abismo al que se estaban dirigiendo en caso de persistir en sus actividades criminales.

Francisco Mosquera, fundador y secretario general del MOIR, escribió un artículo en 1985 con este título categórico y definitivo: «El problema social no determina la insurrección». Es un alegato contra la teoría de la existencia de causas objetivas que impelen al pueblo a practicar la violencia, y contra la presunta obligatoriedad de una transacción política con los jefes o promotores de las organizaciones armadas. Dice Mosquera:

Desde finales de la década del cincuenta los anarquistas criollos vienen imputando sus frustradas rebeliones a las agudas diferencias económicas que prevalecen en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta profundamente falso. En cualquier época y lugar, al margen de cuán extremada sea la miseria de las gentes, el requisito indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros se pregona consiste en el concurso eficaz de la población. Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el pueblo se ha mostrado apático a la solución violenta. Seguir justificando las aventuras terro-ristas con los desajustes sociales, como suelen hacerlo los políticos astutos y los clérigos piadosos, significa simplemente que nunca habrá «paz», pues las trans-formaciones históricas no se coronan en un santiamén ni brotarán de los arreglos de tregua. Los insurgentes continúan supeditando cualquier compromiso verda-dero con el régimen a un entendimiento previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la inclusión en la nómina oficial. A los colombianos les consta que bajo semejantes premisas la llevada y traída reconciliación no deja de ser una entelequia, cuando no un engaño.”1

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“En noviembre de 1992, los intelectuales y periodistas de la izquierda colombiana dirigieron un Manifiesto-requisitoria a las guerrillas, publicado en El Tiempo, a fin de que dieran por terminada, de inmediato, su acción violenta:

Ponemos en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años […] Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario de la historia […] Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política.

Ni tuvieron nuestros intelectuales la persistencia y combatividad de Savater y Uriarte [en España frente a la Eta] ni los medios de comunicación captaron la trascendencia política e histórica de tamaña declaración prove-niente de las más respetadas mentes de la izquierda colombiana.”2

“Fue una gran frustración para Colombia, para García Márquez, para sus compañeros firmantes del Manifiesto, como Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón, Nicolás Buenaventura, Eduardo Pizarro, Hernando Corral, Álvaro Camacho, Maria Jimena Duzán, Carlos Vicente de Roux y tantos otros.

«Ponemos en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años».

Así, sin contemplaciones, comienza el Manifiesto, que continúa diciendo:

Estamos en contra de esa forma de lucha en el momento actual. Creemos que ella, en lugar de propiciar la justicia social, como parecía posible en sus orígenes, ha generado toda clase de extremismos, como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común y los excesos de sectores de la fuerza pública, que condenamos con igual energía.

Fue una gran expresión de rebeldía democrática contra el terrorismo. Por una parte se incorporaron los intelectuales al rechazo del terrorismo y, por la otra, el Estado recibió de los intelectuales la legitimación y el impulso que eran necesarios para desarrollar una actitud de mayor firmeza y para avanzar en las políticas antiterroristas.”3

“En el Manifiesto de los intelectuales de la izquierda de 1992 también se dijo:

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Sofismas del terrorismo en Colombia

Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario de la historia. El secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas, que son hoy su instrumento más fructífero, son a la vez violaciones abominables de los derechos humanos. El terrorismo, que estuvo siempre condenado por ustedes mismos como una forma ilegítima de lucha revolucionaria, es hoy un recurso cotidiano. La corrupción, que ustedes rechazan, ha contaminado sus propias filas a través de sus negocios con el narcotráfico, haciendo caso omiso de su carácter reaccionario y de su contribución al deterioro social. Las inconta-bles muertes inútiles de ambos lados, los atentados sistemáticos a la riqueza nacional, los desastres ecológicos son tributos muy costosos e inmerecidos para un país que ya ha pagado demasiado.

En Colombia se produjo en 1991 una revolución institucional de la que surgió la nueva Constitución. En su redacción llevaron voz cantante los anti-guos guerrilleros del M-19 y del Epl. Los de las Farc y el Eln se negaron a participar en ella. Por eso, aquellos intelectuales les dijeron a todos los guerri-lleros de Colombia:

Es la hora de una reflexión patriótica profunda, de una rectificación radical de años de equivocaciones y de la búsqueda seria de nuevas y novedosas formas de creación política, acordes con las realidades del mundo actual. Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política.

Los generales y coroneles del intelecto revolucionario colombiano no tuvieron quien les respondiera.”4

“Entonces, ¿Por qué la obstinación y el empecinamiento en usar las armas para hacer política? En realidad, como se ha dicho tantas veces, es imposible encontrar la explicación en el ámbito de la política. De hecho, si ya era difícil sustentar la justicia de la rebelión antes de 1991, explicarla en 2004 es un enredo de padre y señor mío.

Se los dijo un dirigente comunista universalmente reconocido, el Premio Nobel de Literatura, don José Saramago. En una entrevista a Yamid Amat, publicada por el periódico El Tiempo el 28 de noviembre de 2004, con un título sugestivo y demoledor: «En Colombia no hay guerrillas sino bandas armadas».

El entrevistador le preguntó al Nobel:–Usted conoce bien la situación colombiana. ¿Se justifica la guerrilla?Saramago respondió con el abecé, con los argumentos que se han expre-

sado en este capítulo:

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La guerrilla tiene toda la justificación cuando la situación es la de un país ocupado por un invasor y la gente tiene que organizarse para resistir. Lo que pasó en Francia en la Segunda Guerra Mundial o lo que ocurre hoy en países como Irak. El concepto de guerrilla tiene algún sentido de nobleza, es decir, ciudadanos que se organizan para resistir al invasor. No creo que ese sea el caso de Colombia. Aquí no hay guerrillas, sino bandas armadas.

Yamid ripostó:–Usted es comunista y la guerrilla se ha identificado con el comunismo.Saramago le quitó la palabra y no lo dejó hacer la pregunta:–No puedo imaginar a un país con un gobierno comunista que se dedicara

al secuestro, al asesinato, a la violación de los derechos. Ellos no son comu-nistas. Quizás en un principio lo fueron, ahora no.”5

El embrujo del lenguaje“En Colombia, ciertos conceptos y un lenguaje popularizados durante

prolongado lapso ya están convertidos en tópicos y muletillas de las conver-saciones, cartas, conferencias y discursos. Por ejemplo, de la aceptación sin discernimiento del concepto guerra civil y de su equivalente técnico, conflicto armado interno, se hizo un trasbordo inadvertido a otras páginas del diccionario. El léxico se fue volviendo más comprometido –y comprome-tedor– ideológicamente: al secuestro se le llamó retención; al pago de extor-sión, canje (de un valor o de un bien por otro); a la negociación de la libertad de los secuestrados, acuerdo humanitario; al secuestrador, actor; a matanzas ignominiosas, ajusticiamientos; a la destrucción de poblados y al desplaza-miento forzado se les llamó «el conflicto», así, con toda la neutralidad, tal como suena, como una palabra genérica –igual a como ocurrió en los años cincuenta y sesenta cuando se llamó «violencia» a las matanzas que produjo el sectarismo partidista.

Quienes cayeron embrujados por ese lenguaje obstruyeron o neutrali-zaron, consciente o inconscientemente, la acción estatal. A quienes recla-maron presencia de la Fuerza Pública, ellos les respondieron: ¡No! ¡Qué tal un escalamiento del conflicto! ¡Busquemos una salida negociada! A quienes hablaron de gobernar con mano firme las riendas del Estado los llamaron fascistas.

Aunque estaban a la mano todos los elementos teóricos y prácticos para prender alarmas y dar la batalla crucial por el vocabulario, los cooptados por la terminología guerrillera y paramilitar no agradecieron que alguien les hiciera

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señales de peligro para evitarles que cayeran en el abismo de la propaganda violenta. No hubo remedio: las frases típicas de los documentos y comunicados de las organizaciones armadas contaminaron la prensa nacional, se trasladaron a los eventos internacionales y llegaron hasta a los académicos, sacerdotes, líderes comunales, gobernadores, embajadores, ministros y, asómbrense, hasta a los militares, a los candidatos presidenciales y, ¡quién lo creyera!, a los propios presidentes de la República.”6

Guerrilla y paramilitares son terroristas, no combatientes. El Protocolo II de Ginebra no significa legitimar las fuerzas irregulares

“El 19 de junio de 2003, en San José de Costa Rica, el presidente Uribe dijo ante nueve expectantes magistrados de la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos: «¡No reconozco en los grupos violentos de Colombia, ni a la guerrilla ni a los paramilitares, la condición de combatientes; mi gobierno los señala como terroristas!».

Era evidente que la enfática declaración de Costa Rica tendría repercu-siones en todos los niveles. La contraargumentación vendría de dos direcciones fortísimas. ¿Por qué la adhesión de Colombia al Protocolo II de Ginebra? y ¿Por qué la firma del acuerdo entre el Gobierno colombiano y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

Hablemos de la primera. Mediante Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, el Congreso incorporó a nuestra legislación interna el Protocolo II. La Corte Constitucional, que de oficio revisa la ley aprobatoria, la declaró exequible. La providencia es una de esas piezas a las que se puede llamar sin hipérbole, magistrales. El ponente, un intelectual con formación y talante de izquierda, el magistrado Alejandro Martínez Caballero, no hizo una sola concesión a las escuelas justificativas de la lucha armada, o de su combinación con la lucha política. Demostró que el Protocolo II se incorporaba a nuestra legislación como norma abstracta, hubiese guerra civil o no, en la misma forma como podían hacerlo o habían hecho España, Chile o Burundi.

En muchos debates académicos se objeta la tesis de Uribe –la de que el carácter de la inseguridad o criminalidad en Colombia es distinto, en los términos del Protocolo, a un conflicto interno armado–. Y se hacen esas preguntas y afirmaciones que para muchos tienen todos los visos de contrar-gumentos demoledores.

–¿Cómo que no hay un conflicto interno armado? ¿Entonces para qué Colombia adhirió al Protocolo II de Ginebra que consagra el respeto al DIH?

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–O, ¡Si no reconocemos la existencia del conflicto interno armado, violamos las normas internacionales, en particular el Protocolo II y nos desha-cemos de un instrumento valioso como es el DIH!

El simple sentido común les respondería con una contrapregunta: ¿Entonces los 181 países firmantes del tratado reconocen tener un conflicto interno armado? ¿España con ETA? ¿Estados Unidos con Osama Ben Laden?

Dejemos que sea la propia Corte Constitucional las que les quite defi-nitivamente las dudas: la vigencia del Protocolo II «no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los grupos insur-gentes. Es pues equivocada la apreciación […] según la cual implicaría la legi-timación, por el Estado colombiano, de los grupos armados irregulares […]».

La Corte retomó los argumentos de la exposición de motivos de la ley aprobatoria, que desbarataron la suposición de que aprobar el Tratado era reconocer que el país estaba sumido en un conflicto interno armado, o de que vendrían otros países a intervenir en nuestro problema de seguridad interna:

No hay ningún ejemplo conocido de que en un Estado que haya adherido al Protocolo se empiece a ver cómo terceros Estados se apoyan en este hecho para entrar a reconocer como beligerantes a grupos subversivos que operan en el territorio del primero. Es más, con o sin el Protocolo II, el reconocimiento de la beligerancia se puede producir en cualquier momento, sin importar si el Estado en el cual operan dichos grupos es o no parte en dicho instrumento.

A quienes argumentaban que la aprobación del Tratado daría paso al reco-nocimiento como fuerzas beligerantes de las organizaciones subversivas por parte de otros Estados, la Corte les recordó que eso era un asunto político, independiente de la vigencia del Tratado:

Si uno o varios Estados perciben en un momento dado que está dentro de sus intereses estratégicos o políticos reconocer a un grupo guerrillero operando en otro Estado, son libres de hacerlo en cualquier momento, asumiendo las conse-cuencias que ello generaría en sus relaciones con el Estado territorial.

Para muchos, la ley aprobatoria del Protocolo y la sentencia de la Corte suponen que se acepta que en Colombia hay causas objetivas par adelantar una rebelión, o que Colombia es un Estado ilegítimo en los términos del Derecho Internacional. La sentencia da un mentís anticipado a cualquier afirmación de ese tenor:

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De manera alguna el Protocolo II está legitimando la existencia de los conflictos armados internos o el recurso a los instrumentos bélicos por grupos armados irregulares, como equivocadamente lo sostiene uno de los intervinientes […] la aplicación del Derecho Internacional Humanitario no menoscaba la respon-sabilidad del Gobierno de preservar el orden público, por lo cual se mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública, de garan-tizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz.”7

El principio de «distinción» y la «neutralidad»“Puede decirse, sin exagerar, que la relativa inacción o las dudas del

Estado durante el largo período de ocho años le dieron aire e ínfulas a diversas expresiones teóricas justificativas de la lucha armada en Colombia. No digo que ese pensamiento milite necesariamente al lado de las armas. Pero sus tesis sí que les vienen de perlas a los violentos.

La tesis justificativa, que va en contravía del Manifiesto de los inte-lectuales de la izquierda y del Nobel Saramago, supone la creencia de que existe un conflicto interno armado en que una de las partes intenta resolver los problemas sociales y económicos de Colombia. La existencia de ese conflicto impone la aplicación del llamado principio de distinción. Como, según esa tesis, la población «es un tercero ajeno al conflicto», el resultado práctico es que la población queda aislada de su Fuerza Pública. Resultado artificial y, políticamente, criminal.

Los «distincionistas» logran matar dos pájaros con un mismo tiro: a) desproteger a la población y b) debilitar a las autoridades de policía. Con lo primero se desprestigia al Estado como «violador de los derechos humanos» por pasiva, por omisión (por «falla en el servicio» de prestar la seguridad), pues es responsable de los desplazamientos, masacres, secuestros y desapa-recimientos. No importa que quien realmente ejecute esos crímenes sea la «fuerza armada de la oposición» o «beligerante», porque, al fin y al cabo, la responsabilidad final recae en la existencia del conflicto. Y, claro, el conflicto existe por la negativa del Estado a «aceptar una solución política negociada». Con lo segundo, los policías –la otra fuerza «beligerante»– quedan descritos como unos extraños, unos forasteros en los pueblos, unos invasores a los que la gente no debe saludar ni las muchachas aceptarles un piropo ni los tenderos venderles una libra de panela.

En un caso como el colombiano, hasta allá llegan los efectos del principio de distinción impuesto artificialmente. Es absurdo, porque nuestro estado de cosas no se parece, para nada, a una guerra civil. Según la tesis justificativa,

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la guerrilla y la policía son actores de un conflicto en el que los ciudadanos no tienen arte ni parte, son ajenos: ¡Que mueran los «actores», que se maten entre ellos, pero que no toquen a los terceros no combatientes!, alegan.

Pongamos otra vez el ejemplo de las repetidas «tomas» guerrilleras de pueblitos que ocurrían con frecuencia en el departamento del Cauca hasta agosto de 2002. Si se enfrentaban la guerrilla y la Policía en Caldono, la muerte de un policía era legítima para los justificadores, siempre y cuando se hubiera cumplido dentro de los límites que impone el Derecho Internacional Huma-nitario a las fuerzas beligerantes: que no lo rematen con un tiro de gracia, que lo atiendan si está herido, que no lo torturen (aunque sí podrán hacerlo prisio-nero, «retenerlo», por ser combatiente de una unidad enemiga).

La tesis de Uribe, en cambio, es que cualquier enfrentamiento de la guerrilla con la policía en Caldoso es siempre un acto ilegítimo de la guerrilla contra los ciudadanos de Caldoso; un crimen contra sus vidas, sus casas, sus animales, su derecho a la tranquilidad. La Policía actúa legítimamente y su suerte y la de los ciudadanos están unidas porque son el mismo cuerpo político y social. Su suerte es la de la Constitución, la ley, la bandera, el himno que todos –menos el grupo de los agresores– respetan y aman.

¿Qué neutralidad va a caber, qué distinción, si en cualquier ataque guerri-llero, por esencia, la primera víctima es el ciudadano? En las sociedades demo-cráticas no hay neutralidad de los ciudadanos frente al delito, no hay «distin-ción» entre policía y ciudadanos, sino cooperación natural entre todos para evitar muertes, secuestros, desplazamientos; en fin, para mantener vigente el Artículo 2º de la Constitución de Colombia”.8

Notas1. José Obdulio Gaviria, Sofismas del terrorismo en Colombia, Editorial Planeta,

Bogotá, 2005, págs. 19-20.2. Ibid, pág. 203. Ibid, págs. 36-374. Ibid, págs. 41-425. Ibid, págs. 36-376. Ibid, págs. 22-237. Ibid, págs. 52-548. Ibid, págs. 99-100

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COLOMBIA: UNA GUERRA INJUSTA*Alfonso Monsalve Solórzano

La justicia de la guerra en Colombia: el caso de la guerrilla Nadie niega la existencia de grupos de guerrilla o autodefensa, con una

cierta unidad de mando y una relativa presencia en algunos lugares del terri-torio nacional, que desafían la autoridad del Estado. Unos y otros afirman que han tomado las armas para librar una guerra justa. La pregunta es, entonces, ¿en qué consiste una guerra justa?

Los teóricos coinciden en que una guerra justa debe evaluarse desde tres componentes: la justicia de la causa, la justicia en la guerra y la justicia de la posguerra. En esta columna sólo me referiré a la guerrilla, dejando para poste-rior análisis a las autodefensas.

Las guerrillas alegan que la causa de su guerra es justa porque toman las armas contra un régimen tiránico que oprime a sus ciudadanos y es explo-tador. Si hubiese opresión, su rebelión estaría justificada incluso desde el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Pero si se mira la historia desde el Frente Nacional (sólo para poner un punto de partida), lo que ha habido en Colombia es una democracia, con un sistema electoral que, a nivel presidencial sólo fue cuestionado en la elección de Pastrana Borrero; que practica el pluralismo (el MRL y la Anapo, las frac-ciones liberales y conservadoras, la existencia continua de grupos como el Moir; el triunfo actual en Bogotá y el Valle por el PDI, de oposición); que tiene división e independencia de poderes, con un poder judicial especial-mente fuerte frente al ejecutivo y al legislativo (piénsese en el papel de las Cortes frente a proyectos de reforma constitucional o estatutos como el de seguridad, en los gobiernos de López y Turbay, o frente al referendo en el de Uribe); con una libertad de expresión que no ha sido golpeada por ningún gobierno; con un poder electoral independiente, etc.

Todo ello, en medio de una continua violencia política que en ocasiones ha alcanzado niveles desestabilizadores, generada por la aplicación del prin-cipio leninista de combinar todas las formas de lucha, las legales y las ilegales,

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a lo que se suma la incorporación masiva y sistemática de los recursos prove-nientes del narcotráfico, que han puesto a la población civil en el centro de la disputa por el control de territorios de cultivo, con los consecuentes asesi-natos, desplazamientos, secuestros. Y si bien algunos agentes del estado han participado en este tipo de acciones, hay que recordar que la violación de los derechos humanos no ha sido una política gubernamental y que los distintos gobiernos han intentado darle una salida negociada a la guerrilla: Belisario Betancur impulsó el Acuerdo de la Uribe con las Farc (quienes simultánea-mente planeaban tomarse el poder en ocho años) y concedió una amnistía a los guerrilleros; Barco ilegalizó a los grupos de autodefensas y llegó a acuerdos de desmovilización y amnistía con el M-19; Gaviria negoció la desmoviliza-ción y la amnistía con el Epl y otros grupos; Samper tuvo acercamientos con el Eln y las Farc se negaron a dialogar con él; Pastrana cogobernó con ese grupo con el que concertó la política contra las autodefensas; y Uribe ha dicho que basta con el compromiso de un cese de hostilidades para negociar con las Farc y el Eln, y aunque lleva un proceso de desmovilización con las autodefensas, no ha habido gobierno colombiano alguno que las haya combatido militar-mente como éste.

De manera que no se justifica la rebelión invocando la opresión. Y tampoco, con el argumento de que hay explotación, porque el sistema demo-crático garantiza la posibilidad de que fuerzas que tengan proyectos alterna-tivos de justicia social puedan llevarlos a la práctica si ganan las elecciones. Es precisamente la oportunidad que tiene el alcalde Garzón en Bogotá y su copartidario Garzón en la gobernación del Valle.

Y qué decir de criterios de guerra justa ligados a la causa, como la de ser el último recurso o tener el respaldo de al menos un sector importante de la población que dicen representar: después de 40 años no tienen el apoyo ni del 1% de los colombianos, lo que descarta que en este país haya una guerra civil, pues no hay un enfrentamiento militar entre partes significativas de la población ni entre ésta y el Estado. Hay, como dijo un destacado analista, una guerra contra los civiles, que es algo bien distinto.

El comportamiento de las guerrillas es particularmente indicativo de la injusticia en la guerra, como que son violadores inveterados del DIH, porque dependen de sus actividades criminales para financiarse y hacer política: secuestran para cobrar rescate o forzar intercambios, desplazan, ponen bombas contra blancos civiles, asesinan en masacres, etc. Es decir, practican el terro-rismo como método político.

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Colombia: Una guerra injusta

Finalmente, un indicio de la justicia de la posguerra es el tratamiento, ese sí, despótico y opresivo que le dieron las Farc a los civiles en la zona de despeje y el proyecto unipartidista que pusieron en práctica en Cartagena del Chairá, cuando tuvieron la alcaldía.

La justicia de la guerra: el caso de las AUCEl argumento de la guerrilla para justificar su lucha armada tendría una

estirpe liberal: a nombre de ofrecer seguridad a la vida y los bienes de los ciuda-danos el estado puede engendrar tiranía, por lo que su segunda función es garan-tizarle a sus ciudadanos libertades y derechos civiles y políticos que impidan los abusos del estado mismo o de otros miembros de la sociedad. Si el estado no cumple esta condición, es decir, si es tiránico y opresivo, los ciudadanos tendrían derecho a rebelarse. La tesis guerrillera de la explotación económica como segunda causa de guerra justa, como se señaló en el artículo pasado, es reduc-tible a la violación las libertades civiles y políticas, pues sólo un estado opresor y despótico impide a sus ciudadanos luchar por sus reivindicaciones y elegir gobiernos que las llevasen a la práctica. Hace ocho días defendí que en Colombia ninguna de las dos causas era justa porque el país era una democracia.

El argumento de la justa causa de la guerra interna, por parte de las auto-defensas, es de cuño hobbesiano: puesto que el principal bien que ofrece el estado es la seguridad, si éste no puede garantizarla, los ciudadanos quedan libres de sus obligaciones frente a él y tienen derecho a defenderse por ellos mismos. Veamos de cerca este punto.

El gobierno de Carlos Lleras autorizó la creación de grupos de autode-fensas en zonas de presencia guerrillera, con asesoría y bajo el control de las fuerzas armadas. Esto significaba que el estado reconocía que había lugares en los que los ciudadanos, dadas las limitaciones de la fuerza pública, podían tomar en sus manos su protección, dentro de los parámetros de la ley y bajo su dirección. Era un reconocimiento de hecho de su propia debilidad, pero no una renuncia de su soberanía interna ni a la legalidad del país, pues la condición de que esas autodefensas estuviesen bajo el control del estado y actuasen en estricto cumplimiento de la ley, establecía el límite en el que dichas fuerzas podían actuar. Cualquier autodefensa que se constituyese sin el control del estado y violando la legalidad, deslegitimaba su alegato de justa causa, que es lo que ocurrió históricamente en Colombia. Más aun, cuando estos grupos fueron rápidamente permeados por el narcotráfico y terminaron defendiendo, en guerra abierta con la guerrilla, grupos de mafiosos y bienes adquiridos frau-

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dulentamente con dineros sucios o mediante procedimientos de expropiación de territorios a sus legítimos dueños.

El presidente Barco revocó la ley que permitía la existencia de estos grupos, precisamente por su vinculación a las actividades del narcotráfico y por la violencia extrema que generaban. Desde entonces, estos grupos sustituyen la presencia del estado, que es democrático, en los territorios que dominan, convirtiéndose en una fuerza alterna que desafía su soberanía y la legalidad vigente. Desde esta perspectiva, no pueden alegar justa causa. No es verdadero el argumento de que pretenden defender el estado porque éste prohibió su existencia, y a través de los distintos gobiernos los ha combatido: Barco derogó, como acabó de decirse, la ley que autorizaba la creación de esos grupos; en el gobierno de Gaviria, las autodefensas, en un intento para legitimarse rompieron con el Cartel de Medellín y contribuyeron a la búsqueda de Pablo Escobar, pero no puede olvidarse que ello se dio en el marco de la Estrategia Nacional contra la Violencia que tenía como ejes hacer realidad el monopolio del uso de la fuerza por parte del estado, robus-tecer la justicia y ampliar la presencia estatal en todo el territorio. Samper intentó desactivarlas buscando contacto con ellas para negociar su desmovilización, pero también las combatió militarmente, Pastrana, como quedó consignado en el artí-culo anterior, buscó consensuar la política contra las autodefensas con las Farc, y el de Uribe, a pesar de que lleva un proceso de negociación con las autode-fensas para su desmovilización, es el gobierno que más resultados militares ha obtenido contra ellas. Todo esto no oculta el hecho de que ha habido relaciones entre algunos militares, incluso de alto rango, y estas organizaciones, pero aquí también hay que agregar que cada vez más han sido sancionados por ello.

Es posible que las autodefensas tengan alguna base social en los territo-rios que han controlado, aunque es difícil de establecer si se trata de apoyo voluntario o bajo amenazas, pero la inmensa mayoría del país los rechaza, como lo señalan repetidamente los sondeos de opinión, por lo que no pueden invocar que tienen el apoyo del pueblo colombiano. En conclusión, su causa es completamente injusta, no posee ius ad bellum.

Por otro lado, sus procedimientos atroces, la masacre, la tortura, el desplaza-miento, el secuestro, la extorsión, cuyo blanco es generalmente la población civil; sus nexos con el narcotráfico y otras formas de acciones delictivas, hacen que su forma de hacer la guerra sea profundamente injusta, que no tengan ius in bello.* El texto de este capítulo ha sido conformado con artículos publicados en su orden en el

periódico El Mundo de Medellín, los días 10 y 17 de abril de 2005. Hemos modificado levemente los títulos.

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¿CONFLICTO ARMADO O AMENAZA TERRORISTA?Luis Carlos Restrepo Ramírez

Conflicto armado interno es el término contemporáneo que se utiliza para designar una situación de guerra civil. No es ese el caso de Colombia. Aquí no podemos hablar de enfrentamiento de dos sectores de la población que dirimen sus diferencias por las armas.

Tampoco existe en Colombia una dictadura personalizada o una constric-ción constitucional que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, argumentos alegados dentro de la tradición liberal y marxista para justificar la acción violenta. Colombia es una república democrática, con separación de poderes, libertad de prensa y plenas garantías para la oposición política. Su Constitución está centrada en la defensa de las libertades individuales y garantías ciudadanas.

Carentes de apoyo popular, los grupos armados ilegales se perpetúan en Colombia por su vinculación al narcotráfico, que les ofrece recursos ilimitados para financiar sus acciones. Sus “objetivos militares” son en gran parte ciuda-danos desarmados, la infraestructura civil y autoridades regionales. Como en muchos países de la Europa contemporánea, llamamos terroristas a estos grupos minoritarios que intentan imponer sus ideas o intereses por medio de la violencia. Y los caracterizamos como una grave amenaza para la democracia.

De allí la premisa central que invoca este gobierno: en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista. No se trata de un cambio caprichoso de los términos. Es un asunto conceptual de vital impor-tancia para el destino de la nación. Es cierto que el término “conflicto armado interno” ha sido consignado en normas jurídicas e incluso, anteriores gobiernos validaron la existencia de un “conflicto social y armado”, dando a entender que la situación de violencia tenía como causa un conflicto social, que al no encon-trar cauces democráticos terminaba expresándose como acción armada.

Es hora de corregir este grave error. Reconocemos la existencia de múlti-ples conflictos en el seno de la democracia, pero todos ellos pueden dirimirse a través de mecanismos constitucionales, apelando a la decisión del pueblo.

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En las modernas teorías de negociación, conflicto es un término noble y posi-tivo. Pero en vez de estimular caminos creativos para solucionar los conflictos sociales, los terroristas los bloquean y aplastan. Los terroristas no permiten dignificar el contradictor; al contrario, lo matan.

Temen algunos que por no reconocer la existencia de un conflicto armado interno, se desconozca la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Con la aparición de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción penal universal y la tipificación en nuestros códigos internos de las conductas violatorias del DIH, no hay ninguna posibilidad de impunidad para estos delitos.

Ni el gobierno dejará de educar a los miembros de la Fuerza Pública en el respeto al DIH, ni se violarán los derechos fundamentales de los terroristas cuando caigan bajo el poder de las autoridades. Tampoco se violará, como dicen algunos, el principio de distinción, que obliga a las Fuerzas Armadas a respetar a los civiles. Lo que no podemos hacer es reconocer a los terroristas derecho para atacar a nuestros policías y soldados, como se deriva del hecho de considerarlos “parte del conflicto”. Tal calificativo, sugiere además que nacio-nales o extranjeros podrían declararse neutrales ante las partes, poniendo en igualdad de condiciones a los miembros de la Fuerza Pública y a los ilegales.

Colombia gana en claridad llamando las cosas por su nombre. Eso no quiere decir que cerremos las puertas a una salida dialogada. Si los terroristas muestran voluntad de abandonar sus métodos sangrientos y declaran un cese de hostilidades, estamos dispuestos a explorar con ellos caminos de paz. En eso se diferencia nuestra política contra el terrorismo de la que adelantan otros países. Nuestro talante liberal y pluralista nos lleva a dejar abierta la salida dialogada.

En verdad no es mucho pedir. Sólo que dejen de matar y secuestrar. Lo demás lo arreglamos en el camino.

Fecha: Marzo 6 de 2003Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/marzo/mar_06_05.htmTomado de: www.presidencia.gov.co sección SNE

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INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO DE PAZ EN EL SIMPOSIO DE FESCOL

Luis Carlos Restrepo Ramírez

Los esfuerzos por la paz y la democraciaLa política de seguridad democrática no niega la posibilidad de diálogos

con los grupos armados ilegales. Creemos que el diálogo y la búsqueda de salidas negociadas son un complemento adecuado de la política de seguridad democrática. Hay logros que se pueden obtener a través de las políticas de seguridad, pero no todos. Es necesario, además, el diálogo para aclimatar la paz y llegar a la reconciliación.

Nuestro presupuesto central es que necesitamos un Estado fuerte. Solo un Estado fuerte capaz de contener las amenazas violentas puede adelantar unas negociaciones eficaces. En esa medida el fortalecimiento del Estado y la política de seguridad democrática son una adecuada garantía para adelantar diálogos con organizaciones armadas ilegales que puedan llevarnos a la paz tan anhelada.

Hay un conjunto de conceptos que sustentan nuestra política de paz a los cuales quiero hacer referencia de manera sucinta. El señor Presidente con frecuencia hace referencia a ellos, sin embargo me da la impresión que no han sido suficientemente comprendidos, e incluso en ocasiones han sido injusta-mente criticados o analizados.

¿Cuáles son estos conceptos? El primero: en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Durante varios años hizo carrera el concepto de conflicto social y armado o conflicto armado interno. Con el primero, se da a entender que lo que existe en Colombia es una problemática de tipo social que no encuentra cauces diferentes a los de la violencia para expresarse. Con el segundo, el de conflicto armado interno, se da a entender que en Colombia se vive una dinámica semejante a la guerra civil. Estos dos conceptos son inapropiados.

En primer lugar, aunque existen grandes problemas sociales en Colombia existe también una democracia recia, sólida, participativa, que permite que todos esos problemas puedan solucionarse por las vías institucionales y democráticas.

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Por otro lado al hablar de conflicto armado interno y asimilarlo a una especie de guerra civil se desconoce que los grupos armados ilegales no cuentan con el apoyo de la opinión, son grupos minoritarios. Y que por otro lado no existe en Colombia ni una constricción constitucional de derechos, ni una dictadura personalista que pueda, eventualmente, justificar como se justificó en otras épocas el recurso a las armas para buscar más libertad o más justicia.

Cuando existe, entonces, una democracia pluralista, cuando existe una sociedad que lucha activamente por fortalecer esa democracia, los grupos armados ilegales que con la violencia intentan imponer sus ideas o intereses, no pueden denominarse de otra forma que como grupos terroristas. Terroristas por sus procedimientos, por su ataque a la población civil, porque al no contar con el apoyo de la población buscan la financiación en negocios ilegales como el narcotráfico o el secuestro. Terroristas porque imponen o tratan de imponer sus ideas a través de la violencia desconociendo los mecanismos de la demo-cracia. Terroristas porque las primeras víctimas son las autoridades locales que sufren el asedio de estos grupos que intentan imponer sus intereses y sus ideas en el orden municipal y departamental.

Planteado este concepto, la pregunta de rigor es ¿Se puede hablar con grupos terroristas? Y aquí viene una segunda aclaración: para nosotros la defi-nición de terrorista no es una definición de esencia. Nosotros no estamos sata-nizando a los miembros de grupos armados ilegales, no los consideramos una nueva encarnación del mal, no creemos que haya que erradicarlos, fumigarlos, términos utilizados años atrás dentro del lenguaje popular en Colombia para mostrar la necesidad de eliminar al enemigo.

No. Creemos que estos grupos armados ilegales o sus miembros tienen ideas o intereses que en si mismos pueden ser respetables. En principio no nos molestan las ideas de las Farc o del Eln. No nos molestan las propuestas o ideas que puedan tener las autodefensas. Lo que nos molesta e irrita es el procedimiento, que recurran a la violencia para imponer esas ideas.

Lo que le pedimos a los grupos armados ilegales es exactamente eso: que cesen en sus procedimientos violentos, y si estos grupos están dispuestos a cesar en sus procedimientos violentos el gobierno está dispuesto, también, a abrir un espacio de diálogo para buscarles alternativas, de tal manera que se reintegren plenamente a la vida democrática.

De allí otro concepto que se convierte en una condición en la que el gobierno insiste con vehemencia: La declaratoria de un cese de hostilidades como condición para iniciar el diálogo. Creemos que esta declaratoria de este

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Intervención del Alto Comisionado de Paz en el simposio de FESCOL

cese de hostilidades tiene un alto valor político, es la expresión pública de parte de los grupos armados ilegales en el sentido de renunciar a los métodos violentos para imponer sus ideas. Esa declaratoria política, que tiene muchas dificultades en su implementación en su parte operativa, es valiosa en sí misma ya que muestra claramente ante los nacionales y el mundo que hay una disposición y un propósito de abandonar la violencia y por lo tanto eso abre las posibilidades de diálogo.

Viene otra pregunta que también se convierte en un concepto central: declarado el cese de hostilidades por parte de los grupos terroristas mostrando, entonces, una voluntad de diálogo ¿qué se conversa con ellos? En las últimas semanas y meses yo he visto editoriales y he escuchado expertos que dicen: el gobierno debe aclarar si lo que está proponiendo es una negociación política o un sometimiento a la justicia. Me parece que la dicotomía planteada no es la adecuada.

Anteriormente se llamaba negociación política el hecho de tratar con los grupos armados ilegales la agenda sustantiva de la nación. Y a raíz del estatus logrado por abordar estos temas políticos, al final se les concedía un indulto que borraba completamente todos sus delitos. Nosotros creemos que más que negociación política se debe hablar de una negociación para acceder a la polí-tica, que es distinto. La negociación con los grupos armados ilegales tiene por propósito central buscar mecanismos para que ellos se reintegren plenamente a la democracia, y en el seno de la democracia debatan sus ideas y se busquen consensos más amplios. Si poniendo en marcha este procedimiento la demo-cracia se fortalece, bienvenida. Pero la agenda sustantiva de la nación se debe tratar es con los ciudadanos.

Yo celebro que el señor presidente del Polo Democrático, Gustavo Petro, dijera, en estos días, que los consensos sobre el destino de la nación se hacen entre ciudadanos. En este punto estamos completamente de acuerdo. No tiene sentido ir a tratar con un grupo armado ilegal lo que se debe tratar con los ciuda-danos a través de los mecanismos de la democracia. Y en segundo lugar, tiene que haber sometimiento a la justicia en caso de los delitos atroces para todos los miembros de grupos armados ilegales, llámense guerrillas o autodefensas.

El tiempo de los indultos amplios, de las amnistías generosas, de los perdones y olvidos ya pasó. Eso fue posible hasta hace unos años. Durante miles de años los guerreros salieron de las confrontaciones sin tener que pagar por sus delitos. Sin embargo, en los últimos años el cambio ha sido fenomenal. Tenemos una Corte Penal Internacional, tenemos el concepto de jurisdicción

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universal, ahora se plantea una sociedad internacional vertebrada alrededor de los derechos humanos y el DIH; la sociedad clama verdad, justicia y reparación, miremos lo que ha pasado en el Cono Sur, entonces hay que ser muy claro.

Puede haber indulto y amnistía para los delitos de rebelión o concierto para delinquir con el propósito de conformar grupos paramilitares. Casi podríamos decir que es indultable la pertenencia a un grupo armado ilegal. De allí en adelante los miembros de grupos armados ilegales, que participen en procesos de paz, tendrán que responder individualmente ante la justicia. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y tiene que haber reparación. Es decir, tiene que establecerse una verdad judicial, tiene que haber un fallo y tiene que haber una reparación a las víctimas antes que puedan acceder a algún tipo de beneficio.

Este gobierno ha cogido el “toro por los cuernos”. Hasta la administración pasada este tema no había sido planteado. Hubo conversaciones con las Farc y con el Eln y jamás se planteó el tema de qué hacer con los delitos atroces. Quizá los procesos no maduraron para llegar allá. Quizá se suponía que eso iba a terminar en un indulto generalizado. Nosotros, desde el comienzo, dijimos: hay que buscar mecanismos para que los responsables de delitos atroces, que participan en procesos de paz, respondan ante la justicia y pueda haber también un tipo de beneficio por la contribución a la paz.

Ese fue el sentido de la propuesta de alternatividad penal que, en sus orígenes, planteaba: debe haber verdad judicial, condena y puede haber una suspensión condicional de la pena. Se generó un debate nacional e interna-cional y a raíz de ese debate nos quedó absolutamente claro que, además, debía haber una pena privativa de la libertad básica. Hoy eso es un activo que hemos ganado, y en este momento estamos en la pedagogía diciéndoles a los señores de las autodefensas, y hay que empezar, ya, a decirles a los señores del Eln y de las Farc, que van a tener que pagar un tiempo de cárcel, todos sin distinción. Aquí no podemos tener el criterio de que los paramilitares se van a la cárcel, pero a la guerrilla le indultamos los delitos atroces. Eso no generaría reparación en el país.

Fecha: Octubre 13 de 2004Fuente:http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2004/octubre/octubre_1304.htm

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Nos convoca hoy la firma del convenio entre la Universidad Militar “Nueva Granada” y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, acto que tiene un doble significado político y académico. Político, porque ha sido propósito del actual gobierno acercar las instituciones militares y policiales a las tareas adelantadas por el Comisionado de Paz, superando un abismo que se ha presentado durante años entre los funcionarios encargados de adelantar diálogos con los grupos armados ilegales y aquellos responsables de brindar seguridad a los colombianos. Académico, porque este convenio nos permitirá desarrollar estudios y eventos que sirvan de apoyo al equipo de Análisis Estratégico de mi Oficina, que bajo la coordinación del general en retiro, Eduardo Herrera Verbel, es el encargado de orientar las acciones gubernamentales en el campo de los esfuerzos dialogados para alcanzar la paz y la convivencia pacífica.

I. Conceptos rectores para una política de seguridad y paz Quisiera señalar lo que pueden ser algunos derroteros académicos para

adelantar nuestra labor. Resaltar, en primer lugar, la importancia de tener una gran claridad conceptual sobre el momento que vive la nación y la forma como deben orientarse las políticas de seguridad y los esfuerzos de paz. Creo que gran parte de las dificultades heredadas, que este gobierno ha enfrentado con deci-sión, tienen que ver con abordajes conceptuales que terminan propiciando polí-ticas costosas para quienes estamos interesados en fortalecer las instituciones democráticas. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que existe una especie de “guerra de los conceptos”, que en principio debería adelantarse en un plano teórico y civil entre ciudadanos desarmados, pero que, inevitablemente, incide en el campo de las fuerzas enfrentadas, involucrando los intereses tanto de las fuerzas armadas institucionales como de los grupos armados ilegales.

Debates sobre la existencia o no de un conflicto armado interno, son autén-ticos puntos de inflexión, de cuyo abordaje depende en gran parte el futuro

HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y PAZLuis Carlos Restrepo Ramírez

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de la patria. Temas como la validez de un cese de hostilidades para iniciar conversaciones con grupos armados ilegales; la oportunidad o no de llevar a cabo “despejes” militares para adelantar los diálogos; la forma como puede llevarse a cabo un acuerdo humanitario, la colaboración de los ciudadanos con la fuerza pública o la posibilidad de los civiles de declararse neutrales frente a las acciones militares del Estado; el estatus de los facilitadores internacionales que nos ayudan a buscar salidas pacíficas a nuestros problemas de violencia interna, entre otros. No se trata de asuntos coyunturales, ni menos aún de una diatriba marcada por la obstinación personal de un presidente. Creemos nece-sario adelantar un debate a fondo sobre estos tópicos, y qué mejor escenario que el de este convenio para llevar a cabo una reflexión pública y calificada que nos permita alcanzar un consenso, o, en su defecto, exponer con solidez conceptual ante la opinión las diferencias, para que sea el pueblo quien tome las decisiones a través de los mecanismos democráticos pertinentes.

a. Conflicto armado interno o amenaza terrorista Sin querer agotar el debate, solo para barruntar algunas ideas que sirvan

de guía a un trabajo más juicioso, quisiera definir los ámbitos problemáticos frente a los cuales hay que construir los mencionados conceptos. En el caso del debate sobre “conflicto armado interno o amenaza terrorista”, existe una clara intencionalidad política por parte del gobierno de redefinir la visión que tenemos sobre la situación de violencia interna que azota a la nación. Es bien sabido que no existe una precisión matemática sobre el alcance de dichos conceptos. El mundo se debate todavía en cuanto al sentido de la palabra terro-rista, y sobre si una amenaza terrorista puede ser definida a su vez como parte integrante de un conflicto armado interno. Pero si bien los alcances semán-ticos de las palabras son motivo de debate entre los politólogos y académicos, no así las consecuencias políticas de aceptar una u otra denominación.

Resulta interesante entrar al campo de los efectos que en la vida política tienen las palabras, señalando el cuidado que ponen distintas naciones de la tierra en utilizar el término “conflicto armado interno” para calificar problemas que resultan similares a los que padece Colombia. No es accidental que el gobierno inglés haya dado el debate ante Naciones Unidas para impedir que la situación de violencia en Irlanda del Norte sea calificada como “conflicto armado interno”. Llaman terroristas a los miembros del IRA, pero con ese prag-matismo que caracteriza a los ingleses se permiten pactar con ellos un acuerdo de paz, avalado por el mundo entero, que tiene como soporte un cese de hosti-

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Hacia una política nacional de seguridad y paz

lidades. En sus lineamientos generales es este un buen modelo para abordar la problemática de nuestro país. Por otro lado, tampoco Rusia permite que la guerra en Chechenia sea denominada “conflicto armado interno”, logrando que su posición sea aceptada por varios organismos de Naciones Unidas.

Como primer resultado práctico, al no recibir este calificativo dichas naciones han impedido que se les incluya en una lista de naciones con “menores vinculados al conflicto armado interno”, que está próxima a ser presentada al Consejo de Seguridad, para que este organismo tome las medidas que considere necesarias, incluso, eventualmente, una intervención armada para proteger a los menores reclutados. En Colombia se ha socializado de tal forma el término “conflicto armado interno”, que aparece en leyes y documentos gubernamen-tales, sin que los funcionarios sepan del alcance político que puede tener la mencionada definición. Vale por eso pensar aquí con criterio pragmático y saliéndonos de la razón pura entrar al terreno de la razón práctica –escenario por demás propio de la política–, donde los conceptos se convierten en instru-mentos de presión legítima, en fuerzas que inciden en el desarrollo de los pueblos u obstaculizan la plena expresión de sus potencialidades.

Quiero en consecuencia hacer referencia a otros argumentos planteados por el gobierno. Al aceptar la existencia de un conflicto armado interno, damos a los grupos armados ilegales la condición de “partes”, lo que legitima de hecho su uso de armas y uniformes, así como la definición de blancos militares que no son otros que nuestros soldados y policías. Curiosamente, el principal argumento que esbozan organizaciones de derechos humanos para mantener la calificación de conflicto armado interno, consiste en asegurar la protección de los civiles injustamente atacados dentro de la contienda. Pero este argu-mento, que poco persuasivo ha resultado para los terroristas colombianos que siguen haciendo de los civiles sus principales víctimas, tiene como reverso el considerar legítimos los ataques a los uniformados que portan las armas del Estado. Si aceptamos indiferentes que maten a nuestros policías y soldados, en vez de responder enardecidos cada vez que se trunca una vida que ofrece lo mejor de sí para que tenga futuro la nación, se habrá roto, entonces, ese pacto básico entre los ciudadanos desarmados y aquellos otros que con las armas velan por nuestra tranquilidad. Y el día que esto acontezca, Colombia ya no será viable. No sobra aclarar que independientemente del tratamiento político que el gobierno le dé a la situación de amenaza terrorista que enfrentamos, esto no es óbice para la aplicación del derecho internacional humanitario. Nuestras FFMM respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos que

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no se han alzado en armas para atentar contra la sociedad colombiana, y en consecuencia, dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas.

En el campo político, la condición de “parte” puede ser entendida también como la posibilidad de ostentar el carácter de interlocutor legítimo a nivel nacional e internacional. Es interesante observar cómo grupos pacifistas radi-cales o activistas de izquierda que se inclinan por una posición antiestatal, insisten en llamar “actores del conflicto” a los guerrilleros, autodefensas y miembros de la Fuerza Pública colombiana, tratándolos como partes equi-parables, frente a las cuales los ciudadanos se pueden declarar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del casco urbano de Toribío para que las Farc cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada el concepto de “neutralidad profesional” propio de CICR o la Cruz Roja nacional, al campo de la neutralidad política. Por esta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de derechos humanos que consideran la colabo-ración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el gobierno estaría violando la normatividad humani-taria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a las auto-ridades legítimas sobre los riesgos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamente sentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos, de la peor forma: como víctimas. La cuestión es entonces cómo logramos que esas victimas potenciales cooperen con el Estado para que éste pueda garan-tizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

No menos importante es el argumento que surge al describir la naturaleza de nuestra democracia. Colombia es una democracia vigente, en trance de fortale-cerse, con instituciones sólidas y una cultura política antiautoritaria que ha impe-dido la incubación de dictaduras, tan usuales en años pasados en otros países de América Latina. Nuestra Constitución y la Corte Constitucional que la interpreta, son consideradas de avanzada en el mundo en cuanto a defensa de los derechos fundamentales. Somos una nación descentralizada, con gran raigambre participa-tivo, con elección popular de autoridades municipales y departamentales.

En la actualidad, incluso, el más férreo grupo opositor al presidente Uribe, nacido de la izquierda sindical y apoyado por antiguos guerrilleros reinser-tados, ocupa la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de la nación. Muestra de pluralismo de la que este gobierno se siente orgulloso. En

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Colombia las autoridades no persiguen al contradictor político, como sucedía en los antiguos regímenes de la seguridad nacional. La nuestra es una seguridad democrática, que tiene como horizontes la defensa de los derechos fundamen-tales de todos los ciudadanos y el fortalecimiento del pluralismo político.

Sobra decir que este pacto mayoritario a favor de la democracia lo hemos logrado bajo la amenaza de grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico, el secuestro o el robo de gasolina, que no cuentan con apoyo popular ni respaldo político. Si hablamos de “conflicto armado interno” en vez de hablar de “democracia amenazada”, transmitimos al mundo una imagen deformada de lo que acontece en nuestro país. Sí, la nuestra es una democracia vital, pujante, pero amenazada por guerrilleros y paramilitares que convierten en “objetivos militares” a las autoridades locales, como fue el caso de los más de 300 alcaldes amenazados por las Farc a finales del gobierno pasado, o los gobernantes de los entes territoriales amenazados por las autodefensas.

Como sucede hoy en la legislación inglesa y española, el único nombre que tenemos para calificar a quienes usan el terror para atacar a una demo-cracia garantista y pluralista, es el de terroristas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los eufemismos, en este caso, nos hacen daño. No quiere decir eso que entremos, como sugieren algunos, en la “moda mundial” de la guerra santa contra el terrorismo, suponiendo que hemos importado el término para agradar a alguna potencia extranjera. Calificar a los terroristas como lo que son es un acto de sinceridad patria, lo que no quiere decir que sean monstruos irremediables o que carezcan de ideas políticas. Lo que hace peligrosos a los terroristas es precisamente que tengan ideas mesiánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política. De allí la impor-tancia de exigirles como condición básica para cualquier diálogo que desistan de la violencia, pues sin el recurso del arma bien pueden sus ideas entrar a jugar dentro de las reglas democráticas.

Caer en el juego de decir que existe en Colombia un “conflicto social y armado”, es nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque existen conflictos sociales o que los conflictos sociales en Colombia no tienen cauces democráticos para dirimirse, por lo que sólo encuentran la vía de las armas para expresarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos sociales serios, pero estos conflictos pueden dirimirse a través de los meca-nismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir estos conflictos, los polarizan y radicalizan para afianzar su estrategia de poder.

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Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror. Interpretando libremente a Estanislao Zuleta, podría decir que mientras a los demócratas nos interesa que haya cada vez más conflictos –pues para nosotros conflicto es una palabra noble y nos la jugamos por defender la vida del adversario–, a los violentos no les interesa que se abran escenarios plurales para la discusión y solución de los conflictos, pues ellos sólo quieren capita-lizar a su favor el odio de los desfavorecidos para catapultarlo y usarlo como herramienta para imponer su hegemonía. La acción de los grupos violentos colombianos es la más cruda negación de los conflictos que dan aliento a la democracia.

La paz que buscamos dentro de la democracia es polifónica; la de los violentos es la paz de los sepulcros. Así como se acercan a los cinturones de miseria de nuestras grandes ciudades para convertir el conflicto social de la marginalidad en un arma mortífera que puede envenenar el alma de nuestros jóvenes convirtiéndolos en asesinos púberes, así intentan por todas las vías subyugar los conflictos de la democracia a su dialéctica del odio de clases. Concederles que existe un “conflicto social y armado” no es otra cosa que legitimarles su estrategia del terror.

Entiendo que para algunos sectores de la comunidad internacional resulta difícil aceptar estos argumentos. Personalmente he debatido de manera amplia con algunos de los embajadores del llamado G-24 que han insistido en utilizar esta denominación. Pero no podemos dejar que observadores de otros países, que no alcanzan a comprender la dimensión de nuestros problemas o actúan bajo la presión de sus propios intereses o urgencias, definan la naturaleza de lo que nos acontece, trazando así el rumbo que debe seguir nuestra nación. Si acep-tamos que existe “conflicto armado interno”, que las guerrillas y autodefensas son “partes”, que los miembros de la Fuerza Pública son “actores del conflicto”, que los civiles pueden declararse neutrales frente a la Fuerza Pública, entonces muy pronto tendremos gobiernos extranjeros y organismos internacionales pasando por encima de las autoridades legítimas para hablar con los ilegales, invocando para ello el principio de neutralidad. No nos equivoquemos. En esta definición se juega la suerte de la nación. Una cosa es hablar de un país dividido por un conflicto armado interno y otra, muy diferente, de una nación amena-zada que lucha por consolidar su democracia. Una democracia amenazada por grupos terroristas está en todo su derecho de solicitar a los países democráticos del mundo ayuda para enfrentar esta amenaza. Un país dividido, azotado por un “conflicto armado interno”, es sinónimo de una democracia y unas autoridades

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cuestionadas, un gobierno al cual muchas naciones no brindarán ayuda en el campo de la seguridad y que preferirán cuestionar a la espera de ver qué rumbo toman los acontecimientos.

Estos son apenas algunos argumentos para ahondar en este debate apasio-nante, que hemos asumido con el presidente Uribe con amor de patria herida. Otros relacionados con la diferenciación entre los campos político, jurídico y humanitario, para aclarar que nuestra afirmación en lo político no pretende derogar la vigencia del DIH o impedir las acciones humanitarias de organismos especializados como el de la Cruz Roja nacional o internacional. Las conse-cuencias que esta decisión tiene sobre la política de paz en cuanto a las condi-ciones para hablar con grupos terroristas y pactar con ellos acuerdos, he podido tratarlas en otros escenarios y deberán ser materia de análisis exhaustivo por parte de los académicos agrupados bajo este convenio, a fin de entregar a la opinión un compendio de textos que haga claridad sobre el asunto. No quiere decir esto que el debate vaya a darse por terminado. Digamos que apenas empieza, que queremos posicionarlo como un gran debate de la democracia y adelantarlo con el mayor respeto entre ciudadanos desarmados, impidiendo que quienes hacen uso de la violencia intervengan con el silogismo de las armas para forzarlo según sus intereses o abortarlo con sus balas.

b. Acuerdo humanitario De los otros puntos que he señalado haciendo parte de este abanico de lo

que podríamos llamar “conceptos rectores de una política de seguridad y paz”, quisiera hacer referencia, por su carácter paradigmático y valor pedagógico, al llamado “acuerdo humanitario” y al tema de la “facilitación internacional”. Creo que en el campo del llamado canje, intercambio o acuerdo humanitario –cada una de estas tres palabras tiene un sentido distinto y denota intereses diversos y hasta contrapuestos– se decide, igualmente, un asunto crucial para la nación. El dilema es el siguiente: si ante un grupo que somete a un chantaje descarado a la nación entera, debemos ceder ante sus pretensiones y liberar de las cárceles delincuentes, para que al otro día descarguen de nuevo su furia sobre los ciudadanos y las instituciones. O si, al contrario, debemos adelantar acciones humanitarias, entendidas como mutuos gestos de buena voluntad por parte del estado y los secuestradores, para lograr la liberación de las víctimas; gestos de buena voluntad que no pongan en peligro la seguridad de otros ciuda-danos y se ajusten a las normas legales vigentes. La posición del gobierno ha sido la segunda, pero no ha sido fácil mantenerla, pues cabe lamentar que

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importantes sectores de opinión consideren que la presión política debe diri-girse sobre el gobierno para que ceda ante las pretensiones de los violentos y no sobre los secuestradores. Como se da de antemano la consideración que la guerrilla no va ceder, entonces debe ceder la autoridad democrática.

Importantes generadores de opinión, entre ellos algunos ex-presidentes, se han dedicado a torcerle el cuello al DIH para encontrar una fórmula inge-niosa pero funesta si se aplica en la realidad política. Empiezan por tomar el concepto “prisioneros de guerra” propio de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I, es decir de los conflictos internacionales para aplicarlo a la situación de violencia interna que vive Colombia. Por esta vía convierten a los secuestrados en “prisioneros de guerra”, lo mismo que a los guerrilleros, haciéndolos intercambiables. Los más pudorosos recurren al Protocolo II y extienden a los civiles la fórmula “personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto”. Buscan así eludir las normas humanitarias que impiden la retención de civiles y por otro lado tratan de pasar por encima de la ley penal colombiana, a fin de liberar sin obstáculos los guerrilleros que se encuentran pagando sus penas en las instituciones penitenciarias.

El malabarismo más extraño lo hacen cuando recurren a una frase del artículo 3o. común que faculta a las partes para adelantar acuerdos especiales que permitan actualizar o poner en vigencia normas humanitarias. Asumiendo que el DIH hace parte del bloque de constitucionalidad y se coloca por encima de las normas internas, sugieren que en virtud de ese artículo y de la peculiar interpretación que dan a esa frase, el Presidente de la República firme un acuerdo con un grupo armado al margen de la ley, documento que adquiere ipso facto el carácter de norma supraconstitucional, capaz de dejar en suspenso el Código Penal colombiano, permitiendo por tanto al Presidente liberar guerrilleros procesados o condenados sin importar su delito ni consultar a las autoridades judiciales.

Este artificio jurídico sería suficiente para que veinticuatro horas después de firmado el mencionado acuerdo, el Presidente de la República estuviera compareciendo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, investigado por una flagrante violación de la ley colombiana. No sólo se interpreta mal la aludida frase del artículo 3o. común que sugiere ir más allá del mínimo huma-nitario y no, como en este caso, ponernos debajo de él para negociar lo que en el DIH es imperativo e innegociable. Se transforma además de forma sofística la condición de los secuestrados, convertidos ahora en prisioneros de guerra; se sugiere violar la normatividad penal interna que el mismo DIH se esfuerza

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por preservar; además se encuentra una maravillosa fórmula para eludir la ley y la Constitución, nada más ni nada menos que con la argucia expedita de firmar un acuerdo entre la máxima autoridad de la nación y un grupo de delincuentes al margen de la ley. Documento que de inmediato tendría más valor que las leyes aprobadas por el Congreso o las decisiones de nuestras instituciones republicanas. Más dislates imposible reunir en un solo acto.

Lo triste del asunto es que dichas fórmulas se presentan como alterna-tivas para agobiados familiares que marchan ilusos tras las quimeras. Resulta desgastante la polémica pública de quienes cuestionan al Presidente cuando este dice que sólo puede liberar guerrilleros de acuerdo con la ley y a partir del compromiso por parte de éstos de no volver a delinquir. ¿Cómo así que un gobernante legítimo dentro de un estado de derecho no puede pedirle a delin-cuentes que reciben un beneficio judicial, el compromiso básico de no volver a injuriar a las instituciones ni violentar a los ciudadanos?

Qué enormes confusiones debe causar a los ilegales vernos en este tipo de debates, incidiendo en la percepción que tienen del problema y desper-tando en ellos esperanzas de ver consolidados sus propósitos. No es accidental que lleguen a considerar en su fuero interno que algunos de estos eminentes ciudadanos, que expresan en público sus diferencias con el gobierno en este asunto, son sus “aliados estratégicos” en el propósito de consumar el despia-dado chantaje. Ante asuntos de tanta gravedad debería primar un consenso nacional ante los violentos, tal como rige para los asuntos de política exterior. Frente a una amenaza interior que pone en peligro la unidad nacional, los líderes históricos deberían actuar como actúan los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores; con unidad de patria y ventilando sus opiniones divergentes de manera directa con las altas autoridades del gobierno, para no enviar mensajes equívocos a los secuestradores.

Es lamentable que el asunto del canje se haya querido convertir además en bandera electoral, o que, como pude constatarlo en la gira con el Presidente Uribe por Europa en febrero de 2004, grupos minoritarios y radicales simpa-tizantes de las Farc corearan al tiempo consignas ofensivas contra el Primer Mandatario, “libertad para Simón Trinidad” y “canje...canje”, dejando claro, como lo decía una pancarta de las Farc durante el anterior proceso de paz con ese grupo guerrillero, que “el canje no es un gesto humanitario sino un acto revolucionario”. Duele aún más que sean emisarios de los victimarios quienes muchas veces se toman el atrevimiento de aconsejar a los familiares de los secuestrados lo que deben hacer para poner al gobierno contra las cuerdas.

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Como quien dice, los pájaros tirándole a las escopetas. Pero como en este asunto los desafueros son la norma, quiero comentar una anécdota que espero no se convierta en tormentosa noticia política de los próximos días.

Es tal la falta de criterio y ecuanimidad para tratar este tema –cosa que entiendo, pues está de por medio el dolor de los secuestrados y sus familias– que durante el debate del proyecto de ley de “Justicia y Paz” que se adelanta en el Congreso, estamos a punto de caer en una peligrosa paradoja, que podría costarle mucho a la nación. En las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, fue aprobada una propuesta del senador José Renán Trujillo, acordada con el gobierno, para conceder los beneficios consagrados en dicha ley a los miembros de grupos con los que se alcancen “acuerdos humanitarios”. Pues el gobierno no está en contra de buscar un mecanismo que permita la libertad de los secuestrados, concediendo algún beneficio jurídico a quienes muestren gestos de buena voluntad que permita a los cautivos regresar a la libertad. De lo que se trata es de hacerlo sin poner en peligro la política de Seguridad Democrática, ni estimular hacia un futuro nuevos chantajes y secuestros. Las condiciones para dicho acuerdo se han hecho públicas varias veces, y a ellas se añade ahora la posibilidad de otorgar los beneficios de la ley de “Justicia y paz” para alcanzar dicho propósito.

Hasta allí las cosas van bien, extendiendo al máximo nuestra generosidad sin poner en peligro la eficacia de una política de pacificación ni la integridad de las instituciones. Pero un significativo grupo de parlamentarios, entre los que se cuentan algunos de los más duros críticos del gobierno en lo relacionado con este proyecto, dejaron constancias en el sentido de revivir en las plenarias del Congreso el debate, para tornar más ágil la concesión de estos beneficios, de tal manera que el Presidente de la República ordene de manera directa la excarcelación de los guerrilleros beneficiados, sin que estos tengan que pasar por el tribunal especial, pagar una pena privativa de la libertad básica o reparar a las víctimas. Algunos, incluso, sugieren que esta función no debe ser facul-tativa del Presidente sino obligatoria. De ésta manera creen asegurar un meca-nismo expedito para el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.

Si esto llegase a suceder, estaríamos ante una peligrosa paradoja. Aque-llos que firmen acuerdos de paz y desmovilicen a sus hombres, entregando armas y bienes ilícitos, se irían a la cárcel con el compromiso de reparar a sus víctimas antes de obtener un beneficio judicial. Pero aquellos que secues-tren a ciudadanos inocentes, chantajeando al estado para conseguir sus propó-sitos, podrían salir de las cárceles por mecanismos expeditos que resultarían

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una burla para la justicia y las víctimas. Se desestimularía por completo la política de desarme y desmovilización, mientras se estimularía a los grupos armados ilegales para que recurran a la práctica del secuestro con el propósito de obtener mejores condiciones de excarcelación para sus miembros.

Esta propuesta es una muestra más de la falta de universalidad con que algunos legisladores tramitan la ley de “Justicia y paz”. Para el gobierno es claro que el asunto de la excarcelación de miembros de grupos armados ilegales es central para consolidar los esfuerzos de paz. Pero considera que los criterios aplicados a guerrilleros y paramilitares deben ser idénticos, pues de lo contrario escindiríamos de nuevo a la nación antes que avanzar hacia una efectiva reconciliación nacional. Esperamos que prime la cordura entre los legisladores, para que desistan de su pretensión de modificar lo aprobado en las comisiones primeras conjuntas sobre acuerdo humanitario. Lo otro sería abrir un enorme boquete a la ley de “Justicia y Paz”, que tornaría inane el resto del articulado. Este si sería un “mico” de gigantescas proporciones, un “gorila” que en vez de ayudar a la pacificación del país intensificaría mucho más la violencia. Me imagino a las autodefensas rehusándose a la desmovilización y haciendo secuestros para obtener mejores condiciones que las brindadas por el actual proyecto de ley. Y a la guerrilla acorralando al Presidente y presio-nando a los ciudadanos para que se le apliquen tan expeditos mecanismos con el propósito de sacar a todos sus efectivos de las cárceles. A este escenario bien podríamos llegar en pocos días, si el asunto del canje o intercambio se sigue manejando sin profundidad conceptual y visión estratégica, por lo que considero pertinente, señores académicos, estudiar con seriedad este tema y adelantar una pedagogía nacional para que encontremos una salida humani-taria al caso de los secuestrados, pero sin exponernos a violencias futuras o procesos de desinstitucionalización que luego tendríamos que lamentar.

c. Facilitación internacional Por último una referencia a los “facilitadores internacionales”. Aunque

Colombia cuenta con una tradición poco evaluada de participación de la comunidad internacional en procesos de paz, se hace necesario redefinir el papel del facilitador a la luz del calificativo que los grupos armados ilegales han recibido como organizaciones terroristas. Si ha sido una constante que la guerrilla busque el oxígeno internacional para abrirse espacios políticos, en las actuales circunstancias esta búsqueda resulta más intensa y afanosa. Las Farc están buscando conformar un grupo de países amigos del acuerdo

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humanitario, cuidadosamente seleccionados por ellos. Escogen a Cuba, Vene-zuela, Brasil y Argentina del continente americano; a España, Suiza y Francia de Europa, y al Vaticano y Naciones Unidas como acompañantes. No sólo es cuestionable la figura de los “países amigos” que poco pueden hacer en el campo de la facilitación y si mucho en abrirle espacios de interlocución a los grupos armados ilegales colombianos. Resulta preocupante además que a partir de una lectura simplista del nuevo orden internacional, las Farc escojan unilateralmente los países que deben ser los acompañantes del proceso, pensando –tal vez– que sus ideas tendrán en ellos mayor eco. Recientemente el Eln trató de influir en una reunión programada entre el Presidente Uribe y los presidentes de Brasil, España y Venezuela, anunciando como cosa curiosa que la situación colombiana resultaba peligrosa para la sub-región. Y este mismo grupo, después de romper con la facilitación mexicana pretextando un desacuerdo con la política interna y exterior de ese país, llamó al viejo grupo de países amigos –Cuba, Suiza, Francia, Noruega y España– a reasumir unas funciones gaseosas que nada tienen que ver con la intención de resolver el espinoso asunto del secuestro, al que de manera tan profesional nos había llevado la facilitación mexicana.

Tengo serias dudas sobre la validez de estos “grupos de países amigos” puestos en marcha durante la administración anterior. No sólo su confor-mación fue en ocasiones apresurada y caótica, sino que jamás se definieron con claridad sus funciones o el límite temporal de su intervención. Cuando comenzó la actual administración el grupo de países amigos que acompañó el proceso con las Farc seguía reuniéndose por inercia, así no existiera proceso, pues en el mundo diplomático es fácil constituir grupos pero muy difícil disol-verlos. Dichos grupos, útiles para obtener apoyos operativos si son bien orien-tados, tienen, sin embargo, una falla grave, que son las acciones difusas, fácil-mente aprovechables por los ilegales para ganar espacios de interlocución y contar con canales de alto nivel para transmitir sus posiciones y comunicados, convirtiéndose en un factor de deslegitimación de nuestro gobierno. Por otro lado, cuando dicha labor es adelantada por embajadores acreditados y no por facilitadores profesionales dedicados de manera exclusiva a esta tarea, la posi-bilidad de equívoco es mayúscula.

El campo de la facilitación internacional debe ser entonces estudiado con cuidado. El fracaso de la labor de buenos oficios de Naciones Unidas debe salir de los chismes de salón y de las inculpaciones tendenciosas para analizarse con objetividad. En nuestro concepto la labor de facilitación debe separarse de la

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figura del Asesor Especial del Secretario General, pues resultan contradicto-rias. Por otro lado, Naciones Unidas no puede pedir la condición de neutralidad frente a los grupos terroristas colombianos, para tender puentes con ellos.

Si Colombia hace parte del sistema de Naciones Unidas, resulta absurdo que se invoque neutralidad frente a los grupos terroristas que amenazan nuestra democracia. Se hace necesario que el Secretario General de Naciones Unidas redefina sus protocolos para clarificar qué significa adelantar una labor de buenos oficios frente a un grupo terrorista que amenaza a un estado miembro. La ONU tiene un claro mandato de lucha contra el terrorismo, reforzado después del 11 de Septiembre por la resolución 1373. ¿Cómo puede entonces declararse neutral frente a organizaciones que hacen parte de las listas terro-ristas de Europa y Estados Unidos, y que atacan flagrantemente a la pobla-ción civil? Creemos que en este caso la labor previa de exhortación y presión política legítima para que dicho grupo cese en sus acciones terroristas es parte integral de la gestión de buenos oficios, lo cual no es obstáculo para que se abra espacio a una “neutralidad profesional” limitada al campo de los proce-dimientos pero no extensible al ámbito político. Dicha “neutralidad” operativa y circunstancial cobijaría al funcionario encargado de adelantar los contactos y no se predicaría del Sistema de Naciones Unidas en general, ni de la Oficina del Secretario General en particular. Así impediríamos confusiones como las que bloquearon el reciente intento de facilitación de Suiza con las Farc, que fue interpretado por este grupo como el establecimiento de un canal para las relaciones “político diplomáticas” con esa nación, con el propósito de tratar asuntos de “interés mutuo”.

Frente a estas confusiones el modelo adelantado por México con el Eln debe ser apreciado en toda su dimensión. Se trató de una labor profesional que permitió avances significativos para un encuentro directo entre el gobierno colombiano y el Eln. Por la claridad de su encuadre, la destinación de un diplomático para adelantar la labor con exclusividad y la precisión de sus objetivos, la facilitación adelantada por México configura un modelo digno de repetirse. La facilitación internacional resulta útil si se adelanta de manera discreta y profesional, como producto de un previo acuerdo del facilitador con el gobierno colombiano, con aceptación explícita por parte del grupo armado ilegal y limitación en el tiempo. Los “grupos de países amigos”, confor-mados para apoyar procesos en marcha, no resultan adecuados para la labor de facilitación. Y menos aún los contactos espontáneos de gobiernos extran-jeros con los grupos terroristas colombianos, que terminan deslegitimando

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nuestra democracia y dando alientos a su acción violenta. Es hora de repasar con cuidado nuestras experiencias en este campo para no seguir cometiendo errores y, más bien, aprender a utilizar con precisión este importante instru-mento internacional como medio para alcanzar la paz en nuestra patria.

II. Política de paz con los grupos armados ilegales Definido el ámbito de los conceptos, entremos a un segundo ámbito relacio-

nado con propuestas de paz y metodologías de diálogo con grupos ilegales, que es necesario tener en cuenta. En primer lugar quisiera resaltar la importancia de la decisión tomada por este gobierno de adelantar diálogos con todos los grupos armados ilegales, siempre y cuando expresen de manera pública su compromiso de abandonar la violencia. Nuestro esfuerzo por convencer a las autodefensas de desmontar su mortífero aparato de terror, no ha tenido suficiente acompa-ñamiento por parte de la academia. Encontramos aquí un sesgo entre los inte-lectuales que trabajan el tema de la paz, nacido quizá de un prejuicio histórico. La mayoría de ellos ven con buenos ojos adelantar negociaciones con grupos armados nacidos de la izquierda, pero no con la derecha armada. No obstante que los grupos guerrilleros han insistido en que sin un desmonte de los grupos paramilitares no avanzarán en un proceso de paz; que las pasadas conversa-ciones con las Farc y el Eln durante el gobierno de Andrés Pastrana se vieron sucesivamente torpedeadas por la acción de estos grupos. Hasta ahora nadie había intentado explorar una salida dialogada con los grupos de autodefensas.

Cuando se iniciaba el actual gobierno, los anteriores Comisionados de Paz, convocados por Carlos Holmes Trujillo, escribieron un libro titulado “Al oído de Uribe”. Querían transmitirle a este gobierno sus experiencias y darle consejos en el tema de la paz. Cuando se inició el diálogo con las autodefensas, revisé el texto en busca de alguna orientación. A la pregunta de si era posible un diálogo con estos grupos se respondía diciendo que de pronto cuando se hiciera la paz con las guerrillas, o negaban de plano la posibilidad. Me di cuenta entonces que se trataba de abrir camino, sin la ventaja de una sólida experiencia previa.

A esto se han sumado prejuicios que impiden la labor del pensamiento. Por ejemplo, suponer que las autodefensas no son nuestros opositores sino nuestros aliados. Qué grave error. Estos grupos se levantan en la actualidad como la más grave amenaza para la gobernabilidad democrática. No dependen del estado, antes bien, compiten con él por el monopolio de la fuerza y de la justicia. El hecho de no presentarse como contradictores abiertos de nues-tras instituciones democráticas los hace más peligrosos, pues se disfrazan con

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nuestros ropajes, confundiendo a cientos de ciudadanos que han creído encon-trar en ellos una alternativa de seguridad, cuando en realidad imponen una nueva forma de sometimiento.

Para el gobierno siempre ha sido claro que el primer paso para legitimar el Estado y favorecer un diálogo sólido con las guerrillas es desmontar los grupos paramilitares, centrando la acción antisubversiva sólo en las Fuerzas Armadas institucionales. Sin embargo, encontramos opositores a la izquierda y a la derecha. Encontramos también temor en los ciudadanos que no olvidan las acciones violentas de la guerrilla y temen quedar expuestos de nuevo a sus desafueros.

Es importante que, a la luz de este convenio, profundicemos sin apasio-namientos partidistas ni visiones maniqueas en el reto que significa desmo-vilizar a las autodefensas. Y que seamos capaces de articular el desmonte de estos grupos con una política de paz que involucre también a las Farc y el Eln. Simplemente como ejercicio intelectual, permítanme una prospección de lo que puede ser una política de seguridad y paz que dé continuidad a los propó-sitos de este gobierno.

Fortalecidos los logros obtenidos hasta el presente con la Política de Seguridad democrática, que exigirán de nuestra parte persistencia y compro-miso a largo plazo, podremos adentrarnos, poco a poco, en una política de paz viable y duradera que la complemente. En efecto, conseguir la seguridad no es alcanzar la paz. Pero sí es un requisito indispensable para mostrar a los violentos que el camino de las armas es inútil y para fortalecer al Estado como interlocutor legítimo, capaz de ofrecer a todos los colombianos garantías para el disfrute de sus derechos y libertades democráticas.

En primer lugar debemos consolidar el desmonte de la maquinaria para-militar. Ya ellos aceptaron en el Acuerdo de Santa Fe Ralito, del 15 de julio de 2003, desmovilizar a sus hombres, dejando atrás el argumento histórico que no lo hacían si antes no daba ese paso la guerrilla. Consolidar ese proceso antes de terminar el presente año, como bien se dice en el acuerdo, debe ser un propósito nacional. Sin lugar a dudas las guerrillas tratarán de utilizar este espacio para golpear a poblaciones vulnerables y agudizar sus ataques contra el Estado, a fin de demostrar el fracaso de la seguridad democrática. El reto será entonces enfrentar la amenaza terrorista de la guerrilla sólo con instru-mentos democráticos, buscando el apoyo activo de la población civil a las políticas de seguridad, y el respaldo internacional, tanto político como finan-ciero, para seguir consolidando nuestra democracia.

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Entre tanto, ofreceremos a las Farc y al Eln propuestas claras para una salida dialogada. Como condición inicial insistiremos en el cese de hostili-dades, entendido como un compromiso político, por parte de estos grupos, de suspender las acciones violentas. Dicho requisito es fundamental. Mucho se ha criticado el cese de hostilidades de las autodefensas, que dista de ser perfecto. Pero como las autodefensas se han comprometido con su palabra, ninguna justificación pueden esgrimir cuando incurren en acciones violentas, corriendo en cambio con todos los costos políticos al hacerlo. Las estadís-ticas muestran por demás una disminución significativa en homicidios –67 %– y de masacres –83 %– atribuidas a estos grupos desde que se iniciaron los diálogos. No sólo se han incrementado las acciones militares contra todos aquellos que violan el cese de hostilidades –en cifras que superan en promedio el 300 %–, sino que el reclamo llevado a la mesa de diálogo resulta un útil mecanismo de presión para posicionar las condiciones del gobierno y acelerar la desmovilización. Pues si bien ha dicho el gobierno “urgencia para el cese de hostilidades y paciencia para la desmovilización y el desarme”, la paciencia para la desmovilización se acaba, cuando el cese de hostilidades se viola.

En días pasados el Eln rompió sus relaciones con la facilitación mexi-cana, como un pretexto para no asumir ante la opinión el costo político de su negativa a dejar de secuestrar. Incluso, uno de los jefes de las autodefensas, en entrevista televisiva, tachó al gobierno de fundamentalista por no entender que el asunto del secuestro era tema para tratar en la mesa. Otros sectores de opinión piensan lo mismo, y así se lo han hecho saber al gobierno. Sin embargo, el Presidente ha dejado claro que si nos hacemos los de la vista gorda con esta práctica terrorista, si en pos de un logro efímero cedemos ante la negativa de ese grupo de abandonar la terrible práctica del secuestro, perderemos entonces toda legitimidad y autoridad moral para exigírselo en el futuro, exponiéndonos a que dicho grupo realice secuestros masivos como los sucedidos durante el gobierno anterior para obligarnos a ceder ante sus propósitos. Si aceptamos que ese grupo suspenda acciones contra la Fuerza Pública y la infraestructura pero que siga secuestrando mientras dialoga con nosotros, como fue su propuesta, sería tanto como legitimar sus acciones contra los ciudadanos, mientras la Fuerza Pública se compromete a no atacarlos, en virtud del compromiso de reciprocidad. No hay que afanarse. Tal vez la correlación de fuerzas no es todavía suficiente para obligar al Eln a cambiar su posición y asumir que el mundo actual exige un compromiso

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serio frente al secuestro. Lo que no podemos hacer es iniciar un diálogo que en vez de permitirnos avanzar, nos devuelva al mismo empantanamiento en que estamos con ese grupo, desde hace diez años. La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el campo de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos.

De manera especial, es importante teorizar y desarrollar los modelos e instrumentos que sirvan al Presidente y los altos mandos militares para combinar, de manera acertada, la presión política y militar legítima, con las salidas negociadas. En este campo de decisión no podemos seguir moviéndonos por espontáneas intuiciones, o a partir del mensaje clandestino que envía un grupo armado ilegal anunciando su voluntad de paz. Se necesitan estrategas capaces de determinar cuándo es preciso coaccionar con la fuerza del estado, pero también de auscultar el momento preciso para abrir caminos de paz; de combinar el uso de la fuerza legítima y las acciones de acorralamiento polí-tico, con los métodos persuasivos propios de una mesa de diálogo.

Habrá que analizar si el Eln está maduro para dejar de secuestrar, o si se necesita mayor presión legítima, incluso, de sectores de izquierda que son escuchados por ellos, para que abandonen de una vez por todas esas prácticas delictivas. Esto no quiere decir que dejemos atrás lo logrado hasta ahora. El gobierno ha ofrecido a ese grupo una suspensión de acciones militares ofen-sivas como reciprocidad a un cese de acciones violentas decretado por ellos, que debe incluir el secuestro. Acto seguido podemos adelantar programas de desminado conjunto en zonas donde han operado, estudiar mecanismos para la financiación internacional del proceso y poner en marcha un “acuerdo humanitario” que permita la liberación de los secuestrados en su poder y de los presos de ese grupo que puedan recibir beneficios judiciales. Cumplida esta primera fase estaríamos en condiciones de apoyar la convocatoria de la llamada “Convención Nacional”, mecanismo participativo en el que ha insis-tido ese grupo desde hace varios años. Basta entonces que el Eln anuncie que está dispuesto a dejar de secuestrar, para que de inmediato retomemos los preacuerdos alcanzados hasta ahora con la ayuda de México, que bien pueden llevarnos a un encuentro directo entre el gobierno y ese grupo guerrillero. Ante quienes dicen que nuestras exigencias son exageradas, que deberíamos iniciar conversaciones sin el requisito del cese de acciones violentas y la defi-nición de un derrotero claro, debemos responder con argumentos sólidos. Por lo tanto, dejo también a consideración de los académicos encargados de desa-

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rrollar el convenio que hoy firmamos, estudiar la validez de estas exigencias para dar mayor fundamentación a nuestra propuesta, de tal manera que si se considera justa el país la conozca y se apropie de ella, pues siempre corremos el peligro de olvidar lo esencial e irnos tras quimeras que tienen a la postre terribles costos para la nación.

¿Y qué hacer entre tanto con las Farc? Poco interés ha mostrado ese grupo en adelantar un proceso de paz con el actual gobierno. Cuando apenas se iniciaba la actual administración formularon la exótica exigencia de desmi-litarizar dos departamentos fronterizos como condición para iniciar conversa-ciones dejando la impresión de estar más interesados en consolidar su dominio territorial, que en una propuesta de paz que no ponga en peligro la unidad de la nación. Hoy por hoy, sus esfuerzos se centran en el llamado “canje” de guerri-lleros presos por civiles secuestrados, con el propósito de asestar un golpe político al establecimiento y fortalecer su capacidad militar con la liberación de guerrilleros experimentados que permanecen en la cárcel. Será necesaria más presión militar y política para que accedan a una salida dialogada viable y segura para el Estado.

El gobierno se ha mostrado dispuesto a lograr un acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas secuestradas, siempre y cuando se adelante bajo el marco jurídico vigente y cumpliendo condiciones razonables: sin despejes militares y con el compromiso de los guerrilleros liberados de no volver a delinquir. Aunque en un principio el Presidente ligó el acuerdo huma-nitario al inicio de un proceso de paz, por sugerencia de dirigentes nacionales y familiares de los secuestrados, desde el 24 de septiembre de 2002 tomó la decisión de diferenciar los dos escenarios.

El pasado 23 de julio de 2004, el gobierno entregó, a un facilitador inter-nacional, en Roma, una propuesta en dos fases. En primer lugar un acuerdo humanitario, cuyos términos fueron conocidos por la opinión el 18 de agosto de ese año: el gobierno libera de manera unilateral un grupo de guerrilleros condenados por rebelión, a los cuales se les ofrece una alternativa para su reincorporación a la sociedad. Liberados por parte de la guerrilla los políticos secuestrados y miembros de la Fuerza Pública en su poder, se examina el inicio de la segunda fase –previa declaratoria de un “cese de hostilidades por parte de las Farc, sin entrega inicial de armas ni desmovilización y con reci-procidad del gobierno–, que consistirá en la suspensión de acciones militares ofensivas”. Tal como quedó consignado en el documento del 23 de julio “el compromiso de una y otra parte tendrá vigilancia internacional”.

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Aunque dicha propuesta no mereció ninguna respuesta por parte de las Farc, en un gesto de buena voluntad el gobierno indultó el 2 de diciembre a veintitrés guerrilleros pertenecientes a ese grupo, que hoy se encuentran en libertad. El pasado 20 de diciembre se ofreció una fórmula sencilla para perfeccionar el acuerdo que facilite la liberación de sesenta y tres colombianos y extranjeros secuestrados: “El gobierno está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si éstas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad”. Para el traslado de los miembros de las Farc al lugar de encuentro y su regreso, se contará con garantes nacionales e internacionales.

Voceros de dicho grupo han afirmado en comunicado público del pasado 25 de febrero que sólo hablarán de paz si se les reconoce carácter político y se convoca una Asamblea Constituyente. Siguiendo los lineamientos de la propuesta que formulamos desde julio de 2004, podemos decirle a las Farc que si se trata de sacar adelante un proceso de paz, no tenemos ningún problema en considerarlos interlocutores válidos, siempre y cuando cesen en sus acciones violentas. Y aún más, si para consolidar un proceso de paz serio es necesario convocar una Asamblea Constituyente, tampoco vemos problema en explorar esa posibilidad.

Tanto al Eln como a las Farc debe quedarles claro que así como este gobierno ha sabido combatirlos con firmeza, tiene también decisión y gran-deza para explorar los caminos del diálogo. No del diálogo como pretexto para fortalecerse militarmente y volver a la violencia. Del diálogo que conduzca a un efectivo desarme y reconciliación de la nación.

Señores académicos: dejo a ustedes este ramillete de inquietudes y propuestas que espero podamos desarrollar en el marco de este convenio. Cada idea deberá ser sopesada; cada palabra, escudriñada, para lograr nuestro propósito de entregar al país el diseño de una política de paz seria que comple-mente el esfuerzo y los invaluables sacrificios de nuestra Fuerza Pública, garante y soporte de la democracia colombiana.

Muchas Gracias.

Intervención del Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo en la Universidad Militar ‘Nueva Granada’ con ocasión de la firma del convenio entre la Universidad Militar y la oficina del Alto Comisionado para la paz.Abril 27 de 2005Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/abril/abr_27_05a.htm

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¿HAY CONFLICTO?Luis Carlos Restrepo Ramírez

En el marco de la Semana por la Paz que hoy termina, el presidente Álvaro Uribe le hizo saber al Eln que si se compromete en un cese de hostilidades, no tiene problema en reconocer la existencia de un conflicto, a fin de avanzar en un proceso de paz.

El Gobierno ha negado la existencia de un conflicto armado interno, como calificativo político para describir la situación de violencia que padecemos.

Hemos dicho que no es Colombia una nación dividida, azotada por la guerra civil, sino una democracia amenazada por los violentos.

¿Cae el Presidente en una contradicción cuando se muestra dispuesto a aceptar en una mesa de negociación la existencia de un conflicto con aquellos que han silenciado las armas? No.

Pues si bien no podemos aceptar que se recurra al secuestro, o al homi-cidio con excusas políticas, el Gobierno está dispuesto a tramitar cualquier diferencia de ideas o problema social por los cauces de la democracia.

Un mensaje similar se envió a las Farc a raíz de un comunicado del secre-tariado el pasado 25 de febrero. Pusieron entonces como condición para un proceso de paz que se les diera reconocimiento político y se marchara hacia una Asamblea Constituyente.

Por instrucciones del Presidente, dije entonces que no teníamos problema en reconocerlos como interlocutores políticos si cesaban sus acciones violentas y que bien podríamos avanzar hacia la convocatoria de una constituyente, como culminación de un proceso de paz.

El pasado 25 de agosto, el Eln planteó como obstáculo para avanzar hacia la paz que el Gobierno no reconociera la existencia de un conflicto interno.

El Presidente ha dicho que ese obstáculo es removible si ese grupo acepta el clamor nacional que les pide silenciar sus armas. Queremos al Eln y a las Farc dentro de la democracia, para que busquemos solución a nuestros conflictos sin recurrir a la violencia.

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La palabra conflicto es una palabra noble, que nos invita a dignificar al contradictor a la vez que cuidamos su integridad personal y derechos ciuda-danos. Al matar al contradictor, la violencia aplasta el conflicto, en vez de buscarle un camino creativo.

Estamos dispuestos a reconocer la existencia de un conflicto, no para perpetuar la violencia sino para superarla.

Pues silenciadas las armas, desaparece el terror y emerge un conflicto que puede dirimirse en el seno de la democracia.

Septiembre 11 de 2005Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/septiembre/sep_12_05a.htm

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Alfonso Monsalve Solórzano: Bienvenidos a La Fuerza de los Argu-mentos. “Saber para decidir; argumentar para saber”. Como ustedes saben este es un programa de la Universidad de Antioquia, producido por Telemedellín y con el apoyo del periódico El Mundo. Hoy vamos a hablar de un tema crucial en nuestro país: ¿Existe en Colombia un conflicto armado interno o una amenaza terrorista, o ambos? ¿De qué se trata cuando se habla de este tipo de cosas? Para hablar de ello contamos con la presencia del doctor Libardo Botero Campuzano, economista de la Universidad de Antioquia y analista político, y con el doctor Jorge Giraldo Ramírez, que es filósofo de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia y candidato a Doctor allí mismo, en el Instituto de Filosofía, y profesor de la Universidad EAFIT en el Departamento de Humanidades. Y como conductor invitado va a estar el doctor Fabio Giraldo Jiménez, que es licenciado en Filosofía de la UPB, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y profesor del Instituto de Filosofía de nuestra Alma Mater. Vamos a entrar de una vez a la discusión. Voy a preguntarle a cada uno de los invitados por su posición. Libardo: ¿hay conflicto armado o amenaza terrorista en Colombia?

Libardo Botero Campuzano: Bueno, Alfonso. Yo comparto la tesis del gobierno, que se ha planteado, y que ha motivado realmente el debate. En el sentido de que lo que está ocurriendo en Colombia, no es aquel fenómeno tradicional que estamos acostumbrados a considerar cuando repasamos la historia, de una sublevación popular o algo por el estilo contra un régimen despótico. Levantamientos que dieron origen a través de la historia a toda una serie de teorías políticas y que se tradujeron inclusive en legislaciones, para darle una consideración particular a este tipo de fenómenos. Aquí no se trata de nada de eso. Estamos ante una situación completamente distinta. No hay un levantamiento popular; las fuerzas que se denominan insurgentes no

¿CONFLICTO ARMADO INTERNO O AMENAZA TERRORISTA?

Alfonso Monsalve Solórzano, Fabio Giraldo Jiménez, Libardo Botero Campuzano, Jorge Giraldo Ramírez

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representan a ningún sector importante de la población. Y se han desbordado en general a utilizar métodos que son evidentemente terroristas. Entonces, por toda esa serie de circunstancias, más otras que en el curso del programa podremos desarrollar, yo considero que la calificación del gobierno es acer-tada. Es más: yo agregaría una apreciación personal, que no sé que validez pueda tener. Yo creo que no es una mera “amenaza” terrorista; es una agre-sión terrorista. Porque “amenaza” en el fondo es hablar como de algo en potencia. Aquí vivimos de hecho una agresión terrorista continuada, persis-tente, permanente. Esa sería, para empezar, mi posición.

Alfonso Monsalve Solórzano: OK. A ver, Jorge.Jorge Giraldo Ramírez: Bueno. Yo creo que en la postura del gobierno

hay dos elementos. Un elemento es que la situación de violencia que vive el país es, en términos generales, injustificada, injusta, que perjudica el buen funcionamiento de la sociedad y atenta contra la vida de los colombianos. Ese es un aspecto del diagnóstico que yo comparto. Otra cosa distinta es decir que no existe una guerra como fenómeno bélico o como fenómeno político. Entonces mi posición es que en Colombia hay una guerra (el calificativo de “conflicto armado” es un calificativo más jurídico que político, establecido por Naciones Unidas). Creo que en Colombia hay una guerra: injusta, contra el Estado y contra la sociedad, pero es una guerra de acuerdo a los cánones del pensamiento político tradicional y moderno.

Alfonso Monsalve Solórzano: O sea que lo que Jorge está defendiendo es que hay una guerra que tiene manifestaciones terroristas. ¿Cuál es el sentido de decir que no hay una guerra interna?

Libardo Botero Campuzano: A ver. Hay una situación de violencia en Colombia, muy fuerte. Pero yo entraría a discutir lo de político, que me parece muy importante. Y lo relaciono con la discusión que simultáneamente ha plan-teado el gobierno en el país, y el Presidente de la República en particular, sobre el asunto del delito político, y que está muy conectado con eso. Y creo que aquí hay una cosa muy importante, y yo llamaría a la reflexión sobre el asunto. En el mundo, a través de los siglos se fue formando una teoría, una concepción, que le dio un cierto estatus a lo que se ha llamado el delito político. Eso tuvo un origen. Es decir, frente al resto de los delitos, los denominados delitos comunes, se terminó por diferenciarlo, porque tenía unas pretensiones nobles o altruistas, porque quien lo desarrollaba –levantarse contra un régimen, atentar contra un tirano o un soberano, etc.– se dirigía supuestamente a defender el interés general y no estaba defendiendo ningún interés particular, egoísta, económico. Y por

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¿Conflicto armado interno o amenaza terrorista?

tanto se le consagró así. Y a ese tipo de levantamientos, hasta los más modernos –digamos los movimientos de liberación nacional, que son los levantamientos más modernos que conocemos– de este orden, se les consagraba como movi-mientos políticos. E inclusive la teoría señalaba que esos levantamientos eran la continuación de la política por otros medios, cierto. El gobierno está planteando lo siguiente. Siguiendo una corriente más contemporánea –en eso difiero del doctor Giraldo–, que considera que a esos levantamientos no puede dárseles la connotación de políticos, de levantamientos políticos tradicionales. Porque son levantamientos contra la democracia, contra regímenes legítimamente consti-tuidos, respaldados por la mayoría de la población, y regímenes que ofrecen la oportunidad de expresar las diferencias y los planteamientos de orden social, político y económico por cauces constitucionales y legales, civilizados. A esos ataques no se les otorga el estatus de un delito especial, ni a esos levantamientos y movimientos (hablo de Eta, Ira y grupos como los de acá) se les otorga o se les debe otorgar la condición de políticos.

Alfonso Monsalve Solórzano: Fabio…Fabio Giraldo Jiménez: No, pues… Yo que soy un pacifista irredento…

Me maravilla el contraste del lenguaje del gobierno, que dice que no hay guerra, y la financiación de la guerra. Yo lo veo. ¿Usted no lo ve?

Libardo Botero Campuzano: Hay violencia, sí. Es que no estamos diciendo que no hay violencia…

Alfonso Monsalve Solórzano:A ver. ¿Cómo sería esa diferencia? ¿Por qué no intentamos adelantar una definición de violencia y de guerra, para ver cómo sería esa diferencia?

Jorge Giraldo Ramírez: Esa parte es clave, Alfonso. La violencia es una cosa (o probablemente no es una cosa, son muchas cosas; en general en teoría se habla más de violencias que de violencia, porque la violencia tiene mani-festaciones muy diferentes) y la guerra es otra. Hay casos que son fácilmente constatables. Por ejemplo, Brasil es un país muy violento, con altos índices de criminalidad, de agresiones contra la vida, contra la integridad de las personas, pero un país supremamente pacífico, que hace más de 150 años no libra una guerra contra nadie y que no ha tenido guerras internas en toda su historia repu-blicana. La guerra es un fenómeno distinto a la violencia, porque la guerra es violencia organizada, ejercida por grupos con jerarquías, con estrategias y con objetivos precisos. Entonces el contraste entre la simple violencia y la guerra es supremamente distinto. Y si bien a la simple violencia no se le puede dar de ninguna manera un calificativo de política, porque no lo tiene, por el contrario

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toda guerra de por sí es política. Es probable que esto sea muy discutible. Lo dice Aristóteles, dice “la guerra y la paz hacen parte de la política”; lo refrendó Klausewitz en el siglo XIX; creo que es una noción defendible en el siglo XXI. Otra cosa es pensar que sea una buena política o una mala política la que se lleva a cabo por las armas, o si esa política puede ser justa o en un momento determinado puede parecer necesaria. Yo quiero distinguir el fenómeno de la guerra y la discusión moral o ética sobre si la guerra es justa o no es justa.

Alfonso Monsalve Solórzano: Él, Libardo, lo que está diciendo, si lo entendí bien, es: la guerra es una forma muy específica de violencia en que la violencia se ejerce de manera organizada, con jerarquías, con territorios controlados, etc. ¿Tú no ves esas características en el conflicto colombiano, que serían una definición de guerra?

Libardo Botero Campuzano: Ahora, que es injusta yo comparto eso. Pero yo quiero establecer esta diferencia que me parece importante. Es sobre lo del terrorismo. Hacia dónde va el pensamiento político contemporáneo: es a considerar la utilización de la violencia para obtener fines políticos, religiosos, ideológicos, y aún económicos, la violencia o la amenaza de violencia, consi-derarla terrorismo. Podríamos, hilando más delgadito, decir que el terrorismo es política también, cierto, y en teoría podemos decir eso. Pero desde el punto de vista del Estado, a lo que se avanza, y Europa va muy adelante en esto, yo creo que nosotros estamos es simplemente pegándonos al pensamiento polí-tico y a la legislación europea en este terreno, y a lo que las Naciones Unidas va adelantando en este terreno: calificar de terrorista toda amenaza o utiliza-ción de la violencia para obtener fines políticos, etc. Y por tanto condenándola y descartándola como un medio, que no debe reconocer ninguna legislación, ningún Estado. Un medio que es absolutamente ilícito, injusto, etc. Entonces podemos decir que es guerra –en gracia de discusión–, para atenernos a unas teorías que dicen que es un fenómeno generalizado, que son organizaciones que tienen una jerarquía, que tienen un mando, que se expresan en una parte importante del territorio, etc. Pero su connotación es que desarrollan una agre-sión terrorista, porque es un Estado, estamos en un Estado que tiene unas garantías para todos los que tienen un pensamiento diferente o todos los que tienen propuestas diferentes. Entonces en ese sentido me parece que para el Estado es correcto calificar eso de terrorista. Inclusive sin considerar los medios; que los medios además corroboran que es una violencia terrorista, plenamente: que se enfoca fundamentalmente contra los civiles, que utiliza medios como el secuestro, como la extorsión, como ataques indiscriminados

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contra la población, como ataques a bienes civiles, masacres, etc., etc. Todo esto, que tiene que ver con el asunto, lleva a que tenga validez considerar que para el Estado, eso se tenga que calificar en ese sentido, de terrorista. Y esa es la tendencia mundial, creo yo. Apoyada mucho más por la coyuntura del 11S y del 11M, que han hecho que las naciones en general, y la ONU en particular, se ocupen del tema y tiendan hacia allá.

Alfonso Monsalve Solórzano: Fabio, ibas a decir algo…Fabio Giraldo Jiménez: Sí, claro. Lo primero que hay que aclarar aquí

es que hay que diferenciar un Estado de un gobierno. Nosotros tenemos una tradición en la cual primero es el gobierno y después el Estado: primero. Estamos acostumbrados a hacer políticas de gobierno y no de Estado. Eso es fundamental. Y segundo: nosotros somos signatarios del DIH, es decir, lo firmamos. Y eso sobrepuja sobre el derecho interno colombiano. Y tercero: yo no entiendo cómo, y no lo puedo entender (una pregunta para el doctor Libardo, para que responda), yo no entiendo como en unos aspectos se sea “minimalista” penalista, es decir, para unos grupos se penalice mínimamente, y para otros grupos se penalice máximamente. Eso es una contradicción. Yo espero que usted me lo resuelva.

Libardo Botero Campuzano:Usted se quiere referir a la Ley de Justicia y Paz. Pero no es así. Esa es una ley para todos los grupos armados ilegales. Y le comento una cosa: es al contrario. Allí se discutió la calificación de sedición para cubrir las actividades de los paramilitares, para darle seguridad jurídica a ese proceso. Pero la Ley de Justicia y Paz establece penas superiores a las del Código Penal para la sedición. Y revíselo.

Fabio Giraldo Jiménez: Yo le pregunto: ¿un ladrón tiene la calificación de sedicioso?

Alfonso Monsalve Solórzano: Esa discusión la vamos a hacer más adelante. Es que aquí todo está estrechamente ligado. A mí me da la impresión de que Libardo acaba de concederte en parte tu argumentación, Jorge.

Jorge Giraldo Ramírez: En parte. Pero la aclaración de Libardo es muy importante. Primero, porque hasta hace un tiempo se creyó que esta era una discusión semántica o que era una discusión puramente académica. Y esta es una discusión que tiene consecuencias políticas, consecuencias prácticas profundas. Mi discusión es que la noción que el gobierno ha adoptado de amenaza terro-rista limita incluso sus propios objetivos en la conducción de la guerra y en la búsqueda de la paz. Por varias razones. Uno, porque ese tipo de discurso hace que su labor diplomática de acercamientos directos o por intermediarios con los

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grupos armados ilegales pierda espacio y pierda un apoyo que necesita. Dos, porque le quita margen de maniobra para las negociaciones, y eso lo hemos visto en el proceso con las autodefensas. Es decir, el mismo gobierno con ese discurso se quita un poco de legitimidad y de margen de maniobra para adelantar una negociación que a mí me parece que es no solo necesaria sino que es legítima. En este país hay que negociar –es mi postura– y hay que negociar con todo el mundo. En tercer lugar, lo que dice Fabio: le quita peso a la construcción de una política de Estado, y deja una tarea que está haciendo el Presidente, y que creo que es una tarea muy importante, la deja muy marcada como una tarea de gobierno. Entonces, la posibilidad de que el Presidente enderece ciertas cosas y construya una política de Estado, que yo creo que nos está haciendo falta en el país frente a los temas de la guerra y la paz, se mira a partir de ese mismo discurso.

Alfonso Monsalve Solórzano:Vamos a hacer –desafortunadamente el tiempo es el peor tirano de estos programas– la primera pausa de La Fuerza de los Argumentos. Estamos discutiendo si hay conflicto armado interno o amenaza terrorista. Se está diciendo que la calificación del conflicto como guerra tiene unas consecuencias y la calificación como amenaza terrorista tendría otras respecto a la resolución del conflicto. Ahora vamos a entrar a discutir ese punto.

* * * * *

Alfonso Monsalve Solórzano: A ver, Libardo. Se dijo que es importante, que no es una discusión semántica, el hecho de que se califique esto como un conflicto armado interno o una amenaza terrorista, porque la existencia de un conflicto armado interno tiene consecuencias jurídicas, en el DIH, en la presencia de la comunidad internacional, etc. De la ONU específicamente. Y lo otro que quiero puntualizar más adelante es sobre el carácter de lo político que acabaste de plantear. Pero por ahora centrémonos en esta primera parte del asunto.

Libardo Botero Campuzano: Sí. Sobre las consecuencias posibles a nivel internacional, que mencionaba Jorge. Yo pienso esto. Yo creo que a este gobierno en particular le ha tocado una situación muy difícil. Porque sus planteamientos sobre la situación de violencia del país, no siguen el curso que traían anteriormente los gobiernos que le antecedieron y el curso de las mismas relaciones con la comunidad internacional. Al gobierno le ha tocado enfrentar esa situación muy difícil. Pero yo creo que va ganando un terreno muy importante. Creo que el gobierno en lugar de ir perdiendo terreno a nivel

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internacional lo va ganando. Es más: ya Europa, y las Naciones Unidas, y Estados Unidos, tienen calificadas como terroristas a todas estas organiza-ciones. Ese es un triunfo político. Y ahí no hay reconocimiento de que se trate de un conflicto armado interno cualquiera, o una guerra civil, o algo por el estilo. Todo lo contrario.

Fabio Giraldo Jiménez: Una anotación. Acaban de aprobar 600 millones de dólares en el Congreso norteamericano para el Plan Colombia. Ayer.

Libardo Botero Campuzano: Claro. Muy bueno. Muy importante. Colombia lo necesita.

Alfonso Monsalve Solórzano: ¿Y eso qué prueba?Fabio Giraldo Jiménez: Eso prueba uno de los argumentos. O que están

bien con los Estados Unidos, o que están mal…Alfonso Monsalve Solórzano: ¿Pero pruebas que hay conflicto interno?Fabio Giraldo Jiménez: Por supuesto.Libardo Botero Campuzano: No. No tiene que haberlo. Es una ayuda

para Colombia, para combatir la amenaza terrorista. Eso no tiene que ver con la definición. Porque Estados Unidos simultáneamente tiene declarados como terroristas a las Auc, al Eln, y a las Farc. Y Europa también. ¿Cuál es el enfrenta-miento que ha habido en Colombia realmente? No es con las Naciones Unidas. Es con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (no para el conflicto armado interno). Entonces, hay funcionarios en estas entidades que tienen sus propias opiniones; que además no creo que sean las de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas mayorita-riamente a través de la Asamblea General ha producido documentos con otro sentido completamente diferente. Ya hay la calificación de terrorismo por parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas. Y eso difiere por entero de lo que dice el señor Frühling. Por ejemplo, la última discusión que ha suscitado este señor, que me parece que es grave ese tipo de opiniones para el país: que el gobierno debe abstenerse de buscar el rescate de los secuestrados. Me parece gravísimo que un funcionario de esos opine sobre una situación interna tan grave como esa. Y entonces si el Estado se niega a actuar, estimula el secuestro en el país; quedaríamos así en manos del los secuestradores y de los violentos. El Estado no pude renunciar a eso; además porque es un deber constitucional.

Alfonso Monsalve Solórzano: A ver Jorge: ¿por qué es importante esa calificación? ¿Qué tiene que ver el DIH en todo este asunto, y toda esa discu-sión que hay del gobierno con ciertos sectores de Ong nacionales e internacio-nales, y con ciertos sectores de Naciones Unidas?

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Jorge Giraldo Ramírez: Es muy importante por varias razones. En primer lugar porque separa claramente lo que es el derecho penal del DIH. Como decía nuestro amigo Tulio Elí Chinchilla, que fue asesor del propio Presidente: uno no puede llamar a las Naciones Unidas para tratar con jaladores de carros. Hay que diferenciar lo que es el ámbito puramente criminal (y uno de los problemas de la sindicación de terrorismo es que produce una criminalización del contrario) del ámbito del DIH. El DIH le permitiría incluso al gobierno nacional tratar a los grupos armados ilegales como lo que son, es decir, como grupos que se oponen por las armas a la soberanía y a la legitimidad del Estado. Y no tratarlos simple-mente como delincuentes comunes. Y se obviaría totalmente el tema del delito político, a propósito de la discusión que plantea Libardo. En segundo lugar hay una cosa que nosotros no podemos ignorar: los grupos armados ilegales en Colombia tienen un apoyo, digámoslo muy pequeño, pero la última encuesta revelaba que las Farc tienen un apoyo del 5% de la población y las Auc tienen un apoyo del 12% de la población. Yo creo que ningún porcentaje de la población colombiana es despreciable. Pero en este caso estamos hablando del 17% de la población colombiana que por distintas razones, puede ser por miedo, puede ser por coacción, puede ser por costumbre, por falta de presencia del Estado, o incluso por ciertos niveles de convicción, apoyan estos grupos. Es decir, estos grupos tienen un asentamiento territorial, una vinculación con una economía que demanda alta cantidad de mano de obra como la economía de la coca, y han estado en unas mismas regiones por décadas (que afortunadamente el Estado ahora empieza a llegar a esas regiones, y a esos pequeños caseríos y municipios del país). Entonces no se puede ignorar tampoco que detrás de una acción abso-lutamente degradada y condenable hay un sector de la población colombiana que desgraciadamente ha quedado excluido, marginado del camino por el cual se ha ido construyendo nuestro Estado durante los últimos doscientos años.

Fabio Giraldo Jiménez: Voy a ser un poco filosófico ¿no es cierto? En ese mismo sentido. Se trata de un asunto muy elemental. Nosotros vivimos en una especie de “estado de naturaleza” hobbessiano… Hobbes es tal vez el filósofo más influyente para analizar todo lo que ocurre en el mundo contemporáneo…

Alfonso Monsalve Solórzano: …Hobbes plantea que se necesita un “contrato social” para superar un “estado de naturaleza” en el que todo el mundo está peleando con todo el mundo…

Fabio Giraldo Jiménez: Yo creo que el mejor contrato social que se ha hecho en el mundo contemporáneo es el Derecho Internacional Humanitario, con todas sus arandelas, como por ejemplo la Corte Penal Internacional…

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Libardo Botero Campuzano:Pero la Corte es otra cosa aparte…Fabio Giraldo Jiménez: No. Pero es un ingrediente de ese contrato social

entre naciones. ¿Para qué se hizo eso? Para algo muy elemental: como la guerra es imparable hay que legalizar la guerra. Hay que legalizarla.

Alfonso Monsalve Solórzano:No sé si legalizarla. Esa es la discusión precisamente.

Jorge Giraldo Ramírez: Yo diría: reconocerla para resolverla.Fabio Giraldo Jiménez: Legalizar la guerra es establecer parámetros,

procedimientos, prohibiciones, limitaciones. Bueno. Y legalizar la guerra diciendo que todos son bandidos… Eso viola la legalización de la guerra.

Alfonso Monsalve Solórzano: A ver. Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. No podemos decir que gente que comete actos terroristas, que atentan contra la población civil, llámense guerrillas o para-militares, no son bandidos. Ese tipo de actitudes son completamente ajenas a las normas de la convivencia civilizadas. Son delitos atroces. Pero por otro lado, también es verdad, parece que hubiera un consenso aquí, que no es legítimo rebelarse contra un Estado democrático. En ese sentido la discre-pancia es: bueno, esa rebelión que no se justifica, porque no se justifica no es política, o la calificación de que no se justifica no impide reconocer esa rebelión como política. Entonces estaríamos hablando de gente que tiene –algunos de ellos– idearios políticos pero practica métodos terroristas, en gracia de la discusión.

Jorge Giraldo Ramírez: La diferencia está dentro del marco de lo que menciona Fabio de Hobbes, en esto: hay una gente que puede cometer delitos contra el marco legal del país; eso es lo que Hobbes llama el “mal ciudadano”, que hay que castigarlo de acuerdo a la ley penal del país. Pero hay una gente que se levanta contra el Estado, que se coloca como bien se dice en el país “al margen de la ley”, y uno de los avances más grandes que hubo en la civiliza-ción es que esa gente no es gente que se trata sin ningún tipo de parámetros, es gente que se trata de acuerdo a otra ley distinta, que no es la ley del país, sino que es la ley de la guerra; y la ley de la guerra es una ley consuetudinaria que tiene milenios, pero que se empezó a construir de manera positiva, es decir en códigos y en tratados desde fines del siglo XIX. Eso es lo que hoy llamamos el Derecho Internacional Humanitario. Entonces cuando alguien, como las autodefensas o la guerrilla, se levantan en contra del Estado, o al margen del Estado, socavando su soberanía, no los tratamos con el derecho penal, sino con otra ley distinta que es la del DIH.

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Alfonso Monsalve Solórzano: A ver, Libardo…Libardo Botero Campuzano: Yo quisiera hacer unas consideraciones

sobre lo que se ha dicho y sobre el DIH. El DIH –le escuchaba a alguien este tipo de apreciación– regula cómo se deben matar las personas, es decir, esta-blece unos parámetros para este tipo de enfrentamientos violentos, qué limita-ciones debe haber para ese tipo de enfrentamientos. El derecho interno, como el nuestro, regido por la Constitución, con lo que contempla el código penal, se basa en una concepción más amplia, que es la contraria, la de los derechos humanos: se establece por qué no se debe matar, por qué no se debe retener a nadie, y las sanciones para eso. Es más amplio.

Jorge Giraldo Ramírez: Correcto. Y más exigente.Libardo Botero Campuzano: Y más exigente. La posición del gobierno

sobre esto es esa: el gobierno se somete por completo al derecho interno, que es más exigente que el DIH. Y eso es lo que está aplicando al nivel de las fuerzas armadas, al nivel de todo el aparato estatal. Los grupos armados ilegales no respetan ni el derecho interno ni el DIH, ni ninguno. Entonces, el gobierno está sometido a estándares más rígidos que los del DIH. Que los cubre ¿cierto? El gobierno participa, por ejemplo, lo del “principio de distinción”: las tropas siempre van uniformadas, no atacan objetivos civiles, no se amparan en civiles para sus ataques, no utilizan armamentos no convencionales. Las otras orga-nizaciones no se someten a nada. Los que se tienen que someter, mínimo al DIH, son esas organizaciones. Yo desde este punto de vista no le veo ningún problema a lo que el gobierno plantea: el gobierno está más allá de esos están-dares. El problema es de las organizaciones armadas ilegales.

Yo quiero, al margen, tocar una cosita, porque de alguna manera hizo alusión a ella ahora Jorge: cuando mencionó que hay un porcentaje de la población que respalda a esas organizaciones, cualquiera sea su motivación; y mencionó que de todos modos hay una marginalidad, una pobreza, una serie de factores que llevan a que eso se dé, o a que se expresen por esos medios. Yo quisiera, primero, discrepar un poco de las cifras, no tanto de las autodefensas paradójicamente, que esas encuestas revelan hace mucho tiempo que tienen un porcentaje de aceptación mayor que la guerrilla. Hablo fundamentalmente de las guerrillas. El fenómeno de las guerrillas sí es desde hace muchos años, marginal, infinitesimal en el país en cuanto al respaldo de la población. Y –aunque sería un tema de discusión más largo– yo, desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, siento, entiendo y concibo, que ese levantamiento armado en Colombia no tiene nada que ver con los conflictos

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sociales y económicos del país, no los expresa, no los representa, no tiene allí su origen ni tiene allí su apoyo. Esos es importante, para dejar esa consi-deración a un lado. Eso le quita aún más la connotación, llamémosla entre comillas, política del asunto. No es la representación política de un conflicto social en el país. No lo es en absoluto. Está completamente desligado de los fenómenos sociales.

Alfonso Monsalve Solórzano: Jorge… y Fabio.Jorge Giraldo Ramírez: No, yo estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque

creo que en el problema de la guerra, como en temas análogos, el problema de las causas es un problema sin importancia. Eso puede sonar muy radical, pero quiero decirlo de esa manera radical. En Colombia nos hemos enredado mucho con el problema de qué fue lo que lo causó. El problema no son las causas, el problema son los objetivos que se persiguen, las motivaciones que se persiguen…

Fabio Giraldo Jiménez: Y los procedimientos con los cuales se arregla el asunto.

Jorge Giraldo Ramírez: Exacto. Y hay una cosa que creo que es clara en el país: y es que los grupos armados ilegales todos, incluyendo las auto-defensas, son grupos que se han constituido por el poder. Y el poder es bási-camente el poder político. La diferencia básica es que las guerrillas, especial-mente las Farc, piensan en el poder del Estado; yo no pienso que ellos estén pensando en ir a arreglarle la vida a ningún colombiano como ingenuamente algunos creen. Piensan en términos del poder político central. Las autode-fensas han pensado más en términos del poder político regional y local. Ese tipo de motivaciones es lo que hace que representen grupos políticos organi-zados en contienda con el Estado. Yo estoy de acuerdo contigo, Libardo, de que no se trata de ninguna manera de una representación social, y ese tipo de justificación y de velos también hay que quitarlos en esta época, y hay que decirse las cosas claramente.

Alfonso Monsalve Solórzano: Ahora, yo querría Fabio, antes de darte la palabra, introducir un elemento teórico. Ustedes perdonan, pero yo soy filó-sofo. Hay una autora que se llama Mary Kaldor que escribió un libro que se llama La viejas y las nuevas guerras, y un poco para apoyar la idea de ustedes: ella dice que es muy difícil en las guerras contemporáneas distinguir el criminal del político. Hay unas simbiosis tal que el político…

Libardo Botero Campuzano: …el político armado…Alfonso Monsalve Solórzano: Sí, el político armado usa métodos crimi-

nales, condenados por el derecho interno o por el DIH.

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Jorge Giraldo Ramírez: Economías ilegales…Alfonso Monsalve Solórzano: El uso total de la economía ilegal, extra-

yendo productos ilegales como la coca, y comercializándolos en las redes internacionales con las bandas de narcotraficantes. El tráfico de drogas. Que utilizan ese tipo de crímenes o delitos que están claramente tipificados como delitos internacionales. Entonces uno lo que encuentra es una línea muy difusa entre lo que es político y lo que es criminal. Pero en Colombia es todavía peor. Parece que el límite entre un paramilitar y un narcotraficante, o entre un guerrillero y un narcotraficante es bastante difuso.

Jorge Giraldo Ramírez: Y tuvimos casos muy sui-generis. Casos de bandas puramente mafiosas como las de Pablo Escobar o las de Carlos Lehder que llegaron a meterse en el terreno de la política. Y no solo porque hayan llegado al parlamento, sino porque desafiaron al Estado en el terreno político frente a asuntos concretos como el de la extradición u otro tipo de legislación.

Libardo Botero Campuzano: Yo quisiera –aunque vamos para el segundo corte– rematar con alguna cosita sobre lo que dice Jorge. Yo comparto gran parte de tu última intervención. Pero tengo una inquietud. Porque Jorge remata en el tema de la motivación; es decir: hay una motivación para adelantar esos levantamientos armados, que es el poder, la toma del poder político, con el fin real o supuesto de adelantar una serie de transformaciones sociales, econó-micas y políticas. Pero precisamente en esa dirección es que va la discusión sobre el tema que comenté al comienzo sobre el delito político. La motivación no basta, no puede justificar atentados contra la democracia. El Estado no puede aceptar eso, la simple motivación. Es un hecho real, pero el estado no puede legitimar nada de eso. Le tiene que dar su calificativo y su tratamiento y eso es lo que plantea y hace el gobierno actual.

Alfonso Monsalve Solórzano: Eso, que tiene muchos matices, lo vamos a comentar en seguida. Hagamos un corte y volvemos en unos instantes.

* * * * *

Alfonso Monsalve Solórzano: Estamos en el último tramo de La Fuerza de los Argumentos, discutiendo sobre conflicto armado o amenaza terrorista. Yo acababa de hacer una cierta reflexión. ¿Cuál de ustedes quiere intervenir? Ah! Porque Libardo había hecho una objeción: que no bastaban los propósitos para definir lo político.

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Jorge Giraldo Ramírez: Yo quiero insistir en esto. El tema de las motiva-ciones define que el actor es político o que estamos en una guerra, y yo acepto la aseveración de que toda guerra es política por definición. Insisto en que eso no implica ningún tipo de justificación: la justificación es otra discusión. Y la otra distinción que quiero hacer, siguiendo a Tomás Hobbes, ya que Fabio lo trajo a colación, es que una cosa es la manera como el Estado trata al “mal ciudadano”, al que se comporta mal frente a su legislación y a su soberano, y otra cosa es la manera como el Estado se comporta frente a su enemigo, es decir frente a quien quiere destruirlo. El hecho de que exista esa diferencia, implica que hay que reconocer en qué momento un grupo o un ciudadano se comporta como “mal ciudadano” o como enemigo del Estado. El calificativo de terrorista a lo que tiende es a borrar esa frontera, borrar esa distinción, y a desconocer que el enemigo del Estado es distinto del simple “mal ciudadano”. Es decir, que el jalador de carros es distinto al paramilitar o al guerrillero.

Alfonso Monsalve Solórzano: A ver, Fabio…Fabio Giraldo Jiménez: Dicen que en la guerra como en el amor todo

se vale. Esa es la teoría. Eso dice el sentido común. Y por eso es que uno ve defensas a ultranza del guerrerismo, independientemente de cualquier tratado internacional o derecho interno. A mí lo que me preocupa –y esto no es la defensa de ningún grupo específico– es que… yo le pregunto a usted, doctor Libardo, una cosa muy específica. El DIH es menos amplio que el derecho penal colombiano… El interno es más rígido, listo. Lo que me preocupa a mí sinceramente es que uno pueda cambiar el derecho penal de un momento a otro y establecer penas menores para unas personas que para otras. Entonces un ladrón de carros…

Libardo Botero Campuzano: Volvemos a lo de la Ley de Justicia y Paz. Eso debe dejarse para una discusión de la Ley de Justicia y Paz. Yo estaría en capacidad de debatir eso, porque no es así. Por primera vez, para hacer un acuerdo de paz en Colombia se establecen penas. Por primera vez. Siempre ha habido indultos y amnistías; nunca ha habido penas. Entonces eso lo podríamos discutir en otra ocasión. Pero yo quería rematar, por lo menos de mi parte, con una alusión a lo que dice Jorge. Ese ha sido el problema: la distinción entre el delito común, que comete el que tú llamas el “mal ciudadano” según Hobbes, que atenta contra las normas de funcionamiento de la sociedad, y el enemigo del Estado. Y al segundo se le atribuyen buenas intenciones, una motivación política, altruista, y por tanto eso le confiere un tratamiento benigno por parte del Estado a quien supuestamente tiene esas motivaciones…

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Jorge Giraldo Ramírez: No. No hay por qué hacerlo.Libardo Botero Campuzano: Pero esa es la tendencia en las legisla-

ciones nuestras. Por eso está concebido en nuestra legislación que la rebelión, la sedición y la asonada, tienen un tratamiento más benigno que los demás delitos. Así los rebeldes, los sediciosos, cometan delitos iguales a los del “mal ciudadano”.

Jorge Giraldo Ramírez: No es cierto. Porque el Estado no está auto-rizado para matar al “mal ciudadano”. Pero sí está autorizado para matar al enemigo. Ahí está la diferencia. Lo otro son las penas, que pueden variar un año o varios años…

Libardo Botero Campuzano: No. El monopolio de la fuerza y el legítimo uso de la violencia por parte del Estado no el solo para el contradictor rebelde o el sedicioso. Puede ser para cualquier criminal. Puede ser Pablo Escobar…

Jorge Giraldo Ramírez: Pero el Estado no puede matar al ladrón, al estafador…

Libardo Botero Campuzano: ¿Cómo que no? Sí. A cualquier delin-cuente que se enfrente al Estado; que lo vayan a detener, que se enfrente con las armas…. Claro que sí.

Fabio Giraldo Jiménez: Vuelvo a recalcar: una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno.

Alfonso Monsalve Solórzano: Yo quiero introducir una idea, a ver si puedo hacer una síntesis, que pudiera ser útil. El problema del terrorismo es un problema político; si entendemos por política la lucha por el poder, a favor o en contra del poder. La lucha por el poder no es solo por tomárselo, sino también por apuntalarlo, y a veces apuntalarlo en contra del Estado mismo o a nombre del Estado. Por eso tiene sentido lo del delito político para las autodefensas.

Jorge Giraldo Ramírez: De acuerdo.Alfonso Monsalve Solórzano: Ahora, lo que definiría la frontera, lo que

se está discutiendo es: si es un problema político es algo que hay que negociar, si hay una salida política; si no se logra vencer al oponente, si no es algo que se pueda imponer, entonces habría que hacer una negociación política. Lo que establecería el límite es: este es un Estado legítimo, democrático, entonces la negociación no tiene que ver sino con la manera como se va a reintegrar esa gente a la civilidad. No tiene nada que ver con las políticas generales del Estado. Eso sería lo que marcaría el límite.

Jorge Giraldo Ramírez: Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con eso.

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Libardo Botero Campuzano: Es obvio. Pero es que la negociación puede ser también con criminales. El estado puede negociar con criminales. Lo hizo con Pablo Escobar. Y no es una negociación política. Aquí se trata de lo siguiente: por un bien mayor, la paz, hay que conceder unas cosas. Hay un estado de violencia generalizado y hay que hacer eso.

Alfonso Monsalve Solórzano: Pero yo entiendo que por difusa que sea la diferencia entre lo político y lo criminal, no es lo mismo. No es lo mismo Pablo Escobar que, digamos, Manuel Marulanda…

Jorge Giraldo Ramírez: No es lo mismo.Libardo Botero Campuzano: Alfonso, le respondo una cosa con Savater:

no es lo mismo, es peor. Porque es peor atentar contra un Estado que ofrece todas las garantías, atentar de manera violenta y someter a una nación a la tragedia que está sometida, sin ninguna razón válida, amparados en las moti-vaciones que se plantean eventualmente. Es peor. Y por eso la tendencia es a darle cada día un tratamiento más fuerte.

Jorge Giraldo Ramírez: Libardo terminó con una cosa que me parece contundente. ¿El Estado por qué se coloca en trance de negociar con un grupo determinado? Porque no quiere o no se siente en capacidad de someter a ese grupo a la ley. Ese es un hecho empírico. Sobre eso no hay discusiones teóricas.

Alfonso Monsalve Solórzano: Hemos llegado al final de La Fuerza de los Argumentos. Ha sido un debate bastante fructífero y bien argumentado. De eso se trata en estos programas. Esperamos que nuestros televidentes hayan sacado sus propias conclusiones. Queremos agradecer a los doctores Jorge Giraldo y Libardo Botero su participación en esta discusión. Lo mismo al doctor Fabio Giraldo en su papel de conductor y polemista. Este es un programa de la Universidad de Antioquia, producido por Telemedellín y con el apoyo del periódico El Mundo. Hasta el próximo programa.

Opiniones intercambiadas en el programa La Fuerza de los Argumentos de la Universidad de Antioquia, patrocinado por el periódico El Mundo y transmitido por Telemedellín el 10 de julio de 2005, con la participación de Alfonso Monsalve Solórzano (director y presentador), Fabio Giraldo Jiménez (conductor invitado), Libardo Botero Campuzano (economista) y Jorge Giraldo Ramírez (filósofo). Fuente: Programa “La Fuerza de los Argumentos” de la Universidad de Antioquia, patrocinado por el periódico “El Mundo” y transmitido por Telemedellín.

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CONFLICTO ARMADO Y CONFLICTO TERRORISTAJaime Jaramillo Panesso

El CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, depositario de la interpre-tación del DIH, Derecho Internacional Humanitario, se pronunció dentro del debate nacional pertinente, señalando que en Colombia sí existe un conflicto interno. En palabras del derecho internacional los conflictos armados se clasi-fican en dos: conflicto interno cuando organizaciones revolucionarias armadas conformadas por nacionales, con territorios controlados, proyecto de estado y mandos respetados y estables le disputan al gobierno el poder, por ejemplo una guerra civil como la de Yugoslavia. Conflicto externo cuando los ejércitos regulares de dos o más estados se enfrentan por razones fronterizas, disputas no zanjadas en tratados, rompimiento de tratados de manera unilateral, agre-siones militares y otras motivaciones, como en el caso de la guerra de Las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial hace sesenta años, los princi-pales y mayoritarios Estados del orbe resolvieron crear la ONU como espacio para dirimir conflictos de toda índole y contribuir al desarrollo económico y social. Pocos años después se creó el Derecho de Ginebra o Humanitario, un reconocimiento a la inevitabilidad de los conflictos armados mientras se avanza en democracia y civilización. Ese derecho conduce en primer lugar a fijar reglas que hagan menos crueles las guerras (prohibición de las armas nucleares, de los malos tratos a prisioneros de guerra, de las armas tóxicas, etc.) y en segundo lugar a proteger la vida y la integridad de los civiles o no combatientes y los bienes como hospitales, acueductos y demás servicios básicos. Estas normas se hicieron extensibles a los conflictos internos. Por eso el CICR, en aras de justificar su función entre nosotros, afirma que en Colombia existe un conflicto interno. Dicho sea en este oportuno momento señalar que el CICR ha prestado humanitarios y reconocidos servicios a las víctimas de la violencia en nuestro país.

¿Por qué la controversia sobre el tipo de conflicto interno? Porque si el conflicto no está dentro de los cánones descritos por el tratado que rige el

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DIH, el CICR no estaría autorizado para tener una misión en nuestro terri-torio. Este aspecto legal y formalista preocupa a un importante grupo de Ongs e intelectuales, inclusive algunos del parque jurásico liberal, más que los hechos. Y los hechos, no el discurso humanitario, no las buenas inten-ciones, no las buenas conciencias que por demás son respetables, los hechos, insisto, demuestran que el Estado colombiano cumple con las normas del DIH porque es suscriptor del tratado internacional, pero los grupos ilegales armados no se comportan conforme al derecho de la guerra, no aceptan el DIH, como no aceptan las determinaciones democráticas del pueblo colom-biano. Violan todos los días el DIH: secuestran civiles, destruyen puentes y carreteras, matan civiles de todas las edades con bombas y explosivos prohi-bidos, atacan poblaciones indígenas, negras, blancas y mestizas no comba-tientes, obligan bajo amenazas a marchas o desplazamientos de población civil, instigan actos de barbarie en las universidades con explosivos causando muertes, lesiones personales y destrucción de aulas y laboratorios, etc. etc. Si los grupos armados ilegales que combaten al Estado democrático realizan actos de terror contra la población civil, si no cumplen con el DIH, si el CICR no puede obligarlos a aceptar y cumplir el DIH, si la ONU y su pleni-potenciario tampoco los convence ni tienen la capacidad de someterlos a la ley internacional, ¿de qué ficción estamos hablando? ¿Unas normas que no tienen ninguna capacidad coercitiva sobre una de las partes, acaso no son simples normas virtuales sobre las que cabalga la burocracia internacional?

El fetichismo legal del DIH solo sirve para meter en cintura a los gobiernos y Estados suscriptores del tratado. Eso es aceptable como consecuencia de una meta universal. Pero que sirva el DIH para intentar calificar el terrorismo como instrumento de lucha política es un abuso del derecho internacional.

Mayo 29 de 2005Fuente: periódico El Mundo de Medellín

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¿PAZ CON JUSTICIA SOCIAL?Jaime Jaramillo Panesso

La semana por la paz que acaba de terminar, capitaneada por la Iglesia Católica, estuvo llena de actividades pedagógicas de consideración, como el Seminario Internacional de conflictos urbanos. Suele haber en eventos como este, “de todo como en botica”, pues debe esperarse que aparezcan múltiples apreciaciones políticas de la feligresía. Una nota interesante es que el público calificado ya no traga entero y sabe distinguir entre ponentes avisados e invi-tados avispados.

Estuvo la semana por la paz cobijada por dos consignas que requieren de comentario. Comencemos por la primera: “La paz no se delega, la paz se construye entre todos”. Esta especie de mandato eclesiástico es válida si se refiere al posconflicto. Pero es equívoco y francamente problemático si se trata de la etapa de negociación. En el posconflicto la exigencia a la sociedad y al estado es tan dura, o más, que la guerra misma, pues los recursos humanos, espirituales y económicos de todo el país se empeñarán en sacar adelante la reconciliación nacional, la convivencia para un nuevo estadio de democracia. Pero la negociación del acuerdo de paz entre rebeldes o insurgentes con el Estado es exclusivamente entre las partes, incluida la confidencialidad y la exclusión de micrófonos y pantallas. Un tratado de paz no puede negociarse con protagonismos politiqueros ni de ningún pazólogo en trance de héroe. Lo cual no significa que la sociedad por medio de sus organizaciones polí-ticas, sociales y religiosas no apoye y presione para que salgan adelante los procesos. Meter las manos y los gritos en la mesa de negociación no pasa de ser otra forma de populismo.

La segunda consigna es todavía más debatible: “La paz es posible con justicia social”. En otras palabras: sin justicia social no es posible la paz. Lo cual nos lleva a concluir que la guerra en Colombia va a durar otros cien años porque, contrario a los ilusionistas de la revolución, mientras más conflicto armado exista habrá más muerte y destrucción, vale decir, menos justicia social, menos desarrollo económico y social. La justicia social es conse-

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cuencia de la paz, de la estabilidad política y de la democracia activa, y no al contrario. Es cierto que el Papa proclamó hace años una consigna igual, pero en el contexto de las injusticias mundiales del comercio y de las relaciones inequitativas entre naciones, no hacía referencia explícita a Colombia. Si para que no haya guerra, si para firmar un tratado de paz con las Farc y el Eln es necesario resolver primero las premisas de la salud, el empleo, la vivienda, la tierra y la educación, amén de todo el pliego maximalista que incluye el problema del petróleo, la supresión o limitación de las Fuerzas Armadas, el no pago de la deuda externa, la supresión de la extradición, la estatización de los colegios y universidades de la Iglesia, etc. Si todo esto hay que hacerlo antes de silenciar el último fusil, la negociación del tratado de paz interno entre el Estado y la insurgencia no será posible, porque la agenda nacional del pueblo colombiano podrá hacerse en democracia, pero no bajo la presión de las bombas, del sabotaje y de los actos terroristas. Por el contrario, las reformas económicas, políticas y sociales se podrán encarar si se silencian los fusiles y los explosivos. Y si quienes los usan trasladan su inteligencia y su presunto patriotismo al terreno de qué país queremos entre todos, pero desde la civilidad. Si la sociedad recibió y tolera a quienes alzados en armas formaron el M19, el EPL, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socia-lista, ¿porqué no habrá de hacer lo mismo con la guerrilla supérstite?

La consigna de “paz con justicia social”, entendida como una condición previa para que haya negociación y pacto de paz entre el Estado y la insur-gencia es un respaldo a la guerrilla y a la continuación del conflicto. Activada con las mejores intenciones, olvida (o esconde) que las verdaderas revolu-ciones de la humanidad se han hecho por la libertad, y no por el pan. ¿Para qué pan sin libertad? Si la consigna de la Iglesia Católica coincide con la insurgencia armada, es porque se copian entre si. Pero es de una evidente irresponsabilidad conceptual política de la Santa Madre Iglesia.

Medellín. Septiembre de 2005.Fuente: www.fundacionrumbos.org

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LA VIOLENCIA COLOMBIANA ACTUALLibardo Botero Campuzano

I. ¿Cuál “conflicto social y armado”?Ya es un lugar común hablar del “conflicto social y armado” que vive

Colombia. Así, todo en un mismo saco, y lo social primero. Desde la guerrilla, que lo tiene como slogan, hasta encumbrados círculos sociales, políticos y académicos lo han convertido en una especie de dogma, síntesis a la vez de una pretendida sabiduría sobre la materia. Las cosas, sin embargo, parecen ser de otro tenor, si se auscultan a fondo.

Nuestra violencia no es hija de los desarreglos socialesNaturalmente que en Colombia existen una serie de problemas sociales

muy severos (no un solo “conflicto social”), bastante conocidos, de vieja data en su mayoría, varios de los cuales se han acentuado en los últimos años. Hablamos de la distribución inequitativa de la riqueza, de la quiebra de la producción industrial y agraria, de los niveles críticos de miseria, del desem-pleo rampante, entre otros, fundados en ancestrales escollos, de origen interno y externo, o a la prevalencia de desafortunadas políticas como la apertura, de más reciente aparición. Traumas que demandan profundas transformaciones para sacar al país de su postración y conducirlo por una senda de progreso y equidad, y que generan por doquier y a cada momento protestas, luchas y enfrentamientos sociales, económicos y políticos de diversa magnitud e intensidad. Eso es indiscutible.

A la par sufre Colombia el azote de un enfrentamiento armado de enver-gadura. Pero, ¿es este último, hijo legítimo de los desarreglos sociales? Podemos decir con certeza que no, así la guerrilla no cese de presentarse como portaestandarte y expresión del “conflicto social”. Para los colom-bianos es claro que ella no representa los intereses de ninguno de los segmentos de nuestra sociedad que reclaman o protestan con uno u otro motivo, ni su existencia y accionar bélicos es resultado de un levantamiento de los explotados y discriminados. Por el contrario, es proverbial su aisla-

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miento de los sectores populares y reiterado el rechazo masivo –hasta llegar a valerosa resistencia civil– que recibe de ellos. Si de alguna relación de causalidad pudiéramos hablar sería en sentido inverso: la violencia se ha convertido en una de las primeras, si no la primordial causa de desbarajuste económico y social. Aquí no es “partera de la historia”; más se parece a una sepulturera.

“El problema social no determina el levantamiento armado”1 sentenció, desde las filas de la izquierda, hace más de una década, Francisco Mosquera. Y añadió: “En Colombia, la violencia calificada de social hunde sus remotas raíces en una táctica terrorista de liberación propiciada por Castro y sus conocidos patrocinadores, y no en la miseria del pueblo. En ninguna parte la indigencia genera guerras emancipadoras. He ahí la gran mentira con que miles de redentores han justificado entre nosotros todas las aventuras, las atrocidades y las demencias de más de un cuarto de siglo.”2 Conclusión que no se desprende sólo de una observación cuidadosa de la situación. Estudios académicos bastante serios3, publicados en los últimos años, corroboran con creces que no hay ningún nexo de causalidad científicamente probado, en un período de tres o más décadas, entre las variables que caracterizan la violencia (tasa de homicidios, secuestros, atentados contra la infraestruc-tura, crecimiento de los grupos armados, etc.), y las variables básicas que miden la situación económica y social (crecimiento del PIB, coeficiente Gini de distribución del ingreso, evolución del gasto social, etc.). Las compa-raciones internacionales completan el cuadro de las explicaciones nativas. Una cifra elevada de países, más pobres que Colombia, sumidos varios en la indigencia, registran ambientes de tranquilidad y escasa violencia. No hay evidencia internacional de que la desigualdad social derive sine qua non en insurgencia armada.

“Bonanzas” y debilidad estatal: verdaderos sustentos de la violenciaPor el contrario, numerosos análisis han encontrado que la intensificación

de la violencia ha tenido y mantiene una ligazón estrecha con otros hechos, en nuestro medio, entre los cuales sobresale la aparición de las llamadas “bonanzas”, en ciertos momentos y regiones, como los casos de la mari-huana, el petróleo, las esmeraldas, la coca y la amapola, para mencionar las más relevantes. El entronque entre los dos fenómenos no es mera propaganda interesada, ni rún-rún sin fundamento. Es una realidad insoslayable. Hace unos años López Michelsen, haciendo consideraciones parecidas afirmó que

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La violencia colombiana actual

nuestra violencia, paradójicamente, no era fruto de la pobreza, sino de la riqueza, así dicha riqueza fuera de procedencia ilícita en varios casos, efímera y circunscrita a zonas reducidas y sectores minúsculos. Ya no hay duda en el país ni en el exterior, que los distintos grupos de alzados –guerrilla y autode-fensas–, se apoyan hace tiempos en estas actividades como fuentes vitales de su financiación.

Otra paradoja que revelan los estudios tiene que ver con el papel del Estado. Ha sido usual afirmar que la insurgencia se explica también por la represión estatal que cierra las vías para el ejercicio pacífico y democrático de la política. Contra tal dogma se había a su vez rebelado Francisco Mosquera hace más de dos lustros cuando expresó: “Las fuerzas armadas no son las responsables del conflicto”4. Hecho que ahora, además de corroborado, ha sido ampliado por varios de los investigadores citados, no solo porque cuan-titativamente la aplastante mayoría de los actos de violencia son cometidos por los grupos al margen de la ley, sino porque estudios múltiples demuestran que es más bien la debilidad del Estado la que ha favorecido en alto grado la proliferación de los grupos ilegales y sus actividades. La eficacia del sistema judicial, medida por el número de capturas y de sentencias condenatorias, es casi nula. La ausencia de autoridades militares en buena parte del territorio nacional es la regla. Condiciones más que favorables para el florecimiento de la impunidad y el crimen. No son la represión, el autoritarismo y un Estado militarista monumental, el origen de la pérdida de la tranquilidad, sino más bien, y he ahí la otra paradoja, un Estado frágil, abrumado por el delito, y cuya dirigencia ha carecido de voluntad política para asegurar la tranquilidad ciudadana, hasta el punto de provocar con su indolencia la proliferación de grupos de justicia privada.

Podríamos agregar, sobre el mismo tópico, que las pasadas elecciones –parlamentarias y presidenciales– dieron un mentís a la tesis de la guerrilla que pretende justificar su accionar en la imposibilidad del ejercicio de una oposición democrática en el marco de las instituciones vigentes (y sin que ello signifique negar las limitaciones y deformaciones de éstas): los candidatos de distintas vertientes independientes alcanzaron una votación de alrededor de un millón de votos, sin antecedentes, en medio del clima de atentados e intimidación más alto que se recuerde contra el sufragio.

Pero si la contienda armada no es la expresión de los desarreglos sociales, entonces ¿qué significado tiene la propuesta consiguiente de buscar una “paz con justicia social”?

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II. ¿Cuál “paz con justicia social”?De lo dicho anteriormente se pueden derivar varias conclusiones lógicas,

que van en contravía de la perorata de los alzados en armas y buena parte de la dirigencia política tradicional, que repite sin cesar que no es posible conseguir la paz si no se remueven las causas de los desarreglos económicos y sociales. Que no puede haber paz sin justicia social.

Colocar como condición para un arreglo de pacificación del país la solución de sus males, seculares o finiseculares, es atravesarle una talan-quera infranqueable, o aplazarlo sin remedio, o brindarle a los rebeldes el pretexto para proseguir sin término su aventura. No es un secreto que paliar al menos las graves dolencias de nuestro organismo social es tarea que no puede lograrse de la noche a la mañana. Parar el tableteo de los fusiles, por el contrario, requiere solo una orden. Patético y exagerado el contrapunto, podrá pensarse, pero así es.

La aceptación de negociar los asuntos claves del rumbo de la nación en una concertación de paz, tiene también otro agravante, cual es concederle a los insurgentes una calidad que no tienen: la de representantes de las reivin-dicaciones de cambio de nuestro pueblo. De contera, otorgar esa carta de ciudadanía y esa representación, implicaría dejar “sin oficio” a las auténticas organizaciones democráticas de los colombianos. ¿Aceptarían los líderes sindicales, v. gr., que la guerrilla es auténtica representante de los trabajadores en las relaciones laborales? De ninguna manera. Sería validar como método para sacar avante sus aspiraciones el chantaje violento de una minoría exal-tada y sin apego a reglas ni normas. Sacrificar principios superiores, como los métodos democráticos de organización y de toma de decisiones políticas, a cambio de efímeros pactos de convivencia pacífica, es ni más ni menos que darle franquicia a quienes en cualquier momento no gocen del favor de la opinión y decidan imponerle sus criterios por la fuerza.

Y si nos retrotraemos a las causas más prominentes de la agudización de la violencia, examinadas en la primera parte de este artículo, derivaremos también otras conclusiones claras. Una indiscutible, pero que ha sido común evadirla es la siguiente: más que sacar al país de la postración para disipar la violencia, lo que se requiere con urgencia es parar la violencia para abrirle camino a la recuperación. No hay prueba de que la violencia desplegada por la guerrilla esté anclada en la miseria y la pobreza; sin embargo, hasta la saciedad está demostrado que ella es hoy el mayor fardo económico y el principal generador de descomposición social.

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La violencia colombiana actual

Como es sabido, existe una causalidad circular entre narcotráfico (y otras economías subterráneas) y conflicto armado: estas actividades nutren a los grupos armados al margen de la ley, quienes a la vez las mantienen y protegen, dificultando su combate por el Estado. Ese entronque en nuestro medio obedece a una decisión política (si así pudiera llamarse) de los involu-crados, y ha sido la base de su supervivencia y crecimiento. Es evidente que, por otro lado, la demanda externa (sobre todo norteamericana) es un factor decisivo en la existencia del cultivo y tráfico de coca y amapola. Pero ocultar o minimizar el papel del narcotráfico como sustento de nuestra violencia, en el doble sentido de beneficiario y auspiciador, con la máscara del nacionalismo, para escabullir la necesidad de combatirlo a fondo, es una felonía. Y una flaca contribución a la búsqueda de la paz.

Con frecuencia se habla de una contradicción entre democracia y Estado fuerte. Los intentos de vigorizar la fuerza pública o la eficacia del sistema judicial son calificados de autoritarios y propiciadores del despotismo. Lo que observamos en Colombia es otro panorama. Por incapacidad e indecisión del Estado la inseguridad campea por doquier. Las libertades y derechos esen-ciales son desconocidos y conculcados a diario, no tanto por el régimen, sino por quienes actúan al margen del mismo. La libertad de expresión, moviliza-ción, de organización, los derechos a la vida, a la libertad, así como al mismo trabajo, son letra muerta sobre todo por obra de las masacres, los atentados con explosivos no convencionales a los pueblos, los secuestros, los desplaza-mientos masivos, las extorsiones, los atentados personales y demás prácticas atroces de dichos grupos. Recuperar la seguridad ciudadana a través del forta-lecimiento de la capacidad disuasiva del Estado ha llegado a ser una necesidad y un anhelo de la mayoría de los ciudadanos, que entienden que no hay otra vía para asegurar tales derechos y libertades, o al menos, unas condiciones mínimas propicias para luchar por ellos.

Buscar una salida negociada al conflicto armado que nos agobia es apenas elemental. Pero el país no puede aceptar una negociación que deje consagrado el germen de nuevos desvaríos. El rumbo de la nación en todos los terrenos, económico, social, político, compete solo al conjunto de los ciudadanos por vía democrática. El Estado debe asegurarle a todos, incluidos los reinsertados de un proceso de paz, la garantía plena del ejercicio de sus derechos, pero éstos tienen que comprometerse ante sus compatriotas que se someterán al juego de la democracia sin excepción y renuncian a los métodos tortuosos que han utilizado para tratar de imponer sus ideas. No hay otra salida.

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Notas 1. Mosquera, Francisco, “A manera de mensaje de año nuevo”, en: Resistencia Civil,

Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995. p. 247.2. Mosquera, Francisco, “El apoyo del Moir a Durán Dussán”, en: Resistencia Civil,

Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995. p. 398.3. Son numerosos y muy valiosos los estudios sobre la relación de la economía con

la violencia, sobre el secuestro, el narcotráfico, la localización (el “mapa de la violencia”) de los hechos criminales, la eficiencia de la justicia, etc. de autores como Camilo Echandía, Fernando Gaitán, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Rubio, Carlos Esteban Posada, Armando Montenegro, Alejandro Gaviria, Fabio Sánchez, Francisco González, Natalia Salazar, Verónica Navas, Daniel Mejía, Ricardo Rocha y Gabriel Piraquive, entre otros.

4. Mosquera, Francisco, “A manera de mensaje de año nuevo”, en: Resistencia Civil, Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995. p. 248.

Documento escrito en agosto de 2002 y publicado en dos entregas por El Pequeño Periódico, en Medellín, a fines de ese año. El autor ha hecho pequeños ajustes de redacción que no alteran su contenido.Agosto de 2002Fuente: El Pequeño Periódico, Medellín

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LA VIOLENCIA CONTRA LA DEMOCRACIA ES REACCIONARIA

Darío Acevedo Carmona

Cada vez es más claro que la violencia por motivos políticos en Colombia va en contravía de la democratización del país. Mientras la elección popular de alcaldes y de gobernadores ha facilitado la emergencia de nuevos movi-mientos y liderazgos políticos diferentes a los tradicionales, el accionar de grupos armados con pretensiones insurgentes o paraestatales han desfigurado y debilitado la proyección de aquellos y su buen desempeño al colocarlos en la órbita de sus presiones militares y someterlos al chantaje del atentado, el secuestro o el asesinato. Mientras la Constitución política del 91 repre-sentó un proyecto de paz y una esperanza de concordia, de convivencia y de tolerancia política, esos grupos irregulares se empeñaron en sabotear la legitimidad del estado y de las nuevas instituciones, ya tratando de reem-plazarlas o bien tratando de subvertirlas. Y como quiera que estos ejemplos de profundización de la democracia nos ratifican en la búsqueda del cambio por vías civilistas, hay que deducir que todo aquello que sea un saboteo, un atropello o un ataque a esos esfuerzos constituye objetivamente una acción de corte reaccionaria.

En el para algunos “conflicto armado colombiano” no hay grandeza de ideales, la acción de los grupos armados de extrema derecha y de extrema izquierda carecen de una narrativa edificante, esperanzadora, ni siquiera tienen el alcance épico de las llamadas guerras justas que se nutren del sacri-ficio heroico de la población, tal como ocurrió en la lucha de los aliados contra el fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El sentido de tragedia a la manera greco romana, como se puede apreciar en los relatos de Homero y Tucídides, es decir, la lucha hasta el sacrificio por el honor, la gallardía y el valor viril que lleva a las familias a aceptar la desintegración y a los pueblos a admitir las penurias que deja el combate, no es lo que caracteriza a la violencia en Colombia. Aquí no hay de parte de los grupos armados irregulares un relato o una narrativa que enaltezca la “causa”, que calme los dolores del conflicto y

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lave la sangre derramada. La violencia inmisericorde que ellos practican tiene un significado depredador, es miserable porque el dolor no se transforma en ritual ni se vive como sacrificio para la obtención de un mañana mejor.

La violencia ilegítima en Colombia ha perdido también su horizonte histórico, desautorizada hasta por quienes la utilizaron con eficacia en el pasado (Castro), condenada por literatos e intelectuales progresistas y de izquierda (Saramago, García Márquez, Savater, Fuentes), no concita entu-siasmos ni genera organización de las masas que dicen defender ni exalta la lucha por la justicia y la equidad. Y si reclamasen mayor democracia, perderían toda credibilidad pues de reformas democráticas es que este país se ha nutrido en los últimos años. Matar gente indefensa, secuestrar civiles, apoyarse en el narcotráfico, destruir pueblos míseros, volar los oleoductos y las torres de energía, masacrar campesinos e indígenas inermes, no es defen-sable bajo ningún pretexto ético o político; todo lo contrario, desnaturaliza el contenido político que pudiese tener la guerra. Castrada de su naturaleza primigenia, la confrontación armada deviene en bandidismo y la insistencia en la misma la despoja de cualquier asomo de tragedia a la manera greco-romana antigua y se vive entonces como miseria de la condición humana, como degradación.

¿Cuánto tiempo más debe pasar para que los jefes de estos grupos que aún tienen reatos ideológicos, supongo, se den cuenta de la impertinencia histórica, política y ética de la causa que alguna vez enarbolaron con espí-ritu estoico y romántico? ¿Cuántos muertos más tiene que haber para que tomen una decisión sensata en vez de esperar la caída sin retorno al infierno? ¿Cuándo se darán cuenta que esta “guerra” dejó de ser guerra hace buen rato y se transformó en auténtica ordalía? ¿Cuándo notarán que el pueblo de Colombia prefiere esta democracia, con sus imperfecciones y todo, a un conflicto que tiene todas las connotaciones de ser reaccionario hasta la médula?

La violencia desatada por grupos, con supuestas o reales motivaciones políticas, cumple un papel reaccionario, es un palo atravesado en el camino de las transformaciones que el país quiere hacer por la vía democrática. Esa violencia ha frenado la inversión y propiciado el éxodo de capitales, ha ahuyentado a los inversionistas extranjeros, ha expulsado empresarios del agro, ha propiciado el desplazamiento de millones de campesinos pobres que llegan a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria y a incre-mentar el desempleo, el rebusque, la informalidad y la indigencia, ha contri-

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La violencia contra la democracia es reaccionaria

buido al forjamiento de una imagen pésima del país en el exterior, ha elimi-nado a decenas de líderes políticos y sociales promisorios, ha sembrado de pánico y terror las ciudades, y lo peor, ha maltrecho la esperanza y pisoteado la dignidad de las mayorías de los colombianos que son gente de paz y que reciben el estigma de sociedad violenta.

Medellín, septiembre 5 de 2005Fuente: http://ventanaabierta.blogspirit.com/list/coyuntura_colombiana/la_violencia_contra_la_democracia_es_reaccionaria_doc.html

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ONU RECONOCE AVANCES DE COLOMBIA EN DERECHOS HUMANOS Y CONDENA ACTIVIDAD TERRORISTA

Ginebra, 22 abril de 2005. (SNE).- La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó este viernes el progreso alcanzado en la apli-cación de las recomendaciones que sobre el tema ha hecho al Gobierno colom-biano, así como el esfuerzo del Gobierno y de otras instituciones estatales para lograr ese objetivo.

Así lo señala el informe divulgado en Ginebra, al término de las sesiones ordinarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la que también resalta el diálogo con las autoridades colombianas, principalmente a través de la Vicepresidencia de la República, entre otras.

El documento reconoce la importancia del proceso de desarme y desmo-vilización que se ha realizado durante la administración Uribe Vélez, que ha permitido a cerca de 12 mil ex combatientes de diversos grupos armados ilegales reincorporarse a la vida civil. Así mismo, el informe destaca los obje-tivos de reconciliación nacional y logro de la paz que se buscan a través del proyecto de ley de Justicia y Paz, hoy en manos del Congreso de la República. En ese sentido, la ONU señala que el trámite debe terminar pronto, teniendo en cuenta los principios de verdad, justicia y reparación.

En cuanto a progreso en la consecución de la paz, el informe ve con buenos ojos los esfuerzos del Gobierno en ese sentido y resalta el papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso con las Autodefensas, así como el papel que desarrolló el gobierno de México con el Eln –entre otras gestiones internacionales–, así como de la Iglesia Católica.

Apoyo a presencia estatalEn lo referente a Colombia, el documento expresa pleno apoyo al Gobierno

en la labor de consolidar la presencia de las autoridades y el control territorial. En ese sentido reconoce la creciente presencia estatal en todo el territorio

colombiano. Entre otras cosas, que los alcaldes puedan ejercer sus labores directamente en los municipios.

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Un elemento importante expresado por la Comisión es el reconocimiento a la disminución de los indicadores de violencia, especialmente en lo que se refiere a homicidios, masacres y secuestros en comparación con 2003.

También felicitó al Gobierno Nacional por haber destruido los artefactos que tenía almacenados, en cumplimiento con la Convención de Ottawa.

Así mismo, la Comisión condenó los actos de terrorismo, contra la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal cometidos por los grupos armados ilegales. E hizo un llamado a estas organizaciones para que cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario y respeten el libre ejer-cicio de los derechos humanos de la población colombiana.

De la misma forma, la ONU condena, de manera enfática, la práctica del secuestro sin importar las razones y también llamó a los grupos ilegales a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de la libertad. El llamado a los grupos terroristas también lo elevó para que dejen de utilizar las minas antipersonal.

La Comisión condenó el reclutamiento forzoso de niños por parte de los grupos armados ilegales y los exhortó a desmovilizar inmediatamente a los menores. Para combatir este flagelo, dio su voz de aliento al Gobierno y a la sociedad colombiana para que los niños combatientes se reintegren a la sociedad, reconociendo los logros que en ese sentido ha logrado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el apoyo de diversas agencias internacionales.

Por otro lado, en el informe se rechaza el hecho de que los grupos violentos en Colombia sigan financiándose a través del secuestro y con su participación en el negocio del narcotráfico.

En el documento la Comisión de Naciones Unidas reconoce la baja en las cifras de desplazamiento y destaca el trabajo que se realiza en el Plan de Aten-ción a la Población Desplazada. También, los logros del Gobierno Nacional en el desarrollo de la Declaración de Londres y el seguimiento que a este documento se hizo en Cartagena, en febrero pasado.

Frente al caso de San José de Apartadó donde fueron masacradas nueve personas, la Comisión condenó el hecho e instó al Gobierno a seguir adelante con la investigación.

De la misma forma se destacó el esfuerzo gubernamental en desarrollar respuestas preventivas a las situaciones de riesgo de las poblaciones vulnerables.

Abril 22 de 2005Fuente: www.presidencia.gov.co SNE

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“COLOMBIA TIENE UNA DEMOCRACIA SOFISTICADA”Louise Arbour

Comisionada de Derechos Humanos de la ONU

Bogotá, 12 mayo de 2005. (SNE).- La alta comisionada para los dere-chos humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, afirmó este jueves que “Colombia es una democracia sofisticada”, al tiempo que destacó la pasión con que los funcionarios colombianos abordan el tema, lo cual muestra su compromiso con el mismo.

Así lo señaló durante una reunión con el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el que la funcionario indicó que Colombia es un gran país, cuya democracia enfrenta “unos retos combinados únicos”.

Durante el encuentro, Arbour expresó las preocupaciones de su oficina sobre el proyecto de Justicia y Paz que tramita el Congreso de la República, especialmente en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas y el adecuado balance entre justicia y paz, advirtiendo que la iniciativa legislativa no debe ser una puerta hacia la impunidad.

Al respecto, el presidente Uribe señaló que es importante tener en cuenta que esta es la primera vez, en la historia política reciente del país, que en un proyecto de ley encaminado a la paz se tiene en cuenta la justicia y la repara-ción a las víctimas, elementos que no fueron tenidos en cuenta en diálogos con grupos terroristas en el pasado.

Agregó que en esta oportunidad no habrá impunidad por los delitos atroces que cometan las personas que se sometan a la ley, evitando de la misma forma amnistías o perdones brindados a integrantes de grupos armados ilegales que estuvieron en el pasado en procesos de paz.

Por el contrario, señaló el Presidente, el Gobierno mantiene firme su posi-ción de que los responsables de delitos atroces paguen tiempo en cárcel, no conceder amnistías por estos actos y tampoco negociar la extradición.

Otro de los puntos de preocupación señalados por Arbour tiene que ver con la confesión, teniendo en cuenta que para que se construya paz es nece-sario contar con la verdad de todo lo sucedido.

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En ese sentido el Jefe del Estado explicó que si bien se conceden los bene-ficios por los delitos que voluntariamente los implicados confiesen, si poste-riormente se descubre su vinculación en otra actividad criminal, la persona deberá pagar sentencia plena por esa acción que no declaró inicialmente.

Durante la reunión, el Mandatario colombiano expuso la situación de derechos humanos por la que atraviesa el país, indicando que todos los sectores cuentan con la protección del Estado, sin importar que sean o no simpatizantes del Gobierno.

Recordó las garantías reales con las que contaron miembros de la oposi-ción durante el referendo propuesto por el Gobierno, así como durante la campaña para entes territoriales, en la que coaliciones de oposición lograron importantes cargos como gobernaciones y alcaldías.

Esas mismas garantías para su labor política se mantienen ahora que están ejerciendo sus cargos y a pesar de las diferencias ideológicas con el Jefe del Estado.

Uribe también mencionó que tras la jornada electoral de octubre de 2003, se han realizado elecciones municipales en 152 poblaciones, en donde todos los aspirantes y votantes han tenido la protección del Estado.

Frente a la acción contra los grupos armados ilegales, el presidente Uribe sostuvo que a todos se les combate con firmeza, pero al tiempo señaló que tienen la puerta abierta para el diálogo, siempre y cuando pongan en marcha un cese de hostilidades, único requisito exigido por el Gobierno, como muestra de buena fe e interés en las conversaciones.

El Presidente manifestó que esa condición no implica que esas organiza-ciones se desarmen o desmovilicen inicialmente.

Así mismo, Uribe fue enfático en señalar que en el caso de las autode-fensas, se ha presentado una reducción significativa en la violencia generada por estas organizaciones y señaló que quienes no se acogen al cese de hostili-dades son combatidos militarmente por la Fuerza Pública en todo el país.

Por eso señaló que con aquellas facciones que respetan el cese de hostili-dades se mantiene el diálogo, pero al mismo tiempo el Gobierno se enfrenta a unas autodefensas divididas.

Durante la reunión, el presidente Uribe relató que además de las garan-tías políticas a la oposición, el Gobierno ha implementado toda una estra-tegia social que ha permitido aumentar la cobertura en educación, salud, así como ofrecer alternativas a los campesinos a través de programas como Familias Guardabosques.

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“Colombia tiene una democracia sofisticada”

También se puso en marcha una estrategia de reactivación económica que ha permitido reducir el déficit fiscal, aumentar los impuestos a los más pudientes e incentivar la inversión extranjera, que en 2004 aumentó en un 30%, aproximadamente.

Arbour expresó su complacencia en el sentido de que fue el propio Presi-dente de la República quien ligó los derechos políticos y civiles con los dere-chos económicos y sociales que, según su experiencia, no se tienen en cuenta en algunos países.

Sobre la reunión de este jueves, a la que se sumó un encuentro en la mañana con el vicepresidente Francisco Santos; el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y el Consejero para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, Santos destacó que “lo que nos ha dicho es que esta es una democracia sofisticada, una democracia con retos inmensos, una democracia que tiene los compromisos importantes en materia de Derechos Humanos”.

Sobre la “neutralidad” Santos señaló que durante la reunión le explicaron a la señora Arbour que “no se puede ser neutral, entre otras cosas porque hay una diferencia entre la democracia y aquí hay unos que amenazan la demo-cracia, aquellos que utilizan las armas, pero fue una discusión amable”.

Agregó que “obviamente el Estado no puede obligar a nadie –ni lo hemos hecho– a colaborar, hemos pedido la colaboración y en ese sentido la Fuerza Pública, como lo ha hecho y lo está haciendo en zonas en donde nunca estuvo, está poco a poco ganándose a la población, a los civiles para que colaboren, para que le ayuden a la Fuerza Pública”.

Al terminar el diálogo con el Jefe del Estado y después de absolver sus inquietudes, Arbour reiteró que Colombia enfrenta unos retos complicados, pero que puede ver que la “democracia funciona”.

Arbour manifestó que la manera como Colombia enfrenta sus problemas puede servirle para enfrentar los retos del mundo, en medio del proceso de reforma por el que atraviesa la Organización de Naciones Unidas, en donde se trabajará en tres pilares fundamentales: seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Mayo 12 de 2005Fuente: www.presidencia.gov.co SNE

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A MANERA DE MENSAJE DE AÑO NUEVOFrancisco Mosquera Sánchez

El personaje colombiano de 1988, por así decirlo, fue indudablemente la violencia. Y repite, porque también tuvo primerísima distinción en 1987, 1986 y 1985. La seriedad del asunto estriba en que nos hallamos, no ante un fenómeno cualquiera, sino frente a la implantación en las lides políticas de los bárbaros métodos de la extorsión y el crimen. Dentro de las múltiples causas de la incontenible mortandad, enumeradas durante este largo tiempo por soció-logos y comentaristas de distinto jaez, sin excluir la gratuita impugnación al carácter supuestamente perverso de los colombianos, poca importancia se le ha atribuido al principal factor: el ruinoso legado de la estrategia apaciguadora de Belisario Betancur. Sorprende la “amnesia” colectiva, sobre la cual divagaba no hace mucho otro de nuestro ex presidentes.

Luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que concluyó segando la vida de la mitad de la Corte, en cualquier país medianamente culto se habría procedido, ante lo trágico y nocivo de los acontecimientos, a una rectifi-cación de fondo. Pero no. Al mes siguiente de los luctuosos episodios, el propio mandatario, en entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El Tiempo de Bogotá, orondamente reiteró no haber “cerrado las puertas al diálogo” dentro del “proceso de paz en que nos hallamos empeñados”. Con el agravante de que en dicho reportaje aceptaba que a la hora del día del asalto “había cita” con el propósito de barajar acuerdos. En otras palabras, los terroristas desprevinieron al jefe del Estado mientras preparaban la temeraria ocupación. De momento no queremos extendernos sobre algo que pasó inadvertido pero que se dijo. Una confesión de cuyas verdaderas implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien hubiera merecido una investigación, en lugar de la retórica denuncia ante la Cámara del exprocurador Jiménez Gómez en torno a las vicisitudes del operativo militar, puesto que concierne a la forma como se cumple con los deberes constitucionales de salvaguardar la seguridad pública inherentes al ejercicio del cargo presidencial. Apenas sí lo tomamos cual punto de refe-rencia, ahora, cuando las figuras estelares del cuatrienio anterior, los doctores

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Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia al demandar, en comunicado conjunto del nueve de los corrientes, las “aproximaciones necesarias” entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, con el sofisma de que los frentes de las Farc una vez más “cesaron unilateralmente fuegos”.

No se trata, pues de ingenuas tolerancias. Además, la ingenuidad reite-rativa se convierte en complicidad. Estamos ante una estratagema meditada y tejida con antelación, merced a la cual segmentos de la clase dominante, primordialmente el ala mayoritaria del Partido Social Conservador y algunos liberales ávidos, han comenzado su fragoso ascenso hacia el pleno poder buscando reeditar la triste crónica de la paz belisariana. Se pretende empeñar la tranquilidad del pueblo por otros cuantos años más a cambio de una irrefre-nable ambición. Y se hace conscientemente, ya que ningún colombiano ignora el costoso desencanto de una pacificación que lo ensayó todo o casi todo, menos la desmovilización de los grupos insurrectos.

Los resultados están a la vista. Nunca hubo tal afloración de delitos en nuestras tierras como en la actualidad; pero tampoco jamás se había admitido el proselitismo armado, con lo que se puso en desventaja a las colectividades desprovistas de instrumentos bélicos y se quebrantó la igualdad de los ciuda-danos frente a la ley, ese postulado básico de la organización republicana. Tal deterioro de las costumbres políticas, fuera de lesionar directamente a las masas irredentas y en especial al movimiento obrero, se ha tornado en otra de las protuberantes trabas al desarrollo nacional. Suprimir tan enorme perturbación representa una labor prioritaria del futuro inmediato. Para ello se precisa de por lo menos las siguientes condiciones: rechazo a los intentos de revivir el viejo pacifismo fracasado; apoyo a los sectores que han tenido que adelantar sus quehaceres habituales bajo las exacciones continuas de la coacción autorizada, y establecimiento de unas explícitas reglas de juego democráticas de obligatoria observancia para todos los partidos.

Creemos que el plan de paz de la administración Barco, de esgrimirse tal cual ha sido esbozado, contribuirá a estos anhelos y por tanto debe respal-darse. De cualquier modo, que no haya más treguas indefinidas, más diálogos estériles ni más pactos altisonantes, mientras la nación entera se debilita, se desangra y se corrompe.

El problema social no determina la insurrecciónDesde finales de la década del cincuenta los anarquistas criollos vienen

imputando sus frustradas rebeliones a las agudas diferencias económicas

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A manera de mensaje de Año Nuevo

que prevalecen en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta profundamente falso. En cualquier época y lugar, al margen de cuán extremada sea la miseria de las gentes, el requisito indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros se pregona consiste en el concurso eficaz de la población. Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el pueblo se ha mostrado apático a la solución violenta. Seguir justificando las aventuras terroristas con los desajustes sociales, como suelen hacerlo los políticos astutos y los clérigos piadosos, significa simplemente que nunca habrá “paz”, pues las transformaciones históricas no se coronan en un santiamén ni brotarán de los arreglos de tregua. Los insurgentes continúan supeditando cualquier compromiso verdadero con el régimen a un entendi-miento previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la inclusión en la nómina oficial. A los colombianos les consta que bajo seme-jantes premisas la llevada y traída reconciliación no deja de ser una entelequia, cuando no un engaño.

Como la acción guerrillera está de espaldas a la realidad, sus auspiciadores se han dado progresivamente licencias que riñen con los procederes revolu-cionarios. El sostenimiento de las huestes errantes se vuelve la preocupación más imperiosa. Los diversos comandos, en una forma u otra, han aceptado ejercer el secuestro, y el país lo sabe. Cuando caen de improviso sobre uno de esos municipios olvidados de Colombia van infaliblemente tras los fondos de las pequeñas oficinas de la Caja Agraria. En el último período han enfilado sus iras contra los medios productivos, destruyendo fábricas, tumbando torres de energía, inutilizando dragas, prendiendo galpones o volando oleoductos. Presionan a los campesinos de las regiones marginadas a emprender marchas en solicitud de vías y de puentes, y luego los dinamitan. Respecto a las bregas políticas y gremiales, no resisten la tentación de echar mano de los medios coercitivos para dirimir las controversias y precipitar las decisiones.

Los adalides de esta tendencia han llegado a tales límites que Jorge Carrillo, su connotado socio dentro del campo sindical, denunció en medio del desconcierto, tras el fallido paro del 27 de octubre, que la protesta “fue derro-tada por la subversión y el terrorismo”; atreviéndose incluso a exigir “que se rechace toda ayuda de la guerrilla al sindicalismo” y “que la Cut no se preste a campañas contra las Fuerzas Armadas”, un vuelco harto sustancial.

En síntesis, las hazañerías de la extremaizquierda nada tienen que ver con una eclosión del descontento popular. Todo lo contrario. Intentan sustituir la actuación de las masas, pisotean los funcionamientos democráticos, ferian la

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vida de propios y extraños, alteran el desenvolvimiento civilizado de la confron-tación política y dañan los bienes de utilidad pública. En su corto desplazamiento hacia el Río de la Patria, José Antonio Galán dejó sobre el tema bellas lecciones, no sólo de escrupuloso uso de las propiedades que temporalmente incautó, sino de respeto a las existencias de los enemigos que quedaban inermes.

El ejército tampoco es el responsable del conflictoLas otras tesis con que se sustenta la congruencia del levantamiento

armado, o la táctica de “la combinación de todas las formas de lucha”, por lo común giran alrededor del papel represivo de las Fuerzas Armadas. Esta postura luce bastante radical, mas carece de fundamento. Después del entreacto castrense, que dio fin a la cruenta disputa entre liberales y conservadores, el régimen vigente ha avanzado por la senda de la democracia representativa, con las obvias limitaciones correspondientes a su índole de clase. Las enti-dades encargadas del orden no han sido ni más ni menos draconianas que lo característico en una república burguesa de tipo medio. No obstante mante-nerse en la práctica, el bipartidismo se ha ido desmontando jurídicamente, así sea al estilo colombiano, a cuentagotas, hoy un artículo, mañana un inciso. Aquí las facciones políticas no se han visto obligadas a enmontarse con el objeto de eludir la espada exterminadora del Estado. Sucede a la inversa. A pesar de enmontarse sobreviven bajo el manto de la legalidad.

Se distorsionan innecesariamente las cosas cuando se afirma que en Colombia, en las últimas décadas, el llamado estamento civil ha estado sujeto a la égida militar. Antes bien, bajo el experimento del “sí se puede”, los capri-chosos dictámenes del Ejecutivo obstaculizaron de continuo el despliegue del ejército, a la par que aumentaban con inusitada rapidez los motivos de zozobra. Durante la vigencia de la tregua más de un general de la república ha salido milagrosamente ileso de brutales atentados; y a dos ministros de la defensa se les decretó la baja, sin ningún miramiento, por pedir “pulso firme” ante la descomposición reinante. Si el uniforme ha adquirido cada vez mayor realce, ello obedece a los prodigios de la pacificación dialogada. ¿Por qué quejarnos entonces de que se les entregue en custodia a los militares las zonas maceradas por el genocidio y la vindicta? ¿0 que éstos adopten el cariz deliberante que los cánones les prohíben? ¿No llegamos a esa paradoja después de mucho trámite, elucubración e incumplimiento? Un inopinado desenlace que acabó restringiéndole la libertad de opinar al desprotegido en tanto se la prodiga a quienes posean la protección suficiente para sí y para otros.

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El surgimiento de los apodados grupos de autodefensa constituye, sin más requilorios, otra de las repercusiones nefandas de la comedia de la “paz”. Apare-cieron después de la amnistía y de la firma de los armisticios, no antes. Encarnan una respuesta a la “guerra”, no la razón de ésta. No son criaturas primigenias de las tropas regulares, como inocentemente se arguye. Tales desviaciones cuentan con un soporte social muy definido, las incontables víctimas de la “vacuna revolucionaria”. La instauración de la venganza cual macabro expediente para resolver las contradicciones políticas nos parece la peor purulencia de los males que acongojan a Colombia. Sin embargo, nos encontramos convencidos también de que mientras no se despejen los interrogantes que estamos plan-teando; mientras no cesen las vivezas de las siglas que burlan los códigos y a la vez desean disfrutar de las franquicias de la democracia; mientras no se asuma, una actitud consecuente, diáfana, ante la urgencia de que rijan, sin favoritismos y conforme a derecho, las instancias constitucionales, seguirá prevaleciendo la temida justicia privada. Hasta Bernardo Jaramillo Ossa, el locuaz presidente de la UP, ha admitido que la muerte por cientos de copartidarios suyos “tiene que ver con el origen de la agrupación”, “ligado al movimiento guerrillero”. Lo intuyen, mas le echan la culpa total a las deficiencias del sistema en materia de garantías democráticas. No obstante, a la dirección del Partido Comunista bien le valdría recapacitar sobre estas conclusiones de uno de sus miembros y corregir la línea, en beneficio del país y de la militancia.

En presencia del oscuro panorama, muchos de los partidarios de los tejemanejes del apaciguamiento han decidido enarbolar, con ínfulas de grandes descubridores, los antiguos enunciados del derecho de gentes. Esti-muladas ya las tentativas insurreccionales tras la divulgación de toda suerte de mentirosos criterios, ahora se piensa darles legitimidad, subordinando las medidas de control de la conmoción interior a las laxas interpretaciones de los convenios de Ginebra y corriendo los albures de los nuevos percances que de ellos surjan. Se propone no terminar la vandálica reyerta sino huma-nizarla. Y lo ansían igualmente los alzados en armas, inclusive reclamando la utilización en tal sentido del articulo 121, con miras a internacionalizar su pleito y contener, de paso, a los cuerpos de seguridad. ¡Que intervengan en los asuntos internos nuestros cuanta asociación fantasmal hayan creado en el mundo los áulicos de Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética! Eso por un lado, y por el otro, ¡que el gobierno practique la “paz” aunque se le imponga la “guerra”! No otra cosa han entrañado las delegaciones extranjeras invi-tadas por los organismos legales de la guerrilla para que juzguen el traumá-

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tico acontecer del país. 0 las exhortaciones a que las autoridades resguarden a quienes, además de incurrir en los denominados delitos conexos a la rebe-lión, atacan vehementemente a la fuerza pública. ¿En qué contienda civil digna de su nombre el bando insurgente le exige amparo al bando del orden, cual ocurre en Colombia, sobre todo a raíz de las horrendas y repudiables masacres del año que expira?

Miguel Antonio Caro, el estilista de la supérstite Constitución de 1886 afirmaba que “nada es ciertamente tan anormal como la guerra”. Ya entonces, y aun desde antes, se reconocía que la única talanquera del estado de anorma-lidad radica en las vaguedades del referido derecho de gentes, porque el resto de prerrogativas consagradas se suspende o puede suspenderse en procura del retorno a la tranquilidad ciudadana. De ahí que los alegatos sobre los alcances de las normas de excepción, o sobre el reconocimiento o no del carácter beli-gerante de los sublevados, se ventilen a costa de las masas expoliadas, cuyas conquistas democráticas languidecen a medida que se avivan las disquisi-ciones exegéticas. Al pueblo trabajador, en definitiva, muy poco le conviene reemplazar las posibilidades del precepto escrito con las artificiosas altera-ciones y las ilusas perspectivas de una revolución tramitada por decreto.

La producción nacional no ha contado con efectivo apoyoLa creencia de que la lucha reivindicativa requiere para su buen augurio

del aherrojamiento de los sectores productivos de la ciudad y el campo es otro de los extendidos equívocos que la nación está en mora de dilucidar. El atraso y el yugo económico de los consorcios de las metrópolis tradicionales hacen de las tareas de la industrialización de Colombia un desafío progre-sista y hasta heroico. Bastantes comentarios ha merecido la situación de la zona bananera de Urabá, donde se lleva a cabo un encomiable esfuerzo de desarrollo. Si allí se prescindiera de la cooperación de los trabajadores, lógi-camente no habría nada; pero el tacto y el arrojo de los inversionistas también han sido claves para la obtención de metas tan tangibles como la trasferencia a la balanza de pagos de doscientos millones de dólares anuales por concepto de exportaciones. En aquella esquina del territorio patrio se ha librado una recia batalla contra la dejación de los gobiernos, la preponderancia de las comercializadoras extranjeras y, recientemente, contra los efectos mefíticos de la violencia. Podríamos traer a cuento muchos otros ejemplos elocuentes, en particular el de los restantes cultivos tecnificados, cuyos propugnadores, a punta de sacrificios, le pulen poco a poco la mustia faz al agro colombiano.

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Con todo, no existe suficiente comprensión sobre la trascendencia de tales consecuciones. Más de un activista político cosecha aplausos entre el elec-torado con sus improperios contra industriales y agricultores. Los debates de la última reforma agraria se dirigieron a fustigar más a los empresarios encargados de la modernización de las áreas rurales que a quienes todavía personifican los remanentes del feudalismo. La capa burguesa cuya fortuna se deriva directamente del Estado o de los favores de éste, o que amasa su riqueza por medio de las operaciones especulativas, con frecuencia aspira a soslayar sus privilegios arremetiendo contra la capa burguesa ligada al engra-naje productivo. Y desde los tiempos de López Michelsen los roces entre funcionarios y gremios se han venido agudizando. Escollos todos éstos que sí debieran allanarse a través de un consenso que jalone el crecimiento mate-rial del país, sin el cual ningún programa de rehabilitación tendrá significado valedero. La prosperidad no será factible con la supremacía de los menesteres parasitarios sobre las acucias de la producción, o con un manejo indebido de la deuda externa, el déficit fiscal junto a sus secuelas inflacionarias y los otros parámetros fundamentales de la economía.

En cuanto al proletariado, se halla muy ajeno a cifrar su ventura en la destrucción de las máquinas o en el asolamiento de las gentes. El Sindicato de Mineros de Antioquia, con sede en el municipio de El Bagre, por su cuenta y riesgo acaba de disponer, “en legítima defensa del sagrado derecho al trabajo”, la reparación de las torres que suministran el fluido eléctrico a la empresa y que fueron derribadas por la guerrilla. Este primer precedente claro nos está advirtiendo hasta qué punto los adelantos de la lucha obrera llegan a conju-garse, dentro de nuestras singulares circunstancias, con la preservación y el fomento de las fuentes de empleo.

El cometido del MOIR reside actualmente en recoger las reconfortantes enseñanzas que dejan los despropósitos y los desafueros de más de un lustro de historia colombiana. A mediados de 1988 las disímiles banderías coincidieron con nosotros en el llamamiento a construir un frente único por la salvación nacional. Lo curioso es que muchas de ellas interpretaron la consigna como la oportunidad de volver a las abortadas maniobras del pasado, cuando, precisa-mente, se barrunta la ocasión feliz para un replanteamiento justo y valeroso, sobre el cual seguimos insistiendo. ¿Acaso los nuevos horizontes no han sido siempre el hallazgo de las épocas de intranquilidad, no de los días de calma?

Fuente: El Tiempo el 31 de diciembre de 1988.

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LA NACIÓN SE SALVA SI CORRIGE SUS ERRORESFrancisco Mosquera Sánchez

Amigos y compañeros:El encuentro de esta noche lo hemos convenido con el objeto de proto-

colizar el respaldo del MOIR al doctor Juan Martín Caicedo Ferrer como candidato a la alcaldía de la Capital de la República. Acontecimiento que termina por perfilar las características singulares de una postulación de notable importancia, no sólo porque ha logrado ganarse las simpatías de muy diversas corrientes, sino debido a la influencia que sin duda habrá de ejercer en el futuro inmediato de la nación. Más que la suerte de Bogotá, con todo y tratarse del primer municipio de Colombia, lo que está en juego es un imperioso realin-deramiento de las fuerzas políticas, la reconsideración de muchas estrategias equivocadas, la posibilidad de una enmienda histórica. El propio expresidente Carlos Lleras Restrepo, pasando por encima de conocidos afectos y antiguas discrepancias, resolvió darle impulso a la promisoria tendencia, tras condenar las maniobras de los grupos auspiciados bajo cuerda por el Ejecutivo y prevenir acerca de los falsos conflictos generacionales que anteponen las ambiciones de unos cuantos a la solución de los graves problemas del país. Algo semejante podemos señalar de los conocidos gestores del Movimiento Nacional Conser-vador, que al decidir coligarse con uno de los principales matices del libera-lismo, fuera de quitarle piso al trillado esquema de partidos de gobierno y de oposición, allanan la senda a la acción unitaria entre agrupaciones de diferente origen mas identificadas en objetivos básicos. Otras vertientes conservadoras también han ofrecido su concurso, reafirmando el hecho de que, al cabo de tantas dubitaciones, la alianza puesta en marcha consiguió por fin aglutinar a un buen número de adversarios y copartidarios de la administración actual. De nuestra parte, el compromiso que en este acto refrendamos ante la opinión pública, lejos de ser la movida de último instante para sortear las contrarie-dades de unos comicios accidentados como pocos, constituye el curso lógico de la posición que hemos venido sosteniendo desde 1983, cuando comenzamos a alertar sobre las caóticas implicaciones del “sí se puede”.

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Personajes y dirigentes de las distintas actividades de la sociedad colom-biana con quienes hemos conversado nos sirven de testigo de nuestra insis-tencia en la necesidad de un contundente viraje que rescate las reglas de la democracia, apuntale la soberanía de Colombia, promueva la producción nacional y atienda las reivindicaciones del pueblo. Con casi todos ellos, coin-cidimos en el análisis y en las soluciones, particularmente con los doctores Hernando Durán Dussán, Julio César Turbay Quintero, Gustavo Rodríguez, Juan Diego Jaramillo, Alberto Santofimio Botero, José Manuel Arias Carri-zosa y, por supuesto, Juan Martín Caicedo Ferrer, para mencionar únicamente algunos de los promotores de la vasta convergencia llamada a librar la batalla por Bogotá y por el replanteamiento.

A su vez los sectores empresariales de varias secciones del país aceptaron organizar foros altamente representativos, en los cuales se ha abundado en las sugerencias hechas por nosotros, encaminadas hacia la búsqueda y el hallazgo de una pronta y efectiva salida para la desmoralización imperante. En otro episodio sin precedentes y a raíz de la indolencia mostrada por la Dirección Nacional Liberal ante las dificultades de los productores, nueve de los más influyentes gremios, en pronunciamiento conjunto del 20 de mayo pasado, señalaron la actitud unitaria del MOIR cual una línea de conducta digna de imitarse. Con aquel directorio también discutimos nuestros puntos de vista y comprobamos hasta dónde llegaban allí los desacuerdos entre dos concep-ciones: la que se jacta de innovadora pero continúa entonando las rayadas salmodias de la demagogia disolvente; y la que, pese a recibir por argucias propagandísticas el calificativo de retrógrada, enarbola, tras la defensa demo-crática de Colombia, peculiares enfoques contrarios a los fracasados. Sobra añadir que en esta controversia, hoy trasladada a la liza electoral, nos ubicamos del lado de la segunda alternativa, pues responde a los cruciales interrogantes del momento y a nuestros pronósticos más que ninguna de las otras opciones ofrecidas a los votantes bogotanos.

Nadie niega que la república de Bolívar y Santander acusa desajustes inveterados; sin embargo, el abismo sin fondo hacia el que rueda y la inversión de valores que con pavor contempla obedecen menos a sus viejas anomalías que a la forma oportunista como fueron abordadas durante el régimen ante-rior. La “paz” pasó a ocupar el centro de las preocupaciones nacionales, una obsesión colectiva ante la cual se justificaba cualquier sacrificio, el que fuese, pero cuyo advenimiento se hizo depender de la transformación social. De ese modo se llegó al absurdo de supeditar una cuestión eminentemente política,

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La nación se salva si corrige sus errores

de trámites expeditos, a los cambios económicos o estructurales que de por sí suponen definiciones a largo plazo. Cuando menos lo esperaba, Colombia cayó en la encerrona de tener que hacer la revolución o padecer la guerra civil; y a la revolución colombiana se la obligó a aceptar como métodos suyos los “delitos atroces”, o sea el atentado personal, el secuestro y la extorsión. Se habían dado cita en nuestro suelo tres fenómenos lamentables: el ascenso al poder de un presidente sin tradición de clase, el enaltecimiento de los tradi-cionales comunistas criollos que creían aproximarse a una coyuntura insurrec-cional y la estulticia de una nación tradicionalmente educada en el embuste. Nosotros fuimos el único partido que no tocó pito alguno en esa gran función. Y desafortunadamente nuestras predicciones se cumplieron.

Aquí ha ocurrido lo creíble y lo increíble. La inseguridad, en todas sus monstruosas expresiones, se ha enseñoreado sobre la patria estremecida. Las sectas de diferentes procedencias y denominaciones quedaron autorizadas para echar mano de los procedimientos más abominables en provecho de sus oscuros apetitos. Han perecido asesinados desde humildes inspectores de policía hasta augustos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hace apenas una semana le correspondió el fatal y doloroso trance al Procurador General de la Nación. Quienes en virtud de los acuerdos de La Uribe obtuvieron el insólito privilegio de poder esgrimir al mismo tiempo los fusiles y los votos, los medios legales y los ilegales, la “guerra” y la “paz”, lo han usado en contra de sus contendientes políticos a los cuales eliminan o extrañan de las regiones estratégicas. Cargando nuestros muertos hubimos de salir de sitios como el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, para atenerme al caso del MOIR, pero igualmente le sucede al liberalismo y al conservatismo. Gentes de distintos estratos sociales amenazadas en sus vidas y en sus bienes se inclinan a favo-recer los llamados grupos de autodefensa, cerrándose así el círculo de una violencia indiscernible bajo cuyo imperio los insurrectos plagian a los plagia-rios y éstos a aquellos, las diferencias ideológicas y hasta sindicales se cancelan a bala, la dinamita destruye fábricas y oleoductos en aras de la preservación de los recursos nacionales, los candidatos pierden no las elecciones sino sus exis-tencias y las masas laboriosas se convierten en las verdaderas damnificadas de la sarracina, puesto que sufren las consecuencias del inevitable recorte de los derechos democráticos, sus instrumentos fundamentales en la lucha por la emancipación. He ahí, descrita a vuelapluma, la tragedia de un Estado que visto desde adentro es un infierno, pero ante los ojos de las naciones cultas del planeta luce cual un inmenso manicomio.

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Por eso se impone la urgencia de la reorientación y el reagrupamiento; y nos complace que después de los luctuosos incidentes de enero los órganos de publicidad, los portavoces de las fracciones de todos los partidos, las jerarquías eclesiásticas y el presidente de la República nos hayan prácticamente robado la consigna de crear un frente único por la salvación nacional, meta tras la cual venimos combatiendo con paciente persistencia desde hace ya un año. De suerte, pues, que una aplastante mayoría en la actualidad le da máxima prelación al deber de velar por el porvenir de la patria colocado en entredicho, sin desistir, desde luego, de tomar como Norte las consabidas y universales normas de la democracia. No obstante, quien desee un mañana feliz no puede olvidarse de las tristezas del pasado. No se trata de congregarnos para volver festivamente a la amnistía, el cese al fuego, las comisiones, el cacareado “diálogo nacional”, los viajes al río Duda, el suspenso del teléfono rojo y el resto de embrolladas secuencias de esa extenuante pantomima que fue poco a poco embotando el cerebro de la población y conduciendo el país a una celada inicua.

La consistencia de una nación, una clase, un partido, se mide sobre todo por la actitud que asuma ante sus propios errores. Nos hallamos en una de aquellas raras ocasiones que nos proporciona la historia, en las cuales resulta ineludible efectuar un alto en la jornada y emprender con valentía el examen retrospectivo. Los editorialistas de El Tiempo lo han vislumbrado al aconsejar una “autocrítica a fondo”, exhortación doblemente valiosa si proviene de la prensa, la principal culpable de las falsas expectativas tramadas en torno del engaño pacificador. Cuando en el debate de 1986 estampamos en los muros el pedido de “no más Belisarios”, no nos movía propósito distinto de remarcar ante la faz del país, de manera simbólica, qué no ha de hacerse, pero primor-dialmente, qué se debe corregir.

Del Estado no estamos demandando especiales medidas punitivas. No compartimos el establecimiento de ninguna de las bárbaras modalidades de la justicia o vindicta del talión que cada día gana más terreno y cobra más víctimas. Exigimos sí la supresión de los acuerdos de La Uribe, cuyas cláusulas vagas e inocuas en su letra sólo sirvieron de mampara para legalizarle su brazo armado a la UP, aquel remedo de frente planteado por las Farc y dirigido por el PC. En otras palabras, reclamamos el cumplimiento estricto del primer postu-lado del régimen de derecho: la igualdad de los partidos y ciudadanos ante la Constitución y las leyes de la república.

Un ejemplo. Hacia mediados de 1985 la mencionada facción insurgente ametralló a nuestro compañero Luis Eduardo Rolón en las inmediaciones de

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San Pablo, y el gobierno, en lugar de perseguir y enjuiciar a los homicidas, concluyó nombrándoles un alcalde de su mismo bando, costeándoles las movilizaciones realizadas a punta de intimidación y concediéndoles en suma el control de la zona en unos cuantos meses. Obviamente tuvimos que resig-narnos a abandonar un trabajo campesino de casi una década. Es exactamente lo que no queremos seguir viendo ni soportando. Y en los albores de 1987 se lo expresamos al todavía consejero presidencial Carlos Ossa, pues la nueva administración se obstinaba en confiarles el manejo de municipios y de planes de rehabilitación a elementos de tal contracorriente, con todo y haber dicho ésta sin ambages que no desmontaría su maquinaria bélica.

Hasta cuando no se despejen semejantes incongruencias, o prevalezcan los procederes truculentos que los usufructuarios de los armisticios pusieron de moda, en medio de la embriaguez pacifista, por la época de la muerte de Rolón, no parará este baño de sangre tan penoso incluso para la misma Unión Patriótica. Presionado por las circunstancias, el presidente Virgilio Barco, con base en el artículo 121 de la Carta, ha expedido una serie de medidas cuyo rigor supera en mucho el del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala. Y lo llevó a cabo con el beneplácito mayoritario de la sociedad arrinconada. En síntesis, el experimento belisariano se vino a tierra con toda su bambolla. Sólo falta que se reconozca formalmente, máxime cuando el jefe del Estado, luego de la matanza, en junio, de los 27 militares de Caquetá, juró romper la tregua, departamento tras departamento, según se fuesen reanudando las hostilidades. ¿Y en qué sitios de nuestra geografía no ha habido enfrentamientos? En cuestión de un par de años saltamos del paroxismo a la desesperación, de la “apertura” a las prohibiciones más drás-ticas. Y esta situación se acentuará. Los comandantes de la aventura terrorista no dan muestras de querer sofrenar sus impetuosidades; cosa que deberían hacer, si no para impedir el colapso de la democracia, o para contribuir a la civilización de la lucha política, aunque sea por consideración a sus sacrifi-cados seguidores. Si se suspende la causa se suspende el efecto.

Debido a los criterios expuestos, alrededor de muchos de los cuales cerramos filas con amigos liberales y conservadores, a nosotros se nos acusa asimismo de haber girado hacia la derecha. Nuestros difamadores llegan al extremo de conminarnos veladamente con cruentas represalias, sin reparar que son ellos quienes exhiben un rosario sin fin de canonjías oficiales, algunas otor-gadas a contrapelo de la Constitución y de las leyes, como quedó explicado. Si el Partido Comunista suscribe sus alianzas con el liberalismo o el conserva-

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tismo, se plasma un bello gesto patriótico y revolucionario, mas si el MOIR lo intenta, estamos entonces ante un crimen de lesa patria.

En las postrimerías de los setentas la CSTC pactó con la UTC y la CTC el apellidado Consejo Nacional Sindical, y el año pasado, con el exministro Carrillo, fundó otra confederación. Ambas operaciones se adelantaron, según sus artífices, en beneficio del sindicalismo colombiano. Ahora, cuando hemos decidido promover, junto a compañeros de las viejas centrales, una fusión de las fuerzas sindicales democráticas, a nuestros dirigentes obreros se les tacha de divisionistas y hasta de defraudadores. Pero la tarea, antes que detenerse, se agilizará. Y lo haremos aferrándonos a lo convenido: defender la nación, la producción, la democracia y el bienestar del pueblo, las mismas cuatro premisas unitarias que hemos presentado a empresarios y políticos.

Toda esta polémica, que lleva varios lustros, no nos la dicta el sectarismo. Inclusive con el partido de Vieira concretamos un entendimiento, tanto para concurrir a los sufragios de 1974 como para contrarrestar la dispersión del movimiento laboral. El asunto abortó porque los aliados de entonces salieron finalmente con que debía incluirse en el programa, que ya estaba suscrito, el apoyo a la revolución cubana. También sabotearon el pacto las sistemáticas violaciones de las normas de funcionamiento y el ventajismo por parte de aquella agrupación, cuyos cabecillas sólo piensan en acaparar las oportuni-dades y las retribuciones. Quienes se les acerquen han de andar con cuidado. En cada trato ellos van tras todo. Quieren la tela, el telar y a la que teje.

Ahora bien, ¿cuál es el juez que decide dónde está la derecha y dónde está la izquierda dentro de las espectaculares confusiones del mundo de final de milenio? Los soviéticos, que alegando ésta o aquella razón han bajado de los altares a cada uno de sus conductores, cuentan a su servicio con más tropas de ocupación activas de las que hayan tenido en el pretérito próximo el resto de potencias. Observando los vandálicos despojos propiciados por los líderes del Kremlin en Afganistán, Indochina, Eritrea, Angola, etc., recordaba el MOIR en documento aún vigente que el socialismo no era, no podía ser anexionista. Por la paga, los rebeldes de la Sierra Maestra se vuelven cipayos y salteadores de pueblos débiles. Viet Nam pasa de invadida a invasora. Y quienes avasallan por cuenta de otros han acabado de metecos en su propia casa.

Así, en el período actual, los peores oprobios se cometen bajo las enseñas del comunismo. Entre tanto Estados Unidos se bate en retirada y entrega territorios gratuitamente a sus mortales enemigos, como lo hiciera Carter con Nicaragua. Hasta en China se registran cambios, ocurridos sobre la base de

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enmendarle la plana a Mao. Los reformistas practican el terrorismo y los terro-ristas el reformismo. La Junta de Managua censura la injerencia norteameri-cana pero celebra el exterminio de los afganos. En el presente ninguno de los conflictos locales o internos de los países conseguirá desarrollarse al margen de la intromisión del expansionismo soviético.

¿Por qué ha de ser revolucionario entonces ponerse a órdenes de los despóticos agresores de Oriente para construir el “socialismo real”, mientras resulta ultramontano no descartar la colaboración de las ancianas democracias occidentales, incluida la estadinense, dentro de la brega por proteger la inte-gridad y la soberanía nacionales? ¿Por qué es bueno conciliar con Betancur y malo corregir con Barco? ¿Por qué se absuelve al general Matallana, mas se condena al doctor Durán Dussán?

Pero ninguna de las graciosas deformaciones de la crisis nos amilana. A quienes han logrado amañar la información, merced a los devaneos de los medios publicitarios, escasamente les resta jugar la carta del desconcierto, ese interregno inevitable entre una claridad y otra. Las situaciones embarazosas han de descomponerse del todo para ser resueltas.

Una última reflexión. Cuando a Carlos Ossa Escobar se le postuló, inmediatamente después del hundimiento de la estratagema del colegio elec-toral, y la escisión del liberalismo bogotano en dos bloques era una realidad irrefragable, un connotado jefe de ese partido quiso, de un lado, vender la imagen de aquel aspirante alabando sus gestiones pacificadoras, y del otro, desconceptuar a Juan Martín Caicedo Ferrer por haber desempeñado la presidencia de Fenalco. Es decir, mientras una candidatura encarna la convivencia y la concordia, la otra personifica la explotación del comercio. Insinuaciones de este tipo no han de aceptarse cual expedientes válidos para mover al electorado. Sería tanto como sugerir que María Eugenia Rojas cons-tituye la salida al problema de la vivienda debido a su paso por el Inscredial; o que Andrés Pastrana lograría el saneamiento de Bogotá porque viene de sufrir un secuestro cuyo desenlace por fortuna fue favorable. La elección popular de alcaldes permite una mayor agitación en torno a las necesidades de los municipios, pero no suprime las limitaciones materiales derivadas del déficit fiscal, el endeudamiento y el atraso económico. En su afán de vencer a cualquier precio, o por simple y vulgar promeserismo, muchos candi-datos ofrecen el oro y el moro sin fijarse en que se requieren muy precisas reformas institucionales a nivel local y políticas generales benéficas a la actividad productiva.

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La economía de un país es una compleja red de vasos comunicantes dentro de la cual, cuanto sucede en un punto, forzosamente repercute en otras partes. No habrá congelación de la tarifa de los servicios públicos de mantenerse el tratamiento dado a los empréstitos externos, como tampoco dispondremos de suficiente acumulación de capital, y por ende de inversiones, si se sigue prestando para emprender obras no rentables, cubrir intereses o equilibrar el presupuesto. El monopolio del comercio exterior ejercido con arreglo a los cálculos privados y no conforme a la planificación estatal, o el parasitismo de la banca sobre el agro y la industria, ahogarán siempre las posibilidades de un desarrollo cierto y armónico. No hace falta indicar que con estanca-miento el desempleo florecerá irremisiblemente. El explosivo fenómeno de la venta ambulante, patente en grandes y pequeñas ciudades, y que algunos reco-miendan como el modelo de crecimiento jamás aplicado, prueba la ineficacia de las pautas económicas aún prevalecientes. Es sobre tan palpitantes asuntos que deberían llevarse a efecto las campañas municipales. El MOIR aspira a profundizar en ello con todos sus aliados, y aquí en la Capital, preferente-mente con el doctor Caicedo Ferrer, porque él sabe de estas cosas.

No pocos correctivos se pueden introducir jurídicamente en ayuda a la producción nacional, sin tener que cruzarnos de brazos a la espera de los rotundos dictámenes de un vuelco revolucionario. En contra de las lesivas imposiciones de los prestamistas internacionales y en pro del derecho a auto-determinarnos ya casi hay un juicio unánime. Cada vez una cantidad mayor de personas y entidades comprende que sin algún progreso el país ni siquiera fini-quitaría las cuentas pendientes con sus acreedores. Tras estas consideraciones y perspectivas debemos unificarnos resueltamente. Nosotros hemos echado en remojo nuestro programa máximo como una contribución positiva al frente único propuesto. La prosperidad de Colombia y el mejorestar del pueblo, en lugar de apartamos de la gesta, nos acercarán a los sueños más queridos.

Muchas gracias.

Discurso pronunciado por Francisco Mosquera en el acto que el MOIR realizó el día 2 de febrero de 1988, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el acto de respaldo a Juan Martín Caicedo Ferrer en su campaña por la Alcaldía de Bogotá. Publicado en El Tiempo del 7 de febrero siguiente.

SEGUNDA PARTE

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EL NOMBRE SÍ IMPORTAEl debate sobre la naturaleza actual de la guerra colombiana

Jorge Giraldo Ramírez

Nombrar equivocadamente las cosas es contribuir a la desgracia del mundo.

Albert Camus

La preocupación por caracterizar el conflicto armado colombiano y describir su naturaleza se manifestó en la academia colombiana empezando el siglo y coincidió, como no podía ser de otra manera, con el clímax de los enfrentamientos armados entre las múltiples agrupaciones que operan en el país. Durante algunos años se expresó mediante artículos de diversos académicos que intentábamos pergeñar definiciones, adaptar conceptos clásicos o aventurar nuevos términos1. Como todos sabemos, o deberíamos saber, la discusión ha pasado al plano político y podríamos decir que, incluso, ha llegado a engrosar el corpus de las estrategias que están en disputa, toda vez que tanto el Estado como los grupos armados ilegales le atribuyen una importancia mayúscula.

Por fuerza, empezaré presentando sumariamente la posición del Gobierno nacional, por tratarse de una novedad que pretende trastocar completamente los marcos de interpretación y los lenguajes recientes en el país sobre el problema. Seguiré con miras a sostener que este debate es muy importante y que tiene efectos sobre la aplicación de las políticas gubernamentales y las posturas de la ciudadanía, organizada o no. Adoptando una postura compren-siva esbozaré después una evaluación sobre la aplicación concreta de la cate-goría que propone el Jefe del Estado, para terminar con la enumeración de algunas encrucijadas actuales a las que conduce dicho enfoque.

La discusión: ni hay conflicto ni hay guerraNo deja de ser paradójico que, quizás el más pragmático de nuestros presi-

dentes desde Simón Bolívar, haya sido el responsable de abrir una discusión teórica que –escuchada a lo lejos o desde el simple sentido común– pareciera un ejercicio vacuo o un simple problema semántico. Ilustro la tesis del Presidente

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Uribe acudiendo a uno de los discursos más célebres de su mandato: “Esta no es una guerra. Este no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos”2.

Esta definición fue ampliada por uno de los generales de nuestro Ejército, actualmente asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien, discutiendo precisamente esta materia, afirma desde el punto de vista del Estado que lo que vivimos es una “agresión armada interna [que] hace uso de un terrorismo absoluto como arma estratégica, que emplea un esquema de guerra prolongada y de desgaste contra el Estado, y cuenta con un escaso, por no decir casi nulo acompañamiento de masas”3.

Termino esta exposición del concepto gubernamental usando el resumen periodístico de una intervención de Luis Carlos Restrepo: “no existe ‘conflicto social armado’, porque en el país hay cauces democráticos para hacer las reclamaciones de este orden, ni tampoco existe ‘conflicto interno’, porque sería aceptar una guerra cuando lo que hay es una amenaza terrorista de grupos que agreden a la sociedad, se lucran del secuestro y el narcotráfico y someten a autoridades locales”4.

Esta postura ha sido recibida con muchos signos de sorpresa y pareciera a muchos analistas que se trata verdaderamente de un intento de quebrar una suerte de consenso bien establecido de la sociedad acerca de su propio diag-nóstico. Nada más alejado de la realidad. El Presidente Uribe no ha hecho más que retomar la doctrina establecida después de la Guerra de los Mil Días y que se convirtió en una tradición estatal en el siglo XX. Esta tradición “suele, en cuanto presupone fáctica y normativamente la paz, no hablar de la guerra. En el ámbito del derecho público interno no hay, en general, guerra sino delito. Desde su perspectiva, la paz –correlato de la guerra– suele ser denominada, más bien ‘orden público’, de la misma manera que a los conflictos armados se les suele llamar ‘perturbaciones del orden público’. En la medida en que la guerra es la negación del Estado, el derecho público interno prefiere igno-rarla... (para él) la palabra guerra es una voz vacía”5.

Esa tradición se corresponde con el esfuerzo de la Regeneración –ya sin Núñez– de consolidar el Estado colombiano y sepultar las guerras civiles del siglo XIX. Este giro es descrito por Orozco del siguiente modo: “Si la segunda mitad del siglo XIX estuvo caracterizada, tanto en materia de estados de excep-ción como de derecho penal político, por una dominancia de la racionalidad del derecho de gentes sobre la del derecho público interno, el siglo XX se ha caracterizado más bien por la dominancia creciente de la racionalidad del

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El nombre sí importa

derecho público interno y del derecho penal político sobre la racionalidad de los conflictos armados. Ello es, en parte, reflejo del proceso de consolidación de la estatalidad nacional colombiana”6. El transcurso relativamente pacífico de las primeras décadas del siglo pasado ayudó a asentar esta noción.

Cuando estuvimos otra vez en guerra (1949 a 1953), en el país se genera-lizó el término violencia. Fue Daniel Pécaut quien observó este giro: “No es por casualidad que las élites político-económicas lo adoptaran desde el principio. Esta denominación permite ocultar los rastros de las estrategias de violencia que una parte de esas élites promovió sistemáticamente”. De esta manera el conflicto armado se despersonaliza, aparece como “un tipo de confrontación generalizada, sin protagonistas ni intereses en juego precisos; en síntesis, una anomización de las relaciones sociales”7.

¿En qué consiste pues lo novedoso de la posición del Presidente Uribe? Primero, en que reinterpreta la tradición colombiana anclada en el

anacrónico derecho público europeo pero rediviva gracias a la lucha contra el terrorismo planteada por la comunidad internacional y entendida muy al modo estadounidense. Así, ha logrado profundizar la internacionalización del conflicto armado colombiano y, sorprendentemente, desnarcotizarlo.

Segundo, en que niega el paso que la opinión pública había dado a fines de la década de 1990 en Colombia de aceptar o describir como guerra nuestro conflicto. Terminando el gobierno anterior, el entonces Vicepresidente de la República aseguraba en Alemania que: “En Colombia entonces no estamos viviendo una ‘guerra civil’. La población no está dividida en grandes bandos enfrentados por razones ideológicas, étnicas, religiosas o raciales. Estamos viviendo es una guerra que organizaciones armadas ilegales, que en número de combatientes no llegan al 0.1% de los habitantes y a quienes no respalda más del 4% de la población, le han declarado al Estado legítimamente constituido y a la sociedad”8. Esta postura era, de hecho y por los hechos, un consenso nacional: “El término ‘guerra’ solo comienza a imponerse verdaderamente a partir de 1995 cuando las Farc logran una serie de éxitos militares que llevaron a algunos comentaristas a sostener que este grupo estaba a punto de pasar de la estrategia de ‘guerra de guerrillas’ a la de ‘guerra de movimientos’”9.

Tercero, en que niega siquiera que exista un conflicto. Probablemente no en el sentido en que desconozca que existen intereses enfrentados respecto a los diversos grupos armados de guerrillas y autodefensas, sino en un sentido más básico aún. En el sentido en que se propone desconocer cualquier interlo-cución que no esté atravesada por un cese de hostilidades.

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“Colombia”, advirtió el Presidente Uribe, “no puede tener ningún trato benigno con organizaciones que están cometiendo acciones terroristas”. Sin embargo, volvió a aclarar de inmediato: “otra cosa es el momento en que se sienten en una mesa y digan queremos la paz con cese de hostilidades […] Lo que sí garantizo es que en ese momento este gobierno buscaría la negociación con la misma energía y la misma devoción con que busca derrotarlos”10.

Esta postura política e ideológica del Presidente coincide curiosamente con la de los abogados más exigentes. Es bien sabido que el Derecho Interna-cional establece que serían “fuerzas armadas disidentes o grupos armados orga-nizados” aquellos que “bajo la dirección de una mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar opera-ciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”11. Es decir, la norma coincide con la tradición jurídica moderna que no moraliza para calificar la condición de combatiente. Establece las condiciones que permiti-rían (nótese la redacción condicional del texto) aplicar las reglas humanita-rias, no exige que ellas sean observadas previamente a la calificación. Pero no ha faltado en el debate colombiano quien sostenga que si los grupos armados ilegales no aplican el Protocolo no deben, por tanto, ser sujetos del mismo. Ahora se defiende la tesis desde el Gobierno central pero hace tiempos la defienden, quienes interpretan nuestro conflicto en términos jurídicos.

Espero no distorsionar al lúcido estudioso que es Iván Orozco Abad si lo interpreto en ese sentido cuando asegura que “la calificación del combatiente-rebelde puede y debe fundarse en por lo menos tres criterios: la existencia de un dominio territorial, un mínimo de limpieza en las acciones militares y la existencia de un proyecto ético-político”12. Ese mínimo de limpieza estaría dado por la observancia de los principios del derecho humanitario y, de esta manera, lo que aparecía como una condición (organización) para posibilitar el cumplimiento de la norma, termina convirtiéndose en una calificación deri-vada del respeto a las leyes de la guerra.

Por otra parte, hay un grado extremo de esta calificación moral. La tesis sostenida por las organizaciones colombianas Justicia y Paz y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es que los grupos guerrilleros colombianos no son sujetos a quienes les resulte obligatorio respetar las normas humanitarias dado que la guerra que están librando es justa. El argumento es que “la condena de medios de guerra, cuando estos forman parte de la racionalidad de la guerra, equivale en sana lógica, a negar la legitimidad de una guerra, o a exigirle a los combatientes que, aunque su guerra sea justa, deben perderla”. Enseguida se

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dice –y no es una observación marginal sino la tesis central del trabajo– que ello “nos inhibe para deslegitimar el marco general de la insurgencia” y, por ende, a desconocer la simetría o la neutralidad del derecho humanitario13.

¿Es importante el debate sobre la naturaleza de la inseguridad colombiana?Para los teóricos, especialmente para los filósofos, los conceptos son

determinantes. Puede parecer que para quienes se ocupan de la realidad en su dimensión activa este problema es secundario o no existe. No hay tal, al menos cuando hablamos de los problemas de la seguridad del mundo o de un país que siempre suponen enormes desafíos a la estabilidad política, la viabi-lidad económica, y, lo que es más importante, la vida de miles de personas.

Mary Kaldor, quien participó como miembro de la comisión Independiente Internacional para Kosovo y ha sido Presidente de la Helsinki Citizen’s Assembly –es decir, quien no es sólo una académica– concluyó respecto a la interven-ción de la OTAN en Yugoslavia que “el problema fundamental era conceptual, la incapacidad de entender por qué o cómo se estaba librando la guerra y el carácter de las nuevas formaciones políticas”14. Apreciaciones similares se han hecho por doquier ante los términos en que se ha planteado la llamada guerra contra el terrorismo o la guerra que empezó en el 2003 en Irak.

Para personas que trabajan desde una perspectiva humanitaria y jurídica el problema es determinante. A una de ellas se le preguntó, respecto al caso colombiano: “En los procesos de paz ¿Qué tanto influye la definición de una guerra, un conflicto o una agresión terrorista? Respondió: “En todo. El presi-dente Uribe ha optado por decir que no es un conflicto armado, sino un ataque de terroristas. Cuando se habla de conflicto armado se pueden aplicar los proto-colos de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Cuando se habla de agresión terrorista, los médicos, por ejemplo, pierden completamente su condición, el DIH no opera”15.

Para quienes piensan o les corresponde actuar desde una perspectiva estratégica, también. El General Herrera convalida esta valoración cuando concluye que “entender la naturaleza de este modelo subversivo atípico permitirá, sin duda, formular una estrategia multidimensional que lo confronte con efectividad”16. Si el General Herrera puede no parecer una autoridad a ojos exigentes, veamos entonces el juicio de Clausewitz: “El primer acto de discernimiento, el mayor y el más decisivo que llevan a cabo un estadista y un jefe militar, es el de establecer correctamente la clase de guerra en la que están empeñados”17.

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Como si no bastara, en las guerras son muy importantes las percepciones mutuas, las autopercepciones, la retórica y las calificaciones18. Y en el caso colombiano lo ha sido a lo largo de los últimos años. Hasta el 2002 la legis-lación (Ley 418) pedía un calificativo explícito del Gobierno nacional hacia una organización armada fuera de la ley para aplicar las reglas que pudieran facilitar diálogos, negociaciones y acuerdos. Aunque el Gobierno del Presi-dente Uribe Vélez modificó esa ley eliminando el paso de otorgamiento del status, el tema cobró más importancia pues paralelamente decidió inscribir el conflicto armado colombiano en la lucha internacional contra el terrorismo, haciendo de la calificación una nueva fuente de controversia. Precisamente, recién posesionado el nuevo Gobierno, las Farc demandaron “del Estado y del Gobierno […] excluir del lenguaje de los funcionarios oficiales los califica-tivos de ‘terroristas y narcoterroristas’, para referirse a nuestra Organización de oposición política-militar al Estado”19. La controversia sobre los términos de la negociación con las autodefensas conducente a su desmovilización llegó a principios del 2005 al asunto definitivo –y aceptado como tal por tal Gobierno y dicha agrupación– de la tipificación de su papel en la guerra como sedición y, por tanto, del abandono de la simple criminalización.

Además, el Gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo por funda-mentar su posición, especialmente a través de las intervenciones públicas del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz y, sin duda, la dedicación del Asesor presidencial José Obdulio Gaviria a la elaboración de su obra Sofismas del terrorismo en Colombia20 revela el carácter estratégico que se le adjudica a la discusión.

La racionalidad occidental no acepta que excluyamos el lenguaje como parte constitutiva de la realidad, ni tampoco que usemos como atenuante el hecho de que de una determinada descripción del problema se saquen conclu-siones incoherentes. Y lo que es más importante, las exigencias de la delibe-ración democrática no permiten la separación de la argumentación retórica respecto a las acciones efectivas del Estado. En el caso particular de Colombia la demanda por una política de Estado respecto al conflicto armado hace inaceptable la subestimación del debate conceptual en aras del pragmatismo o de la obediencia al líder carismático.

Eludiendo la discusión conceptual: la aplicación concretaHay que empezar por situarse en el terreno específico de la política para

procurar un análisis ponderado de este debate que se ha abierto, por fortuna.

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Y para ello ningún consejo mejor que el de Carl Schmitt cuando dice: “En general no se discute por un concepto en sí […]. Se discute por su aplicación concreta”21. Así que presentaré un somero balance del comportamiento del Gobierno nacional frente a lo que denomina “amenaza terrorista”.

El Presidente Uribe demostró en desde la campaña electoral ser un fino intérprete de la opinión pública al identificar claramente la percepción de los colombianos después de 5 años de ofensiva militar de las guerrillas y las auto-defensas, y de 3 de connivencia dolorosa con las Farc. Convirtió esa percep-ción en una prioridad y un objetivo explícito de la sociedad colombiana, y empezó a construir una política y una doctrina que afirmaran ese propósito.

Antes de cumplir el primer año, el Gobierno nacional elaboró –por primera vez en el país– un documento guía en materia de seguridad. El 29 de junio del 2003 presentó públicamente la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” en la cual plantea seis puntos: el fortalecimiento de las insti-tuciones, la coordinación de la acción estatal, el control de todo el territorio colombiano, la protección de los ciudadanos y la infraestructura, el mante-nimiento de las redes de informantes y la comunicación de las políticas y acciones del Estado. La filosofía de esa política ha sido reiterada en múltiples ocasiones por el Presidente y en una de sus versiones se enuncia así: “tiene dos significados: uno, en cuanto al universo de los beneficiarios de esta seguridad, y uno segundo, en cuanto al método. El universo de beneficiarios de esta segu-ridad está integrado por la totalidad de los colombianos [...] Y esta política de seguridad es democrática por el método: ejercer severamente la autoridad para restablecer el orden con apego irrestricto, incondicional, a los Derechos Humanos, a la Constitución, al pluralismo democrático”22.

En el terreno, el Presidente de la República rompió el monopolio militar sobre la estrategia y asumió la conducción global sobre la guerra, haciendo respetar el papel que desde el pensamiento clásico se le asignó al príncipe y que luego se desvaneció con la pacificación y la especialización militar. A su vez, se dedicó a actuar como estimulador, veedor y fiscal de las acciones militares en ejercicio de las atribuciones constitucionales de comandante de las fuerzas armadas,23 que en el pasado sólo servían para asistir a actos proto-colarios y ejercer en última instancia el relevo forzoso de algún general.

En la práctica, Uribe quebró la tradición o el contrato implícito existente en Colombia por el cual los poderes civil y militar transcurrían por planos paralelos, pacto que implicaba que ninguno de ellos se entrometía en la esfera del otro y que constituía uno de los últimos rezagos del Frente Nacional. Por

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esta vía, Uribe se ha dado el lujo de sacudir varias veces la cúpula militar –no siempre con acierto– sin generar ningún tipo significativo de perturba-ciones en el cerrado estamento castrense, todo gracias a la confianza y a la valoración que le ha restituido a las fuerzas armadas. Este paso efectivo, de aplicación del mandato constitucional constituye un avance civilista y demo-cratizador que no se le ha reconocido al Gobierno y que el mismo, por obvias razones, no pregona.

Uribe ha jugado un papel que luce indiscutible en cuestiones cardinales para la guerra: (a) la entronización de la voluntad de combatir y de vencer; (b) el esfuerzo por convertir una opinión caprichosa –que los analistas describían como pendular– en el elemento pasional que el pueblo debe aportar según la concepción trinitaria de Clausewitz; (c) la recuperación del honor militar y de la moral de la tropa; (d) la construcción de la enemistad, de la figura de los enemigos del país24; y (e) la persistencia en el eje articulador de una política pública que hace de la seguridad la piedra de toque de la acción gubernamental y que cotidianamente corre el riesgo de palidecer por los afanes fiscales, la distracción frente a las veleidades de los enemigos, el cansancio ante el peso de la costumbre de vivir en emergencia, entre otras.

Sin embargo, y paradójicamente, Uribe Vélez ha producido esta transfor-mación no a partir del concepto de guerra sino recogiendo la tradición colom-biana de hace un siglo que criminalizaba al rebelde (v. supra) e insertándola en la nueva doctrina de la lucha contra el terrorismo. El orden discursivo de esta concepción está expuesto en la obra de Gaviria Vélez. El punto de partida obtiene su plausibilidad de la tradición moralizante de la intelectualidad colom-biana que hace que los conceptos no se adopten como categorías descriptivas y analíticas sino como componentes de discursos éticos y políticos en disputa, es decir, como categorías axiológicas. Así que la piedra de toque de Gaviria está en su idea de la guerra como aquella acción militar que tiene validez moral, jurídica o política. “Mis argumentos parten de la definición teórica y práctica del Estado colombiano como un Estado democrático legítimo […] (si esto es cierto) no hay derecho a que alguien se alce violentamente contra la existencia del Estado”25. Este alzamiento era injustificable pero podía ser explicable hasta 1991 cuando cayó el Muro de Berlín y se promulgó la Cons-titución de 1991, a partir de entonces cesan las justificaciones y las explica-ciones para que la lucha armada se mantenga en el país26.

Esta noción hace que se adopte una caracterización miope del enemigo. En primer lugar, por supuesto, se le minimiza como sujeto social y se hacen

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visibles únicamente sus componentes depredadores y terroristas. Aspectos sociales de los grupos de guerrilla y autodefensa como su condición de proyectos políticos, actores en los conflictos sociales, expresiones organiza-tivas de un modus vivendi de larga tradición en muchas zonas del país y poder territorial –expuestos razonablemente en el Informe Nacional de Desarrollo Humano– son ignorados sin más. El Gobierno básicamente ve a los grupos armados ilegales como aparatos militares, cazadores de rentas y autores de violencia degradada27.

De esta manera aparecen sólo como bandas armadas sin ningún apoyo social ni político, lo que a todas luces se aparta no sólo de todos los intentos por entender un fenómeno de tanto arraigo en el país sino también de las percepciones dominantes sobre el mismo, en Colombia y en el exterior. La retórica amigo-enemigo pierde así parte de su poder, al reducir al enemigo a una figura criminal y al entronizar un discurso que elude el reconocimiento de que somos una sociedad dividida. Esto explica la fragilidad de la polí-tica de Seguridad Democrática para entender la base social de los grupos armados ilegales y disolverla mediante la construcción estatal en todos los niveles, la conquista en la periferia de la legitimidad establecida en el centro y el socavamiento de los contratos entre esos grupos y la población. Simplificando al enemigo, el Gobierno excluye de antemano otras esferas de la solución. Esto nos ayuda a entender por qué no hay en el Gobierno un discurso sobre la reconciliación.

Viéndose a sí mismo como enfrentado a simple bandas armadas, con gran poder económico y cierta capacidad militar, el Gobierno podía construir una estrategia fuerte pero se quedaba sin diplomacia. La diplomacia en los estu-dios sobre la guerra, “es el arte de convencer sin emplear la fuerza y la estra-tegia, el arte de vencer al mínimo costo... los medios militares son sin duda parte integrante de los instrumentos que utiliza la diplomacia”. La diplomacia “es también una manera de convencer”28. En las guerras civiles (o conflictos armados internos), amén de la ofensiva militar, se requiere un gran esfuerzo diplomático pues la perspectiva siempre es la de un acuerdo que permita reintegrar la sociedad. Una perspectiva de aniquilación del enemigo no es ni deseable ni factible. De esta manera la diplomacia complementa la estra-tegia, elaborando alternativas dirigidas al enemigo que se acosa en el campo de batalla. Las experiencias internacionales y colombianas demuestran que el camino más corto para los acuerdos de paz incluye la decisión de buscar un arreglo formal por parte de un sector de las disidencias armadas.

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Sentido de la discusión: el discurso como estrategiaLa importancia del lenguaje en los conflictos políticos ya ha sido obser-

vada, al menos desde Tucídides. Carl Schmitt expresa en buena medida el sentido de la dimensión discursiva cuando afirma que “siempre resulta reco-nocible la condición esencialmente polémica de la formación de los conceptos y términos políticos. De este modo cuestiones terminológicas se convierten en instancias altamente politizadas; una palabra, una forma de expresarse, puede constituir al mismo tiempo un reflejo, una señal, una caracterización y hasta un arma de la confrontación hostil”29.

El esfuerzo del Gobierno nacional por deconstruir el lenguaje heredado sobre el conflicto armado y elaborar un nuevo discurso debe entenderse como un reposicionamiento del Estado y como una estrategia de guerra. Es un intento por establecer las nuevas fronteras entre el Estado y sus enemigos, y por mover de sus posiciones tradicionales tanto a las diversas expresiones de la sociedad civil como a los miembros de la comunidad internacional intere-sados. De ahí la dura disputa con las ONG, los medios de comunicación, la intelectualidad apaciguadora, la Unión Europea y los países limítrofes.

En todos estos frentes el Gobierno ha obtenido éxitos parciales pero significativos, cerrando la zona relacional en que se movían, principalmente las guerrillas. La Declaración de Cartagena (febrero del 2005) supuso un movimiento de las ONG de derechos humanos, al menos de palabra, hacia el centro. La Unión Europea no sólo incluyó al Eln entre las agrupaciones terroristas sino que, con reservas, se plegó a la posición gubernamental. Los medios se han morigerado luego del desfogue que tuvieron durante la vigencia de la Zona de Distensión con las Farc en El Caguán. Todos los países de Lati-noamérica se han movilizado, a su modo, dentro de la nueva alianza antiterro-rista y ya no admiten públicamente relaciones directas con las guerrillas.

Y es también una estrategia de guerra conducente a modificar el marco de interpretación y nominación del conflicto: No es un conflicto armado sino una amenaza terrorista a un Estado democrático, efectuada por organizaciones criminales ricas y poderosas. Ante esta clara configuración dual del enfrenta-miento no caben vacilaciones ni evasiones. O se está en el marco del Estado de derecho o se está contra él. El Gobierno nacional abrió el frente de batalla ideológico, absolutamente indispensable en una sociedad en guerra, pero lo hizo ignorando que el choque de las palabras en el país no sólo se debe a la confusión (que la ha habido) o a los éxitos retóricos de todos los retadores del Estado (clamorosos, como en los casos del homicidio y el secuestro), sino a

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las diferencias existenciales que alberga Colombia. Si el trato a las guerrillas y las autodefensas, incluso a grupos básicamente delincuenciales, en algunas regiones del país tiene connotaciones legitimadoras no es por ignorancia sino por el respaldo de la población. De igual forma, las representaciones que algunas personalidades y agrupaciones que actúan en el ámbito nacional tienen de los mismos grupos y del conflicto en general, obedece a su identidad con esas causas y no a falta de educación.

Pocos cuestionan la validez que tienen los distintos esfuerzos –no sólo gubernamentales– para cerrar cualquier resquicio que permita justificar la acción de los grupos armados ilegales. Pero otra cosa es ignorar el fenómeno, ocultar su extensión y subestimar el contexto social que lo sostiene. Hacién-dolo, esta visión unilateral empobrece las propias posibilidades de acción política como se ha demostrado en el proceso de negociación con las autode-fensas. Gracias a la inflexibilidad del discurso oficial, el Senador Rafael Pardo Rueda se ha convertido en el principal opositor del Gobierno basándose en su propio planteamiento. En particular para negar el carácter político de las Auc y para radicalizar los términos de la desmovilización de los grupos de autode-fensa cediendo a la tentación de la criminalización, aumentando las exigencias de justicia y buscando en la práctica un sometimiento.

La concepción gubernamental ha hecho que un asunto normal en Colombia, como la negociación con un grupo al margen de la ley, se le convierta en un verdadero dolor de cabeza pues se trata de aparentar que los términos de la desmovilización de las autodefensas llegan desde el Estado mientras, como es obvio, los contendores armados defienden sus propios intereses en ese proceso. El nuevo discurso ha conducido así al confuso escenario que supone cualquier negociación vergonzante. La otra gran fisura que se ha abierto es la que se refiere al carácter del grupo armado, lo que nos ha llevado al caso paradójico de que dicho grupo es sujeto de una calificación política como la sedición pero, enfrentado al Estado como ente político excelente, no configura un conflicto político sino una amenaza criminal.

Cuando Eduardo Posada Carbó criticó la probable aplicación del concepto de guerra civil al caso colombiano, esgrimió, junto a razones teóricas, otras de orden práctico. Por ellas se sostenía que la tesis de la guerra civil puede conducir: (a) A que se afecte desde fuera el “propio camino escogido domés-ticamente para lograr la paz en Colombia”; (b) a “la aplicación del derecho internacional”, pues ella “ha estado tradicionalmente determinada por la manera como se clasifiquen los conflictos”; y (c) tendría consecuencias sobre las rela-

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ciones internacionales de país, obligaría a la comunidad internacional a tomar posición frente al conflicto y, eventualmente, frente a las partes enfrentadas, y puede producir un “desplazamiento del principio de soberanía”30. Todas estas consecuencias aparentemente indeseables se han producido y tienden a produ-cirse en el marco de una concepción de “amenaza terrorista”: (a) El camino de la paz ya no es sólo el que escojamos nosotros sino que está determinado por la influencia de la comunidad internacional y, especialmente, de Estados Unidos; (b) la aplicación del derecho internacional no admite escapes y el fracaso de la Doctrina Bush ante la propia Corte Suprema de su país es una muestra de ello; y (c) el principio de soberanía ha dejado de operar en la práctica desde que tropas estadounidenses, en calidad de aliadas del Estado operan en el territorio colom-biano, y desde que autoridades colombianas operan en los países vecinos.

Sin librarse de las consecuencias que tiene aceptar una definición del conflicto colombiano como guerra o como conflicto armado interno, el Gobierno nacional ha cargado con el fardo de determinaciones de la noción de “amenaza terrorista”. Entre ellas: (a) el débil apoyo a los acercamientos con los competidores armados; (b) la falta de margen de maniobra para las negociaciones; (c) la confianza en la estrategia como único medio para someter a los sediciosos y sublevados; (d) la insuficiencia de acuerdos para una política de Estado; y (e) la nula adaptabilidad de la nueva retórica al discurso y a las realizaciones del Gobierno en materia de garantías y reali-zaciones en el campo de los derechos humanos, “proyectando la imagen de un gobierno reaccionario de extrema derecha en múltiples ámbitos tanto internos como internacionales”31.

Colombia se enfrenta a la tarea de construir un nuevo marco de interpre-tación y de intervención para la fase actual de la guerra. Los acontecimientos mundiales y nacionales de principios del siglo XXI muestran que las herra-mientas usadas durante el periodo 1989-1994 ya no son útiles y que nos enfren-tamos a un nuevo tipo de negociaciones. La discusión teórica y la deliberación pública son insuficientes, mientras los cambios institucionales marchan más rápido. La inusitada ocasión de que un Presidente pragmático introduzca una discusión conceptual debiera abrir un horizonte para sacudirnos del “relativo desprecio que se ha desarrollado entre nosotros por la precisión en el uso de las palabras”32. Ahora puede darse un encuentro entre el debate académico y decisiones políticas claves para el futuro del país.

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Notas1. Algunas referencias: Eduardo Posada Carbó, ¿Guerra civil? El lenguaje del

conflicto en Colombia, Alfaomega, 2001. William Ramírez, “¿Guerra civil en Colombia?”, Análisis Político, No. 46, Bogotá, Iepri – Universidad Nacional, 2003, pp. 151 – 163. Jorge Giraldo Ramírez, “Colombia, guerra civil”. Unaula, Medellín, No. 24, pp. 13-22, 2002. Daniel Pécaut, “Conflictos armados, guerras civiles y política: relación entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas”, mimeo, 2004. Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, 2004.

2. “Palabras del Presidente Uribe en posesión de nuevo Comandante de la FAC”, Bogotá, CNE, 8 de septiembre del 2003.

3. Eduardo Herrera Verbel, “Una agresión interna”, El Colombiano, 14 de mayo de 2004.

4. “Debate sobre si hay o no conflicto en Colombia”, El Tiempo, Octubre 13 de 2004. Cubrimiento del Simposio “Esfuerzos por la paz y la democracia”, convo-cado por Fescol.

5. Iván Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia, Santa Fe de Bogotá, Temis, 1992, p. 234.

6. Orozco Abad, p. xxii.7. Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1953, Vol. 2, Bogotá, Siglo

XXI, 1987, p 490.8. Discurso del Vicepresidente de la República y Ministro de Defensa, Gustavo Bell

Lemus, durante el Foro “Colombia: Una nación en busca de su futuro”, Berlín, 2 de julio de 2002.

9. Daniel Pécaut, “Conflictos armados, guerras civiles y política: relación entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas”, mimeo, 2004, p. 5.

10. El Espectador, junio 30 de 2002. Citado por Eduardo Posada Carbó, “El lenguaje del Presidente Uribe frente al terrorismo”, Fundación Ideas para la paz, 18 de Julio de 2003.

11. Protocolo II, Artículo 1º, énfasis mío.12. Orozco Abad, pp. 78 -79.13. Colombia nunca más. Crímenes de lesa humanidad. T. 1. Bogotá, Comisión Inter-

congregacional de Justicia y Paz – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2000.

14. Mary Kaldor, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Barce-lona, Tusquets, 2001, p. 80.

15. Natalia Springer, “Hay graves errores con Auc: Springer”, El Colombiano, jueves 26 de agosto de 2004.

16. Eduardo Herrera Verbel, “Una agresión interna”.17. Carl von Clausewitz, De la guerra, Barcelona, Idea Books, 1999, I. 1, §27, p. 49.

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18. Sobre el lenguaje en las guerras colombianas: Fernando Estrada Gallego, Las metáfora de una guerra perpetua. Estudios sobre pragmática del discurso en el conflicto armado colombiano, Medellín, Universidad Eafit, 2004. María Teresa Uribe y Liliana López Lopera, Las palabras de la guerra. Un estudio de los lenguajes políticos presentes en las guerras civiles del siglo XIX colombiano, Universidad de Antioquia – Academia Colombiana de Historia, 2005 (en prensa)

19. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, “Carta abierta al Presi-dente Álvaro Uribe Vélez”, Agosto 20 de 2002.

20. José Obdulio Gaviria Vélez, Sofismas del terrorismo en Colombia, Bogotá, Planeta, 2005.

21. Carl Schmitt, “Teología política I”, en Héctor Orestes Aguilar, Carl Schmitt, teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 23.

22. Discurso del Presidente de la República ante la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos, San José de Costa Rica, 19 junio del 2003. www.presidencia.gov.co.

23. “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República […] 3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”. Constitución Política de Colombia.

24. “Es preciso dividir a los colombianos entre amigos y enemigos”, Fernando Londoño Hoyos, El Colombiano, 9 de julio de 2002.

25. Gaviria Vélez, p. 26. 26. “¿Por qué su empeño en mantener la acción violenta? Debe buscarse en la

economía de la expoliación y arrebato de rentas […] Desde la política, he dicho, no parece que haya explicación”. Gaviria Vélez, p. 41.

27. PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003, Bogotá, 2003, pp. 141 – 142.

28. Raymond Aron, Paz y guerra entre naciones, Madrid, Alianza Editorial, 1985, Vol. I, p. 53.

29. Carl Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza, 1998, p. 61, n. 8.30. Eduardo Posada Carbó, p. 38.31. Eduardo Pizarro Leongómez, “La retórica reaccionaria”, El Tiempo, 5 de febrero

de 2004.32. “Una charla con Eduardo Posada Carbó”, revista Carta Financiera, No. 121,

febrero de 2002.

Jorge Giraldo Ramírez es filósofo de la Universidad de Santo Tomás y profesor de la Universidad EAFIT.Este trabajo es un avance parcial del proyecto de investigación “Naturaleza y perspectivas del conflicto armado colombiano”, financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI– de la Universidad de Antioquia.

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Los Acuerdos de GinebraNO ASIMILAR TERRORISTAS CON AMOTINADOS

Alfonso López Michelsen

“Terroristas” no pueden coexistir con una afirmación rotunda de que no hay conflicto interno.

“Fascista” es la palabra mágica para descalificar por derechista a un enemigo político. “Terrorista” es el equivalente para condenar al fuego eterno a un contradictor de izquierda. El procedimiento es muy socorrido no sola-mente en Colombia sino en todo el mundo occidental.

Hace apenas un mes, el señor Annan, secretario general de la Orga-nización de Naciones Unidas, invitó a sus afiliados a procurar ponerse de acuerdo sobre el alcance de lo que se entiende por “terrorismo”, ya que hasta la actual fecha y, principalmente, a propósito de la estructura de la CPI (Corte Penal Internacional), en el llamado Tratado de Roma, se optó por no mencionar el terrorismo en vista de no existir un acuerdo acerca de una definición al respecto.

El señor William Pace, en su visita a Colombia, cuando se estaba gestando la adhesión de nuestro país a dicho Tratado, hizo, en rueda de prensa, la siguiente declaración al preguntársele si estaría en la CPI el terrorismo: “No, porque lo que para unos es terrorismo para otros es la lucha por la libertad. Sin embargo, ciertas acciones que la gente llama terrorismo, que son realmente crímenes de guerra o contra la humanidad, como secuestro de aviones, toma de rehenes, ataque a civiles, etc., sí serán juzgados por la Corte”.

Es así como es necesario no incurrir en contradicciones como las que han tenido ocurrencia en nuestro suelo, cuando se quiere usar el calificativo de “terrorista” sin ningún rigor jurídico; pero “terroristas”, o calificados como tales, no pueden coexistir simultáneamente con una afirmación rotunda de que no hay conflicto interno.

¡Veamos! En términos colombianos, nuestro Código Penal, en los artí-culos 144 y 343, hace alusión al terrorismo en los siguientes términos:

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“Artículo 144. Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años”.

“Artículo 343. Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta”.

En ninguno de estos textos se les da a sus autores el calificativo de “terro-ristas”. Se guarda el mismo silencio que en los textos internacionales, que son del siguiente tenor:

“Artículo 1. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados”.

Singulariza, entonces, la aplicación del Protocolo contra el terrorismo a los conflictos en donde cabe tal concepto y descarta otras manifestaciones de incon-formidad que caben bajo la legislación penal respectiva. En consecuencia, si el propio Gobierno declara que no existe conflicto interno armado, como ocurre en Colombia, mal puede calificarse de “terrorismo” en estricto sentido y con todas sus secuelas lo que la propia autoridad excluye en términos inequívocos. Es claro, por lo demás, que de lo que se trata es de presentar internacionalmente como un caso de policía el fenómeno colombiano, a fin de que no se le juzgue a la luz de los compromisos internacionales de Ginebra, es decir, el DIH.

No estaba tan perdido el autor de estas líneas cuando afirmó, en el Foro de la Universidad Sergio Arboleda, que no existía el delito específico del terro-rismo, pero le faltó aclarar que para aproximarse a tal calificativo era de rigor admitir previamente la existencia de un conflicto interno, que oficialmente se desconoce en Colombia por boca del mismísimo Presidente de la República.

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No asimilar terroristas con amotinados

Se dirá, o se dice ya, que no se trata de un planteamiento jurídico sino de una apreciación general sobre la situación de orden público en Colombia, o, para ser aún más concisos, de hacer llegar a la ciudadanía, y a los observadores extran-jeros, la visión de que los grupos colombianos que tanto daño causan a nuestro Estado Social de Derecho no son acreedores al tratamiento de revolucionarios o sediciosos a la luz de los Acuerdos de Ginebra y de sus Protocolos, sino simple-mente al de delincuentes comunes, frente a los cuales el Estado colombiano adopta el carácter propio de un guardián del orden, que defiende a la comunidad de grupos armados carentes de todo principio, que no representan ninguna ideo-logía, ni ostentan ninguna de las características contempladas en el DIH.

Es la posición más frecuente, no solamente tratándose de conflictos armados domésticos, sino, aun, de incidentes internacionales. Consiste en soslayar la intervención de los organismos internacionales, alegando que se trata de un asunto interno. Fue lo que ocurrió a propósito de la toma de la población de Leticia, en 1932, cuando se discutía en el seno de la Liga si era un asunto doméstico o un conflicto internacional.

Parecería que nos encontramos frente a un tecnicismo jurídico, carente de verdadera sustancia, pero, profundizando en la cuestión, surge el interrogante de por qué cobró de manera súbita tanta importancia el calificativo de “terrorista”.

Fue Bush quien lo puso en circulación con el éxito que todo el mundo le reconoció a raíz de su victoriosa campaña electoral, aun cuando en las encuestas, como le ha sucedido al propio Uribe, ha comenzado lo que algunos califican como el “desgaste”, que es el obligado precio del ejercicio presiden-cial en el cuarto año de todo mandato.

No rigen los mismos compromisos internacionales en los Estados Unidos y en Colombia y, precisamente, por tal razón, pueden ellos libremente usar el calificativo de “terroristas” para sus enemigos.

Los Estados Unidos no han adherido al Tratado de Roma, ni a una multitud de compromisos internacionales cuya entrada en vigor permitiría una especial precisión en el empleo de vocablos como “terrorismo”, que cabe plenamente tratándose de episodios como el del 11 de septiembre, puesto que no es nece-saria la coherencia entre una declaración de terrorismo por parte de tal Estado y las reglas del DIH. Lo que no se puede hacer es aplicar el vocabulario del DIH, que habla de un conflicto interno armado, para referirse, según el Gobierno, a cuestiones locales de policía.

Fuente: El Tiempo, mayo 22 de 2005

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ElconflictocolombianoGUERRA CIVIL DE BAJA INTENSIDAD

Alfredo Rangel Suárez

En Colombia, desde hace cuarenta años existen grupos guerrilleros levantados en armas para derrocar al Estado.

Parece increíble que el Gobierno se empeñe en negar que en Colombia existe un conflicto armado interno. Increíble porque contradice la evidencia de los hechos cotidianos, la perspectiva histórica y las comparaciones interna-cionales. Pero también porque va en contravía de uno de los pocos consensos que habíamos logrado los colombianos, a saber: vivimos un conflicto interno y la solución es política.

Si necesitáramos un argumento de autoridad para probar lo evidente apelaríamos a una declaración reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja, según la cual “a la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situa-ción existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional”, es decir, interno.

En efecto, en Colombia desde hace cuarenta años existen grupos guerri-lleros levantados en armas para derrocar al Estado y, más recientemente, grupos paramilitares que se oponen violentamente a este proyecto. Hoy en día ambos bandos tienen el carácter de combatientes, pues: 1. Están bajo órdenes de mandos responsables con estructuras de control y disciplina, 2. Generalmente portan símbolos y uniformes distintivos, visibles desde lejos, que los identifican como objetivos lícitos de las fuerzas enemigas. 3. Portan armas de manera visible, y, 4. Mantienen sobre porciones del territorio nacional un control suficiente que les permite realizar operaciones militares prolongadas y concertadas.

A todo lo anterior hay que agregar el hecho de que tienen objetivos polí-ticos y son apoyados por sectores más o menos amplios de la población en las zonas rurales, lo que explica la persistencia de su presencia en ellas, además del apoyo de más del 20% de la población urbana, siendo un conflicto bási-camente rural.

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Todas las anteriores circunstancias hacen que en Colombia no se pueda hablar de un ocasional amotinamiento o de una simple amenaza terrorista, aun cuando el terrorismo sea una modalidad de acción utilizada con mucha frecuencia por esos grupos irregulares. Lo que distingue el conflicto colom-biano es la larga duración de un alzamiento armado en forma de guerra de guerrillas, a tal punto que las Fuerzas Militares del Estado se han visto obli-gadas a aprender sus reglas y a entrenarse para ella, como condición indispen-sable para poder realizar una acción contrainsurgente eficaz.

Pero, de la misma manera que las Fuerzas Militares no se han convertido en un ejército guerrillero por el hecho de hacer en ocasiones guerra de guerri-llas, así mismo los grupos insurgentes y los paramilitares no se convierten en grupos terroristas por el hecho de realizar esporádicamente actos terroristas. No. Su principal forma de acción es la guerra de guerrillas y en desarrollo de esta han logrado una importante y demostrada capacidad de acción militar, entre sí y contra las Fuerzas Militares estatales.

Por definición, esta capacidad de confrontación militar no la tiene ningún grupo terrorista y se expresa en cerca de 2.500 acciones de combate al año, de distintas modalidades y entre los distintos bandos, producto de las cuales mueren más de 3.000 combatientes. Esta cifra anual es tres veces superior a los mil muertos que algunos estudios comparativos internacionales esta-blecen como cifra mínima para considerar que un país vive una situación de guerra civil.

Pero el término guerra civil también asusta a muchos. Quienes lo rechazan generalmente comparan la situación de Colombia con la que vivieron España, Salvador o Estados Unidos durante sus breves e intensas guerras civiles. Su principal argumento es la radical polarización social o ideológica ocurrida en esos casos. Como si hubiera un único modelo de guerra civil al cual referir los demás casos. O como si la sociedad colombiana no estuviera polarizada entre quienes apoyamos la propuesta democrática del Estado, la autoritaria de la guerrilla y la de orden de los paramilitares.

Aun cuando en muy desiguales proporciones (¿cuáles son las “correctas”?), hay sin embargo sectores de la sociedad civil que le reconocen legitimidad a cada bando. Además, los irregulares son civiles armados, quienes los finan-cian y apoyan también son civiles, la mayoría de las víctimas son civiles, entonces... ¿no es la nuestra una guerra civil? Es cierto que no ha alcanzado la intensidad de otros casos. La nuestra sería entonces una guerra civil de baja intensidad, pero guerra civil al fin y al cabo.

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Guerra civil de baja intensidad

Finalmente, si el Gobierno no reconoce la existencia de un conflicto armado, debería cerrar la Oficina y acabar con el cargo de Alto Comisionado para la Paz, suspender la Veeduría de la OEA, cancelar la Delegación del Secretario General de la ONU y, desde ya, negarse a reconocer a los guerri-lleros y a los paramilitares como rebeldes o sediciosos. ¿Por qué no lo hará?

Alfredo Rangel Suárez es director de la Fundación Seguridad y DemocraciaFuente: El Tiempo, Mayo 23 de 2005

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No es asunto de semántica¿CONFLICTO ARMADO O AMENAZA TERRORISTA?

Eduardo Pizarro Leongómez

Uno de los debates centrales hoy en Colombia gira en torno a cómo caracterizar el conflicto armado que soporta el país. En el debate intelec-tual y político se han planteado diversas definiciones: guerra antiterrorista, guerra contrainsurgente, guerra civil, guerra contra la sociedad. ¿Cuál es la más adecuada?

Como he planteado en mi último libro (Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Norma, 2004), no se trata de una simple discusión semántica. La caracterización del conflicto tiene de inmediato connotaciones de orden jurídico, político y militar tanto en el plano interno como externo. No es igual definir el conflicto como una amenaza terrorista que como una guerra civil. En el primer caso, los grupos que desafían la autoridad del Estado son percibidos como movimientos terro-ristas, es decir, como máquinas de guerra ausentes de toda legitimidad y apoyo social. En el segundo, los actores armados son concebidos como fuerzas que representan y gozan del apoyo de una porción importante de la población.

Sin duda, existe una profunda diferencia entre los grupúsculos terro-ristas que asolaron al mundo occidental en los años setenta, tales como las Brigadas Rojas en Italia, la banda Baader-Mainhoff en Alemania, Acción Directa en Francia o los Weathermen y el Symbionese Liberation Army en los Estados Unidos, y el FMLN en El Salvador. Los primeros eran bandas conformadas por unas pocas decenas de miembros que desde la clandesti-nidad profunda perpetraban actos de terror contra la población civil, con objeto de amedrentar a la sociedad y presionar al Estado para que tomara ciertas medidas. El último, el FMLN, tenía el apoyo de una porción impor-tante del país que rechazaba los brutales gobiernos cívico-militares que azotaban a la pequeña nación centroamericana.

A mi modo de ver, esta discusión estratégica ha sido mal planteada en Colombia y, por tanto, ha constituido una fuente de enormes confusiones.

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Debido a una asimilación errónea por parte del Gobierno del concepto de guerra civil con el concepto más amplio e impreciso de conflicto armado, este ha planteado que dado que no existe lo primero (lo cual es correcto), tampoco existe lo segundo (lo cual es equivocado).

La noción de conflicto interno es genérica. Alrededor de treinta naciones hoy en el mundo soportan conflictos internos de distinto orden: guerras civiles (Somalia), conflictos interétnicos (Zaire), conflictos religiosos (Cachemira) o amenazas terroristas (Rusia).

Colombia no vive una guerra civil. Las Farc y el Eln no representan a nadie. Hablan a nombre del pueblo, pero el pueblo rechaza con furia e indig-nación a uno y otro grupo. Lo mismo ocurre con los criminales grupos para-militares. ¿Cuáles son los rasgos de una guerra civil? Primero, la existencia de dos o más proyectos de sociedad enfrentados; segundo, una profunda polarización en la sociedad, y tercero, una situación de “doble poder”, debido a un significativo control territorial de las fuerzas que desafían al Estado. Es decir, una “soberanía dual” con dos poderes que se disputan la legitimidad social y estatal.

Esta no es la situación de Colombia. Aun aceptando que las Farc, el Eln y las Auc alimentan proyectos de sociedad incompatibles con el sistema democrático-liberal que defendemos la inmensa mayoría de los colombianos, estos grupos no gozan de ningún apoyo social significativo ni constituyen un poder alternativo. Por ello, hablar de guerra civil en Colombia no tiene ningún sentido.

Pero, desde mi perspectiva, el justo rechazo a la noción de guerra civil no implica negar que haya un conflicto armado que produce cada año alre-dedor de tres mil víctimas. Un conflicto armado cuyos promotores no gozan de ninguna legitimidad y cuyas prácticas criminales –el uso indiscriminado de minas antipersonales, de asesinatos fuera de combate, la utilización de pipetas de gas contra la población civil, el secuestro como forma de finan-ciamiento y un largo etcétera– los asimila con los grupos terroristas.

En pocas palabras, me parece que la definición más correcta es la de un conflicto armado interno, cuyos actores no estatales han sufrido en los últimos años una profunda degradación terrorista, tal como lo sostienen Washington y la Unión Europea. Esta definición no hace imposible la paz. Los Tigres Tamiles en Sri Lanka y los grupos paramilitares protes-tantes en Irlanda del Norte hacen parte de las listas de grupos terroristas de Washington y la Unión Europea. Y unos y otros están involucrados en

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¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

procesos de paz, incluso en el caso de los primeros con mediación de un gobierno europeo, Noruega.

El Gobierno Nacional debe reconocer la imprecisión conceptual en que ha caído, la cual ha sido una fuente de constantes críticas por parte de la comunidad internacional.

Eduardo Pizarro Leongómez es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.Fuente: El Tiempo, abril 25 de 2005

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En la brechaEL FALSO DILEMA.

ENTRE CONFLICTO ARMADO Y AMENAZA TERRORISTARafael Nieto Loaiza

En realidad el asunto está mal planteado y muy politizado y, en consecuencia, las posiciones reflejan más los intereses de quienes debaten que la realidad.

Hay que empezar por aceptar que el Gobierno se equivoca cuando afirma que no hay conflicto armado en Colombia. El Ejecutivo lo dice porque busca quitarle legitimidad al adversario y porque confunde conflicto armado con guerra civil, error en que también incurren analistas como Alfredo Rangel.

Es verdad que no hay guerra civil porque no es posible sostener que los grupos guerrilleros o los “paramilitares” sean voceros de grupos de población representativos, “pueblos alzados en armas”, condición fundamental para la existencia de una guerra de tal naturaleza. Ciertamente, no es un número mínimo de muertos violentos lo que caracteriza una guerra civil, mil según Rangel, entre otras razones porque el uso de un criterio semejante llevaría a sostener que atentados terroristas que producen cifras mayores de muertos, como el del 11 de septiembre, harían de tales situaciones guerras de esa naturaleza.

Tampoco es criterio claro para calificar un conflicto como guerra civil el de acudir al Protocolo II de 1997, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra. Allí sí se establecen unas condiciones materiales muy exigentes, entre ellas la existencia de un mando responsable y el ejercicio de un control territorial que permita la realización de operaciones militares sostenidas y concertadas y, en especial, la aplicación del mismo Protocolo. Aunque para unos esa situación es asimilable a la del concepto clásico de guerra civil, muchísimos doctrinantes se niegan a hacer tal equiparación y no hay siquiera un lejano consenso sobre el punto.

Sin embargo, es cierto que a la luz de la norma fundamental del derecho internacional humanitario (DIH) de los conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, artículo que tiene el carácter de derecho imperativo y es aplicable aun en contra de la voluntad de quienes están sujetos a él, basta con que en el territorio de un

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Estado se presenten enfrentamientos armados prolongados en el tiempo entre grupos organizados para que estemos frente a un conflicto armado. No se requiere absolutamente nada más. ¿Alguien duda de que esa es la situación en nuestro país? Negarlo es inútil y va contra la evidencia empírica.

En fin, esa confusión entre conflicto armado y guerra civil es en buena parte la razón por la cual en el Gobierno se niegan a aceptar la existencia de un conflicto armado en Colombia. A la luz del DIH, en Colombia hay conflicto armado, aunque no haya guerra civil. Aclararlo es vital para enviar un mensaje claro a la comunidad internacional del compromiso nacional con el DIH. Y les quitará aire a quienes están prendidos de la confusión gubernamental para atacar al Presidente.

Como resultado del embrollo, se ha planteado en paralelo un aparente dilema entre amenaza terrorista y conflicto armado, donde el Gobierno sostiene que hay lo primero y no lo segundo, y quienes se le oponen afirman lo contrario. La disyuntiva, sin embargo, es falsa. En efecto, no hay aquí una dicotomía. No son, además, situaciones excluyentes. Por el contrario, en Colombia son concurrentes. Porque nadie puede dudar de que, por ejemplo, atentados como el de El Nogal son terrorismo. Por supuesto, el sofisma de no llamar terrorista a quien comete un acto de terrorismo es perverso y mal inten-cionado. Así como a quien comete un delito se le llama delincuente y a quien incurre en homicidio se le denomina homicida, a quien realiza actos terroristas se le califica como terrorista.

De manera que tenemos en Colombia tanto un conflicto armado como terrorismo. Para evitar suspicacias y prevenciones hay que advertir que el reconocimiento del conflicto no da legitimidad a los terroristas y su califica-ción como tales no hace imposible el diálogo con ellos. ¿Acaso no dialoga el gobierno británico con el Ira y, ahora, lo hará el español con Eta? Sí, el diálogo con los terroristas es posible, siempre que tenga como motivo ponerle fin a su violencia.

Fuente: El Tiempo, 2 de junio de 2005.

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BIENVENIDO EL CONFLICTO ARMADORafael Nieto Loaiza

Reconocerlo solo trae ventajas para el Gobierno. En buena hora el presidente Uribe corrigió el rumbo y se mostró dispuesto

a aceptar que sí hay un conflicto armado y no solo una agresión terrorista.Con su negación, el Gobierno buscaba minar políticamente al enemigo

y revelar la naturaleza terrorista de sus acciones, ambos objetivos lícitos. Ocurre, sin embargo, que conflicto armado y terrorismo no son excluyentes, sino, muy por el contrario, concurren en el tiempo y en el espacio, como es el caso colombiano. Para resaltar que aquí los grupos armados ilegales son terroristas no había necesidad alguna de negar que toman parte en un enfren-tamiento por las armas.

Decían también algunos asesores de Palacio que el reconocimiento de la confrontación constituía, desde la perspectiva del derecho internacional huma-nitario (DIH), una forma de legitimar a esos grupos. Eso es radicalmente falso. El DIH no examina las causas o motivos de quienes participan en los conflictos armados, así que por esta vía no califica la legitimidad de quienes participan en la confrontación. Lo que sí hace es establecer unas reglas mínimas en torno a los medios y métodos de combate. Reglas que son violadas sistemáticamente y a conciencia por los grupos guerrilleros, y que descalifican sus causas. Por eso, el DIH es un instrumento fundamental para hacer patente la crueldad de la conducta criminal de esas bandas armadas.

Al mismo tiempo, el DIH establece una condición privilegiada para el Estado, al que reconoce el derecho de usar todos los medios legítimos, inclu-sive la fuerza, para reprimir a quienes se levantan en armas contra él. Como el DIH se aplica solo en situaciones de conflicto armado, negar su existencia exponía al Gobierno a ser blanco de las críticas de quienes sostenían que se quería obstaculizar la aplicación de la normativa humanitaria.

En fin, por cuenta de su posición, el Gobierno se hizo justo merecedor de la acusación de intentar tapar el sol con las manos. Con el reconocimiento del conflicto armado, el Presidente alivia la presión que, desde los medios de

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comunicación y en particular desde la comunidad internacional, se ejercía por cuenta de su obstinación en negar lo evidente.

La nueva posición es, además, una muestra adicional de que el Presidente ha decidido jugar con mayor agresividad en el tablero de la paz. Si hace un par de semanas decía estar dispuesto a hablar con las Farc en cualquier momento y lugar y sin condiciones distintas a que no hubiera despeje militar, y días después aceptaba la propuesta de “prediálogos” en el exterior hecha por la Iglesia, propuestas todas que han sido negadas por la banda armada, ahora echa al suelo las excusas del Eln, que argüía la negación del conflicto por parte del Gobierno como una de las razones para no sentarse a dialogar con él.

El Presidente ha entendido que está en posición de ceder frente a las pretensiones de la guerrilla sin que ello lo perjudique. Nadie cree que el cambio de posturas sea producto de la debilidad o que ha perdido el rumbo de su política de seguridad. Al contrario, Uribe puede darse esos lujos preci-samente por los éxitos recogidos en este campo y por la coherencia general de sus posiciones. Cediendo, resta argumentos a los grupos guerrilleros y los pone en evidencia.

No ocurrirá, sin embargo, que el reconocimiento del conflicto armado y la consecuente aplicación del DIH faciliten el “acuerdo humanitario”. Como lo ha dicho en varias ocasiones el Comité Internacional de la Cruz Roja, el inter-cambio no solamente no puede denominarse con justeza como “humanitario”, sino que no se enmarca en lo que ordena el DIH. El canje de guerrilleros en prisión por secuestrados, si llegara a ocurrir, es un acuerdo estrictamente polí-tico. De nada vale que se disfrace con mejores ropas.

Fuente: El Tiempo, Bogotá, 8 de septiembre de 2005

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SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO HUMANITARIO DE DISTINCIÓN EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Oficina en Colombia del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera conveniente, en desarrollo de su mandato, aportar elementos de reflexión sobre el tema de la aplicación del principio humanitario de distinción en el conflicto armado interno que padece el país desde hace varias décadas.

Según lo estipulado en el Acuerdo relativo al establecimiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-chos Humanos, suscrito por el Gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1996, la Oficina trabaja “con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país”, y para promover, en concertación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y dentro de los límites de sus respectivos mandatos, “...el respeto y la observancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país”. Dicho acuerdo ha sido, por petición formulada por el Gobierno de Colombia en septiembre de 2002, prorrogado hasta el 30 de octubre de 2006.

Derecho internacional humanitarioEl derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional

público cuyas normas limitan los métodos y los medios de hacer la guerra, y protegen a las personas que dentro de un conflicto armado no participan en las hostilidades (los miembros de la población civil) o han dejado de participar en ellas (los que se rinden y los que quedan fuera de combate).

Al conflicto armado que se desarrolla en territorio colombiano deben aplicarse el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 (aprobados en Colombia por la Ley 5ª de 1960), el Protocolo II adicional a los mismos

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(aprobado en Colombia por la Ley 171 de 1994) y el derecho consuetudinario (el creado por el uso repetido de una costumbre que la comunidad interna-cional reconoce como obligatoria).

Obligaciones para todosEn caso de conflicto armado interno el derecho internacional humani-

tario impone, por igual, claras obligaciones a todos los que en él toman parte directa. Esas obligaciones tienen, pues, como destinatarios tanto a los miem-bros de las fuerzas armadas del Estado como a los miembros de los grupos armados ilegales, sea cual sea la denominación que a estos últimos se les dé.

Desconocer la existencia de tal conflicto podría dar lugar a que los inte-grantes de los grupos ilegales se creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con respecto a la observancia de los principios inter-nacionales de distinción, limitación y proporcionalidad1, y ajenos a cualquier exigencia internacional sobre el cumplimiento de los mismos. Por lo demás, la infracción sistemática de la normativa humanitaria por la parte no estatal, expondría a mayores vulneraciones y amenazas los derechos inalienables de los civiles afectados por la guerra.

Conviene anotar que los actos de terrorismo, entendiendo por tales aquellas acciones deliberadas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población en general, a un grupo de personas o a personas determinadas, ocurren, lamen-tablemente, tanto dentro de un conflicto armado como fuera de él. Tales actos constituyen crímenes atroces y son reprochables en toda circunstancia, indepen-dientemente de que sus autores sean o no partícipes directos en las hostilidades.

El principio de distinciónUno de los principios fundamentales del derecho internacional humani-

tario es el de distinción entre quienes participan directa o activamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen esa participación. Aplicar tal prin-cipio resulta necesario para determinar las obligaciones y los derechos que corresponden a unos y a otros.

La aplicación del principio de distinción obliga, entre otras cosas, a:1ª Garantizar a la población civil y a las personas civiles el trato humano y

la protección general que les otorgan los instrumentos de derecho humanitario.2ª Asegurar a quienes se han rendido y a quienes han quedado fuera de

combate el trato humano para ellos previsto por el derecho internacional humanitario.

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Sobre la importancia del principio humanitario de distinción en el conflicto armado interno

3ª Hacer efectivas las garantías previstas por el derecho humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto (por ejemplo, darles un trato humano que incluya proporcionarles condiciones dignas de detención y no exponerlas a los peligros de la guerra).

4ª Evitar ataques contra bienes que no son objetivos militares.5ª Facilitar las actividades emprendidas por las organizaciones humanita-

rias para atender a las víctimas del conflicto.

La labor humanitariaEs importante subrayar que cualquier interpretación no acertada del prin-

cipio de distinción podría aumentar las dificultades de la importante labor humanitaria cumplida hoy en Colombia por el Comité Internacional de la Cruz Roja, varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que protegen, defienden y ayudan a los miles de hombres, mujeres y niños afectados por la guerra. Es de recordar que esa labor ya se adelanta en condiciones adversas y riesgosas por causa de la degradación del conflicto armado interno.

Nota1. Según el principio de distinción, debe hacerse diferencia entre quienes participan

directamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen tal participación. Según el principio de limitación, las partes en conflicto están sujetas a restric-ciones al ejercer su derecho de elegir los medios y métodos de guerra. Según el principio de proporcionalidad, la utilización de medios y métodos de guerra no puede ser excesiva en relación con la ventaja militar prevista.

Junio 30 de 2003Fuente:http:/ /www.hchr.org.co/publico/comunicados/2003/comunicados2003.php3?cod=13&cat=16

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RESPETAR Y HACER RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Comité Internacional de la Cruz Roja, CICRInforme de actividades de 2004

Las desapariciones, la toma de rehenes, las ejecuciones sumarias, el desplazamiento, las minas antipersonal y los ataques a la misión médica son prácticas recurrentes que afectan a la población civil en Colombia. Si las reglas del derecho internacional humanitario (DIH) fuesen respetadas, se evitarían muchos sufrimientos, particularmente de las personas más vulnerables, como los niños y las mujeres. Por ello, uno de los principales desafíos es la aplica-ción y el respeto del DIH.

A la luz del DIH, la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, en el cual son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. Esta calificación es fundamental en la medida que da lugar a ciertas obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar las normas del DIH, así como sus principios fundamentales. También tienen el deber de distinguir entre las personas que participan directamente en las hostilidades y la población civil, así como entre los objetivos militares y los bienes de carácter civil, sin olvidar que está prohibida la utilización de métodos y medios que causen daños superfluos o innecesarios.

La eventual existencia de actos de terrorismo –prohibidos por el DIH– no modifica la calificación jurídica del conflicto. Se trata de un conflicto armado de carácter interno, en el cual son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre la calificación del conflicto en Colombia, hoy en día resulta urgente trabajar en la difusión y aplicación del DIH para prevenir violaciones a estas normas humanitarias. Para reforzar la protección de las víctimas del conflicto debe respetarse y hacer que se respete el DIH en Colombia.

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¿Que dice el derecho internacional humanitario?De acuerdo al Comentario sobre el artículo 3 común a los cuatro Conve-

nios de Ginebra de 1949, se acepta generalmente que existe una situación de conflicto armado no internacional cuando surgen hostilidades abiertas en el territorio de un Estado entre fuerzas armadas y/o grupos armados dotados de un mando responsable, es decir, con un mínimo de organización, cuya acción hostil presenta un carácter colectivo. Asimismo, para mejorar la protección de las víctimas de los conflictos armados, el concepto de conflicto armado no internacional fue especificado en el artículo primero del Protocolo adicional II de 1977.

Fundado en las exigencias humanitarias y la buena fe, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II se aplican cuando se presenta, de facto, una situación de conflicto armado. Es más, se considera que las normas del artículo 3 común tienen valor consuetudinario y son un mínimo que debería ser aplicado y respetado –sin distinción– por las Fuerzas Armadas y los grupos armados organizados. Cabe precisar que ello no tiene efecto alguno sobre el estatuto jurídico o el reconocimiento de estos últimos

Mayo 19 de 2005Autor: Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.Informe de actividades CICR 2004.Fuente:http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/colombia-report-050505/$File/informe_colombia_2004-Introduccion.pdf

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DICCIONARIO DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

LETRA CPietro Verri

Conflicto armado: esta expresión general se aplica a diferentes tipos de enfrentamiento, es decir, a los que pueden producirse: a) entre dos o más enti-dades estatales (v. guerra); b) entre una entidad estatal y una entidad no estatal (v. guerra de liberación nacional); c) entre una entidad estatal y una facción disidente (v. conflicto armado no internacional); d) entre dos etnias diversas al interior de una entidad estatal (v. conflicto armado no internacional) (cf. G I-IV, art. 2 común). V. también: Conflicto armado interno internacionalizado.

Conflicto armado internacional: cuando se trata de una confrontación armada entre entidades estatales, el conflicto armado internacional se identi-fica con la guerra. También se consideran conflictos armados internacionales las guerras de liberación nacional en las que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera (haya o no resistencia activa) o contra un régimen racista y, en general, las guerras que pueden surgir cuando los pueblos quieren ejercer su derecho a la libre determinación. En resumen, los conflictos armados internacionales pueden ser interestatales (y pueden, entonces, denominarse “guerras” en el sentido clásico del término) o no inter-estatales, en ciertas circunstancias determinadas (cf. G I-IV, art. 2 común; NU 1945; NU 1980; GP I, art. 1). V. también: Conflicto armado, Conflicto armado interno internacionalizado, Conflicto armado no internacional, Guerra, Guerra de liberación nacional.

Conflicto armado interno: v. Conflicto armado no internacional.Conflicto armado interno internacionalizado: un conflicto armado no

internacional puede internacionalizarse en las hipótesis siguientes: a) el Estado víctima de una insurrección reconoce a los insurgentes como beligerantes; b) uno o varios Estados extranjeros intervienen con sus propias fuerzas armadas en favor de una de las Partes; c) dos Estados extranjeros intervienen con sus fuerzas armadas respectivas, cada una en favor de una de las Partes.

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Los problemas resultantes de estas situaciones no pueden encontrar una respuesta sencilla e inequívoca, habida cuenta de sus numerosas implicaciones jurídicas y de la ausencia de disposiciones internacionales específicas para esta forma de conflicto. V. No intervención.

Conflicto armado no internacional: sinónimo de “guerra civil”, el conflicto armado no internacional se caracteriza por el enfrentamiento entre las fuerzas armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o rebeldes. El derecho aplicable durante tales conflictos ha sido considerado durante mucho tiempo como una cuestión de los Estados puramente interna. En el art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra se sientan, por primera vez, ciertos principios fundamentales que deben respetarse durante tales conflictos. Sin embargo, en este artículo no se define la noción misma de conflicto armado no internacional. En el art. 1 del Protocolo II de 1977 se subsana parcialmente este vacío. En los términos de dicho artículo, se considera conflicto armado no internacional todo conflicto que se desarrolle en el territorio de un Estado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organi-zados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el derecho internacional establecido para ese tipo de conflicto. Las situaciones de tensiones internas y de disturbios inte-riores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos no son considerados como conflictos armados (cf. GP II 1977, art. 1). No obstante, un conflicto entre dos etnias distintas, que estalle en el territorio de un Estado –siempre que reúna las características necesarias de intensidad, duración y participación– puede calificarse de conflicto armado no internacional. V. también: Conflicto armado interno internacionalizado.

Sin fechaFuente: “Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados”, publicado por el Comité de la Cruz Roja Internacional. (Tomado de: Portal de noticias de la Fuerza Aérea Colombiana: http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=56 )

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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

MINDEFENSA

La aplicación del DIH no afecta el estatuto jurídico de las partes. La aplicación del DIH no genera privilegios, ni tampoco da lugar al reco-

nocimiento de un estatuto especial de los combatientes del cual pueda deri-varse una obligación adicional, más allá de las contempladas en el artículo 3 y en las normas complementarias. En consecuencia, no es necesario que el gobierno reconozca a un grupo como parte en conflicto para que se aplique el DIH. Igualmente, el gobierno no tiene la obligación de conceder el estatuto de prisioneros de guerra a los miembros de las organizaciones guerrilleras o de los grupos de autodefensa.

Fuente: Portal de noticias de la Fuerza Aérea Colombiana: www.fac.mil.co

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RASGOS TOTALITARIOS DE LA “DEMOCRACIA PROFUNDA”

Jaime Zuluaga Nieto

Vedar la noción de “conflicto armado” obedece a más que un juego semántico: por una parte desconoce la “guerra interna”, y por otra, pliega el histórico conflicto colombiano a la lucha mundial contra el terrorismo.

A comienzos de junio llegó a los embajadores, representantes de orga-nismos internacionales y agencias de cooperación el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y presentado por el Alto Consejero para la Acción Social y Director (e) de la Agencia Colombiana de Coopera-ción Internacional. Los lineamientos definen los criterios a los que según el Gobierno Nacional deben acogerse los proyectos presentados ante las agencias de cooperación internacional y gobiernos extranjeros. En particular proscribe el uso del concepto “conflicto armado” con el argumento de que aceptar su existencia en el país implica negar que “Colombia es una democracia pluralista y garantista, donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferen-cias”; considera inaceptables las expresiones “actores armados” o “actores del conflicto”, “dado que pretende que los ciudadanos se declaren neutrales frente a sus Fuerzas Militares y de Policía y adicionalmente, justifica convertir en blancos militares a los soldados y policías”; y sostiene: “Los conceptos que se incorporen dentro de los proyectos tales como ‘comunidad de paz’, ‘territorio de paz’, ‘región o campo humanitario’, ‘observatorio de situación humanitaria’, entre otros, son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartadó”1.

Este documento expresa con claridad la política del gobierno en relación con la situación de guerra interna que vive el país, y la orientación que busca darle a la cooperación internacional asociada al conflicto y a la crisis humanitaria.

En relación con la situación de guerra interna, simplemente la niega. Recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) sostuvo que, de

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acuerdo con los Convenios de Ginebra y en particular el artículo 3 común, “se acepta, generalmente, que existe una situación de conflicto armado no inter-nacional cuando surgen hostilidades abiertas en el territorio de un Estado entre fuerzas armadas y/o grupos armados dotados de un mando responsable, es decir, con un mínimo de organización, cuya acción hostil presenta un carácter colectivo”. Agrego a este concepto del Cicr que esta situación es indepen-diente de que el Estado en cuestión sea democrático o no. Además conviene una constatación empírica: de acuerdo al seguimiento del conflicto realizado por la Fundación Seguridad y Democracia, en el año 2004 se produjeron 1.975 combates entre la fuerza pública y grupos irregulares y como conse-cuencia directa de ellos resultaron muertos 2.786 irregulares, esto es, hubo un promedio diario de 5,4 combates y 7,6 irregulares muertos. De otra parte, se estima por fuentes oficiales que las guerrillas suman cerca de 20.000 hombres armados y los grupos paramilitares alrededor de 15.000. De acuerdo a estas cifras, si nos acogemos a los criterios cuantitativos aplicados por todos los institutos que se ocupan del estudio de los conflictos armados en el mundo, Colombia afronta una situación de guerra interna.

El lugar neutro Negar la existencia del conflicto armado no es cuestión semántica. Tiene

implicaciones significativas en la aplicación del Derecho Internacional Huma-nitario (DIH) y en la definición de políticas públicas para tratar de resolverlo. En relación con la aplicación del DIH destaco lo relativo a la protección de la población civil. En situación de conflicto armado se aplican dos principios fundamentales: el de “distinción” y el de “inmunidad”. El primero obliga a distinguir entre combatientes y no combatientes, entendiendo por estos últimos a los que no participan en las hostilidades y que, como tales deben ser protegidos. El segundo exige a los actores armados no convertir en obje-tivo militar a la población civil y consagra el derecho de ésta a ser respetada y protegida. Los territorios de paz y las comunidades de paz, uno de cuyos ejemplos más destacados es la de San José de Apartadó, son expresiones de resistencia organizada de la población a la guerra y se fundamentan en los principios de “distinción” e “inmunidad”. No solamente tienen el derecho sino que hay la obligación de respetarlas y protegerlas. Y esta resistencia a la guerra no debe leerse como apoyo a los grupos armados ilegales y descono-cimiento de las autoridades legítimas, sino como el ejercicio de su derecho a no participar de las hostilidades.

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Rasgos totalitarios de la “democracia profunda”

La acción humanitaria es otro de los principios asociados al reconocimiento del conflicto armado e implica atender a personas y comunidades en función de su situación de vulnerabilidad y de las necesidades de asistencia y protección, cualquiera que sea su posición ideológica o su adscripción política. En el país hay decenas de organizaciones no gubernamentales y agencias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), comprome-tidas con el desarrollo de acciones humanitarias que verían seriamente restrin-gido su campo de acción al aplicarse los “lineamientos” gubernamentales.

Las implicaciones políticas no son menos graves. Se trata de leer nuestra situación en clave de “amenaza terrorista”, en una simplificación que permite encuadrar la política gubernamental en el contexto de la “guerra mundial contra el terrorismo” de la administración Bush y asegurar el creciente apoyo militar norteamericano. Al desconocer la complejidad del fenómeno, la polí-tica se agota en las salidas predominantemente militares y, en función de ellas, se pretende orientar el apoyo internacional. Lo que se busca es una coopera-ción para la guerra y no para la paz. Y por esa vía, obstaculizar la asignación de recursos por parte de los gobiernos, agencias de cooperación y organismos internacionales a los proyectos que adelantan las organizaciones comprome-tidas con la acción humanitaria y los programas de desarrollo y paz. Todo parece indicar que a este gobierno no solamente le incomoda la veeduría inter-nacional en derechos humanos, también la que se orienta a aliviar la situación de la población víctima de la guerra interna y la que contribuye a construir alternativa política para la resolución del conflicto armado.

Hace dos décadas, Milan Kundera nos regaló con La broma una visión literaria del totalitarismo, mostrando cómo el Estado invadía todas las dimen-siones de la vida cotidiana: las relaciones afectivas, los símbolos, el lenguaje. La pretensión del gobierno de dotarnos de un “diccionario” que “uniforme” el lenguaje y le confiera un sentido unidimensional a las palabras, revela una faceta totalitaria de la “democracia profunda” que con reiteradas invocaciones a los símbolos patrios defiende el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Nota1. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/junio/documentos/

lineamientos.pdfJaime Zuluaga Nieto es investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia. Tomado del periódico de la Universidad Nacional, UNP, No. 77, Sección: Política. Julio 3 de 2005. : http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/77/02.htm